La iniciativa había ingresado a la cámara en 2021 de la mano del exsenador Alfredo Luenzo. En esta oportunidad, el chubutense Carlos Linares volvió a presentarlo.
En medio de los repudios que generó el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que encabezó la diputada nacional y candidata a vicepresidenta liberal, Victoria Villarruel, este lunes en la Legislatura Porteña, el senador oficialista Carlos Linares (Chubut) desempolvó de la mesa de entrada del Senado y volvió a impulsar un proyecto que había sido presentado hace dos años por el senador Alfredo Luenzo (MC) que condena penalmente las conductas negacionistas.
La iniciativa también condena las conductas que hagan apologías de genocidio y crímenes de lesa humanidad. “Con esta iniciativa, el carácter de funcionario público será considerado como agravante del delito, serán destituidos definitivamente de su cargo e inhabilitados para ocupar cualquier cargo público por el doble de tiempo de la condena”, explicó Linares.
El texto plantea que será reprimido con prisión de tres meses a dos años o multa equivalente hasta 100 Salario Mínimo, Vital y Móvil de acuerdo a lo que establece el Consejo Nacional de Empleo. El que públicamente negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra.
El senador chubutense piensa que las plataformas “están desvirtuando el modelo que motivó a Internet, era un concepto basado en una red inclusiva, democrática, equitativa y principalmente plural”.
En consonancia con el enfoque que brindó en las últimas horas Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, el senado Alfredo Luenzo manifestó que “el modelo de la autorregulación de las redes y plataformas digitales ha fracasado”. En ese sentido, el titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación recordó que “este es el planteo que vengo sosteniendo y que he ratificado durante toda mi gestión al frente de esta comisión, incluso más allá de los ríos de tinta de algunos con agravios y descalificaciones al que he sido sujeto por el mero hecho de poner el tema arriba de la mesa”.
El senador nacional por Chubut celebró que se están “sumando cada vez más voces” con “conceptos semejantes” a los suyos, tras las acusaciones vertidas por la exempleada Frances Haugen quien aseguró que la empresa “financia sus beneficios con nuestra seguridad” y planteó que está priorizando la rentabilidad económica por encima, incluso, del combate a las fake news y la desinformación o del discurso del odio y de discriminación de toda índole que prolifera en sus plataformas.
En ese marco, Luenzo planteó: “¿Qué dirán ahora las espadas mediáticas y políticas que defienden este modelo de concentración, basado en la monetización de datos personales?”.
Al respecto, Luenzo afirmó que “las plataformas están desvirtuando el modelo que motivó a internet, que era un concepto basado en una red inclusiva, democrática, equitativa y principalmente plural”. Por el contrario, el legislador nacional sostuvo que “el esquema actual es hoy de un mercado concentrado en pocos jugadores, que son grandes corporaciones globales, que por su tamaño y su posición terminan absorbiendo a cada nuevo emprendimiento que amenaza con plantearles competencia. Por lo tanto, el modelo vigente es el de corporaciones que fijan las condiciones a los usuarios, muy polémicas, sin respeto por su privacidad y a sus datos personales y lo están haciendo sin ningún control, con Estados nacionales casi como meros observadores del proceso”.
También enfatizó que “no es cierto que el servicio que brindan es gratuito” ya que “el modelo de negocios actual está basado, fundamentalmente, en monetizando nuestros datos personales, que se ofrecen como herramientas del marketing para segmentar los mensajes publicitarios y la oferta de productos en base a nuestro perfil de usuario”. “Los consumidores están claramente en una situación de desprotección. Porque aceptan estas condiciones de uso o prácticamente se ven obligados a vivir offline y no solo en términos de recreación, fundamentalmente en términos del proceso productivo, del intercambio cultural para sus emprendimientos y del proceso de intercambio cultural”, añadió.
Asimismo, Luenzo recordó los planteos que están realizando ADEPA en la Argentina y medios de comunicación en todo el mundo por el uso comercial de sus propiedades intelectuales.
“Por ello, necesitamos una respuesta regional y global que garantice los derechos de los usuarios”, completó.
El legislador chubutense habló sobre el proyecto de ley que busca declarar Internet como servicio público porque “la pandemia puso en evidencia que es una necesidad para todos los argentinos”.
Durante la pandemia la telecomunicación se volvió fundamental para diversas actividades, motivo por el cual el senador nacional y presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de expresión, Alfredo Luenzo (Frente de Todos – Chubut), presentó días atrás un proyecto de ley que tiene como objetivo declarar Internet como servicio público, debido a que “forma parte de los servicios esenciales en el siglo 21”.
En declaraciones por RN RADIO, Luenzo afirmó “nosotros venimos insistiendo en el carácter de internet como servicio público hace varios años”, tras lo que aseguró “creo que la pandemia nos terminó dando la razón porque es en donde más se puso en evidencia la necesidad de que todos los argentinos tengan acceso a Internet”, y detalló “en el uso de la educación a distancia, del tele trabajo, las recetas electrónicas, la atención a distancia”.
“Inclusive la conectividad es central para desarrollar conocimientos y capacidades, no solo para trabajar en nuestro territorio sino a nivel global. Hoy Internet forma parte de servicios esenciales en el siglo 21, así como en el siglo 20 lo fue la luz, el gas el agua corriente. Nadie puede negar que es importante porque cualquier trámite que se necesita hacer si o si requerís de Internet”, precisó el legislador oficialista.
La pandemia nos terminó dando la razón porque es en donde más se puso en evidencia la necesidad de que todos los argentinos tengan acceso a Internet. Forma parte de servicios esenciales en el siglo 21.
En relación al decreto establecido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló que pretenden “seguir la misma línea, pero ahora a través de una ley que le daría mayor fuerza a una iniciativa de esta característica”, y remarcó que también se busca “que el Estado intervenga en la formación de precios que deben ser justos y razonables”, no obstante dejó en claro que “bajo ningún punto de vista nos apropiamos de lo que es la rentabilidad porque si comparamos los datos del primer trimestre del 2020 y 2021, las compañías han triplicado el costo”, porque “no es un problema económico, sino político por parte de las empresas que se niegan a aceptar esta ley”.
En esta misma línea, el senador chubutense ratificó “apuntamos exactamente a los mismo tanto en lo que es acceso a Internet, telefonía móvil y telecomunicaciones. Creemos que es lo que corresponde porque son los tres pilares básicos”, y remarcó que “garantizan derechos humanos de acceso a la comunicación. El acceso a Internet te garantiza otros derechos también”.
“El Estado debe conversar con las empresas privadas porque Internet es un servicio público. Es un concepto obligatorio básico que incluye el servicio básico Internet, telefonía móvil y televisión paga. Se lo tenemos que garantizar a todos los argentinos porque son derechos”, subrayó el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de expresión.
Por último, en relación a la falta de conectividad en las escuelas expresó que la única posibilidad es “apelar a la buena voluntad de las empresas”, pero deben contar “con la asistencia del Estado y la ENACOM”.
El proyecto está siendo analizado por los asesores, que volverán a reunirse la próxima semana para trabajar sobre la iniciativa.
El titular de Sistema, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, Alfredo Luenzo, afirmó que “estamos avanzando con los acuerdos para tener una ley que declare a internet como servicio público”.
El senador nacional por Chubut realizó estas declaraciones luego de que la comisión que él preside comenzara con el trabajo legislativo para declarar a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como servicio público, esencial, estratégico en competencia. Este martes se realizó la primera reunión de asesores de la comisión donde se desarrollaron los lineamientos de la propuesta de Luenzo y también se retomaron iniciativas similares de Daniel Lovera, Silvia Sapag, Antonio Rodas, Gladys González y Juan Carlos Marino. Además se planteó la agenda de trabajo y se acordó un nuevo plenario de equipos técnicos la próxima semana.
Luenzo remarcó que desde la comisión se está promoviendo “un espacio de diálogo, de debate y de puesta en común de los distintos proyectos, que algunos de ellos fueron presentados en la cámara incluso antes de la publicación del DNU 690 del año pasado donde se estableció a la conectividad como un servicio público en competencia” al tiempo que destacó que “en general, vemos una gran coincidencia en el espíritu de todos los proyectos”.
En ese sentido, el legislador nacional resaltó “la mirada compartida en el corazón del proyecto para restaurar el artículo 15 de la Ley ‘Argentina Digital’ de 2014” y explicó a continuación que “vemos una mirada común reconociendo la necesidad de categorizar por ley a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como servicio público, esencial, estratégico en competencia”.
Luenzo, además, recordó que “Argentina Digital fue una norma impulsada por Cristina Fernández de Kirchner con amplio acuerdo en el Congreso, que fue intervenida y derogada parcialmente por Macri en forma unilateral con un DNU en diciembre de 2015 y que ahora el presidente Alberto Fernández ha intentado restituir en parte con su decreto del año pasado, el DNU 690/20 que lamentablemente se ha puesto en jaque desde la sede judicial con cautelares a medida”.
Asimismo, Luenzo destacó que también vemos coincidencias en otros dos puntos. En la necesidad de que generemos políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo entre provincias y entre regiones. Y en la promoción de la conectividad para la salud y la educación. Allí nuestra propuesta es generar las políticas necesarias para que en estos dos aspectos sea gratuito”.
El presidente de la Comisión de Sistema Medios y Libertad de Expresión manifestó también que “queremos garantizar que todos los argentinos y argentinas puedan acceder a los servicios TIC, cosa que hoy no está sucediendo”. “Y esto es fundamentalmente por falta de cobertura, por la pésima calidad del servicio en la mayor parte de pueblos y comunas del interior y a lo que se le suma una tarifa exorbitante y desproporcionada al servicio entregado. En concreto, el mercado no está resolviendo los problemas allí donde no hay rentabilidad. Y tampoco lo va a resolver. Por eso necesitamos una política pública”, subrayó al respecto.
Por otro lado, Luenzo manifestó que “queremos escuchar los aportes y opiniones de todos y establecer un proceso sano de ida y vuelta, de diálogo y de escucha” y por ello informó que “se ha dejado en claro desde la comisión la necesidad de establecer un ámbito de escucha con el sector privado tanto a los representantes de las cámaras como al sector de cooperativas y pymes, especialistas, académicos, periodistas junto a las asociaciones de usuarios y consumidores que representan el sujeto de esta iniciativa”.
Asimismo, el legislador nacional también recordó que “este Senado de la Nación ha ratificado expresamente el DNU de Alberto Fernández en materia de conectividad” y remarcó que la intención de su proyecto es el de “consolidar ese camino, agregando nuevas herramientas legislativas orientadas a plasmar el ideal igualitario en materia de comunicaciones”. “Queremos que el Congreso ratifique esta política pública de conectividad que ha recuperado el gobierno nacional y avanzar aún más reconociendo nuevos derechos para los argentinos, que tienda a reducir la brecha digital”, concluyó.
A instancias de las gestiones del senador Luenzo, se suscribió el acuerdo entre la comuna y la empresa Claro.
En un hecho histórico para la Comuna Rural de Paso del Sapo, se suscribió este martes el convenio con el sector privado que permitirá la instalación de cobertura celular 4G en nuestra localidad.
El convenio entre la comuna y la empresa Claro surgió a partir de las gestiones llevadas adelante por el senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el presidente comunal Víctor Candia.
Luenzo, que participó de la ceremonia en forma remota acompañado por el precandidato a diputado nacional Rafael de Bernardi, señaló la importancia de “trabajar de manera conjunta” y expresó: “sabemos que De Bernardi va a trabajar en ese sentido desde la Cámara de Diputados, para dar continuidad al plan de conectividad para nuestra provincia”.
A su turno, De Bernardi remarcó que “hoy a través de internet, uno se va nutriendo de un montón de información, pública y privada, que hace al desarrollo, a la educación, al trabajo, y en esto, me comprometo a trabajar en pos de que continuemos materializando proyectos como el de hoy”.
En tanto, el presidente comunal Víctor Candia sostuvo que “me pone muy contento que una localidad como la nuestra, tan alejada de las grandes ciudades, pueda avanzar en esta concreción” ya que “muchas veces nos encontramos con la dificultad de materializar gestiones por la poca población”.
Además remarcó la importancia de “lograr combinar lo público con lo privado es una gestión espectacular que como localidad pudimos concretar”
Asimismo, sostuvo que “como responsable político quiero agradecer a Marcelo Vidal, delegado provincial del ENACOM, y al equipo de trabajo del senador Luenzo, con los cuales pudimos concretar este sueño en tan poco tiempo”. “Antes para poder realizar una llamada teníamos que hacer 200 kilómetros y ahora esta inversión nos va a permitir, no solo generarlas desde el pueblo, sino que además podremos realizar muchas otras cosas que requieren del servicio de telefonía”, completó.
También expuso durante la jornada Alejandro Quiroga, quien es gerente de Relaciones Institucionales de la compañía Claro. “Paso del Sapo es el segundo destino en el país que elige la compañía para realizar esta inversión, soy del interior del país y se lo que significa este avance. Tenemos que trabajar para avanzar en mayor conectividad, por eso agradezco al senador Luenzo y a ENACOM por lograr este proyecto conjunto”, indicó.
La instalación a realizar en la Comuna, es un esquema de sitio celular de bajo mantenimiento el cual la Empresa Claro Argentina está desarrollando para pequeñas localidades y Paso del Sapo es la segunda localidad a nivel nacional en recibir esta inversión.
En el encuentro coincidieron en “la preocupación por las prácticas antidemocráticas del ministro y candidato del gobernador Federico Massoni”. “Sus políticas han sido un fracaso rotundo”, afirmó.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en la sede de la cartera en la ciudad de Buenos Aires. Tras el encuentro, el legislador nacional indicó: “compartimos la preocupación con la ministra Frederic por las prácticas antidemocráticas que con mucha soberbia viene reafirmando el ministro de seguridad del Chubut y candidato del gobernador, Federico Massoni, en nuestra querida Provincia”.
“Las políticas de Massoni han sido un fracaso rotundo”, continuó Luenzo quien lamentó que “mientras tenemos hoy su prédica de la militarización, su discurso autoritario y las sucesivas denuncias por violencia institucional, lo que muestran las estadísticas criminales es la catástrofe que está viviendo Chubut producto de la inseguridad”.
En ese sentido, el senador nacional sostuvo que “el delito no solo ha avanzado durante la gestión de Massoni” sino que “también generó un divorcio absoluto entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad por la escalada de violencia institucional”
Por consiguiente, Luenzo le agradeció a Frederic por “su vocación para contribuir con Chubut y por poner a todo su equipo a disposición de la Provincia con el objetivo de terminar con estas políticas autoritarias y erráticas, combatir el delito y capacitar en derechos humanos”.
El presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión avaló el mensaje del presidente Alberto Fernández y presentó un proyecto en ese sentido.
El senador nacional del Frente de Todos Alfredo Luenzo presentó este miércoles un proyecto de ley para declarar a internet como servicio público, luego del mensaje que dio desde Tecnópolis el presidente Alberto Fernández.
“Quería desde la presidencia de la comisión acompañar y apoyar públicamente la decisión que ha tomado el presidente de avanzar en declarar a Internet como un servicio esencial público”, anunció durante una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión el presidente de la misma.
El legislador oficialista consideró que este es “un tema central” y que el DNU 690/21 -frenado en la Justicia- fue “un gran paso” pero “lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema”.
“La conectividad es el eje central de nuestras vidas”, expresó, y señaló: “Tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su realidad con internet, pero esta no es la realidad que tiene el interior, donde el mercado no lo puede resolver”.
En esa línea, el chubutense enfatizó que “la brecha digital que tenemos en Argentina es alarmante. Hay provincias como el caso de Formosa, que apenas el 30% tiene acceso a la conectividad. Provincias como las nuestras, en la Patagonia argentina, donde rondamos el 40% y 50%. Y esto significa lisa y llanamente, en un marco de pandemia como estamos viviendo, ser excluidos del sistema educativo, de salud, del trabajo y economía del conocimiento”.
Por eso, el senador aseguró que este “acompañamiento firme” a la intención del presidente “se va a ver traducido en el día de hoy con la presentación de un proyecto de ley. Esto implica un insumo más que vamos a aportar desde el ámbito legislativo para sumarnos a la decisión que ha tomado el presidente de ir por un marco normativo legal, firme, robusto, y que realmente el acceso a internet sea una realidad, no solamente en Capital, sino en todos los rincones de la Argentina“.
El proyecto ingresó este miércoles al Senado y ratifica la declaración de “de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”. Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desarrollo relativo de provincias y regiones.
Así lo expresa el texto, que recuerda que “ssí como el gas, la electricidad y el agua fueron los servicios públicos tradicionales, los servicios de tecnologías de la información y la comunicación son los nuevos servicios públicos del siglo XXI”.
“El Poder Ejecutivo Nacional ha tomado las medidas urgentes y necesarias que la situación exige. Le corresponde ahora al Parlamento asumir su rol y sancionar la legislación de fondo que materialice políticas públicas en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación diferenciadas, que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. El ideal igualitario es el elemento sustantivo de este proyecto de ley, que trata de plasmar legalmente el mandato constitucional expresado en el artículo 75, inciso 19 de nuestro texto fundamental”, destaca Luenzo.
Al respecto, el legislador sostuvo que “tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su relación con internet pero esta no es la realidad que tiene el interior del país donde el mercado no lo puede resolver” y remarcó que “la brecha digital que tenemos en la Argentina es alarmante”.
En ese orden de ideas, el proyecto modifica el programa de Servicio Universal que tiene como objetivo “asegurar el acceso de los habitantes de la Nación a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias económicas, localización geográfica o limitaciones físicas”. Este servicio universal será actualizado con periodicidad y en un plazo no mayor a 2 años en función de “las necesidades y requerimientos sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño de la política de las TIC, las que promoverán medidas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.
Por otro lado, declara a la telefonía móvil un servicio público, esencial, estratégico en competencia.
En relación al esquema tarifario, el proyecto de ley ratifica el criterio establecido en el DNU 690/20.
En síntesis, el proyecto de ley se propone “continuar y fortalecer el camino iniciado por el Gobierno Nacional a través de los DNU 297/20, 311/20 y especialmente el DNU 690/20. En este contexto, la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia a los Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 permitirán reducir la brecha digital; el desafío central de estos tiempos”.
Presentan un proyecto de ley en la Cámara alta para sancionar la negación de crímenes de lesa humanidad. Cambiaría el Código Penal. Prevé penas de un mes a un año de prisión. Ser funcionario será un agravante.
Se presentó en el Senado un proyecto de ley que establece sanciones penales a quienes tengan conductas negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa lleva la firma del peronista chubutense Alfredo Luenzo y fue girada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que encabeza el oficialista neuquino Oscar Parrilli.
El proyecto de ley de “Sanción Penal a Conductas Negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad” modifica el artículo 213 del Código Penal para reprimir “con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.
La iniciativa, además, reprime con “prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos, vital y móvil” al que públicamente “negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.
Además, el “carácter de funcionario público será considerado como agravante del delito”, al considerar su “destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena”.
En sus fundamentos, la iniciativa tiene por objeto “castigar a quienes nieguen genocidios o crímenes de lesa humanidad incluyendo, obviamente, los cometidos durante la última dictadura cívico militar”.
“Son comportamientos y discursos que niegan determinadas realidades y hechos históricos relevantes, percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia”, menciona la iniciativa.
Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado avalaron una iniciativa consensuada entre dos propuestas de senadores oficialistas.
En un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, oficialismo y oposición avanzaron con el dictamen favorable de un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU).
La bonaerense Gladys González (Pro) destacó que la iniciativa se conversó con “los diferentes sectores que tratan el reciclado de neumáticos”, algo que representa “un problema enorme para la gestión de nuestros municipios”. Por eso, celebró aportar a una “solución de este tema”, y anticipó que hay “otros temas de economía circular que están en agenda” y serán tratados próximamente.
Autor de uno de los dos proyectos que se unificaron, el chubutense Alfredo Luenzo (FdT) destacó que hace cuatro años viene impulsando la propuesta, sobre la cual ahora se trabajó en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que colaboró en el consenso del texto.
“Hemos llegado a un buen proyecto”, ponderó el legislador, que señaló que Argentina “es uno de los pocos países que todavía no tiene este tipo de normativas”. Al explicar la iniciativa, el oficialista dijo que “tiende a reducir la disposición final de los NFU” e ” impulsar y promover” su gestión integral.
Luenzo indicó que “una de las claves que tiene el proyecto es la responsabilidad extendida del productor”, un concepto que “deberíamos empezar a trabajarlo en otro tipo de residuos”.
El proyecto contempla la prevención, la reutilización, el reciclado, el coprocesamiento y la disposición final. “Los productores de neumáticos deberán constituir asociaciones que tengan un alcance nacional”, informó, al tiempo que “las autoridades jurisdiccionales competentes van a establecer convenios con las asociaciones y productores”.
“En Argentina hoy se generan aproximadamente 130 mil toneladas al año de residuos de neumáticos sin ningún tipo de tratamiento o reciclado”, precisó el senador, y agregó que “este tipo de residuos terminan en basureros a cielo abierto, terminan en residuos sanitarios generando contaminación y la afectación a la salud pública sin ningún tipo de control”. En ese sentido, ejemplificó que “las cubiertas abandonadas son un lugar propicio para el dengue”.
Sin embargo, los neumáticos en desuso “poseen una gran capacidad de reciclado; casi el 90% de estos productos pueden ser reciclados, y ahí interviene el concepto de economía circular o verde. Se pueden reciclar los neumáticos usados enteros o bien convertirlos en otros productos nuevos”. “Esto no solo es beneficio para el ambiente, sino para la creación de una nueva industria”, completó.
Por su parte, la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT), autora del otro proyecto en cuestión, destacó las reuniones que también se mantuvieron “con todos los actores latinoamericanos del sector”. “Quiero poner en valor la experiencia de Chile, Brasil y Uruguay, que ya van un poco a la vanguardia en este tema“, sostuvo.
La oficialista contó además que en su provincia, durante el verano pasado, se extrajeron del lago Nahuel Huapi “más de 150 neumáticos fuera de uso. Fue una noticia que nos entristeció mucho”.
En su intervención, reconoció que el proyecto “es mejorable”, pero abogó por “trabajar en la reglamentación, en la implementación y fiscalización” de la ley.
Durante el plenario, el fueguino Pablo Blanco (UCR) planteó un pedido especial: “Mi preocupación es su aplicación en la provincia a la que represento, porque Tierra del Fuego está dentro de un régimen económico especial con liberación de impuestos, entonces se hace muy difícil el reciclado fuera del ámbito de la provincia, ya sucede con otros temas”.
“Por supuesto voy a acompañar esta norma”, garantizó el radical, pero solicitó que se tenga en cuenta “un apartado a los efectos de que podamos fijar un régimen especial para que Tierra del Fuego esté incluida en ley y pueda ser de fácil cumplimiento”.
Para el chaqueño Antonio Rodas (FdT), esta iniciativa “es una demostración de cómo se va a seguir impulsando todo lo que tiene que ver con economía circular”. “Abandonar el modelo de la economía lineal es un gran desafío y es uno de los compromisos que tenemos con el desarrollo sostenible, asumidos a nivel internacional”, añadió.
En el encuentro, el chubutense Mario Pais (FdT) recomendó pulir el texto en cuanto a técnica legislativa, con modificaciones que fueron aceptadas por los autores; mientras que el porteño Mariano Recalde (FdT) pidió incluir dentro de los agentes de la norma a las asociaciones sindicales.
Un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales se reunirán este miércoles, desde las 12.30.
Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirán este miércoles, a partir de las 12.30, para debatir sobre iniciativas que buscan establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso.
Sobre la mesa se tendrán en consideración dos proyectos presentados por los oficialistas Alfredo Luenzo y Silvina García Larraburu. Con algunas diferencias, pero con la misma base, los textos buscan un marco regulatorio para el reciclado de estos elementos, e incluyen sanciones para quienes no cumplan la ley.
En el caso de la propuesta de Luenzo, el senador excluye de la norma a los “neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos de menores tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas”.
Según la iniciativa del chubutense, los productores de neumáticos deberán “constituir asociaciones que tengan alcance nacional”, cuyo objeto será la de “implementar y formular Sistemas de Gestión Integral de NFU (neumáticos fuera de uso)”, el cual a su vez será aprobado por la autoridad ambiental nacional que designe el Poder Ejecutivo.
Los proyectos de Sistema de Gestión Integral de NFU deberán contener “los planes y programas operativos que incluyan los mecanismos de recuperación, recolección, transporte y difusión; las técnicas y detalle del tratamiento a utilizar teniendo en cuenta la disposición final y los mecanismos para el monitoreo y control del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la ley”.
También establece la prohibición del “abandono y/o desprendimiento de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios, como así también cualquier proceso de eliminación destructivo que no impliquen su valoración”.
En tanto, el proyecto de García Larraburu habla de que “los productores son solidariamente responsables por el funcionamiento del SIG (Sistema Integral de Gestión), y los incumplimientos a las obligaciones establecidas para estos últimos serán directamente imputables a los mismos”.
“Los consumidores, usuarios y otros tenedores de NFU deberán entregar los NFU en los lugares o a las personas expresamente autorizados, puntos de colecta y CAT, para su recepción en el marco del o de los SIG aprobados”, indica otro artículo.
En los fundamentos de su propuesta, la senadora rionegrina señaló que el proyecto “adopta un esquema similar al desarrollado en los países de la región, Brasil (desde el año 1999, con su adaptación en el año 2009) y Uruguay (desde el año 2015)”.
Así lo aclararon representantes de la compañía, propiedad de Facebook, en la Comisión de Medios de Comunicación del Senado de este miércoles, aunque hay investigaciones en curso al respecto.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunió este miércoles de forma remota para debatir sobre la privacidad en las redes sociales en el marco de las nuevas políticas de privacidad de Facebook – WhatsApp que generaron mucha preocupación en la población. Para tal fin fueron invitados tanto representantes de la empresa como profesionales especializados en competencia empresarial y ciencias de la información. Desde WhatsApp aclararon que las nuevas políticas no aplican a las conversaciones personales, sino que son exclusivas para chatbots, pero la temática quedó inconclusa ya que hay investigaciones al respecto que aún están en desarrollo.
Pablo Bello, director de políticas públicas de Facebook para América Latina, destacó la relevancia de WhatsApp en la economía argentina durante la pandemia. La aplicación “ha contribuido a democratizar el acceso de las familias con menores ingresos al comercio electrónico. Durante la pandemia, 71% de los consumidores argentinos han utilizado WhatsApp para hacer compras online”, enunció.
“La política de privacidad se refiere fundamentalmente, exclusivamente, al uso de la plataforma de la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de WhatsApp, que es la plataforma que permite implementar chatbots. No es para las conversaciones personales, no es para las interacciones que tenemos regularmente a través de WhatsApp las personas. Es solamente cuando se utiliza esta plataforma que se llama WhatsApp API”, clarificó el director de políticas públicas de Facebook.
“WhatsApp no había modificado sus políticas de privacidad desde 2016”, destacó Bello, para luego aclarar que “el objetivo de la actualización es dar más transparencia”. Además, agregó, a propósito de las nuevas políticas de privacidad de la aplicación, que buscan “informar de mejor forma a los usuarios cómo funcionan los canales de comunicación con empresas, entidades públicas y organizaciones que hacen uso de la API”.
El empresario aclaró: “Solamente las personas que interactúan en la conversación tienen acceso al contenido de las conversaciones. WhatsApp no puede ver el mensaje que yo le envío al senador Luenzo o el mensaje que Luenzo le envía a la senadora Mirkin”.
No así en el caso de WhatsApp API. En ese caso, explicó el expositor, “hay un tercero involucrado, que es un desarrollador, que gestiona ese canal, que implementa ese canal y que hace que ese canal sea operativo. Entonces, el tema acá es que a diferencia de las conversaciones personales, donde no hay nadie más que las personas que están involucradas en esa conversación, cuando se utiliza la API hay un tercero involucrado”.
Por último, agregó que si bien se asume que esta actualización supone compartir más información entre WhatsApp y Facebook, esto no es así. Bello insistió: “El objetivo principal de esta actualización es informarle a los usuarios que cuando utilizan este canal a través de ese API hay un tercero”.
Rodrigo Luchinsky, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, advirtió para comenzar: “Tenemos un velo de secreto muy elevado para este tipo de investigaciones, pero podemos decir algunas cosas. Aún no hemos escuchado a las partes y no podemos apresurar ninguna conclusión”.
Luego, explicó: “En forma preliminar nosotros determinamos que las empresas del grupo Facebook tendrían una posición dominante en el mercado de las redes sociales”. “Esa posición dominante y la potencial recopilación de información irrazonable o excesiva y el hecho de compartirla con otras empresas del grupo o terceros merece, a nuestro juicio, una investigación más profunda sobre la hipótesis de lo que la ley denomina abuso de posición dominante explotativa, es decir la irrazonable recopilación de datos y la subordinación de la prestación de un servicio a la aceptación de las condiciones del servicio”.
