Quieren que informen sobre las medidas a implementarse para evitar la salida del país de empresas, o bien su cierre definitivo.
El diputado nacional Luis Petri, junto a Alfredo Cornejo, Alejandro Cacace y Hugo Romero, citaron al ministro de Producción, Matías Kulfas y al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía, Trabajo y Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de informar detalladamente respecto de las medidas a implementar para evitar el éxodo de empresas del país o su cierre definitivo con la consiguiente pérdida de los puestos de trabajo y el deterioro de la situación social en el país.
“No hay voluntad política para avanzar en una agenda de producción y empleo, ya que las prioridades legislativas del Gobierno son otras, con solo revisar las últimas sesiones del Senado abocadas a avanzar sobre la Justicia de manera excluyente, se da cuenta de ello”, explicó el autor del proyecto.
Además, consideró que “el Gobierno toma medidas que generan incertidumbre e inseguridad jurídica, como el Decreto 522/20, que dispuso la intervención de una empresa privada o el 690/20 de Telecomunicaciones; o desalienta la inversión como es el caso de la Industria del Conocimiento, donde inexplicablemente suspendió su aplicación por una resolución del Ministerio de la Producción a comienzos de año, para posteriormente enviar una modificación al Congreso que aún no logra ser tratada en el Senado, como tampoco es tratada la modificación a la ley de Concursos y Quiebras, que evitaría el cierre definitivo de miles de empresas que atraviesan graves problemas para mantenerse en pie, pese a contar el oficialismo con una abrumadora mayoría, como quedó demostrado al momento de tratar la Reforma Judicial y la destitución de tres jueces federales”.
Por su parte, Cornejo manifestó que “las medidas que viene tomando el Gobierno destruyen el empleo privado y desalientan la inversión. En lugar de generar confianza se empecinan con atropellar las instituciones y el costo es altísimo, con empresas que cierran o se van y empleos trabajos que se pierden”.
En ese sentido Petri detalló que “la economía se desploma y el presupuesto anunciado por el Poder Ejecutivo contiene inconsistencias en torno a las expectativas de crecimiento, inflación y tipo de cambio. Un ejemplo de ello es la inflación donde el Ministerio de Economía calcula el 29%, mientras que el Banco Central, al medir las expectativas inflacionarias para el 2021, concluye que estarán en el orden del 46%”.
También, el presidente de la UCR aseguró que “el Gobierno repite sus propios errores con mucha carga sobre el sector privado, altos impuestos y cepo cambiario”.
Finalmente, Petri concluyó: “El Gobierno, así como carece de un plan sanitario para salir de una cuarentena interminable, que demuestra su ineficacia teniendo en cuenta los altos niveles de contagios y muertes que registra el país, carece de un plan económico y productivo post pandemia, que transmita confianza, previsibilidad y seguridad jurídica a quienes deciden invertir en la Argentina y generar empleo”.
Recordó que el DNU de la cuarentena estableció que los legisladores son “esenciales” y reclamó que se busque el lugar “adecuado” para hacerlo.
El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, ratificó la postura de Juntos por el Cambio de no sesionar de manera virtual, al menos en temas como la reforma judicial o la reforma previsional.
El diputado nacional señaló que “estamos planteando que hay que funcionar presencialmente si se quiere tratar reforma judicial o cambios a la fórmula previsional”.
Entrevistado por radio Rivadavia, el legislador de Juntos por el Cambio sostuvo que el Gobierno “quiere meter la reforma judicial a como dé lugar y la oposición le ha puesto condicionamientos a ese tratamiento”.
El titular del radicalismo admitió que “no podemos impedir el tratamiento”, pero sí sostuvo que pueden “exigir que sea como dice el reglamento interno”, y afirmó que “el protocolo virtual está vencido y así lo han dicho los jueces”.
Sugirió entonces que el oficialismo busque un lugar adecuado: el CCK, la cancha de River, o la de Atlanta”, pero aclaró que “es imprescindible que sea presencial. Por algo el presidente puso en el DNU a los funcionarios públicos como esenciales”.
Fue luego de que la presidenta del Senado saliera a fustigarlo calificándolo como “otro militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’”.
Cristina Fernández de Kirchner dijo este miércoles que “no solamente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dice una cosa pero hace otra”, sino también titular de la UCR, Alfredo Cornejo, a quien calificó como “otro entusiasta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’”, porque en su provincia el Poder Legislativo está reformando la Constitución por vía remota.
No tardó en contestarle el exgobernador mendocino: “Buenas tardes @CFKArgentina. No quiero creer que actúa de mala fe, prefiero pensar que está desinformada. El proceso de reforma Constitucional en Mendoza se votaría en 2021 y de forma presencial, como el acuerdo de los jueces”, le dijo Cornejo. Y agregó: “En Mendoza, el sistema de sesiones virtuales está vigente, mientras que en Diputados de la Nación está caído”.
Y concluyó diciendo que “la diferencia radica en la confianza. Con sus modos en la presidencia en la Cámara alta y sus laderos en Diputados, el margen de confianza es escaso. De todos modos, confío en que podremos renovar el protocolo que habilita las sesiones”.
A través de una legisladora provincial del Frente de Todos, la vicepresidenta contrapuso la postura del oficialismo en esa provincia con la expuesta a nivel nacional por esa misma fuerza.
En el marco de la pelea del oficialismo con la oposición por la manera de sesionar en tiempos de virtualidad, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ya la había emprendido el martes contra Horacio Rodríguez Larreta, reproduciendo una serie de tuits de la diputada porteña Lucía Cámpora que cuestionaba el manejo de la Legislatura de la Ciudad por parte del oficialismo porteño. Ahora CFK le apunta a otro dirigente de Juntos por el Cambio: el exgobernador mendocino Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y diputado nacional, para más datos.
“Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra”, tuiteó este miércoles la expresidenta, que agregó: “Lo acompaña otro entusiasta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’: Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza…”.
Y a continuación disparó: “¡En esa provincia el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota! ¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por zoom”.
“¿No me crees? Te comparto el hilo de Natalia Vicencio, senadora provincial mendocina”, apuntó CFK, que por segundo día consecutivo reprodujo dichos de legisladores locales para fundamentar su postura, o mostrar las supuestas contradicciones de la oposición a nivel nacional.
En efecto, la senadora Vicencio señaló en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Viendo cómo JxC impide el funcionamiento del Congreso y frena leyes que son importantes para todos, voy a contarles cómo funciona la Legislatura en Mendoza, donde la UCR y el Pro son gobierno y no opositores porque sí a las políticas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”. Y a continuación posteó una entrevista al vicegobernador mendocino, titulada así: “Abed defiende las sesiones online: ‘No buscamos la pandemia’”, en la que critica a quienes cuestionan la modalidad remota en la Legislatura.
Agregó la senadora Vicencio que “el vicegobernador Mario Abed estableció que la Legislatura mendocina iba a funcionar de manera remota. Sucedió cuando transcurrían las primeras etapas del aislamiento provocado por el Covid-19. Tuvo el apoyo de la oposición”. Agrega otro título en el que destaca la condición de “pionera” de Mendoza en materia de sesiones legislativas.
Natalia Vicencio resaltó que los senadores no pueden ir a las sesiones, pese a lo cual “se han votado todo tipo de leyes: emergencias económicas y pliegos de jueces (incluso el de la cuestionada Teresa Day, la miembro más reciente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza). Se trabaja en comisiones y van funcionarios”.
“En Mendoza, el sistema de sesiones remotas es tan defendido por Rodolfo Suárez que incluso se está debatiendo la reforma de la Constitución. Sí. La Carta Magna provincial, que tiene más de 100 años, se está analizando con este sistema”, remarcó la legisladora mendocina. Por otra parte, agregó que para defender el sistema de sesión remota, el vicegobernador Mario Abed escribe notas en los diarios felicitándose por el modelo de la Legislatura y poniendo al gobierno provincial como “ejemplo de institucionalidad”.
Y como conclusión expuso que “en realidad, no es el sistema lo que les molesta. Es el mandato del Congreso para tratar temas que son importantes para todos los y las argentinas. Es momento de que los gobernadores colaboren con el presidente Alberto Fernández y hagan honor a los argentinos que los votaron”.
Los mendocinos Alfredo Cornejo y Jimena Latorre proponen una regulación a las plataformas y aplicaciones digitales de intermediación.
Los diputados nacionales por la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un proyecto de ley que tiene por objetivo regular las plataformas y aplicaciones de intermediación en el marco de las nuevas economías colaborativas, entendiendo por ellas las nuevas realidades que se dan por la irrupción de la tecnología como las aplicaciones Pedidos Ya, Rappi, Glovo, Uber, Booking, Airbnb, entre otras.
“El objetivo es proveer manto de claridad en las relaciones que se dan entre las distintas partes -es decir: empresas, intermediarios autónomos y consumidores-, dado que en los últimos años el modelo de plataformas digitales se ha vuelto cada vez más habitual” afirmaron los diputados.
El proyecto establece una nueva legislación para una nueva realidad que, si bien hace algún tiempo viene en crecimiento, por efecto de la pandemia, y su consecuente aislamiento, generó un incremento considerable en la demanda y utilización de estas plataformas.
La propuesta de los diputados radicales gira en torno a brindar nuevos derechos y protección a los intermediarios autónomos, tales como establecer una comisión, la capacitación permanente en distintas temáticas que deben poseer para poder brindar el servicio de manera integral, los elementos necesarios para llevar a cabo la tarea, y la cobertura de ART, que será proveído por la plataforma a la cual presten el servicio.
Entre los fundamentos en los cuales se presenta la propuesta de ley, los diputados destacaron que “es importante dar una solución que requiera necesariamente poner en claro y dar un régimen jurídico a estas relaciones que vienen creciendo en forma vertiginosa”.
También, destacaron que “una relación contractual de tipo constitutiva implica que, en los supuestos descritos en la norma reguladora y con los elementos en ella previstos, la naturaleza de esa relación vendrá dada por ley, por lo tanto creemos que ello implicará una mayor seguridad jurídica”.
El proyecto de ley cuenta con el apoyo de los diputados radicales Luis Petri (Mendoza), Gustavo Menna (Chubut), Dolores Martínez (CABA) y Diego Mestre (Córdoba).
Así le contestó la diputada Parola en el recinto a su par mendocino Alfredo Cornejo, que se comparó con el mandatario de Formosa.
Trajeron cola las expresiones de vertidas por el jefe del radicalismo y diputado nacional Alfredo Cornejo en referencia al gobernador Gildo Insfrán y al pueblo formoseño. Le contestó el lunes el propio mandatario, y previsiblemente el tema fue llevado al recinto de la Cámara este martes. Fue la diputada del Frente de Todos María Graciela Parola la encargada de replicarle al mendocino a través de una cuestión de privilegio.
En primer lugar, Parola contó el porqué de su reacción: en declaraciones periodísticas y a propósito de una discusión mediática, Cornejo dijo que “cuando me acusan de tener la suma del poder público, en realidad me tratan como si fuera Gildo Insfran, y a Mendoza como si fuera Formosa. Lo que no dicen es que gané las elecciones y que llevamos adelante todas las reformas con el apoyo de los mendocinos”.
“Realmente como formoseña me siento sumamente agraviada por los dichos mencionados, y el pueblo formoseño se siente agraviado”, reaccionó la diputada, para preguntarse luego: “¿Acaso no somos los formoseños votantes como cualquier ciudadano de la Nación argentina? ¿O acaso el voto de los formoseños es menos calificado que el voto de los demás ciudadanos?”.
Para Parola, Cornejo cuestiona que no dicen que él ganó elecciones, ante lo cual ella preguntó: “¿Y por qué gobierna Insfrán? Porque el pueblo soberano lo ha elegido, y por más que le pese a alguno, lo seguirá eligiendo por mucho tiempo. Le cuento que en 2019, Insfrán ganó por más del 72% de los votos; en todas las elecciones ha superado el 72, 73, hasta el 75%… No vamos a permitir nuevamente ataques de ciertos sectores quizá molestos por los constantes ‘no’ que reciben en las urnas… Permanentemente agravian, opinan y juzgan sobre cuestiones que son llevadas adelante en pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales”.
La diputada Parola concluyó expresando su repudio por los dichos de Alfredo Cornejo y exigiendo “su retractación”.
“El único plan que tienen es el de limpiar los prontuarios de la década más corrupta”, lazó Omar De Marchi. Jorge Enriquez y Pablo Tonelli rechazaron la reforma judicial, y Alfredo Cornejo denunció discriminación a Mendoza.
Los diputados de Juntos por el Cambio no ahorraron críticas al Gobierno durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Representantes del Pro, la UCR y la Coalición Cívica advirtieron sobre la falta de un plan económico, rechazaron la reforma judicial y denunciaron discriminación hacia provincias no oficialistas.
El primero en hablar fue el mendocino Omar De Marchi (Pro), quien arrancó con los tapones de punta contra Cafiero. “Ha tenido un mensaje lleno de odio, ¿está nervioso?”, le preguntó, y le reprochó: “Si hubiera cumplido con la Constitución, hoy sería la octava vez en venir a rendir cuentas. Es verdad, nunca les gustaron los controles, ni en doce años de gestión ni ahora”.
“Nunca tuvieron plan económico y no lo tienen. No enviaron el Presupuesto al Congreso porque no lo tuvieron ni lo tienen”, alertó De Marchi, y en ese sentido le preguntó al funcionario sobre las estimaciones de inflación, dólar y déficit primario para fin de este año.
El diputado habló de “tres mentiras básicas con las que ganaron las elecciones: prometieron aumentar las jubilaciones un 22% y las bajaron; iban a llenar las heladeras de los argentinos y hoy las heladeras están vacías; iban a poner a la Argentina de pie y lo que hicieron fue poner a los argentinos de rodillas”.
“Volvieron peores, llenos de odio y revancha. Se advierte en el rostro de la vicepresidenta y en el rostro desconcertado de Alberto Fernández de Kirchner”, ironizó, y remató: “El único plan que tienen es el de limpiar los prontuarios de la década más corrupta”.
Luego fue el turno de otro mendocino, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, quien consultó “por qué la provincia de Mendoza recibe menos del 4% que le corresponde en cada uno de los programas de asistencia del Gobierno nacional para los gobiernos provinciales”, mientras que “provincias como Buenos Aires se llevan más del 50%”.
Desde el recinto, otro legislador que cargó contra Cafiero fue Jorge Enriquez, del Pro: “Le conozco la voz, por suerte, y pude apreciar que sus recursos literarios en sus tuits son módicos. Pensé que sus recursos oratorios eran superiores, con ese sentido que usted tiene y que tiene el kirchnerismo de una concepción alarista”.
“Ustedes inauguraron este período y al escucharlo a usted pienso en el espejo retrovisor, pienso en el odio serial. ¿Quién trajo el odio serial a la Argentina? ¿Nos vamos a remontar a 1905 con la Ley del Odio? Es bueno repasar la historia, no una concepción alarista que empieza cuando yo llego, de que el pasado no existe. No quieren discutir el pasado porque se sienten cómodos… el pasado ahí está, no se puede revertir”, dijo.
Enriquez se preguntó “por qué no continúan implementando el Código Procesal Penal que inaugura el sistema acusatorio” en lugar de impulsar una reforma judicial, ya que “no advirtieron que van a tener que nombrar la misma cantidad de fiscales y defensores que están nombrando con estos 46”.
A raíz de eso, el porteño consultó a Cafiero sobre el costo que tendría la ley promovida por el Ejecutivo “con infraestructura, equipamiento, remodelaciones, magistrados y empleados”. “Teléfono para el jefe de Gabinete: ¿Sabe que estamos pasando una situación terrible? Hay familias que están en la pobreza e indigencia… una pandemia que está devastándonos totalmente y pareciera que ustedes quieren darse esta fiesta, este carnaval de designar jueces, cuando la reforma judicial debería pasar por otro lado.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien asistió a la sesión de modo presencial, le preguntó a Cafiero si el Gobierno considera “oportuno, relevante y necesario” que el presidente y todos los funcionarios realicen una declaración jurada de intereses, además de la de bienes.