Al finalizar, Luchinsky resumió: “Nos genera preocupación el uso de información de los usuarios de una plataforma en la cual la empresa investigada tiene posición dominante en ese mercado como mecanismo para condicionar el posicionamiento de otros mercados”.
Coincidió en este mismo sentido Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información e Investigador del CONICET, que aseguró que dada la posición dominante de Facebook, los usuarios no pueden elegir las condiciones en las que el servicio es prestado. “Además, la política de cero rating disuade a los usuarios de utilizar otras aplicaciones de mensajería”, argumentó.
Sin embargo, Bello negó que la nueva actualización signifique una mayor integración entre WhatsApp y Facebook. “WhatsApp colecta muy pocos datos de los usuarios”, agregó además.
El senador nacional Alfredo Luenzo (Frente de Todos-Chubut), presidente de la comisión, concluyó la reunión al pedir una “pausa” en el tema hasta que se resuelvan las investigaciones mencionadas por Rodrigo Luchinsky. “Una vez que tengamos esas conclusiones, del trabajo y de las hipótesis sobre las cuales estuvo trabajando la Comisión, la Secretaría de Comercio y la resolución que finalmente pueda tomar la noticia, si están de acuerdo, nos volvemos a convocar y tendremos nuevos elementos para poder poner sobre la mesa”.
El presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado dijo que se busca impulsar una ley que promueva la generación de contenidos nacionales.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo participó en forma remota del Primer Encuentro Internacional de Observatorios de la Industria Audiovisual que organizó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y del que formaron parte más de 140 representantes de toda la región.
Invitado a disertar en la mesa de apertura como presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, Luenzo planteó la necesidad de avanzar en “una agenda digital para la Argentina” y explicó que “entre los proyectos que estamos trabajando, retomando el espíritu de la ley de servicios de comunicación audiovisual, buscamos impulsar una ley que promueva la generación de contenidos nacionales y su exhibición en las diferentes plataformas”.
“Se precisa de una iniciativa de contenidos audiovisuales y de fomento de la industria nacional, de convergencia de todo el espacio audiovisual donde están presente obviamente las grandes plataformas y todo tipo de formato On Demand que hoy están convocando a las audiencias masivas y que han avanzado con mucha fuerza en estos meses a partir de la pandemia”, agregó al respecto.
En ese sentido, el legislador nacional se mostró a favor de “una regulación que amplíe la perspectiva a los servicios de comunicación audiovisual” y que se garantice una cuota de pantalla para el sector audiovisual argentino dentro de las plataformas digitales. Además, sostuvo la necesidad de una nueva ley que “reconozca y contemple la capacidad productiva de la industria local” y que se “combinen mecanismos de estímulos a la producción con lógicas de ventanas de exhibición”.
Asimismo, Luenzo se refirió a “una serie de debilidades, vacíos, superposiciones y aspectos por actualizar” que surgieron “a partir del diagnóstico sobre la estructura regulatoria nacionales en materia de medios de comunicación en general y del sector audiovisual en particular” y remarcó que “el ejemplo más relevante” de esto “radica justamente en que la regulación de los servicios audiovisuales no aborda la actividad de las plataformas emergentes, incluyendo los servicios no lineales o bajo demanda, en expansión en el contexto de la convergencia”.
Por ello, planteó la necesidad de “un marco regulatorio que permita el óptimo funcionamiento de los agentes involucrados en la producción y distribución de contenidos audiovisuales, sin entorpecer la innovación del mercado que circula alrededor de las plataformas, pero controlando aspectos importantes en pos de defender los derechos de la ciudadanía”.
Finalmente, Luenzo llamó a “preparar la legislación para la reconstrucción, empezar a diseñar ya la reconstrucción de la Argentina, una reconstrucción con solidaridad” y concluyó que “en el espacio audiovisual ampliado es necesario que actualicemos y llevemos regulación convergente allá donde están las audiencias y también a donde puede desarrollarse la producción”.
El senador nacional reclamó a los dirigentes del sector sentarse a una mesa para resolver ahí las diferencias que tengan con la política económica teniendo en consideración la crisis sanitaria imperante.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo exhortó a “la Mesa de Enlace Agropecuaria a que suspenda el lock out que afecta la comercialización de carne vacuna” y remarcó que “si estamos en una etapa de 9 días de medidas de cuidado, con un feriado largo en el medio, es esperable que se entienda la situación y que se trabaje en conjunto para que no se vea afectado el normal desenvolvimiento del mercado durante esta etapa de la estrategia sanitaria”.
“Lamentamos en un momento de emergencia la actitud del sector”, sostuvo Luenzo al respecto, y señaló que la decisión del Gobierno nacional de suspender las exportaciones vacunas tiene que ver con “una medida coyuntural para tratar de ordenar la comercialización”.
“Los funcionarios han explicado ya el ingreso de jugadores de corto plazo, que no son productores del interior, dentro del mercado de la carne en búsqueda de una rentabilidad que es extraordinaria porque hay una pandemia y estamos en una escalada mundial del precio de los alimentos. Por eso se ha querido ordenar, cuidando la mesa de los argentinos, el trabajo y la producción”, añadió.
Por otro lado, Luenzo recordó, además, que “el Gobierno nacional está haciendo un enorme aporte en términos del sostenimiento del sistema productivo en forma integral”, y que ahora “ha fortalecido el apoyo a partir del REPRO II que es inversión pública para el sostenimiento de la actividad, de la dinámica económica, donde son recursos que van a estar en ciudades y comunas de todas las provincias sosteniendo el mercado interno en plena segunda ola”.
Finalmente, Luenzo convocó “a los dirigentes de las entidades de la mesa de enlace agropecuaria a resolver las diferencias que tengan con la política económica sentados en una mesa y entendiendo que hay una situación sanitaria alarmante que precisa del trabajo en conjunto de todos”.
Senadores y diputados del Frente de Todos defendieron los anuncios realizados por Alberto Fernández este jueves en relación a la pandemia.
El senador nacional Alfredo Luenzo (Frente de Todos-Chubut) respaldó las medidas de cuidado que anunció el presidente Alberto Fernández este jueves. En ese sentido, sostuvo que “esta pandemia ha puesto no solo a la Argentina sino al mundo en una situación extremadamente delicada” y remarcó que la situación argentina es “muy difícil, con una segunda ola que se ha llevado muchas vidas, con trabajadores de la salud que no pueden más, que están agotados, con terapias intensivas al límite y un número de casos alarmante“.
“Frente a esto, el Presidente tomó una decisión junto a los gobernadores muy importante para bajar el número de contagios mientras se sigue avanzando con la campaña de vacunación que en todo el país avanza con mucha fuerza y en forma muy organizada. Por eso, tenemos que acompañar también desde la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Nos necesitamos todos. Tenemos que asumir la responsabilidad de los tiempos”, pidió el chubutense.
Mientras Fernández anunciaba el nuevo confinamiento, Luenzo participaba en forma presencial de la sesión del Senado de la Nación donde se aprobó el proyecto de ley que establece parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la pandemia Covid-19, una iniciativa que envió el Gobierno nacional como parte de la estrategia sanitaria.
Desde su banca en el recinto, el legislador nacional señaló que se trata de “una herramienta para llevar certidumbre a la sociedad, para que sepamos cómo podemos actuar ante un escenario muy dinámico, ante esta pesadilla que se está llevando miles y miles de argentinos”. En ese marco, rechazó el planteo de la oposición y lamentó que “estamos muy lejos de esa madurez institucional, de esa madurez cívica”.
La diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos-Buenos Aires) también apoyó las medidas expuestas por el Gobierno. Sentenció que “Se trata de privilegiar lo más precioso: la vida. El esfuerzo de nuestra comunidad -que es grande para todas y todos, y para algunos mucho más- vale la pena, porque la vida lo vale. Y, por supuesto, para sostener ese esfuerzo, la presencia del Estado, es fundamental”.
Además, la legisladora bonaerense opinó que “estamos en el peor momento de la pandemia, y la enfermedad y la muerte no se pueden naturalizar. En este contexto, la restricción de la circulación en las zonas con ‘Alto riesgo’ o en ‘Alarma epidemiológica’ es, literalmente, vital”.
Fuera del oficialismo, el diputado nacional José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal-Mendoza) fundamentó la decisión desde su cuenta de Twitter. “Reafirmamos nuestro apoyo a las medidas de restricción sanitarias impuestas por @alferdez, al igual que nuestro gobernador @rodysuarez y otros referentes. La pandemia se expande a toda velocidad y el sistema de salud está al borde del colapso. ¡Más que nunca debemos cuidarnos!”, publicó.
En el mismo sentido, la senadora nacional Nora del Valle Gimenez (Frente de Todos-Salta) posteó: “El general Perón nos enseñó que los verdaderos líderes en los momentos difíciles toman decisiones pensando en sus pueblos, hoy nuestro presidente@alferdez tomó una decisión pensando en la vida de los 44 millones de argentinos y argentinas. #ArgentinaUnida#CuidarteEsCuidarnos“.
En un video pregrabado difundido este jueves en cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció un nuevo confinamiento estricto para reducir los contagios de Covid-19. El mandatario aseveró que estamos “en el peor momento de la pandemia” y volvió a pedir a la población un nuevo esfuerzo para bajar la circulación, disminuir los contagios y aliviar la carga del sistema de salud.
Como parte de las nuevas medidas, el Gobierno restringirá la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en “Alto riesgo” o en “Alarma epidemiológica” (como el AMBA) desde las 0 horas del sábado 22 de mayo hasta el domingo 30 de mayo inclusive.
Además, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial, mientras que estarán habilitados los comercios esenciales y los que trabajen con envío a domicilio y con modalidad “para llevar”.
Del mismo modo, sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.
Terminados esos nueve días, medida que el presidente describió como “intensiva y temporaria”, desde el 31 de mayo y hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta este viernes, con restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios.
También en ese lapso y para favorecer aún más la baja de los contagios, se dispondrá que el fin de semana del 5 y el 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas.
En forma paralela, el Estado nacional implementará una serie de medidas adicionales con el objetivo de asistir a las empresas y a las familias. En el primer caso, las medidas abarcan la ampliación por un total de 52.000 millones de pesos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para atender a los sectores que se verán afectados por las restricciones; el incremento del monto del salario complementario para las trabajadoras y los trabajadores de los sectores críticos y la salud con una inversión prevista de 6.000 millones de pesos, y la incorporación del sector gastronómico al REPRO y la reducción de las contribuciones patronales en sectores críticos.
Para las familias, en tanto, desde este viernes y hasta fin de mes se inyectarán 18 mil millones de pesos por medio de la tarjeta Alimentar, lo que permitirá fortalecer los ingresos de aquellas con menores de hasta 14 años; se ampliará el Programa Progresar; se incrementará el alcance de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares para llegar a 700.000 personas, y se transformará el Programa Potenciar Trabajo para asociarlos con distintas actividades productivas de la economía popular.
Estas políticas son acompañadas además por un refuerzo de las partidas presupuestarias por más de 4.700 millones de pesos para asistir a los sectores de la cultura y el turismo; una inversión de 144.000 millones de pesos para reforzar el sistema de salud entre vacunas, el bono para trabajadores y trabajadoras del sector, y la reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del rubro, entre otras partidas.
El presidente afirmó que “hay ciudades y provincias que hoy tienen su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta”. Por eso defendió la necesidad de “un marco regulatorio nacional común para enfrentar la pandemia, minimizar el número de contagios y garantizar la atención hospitalaria para quien lo requiera”.
Fernández se mostró convencido de que “si se cumplen las medidas, se reducirá el impacto de la segunda ola” y aseveró que si los contagios ceden “podremos recuperar más rápidamente las actividades que temporariamente suspendemos”.
Respecto de la vacunación, insistió en que se está fortaleciendo: “En los próximos días contaremos con más de cuatro millones de dosis de vacunas. Hasta hoy siete de cada diez mayores de 60 años han recibido al menos una dosis de la vacuna. Acelerando la aplicación, en pocas semanas más habremos vacunado a la totalidad de personas en riesgo que optaron por vacunarse”.
La decisión judicial suspende el DNU de Telecomunicaciones. Para el senador chubutense “es lamentable ver sectores abusando de su posición dominante para sostener privilegios”.
El titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, Alfredo Luenzo, rechazó la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de suspender el DNU 690/20 que declaró como Servicio Público en Competencia a las Telecomunicaciones, tras darle lugar a la cautelar solicitada por la empresa Telecom.
“Están perjudicando a millones de usuarios para beneficiar a Telecom y al Grupo Clarín. Mientras toda la Argentina pone el hombro en una etapa económica y sanitaria crítica, es lamentable observar que algunos sectores abusan de su posición dominante para sostener privilegios en detrimento del resto. Es la Argentina que no queremos”, expresó Luenzo al respecto.
En esa línea, el senador nacional por Chubut respaldó “totalmente” la decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que a través de su vicepresidente Gustavo López comunicó este sábado la decisión del organismo de recurrir a la Corte Suprema de la Nación para revertir la decisión judicial.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la cautelar que solicitó Telecom Argentina con la firma de los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castineira y la disidencia de la magistrada María Claudia Caputi. Suspendieron los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del DNU 690/20. Además, de las resoluciones emitidas por el ENACOM en el marco del DNU.
Luenzo explicó que “de fondo lo que están desconociendo estos dos jueces que firmaron a favor de Clarín es a la conectividad como un derecho humano esencial”. “Están resolviendo con una mirada netamente economicista y empresarial sin interesarse y tomar nota de que que están perjudicando el pleno ejercicio de los derechos del resto de la ciudadanía”, sumó.
En ese sentido, el legislador nacional sostuvo que “en materia de conectividad, al igual que ocurre con el resto de los servicios públicos esenciales, no se puede tener una mirada excluyentemente economicista y rentista”. “Por el contrario, debe primar un concepto humanista, democrático, donde ganar dinero no signifique restringir el derecho humano de los argentinos”, subrayó.
El senador nacional remarcó que “en la pandemia quedó claro que garantizar la conectividad significa, por un lado, garantizar el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión. Pero además hoy también significa ejercer el derecho a la educación remota que fue consagrado específicamente por el Congreso Nacional en 2020; a la posibilidad de trabajar en forma remota, con el teletrabajo también como un derecho que se ha sumado a nuestro plexo normativo en plena pandemia; y a la salud con la telemedicina, también con una ley específica, pero que además la atención a distancia es un servicio que utilizan diariamente los pacientes COVID positivos y quienes están en un marco de aislamiento para el seguimiento médico de su situación de salud. Justamente, sin datos se restringe ese derecho”.
“A todo esto es a lo que la justicia le dio la espalda. De todo esto los jueces no dicen nada”, sumó.
Finalmente, Luenzo afirmó que “el DNU 690/20 de ninguna manera volvía inviable el negocio de las empresas de telecomunicaciones, como alegan”. “Por todo todo esto que menciono, lo que está haciendo el Decreto es garantizar un marco de rentabilidad en el marco de una pandemia y en consonancia la necesidad de garantizar derechos humanos básicos”, concluyó.
Así lo expuso la presidenta de la Agencia Télam y de la plataforma CONFIAR, Bernarda Llorente, en una reunión de la Comisión de Medios del Senado sobre libertad de expresión y desinformación.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunió de forma virtual este miércoles bajo la consigna “Libertad de expresión y desinformación. Herramientas y acciones frente a las fake news que atentan contra la salud pública”, a partir de la cual expusieron expertos sobre el tema. Bernarda Llorente de la agencia Télam declaró que las fake news “existen porque hay un montón de intereses en juego”, ya sean políticos, económicos o de rating.
El presidente de la comisión, el senador Alfredo Luenzo (Frente de Todos-Chubut), inició el encuentro con la afirmación de que “estamos luchando contra los trolls y los teóricos de la conspiración, que impulsan la desinformación y socavan la respuesta del brote” y “es una situación que hoy nos afecta a diario”.
El legislador del oficialismo citó a la UNESCO para definir el concepto de fake news como “toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables”.
La primera expositora fue la presidenta de la Agencia Télam y de la plataforma CONFIAR, Bernarda Llorente. Señaló que “uno no puede mentir si no conoce la verdad”, y explicó que entonces las fake news “existen porque hay un montón de intereses en juego, hay intereses políticos, hay intereses económicos y también por supuesto hay intereses hasta de rating”.
Llorente instaló además el término de la OMS “infodemia”, que explicó como “una pandemia informativa” que acompaña a la pandemia del virus. Advirtió que “lo que se puso en juego a partir de noticias falsas fue la salud, la salud física y mental” y ejemplificó con el caso de las vacunas. “Parte de la circulación de información falsa con respecto a las vacunas tiene que ver con intereses concretos en términos económicos”, sentenció.
Natalia Aruguete, investigadora del Conicet y autora junto a Ernesto Calvo del libro “Fake news, trolls y otros encantos”, ejemplificó su teoría a partir de las noticias sobre la presencialidad o no presencialidad en la escuela como diálogo polarizado. Concluyó que “las fake news y las violencias en redes sociales son una de las formas específicas de las campañas negativas en donde se está jugando es la fuertísima polarización en el discurso político”.
Laura Zommer, directora de chequeado.com, se enfocó en el fact checking, es decir “verificación de hechos” que se centra en identificar las noticias falsas en los medios de comunicación. Expuso que “el fact checking funciona. La gente no necesariamente cambia de opinión o de idea cuando ve la publicación de una verificación que desmiente un contenido que circula pero sí cambia, y esto aplica tanto para oficialismo como oposición, aún en el contexto de polarización del que sí hablamos, sí cambia su comportamiento. O sea, comparte menos aquello que fue señalado como falso”.
“A los sospechosos de siempre, que incluyen a los medios de comunicación, políticos oficialistas y opositores y los desinformadores, se suman los que no siempre dan la cara y usan las redes para aumentar las operaciones de desinformación o generan nuevas campañas”, disparó la directora de chequeado.com.
En consonancia, Ramiro Álvarez Ugarte del Centro de Estudios en Libertad de Expresión también habló de las campañas de desinformación. “Es difícil de identificar”, admitió, y agregó que “más en contextos electorales”. “Lo mismo ocurrió en la pandemia. Está el ejemplo típico de tomar cloro para curarse del coronavirus. Ese es un tipo de ejemplo de desinformación con un riesgo para la salud, pero después hay otro tipo de desinformación por ejemplo sobre modalidades de contagio”, expuso.
El presidente de la comisión cerró las exposiciones: “Creo que aprendiendo de esta manera e intercambiando opiniones es la única forma que tenemos de defendernos de las informaciones maliciosas, en el marco de la salud pública y en el marco también de la propia democracia”.
El jefe del bloque oficialista en la Cámara alta, el senador José Mayans (Frente de Todos-Formosa) aprovechó la ocasión para mencionar el caso de Aníbal Fernández y su falsa difusión como culpable del triple crimen de General Rodríguez. “No sé de qué forma tendrían que pedirle disculpas a Aníbal por la falsa información y por la destrucción que le hicieron a su persona, porque en definitiva le hicieron un daño irreparable”.
Por su lado, la senadora María Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) no dejó pasar el espacio para expresar su rechazo al comentario de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, sobre la entrega de las Islas Malvinas a cambio de la vacuna Pfizer. “Repudio plenamente los dichos de Patricia Bullrich pero también hago el llamado de atención a esos periodistas que estaban en esa mesa -por no haber respondido-”, declaró la legisladora fueguina.
En una charla organizada por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado tres expertas expusieron los problemas más urgentes relacionados a la educación y lo digital.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado llevó a cabo la charla “Ciudadanía digital: el desafío para el Siglo XXI” este miércoles en una reunión remota con la presencia de las expertas Zelmira May y Roxana Morduchowicz de parte de la UNESCO y Laura Mares como referente de Educ.ar. En el encuentro se discutieron cuestiones como la urgencia de formar a los estudiantes para el mundo digital, las brechas y el “cansancio del Zoom”. Para este año se espera la compra de 640 mil computadoras y el aumento de escuelas con conectividad, que hoy representan sólo un 30%.
La expositora Laura Mares prometió que “este año se van a comprar 640 mil computadoras”. La experta además lamentó que si bien “nos encantaría volver al modelo Conectar igualdad, en ese momento se invirtieron cerca de mil millones de dólares para dotar de computadoras y hacer formación docente en todas las escuelas del país y en marzo del año pasado mil millones de dólares era el presupuesto del programa Alimentar y después vino toda la debacle”.
En el mismo sentido comentó que “hoy está conectado cerca del 30% de las escuelas, el objetivo de máxima sería llegar al 100%”. Relativizó la importancia de la conexión al asegurar que “hoy hablamos de la presencial y la no presencial” porque “el tiempo no presencial no necesariamente es virtual y no necesariamente es sincrónico” y que los chicos “pueden hacer un montón de cosas con la computadora sin internet”.
El presidente de la comisión, el senador Alfredo Luenzo (FdT-Chubut), inició el encuentro con la aclaración de que “el tema de la educación en el mundo digital es todo un desafío” y la convicción de la virtualidad como “la única herramienta que tenemos para poder comunicarnos y para acceder a la educación” en el actual contexto de pandemia.
La especialista de programas para educación de la oficina de la UNESCO para Argentina, Paraguay y Uruguay Zelmira May mencionó las nuevas brechas que aparecieron con el Covid-19. “Nuestra región fue la región que por más tiempo mantuvo sus escuelas cerradas, más que las demás regiones en el mundo”, aseguró, y explicó que “la situación actual está forzando a muchos países a volver a la educación digital”.
May explicó que “nadie nos enseñó a vivir en el mundo digital” y por eso “la educación debe ayudar a los estudiantes a formarse como ciudadanos en un mundo digital”. Lo distinguió como “parte del derecho de ejercer una ciudadanía plena”.
Por su parte, la asesora del Programa de Ciudadanía Digital para la UNESCO Roxana Morduchowicz presentó algunos datos estadísticos. “Cuatro de cada diez argentinos están conectados las 24 hs” y “cinco de cada diez argentinos están conectados hasta que se van a dormir”, aseguró. La información se basa en encuestas realizadas antes de 2020, por lo que es muy probable que los números hayan aumentado durante la pandemia.
A continuación, la experta habló de las situaciones de riesgo que eso conlleva para niños y adolescentes, que a las más conocidas como las comunicaciones con desconocidos o el acceso a sitios no deseados agregó algunas más complejas como la falta de la neutralidad en los buscadores, los algoritmos que toman decisiones arbitrarias, el discurso del odio y las noticias falsas. “Todo esto explica la necesidad de una ciudadanía digital”, confirmó.
“El acceso es fundamental. Es el punto de partida pero no el punto de llegada. Allí es donde el trabajo recién empieza”, sostuvo la asesora de la UNESCO, que agregó que “el saber instrumental no garantiza conocimiento y el uso limitado de internet es hoy la nueva forma de exclusión”. Por eso habló de nuevas brechas digitales más allá de la relativa al acceso.
“Un ciudadano digital es quien sabe usar de manera reflexiva, crítica, ética, creativa las tecnologías e internet”. “Las dimensiones de la ciudadanía digital son: protección y seguridad, reflexión y análisis y creatividad y participación” y por eso “no podemos llamar a un joven nativo digital por la fecha de nacimiento, por la generación, sino por las competencias”. Paso seguido, Morduchowicz invitó a los senadores a desterrar el término de nativos digitales de su vocabulario.
El senador José Mayans (FdT-Formosa) solicitó la palabra en dos ocasiones, para felicitar a las expositoras y destacar la importancia de la información presentada. “No olvidemos que tuvimos un presidente que gana las elecciones prácticamente gracias a una falsa información, que fue el caso de la provincia de Buenos Aires cuando acusaron al candidato Aníbal Fernández de un crimen que obviamente no tenía nada que ver”, argumentó.
“El mismo día del cierre de escuelas, el 16 de marzo, salimos con un sitio que era un recorte de lo que es Educ.ar normalmente, que le habla al docente y a la docente y a los estudiantes en su casa”, señaló Laura Mares, gerente general del programa que el año pasado cumplió veinte años. Luego agregó que con el paso del tiempo y en vistas de que las escuelas no volvieron a abrir tuvieron que pensar otras alternativas y entonces “se acordó que el sitio sea de navegación gratuita para llegar a muchos más chicos y chicas”.
“Así como cuando nuestro hijo o nuestro nieto de dos años sabe caminar no le decimos ‘bueno, entonces andá a comprar el pan’ o ‘andá solo al jardín’, tampoco porque sepa usar internet lo tenemos que dejar usar internet solo”, explicó la experta para ejemplificar el uso responsable de las herramientas digitales en los chicos.
Además, señaló que “así como el algoritmo que decide en Amazon que si compramos un libro seguramente nos va a gustar otro también hace que las redes sociales nos muestres a los que piensan parecido a nosotros y eso es peligrosísimo porque nos convencemos de que las cosas son como las muestran ahí. Y pasan barbaridades como la que pasa en estos días con la discusión sobre las vacunas”.
La expositora identificó un “cansancio del Zoom porque para las clases tienen un componente muy fuerte de la invasión de la privacidad” ya que “tener que prender la pantalla los obliga a mostrar un lugar que no necesariamente pueden querer mostrar”. “Con el agregado además de que muchas veces están los padres y las madres al costado de los chicos mirando lo que hacen, ahí hay otro nivel de invasión”. Por eso propuso que “el tiempo sincrónico sea el cara a cara”.
El presidente de la comisión finalizó la reunión al asegurar que lo charlado “es un debate plenamente abierto y propusieron temas centrales que van a formar parte de los debates que nosotros vamos a ir proponiendo”. Concluyó haciendo énfasis en la importancia de “construirnos como ciudadanos digitales en este nuevo mundo”. Puso en agenda el tema de la siguiente charla: la desinformación.
Legisladores nacionales recibieron a representantes del sector durante una reunión remota de la Comisión de Medios del Senado. Se pasaron a la firma proyectos previstos en agenda.
Durante una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión presidida por el senador por Chubut Alfredo Luenzo (FdT), y bajo el lema “Crisis y desafíos del ecosistema audiovisual Argentino”, actores y actrices, representantes de distintos sectores relacionados al mundo audiovisual expusieron sobre la situación del sector.
El coordinador general de la Multisectorial Audiovisual, Guillermo Tello, instó a pensar en un “plan de industrialización de los contenidos audiovisuales con una lógica federal y que tenga una cuota reservada dentro de la plataforma de distribución de contenidos audiovisuales interna” así como también en la “necesidad de revalorizar la verdadera soberanía cultural”. “Es necesario analizar y evaluar y pensar nuevamente una ley de copia privada”, concluyó.
A continuación, el vicepresidente de Argentores, Sergio Vainman, apuntó que “la gente sigue queriendo ficciones” pero que “esa ficción en argentina no se produce, se mira la que producen otros”. “Tenemos que aumentar nuestra producción audiovisual”, prosiguió “tenemos que generar propiedad intelectual argentina”. “La ley de copia privada permitiría a los creadores argentinos tener un resarcimiento en función del uso indiscriminado de sus obras”.
La presidenta de Actores, Alejandra Darín, solicitó una “ampliación de derechos para nuestro sector artístico al igual que para el sector técnico y autoral” y dio a conocer que “apoyamos una caja complementaria para momentos de desocupación sostenida”. Además, resumió que “aún con el esfuerzo y la ayuda del Estado resulta insuficiente para sostener la actividad y hasta la propia subsistencia de nuestro sindicato y de nuestra obra social”. “La falta de inversión local ya es insostenible, la necesidad de producción de ficciones nacionales se hace ineludible”.
Por su parte el presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), Jorge Marrale, se mostró de acuerdo con la caja complementaria, instó a “empezar a generar políticas que sí tengan que ver con el desarrollo”, y sostuvo que “la Ley de Medios no consideró a la ficción nacional como un punto central para el desarrollo”. Seguido informó que “estamos cobrando por repeticiones, no podemos producir” y remarcó que “la ley de economía del conocimiento puede paliar esto”. Del mismo modo manifestó preocupación por “el tema de las OTT” que “no pagan” y consideró que “si el Estado no consigue que las plataformas constituyan por obligación un domicilio fiscal en Argentina vamos a seguir estando en el mismo problema”. Por último, se refirió a la copia privada: “me parece que eso hay que pelearlo otra vez para que realmente tengamos copia privada todas las sociedades de gestión. Es un derecho compensatorio”, afirmó.
En representación del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), Pablo Storino, dió a conocer que “tenemos un fuerte atraso de alrededor del 40 por ciento sobre nuestro salario” y resaltó que “la entidad audiovisual está en jaque”. “El adicional de la pandemia nos puso en una situación muy complicada a actores, actrices, autores, a todos”. A continuación, sostuvo que “estamos necesitando urgentemente que generemos las condiciones para poder poner al país en igualdad de condiciones para la recepción de fondos para la producción audiovisual”.