Recordó que Alberto Fernández “en dos oportunidades distintas declaró haber sido abogado de la empresa Repsol o YPF”, y además “dijo que asesoraba al grupo Indalo”. “Ahí hubo una confusión, o al menos no quedó claro, ¿fue a la empresa de combustibles o a otra empresa del grupo?”, interrogó.
En ese sentido, se refirió al proyecto de ley de moratoria que será tratado este viernes, donde “vamos a tener la oportunidad de saber si se está haciendo una ley a medida de un grupo empresario y de dos empresarios en particular, Cristóbal López y Fabián De Sousa”. “Queremos saber, para preservar la imagen presidencial, en qué términos asesoró a ese grupo empresario”, insistió el “lilito”.
Pablo Tonelli (Pro) volvió a la carga con el tema del “ambicioso y costoso plan de la reforma judicial”, mientras “al mismo tiempo el Gobierno genera zozobra entre los magistrados al promover la revisión de traslados” en el Consejo de la Magistratura.
El diputado consideró que “hoy en día lo que más necesita la Justicia es la designación de nuevos magistrados” para cubrir vacantes.
“Hay alrededor de 250 vacantes de un total de algo menos de 1.000, es decir, estamos por encima del 25% de los cargos vacantes, y mientras tanto los pliegos duermen en algún cajón del Ministerio de Justicia”, señaló Tonelli.
El titular del radicalismo debió ser sometido a una intervención quirúrgica por una hernia.
El diputado nacional radical Alfredo Cornejo debió ser intervenido de urgencia en el Hospital Central de Mendoza.
El propio legislador se ocupó de difundir la información: “Hoy me realicé cirugía de urgencia en el Hospital Central de Mendoza, por una hernia inguinal atascada, patología que desde hace más de un año me venía provocando molestias y dolores fuertes, que derivaron en la intervención de hoy”, comentó el diputado radical.
“La operación terminó sin inconvenientes, en el quirófano de guardia y la realizó el personal de la guardia del hospital central, a quienes agradezco enormemente su atención y profesionalismo”, concluyó el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.
La iniciativa del oficialismo recibió dictamen de mayoría en la Comisión de Defensa del Consumidor. Juntos por el Cambio y representantes del sector volvieron a reclamar la emergencia. El trámite culminará en Presupuesto y Hacienda.
A pesar de las críticas provenientes de Juntos por el Cambio y de representantes del sector que volvieron a reclamar una ley de emergencia, el proyecto del Frente de Todos que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del turismo recibió este martes dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.
La iniciativa avanzó en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por Diego Mestre (UCR), donde el oficialismo reunió 17 firmas contra las 13 del dictamen de minoría, gracias al apoyo de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Claudia Márquez (Córdoba Federal).
Ahora, el proyecto seguirá su trámite en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque su autor, Ramiro Fernández Patri, aclaró que se analizan algunas modificaciones y que además esperan conocer la redacción final de la ley de moratoria, que también se trata en la Cámara baja y que alcanzaría al sector turístico.
Sin embargo, sigue sin haber acuerdo en la discusión principal, que tiene que ver con la declaración de la emergencia: a pesar de que Juntos por el Cambio insistió en avanzar en ese sentido para poder aplicar exenciones impositivas a la actividad, el oficialismo no dio el brazo a torcer y avisó que se sancionará “la ley posible”.
Al iniciar la reunión, Mestre explicó que el turismo es “el cuarto sector exportador de servicios” y “una gran fuente de ingreso de divisas”, además de generar “más de 1.000.000 de puestos de trabajo en el país”. “Desde el 20 de marzo, el sector no ha podido facturar prácticamente ni un peso”, advirtió.
El radical opinó que el proyecto del oficialismo contiene “ayudas que el sector puede llegar a necesitar más adelante”, y por el contrario “no tiene las herramientas que pide el sector y que están incluidas en el dictamen de minoría”, entre ellas beneficios financieros (créditos a tasa cero) y tributarios (exención del impuesto al cheque y otros tributos).
Asimismo, pidió que se mantenga el equilibro con respecto a los derechos de los consumidores, al indicar que el dictamen de mayoría “solamente tiene dos artículos” al respecto, mientras que el de minoría contiene “un detalle pormenorizado de cada situación”.
Al defender el dictamen del oficialismo, Fernández Patri destacó que el tema tiene “prioridad” en la agenda oficial y que por eso “4.000 personas van a recibir el APTur (Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos), que consiste en subsidios de 50.000 pesos, además de los trabajadores que fueron asistidos por el IFE (Ingreso Federal de Emergencia).
“Entendemos perfectamente los planteos y compartimos la preocupación. Vengo trabajando en el sector y tengo la camiseta puesta, pero también soy parte de un equipo de gobierno al que le tocó una situación coyuntural complicada donde el bosque es mucho más que el árbol”, justificó, y agregó: “El Gobierno ha tomado la decisión de priorizar la vida por encima de la economía”.
El formoseño reconoció: “Sin dudas al ministro (Matías) Lammens le encantaría darle al sector todas las herramientas que pide y más, pero necesitamos que todos podamos llegar: que quienes compran y consumen también puedan llegar vivos y con recursos. Estamos atendiendo el conjunto de los 44 millones de argentinos”.
Fernández Patri admitió que el proyecto “probablemente pueda ser enriquecido” para lograr “la mejor ley posible”. “Probablemente todavía no llegamos al mejor consenso”, dijo, y añadió que el Frente de Todos está a la espera de la redacción final de la ley de moratoria para ver qué aspectos deja sin resolver.
El diputado explicó que el plan de auxilio, capacitación e infraestructura tendría vigencia hasta el 31 de diciembre, período prorrogable por 180 días, aunque se está “analizando la posibilidad de extenderlo aun más”, como así también se evalúa la posibilidad de continuar con la entrega de los ATP, que “están garantizados por decreto hasta octubre”.
En tanto, resaltó que el proyecto otorga a quienes adquieran un paquete turístico a ejecutar en 2021 dentro de la Argentina un bono por el 50% de ese valor para utilizarlo a futuro en otro servicio. “Eso sin dudas es un esfuerzo fiscal y hubo consenso mayoritario sobre esta herramienta”, ponderó el legislador.
También mencionó que se promueve la reprogramación de viajes en un lapso de 18 meses desde el fin de la cuarentena, con la opción de la devolución del dinero en tres cuotas.
Para reafirmar la voluntad del oficialismo, Carolina Gaillard, exministra de Turismo de Entre Ríos, ratificó: “Tenemos ordenes de nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner; del presidente de la Cámara, Sergio Massa; y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de sacar esta ley cuanto antes”.
Sin embargo, Juntos por el Cambio insistió en defender su proyecto alternativo de declaración de la emergencia, que es “lo que todo el sector necesita, los (prestadores) grandes y los chicos”, según afirmó Alfredo Cornejo (UCR), titular de la Comisión de Turismo.
“Argentina entró a esta cuarentena sin ahorro, sin financiamiento y sin moneda, y para el sector privado entrar sin ahorro es un gran punto. No era algo gratuito entrar a la cuarentena”, consideró el mendocino, y enfatizó que “esta actividad no puede recuperarse ni sostenerse si no es con incentivos fiscales” ya que “tardará muchísimo en reactivarse”.
Además, Cornejo se preguntó “por qué no se declara la emergencia después de haberse declarado en diciembre nueve emergencias” con la Ley de Solidaridad Social.
Otro radical, Gustavo Menna –quien encabeza el proyecto de Juntos por el Cambio- consideró que ambos proyectos son “complementarios” y que “no hay una cuestión ‘partidocrática’”. Reconoció que la propuesta del oficialismo contiene “herramientas interesantes que apuntan a incentivar el consumo, pero están orientadas a la post-pandemia”.
“Declarar la emergencia no es un capricho, le da un fundamento constitucional a lo más importante: las herramientas para mitigar esta situación”, sostuvo Menna, y aseguró que el dictamen de mayoría “deja insatisfecho a todo el mundo”. “Si llegamos hasta acá fue porque el Ministerio de Turismo no presentó ningún plan”, cuestionó.
Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, lamentó que no se haya convocado a la reunión a sindicatos y asociaciones de consumidores, y pidió “lograr el consenso necesario para que el pato de esta boda no recaiga en los trabajadores o en los consumidores”.
Mestre le respondió a Ramón que “dada la urgencia del tema” se decidió avanzar con los representantes del sector que pidieron ser escuchados en la comisión (Ver abajo), y aprovechó para señalar que “la voluntad política del oficialismo” para avanzar en un dictamen común “no existe”.
Representantes de distintas cámaras y asociaciones turísticas imploraron tanto al oficialismo como a la oposición que busquen consensos para sancionar una ley de emergencia. Con datos numéricos, los invitados a la reunión virtual graficaron la crisis que padece el turismo.
Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, pidió “un gesto de grandeza por parte de los legisladores” ante “los 1.300.000 puestos de trabajo que están en riesgo”, dado que la actividad no solo fue la primera en ser suspendida, sino que también será “la que más tarde va a volver a recuperar su ritmo normal”.
Al enumerar una serie de propuestas puntuales, Elías solicitó que la ley “tenga por lo menos un año de vigencia” con posibilidad de ser prorrogada; que se extienda en el tiempo el Programa ATP; y que se contemplen beneficios fiscales e impositivos, como así también las reprogramaciones y devoluciones de paquetes turísticos.
A su turno, Alejandra Barzani, de AVAECE (Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentina), se preguntó: “Después de cuatro meses con facturación cero, ¿dónde nos integramos las agencias de viaje pymes en este plan de auxilio que pretende reemplazar a una ley de emergencia turística?”.
Barzani también preguntó “cómo vender viajes a futuro cuando no existe un horizonte de cuando se abrirán las fronteras de las provincias y en qué condiciones”, y en ese contexto consideró que el proyecto del oficialismo es “incompleto, insuficiente y poco resolutivo”, por lo que reclamó “encontrar puntos de encuentro” con la oposición.
Graciela Fresno, presidenta de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), consideró que el sector “va a normalizarse no antes de 2022” y advirtió sobre la facturación casi nula y las dificultades para pagar sueldos, aguinaldos y servicios públicos.
Fresno informó que se prevé “una pérdida de alrededor de 120.000 puestos de trabajo registrados”. “El sector necesita de medidas específicas y adecuadas a sus necesidades”, sostuvo, y en ese sentido pidió no solo sancionar la ley de emergencia, sino también mantener el Programa ATP.
El titular de la UCR Nacional consideró que el temario de la convocatoria es “muy pobre” y chicaneó a la izquierda. “Tenemos ideas y propuestas”, defendió.
El titular de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, advirtió que “si cambian las condiciones en la conversación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición”, los referentes de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y el Senado estarían dispuestos a asistir a la convocatoria del presidente Alberto Fernández. “Tenemos ideas y propuestas”, afirmó.
“La Argentina necesita una post-pandemia planificada y acordada entre oficialismo y oposición”, señaló el diputado nacional en declaraciones a radio Mitre, y recordó que el principal espacio opositor “le ha pedido tres reuniones al presidente a solas” pero “han sido reiteradamente negadas”.
El exgobernador mendocino cuestionó que la convocatoria se haya realizado de un día para el otro y “se mezcla a los bloques que entraron por la oposición y votan con el oficialismo, más el bloque (de Nicolás) Del Caño. A nosotros eso nos parece una mera foto que busca el Gobierno”.
“Nosotros hemos pedido otra reunión, porque somos la principal fuerza de oposición. Un bloque que está en contra del sistema capitalista, como el Frente de Izquierda, mezclado con los otros bloques, no es una reunión que pueda llegar a un acuerdo sensato para el país”, apuntó el legislador.
Para el radical, un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas “era imprescindible con (Mauricio) Macri y es imprescindible con Alberto Fernández antes de la aparición de la pandemia, antes de la aparición del remedio de la cuarentena tan cerrada que instrumentó el Gobierno, y es imprescindible hoy porque el deterioro económico y social de todos los indicadores será calamitoso”.
Juntos por el Cambio pretendía declarar la emergencia en el sector. Sin embargo, el Frente de Todos logró el despacho de mayoría con ayuda de un misionero y una cordobesa. Hubo coincidencia en el diagnóstico, pero diferencias en las medidas de asistencia.
Por Carolina Ramos
“Emergencia” o “plan de auxilio”: esa fue la disyuntiva que se expuso este martes en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, donde se impuso la segunda opción. El proyecto del oficialismo para atender la crisis del sector por la pandemia del Covid-19 recibió dictamen de mayoría tras una extensa reunión virtual que contó con la participación de los actores involucrados.
Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio y Unidad Federal para el Desarrollo coincidieron en el diagnóstico de la crisis que atraviesa la actividad, pero a la hora de la votación triunfó la propuesta del oficialismo, encabezada por el formoseño Ramiro Fernández Patri y acordada con el ministro Matías Lammens.
La clave estuvo en la definición de Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal), quienes se inclinaron por el dictamen del oficialismo e hicieron la diferencia: el bloque mayoritario reunió 17 firmas contra 14 de la oposición.
Cornejo manifestó que “ambos despachos reconocen la situación de emergencia del sector y dicen que se requiere un Estado presente, pero no pudieron ser conciliados” a pesar de sucesivas reuniones con el ministro Lammens e incluso con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.
Ahora, el debate seguirá en otras dos comisiones, las de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia -que preside el radical Diego Mestre- y de Presupuesto y Hacienda -a cargo del oficialista Carlos Heller-.
Fernández Patri destacó que algunas de las medidas económicas tomadas por el Gobierno alcanzan al sector, como el programa ATP, que benefició al “77% de los prestadores turísticos y el 73% de los establecimientos gastronómicos”. Además, garantizó que el sector seguirá recibiendo esta asistencia hasta tanto dure la cuarentena.
El proyecto, explicó el formoseño, crea “un plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción del turismo”, que estaría vigente desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de ser prorrogado por 180 días.
El diputado señaló que el texto contempla a todos los prestadores incluidos en la Ley Nacional de Turismo y agregó que “la parte impositiva va a quedar plasmada dentro de la moratoria” que propuso el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley que fue enviado este martes al Congreso.
Asimismo, el proyecto contempla “fondos adicionales a los ATP para la infraestructura turística”, y crea un plan para que las personas que en este 2020 compren paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.
“Estamos garantizando las preventas, que hoy ya se empiecen a generar transacciones económicas y que se empiece a facturar”, destacó Fernández Patri, y además dijo que se plantea un “régimen de devoluciones en un plazo de 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas de aislamiento”.
Pero desde Juntos por el Cambio, Cornejo advirtió que en el proyecto del oficialismo “hay dos formas de ayudar al sector: una que propone apoyarlos para infraestructura sin un monto específico, y la promoción del consumo, que es un mecanismo absolutamente errado, porque el motor de la economía es la inversión, no el consumo”.
Además, el mendocino opinó que la moratoria propuesta por el Ejecutivo “no tiene nada que ver con lo que estamos hablando” y “no resuelve en lo más mínimo el problema del sector”.
El radical Gustavo Menna fue el encargado de detallar el dictamen de Juntos por el Cambio, que según resaltó, “recogió observaciones del sector”. El chubutense precisó en primer lugar que la actividad turística “emplea a más de 650.000 personas y constituye un complejo exportador importante, que aporta divisas por más de 5.400 millones de dólares”.
“Esta no es una ley de promoción: es una ley que tiene que apuntar a salvar a todos estos prestadores, porque sin empresas no vamos a poder salvar el empleo ni la actividad”, dijo, y explicó que el proyecto declara la emergencia por el término de un año contado desde el aislamiento social, prorrogable por seis meses más.
“No es lo mismo declarar la emergencia que no declararla: es la base constitucional para justificar las medidas excepcionales, sobre todo en el orden tributario”, consideró, y además indicó que la iniciativa no distingue en cuanto a la escala del prestador e incluye a todas las personas humanas y jurídicas contempladas en la Ley de Turismo. El proyecto opositor propone la emergencia retroactiva al mes de marzo.
Al repasar los aspectos principales, Menna mencionó la exención del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias; la exención del impuesto al cheque; la promoción del turismo nacional a través de un crédito fiscal imputable al pago de Ganancias; y un programa de asistencia al pago de salarios similar al actual programa ATP.
También se establece la suspensión de juicios de ejecución fiscal y se promueven acuerdos entre las partes para la reprogramación de viajes ya contratados, porque “necesitamos que los prestadores sobrevivan”.
La reunión virtual inició con la exposición de representantes del sector y el primero fue Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, quien planteó que reclaman esta ley “desde el 13 de marzo, cuando ya teníamos clara la situación que iba a atravesar nuestra actividad”.
Elías sostuvo que “el turismo es uno de los cuatros pilares sobre los cuales se tiene que asentar la recuperación de la Argentina” junto con la agricultura, la ganadería y la minería, y por esa razón llamó a “poner al turismo como política de Estado”.
El funcionario detalló que el turismo representa el cuarto complejo exportador de la Argentina, con entre 5.200 y 5.400 millones de dólares ingresados en 2019. Estimamos que de eso, van a ingresar solamente de 900 a 1.000 millones de dólares. Con esto podemos graficar la dimensión de las pérdidas”, explicó.
Al referirse al proyecto en cuestión, consideró que “el sector necesita una ley que tenga una vigencia nunca menor a un año”, y que además contemple a todos los sujetos comprendidos porque la actividad “está parada por completo”.
“No podemos avalar un proyecto que no contemple la totalidad de las empresas”, dijo, y en ese sentido pidió “no juzgar por su tamaño o cantidad de empleados”.
Gustavo Hani, de FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) sostuvo que desde el año pasado el sector ya venía afectado por una caída en el empleo y en la facturación, a lo que se sumó luego el Impuesto PAIS y finalmente, la pandemia.
Según Hani, en enero de 2020 se registró “un desplome en la venta de pasajes internacionales en un 52%”, y “en abril por primera vez en la historia la venta de pasajes arrojó números negativos” en Argentina, una caída que “a nivel mundial fue del 94%”.
“No podremos cumplir con nuestras obligaciones impositivas por lo menos por un año. La mayoría de las empresas se han endeudado para pagar salarios y gastos operativos. Está en sus manos poder salvar a las más de 5.600 agencias -de las cuales el 95% son pymes- y a las casi 25.000 familias que viven de la actividad de forma directa y las miles de personas que se benefician del turismo en cada pueblo o ciudad de nuestro país”, expresó.
Desde la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Héctor Viñuales coincidió en que “tenemos que salir cuando antes con una ley que pueda solucionar este problema inédito que estamos pasando” y propuso que en una futura moratoria, los primeros pagos sean de aquí a un año.
También expusieron Gabriela Fresno, de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina); Marcela López Ghitta, de la Cámara de Esquí y Montaña en Argentina; Carlos Pelli, de AAETAV (Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura) y Marcelo García, de la Asociación de Centros de Idioma (SEA), entre otros.
Ambos discutieron por el comunicado que emitió Juntos por el Cambio tras la muerte de Fabián Gutiérrez. “Nadie dijo que lo mandó a matar el Gobierno”, se defendió el radical, mientras que el oficialista acusó a los opositores de “ser profetas del odio”.
Un fuerte cruce protagonizaron los diputados nacionales Eduardo Valdés (Frente de Todos) y Alfredo Cornejo (UCR), quienes discutieron por el mensaje que emitió Juntos por el Cambio tras el crimen de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner.
Entrevistados en el canal TN, ambos legisladores tuvieron un ida y vuelta acalorado. Valdés calificó como “miserable” el comunicado de la coalición opositora, y Cornejo se preguntó: “La verdad no comprendo qué parte del comunicado ha leído”.
El mendocino agregó que el comunicado “no le atribuye” el crimen al Gobierno, pero el oficialista señaló que “quien lo redactó puso que era un ‘crimen mafioso'” y “de ahí se inspira ese documento”. “Pero no está en el documento y, paradojicamente, el que lo saqué fui yo”, retrucó el titular de la UCR.
Valdés trajo a colación entonces el caso del exdiputado Héctor Olivares, en la Plaza de los Dos Congresos, cuando en ese entonces los exoficialistas hablaron de “ataque mafioso”, mientras que Cornejo hizo alusión también a Santiago Maldonado.
“Acá lo que no se contestan son los hechos concretos, cuando se trae a Maldonado resulta que nadie responde, nadie toma el guante de Maldonado”, lanzó el opositor, a lo que el diputado del Frente de Todos respondió: “¿Puedo tomar el guante de Maldonado? 45 días estuvo desaparecido, no es el caso este, luego de una represión de Gendarmería. El cuerpo no aparecía”.
El cruce se extendió y, finalmente, en un momento el exgobernador mendocino dijo: “Esta discusión no sé si lleva a algún lado”. “Este señor ha sido asesinado. Era el secretario privado de la expresidenta de la Nación. Apareció muerto y se investigan las causas de su muerte. Y no hay que descartar esta información: este señor no tenía dónde caerse muerto, y tiene un montón de propiedades. Y una de las hipótesis es de extorsión por dinero. Se enriqueció en la función pública y terminó muerto en un homicidio”.
“¿Lo mandó a matar el Gobierno? No, nadie dijo eso, no lo dice el comunicado, no lo dije yo, no lo dijo Patricia Bullrich, no busquemos más donde no hay”, agregó. Pero, enfático, Valdés disparó: “Me da vergüenza todo esto. No tendrían que haber hecho nunca este documento. Cornejo, ya se equivocaron con Olivares. Cornejo, esto es odio, lo que usted está destilando hoy es odio. ¡Son los profetas del odio!”.
Y completó: “Les molesta que convivamos los distintos pensamientos políticos. ¿Qué palabra de construcción política ha dicho usted desde el 10 de diciembre? Hace menos de seis meses que gobierna este presidente y usted, (Elisa) Carrió y Bullrich solo han dicho barbaridades”.
Será este martes a las 18 en la comisión que preside Alfredo Cornejo. Juntos por el Cambio lleva una propuesta con fuertes medidas impositivas.
La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que preside Alfredo Cornejo (UCR) se reunirá este martes a las 18 por videoconferencia para tratar los distintos proyectos para declarar la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector, producto de la pandemia del Covid-19.
Desde hace varios días, el Frente de Todos tomó contacto con el ministro del área, Matías Lammens, para elaborar una propuesta consensuada en base a un proyecto del formoseño Gustavo Fernández Patri, vicepresidente de la comisión.
Según supo parlamentario.com, el texto estaba siendo revisado por el Ministerio de Economía e involucra exenciones impositivas, programas de financiamiento para empresas a tasas subsidiadas, planes de promoción para turistas en cuotas a través de la banca pública y mecanismos para resolver los paquetes turísticos que ya habían sido contratados.
En tanto, Juntos por el Cambio -con Cornejo a la cabeza- llevará a la reunión su propia iniciativa, que busca declarar la emergencia turística con efecto retroactivo al mes de marzo, cuando el Poder Ejecutivo declaró el aislamiento social.
Entre otras cosas, el texto de la oposición propone un programa de asistencia basado en un salario complementario, equivalente al 50% del salario neto, para los trabajadores turísticos en relación de dependencia del sector privado.
También contempla créditos a tasa cero para prestadores turísticos, con el objetivo de facilitar a las empresas, monotributistas y autónomos la adquisición de equipamiento sanitario, la aplicación de protocolos para retomar la actividad, el pago de servicios públicos y la cancelación de deudas asumidas antes del 19 de marzo.
Asimismo, las empresas turísticas quedarán exentas del impuesto a los créditos y débitos bancarios; del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias; y de retenciones y percepciones vinculadas tanto a Ganancias como al IVA, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
Asimismo, se generan mecanismos vinculados a libre disponibilidad de créditos fiscales para cancelar obligaciones con el Estado, en especial en lo vinculado al IVA de no residentes, que afecta fuertemente al turismo receptivo.
Se establece, de igual modo, que durante la vigencia de la emergencia turística no se podrán promover procesos de ejecución fiscal, quedando en suspenso los ya iniciados, al igual que las medidas cautelares y de ejecución ya despachadas.
Por último, se promueven las reprogramaciones de viajes, estableciendo una reglamentación para las devoluciones que permita conciliar los derechos de los consumidores con la dura situación económica del sector.
En un plenario de comisiones, Mara Brawer y Mónica Macha denunciaron “violencia política de género” contra Cristina Kirchner. El diputado de la UCR sostuvo que se trató de “un nuevo crimen vinculado al poder kirchnerista”.
Los ecos del comunicado de Juntos por el Cambio sobre la muerte del exsecretario Fabián Gutiérrez todavía resuenan: tras el polémico documento, el diputado y titular de la UCR Alfredo Cornejo subió la apuesta y sostuvo que se trató de “un nuevo crimen vinculado al poder kirchnerista”, lo que mereció el repudio de diputadas oficialistas.
Mara Brawer y Mónica Macha, del Frente de Todos, aludieron al tema en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, con la presencia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.
“Me pregunto si en este contexto de violencia política extrema como la que vivimos durante el fin de semana, donde los principales partidos políticos de la oposición nos acusaron, en palabras del presidente de la UCR, de un crimen del poder kirchnerista, se puede combatir la violencia con prácticas violentas”, planteó Brawer.
La legisladora por CABA se preguntó si es posible “pensar leyes que respeten la integridad de las personas, que no las violenten, que no las estigmaticen, si en la política aceptamos un encuadre donde se puede decir cualquier cosa, donde la palabra daña al propio muerto, a su familia, a nosotros mismos”.
Brawer sostuvo que “la violencia política tiene un fuerte componente simbólico y disciplinador” y preguntó a Gómez Alcorta si el tema está contemplado en el flamante Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, a lo cual la ministra respondió que la problemática no solo está incluida, sino que es “un tema central” a abordar con acciones de prevención y capacitaciones.
Hacia el final de la reunión, Macha retomó la discusión y consideró que “es importante destacar cuando hay una situación de violencia y cuando esa violencia está dirigida a una mujer”, en este caso la vicepresidenta Cristina Kirchner, “no solo por lo que representa políticamente, sino también porque es mujer”.
“Si hay sectores de la oposición que también lo evalúan de este modo, sería interesante que lo planteen”, concluyó Macha.
El legislador radical aclaró que el mismo no hizo “imputaciones” contra el presidente, la vice, o algún otro funcionario de este Gobierno.
El diputado nacional José Cano (UCR – Tucumán) rechazó el tenor que el oficialismo le asignó al documento difundido por Juntos por el Cambio el sábado pasado respecto del crimen del exsecretario privado de los Kirchner Fabián Gutiérrez.
En ese sentido aclaró que el documento “no hacía imputaciones al presidente, a la vicepresidenta o que algún funcionario tenga que ver con el homicidio”.
Sí se diferenció del presidente de su partido, el también diputado Alfredo Cornejo, que atribuyó el crimen a la “mafia K”. “De ninguna manera” le encontró al caso elementos para decir algo semejante, aclaró.
Cano señaló que el documento de Juntos por el Cambio planteó “que la Justicia actúe con transparencia” y recordó que “la muerte de Gutiérrez no es de una persona común”. Por el contrario, dijo, el caso “tiene connotaciones que tiene que ver con algunas de las hipótesis que maneja el juez y que la Justicia tiene que investigar”.
Asimismo dijo que el documento pedía que la jurisdiccióin para el caso “sea la justicia federal”, y puntualizó que “si yo fuera la fiscal me apartaría de la causa, más allá de lo que opine o no la familia”,
En declaraciones a la radio Futuröck, Cano sostuvo que “hay que tener mucha imaginación para inferir” que lo que el documento esté haciendo sea “una imputación” al Gobierno. A su juicio, “hay que tener mucha imaginación para inferir de lo que dice el documento esa imputación”.
El titular de la UCR aseguró que el comunicado de la coalición opositora fue “muy prudente” y ratificó el pedido de una “investigación independiente” sobre el crimen de Fabián Gutiérrez.
El diputado y titular de la UCR Nacional Alfredo Cornejo dijo que “en ningún momento nadie de Juntos por el Cambio, ni en el comunicado, ni en declaraciones, responsabilizó al Gobierno ni a Cristina Fernández de Kirchner por la muerte” de Fabián Rodríguez, exsecretario de la vicepresidenta, quien fue hallado asesinado el sábado pasado en El Calafate.
Tras la reacción del oficialismo, que criticó duramente la postura de la coalición ni bien se conoció el hecho, el mendocino defendió que el comunicado fue “muy prudente”, por parte de “una oposición colaborativa y prudente, pero que tiene la obligación de buscar equilibrio de poder”.
“Nosotros nunca tuvimos una conjetura acerca de las causas del móvil del homicidio”, señaló el legislador en diálogo con CNN Radio, pero resaltó: “Sí debemos decir que es un exsecretario de una expresidenta, actual vicepresidenta con mucho poder en el Gobierno, que había declarado en contra suyo en la causa de los cuadernos”.
Además, Cornejo mencionó que “está participando de la investigación la sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz (Alicia Kirchner)”, en referencia a la fiscal del caso, Natalia Mercado.
“Todos son hechos concretos que concatenan el tema de una forma muy sostenible como para pedir una investigación independiente”, enfatizó.
El radical insistió con que, desde Juntos por el Cambio, fueron “prudentes” y diferenció esa actitud de la que tuvo “un grupo muy particular que hoy está en el Gobierno” respecto al caso Santiago Maldonado.
“Después de una larga investigación con más de 50 peritajes -que dijeron que Maldonado se había ahogado- siguieron diciendo que la Gendarmería y Macri lo habían matado”, recordó.
Finalmente, consideró que hay un “grupo K” con “tendencia a construir relatos ficcionados” que “quieren silenciarnos a todos y solo interpretar ellos lo que pasa”.
Lo dijo en referencia a las declaraciones del diputado Cornejo, respecto a la “independización” de Mendoza, y remarcó que “no podemos escudarnos en la libertad de opinión para enarbolar discursos cargados de odio y discriminación”.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo aseguró que “algunos están dirimiendo internas partidarias opositoras apelando a exabruptos mediáticos”, y exhortó a “comprendan la complejidad de esta coyuntura que atraviesa la Argentina” producto de la pandemia.
“Tenemos que estar debatiendo políticas públicas y no chicanas, una cuestión que parece recurrente en algunos medios porteños”, añadió.
Luenzo sostuvo que “el exabrupto” del diputado Alfredo Cornejo, respecto a la posibilidad de “independizar” la provincia de Menzoda, “expresa conceptos claramente discriminatorios contra el resto del país”.
En ese sentido, y en su carácter de titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, el chubutense lamentó que “lejos de condenar estas expresiones, haya dirigentes de la oposición y comunicadores que quieran disfrazar estas declaraciones como materia de libertad de expresión cuando claramente se trata de por lo menos un exabrupto”.
El legislador fue enfático al señalar que “la libertad de expresión no nos habilita a decir cualquier barbaridad en el ámbito público, sea a través de los medios de comunicación tradicionales o en las plataformas digitales”.