Por último, la vicepresidenta del Consejo Federal de Televisión Pública y Directora de los canales de Río Grande y Ushuaia, Paula Arruda, consideró “necesario crear una secretaría tecnológica” y se refirió al “próximo encendido digital: sin inversión, sin equipamiento, sin las televisoras públicas gratuitas y accesibles para todos y todas, no vamos a poder hacer ficción, no vamos a poder informar, no vamos a poder hacer un montón de cosas y mucho menos cumplir con nuestro deber de comunicar, entretener y estar cerca de la gente”. “El 50 por ciento de los canales públicos del país no se encuentra digitalizado. Tenemos inconvenientes presupuestarios para hacer ficciones. Digitalizar y tener equipos implica que podamos generar contenidos”, continuó, remarcando que “la gente necesita entretenerse, necesita el cine, la serie y a la televisión pública”.
El proyecto fue presentado por senadores de Chubut y Río Negro y declara la emergencia por 180 días en las zonas afectadas. El salteño Romero cargó contra los mapuches y acusaron a Gladys González de ir a “sacarse una foto” al lugar.
Por Carolina Ramos
El Senado aprobó este jueves la declaración de zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el departamento de Cushamen, en Chubut, y en El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses. La iniciativa fue presentada recientemente por el chubutense Alfredo Luenzo, sus pares Nancy González y Mario Pais, y los rionegrinos Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Alberto Weretilneck.
Si bien el proyecto no formaba parte de la sesión, los bloques llegaron a un acuerdo para incorporarlo sobre tablas, y finalmente se aprobó por unanimidad (59 votos), por lo que ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero a pesar del rápido acuerdo alcanzado, el debate tuvo algunos cruces picantes entre senadores del oficialismo y la oposición.
La emergencia será declarada por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo, y “se complementa con la respuesta que está dando el Gobierno nacional”, según explicó el senador Luenzo. “Es un instrumento que le permite al Ejecutivo tener las herramientas legales necesarias para consolidar el primer tramo de respuestas”, precisó el oficialista.
Al inicio del debate, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) advirtió que “estamos atacando las consecuencias y no las causas” y pidió incorporar al proyecto la cuestión de la seguridad. “Se ha instalado una violencia con ocupación de tierras, ataque a personas, quema de edificios, y hay grandes probabilidades de que los incendios a los cuales nos estemos refiriendo hayan sido causados intencionalmente”, denunció.
El salteño alertó que “tanto el gobierno de Chubut como el de Río Negro no tienen control sobre su territorio, y la Nación está haciendo una tolerancia enorme en proteger a los grupos violentos, en no aplicar el imperio de la ley, en que la Justicia no funcione”.
Acto seguido, habló de la supuesta violencia “de quienes se dicen mapuches, porque me consta que la gran mayoría de nuestros hermanos mapuches viven pacíficamente, pero hay sectores de ellos infiltrados por grupos violentos”.
Tiempo después llegó la respuesta de la chubutense Nancy González, quien recordó que “ni bien llegó el ministro de Ambiente (a la zona), lo primero que hizo fue una denuncia penal por los incendios”.
“No voy a permitir que traten a los pueblos originarios como los causales de estos incendios cuando la Justicia está investigando. Nuestros mapuches no son para nada violentos y el pueblo de Chubut tampoco”, se defendió, y remató: “Podemos fallar, pero seguridad tenemos”.
Del mismo modo, Luenzo se opuso a la propuesta de Romero y pidió trabajar, en cambio, en incorporar los delitos ambientales al Código Penal para llenar el vacío legal hoy existente. “No estigmaticemos a los pueblos. El peor error es que generalicemos. Si hubo incendios intencionales, que se juzgue a los responsables”, dijo, para dar por terminada la discusión.
En otro pasaje del debate, Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comentó que recorrió las zonas afectadas: “Lo que se vivió y se está viviendo es una tragedia”.
“No hablamos solo de bosques nativos ni de plantaciones: hablamos de las viviendas de más de 350 familias que perdieron todo. Se quedaron sin nada, literalmente”, lamentó, y agregó que además “no tienen luz ni agua”, y por eso “necesitan que la ayuda se sostenga en el tiempo”.
La senadora encendió la polémica al expresar que vio “mucho desorden” en la zona, y pidió a los gobiernos en sus distintos niveles que “ordenen la ayuda”. “Hay familias que están construyendo sus viviendas de manera precaria sobre terrenos que no son firmes”, advirtió, al mencionar la posibilidad de derrumbes o aludes con las lluvias.
Nuevamente fue la chubutense González quien recogió el guante. “No se van a construir viviendas sobre terrenos que se van a derrumbar el día de mañana, porque están trabajando con responsabilidad tanto desde el Gobierno nacional como los gobiernos municipales para que esas viviendas tengan seguridad”, retrucó.
Y luego cargó directamente contra la senadora del Pro: “No es ir a la zona, sacarse una foto y volver a Buenos Aires. Es mirar cómo se está trabajando. Nunca los intendentes de la zona ni el Gobierno nacional van a arriesgar vidas”.
Intervino entonces el fueguino Pablo Blanco (UCR), quien salió en defensa de Gladys González. “Ningún senador de nuestro interbloque fue a sacarse una foto. Fue a ver la realidad de lo que estaba sucediendo”, aclaró, y lamentó tener que “soportar opiniones de senadores que creen que el único negocio es la grieta”. “Acá está la necesidad de la gente, nadie quiere sacar un rédito político”, acotó.
Al defender el proyecto, Luenzo hizo un repaso por la asistencia brindada desde el Gobierno nacional, con “una inversión de casi 700 millones de pesos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con tres aviones hidrantes, tres helicópteros, cuatro autobombas y brigadistas de toda la Argentina”.
También mencionó el Programa “Casa Propia-Construir Futuro” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para “la adquisición de 350 viviendas precarias o de rápida ejecución para las familias que se han quedado en la calle y con lo puesto”. Y habló de “170 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción de las redes de agua potable y energía”.
Por último, informó que la ANSES dispuso que en Cushamen las jubilaciones y pensiones no contributivas de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra, y se duplicará por un mes el monto de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, lo que hace a una erogación total de 52 millones de pesos.
La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.
También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.
Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.
Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.
También se refirió a las campañas de desinformación en las redes sociales durante la pandemia y llamó a “debatir una ley en los términos del DNU 690 para garantizar a la conectividad como un derecho humano esencial”.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo fue ratificado por unanimidad como presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la cámara alta durante el encuentro remoto de este martes.
El sendor agradeció el acompañamiento de sus pares y trazó “una agenda activa” para el trabajo legislativo de este período ordinario. “Hay muchísimo trabajo que tenemos que hacer y creo que es un momento en el marco de la pandemia donde las tecnologías de la información son clave. De hecho, no estaríamos hoy funcionando si no es a través de este esquema. Pero más allá de estas posibilidades que son virtuosas, también hay otras cosas que el mundo está revisando”, dijo a continuación.
En ese sentido, Luenzo señaló que “uno de los temas que tenemos en la Argentina es volver a recuperar un marco regulatorio que esté inspirado en lo que en algún momento se entendió como la ley de contenidos audiovisuales, pero en una propuesta de ampliar a los servicios emergentes. Lo que en definitiva estoy hablando es de las plataformas digitales”, subrayó.
Al respecto, el legislador se mostró a favor de “retomar el espíritu de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en conjunto con la ley 17.741 de fomento de la actividad cinematográfica nacional y su modificatoria la ley 24.377 y todo el conjunto de políticas públicas que derogó o suspendió de hecho el gobierno anterior con el objetivo de que podamos reactivar la industria cultural nacional y generar trabajo argentino nuevamente”.
“La industria audiovisual de la República Argentina está sufriendo una asimetría cada vez más profunda y por eso tenemos que trabajar en iniciativas para la promoción de la generación de contenidos nacionales y su exhibición en las diferentes plataformas. El esquema actual perjudica a nuestra cultura, el empleo argentino en este sector tiene recursos humanos reconocidos a nivel internacional y hoy no tienen la posibilidad de estar trabajando o se encuentran en desventajas”, explicó.
Por otro lado, Luenzo sostuvo que “el otro tema es el gran debate que hoy está abriendo el mundo y es la regulación de las plataformas digitales”.
En ese marco, propuso a sus pares presentar un documento desde la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado en la Audiencia “Moderación de Contenidos en Internet y Libertad de Expresión en las Américas” organizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebrará este jueves 25 de marzo durante el próximo periodo de sesiones de la CIDH.
“Les elevé una propuesta a la comisión que ya está circulando para que impulsemos un documento en la sesión de este jueves de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en al área de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fijando una postura para un tema que se abre ahora como debate que es la Libertad de Expresión en las Plataformas”, explicó al respecto el legislador.
Luenzo contó que “la Relatoría va a funcionar en Washington” y que “está conformando un grupo de trabajo justamente para analizar la moderación de contenido que hoy está en manos solamente de las corporaciones, de remover contenidos, de editorializar y de avanzar con criterios que no era la internet que en algún momento imaginamos”.
“Ha dejado de ser una internet abierta, inclusiva, democrática, sin intervención. Por el contrario, la autorregulación ha sido un fracaso y lo que vemos hoy son plataformas que están regulando contenido de acuerdo a un criterio subjetivo que no es transparente y afecta muchas veces a la libertad de expresión”, continuó.
Al respecto, recordó además que “la Comunidad Económica Europea ha avanzado mucho desde el año 2010” y que “inclusive tiene observatorios acerca de la desinformación o fake news que son observatorios de la sociedad civil, pero creo que también dentro del ámbito de lo público ponerlos en debate”.
Finalmente, el titular de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión propuso “trabajar en un proyecto de ley en los términos del DNU 690/20” que “garantice la conectividad como un derecho humano esencial” y que “brinde herramientas al ENACOM para terminar con los que se quieren hacer los distraídos y cobran cualquiera cosa en las boletas”.
La Comisión de Medios ratificó a sus autoridades y debatió sobre las “asimetrías” y “brechas” evidenciadas por la pandemia.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunió de manera remota este martes para ratificar a sus autoridades.
Alfredo Luenzo (Frente de Todos) continuará en la presidencia, mientras que Juan Carlos Marino (UCR) seguirá como vicepresidente y Guillermo Snopek (FdT-Jujuy) como secretario.
Durante el encuentro se abrió el debate sobre las “asimetrías” en términos de conectividad, que se evidenciaron durante la pandemia.
Luenzo señaló que “tenemos un gran desafío este año, que es recuperar el marco regulatorio que está inspirado en lo que en algún momento se denominó la Ley de Contenidos Audiovisuales. Pero ahora, en una propuesta de ampliar por servicios”.
“Las plataformas digitales” hacen que haya una “asimetría cada vez más profunda” y “la desinformación en el marco de la pandemia se sigue analizando. Esto abre un debate acerca de la co-regulación de las plataformas entre los Estados y las propias corporaciones tecnológicas”, agregó el titular de la comisión.
Por su parte, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, habló del 5g. Aseguró que “el tema de las comunicaciones se ha convertido en el gran negocio del mundo” y “se va a avanzar con el tema 5g que trae otras posibilidades, para la industria, la medicina”.
Para el formoseño, esto “crea una puerta muy grande de servicios y es también un mundo de transferencias. Es oportuno que, como Estado, tengamos una visión completa de este tema y esta comisión tiene que trabajar mucho porque este tema avanza a pasos agigantados. Me parece interesante invitar a expertos en materia de comunicaciones”.
En tanto, Ana Almirón (FdT) felicitó a las autoridades “por llevar adelante una tarea tan importante como es la democratización de la comunicación”, aunque también mencionó la urgencia de la “democratización de la conectividad”.
La senadora oficialista remarcó la “brecha” y “asimetría” que existe, “sobre todo en las provincias del norte”. “Es el trabajo que tenemos que realizar desde esta comisión” porque “algunos chicos no pudieron tener acceso a todos los contenidos escolares por falta de conectividad. Además, se mal informa acerca de cuántas vacunas llegan, a dónde llegan, a quién se aplican y eso genera desinformación”, argumentó.
El debate de la conectividad continuó. Al respecto, Oscar Parilli (FdT) expresó su “apoyo a la decisión del ENACOM de haber comenzado con un largo compromiso muy demorado, incluso desde la gestión anterior no se había utilizado este fondo, en desmedro de todas las comunidades pequeñas para que tengan infraestructura”.
Recogió el guante el fueguino Pablo Blanco (UCR), que señaló: “Me parece muy bien la distribución de recursos, me gustaría que sea más federal. ¿Cuáles son los criterios que se van a tomar para la distribución? En Tierra del Fuego tenemos serios problemas de conectividad. El ENACOM tiene un criterio muy poco federal”.
El senador nacional afirmó que “el acceso a internet gratuito debe ser un derecho humano”
En el marco de una reunión virtual de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlatino, el senador nacional Alfredo Luenzo presentó elementos para una ley modelo sobre el rol de los medios de comunicación en el desarrollo, que incluya el acceso universal y gratuito a internet.
Luenzo resaltó que “la inclusión digital es un aspecto que la agenda parlamentaria debe considerar prioritaria y cuya regulación debe abordarse cuidadosamente”.
“La educación es el motor del desarrollo de los países y la sociedad, la inclusión, la movilidad social ascendente, el sostenimiento de valores, la generación de perspectivas de mediano y largo plazo son posibles a partir de proyectos educativos”, manifestó el senador.
En esa línea remarcó que “la enseñanza en línea durante la pandemia da muestra de la necesidad de extender y mejorar los servicios y plataformas, que, vale mencionar, han tenido un crecimiento exponencial por la crisis sanitaria, haciéndolos medios poderosos pero excluyentes”.
En la reunión se abordaron temas como la “desinfodemia”, y destacó “la necesidad de regular las prácticas de desinformación que producen las llamadas fake news con sanciones para quienes de manera deliberada intenten lastimar”, como también la importancia de campañas de concientización sobre uso responsable de la información.
“Sin perder ni un milímetro de los derechos que la libertad de expresión nos otorga a todos los ciudadanos y ciudadanas es importante que todos asumamos una actitud responsable en el consumo y en la distribución de información”, aclaró, al tiempo que sugirió que “cada uno preste atención a las noticias y compruebe el contenido, el medio que lo emite, el autor que lo firma, las fuentes que utiliza, las imágenes que acompaña y ante la duda, evitar compartir o difundir esa información”, concluyó.
Los senadores Gladys González y Alfredo Luenzo solicitaron la preferencia de iniciativas, en medio de la dramática situación que se vive en la Patagonia.
En medio de la dramática situación que se vive con los incendios en la provincia de Chubut, los senadores Gladys González (Pro) y Alfredo Luenzo (FdT) reclamaron durante la sesión de este jueves darle pronto tratamiento a proyectos que proponen incorporar delitos contra el ambiente en el Código Penal.