Al respecto, recordó que “la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Nacional, columna vertebral de la democracia, que garantiza el derecho a la información, la que permite a la sociedad trazar un control social y a los funcionarios a que rindamos cuenta sobre lo que hacemos”.
No obstante, remarcó que “no podemos escudarnos en la libertad de opinión para enarbolar discursos cargados de odio y discriminación sea por género, raza, religión, discapacidad, promover actos violentos, la sedición o el delito”.
En ese sentido, el legislador explicó la importancia del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional donde consagra el derecho a “publicar las ideas por la prensa sin censura previa” lo cual implica que “todo aquello que se publica o que se dice en materia de información no es absoluto, sino que está atado a la responsabilidad ulterior”.
Finalmente, y entendiendo que “la libertad de expresión tiene en los medios de comunicación vehículos fundamentales para la protección de los derechos de nuestra ciudadanía”, expresó que “es preocupante la irresponsabilidad de algunos dirigentes y también de líderes de opinión que hacen política desde la búsqueda de barbaridades para ganar notoriedad pública”.
El diputado y titular de la UCR consideró que el Gobierno nacional está “castigando a las buenas administraciones y premiando a las malas administraciones”. También opinó que se está “ahogando la iniciativa privada”.
Tras haber sugerido la autonomía de Mendoza, el diputado Alfredo Cornejo sostuvo este miércoles que “hay un federalismo de extorsión que ha vuelto” y consideró que desde el Gobierno nacional “están castigando las buenas administraciones y están premiando las malas administraciones”.
El exgobernador mendocino explicó que lanzó su propuesta como algo que “deberíamos empezar a pensar”, ante su queja por lo que “están haciendo con los recursos fiscales y las trabas que le ponen el presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior (Eduardo “Wado” de Pedro) a la obra de Portezuelo”.
Bajando el tono a la polémica que se armó, el titular de la UCR Nacional aclaró que “no” cree que “estén dadas las condiciones. No es este el momento, no nos gusta separarnos del país, nos sentimos tan argentinos como cualquiera”. “Pero hay un Estado Nacional que ataca a muchas provincias y al sector productivo”, apuntó.
“Mendoza tiene antecedentes, incluso un grupo de empresarios se presentó ante un juez federal en algún momento de la historia pidiendo exactamente esto. Es obvio que la Constitución Nacional no permite eso. Con lo cual deberíamos modificar la Constitución para proceder a ese tipo de salidas”, señaló.
Y enfatizó: “Lo que sí es cierto es que el Estado Nacional está mal administrado, hay un federalismo de extorsión que ha vuelto. En el anterior gobierno no había extorsión sobre las provincias. Los cuatro años anteriores las provincias recibieron recursos en forma equitativa”.
“Hoy hay una discriminación flagrante. De los 60 mil millones disponibles del Gobierno nacional para las provincias, en calidad de préstamo, no hay una norma específica que diga cómo los distribuye. De ese mismo programa, Tucumán recibe 6 mil millones y Mendoza recibe 1.900. Santa Cruz recibe 3 mil millones. En la semana de Vicentin, Santa Fe y Córdoba recibieron 4.800 y 4.600. Y Mendoza 1.900. La explicación que dieron es que tenemos pocos casos de Covid-19, cuando en realidad Tucumán tiene menos muertos por Covid-19”, amplió.
En esa línea, Cornejo opinó que “están castigando las buenas administraciones y están premiando las malas administraciones”. “Hay una serie de personas que producen la riqueza y hay otro grupo que, por una política distribucionista del Estado, vive de las asignaciones estatales. Es lógico en un sistema democrático y republicano que ayudemos a los más desvalidos, pero que ayudemos con planes de empleo 17 años seguidos a las mismas personas no es una cosa lógica”, continuó.
Entrevistado en radio Mitre, el legislador opositor afirmó que el Gobierno “discrimina” al sector productivo y expresó que existe “un Estado macrocefálico que de alguna forma está ahogando la iniciativa privada”.
Para el exgobernador, esta situación “se cambia con un pacto de gobernabilidad gobierno-oposición”. “La oposición debe estar unida para que haya alternancia en Argentina y podamos producir un equilibrio. Nosotros estamos unidos los tres partidos. No es condición suficiente. Se necesita una táctica y una estrategia definida”, añadió.
El diputado de JxC dijo que los tres gobernadores radicales, pero especialmente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “no tiene otra opción que trabajar mancomunadamente con el Gobierno, por presión de que le tiran los muertos por Covid-19 todo el día en la cara, como acostumbra el kirchnerismo”.
Tras la ola de detenciones en el marco de la causa sobre presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, Cornejo afirmó: “Quisiera que avanzara, que tengamos un juez independiente que llegue al fondo del asunto. Si esto es cierto, es un grave delito, pero no es tan distinto a lo que ha hecho el kirchnerismo con la SIDE y AFI, y a lo que ha pasado en otros tiempos en la Argentina. Quiero que tenga sanción y se investigue con profundidad y con justicia independiente”.
“También veo un afán de construir un relato alrededor de eso, tapando los hechos de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner. En cualquier momento Macri va a ser el dueño de Hotesur y Los Sauces”, ironizó.
“Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente”, expresó el exgobernador cuyano, molesto con el Gobierno nacional por Portezuelo del Viento.
Con la discusión sobre la construcción de la represa Portezuelo del Viento de fondo, el presidente del radicalismo y exgobernador mendocino, Alfredo Cornejo, pateó el tablero aventurando una idea polémica: la secesión de Mendoza.
“Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente”, disparó el diputado nacional de Juntos por el Cambio.
En efecto, la megaobra Portezuelo del Viento es origen de una histórica disputa entre Mendoza y La Pampa, y había cobrado impulso durante la gestión Cambiemos, pero pareciera frenarse con la vuelta del peronismo al Gobierno. Y fue lo que generó la indignación de Cornejo. Entrevistado por una radio local, Cornejo señaló que el Gobierno nacional “perjudica” a su provincia trabando la obra de la represa.
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El legislador radical sostuvo que el Gobierno “enderezó a tres provincias para que votaran distinto a lo que habían votado antes”, aludiendo a las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, que modificaron su postura conforme el cambio de signo político nacional.
Así las cosas, Cornejo lanzó su propuesta autonómica: “La verdad que no me gusta separarnos de la Nación, pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades”. Agregó el exmandatario cuyano que su provincia “tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy necesita de la Argentina y la Argentina lo perjudica en la calificación de riesgo, en el acceso de crédito internacional, para traer inversiones, etcétera”.
Y ya puesto a analizar en serio su propuesta, abundó: “Podría ser un país pero con un programa común de su elite política empresaria para desarrollar ese camino”.
Con todo, Cornejo señaló que “estamos lejos de tener autonomía con nuestra actual estructura productiva. Estamos lejos, pero hay que empezar a pensarlo seriamente”.
Y volviendo sobre la cuestión Portezuelo del Viento, insistió: “El problema es político. El gobierno tiene el objetivo de perjudicar a Mendoza. No hay otra lectura que esa”.
El diputado y presidente de la UCR presentó un pedido de informes dirigido al ministro De Pedro. “El Gobierno castiga a Mendoza por ser de un signo político distinto”, denunció.
El diputado y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, pidió que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, informe sobre la distribución que se realiza de los recursos del “Programa para la Emergencia Financiera de las Provincias”, los Aportes del Tesoro de la Nación y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
La solicitud la realizó mediante un proyecto de resolución junto a sus pares mendocinos Jimena Latorre, Omar De Marchi, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide.
La iniciativa reclama que el titular de Interior “informe sobre la fundamentación y la motivación de el o los actos administrativos que establecen los criterios de distribución de los fondos ATN y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, como también los criterios de distribución que se utilizaron para el envío a las distintas jurisdicciones de los fondos ATN remitidos a las provincias, ponderadores por provincias y su descripción, y montos efectivamente asignados”.
El mismo proyecto solicita que se detalle los criterios utilizados para distribuir entre las distintas jurisdicciones los fondos ATN (60.000 millones de pesos) que restan enviar a las provincias y su justificación, de acuerdo a su ponderación, descripción y montos.
Respecto al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (60.000 millones de pesos) se pide idéntico detalle, además de pedir que se informe los mecanismos de selección de las jurisdicciones que podrán recibirlos, criterios de evaluación objetivos que han de considerarse al momento de definir la existencia o no de un desequilibrio o problema financiero y descripción de ponderadores por el cual se definen los montos a asignar a cada jurisdicción.
Es que hasta el momento, según Cornejo, son nueve las provincias que han recibido el desembolso y, excepto por Misiones, “todas recibieron sumas superiores a Mendoza”: Tucumán, 6.000 millones de pesos; Chubut, 5.000 millones; Córdoba, 4.800 millones; Santa Fe, 4.600 millones; Entre Ríos, 3.500 millones; Santa Cruz, 3.000 millones; Chaco, 2.500 millones y Misiones, 1.200 millones.
“El Gobierno castiga a Mendoza por hacer las cosas bien durante años, pero también por ser de un signo político distinto. Para derrotar la pandemia el Gobierno le pide ayuda a todos, pero para asistir a las provincias la cosa es entre pocos. Vuelve la política del látigo y la billetera. Hoy más que nunca el país necesita un federalismo de concertación para salir de la crisis”, señalaron en conjunto los diputados de JxC.
Cornejo también le pidió a De Pedro que informe el saldo de fondos pendiente de asignar al 19 de junio del 2020, y la proyección y criterios a utilizarse para la distribución en el caso de que todas las jurisdicciones que no han realizado una solicitud lo hicieran.
En la fundamentación del proyecto se explica que “la importancia que han revestido y revisten los recursos nacionales para hacer frente a las demandas de bienes y servicios públicos provinciales, la variedad de mecanismos distributivos y que estos no han contribuido demasiado a un desarrollo regional equilibrado y equitativo con consecuencias negativas para el sistema político, social y económico, resulta menester conocer la fundamentación jurídica, los criterios y parámetros, y la el tratamiento recibido por cada una de las provincias en la asignación del Programa mencionado”.
“Resulta necesario contar con un canal oficial para acceder a dicha información que permita al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia”, aseguran los firmantes de la iniciativa.
El diputado y titular de la UCR Nacional consideró que hay que “renovar los liderazgos” en Juntos por el Cambio, pero cree que no habrá un “único liderazgo” hasta el 2023. Criticó al Gobierno por la gestión de la pandemia.
El diputado y titular de la UCR Nacional, Afredo Cornejo, consideró que el exmandatario Mauricio Macri “no tiene margen para volver a ser candidato” a presidente. No obstante, sostuvo que la coalición de Juntos por el Cambio “debe estar unida y no debe descartar a nadie”.
El mendocino enfatizó es necesario en la alianza opositora -compuesta por el Pro, la UCR y la CC-ARI- “renovar los liderazgos”, aunque señaló que no habrá “un liderazgo único” hasta que no lleguen las elecciones del año 2023.
Durante entrevistas radiales, el legislador opinó este martes que “el Gobierno ha construido una nube cultural para la Argentina”, y apuntó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “como todos los gobernadores radicales y los demás, están en la misma dirección de que tengamos pocos muertos”.
Para Cornejo, el presidente Alberto Fernández “está por las nubes en las encuestas” debido a su estrategia para combatir el Covid-19, la cual consistió, según él, “en hacer un ranking de muertos que nos beneficiaría frente a Italia o España, países muy caros a nuestros sentimientos”, pero que tiene “atrapado” al Gobierno.
“El que impone el relato es el kirchnerismo, cuando dice los chetos trajeron el virus, los runners lo transmiten o cuando echan la culpa al Gobierno de la Ciudad”, agregó.
El diputado de la oposición expresó además que este “no es un Gobierno que esté en control de la pandemia, pero sí está en control de todas las demás actividades (de la economía), y de las provincias, y los municipios que dependen de la máquina de hacer dinero”.
“Hoy día el único indicador de éxito de esta estrategia es que muera poca gente por Covid-19, pero es probable que muera mucha gente por otros motivos”, subrayó.
Finalmente, añadió: “Estamos viendo si volvemos a la fase 1 con la economía deshecha, empresas que se están muriendo y muchos muertos probablemente por otras enfermedades”.
La Comisión de Turismo, que preside Alfredo Cornejo, dispuso más tiempo para unificar un proyecto en coordinación con el ministro Lammens.
Se postergó en la Cámara de Diputados el debate sobre la declaración de la emergencia en el sector del turismo, uno de los más golpeados por la pandemia del Covid-19. La Comisión de Turismo, que preside el radical Alfredo Cornejo, tenía previsto reunirse este lunes para comenzar la discusión, pero el encuentro se suspendió en las horas previas.
Cornejo acordó con el ministro del área, Matías Lammens, tomarse más tiempo para unificar un proyecto que sea avalado por el Gobierno. “Se está trabajando en conjunto y hay un diálogo permanente. Vienen hablando desde hace varias semanas y el tema está encaminado”, explicaron fuentes consultadas.
Numerosos diputados de distintos distritos presentaron proyectos para declarar la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector turístico, proponiendo planes de contingencia, facilidades impositivas y otras medidas de apoyo económico ante la parálisis de la actividad.
Al respecto hay iniciativas de los oficialistas Gustavo Fernández Patri (Formosa), Silvana Ginocchio (Catamarca) y Andrés Zottos (Salta). Desde la oposición, presentaron propuestas Paula Oliveto (Pro-CABA), Gustavo Menna (UCR-Chubut), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo-Mendoza), Marcelo Orrego (Producción y Trabajo-San Juan), Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Héctor Baldassi (Pro-Córdoba) y Diego Sartori (Fte. de la Concordia misionero), entre otros.
Los legisladores quieren conocer la deuda exacta de la empresa, nómina de empleados y detalle de accionistas, entre otras cosas.
Un grupo de 25 de diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), presentaron este viernes un pedido de informes, mediante un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo Nacional para obtener precisa información contable y societaria de la empresa Vicentín SAIC.
A partir de la trascendencia institucional que implica la decisión de “intervenir transitoriamente” la empresa, los diputados radicales, encabezados por los mendocinos Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, solicitaron al Gobierno nacional que brinde “el detalle de la composición del pasivo concursal, con indicación de la nómina de acreedores afectados, balance general y demás información relevante”.
También pidieron que se informe sobre “hechos relevantes de Vicentín, previo a la declaración del estado de cesación de pagos, para poder tomar conocimiento de cualquier hecho que pudiera resultar significativo a los fines de evaluar ulteriores riesgos a tomar por parte del Estado”.
La diputada Jimena Latorre afirmó que “no conocemos cuál es la deuda exacta de la empresa, no conocemos quiénes están detrás de cada una de las empresas del grupo, hay una causa judicial en la que se está investigando a los directivos de la empresa y aun así se estarían comprometiendo los fondos públicos de todos los argentinos. Hay comprometidos fondos actuales y a futuro, el endeudamiento de dinero con el que hoy no contamos será enorme, y a ello se le sumarán los costos de juicios futuros ocasionados por las desprolijidades legales, incluida la inconstitucionalidad de la medida, que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos”.
Los diputados hacen hincapié en que decisiones de tal envergadura ponen en grave riesgo a la propiedad privada y a la seguridad jurídica, desalentando la confianza para las inversiones productivas, que tanto necesita nuestro país para generar fuentes de trabajo.
Por otro lado, los legisladores solicitaron información referida a la nómina de empleados actuales de la empresa, el detalle de los accionistas mayoritarios y minoritarios de la compañía, como así también el estado de avance de la causa penal originada por presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación.
El proyecto finaliza argumentando que “resulta de importancia contar con esta información pública que debe estar al alcance de todos, para facilitar la transparencia de los procesos actuales y desestimando, si así lo indican los hechos, la existencia de conflictos de interés y cualquier otro indicio que resulte de dudosa legalidad”.