Al momento de pedir mociones de preferencia, González, titular de la Comisión de Ambiente, lamentó que “Argentina está en llamas otra vez” y “esta vez le toca a la Patagonia… es tremendo lo que estamos viendo, viviendo y presenciando, y tenemos enorme responsabilidad sobre ello de actuar”.
“El año pasado lo vimos en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe, en todo el delta del Paraná”, resaltó y precisó que, según la cuenta que lleva el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya “son más de un millón cien mil hectáreas las que se quemaron a noviembre del año pasado”, lo que equivale “a 55 veces la Ciudad de Buenos Aires en superficie. Es sumamente grave”.
La macrista recordó que el año pasado se trató la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, algo que desde Juntos por el Cambio consideraron “inaplicable y que no era una solución para lo que tenemos que enfrentar”. En ese sentido, apuntó a la necesidad presupuestaria para contar con más “brigadistas, aviones, acompañamiento”.
La legisladora bonaerense opinó que “no es suficiente con la presencia del ministro de Ambiente (Juan Cabandié); tenemos que darle recursos para que pueda actuar”. Y agregó que se necesita por parte de la Casa Rosada “la decisión política de poner los fondos”.
“Lo que sí podemos hacer desde el Congreso es avanzar en legislación donde tenemos deuda”, sostuvo González y pidió debatir su proyecto para “incorporar los delitos ambientales al Código Penal”.
En la misma línea, Luenzo enfatizó que es una “tragedia la que estamos atravesando en la comarca andina”, donde el fuego se generó por “distintas causales” y es “un tema que hay que investigar”.
Pero precisamente sobre ello, el chubutense señaló que existe un “vacío legal” a resolver, y reivindicó que en 2018 junto al fallecido Fernando “Pino” Solanas “trabajamos mucho una ley que no tuvimos posibilidad de poder darle tratamiento parlamentario”.
Ahora, el senador dijo que se insiste con el mismo proyecto, que busca establecer “penas severas, ejemplificadoras, para quienes cometan delitos en contra el ambiente”.
Sobre la iniciativa, detalló que se prevé “prisión de dos a seis años por daño o alteración de suelos, atmosfera, agua; prisión de dos a seis años también por destrucción o daño de bosques, glaciares y humedales”. Y, además, si ese incendio “causa la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años”.
“Nosotros tenemos 12 personas desaparecidas, no sabemos que pasó. Sin lugar a dudas estamos convencidos, y lo ha reconocido el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que hay causales y elementos que nos hacen sospechar que cuatro focos de manera coincidente, en un determinado horario del día, con vientos intensos y un calor donde la naturaleza estaba crocante, eso no es casualidad. Y en el mismo momento también en la provincia de Río Negro, en el El Bolsón”, explicó el oficialista.
Luenzo indicó que “se han consumido 40 mil hectáreas solo en esa comarca”, por eso a la Justicia hay que darle herramientas y “tenemos que ahondar en el Código Penal para que realmente sea ejemplificador”.
Asimismo, el legislador apuntó que el proyecto estima sanciones para “los funcionarios que miran para otro lado o que falsean cuando pedimos informes de impacto ambiental”.
Por otra parte, Luenzo propuso “declarar zona de desastre y emergencia por 180 días prorrogables en el departamento de Cushamen, en la provincia de Chubut, y la zona de El Bolsón, en el departamento de Bariloche, en la provincia de Río Negro”.
Esto consideró será una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda brindar “asistencia financiera especial” y respecto a “los vencimientos de carácter tributario, prorrogarlos, y que no afectemos a las unidades productivas”.
Alfredo Luenzo presentó una iniciativa para incoporar ese delito dentro del Código Penal.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley en la Cámara alta para incorporar el delito de ambiente y la naturaleza en el Código Penal. Así lo anunció luego de los voraces incendios en Chubut y Río Negro, por los que el Gobierno nacional impulsará una denuncia penal.
El proyecto de Luenzo fue acompañado con su firma, además, por las senadoras Nancy González y Silvina García Larraburru junto a sus pares Mario Pais, Alberto Weretilneck y Claudio Doñate.
“Hay una laguna legal hoy en día que no puede continuar porque mientras eso siga se van a repetir esas trágicas imágenes que vemos hoy en la Patagonia”, sostuvo Luenzo al respecto.
Además, subrayó que “tenemos que cambiar del actual modelo de protección indirecta que tiene hoy el ambiente a un modelo tipificado, específico” para “dar herramientas muy precisas a la justicia y se sancionen estos delitos que son muy graves”.
En relación al proyecto, el legislador nacional explicó que “se está recuperando el espíritu de una propuesta de Pino Solanas de 2019 y que perdió estado parlamentario”.
“Se incorpora este delito al Código Penal e incorpora penas duras para garantizar el mandato del art 41 de la Constitución nacional y se sumará a la nueva Ley de manejo del Fuego”, cerró.
El legislador del Frente de Todos pidió que se convoque “con humildad” a todos los sectores de su provincia.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que le “brinda una nueva oportunidad al Gobierno provincial, otra más, para finalmente escuchar al pueblo” la suspensión de la sesión de la Legislatura donde este jueves el Gobierno provincial buscaba aprobar la ley de Zonificación Minera. “Hay una ventana de oportunidad para convocar a todos los sectores de la Provincia, con humildad”, continuó.
En ese sentido, cuestionó que hayan querido aprobar la norma “entre gallos y medianoche” y reclamó que se termine con “esta actitud de impulsar leyes sin diálogo, a espaldas de la gente”.
El legislador nacional afirmó que “la minería no sólo no es la solución” a la crisis que enfrenta Chubut y aseguró que “por el contrario, va a hipotecar el futuro de las próximas generaciones”.
Luenzo explicó que “más allá de que yo no comparto esa mirada, incluso desde la postura tributarista que es justamente la que pregonan los defensores de la norma, ha quedado en evidencia que todas las proyecciones que están haciendo en términos de la masa de recursos que quedarían potencialmente para Chubut están muy errados y no tienen nada que ver con lo que realmente le dejará a la provincia que es ínfimo en comparación al daño a nuestro patrimonio natural”.
Por ello, exhortó a “ponerle fin a estas viejas recetas basadas en un modelo de más de 40 años, netamente extractivista, de primarización de la economía, que concentrará la riqueza y agravará las asimetrías de Chubut” y en su lugar resaltó la importancia de “dialogar y avanzar en una nueva política de Estado productiva”.
Asimismo, el senador nacional remarcó que “la Ley de Zonificación Minera que propone el gobierno provincial colisiona totalmente con el Acuerdo de Escazú que firmó Argentina y que ya avalamos en el Congreso”.
“Escazú exige, por ejemplo, que todo tipo de proyecto económico impulsado debe cumplir si o si con la sustentabilidad ambiental en forma integral. Los tratados internacionales son de rango superior a las leyes, lo fija nuestra Constitución Nacional y hay que respetarlos”, explicó al respecto.
Finalmente, Luenzo subrayó que “la Provincia en su conjunto está reclamando que se proteja nuestra soberanía ambiental”.
Para Fernanda Vallejos, “el fin de la impunidad de los endeudadores es condición necesaria para que el Nunca Más a la deuda sea una realidad efectiva”.
Varios legisladores salieron a respaldar, previsiblemente, los anuncios de Alberto Fernández formulados este lunes en el Congreso. La diputada Fernanda Vallejos resaltó el anuncio de la querella criminal para determinar a los responsables del préstamo que otorgó el FMI al gobierno de Mauricio Macri. El jefe de Estado sostuvo que fue “una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”. Desde 2018, la presidenta de la comisión de Finanzas presentó una serie de denuncias y proyectos contra el acuerdo, ante las irregularidades administrativas y legales del mismo.
“El fin de la impunidad de los endeudadores es condición necesaria para que el Nunca Más a la deuda sea una realidad efectiva. Por eso hoy, quienes hemos trabajado desde el momento cero contra el saqueo de la deuda, celebramos el anuncio del presidente”, expresó Vallejos, que consideró que “la lucha que muchos y muchas hemos dado, atravesados por el dolor de asistir al tercer ciclo neoliberal de sobreendeudamiento externo de nuestro país durante la presidencia de Macri, cobrará pleno sentido cuando el Estado argentino accione legalmente, como anunció el presidente”.
“Ha sido un camino regado de tragos amargos. El peor, cuando Macri volvía a meter al FMI en la Argentina… La sensación de pelear contra molinos de viento, cuando presentamos el primer pedido de informes, queriendo no creer que esa decisión sería consumada”, agregó.
La diputada camporista Gabriela Estévez celebró que se denuncie al Gobierno de Cambiemos por el préstamo recibido por el FMI, que para ella “se usó para financiar la fuga de capitales y evitar que la economía terminara de colapsar en plena campaña electoral de Macri por la reelección. El préstamo del FMI fue una estafa al pueblo argentino y sus responsables deben responder ante la justicia. Terminar con la impunidad de los endeudares seriales es la mejor manera de prevenir que esto vuelva a suceder. Por ello, respaldamos la decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar la denuncia judicial contra los autores de esta estafa”.
Asimismo la cordobesa saludó la decisión presidencial de enviar al Congreso una ley para declarar la emergencia de los servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizar las tarifas. “Cuando asumimos el Gobierno, lo primero que hicimos fue congelar las tarifas que habían aumentado estrepitosamente durante el Gobierno de Cambiemos, golpeando la economía de las familias y la capacidad adquisitiva de los salarios. Vamos a avanzar hacia un sistema de tarifas justas, razonables y asequibles, privilegiando a las familias por sobre los intereses desmedidos de las privatizadas”, precisó.
Además, celebró el llamado presidencial para “construir un gran consenso político y social contra la violencia de género que se transforme en una política de Estado. Se trata de una situación de tal gravedad que la respuesta del Estado debe estar por encima de las diferencias políticas y tener continuidad gobierne quien gobierne”.
A su turno, el senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo sostuvo que “el presidente Alberto Fernández ha marcado con mucha claridad el sendero para la Argentina, fijando una agenda de muchas leyes, con una mirada muy fuerte en la recuperación del empleo y del salario y sobre todo en que no vamos a claudicar en este camino de la recuperación de los derechos de los argentinos”. Luenzo remarcó que “para la Patagonia, es clave la mirada del gobierno nacional de trabajar en una política segmentada para enfrentar las asimetrías”. En ese sentido, sostuvo que “será fundamental en este 2021 el proyecto anunciado para promover la industria hidrocarburífera y el relanzamiento de la iniciativa Pampa Azul”.
Además, dijo que “tenemos también el fortalecimiento de la política de seguridad social, el proyecto para desdolarizar las tarifas, la propuesta para Ganancias, la convicción de reducir retenciones en la medida que se agrega más valor, el Plan de Obra Pública (en particular con el corredor Bioceánico), la confirmación de la política de sustitución de importaciones donde Tierra del Fuego tendrá un lugar muy importante en materia de electrónicos” entre otros temas que “serán los pilares de un nuevo paradigma que estamos construyendo para una Argentina productiva, incluso a pesar de la pandemia como lo están indicando los últimos datos en materia macroeconómica”.
A su vez, la senadora Silvina García Larraburu señaló que “el presidente nos invitó a sembrar la unidad nacional en la pluralidad, porque un auténtico proyecto de desarrollo sólo puede prosperar si trabajamos en pos del interés común, preservando nuestra soberanía y protegiendo a los humildes e invisibilizados”.
García Larraburu resaltó la decisión de investigar la deuda con el FMI y el compromiso de no pagarla a costa del hambre del pueblo argentino. “Cambiemos nos endeudó para que algunos pocos protagonicen la más sideral fuga de divisas de los últimos años. Nosotros creemos en un modelo productivo, en donde el crédito esté al servicio de la producción y el consumo interno”, puntualizó, para agregar luego que “tenemos una visión de futuro. La Ley de financiamiento de la ciencia y tecnología y la de economías del conocimiento, nos permitirán trazar una estrategia de desarrollo innovador de cara a los desafíos productivos y ambientales. Esperamos iniciar próximamente el debate parlamentario de los proyectos que anunció el Presidente en materia de electromovilidad, política energética, agroindustria y producción nacional de medicamentos”.
Así lo expresó el senador oficialista Alfredo Luenzo, que celebró la media sanción al proyecto que modifica la Ley de Defensa de la Competencia.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo (FdT) remarcó que “el Estado tiene que regular y garantizar la libre competencia”, luego de que la Cámara alta diera media sanción al proyecto que modifica la Ley de Defensa de la Competencia sancionada en 2018.
En ese sentido, el legislador calificó como “un paso adelante” la aprobación de la iniciativa y consideró que de conseguir la sanción definitiva en Diputados, permitirá “recuperar los sistemas de control de concentraciones económicas y de conductas anticompetitivas”.
“Queremos que la política dirija a la economía y no al revés como plantea el neoliberalismo”, enfatizó.
Respecto al proyecto, el oficialista subrayó que “fomentar la competencia en los mercados debe ser una política de Estado” ya que “significa más beneficios para los usuarios y consumidores, más calidad en los bienes y servicios, más diversidad de productos y marcas, y mejores precios; en definitiva, producto de la libre competencia”.
Por otro lado, Luenzo sostuvo que “la falta de servicio y los precios en materia de conectividad, la problemática del mercado alimentario también, nos deben llevar a reflexionar sobre este esquema tan asimétrico y de concentración que nos dejó Cambiemos”.
“La clara asimetría en conectividad entre las grandes ciudades y el interior, y entre CABA y el resto del país, es la mejor postal de esta Argentina injusta”, cuestionó el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado y lamentó: “Tenemos municipios y comunas sin servicio o un servicio de mala calidad pero tarifas exorbitantes. Eso es la concentración”.
Asimismo, el legislador expresó que “el modelo neoliberal ha fracasado rotundamente” y agregó que “lo que nos deja como resultado es un drama social, mercados concentrados, con abusos de posiciones dominantes y con PyMEs que no están en igualdad de condiciones al momento de competir con los grandes jugadores”.
“Nosotros, ahora, desde el Frente de Todos estamos defendiendo a las familias argentinas, el trabajo y la producción nacional”, finalizó.
El senador nacional advirtió que la legislación vigente “necesita ser adaptada a los cambios culturales y al avance tecnológico”.
Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, consideró que “es muy importante que avancemos en una nueva ley de protección de los datos personales”, ya que “la legislación vigente necesita ser adaptada a los cambios culturales y al avance tecnológico. Atiende cuestiones fundacionales de nuestro sistema institucional y de Derechos Humanos”.
“A partir de los desafíos que nos ha planteado la pandemia también en materia digital, en 2021 tenemos la oportunidad de trabajar en la revisión y actualización de la ley 25.326 de datos personales en conjunto con las universidades, entidades intermedias y toda la sociedad civil”, completó.