El pedido de informes cuenta con el apoyo de los diputados Federico Zamarbide, Claudia Najul, Brenda Austin, Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Dolores Martinez, Gustavo Menna, Diego Mestre, Alejandro Cacace, Ximena Garcia, Juan Martin, Albor Cantard, Gonzalo del Cerro, Facundo Suarez Lastra, Karina Banfi, Estela Regidor, Gabriela Lena, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Mario Arce, Gerardo Cipolini, Lidia Ascárate y Aida Ayala entre otros.
La empresa Vicentin SAIC fue intervenida transitoriamente por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la disposición del Decreto 522/2020 que fue publicado en el Boletín Oficial días atrás.
“Al presidente no le interesa hablar de economía, y lo único que le importa es hablar del ranking de muertos”, advirtió el diputado y titular de la UCR.
El diputado y titular de la UCR Alfredo Cornejo aclaró sus dichos acerca del “ranking de muertos” por Covid-19 y, tras criticar la comparación con otros países, advirtió que a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, “la economía está deshecha”.
El legislador había advertido, en diálogo con radio La Red, que el gobierno de Alberto Fernández aplicó “una estrategia súper conservadora que quiere solamente mirar el ranking de muertos por Covid y no mirar el conjunto de la sociedad”.
“Como la gente tiene miedo, se privilegió el relato y el ranking de muertos”, lanzó Cornejo, y consideró que, desde esa visión, la cuarentena “parece un éxito rotundo”.
Tras esas declaraciones, el legislador concedió una nueva entrevista donde aclaró: “Yo dije que al presidente no le interesa hablar de economía, y lo único que le importa es hablar del ranking de muertos”.
“A Dios gracias, los muertos por coronavirus han sido pocos, pero la economía está deshecha… entonces todos adscribimos que el punto era ‘muertos contra economía’ y que no era armónico cuidar la vida y cuidar la economía”, observó.
Cornejo insistió en que “estamos viendo una situación de destrozo total de la economía, con empresas y comercios que están cerrando definitivamente. Entonces uno se pregunta si esta estrategia, que ya lleva 81 días, fue tomada con profesionalismo, con toda la información, o a oscuras”.
“Tenemos pocos muertos, y lo saludamos, pero el mismo presidente reconoce que no sabe si el pico ya pasó o está por venir. Es decir, estamos sin información y sin plan”, enfatizó el radical en diálogo con Diputados TV.
En tanto, analizó que “Argentina tenía una moneda muy deteriorada al inicio de la pandemia, no tenía financiamiento -el único es emitir moneda-, y el Estado no tenía ahorro y tampoco los privados”.
“Todos los países con los que nos comparamos en el ranking de muertos tenían financiamiento, tenían ahorro y tenían moneda. Nuestra estrategia no podía ser la misma”, cuestionó.
En ese sentido, respondió a los oficialistas que advirtieron sobre el estado en que el expresidente Mauricio Macri dejó la economía, al señalar que “todo lo resuelven con la lengua”.
“No voy a ser yo quien defienda a Macri, cuando he tenido serias diferencias en privado y también en público, acerca de su estrategia política. Pero, ¿qué tienen que ver los cuatro años de Macri con esta estrategia que llevó a este punto?”, se preguntó.
Y agregó: “Parece que la gestión de Macri fuera el origen de los problemas argentinos, y resulta que desde 2010 tuvimos estancado el PBI y vamos a terminar el 2020 con un PBI igual al de 2008”.
El titular de la UCR cuestionó la extensa duración de la cuarentena. “Eso pone en evidencia que entramos a tontas, locas y a ciegas a esta estrategia”, reprochó.
El diputado nacional por Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, sostuvo este domingo que los “números de la economía son peores que en el 2001”, en tanto que acusó al gobierno de Alberto Fernández de haber “apagado” la economía en el marco de la cuarentena por el coronavirus.
“La caída del 2001-2002 fue un tobogán que tenía cuatro o cinco años antes de caída. Esta es una caída muy abrupta y en un muy corto tiempo debido al apagón de la economía”, indicó Cornejo, quien agregó: “Los números de la economía son peores que en el 2001 y mucho más rápidos”.
Bajo esta línea, criticó la enorme duración del decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio impulsado por el gobierno que cada vez está más cerca de superar la barrera de los 100 días.
“Ningún país ha tenido tantos días y, además de eso que pone en evidencia que entramos a tontas, locas y a ciegas a esta estrategia, hay 21 días más, entonces vamos a cumplir 100 días de cuarentena y resulta que todavía no se sabe si el pico ya pasó, está atrás o si está adelante”, lamentó el diputado en diálogo con Radio con Vos.
“El Gobierno lo trae a Macri todo el tiempo para encontrar un enemigo, cuando en realidad los que apagaron la economía fueron ellos”.
Alfredo Cornejo
Radio Con Vos
Y continuó: “Entramos sin información (a la cuarentena) y hemos obtenido como resultado pocas muertes por Covid-19, lo que no quiere decir pocas muertes (en general), y hemos encontrado una economía desecha”.
En este sentido, el presidente de la UCR manifestó que “parar AMBA no es poca cosa a los efectos de la economía nacional”. “Puede que Mendoza o varias ciudades tengan más actividad, pero no generan el producto que generaría AMBA en una situación normal”, añadió.
Por otro lado, se refirió a los dichos del jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien expresó que con el expresidente Mauricio Macri la pandemia hubiese sido “una catástrofe”.
“El gobierno lo trae a Macri todo el tiempo para encontrar un enemigo, cuando en realidad los que apagaron la economía fueron ellos”, explayó Cornejo, quien agregó: “Lo traen para intentar beneficiarse y encontrar un enemigo, cuando acá el enemigo es, en primer lugar, la situación excepcional del virus y, en segundo lugar, una economía que venía sin plan económico desde antes de la pandemia y estancada desde 2010”.
En este contexto, explicó que celebra que “Macri no hable, porque eso le daría la excusa al Gobierno para polarizar”, en tanto que aclaró que, a medida que pasan los meses, ve que “el programa de gobierno es el de Cristina (Fernández de Kirchner)”.
Finalmente, el diputado afirmó que observó, en el marco de la pandemia, a una oposición “muy responsable” que “no alienta al conflicto”, y resaltó la necesidad de que exista una oposición que sea “un contra relato”.
El titular de la UCR y diputado nacional consideró que “el proyecto” de la vicepresidenta “va prosperando mes a mes”, en referencia al retiro de la OA como querellante de las causas Hotesur y Los Sauces.
El diputado nacional Alfredo Cornejo se refirió este viernes a la decisión de la Oficina Anticorrupción de retirarse como parte acusadora en las causas Hotesur y Los Sauces y consideró: “Estamos viendo que finalmente se impone lo que dice Cristina (Fernández de Kirchner) y que Alberto (Fernández) está muy contento con Cristina como comisario político de esta gestión”.
En declaraciones a radio Continental, el titular de la UCR sostuvo que “Cristina llevó adelante una estrategia que resultó ser efectiva para el peronismo y para el Frente de Todos, que fue poner a Alberto Fernández presidente”.
“Yo creo que más de uno de nosotros nos hemos entusiasmado con que Alberto Fernández sea diametralmente distinto a Cristina, que deje de condenar a la Justicia y funcione como una estadista. Y la verdad que Alberto no es así; el proyecto de Cristina va prosperando mes tras mes“, continuó.
Para el mendocino, “es un símbolo muy fuerte que el Estado deje de ser querellante, a través de OA, en dos causas emblemáticas de la década kirchnerista, que vinculan a la familia de Cristina Kirchner”. “Se nos está diciendo a todos los argentinos ‘a Cristina no se la investiga más'”, añadió.
Cornejo opinó que, en este caso, el Gobierno “no puede decir, como lo hizo con la liberación de los presos, ‘es la Justicia independiente'” y, en ese sentido, afirmó un “exactamente” cuando fue consultado si cree que la OA no es independiente.
El exgobernador reflexionó que en Argentina la Justicia y “sus principales jueces” ven “lo que hace el poder político”. “Está mal, pero ha sido así en útimos 20 años. Quien está en el poder y detenta el poder da señales. Esta es una señal muy fuerte a los jueces que investigan a Cristina”, resaltó.
Finalmente, el legislador señaló que “sería bueno” que la OA fuera dirigida por la oposición “y que tuviera independencia económica absoluta para investigar”.
A través de la plataforma Zoom, el titular de la UCR y diputado nacional acusó al peronismo de querer tener “la suma del poder público” y pidió que el radicalismo sea “una opción frente al atropello del relato único”.
El titular de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, encabezó junto a su par de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, y la vicepresidenta del partido, Alejandra Lordén, un encuentro vía Zoom con dirigentes de todo el país donde se debatió sobre la situación política nacional.
Durante su exposición, Cornejo aseguró que “apagar la economía nos va a traer problemas severos en la economía, la salud y se agravará la inseguridad”. “Queremos proponerle al Gobierno, con diálogo profundo y serio, medidas tendientes a enfrentar la post pandemia”, subrayó el diputado nacional, que dijo que “desde el Poder Ejecutivo no se quiere escuchar a los partidos que integran Juntos por el Cambio, la principal fuerza política opositora”.
“Este no es un momento para especular, es el momento de mantener las ideas del progresismo, dar otra versión a la oficial, que señale los errores y que advierta de los peligros que se vienen. No es el momento de esconderse”, sostuvo.
Para el exgobernador mendocino, “el peronismo está jugando con fuego para emponderarse, quiere tener la suma del poder público y la UCR será quién ocupe el lugar de opción frente al atropello de relato único”.
El legislador expresó su “convicción de sesionar” y cuestionó que el oficialismo “tiene mayoría en ambas cámaras, pero no les gusta que funcione el Congreso porque la oposición tiene mayor visibilidad”.
“Tratan de demonizar al Parlamento”, dijo, y resaltó que el simulacro de sesión virtual “fue un papelón de la calidad de gestión del peronismo. No se podía votar, no pudieron entrar todos… como gestionan las cosas, mucho relato pero en la práctica no funciona nada”.
Por su parte, el titular del comité bonaerense, Daniel Salvador, se refirió a la actual gestión que encabeza Axel Kicillof. “El gobierno de la Provincia tiene las características de la parte más arbitraria que hay en la Nación, lamentablemente no se ha dado la recepción que corresponde a toda la voluntad que demostró la oposición”, se quejó el exvicegobernador.
“No hay verdaderos comités de crisis, se tardó en la puesta en funcionamiento de la Legislatura de la Provincia, y las excarcelaciones fueron definidas antes de la pandemia. Estamos absolutamente convencidos de que hay que colaborar en lo sanitario, pero marcar cada uno de los errores o malas decisiones que toma el Gobierno; es la clara obligación que tiene el radicalismo”, añadió Salvador.
En tanto, la vicepresidenta de la UCR, Alejandra Lordén, recordó la importancia del funcionamiento del Poder Legislativo: “Creemos que las Legislaturas de todas las provincias deben estar activas y trabajando; nuestro trabajo es esencial y es una de las patas de la democracia”.
La legisladora provincial aseguró que el radicalismo se encuentra trabajando “para proponer una salida del aislamiento que tenga en cuenta la cuestión económica, sanitaria e institucional”. “Este panorama oscuro en que nos encontramos hace que tengamos la oportunidad de hablarle a la sociedad, desde nuestro rol de oposición que acompaña y que propone, pero que también marca errores”, advirtió.
Por su parte, el titular del bloque de diputados Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, criticó “el carácter autoritario de la gestión provincial y nacional”. “La provincia de Buenos Aires hace espejo con las decisiones que se toman desde el Senado de la Nación y cada una de las posiciones que toma la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que representa el núcleo duro del kirchnerismo”, disparó.
“Entendemos la necesidad de tener una alternativa a esta propuesta populista y hegemónica, y tiene que ser liderada por el radicalismo y la coalición de Juntos por el Cambio”, aseveró el legislador marplatense, que también abogó por una UCR “dinámica, activa, y protagonista” porque “a partir del Covid-19 va a haber un antes y un después en materia sanitaria, social, laboral, económica, y el radicalismo tiene que estar ahí, para recoger la demandas de la sociedad y dar respuesta”.
El ministro anunció que se triplicará el presupuesto del FonDeTur y que 1.400 millones de pesos recaudados por el impuesto PAIS serán girados a las provincias.
En una exposición abundante en números, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se explayó sobre las medidas para asistir al sector, uno de los más perjudicados por la pandemia del coronavirus, y en este sentido informó que “más de 200.000 trabajadores”, el 85% del total, accedió a los programas de ayuda estatal.
Asimismo, el 80% de los restaurantes y el 92% las agencias de turismo se inscribieron también para acceder a los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Las cifras, que dan cuenta del fuerte impacto de las restricciones sanitarias en el turismo, fueron aportadas por Lammens en una reunión virtual de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que preside el radical Alfredo Cornejo.
“La ayuda estatal en ATP alcanzó a prácticamente todo el sector”, señaló el funcionario, que además anunció algunas medidas para asistir al sector privado y a las provincias.
Lammens reconoció la “preocupación” por “lo larga que va a ser esta crisis y lo que va a tardar este sector recuperarse”.
El ministro dijo que “se está ideando un plan muy concreto de medidas” en el marco de un comité de crisis conformado con otros Ministerios, que se reunirá en los próximos días para “generar herramientas para acompañar a las empresas y perder la menor cantidad de puestos de trabajo posible”.
“Necesitamos que el sector privado llegue de pie. Lo vemos como un aliado, un socio, por eso queremos cuidarlo”, expresó, antes de anunciar que se destinarán a este sector “2.800 millones de pesos” de asistencia para el corto y mediano plazo.
Paralelamente, precisó que se triplicó el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Turístico (FonDeTur), con el fin de generar aportes no reembolsables por 100 millones de pesos para pequeños prestadores, “el sector más débil, más frágil y más vulnerable”.
Otra de las medidas anunciadas es que 1.400 millones de pesos recaudados por el impuesto PAIS -del 30% para el dólar turista- “van a ser volcados a las provincias para obras de desarrollo turístico”.
Por otra parte, indicó que se está trabajando sobre las reprogramaciones de viajes. “Tenemos que atender los dos lados del mostrador: si mandáramos a todas las agencias a devolver el dinero, las estaríamos mandando a la quiebra”, resumió.
En este sentido, se refirió a los viajes estudiantiles y dijo que una “posible solución” sería “que puedan viajar durante el receso escolar”, pero si la situación sigue igual, evalúan “que los viajes se puedan realizar entre diciembre y febrero”, autorizando “por lo menos cinco días de faltas”.
En otro orden, destacó “la puesta a disposición de hoteles para que quienes regresaban del exterior pudieran hacer el aislamiento preventivo”, ya que “así se lograron detectar muchos casos a tiempo para evitar la circulación comunitaria del virus”.
En cuanto a una pregunta recurrente de los diputados sobre la decisión de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) de prohibir la venta de vuelos comerciales de pasajeros hasta el 1ro de septiembre, Lammens explicó que se debió a que “algunas empresas jugaban con la desesperación de compatriotas varados” vendiendo vuelos “que todavía no estaban autorizados por el Estado Nacional”.
De todos modos, aclaró que esa es “una fecha que se puso en forma tentativa” y manifestó que “hay voluntad de trabajar con la ANAC para traer esa fecha lo más cerca posible”.
Hacia el final de la reunión el ministro, dijo que está “en contacto permanente con los centros de sky”. “Espero que por lo menos podamos tener algo de temporada de sky, pero hoy lo veo muy difícil. Sería muy sobre el final del invierno”, opinó.
Por videoconferencia, el funcionario participará de una reunión informativa de la Comisión de Turismo, presidida por el mendocino Alfredo Cornejo. Será a partir de las 17.
Un nuevo miembro del Gabinete nacional expondrá por videoconferencia ante diputados. Se trata del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien participará de una reunión informativa este jueves a partir de las 17.
El funcionario hablará ante los miembros de la Comisión de Turismo, que es presidida por el radical mendocino Alfredo Cornejo.
En tanto, este jueves por la mañana se conformó la comisión homónima del Senado, donde los legisladores acordaron que en la brevedad citarán a Lammens, para que brinde explicaciones sobre la actualidad del sector, uno de los más castigados por la pandemia de Covid-19.
Un grupo de legisladores nacionales buscan limitar las reclusiones domiciliarias para una serie de tipos de condenas.
Los diputados nacionales Luis Petri, Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y varios legisladores de Juntos por el Cambio presentan un proyecto para prohibir las salidas anticipadas, fundadas en situaciones de emergencia, fuerza mayor, superpoblación o razones sanitarias, de forma masiva y/o generalizada.
La iniciativa exceptúa de eventuales beneficios a los condenados por homicidios agravados; delitos contra la integridad sexual; privación ilegal de la libertad coactiva y secuestro extorsivo “si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida”, y tortura seguida de muerte”, entre otras causales.
En otro pasaje, el proyecto prohíbe el otorgamiento de salidas transitorias; régimen de semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención, o libertad asistida, fundados esos casos en situaciones de emergencia, fuerza mayor, superpoblación o razones sanitarias, de manera masiva y/o generalizada.
“El Estado debe garantizar el cumplimiento de las condenas, la seguridad de la población, los derechos de las víctimas y también las condiciones sanitarias de quienes se encuentren privados de la libertad, sin que exista conflicto o incompatibilidad entre ellos”, aseguró Petri. Además, agregó: “La pandemia no puede transformarse en una excusa o salvoconducto que permita a condenados recuperar su libertad so pretexto de este en peligro su salud”.
Por otro lado, el legislador mendocino explicó que “frente al hacinamiento y la pandemia existen otras posibilidades distintas a la liberación. Podría reubicarse a condenados por delitos leves en cuarteles o establecimientos en desuso, que sólo necesitarían reforzar su custodia, control y vigilancia. Garantizando la distancia social, la atención médica y los protocolos de seguridad, orden, alimentación y saneamiento”. En ese sentido, Petri advirtió que “no podemos perder de vista que el fin y justificación de las penas es, en definitiva, proteger a la sociedad frente al crimen.
“Cuando se incumplen las condenas, cuando se libera anticipadamente presos desprotegiendo a la sociedad, no hay otra cosa que impunidad. Esa es, nuestra pandemia de todos los días”, concluyó Petri.
El jefe del radicalismo acusó al presidente Fernández de haber apagado la economía.
El presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, criticó la actitud del Gobierno nacional en el marco de esta pandemia. Lo hizo a través de Twitter, donde recordó que el presidente Alberto Fernández “pidió al sector privado esfuerzo, mientras apagó la economía”.
“Pero la ANSeS, con sus oficinas cerradas, incorpora y nombra a cerca de 400 gerentes y jefes en todo el país”, agregó el diputado nacional.
Para el exgobernador mendocino, “la pandemia está siendo usada para esconder las peores miserias del kirchnerismo”.
Sin embargo el que salió a responderle al diputado Cornejo fue el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, quien por la misma vía calificó de “falso” lo expresado por el legislador, asegurando que ese organismo “no hizo 400 nombramientos de gerentes”.
“Solo designó 85 titulares de UDAIS para reemplazar a más de 300 gerentes políticos de Cambiemos -agregó-. Es malintencionado, porque busca con una chicana usar políticamente la pandemia”.
Diputados radicales impulsan un proyecto que extendería esa condición hasta fin de año.
Los diputados nacionales Gustavo Menna (UCR-Chubut) y Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) presentaron un proyecto de ley para establecer un régimen de emergencia laboral, tributaria y financiera para las empresas del sector hotelero, gastronómico y turístico hasta el 31 de diciembre de 2020. La propuesta se fundamenta en el rol clave que la actividad tiene para el país, al emplear a unas 650 mil personas en toda la Argentina.
La iniciativa da lugar “a mecanismos excepcionales en materia laboral, tributaria y de asistencia crediticia a todos aquellas personas humanas o jurídicas que sean titulares de establecimientos hoteleros, gastronómicos y de agencias de viajes y turismo, y que revistan el carácter de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES)”.
En los fundamentos, los legisladores nacionales tuvieron en cuenta que existen unos 17.000 hoteles y 5.000 agencias de turismo en el país que, sumados a los locales gastronómicos, suman unos 50.000 establecimientos, y consideraron que “uno de los sectores más severamente afectados por las medidas adoptadas en orden a prevenir y evitar la propagación del coronavirus COVID-19 es sin dudas el vinculado al turismo”, ya que “la restricción a la circulación de personas y bienes se han traducido en una parálisis total de la actividad”.
Tras mencionar que el turismo “es el cuarto sector de la economía más intensivo en mano de obra, responsable de dar empleo a más de 650 mil personas a lo largo y ancho de la Argentina”, agregaron que “los hoteles se encuentran absolutamente cerrados, sin poder recibir huéspedes y los servicios de gastronomía otro tanto, a excepción de aquellos que pueden llevar adelante el servicio de delivery, que por supuesto es solo un paliativo y que además afronta dificultades para su desenvolvimiento en razón de las restricciones adicionales al derecho de circulación que han dispuesto muchas autoridades provinciales e incluso municipales”.
“Esto provoca -añadieron- que la mayor parte de los establecimientos deban hacer frente a sus obligaciones tributarias, salariales y con proveedores, sin tener ningún tipo de facturación y mucho menos ingresos”.
Por la importancia del sector “llama poderosamente la atención -explicaron- que las autoridades públicas nacionales con competencia en la materia no hayan acertado a diseñar una sola medida orientada a amortiguar el impacto de la crisis en un sector vital para el desarrollo del país y la generación de empleo”.
El proyecto de ley cuenta con la coautoría de los legisladores Ximena García (Santa Fe), Federico Zamarbide (Mendoza), Carlos Fernández (Buenos Aires), Roxana Reyes (Santa Cruz), Claudia Najul (Mendoza), Juan Martín (Santa Fe), Gerardo Cipolini (Chaco), ), Lorena Matzen (Río Negro), Natalia Villa (Buenos Aires) y Francisco Sánchez (Neuquén).
Luego del escándalo que estalló esta semana por una serie de adquisiciones hechas por Desarrollo Social, los diputados Cornejo y Ocaña impulsaron un proyecto para transparentar esas operaciones.
Los diputados Graciela Ocaña y Alfredo Cornejo presentaron un proyecto de ley que impulsa la creación de un portal online de Información al Ciudadano sobre Compras y Contrataciones de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan acceso a los procesos de compra y contrataciones para el suministro de bienes y servicios por parte del Estado.
“Este proyecto pretende garantizar el buen uso de los dineros fiscales, y tener conocimiento público y sin costo de todas las erogaciones del Estado, privilegiando el acceso universal y gratuito a todos los procesos de compras y contrataciones del sector público”, coincidieron.
En el escrito se establece que “la información deberá estar disponible a través de un acceso web, y la misma deberá ser completa, oportuna, de acceso simple, gratuito e irrestricto a todo el público en general; debiendo utilizarse terminología clara y sencilla, con el objeto de que la sociedad en su conjunto pueda acceder a ella”.
Asimismo, la iniciativa presentada por los diputados indica que “deberá generarse en el portal un “apartado” o “separata” destacado, al inicio del mismo, donde se visualicen los procedimientos de compras y contrataciones vigentes y finalizados que tengan como objeto especial cuestiones vinculadas de modo directo o indirecto, a la situación de emergencia”.
Ocaña y Cornejo subrayaron que “si bien existe en la actualidad el portal COMPR.AR, está destinado a proveedores y otros actores con una especial versación en el tema, pero reviste cierta complejidad para el acceso y comprensión del transcurrir de los procedimientos de compra, a los ojos de ciudadanos que no conozcan la terminología técnica de la materia; por eso proponemos, que éste sea un portal especialmente dedicado a publicitar los procesos de compras y contrataciones, con un acceso simple y una terminología sencilla y clara”.
Los presidentes de los partidos y los líderes parlamentarios de la coalición opositora le enviaron una nota al presidente. Quieren aportar sus opiniones para colaborar en la situación sanitaria y económica.
Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, y los líderes parlamentarios del espacio, le enviaron este viernes una carta al presidente Alberto Fernández solicitándole una audiencia virtual para conversar sobre el contexto actual y aportar sus opiniones para colaborar en la situación sanitaria y económica producto de la pandemia del coronavirus.
“Los firmantes, presidentes y líderes parlamentarios de los partidos que conformamos ‘Juntos por el Cambio’, solicitamos una audiencia (virtual) de conformidad con las posibilidades de su agenda, para que podamos conversar de manera directa sobre los modos de colaboración en la actual circunstancia”, expresa la nota.
Además, los dirigentes manifestaron que quieren “poner a su disposición” su “mirada respecto del particular contexto presente, tanto en términos sanitarios como las dificultades económicas de la Nación que, como todos los países del mundo, se ve sacudida por las consecuencias de la pandemia de coronavirus”.
“Somos conscientes de las restricciones y dificultades con que se toman decisiones en estos momentos, y sabemos que el imperativo excluyente consiste en superar esta situación posible, con el menor número de víctimas que lamentar y con nuestro tejido económico, social e institucional preservado”, sostuvieron.
Los referentes de JxC resaltaron que “toda la sociedad está alerta, colaborando a pesar de las limitaciones que impone la cuarentena. A lo largo y ancho del país se multiplican ejemplos de grandeza y entrega que nos ponen orgullosos como argentinos”.
En la carta, los opositores subrayaron que “nadie tiene soluciones mágicas y nadie está exento de la responsabilidad del momento. En esa inteligencia, es que creemos indispensable el diálogo, a los fines de intentar perfeccionar la intervención pública”.
“Construir un país mejor, requiere del esfuerzo y la colaboración de todos, sencillamente ese es el sentido de esta oferta”, finalizaron.
La nota fue firmada por Patricia Bullrich, presidenta del Pro; Alfredo Cornejo, diputado nacional y titular de la UCR; Maximiliano Ferraro, diputado nacional y líder de la CC-ARI; Mario Negri, jefe del interbloque JxC en la Cámara de Diputados; y Luis Naidenoff, presidente del interbloque JxC en el Senado.
Previo a que se decretara el aislamiento preventivo y obligatorio, los líderes parlamentarios tanto de la oposición como del oficialismo estuvieron reunidos en Casa Rosada con Alberto Fernández, donde dieron su aval a la decisión de establecer la cuarentena.
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Son legisladores de la oposición que pidieron al presidente de la Cámara baja deducir de sus haberes el 50% para derivarlo a hospitales de su provincia.
Los diputados nacionales por Cambia Mendoza enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, donde expresaron su decisión de donar el 50 por cientos de sus sueldos para la compra de kits y test rápidos para ser distribuidos en hospitales públicos mendocinos.
En la nota, los legisladores explicaron esta decisión “teniendo en cuenta la evolución de la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa el país y la crisis económica que se ha profundizado por ella”.
Los diputados mendocinos tomaron como modelo de austeridad el asumido por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y, por consiguiente, donar los 50% del sueldo rápidos para ser distribuidos en hospitales públicos mendocinos.
La nota aclara que “en caso de hacerse una deducción menor a dicho porcentaje por las autoridades de la Cámara de Diputados la donación será completada hasta dicho porcentaje”.
Asimismo le solicitaron a Massa que toda deducción en sus haberes sea afectado al sistema de salud de la provincia de Mendoza.
La nota lleva las firmas de Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Luis Petri, Claudia Najul, Federico Zamarbide y Omar de Marchi.
La iniciativa también propone que un 30 por ciento de la recaudación de la exportación de soja se sume al fondo. Aseguraron que “es necesario” dar “soluciones concretas” a las provincias ante la crisis por el Covid 19.
El Comité Nacional de la UCR, conjuntamente con sus bloques parlamentarios, remitieron al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el proyecto de ley presentado por el mendocino Alfredo Cornejo -diputado nacional y presidente del partido- que propone medidas para enfrentar la situación desatada a causa de coronavirus.
La iniciativa propone que se traslade al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional el 30% de lo recaudado por el Estado Nacional, en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variantes y con el objeto de promover el fortalecimiento de los ingresos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y que esos ATN se distribuyan entre las distintas jurisdicciones manteniendo la proporcionalidad de la Coparticipación Federal de 2019.
A través de una carta, Cornejo, Mario Negri -jefe del interbloque JxC en Diputados- y Luis Naidenoff -jefe del interbloque JxC en el Senado- remarcaron que ante la cuarentena obligatoria el proyecto no tendrá casi chances de tratamiento legislativo, por lo cual justificaron “hacerlo llegar por este medio en tanto lo consideramos de máxima importancia”.
“La propuesta tiene como objetivo dotar a las provincias de nuestro país de fondos que permitan transitar la situación actual y futura con el respaldo necesario para posibilitar el establecimiento de medidas de distinta índole, vinculadas a la cuestión no solamente sanitaria sino también a la cuestión productiva y económico-financiera general, que produce el fenómeno de la pandemia del Covid 19 y que tiene no solo consecuencias presentes, sino también a futuro”, señalaron.
En la carta, los legisladores subrayaron que “es necesario” que las jurisdicciones “puedan proveer soluciones concretas para la crisis presente y planificar políticas futuras para intentar superar los descalabros generalizados que dejará en la economía el Covid 19, conociendo cuál será su financiamiento y que este último sea ajustado a criterios objetivos y no simplemente librado a las posibles situaciones políticas coyunturales del futuro”.
“Por eso creemos que el proyecto que aquí se eleva para la consideración del Poder Ejecutivo tiene la virtualidad de corregir las cuestiones mencionadas y posibilitar a las provincias encauzar sus esfuerzos hacia el establecimiento de soluciones concretas para los problemas que existen y que vendrán”, indicaron.
Al finalizar la nota, Cornejo, Negri y Naidenoff pusieron a disposición del Ejecutivo a todos los colaboradores y equipos técnicos del Comité Nacional de la UCR y de los bloques parlamentarios, “para colaborar codo a codo con los funcionarios nacionales en la formulación de políticas públicas que permitan dar soluciones a la acuciante situación que vive el pueblo argentino”.
Es para atender las consecuencias económicas de la pandemia. El diputado quiere que la redistribución no sea discrecional y se atenga a lo que establecen los índices de coparticipación.
El diputado nacional de la UCR por Mendoza y titular del Comité Nacional del radicalismo, Alfredo Cornejo, ideó un proyecto de ley con el objetivo que el Poder Ejecutivo destine al Fondo de Aportes al Tesoro Nacional (ATN) el 30 por ciento de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba, en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y derivados.
A su vez, esta iniciativa reglamenta que se disponga la aplicación de los recursos disponibles acumulados del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional al fortalecimiento de los ingresos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su artículo tercero, el proyecto establece que, para cada mes, el monto a transferir a cada jurisdicción será el resultante de calcular la diferencia entre los recursos de origen nacional percibidos en el mismo mes del año 2019, actualizados por el último dato disponible de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor de cobertura nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y los efectivamente percibidos en dicho mes del año 2020.
La iniciativa, al adicionar el derecho de exportación, refuerza el carácter solidario con el que se creó primigeniamente el fondo, afectando en forma directa lo obtenido a la atención de las situaciones excepcionales que padecen todas y cada una de las provincias argentinas. Los ATN son una herramienta destinada a satisfacer en modo parcial las necesidades de las provincias y pensamos además, conforme al diseño Federal de nuestro país, que aquellos no pueden ser tomados de rehenes con el objeto de seleccionar con un criterio discrecional que Provincia debe tenerlos y cuál no.