El senador nacional por Chubut realizó estas declaraciones en el marco del Día De La Protección De Datos, que se celebró este jueves en conmemoración al 40 aniversario del Convenio 108 y luego de participar de la Conferencia que organizó el Consejo de Europa y la Red Iberoamericana de Protección de Datos y donde intercambiamos conceptos con representantes de Colombia, México, Uruguay, Costa Rica, Portugal y de España.
En relación al Convenio 108, Luenzo destacó “el trabajo del Senado de la Nación que lo ratificó pese a la coyuntura sanitaria tan compleja” y aseguró que se trata de “un instrumento multilateral de carácter vinculante que es fundamental en materia de protección de datos personales y en el fortalecimiento de las garantías ciudadanas”.
Asimismo, el legislador recordó que “el Convenio 108 busca lograr unidad entre las legislaciones de los países adherentes y con ello proteger la privacidad” y resaltó que “es justamente una respuesta global en una coyuntura donde quedó de manifiesto la necesidad de avanzar en una agenda digital en Argentina y en el mundo”.
“Las Telco están haciendo un planteo político, no económico”, sostuvo el senador nacional oficialista ante los cuestionamientos de las firmas privadas, entre otras cosas al aumento de solo el 5% que autorizó el Gobierno.
Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, afirmó que “los grandes jugadores del sector de las Telecomunicaciones repartieron dividendos por más de 430 millones de dólares hace apenas 15 días, en plena pandemia, en plena emergencia social y sanitaria”, y subrayó, por ende, que “en su último comunicado en contra del DNU 690/20 y la tarifa social en materia de conectividad que impulsó el gobierno nacional, las Telco están haciendo un planteo político; no económico”.
En ese marco, Luenzo indicó que “las empresas de Telecomunicaciones han sido una de las grandes ganadoras del modelo económico anterior” y señaló que “ha sido esto justamente en detrimento de los usuarios” ya que “han aumentado la tarifa todos los últimos años muy por encima de la inflación y cuyo resultado es que hoy tenemos un servicio concentrado en torno a la Capital Federal y las grandes urbes, totalmente asimétrico, encima costoso y de mala calidad”.
“Los números de los aumentos que tuvieron en los últimos 3 años son públicos y los usuarios los conocen bien. En 2017 la suba fue de 34% contra una inflación de menos del 25%; en 2018 fue de 55,3% el incremento contra un IPC que marcó 47,6%; y el año pasado fue la mayor alza de todas: un 63,9% contra un alza del costo de vida que trepó al 53,8%”, sumó al respecto.
Asimismo, Luenzo rechazó que “el DNU 690/20 haya modificado las reglas del juego como aducen los grandes jugadores”. En ese sentido, aseguró que “fue el gobierno anterior de Cambiemos y no el Frente de Todos el que cambió las reglas de juego del sector “drásticamente” -como dicen- cuando los usuarios nos enteramos por el diario que publicaron un DNU que derogaba en forma unilateral una ley que había votado el Congreso de la Nación para armarles un marco normativo a medida de los grandes jugadores”.
“Con este marco a medida que les armaron por DNU y a espaldas del Congreso, es que hoy llegamos a este mercado concentrado y de mala calidad que evidenció la pandemia. Encima, es increíble escucharlos hablar de calidad de servicio ¿De qué calidad de servicios nos hablan los grandes jugadores del sector? Estamos al fondo de la tabla del mundo en términos de velocidad, allá por el puesto 70 del ranking”, continuó.
Respecto a la tarifa social para la conectividad, Luenzo sostuvo que “no solo la celebro, sino que además desde el Senado hemos impulsado un proyecto con una mirada similar desde 2017”. En ese sentido, explicó que “permitirá que millones de argentinos puedan acceder a una tarifa asequible, que les permitan estar conectados y al mismo tiempo fijar un piso nacional de conectividad para evitar la dispersión tarifaria que tenemos hoy en día en el interior del país”.
El chubutense recordó que “desde las empresas querían un aumento del del 20% sobre el servicio ya mismo que dejaba afuera a mucha gente en plena pandemia” e indicó que “desde Enacom se autorizó un 5% y al mismo tiempo se estableció un esquema diferencial entendiendo que la conectividad es un derecho humano de los argentinos”.
También pidió “tener en cuenta que la principal forma de acceso de internet en Argentina es a través del celular. Y dentro de este sector, más del 60% de los usuarios recurre al servicio prepago no al abono, lo cual representa la forma más costosa de acceso a internet” y remarcó que “es allí donde se incorpora esta nueva tarifa a nivel nacional”.
Por otro lado, Luenzo fue enfático al señalar que “la desregulación y la teoría del derrame fue nuevamente un profundo fracaso, que provocó muchos daños en nuestro tejido social” y recordó que “en diciembre de 2015, desde Cambiemos recibieron 34.000 kilómetros de red de fibra óptica que fue una inversión llevada adelante por el gobierno de Cristina Fernández a partir de una ley, justamente el marco jurídico que derogaron por DNU”.
“Dijeron que ese decreto iba a ser bueno, a pesar que desde el Senado les explicábamos que iba a concentrar el mercado. Pero lo cierto es que en conectividad, tampoco hubo lluvia de inversiones como prometieron y ni siquiera garantizaron la totalidad de los objetivos de las licitaciones 4G de 2014”, expresó.
Finalmente, el legislador expresó que “está claro que hay 2 modelos de país distinto”. “El Frente de Todos vino a dar vuelta la ecuación, a poner a la Argentina de pie. Y lo vamos a hacer con nuestra gente adentro. Ese es el espíritu del DNU 690/20 y de la creación de la Tarifa Social para la Conectividad”, continuó.
“Por eso, insisto: el comunicado de las Telco aduciendo servicio y reglas de juegos son políticas, no económicas”, cerró el chubutense.
Tras la sanción del aporte solidario, Alfredo Luenzo advirtió que “muchos de los que están renegando con hacer este aporte de forma personal son los mismos cuyas empresas han recibido el aporte del Estado para el pago de los salarios”.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que “en esta pandemia se puso en evidencia también la necesidad de dar el debate tanto en la Argentina como en el mundo en torno a una distribución más humanista y más equitativa de la riqueza”. Así, el legislador nacional respaldó al proyecto que crea con carácter de emergencia y por única vez un aporte solidario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia y que fue sancionado este viernes por la Cámara alta.
“El fondo de la cuestión claramente es discutir la redistribución de la riqueza en la Argentina”, afirmó a continuación.
Tras la sesión remota, Luenzo afirmó que “no es cierto que es un aporte que se hace a la fuerza como dicen algunos”, e indicó que es “un aporte que se hace en forma extraordinaria en un momento extraordinario como está viviendo la Argentina en base a un corte de carácter técnico que surge de las declaraciones juradas que cada uno ha entregado como persona física en este último año tomando en cuenta a patrimonios superiores a los 200 millones de pesos”.
En ese sentido, señaló que “de acuerdo a los datos que se han trabajado con el equipo de AFIP durante el tratamiento en comisión del proyecto, serán sujetos del aporte alrededor de 12 mil personas que representan al 1,2% del total de los contribuyentes”.
“Además, en base a los números que aportó la Oficina de Presupuesto del Congreso se podría recaudar en torno a los 400 mil millones de pesos, el 1,5% del PBI”, añadió.
Por otro lado, Luenzo lamentó que “muchos de los que están renegando con hacer este aporte de forma personal son los mismos cuyas empresas han recibido el aporte del Estado para el pago de los salarios” y remarcó que “los recursos van a ir a un circuito virtuoso”.
“Porque no es que esto va a financiar el déficit del Estado sino que va a las Pymes, a los sectores que realmente están necesitando de una ayuda extra para dinamizar la economía”, subrayó.
Finalmente, Luenzo sostuvo que “más allá de esta coyuntura, la igualdad es un tema que tenemos que discutir en el mundo”. No puede ser que 26 personas tengan la misma fortuna que 4000 millones de seres humanos. Hay algo que no está bien”, expresó.
“La rentabilidad de la energía eólica debe acompañar a la provincia de Chubut”, expresó el senador nacional.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que “en nuestra provincia, a 50 kilómetros de Comodoro Rivadavia, tenemos el Parque Eólico Manantiales Behr de YPF Luz, que el año pasado fue el mayor productor de energía renovable del país y tenemos muchos emprendimientos de este tipo”. No obstante, lamentó que “el sector no deja recursos directamente ni tampoco hay un diferencial energético para la tarifa tanto del sector productivo como de los usuarios”.
En ese marco, Luenzo presentó un proyecto en el Senado para que en sintonía con el espíritu y los beneficios de la Ley de Energías Renovables (27.191) se incorpore la posibilidad a las provincias productoras de solicitar un resarcimiento a partir del 31 de diciembre de 2025 (de acuerdo con los plazos que fija la normativa vigente) por la generación de afecciones e impactos ambientales y visuales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica”.
Luenzo trazó la necesidad de “debatir un canon eólico” y expresó que “la rentabilidad de la energía eólica debe acompañar a Chubut y todas las provincias productoras”.
“No hay contradicción entre la normativa que pretende el fomento de una actividad y la posibilidad de establecer un gravamen sobre la misma” ya que “el fomento de una actividad puede llevarse a cabo mediante reconocimiento de beneficios fiscales, ciertamente, pero también a través de otras distintas formas, manteniendo la sujeción, sin beneficio fiscal, a los tributos que resulten procedentes”, aclaró.
Asimismo, el legislador nacional sostuvo que “la promoción de las energías renovables no conlleva como necesaria consecuencia que sus instalaciones deban quedar al margen de todo tributo medioambiental” y remarcó que “los parques eólicos, al igual que cualquier obra humana, afectan el entorno, y sus efectos negativos son resentidos por el suelo, la flora y la fauna del lugar donde se instalan”.
Por ende, indicó que “se justifica plenamente la posibilidad de que las provincias productoras tengan la posibilidad de la creación de un canon eólico”.
En relación al Canon Eólico, el proyecto de ley de Luenzo sostiene que “al configurarse esta prestación, como tributo de naturaleza extra fiscal, se define su hecho imponible como la generación de afecciones e impactos ambientales adversos sobre el medio natural y, por ende, sobre el territorio, a través de la instalación de los bienes afectos a la producción de energía eólica”.
La iniciativa excluye a “las instalaciones eólicas de potencia menor o igual a 100 kW, así como los parques eólicos experimentales que lleven asociado un alto componente de investigación a I+D+I”.
Luenzo llamó a “militar mucho” el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo resaltó que es “la primera vez que el Poder Ejecutivo Nacional envía un proyecto propio” para la Interrupción Voluntaria del Embarazo y resaltó que “es un decisión histórica”, ya que “muestra el compromiso del Frente de Todos para que el Estado dé una respuesta ante este drama de tantas muertes de mujeres que se dan en la clandestinidad con una política de Estado muy contundente”.
“Vamos a militar mucho, vamos a trabajar con mucha intensidad, tenemos que acompañar un proceso de transformación cultural y una demanda social que está presente en la sociedad. Hay que luchar, estamos cerca. ¡Qué sea ley!”, exclamó Luenzo.
En ese sentido, el legislador nacional llamó a “debatir en el marco de una política sanitaria” y exhortó a “escuchar el mensaje tan contundente de la sociedad, el mensaje de los colectivos, el mensaje del Presidente, para reflexionar desde allí sin que se politice en términos electoralistas ni se mezclen dogmatismos o miradas religiosas”.
Además, Luenzo resaltó “la propuesta integral que hemos presentado en la campaña, que fue anunciada el 1ro de marzo ante la Asamblea legislativa y que ahora se está materializando en dos proyectos de ley”.
En ese sentido, sostuvo que “en esta agenda de ampliación de derechos también estamos proponiendo que una política pública para que el Estado se ponga codo a codo con todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y las acompañe”.
“Esto no es estar a favor del aborto, es estar a favor de la vida y que las mujeres tomen decisiones con su cuerpo como corresponde. Lo que tenemos que avalar es una política sanitaria no un código penal que persiga a las mujeres”, concluyó.
Un proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados fue dictaminado en un plenario de comisiones del Senado. También se analizó con especialistas el tema del “odio en tiempos de Covid”.
Recibió dictamen favorable este lunes en el Senado un proyecto para generar una línea telefónica y/o aplicación para teléfonos celulares gratuita y de fácil acceso para brindar información, contención y asesoramiento sobre violencia, maltrato y abuso infantil en todo el país.
Se trata de una modificación del artículo 44 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados.
El proyecto avanzó en un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano, presidida por Belén Tapia (UCR), y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, encabezada por Alfredo Luenzo (Frente de Todos).
Se dispone la creación de “interfaces de tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, y que promuevan su Participación”.
“Con esta modificación centralizamos en este número (102), en toda la República Argentina, esta posibilidad de acceso que nos dan las tecnologías de la información para que a través de esta línea, niños, niñas y adolescentes puedan plantear cuáles son sus problemáticas”, destacó Luenzo.
Al finalizar el plenario, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión realizó una reunión informativa con especialistas sobre la temática “Odio y riesgo en tiempos de Covid”, en relación a las plataformas web y las redes sociales.
Ernesto Calvo, docente de la Universidad de Maryland y director del Laboratorio Interdisciplinario para las Ciencias Sociales Computacionales (ILCSS), sostuvo que “las redes sociales utilizan el odio en dos formas distintas: una que es para administrar la gente y otra es para administrar las plataformas”.
“Las formas del odio tienen mecanismos que son instrumentales, que son desde las plataformas hacia los usuarios: tratar de definir quién es el que va a estar accediendo a la información y quién es el que la distribuye”, planteó el experto.
Además, consideró que “desarmar el discurso de odio no implica limitar simplemente a la gente que odia, sino que gran parte depende de limitar a las estructuras organizadas que distribuyen mensajes de odio”, y “eso es algo que requiere colaboración entre el Gobierno y las plataformas”.
“Las plataformas deben tomar responsabilidad por la transmisión de discursos de odio, de la misma manera que las tabacaleras deben responsabilizarse por las consecuencias del consumo de cigarrillo”, comparó Calvo.
Por su parte, la periodista, docente e investigadora del CONICET Natalia Aruguete hizo mención a una encuesta realizada en Argentina en relación a “si la pandemia se encuadró como un riesgo sanitario o si se enmarcó como un riesgo económico”.
Al respecto, apuntó que “la percepción de riesgo se condice fuertemente con la aceptación o no de la política sanitaria, y por ende de la identidad partidaria”.
“En los encuestados vemos un alto nivel de aprobación de la política sanitaria del Gobierno, pero quienes la desaprueban son en su mayoría a quienes la pandemia les generaba mayor temor económico que un temor sanitario”, dijo Aruguete.