“Las grandes dificultades en materia de planificación presupuestaria en este contexto de emergencia y de excepción, que surgen a causa de la falta de precisiones respecto a la necesidad de contar con los aportes del tesoro nacional en la economía de las provincias que se encuentran devastadas”, aseguró Cornejo en la fundamentación del proyecto de ley.
“La reconducción deja dudas en varios frentes, en donde hasta el momento se desconoce la posición oficial, ello sumado al avance e imprevisibilidad de la enfermedad, la falta de llegada de los fondos comprometidos a las provincias, y la calamitosa situación financiera de las mismas, torna imperiosa la necesidad de prever e implementar criterios de distribución inmediatos a fin de evitar la parálisis total en el funcionamiento de los sistemas regionales”, explicó el líder de la UCR.
El legislador radical sostuvo que “las consecuencias del Covid-19 no son ni serán solamente respecto a la salud pública, que si bien es el factor que de manera urgente debemos custodiar, acarreará necesariamente en el futuro una clara situación de dificultad para el transcurrir diario del sistema productivo de nuestra Nación, señalando además que muchas de nuestras Provincias tienen como fuente de financiamiento necesaria lo que surge de dicha actividad productiva”.
“Si no definimos desde ahora pautas claras para posibilitar el financiamiento de las provincias, lamentaremos en el futuro consecuencias en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, tan o más graves, que las que genera la situación de salud pública en la actualidad”, advirtió el diputado radical y amplió: “Mientras la Nación tiene la posibilidad de solventar sus erogaciones mediante la herramienta de la emisión monetaria, las provincias no pueden hacerlo. La historia nos indica que cuando esa misma situación ha sucedido se han tenido que tomar drásticas medidas que implicaron una fuerte profundización de las crisis económicas, monetarias y financieras. Es necesario eludir esos extremos, para evitar cualquier acto reflejo de presunta supervivencia que busque llevar a la emisión de cuasi monedas, como ha sucedido en el pasado, e inclusive la eventual discrecionalidad de quien decida -luego de la crisis sanitaria- como serán los mecanismos de reconstrucción social, financiera y económica de las provincias”.
Al explicar su proyecto, Cornejo enfatizó que “no pedimos ni esperamos aquí una emisión descontrolada y que las provincias tengan una porción de aquella. Solicitamos una repartición equitativa de fondos existentes para permitir que a lo largo y a lo ancho del país, las instituciones de la República cuenten con fondos para llevar adelante su actividad”.
Cornejo concluyó señalando que “tenemos la convicción de que el esfuerzo fiscal que se le pide a la Nación se traducirá en el fortalecimiento presupuestario de las provincias que realizarán una rápida aplicación directa de estos fondos, con la consecuente incidencia de ello en la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro territorio. Sabemos también que hablar de esto hoy puede sonar disruptivo, pero al igual que hemos aportado proyectos en post de la solución en la cuestión de salud pública, es que también hoy creemos que es necesario establecer reglas claras para el futuro, para que, entre todos los Argentinos y desde todas las provincias, con democracia y un fuerte sentido republicano, podamos ganar la batalla al Coronavirus para la posteridad, lo que implica cubrir la urgencia actual, pero también prevenir los problemas futuros, para evitar más confusión y aportar más consenso”.
Es con motivo de la emergencia por el coronavirus. El proyecto fue presentado por el diputado radical Alfredo Cornejo.
El diputado y titular de la UCR Nacional Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley para que las empresas distribuidoras y prestadoras de servicios esenciales suspendan los cortes vinculados a atrasos o falta de pago, de los servicios de luz y gas natural, que estén bajo jurisdicción federal, durante el plazo de 180 días.
“La propuesta se enmarca en la emergencia que se ha generado con la aparición del COVID-19 y, más allá de la cuestión plenamente sanitaria, la situación genera consecuencias económicas en el sistema productivo y asimismo severas dificultades en los hogares de los argentinos”, señaló el exgobernador mendocino.
La iniciativa alcanza a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, titulares de servicios que tengan a su cargo hijos menores con discapacidad, beneficiarios del “Seguro de Desempleo”, personas o familiares de personas que se encuentren inscriptas en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud y empresas inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES.
El proyecto aclara que “la suspensión del corte de servicios o suministros no implicará modificación alguna en las condiciones de la prestación, no pudiendo las empresas efectuar ninguna alteración, ni disminución en la calidad del servicio”.
Asimismo, se invita a las provincias “a adherir a través de sus entes reguladores de jurisdicción local a estas políticas de suspensión de cortes por falta de pago de los servicios de luz y gas natural, respecto a las prestaciones que estén bajo las jurisdicciones provinciales”.
En los fundamentos del texto se indicó que se faculta “al Poder Ejecutivo a ordenar la ininterrupción de los servicios, esenciales para la vida misma, mientras dure la emergencia”.
La iniciativa de Cornejo fue acompañada con su firma por los diputados radicales Jimena Latorre, Luis Petri, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Alejandro Cacace, Diego Mestre y Víctor Romero.
El gobernador Rodolfo Suárez dispuso que toda persona que ingrese a la provincia deberá aislarse 14 días, por lo que el diputado se excusó de asistir al encuentro con el presidente.
En la cumbre que se desarrollará este miércoles en Casa Rosada, en el marco de la convocatoria del presidente Alberto Fernández a la oposición, habrá una silla vacía: la del diputado y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, quien paradójicamente no podrá asistir como consecuencia de una medida contra el coronavirus.
Cornejo envió este martes una nota dirigida a Fernández y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, en la que agradeció la citación y se disculpó por no poder asistir debido a las medidas preventivas que tomó el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez.
El legislador explicó: “Atento a la prevención de la pandemia del coronavirus, el gobierno de mi provincia ha decidido que toda persona que ingrese a Mendoza, sean argentinos o residentes en la provincia, por cualquier medio de transporte y por cualquier paso limítrofe, tiene la obligación de aislarse durante 14 días”.
“Respetando la correcta decisión del gobernador mendocino, me será imposible asistir al encuentro que me han convocado para el día de mañana en Casa Rosada”, lamentó el líder radical, aunque resaltó: “Más allá de mi ausencia, que espero comprendan que se enmarca en la prevención de la propagación del coronavirus, celebro la invitación a los representantes de la oposición”.
“Esta situación nos convoca a todos los argentinos para encontrar la inmediata solución en pos de frenar el avance de esta pandemia”, aseguró, y subrayó: “Sin dudas podrán contar con la Unión Cívica Radical, sus especialistas en salud y dirigentes, para colaborar con el Gobierno para atravesar esta crisis sanitaria”.
Al finalizar la carta, Cornejo reiteró sus disculpas por ausentarse al encuentro y se puso a disposición “para lo que entiendan necesario al respecto de esta situación”.
La iniciativa de Luis Petri y Alfredo Cornejo tiene en cuenta la situación de los espacios destinados a eventos masivos que atento a las recomendaciones oficiales deben cerrar sus puertas.
Ante la pandemia de coronavirus que tiene en vilo al mundo, donde nuestro país no es la excepción, el Gobierno ha establecido una batería de medidas priorizando la salud de la población que, más allá de las consecuencias positivas desde el punto de vista sanitario, genera un impacto colateral negativo en los sectores de productivos y de servicios, que es necesario paliar con todas las herramientas con las que cuenta el Estado, a fin de impedir el quiebre de las pequeñas y medianas empresas y la consecuente pérdida del empleo.
Esa es la interpretación que hacen los diputados mendocinos Luis Petri y Alfredo Cornejo, que junto a otros colegas presentaron y proyecto proponiendo la suspensión del pago de los alquileres por 60 días correspondientes a los períodos en los cuales la autoridad pública, en sus respectivas jurisdicciones, disponga el cese de actividades consideradas como “eventos masivos”.
Es importante aclarar que “los montos adeudados deberán prorratearse en los restantes meses del año, una vez levantado el cierre dispuesto por la autoridad pública”, detalló Petri.
El decreto 260/2020 que amplía la emergencia sanitaria, en su artículo 18 expresa: “Podrá disponerse del cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones”.
“En ese sentido, es imprescindible aliviar las cargas y obligaciones que pesan sobre quienes se vean afectados por el artículo 18 del decreto 260/20”, explicó el legislador mendocino.
Por otro lado, Cornejo aseguró que “estamos refinanciando los meses en donde, por cuestiones sanitarias, el Gobierno obliga a cerrar los establecimientos. De esta manera, protegemos las fuentes de trabajo, cuidamos a los inquilinos -que de otra forma no podrían pagar- y garantizamos a los locatarios el cobro de los alquileres prorrateados en el año respecto de estos 60 días”.
Además, Petri manifestó que “la emergencia no es solo sanitaria, los sectores productivos y de servicios en nuestro país también están en riesgo”.
El diputado nacional y titular de la UCR consideró que hay que aplicar medidas para “disminuir el impacto” que el coronavirus produjo en el sector.
El diputado nacional Alfredo Cornejo (UCR) presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia económica, financiera y fiscal para la actividad turística en todo el territorio nacional por el plazo de 180 días, con motivo de las medidas aplicadas por el coronavirus.
La iniciativa indica que los beneficiarios serán las personas físicas o jurídicas que tengan como actividad principal algunas de las actividades comprendidas en la clasificación internacional uniforme de las actividades turísticas de la Organización Mundial de Turismo.
De acuerdo a la propuesta, se autoriza al Poder Ejecutivo a suspender el impuesto PAIS a la venta de servicios turísticos hacia el exterior tanto terrestres, aéreos, marítimos y de alojamiento, con el fin de facilitar la reprogramación de los mismos y los vinculados al carácter de agentes de percepción y liquidación del mismo, de las agencias de viajes y turismo mayoristas o minoristas, que efectúen el cobro de los servicios; y de las empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática, que efectúen el cobro de los mismos.
La iniciativa también habilita al Ejecutivo a reducir o suspender los aranceles que deben pagar las empresas comprendidas en la actividad turística; las sociedades de gestión colectiva con capacidad de recaudar y distribuir el pago sobre Propiedad Intelectual; SADAIC; AADI-CAPIF; SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes); ARGENTORES y DAC (Directores Argentinos Cinematográficos).
Por otra parte, establece la implementación de las medidas necesarias para que el sector acceda a los beneficios del Programa de Reactivación Productiva (REPRO) mediante trámite simplificado.
Asimismo, podrá reducir de forma gradual las contribuciones patronales y disponer la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las actividades afectadas, cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del régimen de emergencia.
También la extensión de planes de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras; la suspensión de ejecuciones fiscales y judiciales, tanto de las que estén en proceso, como de las que debieran iniciarse, contra los empresarios del sector.
El proyecto propone habilitar al Gobierno para otorgar de líneas de crédito en condiciones diferenciales, instituyendo un régimen de bonificación de tasas de interés, y contemplando amplios plazos de amortización, y períodos de gracia según el retorno de la inversión.
Por otra parte, en el caso de que el contribuyente brinde servicios relacionados con juegos de azar y apuestas, no podrá hacer uso de los beneficios establecidos en la ley para el personal vinculado a esta actividad económica.
En su artículo 5°, la iniciativa establece la creación de la Comisión de Coordinación de Políticas de Emergencia Turística, que estará conformada por un representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Turismo y Deportes y un representante del Ministerio de Desarrollo Productivo, la que deberá impulsar políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo a la actividad y la consolidación de los ya existentes.
Esta comisión convocará a funcionarios de las áreas de turismo, economía, hacienda y producción de las distintas provincias y municipios, con el objeto de implementar y coordinar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley en cada jurisdicción.
Asimismo, invita a provincias y municipios a establecer políticas de reducción de impuestos, tasas y servicios, celebrando los convenios que fuesen necesarios, durante la duración de la emergencia.
De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo podrá implementar subsidios para las tarifas vigentes de servicios públicos, eliminar de retenciones y percepciones impositivas y compensar los impuestos a través del criterio de libre disponibilidad.
En los fundamentos de la iniciativa, se señaló que la pandemia del coronavirus “ha producido un fuerte impacto en la industria turística mundial” mientras que “en Argentina existe una caída abrupta” en el sector que repercute “en toda la economía del sector y de las actividades vinculadas”.
“El esfuerzo que se demanda al sector turístico, con el objetivo de que sean cumplidos los parámetros de salubridad necesarios para disminuir el riesgo de avance del virus en nuestro país, debe ser cumplimentado con una serie de medidas a fin de disminuir el impacto que le genera en términos financieros y económicos”, subrayó el legislador y titular de la UCR.
Y agregó: “No se trata de ofrecer, a través de la emergencia, un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que disponga, ordene y desordene lo que entienda útil, sino brindarle las herramientas para actuar con responsabilidad y a la altura de las circunstancias que vive el mundo, con el objeto de que los efectos de la crisis pandémica del Covid-19 no destruyan nuestro aparato productivo”, concluyó Cornejo.
El proyecto también fue acompañado por sus correligionarios y comprovincianos Jimena Latorre, Luis Petri y Federico Zamarbide.
La semana pasada el senador misionero Maurice Closs (Frente de Todos) presentó un proyecto en el mismo sentido en la Cámara alta.
El diputado mendocino y titular de la UCR Nacional impulsa la iniciativa junto a su par Jimena Latorre. Argumentaron que se debe utilizar esta herramienta constitucional ante la “marcada división” que existe en la sociedad en torno al tema.
A días de que el Gobierno nacional envíe al Congreso el proyecto de legalización del aborto, el diputado y presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, presentó una iniciativa para que se convoque a una consulta popular vinculante.
El mendocino, junto a su par Jimena Latorre, presentó un proyecto que propone se realice una votación ciudadana por el “sí” o por el “no” a la interrupción voluntaria del embarazo y a la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral.
En caso de aprobación, la iniciativa indica que la consulta popular debería realizarse “dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos” desde su publicación en el Boletín Oficial.
Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo “a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes” y señala que éste “deberá arbitrar los mecanismos conducentes a informar a la ciudadanía sobre el contenido del proyecto que se somete a consulta”.
Los legisladores explicaron que “si bien existen algunos antecedentes de proyectos de consulta popular sobre la materia, es importante destacar que, tal como prevé nuestra Carta Magna, al consagrar esta herramienta de participación semidirecta, su finalidad es conocer la voluntad del electorado en temas de trascendental importancia y para ello la consulta tiene que encontrarse dotada de una imparcialidad tal que deje en aquel electorado la responsabilidad y atribución de expresarse conforme sus convicciones”.
En los argumentos, los mendocinos citaron al constitucionalista Daniel Sabsay, quien sostiene que “la evolución constitucional en este siglo aconseja que la participación de los habitantes de la comunidad política en el proceso de toma de decisiones no debe limitarse al voto para la elección de representantes, pues se genera la consideración del gobierno como algo ajeno a la ciudadanía y se diluye la relación entre las decisiones colectivas y la voluntad de los afectados”.
En la fundamentación del proyecto, Cornejo y Latorre señalaron el artículo 40 de la Constitución Nacional que, en relación a la consulta vinculante, prevé que “el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”.
Al recordar el nutrido debate que hubo acerca del aborto legal hace dos años, Latorre expresó que “de esa experiencia deliberativa, lejos de lograrse algún consenso, los datos objetivos nos muestran que las diferencias de argumentos, fundamentos y posturas en la sociedad argentina se profundizaron, se fundamentalizaron y actualmente configuran una temática de trascendental importancia en la que ni los argentinos, ni sus representantes, encuentran unión pacífica”.
“Somos conscientes de que la sociedad ha hecho escuchar su voz, se ha involucrado de una u otra forma, y ha tomado fervientes posturas para su defensa sin que de ello haya surgido un consenso social, sino y por el contrario, una marcada división que lleva la temática a una discusión binaria o dicotómica”, subrayó por su parte Cornejo.
El exgobernador mendocino consideró entonces que “en función de aquella marcada y radicalizada determinación social de dos posiciones, una a favor y otra en contra de la regulación por este Honorable Congreso de la Nación de la citada interrupción voluntaria del embarazo y la Educación Sexual Integral, se encuentra ampliamente acreditado uno de los supuestos de procedencia de la herramienta constitucional de la consulta popular, esto es un interrogante al cuerpo votante que pueda decidirse categóricamente por SÍ o por NO”.
Fuertes críticas desde Juntos por el Cambio tras la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal 1. “Están consiguiendo lo que buscan, la impunidad”, advirtieron.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio se manifestaron de manera crítica tras la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de dejar en libertad al exministro Julio De Vido. “Van por todo”, coincidieron al manifestar su rechazo a través de las redes sociales.
“La liberación de Julio De Vido no es otra cosa que una señal tremenda sobre la impunidad que busca el Gobierno y sus maniobras contra la Justicia”, señaló el diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.
Su comprovinciano Luis Petri expresó por su parte: “Liberan a De Vido, piden intervención del Poder Judicial de Jujuy, eliminan la Agencia de Protección de Testigos, anuncian reformas a la Justicia estrictamente vinculada a casos de corrupción. Estamos asistiendo a la ejecución del ‘Plan Impunidad 2020’”.
Otro radical, el diputado Alvaro De Lamadrid, sostuvo que “la corrupción ha sido la partera de todas nuestras desgracias. Hay dos países: el que clama por justicia y oportunidades y los que asociaron la política al delito y buscan impunidad. El Gobierno recompensa la corrupción. Sobraron bolsos faltó República”.
“Siguen liberando delincuentes, ahora le toca el turno a un peso pesado de la corrupción K, Julio De Vido”, dijo por su parte la diputada Gabriela Burgos (UCR – Jujuy), mientras que el radical santafesino Gonzalo Del Cerro señaló: “Siendo candidatos empezaron con amenazas, siendo gobierno fueron más allá, y están consiguiendo lo que buscan, la impunidad de los delitos de corrupción. La libertad de Julio De Vido es un cachetazo a la sociedad, a las víctimas de la masacre de once. Solo falta que los jueces que lo investigaron tengan que ponerse ellos la tobillera electrónica y presentarse una vez por mes a su lujoso country”.
Otros dos radicales mendocinos salieron a criticar la liberación del exministro. “Julio De Vido sale en libertad. Un daño enorme a la República y una señal inequívoca de lo que busca el Gobierno: otra vez, la independencia judicial está en peligro”, señaló Claudia Najul, en tanto que Federico Zamabride dijo que “De Vido aprovecha las trampas del sistema para zafar. El día que entendamos que la corrupción mata cambiaremos la Argentina”.
La Coalición Cívica ARI sostuvo que “el fallo del Tribunal Oral Federal número 4 sobre Julio de Vido es una liberación política”.
“No deja alertarnos que, a ochenta días de iniciado el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se haya ordenado la liberación de De Vido, un ícono de la corrupción kirchnerista”, señalaron desde la CC ARI.
“Éramos los locos, cuando allá por el año 2004 lo llamábamos el cajero de (Néstor) Kirchner. Lo denunciamos, lo investigaron y lo condenaron. Y ahora que volvieron, lo liberaron”, afirmaron. “De Vido nunca fue un preso político, pero su liberación claramente sí lo es”, agregaron.
Asimismo señalaron que “desde la Coalición Cívica ARI seguiremos luchando contra la corrupción, como lo hizo Elisa Carrió desde el inicio de su participación política, y nuestro partido desde su fundación”.
El comunicado concluye diciendo que “a dos años del juicio por la tragedia de Once seguimos esperando que la Justicia confirme la condena del tribunal oral a De Vido por su responsabilidad en el hecho”.
Lo quería Macri en ese lugar, pero Alfredo Cornejo jugó fuerte para coronar a un radical. La situación generó tensión en Juntos por el Cambio.
Nunca se llevaron bien el jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo, con Mauricio Macri mientras éste fue presidente de la Nación, y no se preocuparon demasiado por ocultarlo. Más bien lo contrario, y más ahora que el líder del Pro dejó la presidencia. Pero si antes tenía resquemores Macri por el mendocino, esos reparos se potenciaron las últimas horas a partir de la jugada del diputado nacional para ignorar el deseo del exmandatario respecto de instalar a su candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, al frente de la Auditoría General de la Nación.
Se sabía que el radicalismo quería dar pelea por ese lugar, donde pretendía instalar al dirigente Jesús Rodríguez, que hoy ocupa una auditoría en la AGN. Lo cierto es que la soterrada disputa viene desde fines del año pasado, al punto tal de que en lugar de definirse con el cambio de gobierno, se fue pateando para adelante. Hubo reuniones entre la dirigencia de Cambiemos que no llegaron a definiciones sobre el tema y, por el contrario, siempre se dejó la cuestión para resolver en el futuro.
El problema es que sobre el final de la semana el presidente del radicalismo decidió cortar por lo sano, aunque más bien se cortó solo. Según se supo, mandó sendas cartas a las presidencias de ambas cámaras para pedir ese lugar al frente de la AGN para Jesús Rodríguez. El razonamiento que sostiene la jugada de Alfredo Cornejo es que el radicalismo cuenta con más legisladores, que es lo que en definitiva define el tema. De acuerdo con el conteo que hizo el exgobernador mendocino, el radicalismo cuenta con 60 legisladores, a razón de 46 diputados y 14 senadores, mientras que el Pro suma 59 (51 diputados y 8 senadores). Pero en el macrismo hacen otras cuentas y consideran tener más, sumando aliados. Que es en definitiva lo que es Pichetto.
Los radicales incluyen en sus conteos al diputado Eduardo Brizuela del Moral y el senador Oscar Castillo, ambos del Frente Cívico y Social de Catamarca, por sendos monobloques, pero afiliados radicales en definitiva. Con todo, si la cuestión no encuentra una definición, Cornejo sugiere contar sin incluir aliados, y ahí aventajaría al Pro.
Lo cierto es que ante la indefinición, Mauricio Macri mandó a la flamante presidenta del Pro, Patricia Bullrich, a sostener a Miguel Pichetto. Conforme fue creciendo la polémica, se tensaron las relaciones en Juntos por el Cambio ante las fuertes sospechas de un acuerdo del radicalismo con el kirchnerismo para bajar a Pichetto. El acuerdo, deslizaron fuentes consultadas, consistiría en poner a Jesús Rodríguez en la AGN; a Federico Storani y Juan Manuel Casella en la Defensoría del Pueblo y al kirchnerista Remo Carlotto en la Procuración Penitenciaria Nacional.
Ante el clima tenso que se generó en la coalición opositora, el propio Pichetto salió a cortar por lo sano aclarando que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”. En declaraciones a FM Milenium, el exsenador sostuvo que “hay un planteo de ajustarse a la letra de la ley, a contar diputados, senadores”, pero aclaró que “no voy a entrar en esa, no voy a dividir el frente opositor por un cargo”.
Con todo, concedió que el tema “debería haberse acordado en el conjunto de los tres partidos”.
El radicalismo le ofrece como premio consuelo el cargo de auditor que dejará Jesús Rodríguez, a lo que Pichetto aclaró que “no tengo pensado ir como auditor, lo voy a conversar esta semana, pero no lo tengo definido”. Y como ese cargo debe ser votado en los recintos, donde el kirchnerismo puede tener interés especial en criticarlo abiertamente, Pichetto se sinceró: “Mucho interés de someterme a un espacio de decisión en la Cámara la verdad que no me interesa”.
Lo cierto es que en el sector del Pro acusan a Cornejo de querer “romper Cambiemos”, y van más allá: de “cagarse” en el liderazgo de Mauricio Macri también.
Desde el radicalismo, donde en su momento Gerardo Morales trató de convencer a Cornejo de dejarle ese lugar al elegido por Macri, prefieren hacer silencio, pero por bajo alguno recuerda todavía cuando en Diputados se quedaron sin representante por primera vez en el Consejo de la Magistratura, y otros recuerdan que a instancias de Pichetto le dieron un lugar en la lista neuquina para el Senado a Lucila Crexell, quien luego tomó el lugar dejado por la muerte de Horacio “Pechi” Quiroga y hoy se alejó de Juntos por el Cambio.
El presidente de la UCR y diputado nacional remarcó que “no puede haber un líder único de la oposición”, aunque abogó por la unidad de Juntos por el Cambio.
El diputado nacional Alfredo Cornejo afirmó que le gustaría que el próximo presidente “sea un radical”, porque quiere “que haya alternancia”, pero también remarcó su intención de que “haya unidad al interior de la coalición (Juntos por el Cambio); no pretendo yo ser el candidato”.
“No puede haber un líder único en la oposición”, señaló el titular de la Unión Cívica Radical e insistió: “Privilegio que haya hoy unidad en Cambiemos, porque si no hay unidad no va a haber alternancia. Argentina la va a pasar mal si la oposición se divide, no va a haber equilibrio de poderes”.
En declaraciones a radio Continental, el exgobernador mendocino reflexionó que “en un diseño constitucional tan altamente presidencialista, nosotros cumplimos con empoderar a Macri, pero me parece que hubo un abuso ahí”.
Por otra parte, al ser consultado por el proyecto sobre jubilaciones de privilegio enviado por el Gobierno, el legislador consideró que “todo el sistema previsional requiere una reformulación, porque se han hecho muchísimas barbaridades durante mucho tiempo”.
Para Cornejo, “rápidamente hay que buscar una fórmula de movilidad que sea más equitativa, que privilegie a los que han tenido sus 30 años de aportes y los cuide por encima del resto”.
En tanto, el opositor opinó que la deuda “es insostenible en estos tiempos” pero “se la puede hacer sostenible con una buena negociación”. “Si el Gobierno hace bien las cosas la puede hacer absolutamente sostenible. Nuestro problema es de crecimiento, no de deuda”, agregó.
“El Frente de Todos busca impunidad para gobernar”, denunció el radicalismo en un comunicado encabezado por Alfredo Cornejo.
La UCR salió a rechazar el proyecto del senador peronista Guillermo Sponek para intervenir el Poder Judicial de Jujuy. En un comunicado encabezado por el diputado y titular del partido, Alfredo Cornejo, el radicalismo denunció que “el Frente de Todos busca impunidad para gobernar”.
Tras la sesión de este jueves en la Cámara alta, Snopek presentó una iniciativa para declarar la intervención federal del Poder Judicial de la provincia donde se encuentra presa la dirigente Milagro Sala, en medio de un escándalo que involucra al presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El comunicado de la UCR vincula el proyecto de Snopek con recientes declaraciones del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien recomendó tomar esa medida; y al mismo tiempo advierte sobre la derogación del decreto que creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
“Nos cabe una sola conclusión: el Frente de Todos busca impunidad para gobernar”, sentenció el partido centenario, y continuó: “No vamos a avalar la defensa de los corruptos. La única finalidad de esta presentación es la defensa de aquellas personas que se han enriquecido a costa del Estado”.
La UCR alertó que el oficialismo “necesita impunidad para gobernar” y que “la presentación (del proyecto) configura un claro ataque a la República, al federalismo y a la autonomía de la provincia de Jujuy”.
Por último, el partido expresa su “más enérgico apoyo” al gobernador Gerardo Morales “ante esta obscena presión política por parte del Frente de Todos”. “No permitamos los argentinos el retroceso institucional que significaría este atropello”, concluye el comunicado.
“Buena parte de los senadores de la UCR ha expresado su opinión contraria”, señaló el diputado y titular del partido. También opinó sobre los aumentos a jubilados.
El diputado y titular de la UCR Alfredo Cornejo ratificó este lunes que el interbloque de senadores de Cambiemos votará de manera unánime el pliego del candidato a la Procuración General, Daniel Rafecas, y dijo que “es probable” que la posición adoptada sea en contra.
“Buena parte de los senadores de la UCR ha expresado su opinión contraria, pero lo que hemos convenido en la Mesa de Cambiemos es que la decisión de los 27 senadores, que pueden bloquear esa decisión, va a ser unánime: a favor o en contra, pero unánime”, señaló Cornejo.
Y agregó: “Es probable que la gran mayoría esté en contra, con lo cual es probable que esa sea la posición”.
De todos modos, aclaró que “cuando entre el pliego y empiece el proceso se tomará una decisión definitiva”.
Como indicó parlamentario.com, el Frente de Todos tiene 40 senadores -sin contar al tucumano José Alperovich, que está de licencia-, por lo que necesita ocho votos extra para llegar a la mayoría requerida en el recinto y avalar la postulación de Rafecas.
Es por eso que si Juntos por el Cambio sigue la línea de rechazo de la mayoría de los radicales, la designación del juez se frenará en la Cámara alta.
En diálogo con Radio Con Vos, Cornejo también criticó los anuncios presidenciales del viernes pasado respecto del aumento a jubilados, y consideró que “se está discutiendo miseria”.
El legislador observó que hay “un 50% de los jubilados que están en la mínima y se ven beneficiados por este decreto, y un 50% que se ven perjudicados”.
Para Cornejo, “el 50% que se ve beneficiado es el que entró en una moratoria, el que tiene menos años de aportes y sin embargo accedió al beneficio jubilatorio”.
Por el contrario, advirtió que se verá perjudicado “el que hizo 30 años de aportes y que se esforzó muchísimo por cumplir con la ley”.
Por eso, opinó que el “mensaje” que deja el anuncio es que “cumplir no vale la pena” y que “estar en el marco de la ley es de estúpidos, no de gente inteligente”.
El diputado radical sostuvo que los beneficiados cobran la mínima, que es “una cifra irrisoria”, mientras que “los que fueron perjudicados ganan más de 18.000 pesos como si fueran millonarios”, por lo que, concluyó, “se está discutiendo miseria”.
Según el diputado radical, la medida “en lugar de restringir designaciones, posibilita el ingreso discrecional a gusto de los funcionarios”.
El titular de la UCR y diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, criticó con dureza el decreto 132/2020 que establece una restricción por 180 días a las designaciones y contrataciones de personal para la Administración Pública Nacional.
Al referirse a la normativa, el exgobernador aseguró que “es ambiguo” porque “por un lado, se fundamenta en la necesidad de optimizar el funcionamiento del Estado haciendo especial énfasis en la atención de los sectores más vulnerados de nuestro país, pero está plagada de excepciones que contradicen el objetivo del decreto”.
“Esta medida, en lugar de restringir designaciones en la planta estatal, posibilita el ingreso discrecional a gusto de los funcionarios”, advirtió.
El legislador consideró que “las excepciones planteadas no parecen responder a optimizar funcionamiento ni a la atención de sectores vulnerados, sino que dejan absolutamente abierta la puerta para nombramientos de personal netamente político”.
“El decreto reglamenta que, en caso de fallecimiento, jubilación, renuncia, rescisión de contratos, podrán realizarse designaciones para cubrir esos lugares, una completa contradicción si el objetivo real fuera disminuir la plata de la Administración Pública”, señaló.
Para Cornejo, “al igual que hicieron con la Ley de Emergencia Económica, ponen un título rimbombante pero que poca relación tiene con el contenido”. “Restringen, pero en igual medida que establecen excepciones para burlar esa pretendida restricción”, denunció.
“En una situación de emergencia económica, es una necesidad que el Estado disminuya sus gastos y racionalice sus recursos humanos, una buena medida sería la de no cubrir las vacantes que producen”, finalizó el titular de la UCR.