Y agregó que “aquellos que se encontraban con mensajes negativos en las redes, mostraban, a posteriori, una mayor percepción de riesgo sanitario”.
Por último, instó a “pensar en qué medida las identidades partidarias también inducen a la percepción de riesgo en el marco del Covid, y en qué medida también los mensajes negativos pueden generar desaliento para compartir mensajes y al mismo tiempo incrementar la percepción de riesgo”.
El titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta valoró la visita de la funcionaria a la bicameral.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que la defensora del Público Miriam Lewin realizó una “exposición muy completa sobre el balance de sus primeros 100 días de gestión” en la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y resaltó que “dejó mucho campo para continuar gestionando en conjunto”.
En ese sentido, el vicepresidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional explicó que “la defensora está encabezando un importante proceso de reconstrucción del Organismo” y señaló que durante el encuentro remoto “se analizaron las complicaciones que han tenido los trabajadores de los medios en la pandemia, la crisis del sector audiovisual, el gran trabajo que está llevando adelante la Defensoría en términos de perspectiva de género en los medios”.
En relación a NODIO, Luenzo sostuvo que “Lewin ha sido muy clara y contestó todas las chicanas de la oposición”. “NODIO no es un organismo, es una iniciativa académica, de debate que tiene una mirada pedagógica para contribuir con la construcción de ciudadanía que es uno de los objetivos de la Defensoría”.
Además, señaló que “NODIO no tiene presupuesto asignado, sino que lo están llevando adelante los propios trabajadores de la Defensoría como llevan adelante cada una de las acciones que están impulsando”.
Por otro lado, Luenzo aseguró que es “una gran oportunidad para debatir en conjunto, sin agravios, para hallar ámbitos de respeto y de tolerancia en las redes”.
En ese marco, lamentó que “se ve en las redes una cultura del odio, de la cancelación del otro, de pequeñas tribus que frente a cualquier elemento disonante van a la descalificación del otro en forma inmediata”.
Sostuvo que “en el mundo se está discutiendo lo que está pasando en las plataformas” y exhortó a que “los dirigentes políticos tenemos que dar el ejemplo al respecto y salir del discurso de la descalificación”. “Salgamos de esa dobla vara de representantes que hablan de libertad de expresión pero después denuncian a periodistas”, completó.
Representantes del Ejecutivo expusieron ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron este martes sobre el Plan Nacional de Conectividad “Conectar”, durante una videoconferencia de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por el senador Alfredo Luenzo (Frente de Todos).
La presentación estuvo a cargo de la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom; el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Martín Olmos; el presidente de ARSAT, Néstor Pablo Tognetti; y el coordinador del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, Gonzalo Carbajal.
Al iniciar la reunión, Malcom explicó que “la lógica que subyace a la implementación del Plan tiene que ver con seguir potenciando el acceso y la universalización de determinados servicios de tecnología de la información y la comunicación”.
La funcionaria sostuvo que “el Plan Conectar está centrado en la tecnología, la inclusión y la conectividad”, y “es un Plan a mediano y largo plazo que implica la inversión que ya se inició durante 2020 en el inicio de la gestión, y que se va a continuar los próximos tres años”.
Asimismo, informó que el Plan tiene, en términos de inversión, cuatro grandes ejes, el primero de los cuales está relacionado con “restablecer el servicio de Televisión Digital Abierta (TDA)”.
“El segundo eje de inversión está vinculado con el Centro Nacional de Datos. Estamos trabajando fuertemente para poder establecer una nube del Estado: invertir en infraestructura, dotar al Estado de herramientas de gestión de última generación, restablecer soluciones integrales, seguras y transparentes”, agregó.
Luego hizo alusión a la Red Federal de Fibra Óptica, detallando que “la penetración de internet está rondando un 65% en todo el país”, y si bien “falta llegar a muchos hogares, en términos de redes estatales es la más importante de América Latina”.
Por último, Malcolm resaltó que “el Plan Satelital Geoestacionario Argentino implica no solamente retomar una lógica de ampliación de accesos y reducción de brechas”, sino también “seguir apostando a la producción nacional y local de tecnología de punta”.
A continuación, Olmos subrayó que “la implementación del Plan tiene que estar fuertemente articulada con las provincias” e informó que ya se firmaron tres convenios marco con Entre Ríos, San Juan y Tierra del Fuego.
Por su parte, Tognetti explicó que “hay muchos lugares, particularmente lugares alejados de la fibra, donde sería muy costoso o a veces complicado llegar por medios terrestres”, por lo que “el satélite es el medio más idóneo, y a costos muy razonables puede llevar internet a sitios rurales”.
Por último, Carbajal puso de relieve que “la manera de universalización de servicios que plantea la Televisión Digital nos permite crecer en el piso de canales de televisión disponibles para los ciudadanos de la Argentina”.
“La Televisión Digital Abierta arranca con un piso, para quienes tienen la cobertura terrestre hoy, de 16 canales de televisión. La cobertura que hoy tiene el sistema llega al 82% de la población”, precisó Carbajal.
La iniciativa que ahora deberá tratar Diputados garantiza no solo la presencia de mujeres y disidencias en los medios, sino también su participación en los directorios.
Por unanimidad, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves un proyecto de Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, que establece la equidad de género en los medios de comunicación públicos desde una perspectiva de diversidad sexual.
Durango explicó que el sentido de este proyecto es “erradicar los estereotipos machistas y patriarcales” y destacó que “fue fundamental el aporte del colectivo de periodistas argentinas”, así como el trabajo de asesores legislativos, quienes hicieron que la iniciativa “fuera cambiando en su forma, pero no en su esencia”.
“Necesitamos más mujeres contando lo que pasa y lo que nos pasa, escribiendo la información, decidiendo contenidos y determinando prioridades y maneras de decir, qué decir y cómo decirlo. No queremos que los hombres hablen por nosotras. Queremos tener voz”, resumió Durango.
Puntualizó que el proyecto busca “no solo el ascenso y la permanencia (de mujeres y disidencias) en sus puestos de trabajo, sino también su presencia en las políticas de los medios de comunicación”, por lo que se pide integrar “a todas las identidades de género en los directorios y espacios de toma de decisiones”.
La senadora agregó que se intenta “que los medios se sumen a la lucha contra la violencia de género”, generando “acciones para prevenir la violencia simbólica y mediática en la producción y difusión de mensajes, con perspectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad”.
Informó que según un estudio que abarcó más de 500 empresas periodísticas en 59 países, hay una “presencia mayoritaria de hombres” en los medios. “Vaya novedad”, comentó.
Durango también citó otro estudio realizado sobre cinco diarios, dos canales de televisión y una radio, que concluyó que de un total de 2.000 trabajadores, 1.393 son hombres y 624 mujeres, es decir, el 69% contra el 31%.
Ese mismo relevamiento detectó que “las mujeres solo alcanzan el 15,4% de la representación entre accionistas y solo el 21% en los altos puestos de gestión y edición”, advirtió la titular de la Banca de la Mujer.
Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, coincidió en que el proyecto fue fruto de una “construcción colectiva” y recordó que si bien originalmente hablaba de “paridad”, ese concepto “tiene que ver con una concepción binaria” y por eso se lo cambió por el de “equidad”, que consideró “mucho más inclusivo”.
Por otra parte, afirmó que este gobierno “predica con el ejemplo” al haber colocado a mujeres en puestos de dirección de los medios públicos, y mencionó a Rosario Lufrano al frente de RTA (Radio y Televisión Argentina), Bernarda Llorente en Télam, Andrea Merenzon en Radio Nacional Clásica, Mikki Lusardi en Nacional Rock y Mavi Díaz en Nacional Folklórica.
En tanto, Guadalupe Tagliaferri (UCR-Evolución) señaló que “no es que falten mujeres, y este cuello de botella no ocurre porque no seamos idóneas: hay que torcer un poco la cancha, una cancha que viene torcida ya hace muchísimos años”.
También apoyó la propuesta la radical Silvia Giacoppo: “Este es un proyecto que avanza sobre terminar con la discriminación, terminar con la desigualdad y promover la equidad de género. Es un gran avance. Deberíamos tener el mismo criterio para todos los ámbitos del Estado”.
El objetivo del proyecto aprobado es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.
¿Cuál es su alcance? Todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro, en los términos que establece la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los servicios estatales son aquellos bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E. y Télam S.E., y estarán obligados a cumplir con lo que dispone la ley, mientras que los medios de gestión privada solo deberán cumplir con el régimen de promoción que deberá crear la autoridad de aplicación.
Se considera “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual” a “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”.
La equidad deberá aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones.
Otro aspecto destacado es que debe garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables de los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal dará lugar a las sanciones de llamado de atención y apercibimiento.
Entre las múltiples funciones de la autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo, hay dos novedosas: la de promover políticas de cuidado, e impulsar el uso del lenguaje inclusivo en la producción y difusión de contenidos.
Los medios públicos deberán adecuar sus normas estatutarias y procedimientos de selección de personal a las disposiciones de la ley, y hasta tanto se garantice la equidad en la representación de los géneros, los puestos de trabajo deberán ser cubiertos de manera progresiva atendiendo a las vacantes que se produzcan.
El senador nacional se refirió a los graves incendios que afectan el interior del país, y apuntó contra “la colisión del interés que tienen los sectores que están detrás del negocio de la tierra en la Argentina”.
El senador nacional Alfredo Luenzo se refirió a los graves incendios que afectan algunas provincias del interior, y apuntó contra la “colisión del interés que tienen los sectores que están detrás del negocio de la tierra en la República Argentina”.
En diálogo con el programa radial “Edición Calificada”, el legislador fueguino también se expresó respecto a los problemas de inseguridad y educación, y remarcó que son “temas para abordar con soluciones de fondo, no simplemente desde la inmediatez”.
Sobre los incendios, indicó que cada uno “tiene una argumentación distinta. Se puede trabajar en protección de los bosques nativos, que es un desafío que en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo. No olvidemos que la sojización en el país ha crecido un 60% en los últimos años, esto también explica en parte lo que está ocurriendo”.
En este sentido, eñaló que “es un tema complejo. En la Comisión de Ambiente venimos debatiendo este tema como el de humedales pero siempre está la colisión del interés que tienen los sectores que están detrás del negocio de la tierra en la República Argentina estimulados por los intereses extranjeros que están muy presentes alrededor de esta cuestión y está la legislación que muchas veces es insuficiente para poder contrarrestar lo que es un casi un modelo productivo de nuestro país que colisiona con los intereses que uno trata de defender con el marco legislativo, como es la Ley de Bosques”.
Al ser consultado si puede haber un proyecto de ley para frenar la edificación en los lugares donde se producen incendios, el senador que integra la Comisión de Medio Ambiente respondió: “No sé si con una ley lo vamos a frenar. Por ejemplo, en la Comarca Andina, desde Bariloche hasta la localidad de Esquel, hay sectores que amparados en un reclamo legítimo de los pueblos originarios provocan estos tipos de incendios cuando no tienen la cantidad de hectáreas. Acá hay un lugar muy lindo, que es Puerto Patriada, adonde hay sectores que están reclamando por una cuestión de pueblos originarios 1.500 hectáreas, pero nadie puede demostrar realmente la potestad que se asume de facto sobre la titularidad de esas tierras, hay una tensión con los municipios y con la provincia. Y muchas veces se resuelven estas cosas de una manera que no es la mejor, provocando incendios como ocurrió años atrás”.
“Hay que hacer una discusión muy amplia, hay que ir más allá de una ley, cada tema en particular tiene que tener un abordaje distinto. Frenar los incendios forestales a partir de una ley es insuficiente. Detrás de cada incendio hay motivación distinta”, concluyó el senador sobre el tema.
Con respecto al 2° informe del Jefe de Ministros en el Senado de este miércoles dijo: “Cada senador le hace llegar su inquietud, pero de todas maneras el ida y vuelta con el Gobierno nacional es constante, este informe de la Jefatura de Gabinete de Ministros nos permite públicamente hablar de la agenda de todas las semanas. Es una práctica democrática que se viene cumpliendo, cabe destacar que el mano a mano también ocurre con cada ministro nacional. Es un paquete completo de todas las inquietudes que tienen los 72 senadores que estarán puestas en la mesa”.
Al ser consultado si uno de los temas para este miércoles será la inseguridad y la economía contestó: “No hay un tema que se pueda excluir de la agenda de Cafiero. En seguridad muchas veces hay mucho ideologismo cuando se discute y todos tienen un poquito de razón, el tema es cómo caminar en el medio. Hay que entender el porqué de la delincuencia, cuál es el germen de la delincuencia. No hay que asociar pobreza con delincuencia porque es una barbaridad. Pero este cuadro socioeconómico agudiza los problemas de seguridad, a mí no me cabe ninguna duda. Tenemos que trabajar por una Argentina inclusiva. Lamentablemente venimos de 4 años donde todos los índices demolieron una realidad que era muy distinta a la del 2015, ahora intentando recuperarlo de salir del desendeudamiento con un ahorro de 42 mil millones de dólares, poner ahora todo el esfuerzo para sacar la Argentina adelante. No se puede separar inseguridad, por un lado, economía por otro lado y asistencia social por el otro y educación. La delincuencia se combate con libros, el punto de partida para combatir la inseguridad es con educación, sé que esto nos puede llevar 20 años, que a veces vende mucho más una taser que un buen libro. Los que hoy trabajan en la coyuntura se tendrán que ocupar de eso”.
Finalmente, manifestó: “Lamentablemente hoy vivimos lo mediático. Y la agenda política está muy anclada en lo mediático. Un título te dispara una ley. Tenemos que cambiar esa lógica, para dar soluciones de fondos y no estar permanentemente legislando sobre la coyuntura, el tema es complejo no es lineal…toda esa inmediatez con que analizamos la realidad se está llevando puesta la política en nuestro país y en el mundo. Pero algún día tenemos que parar, hoy paramos por un bichito, pero algún día tenemos que parar porque queremos un mundo diferente”. Al respecto, recomendó la última encíclica del Papa Francisco, “que es un mensaje muy importante sobre la fraternidad y la amistad social”.
El miembro informante del dictamen mayoritario detalló las modificaciones que sufrió el proyecto. “Tienen que ver con aquellos que más necesitan por parte del Estado”, dijo.
Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, resaltó este viernes que los cambios a la ley de economía del conocimiento introducidos en el Senado tienen “una lógica equitativa, federal y solidaria”, y “tienen que ver con aquellos que más necesitan por parte del Estado”.
El senador del Frente de Todos señaló que la redacción final fue el fruto de dos meses de trabajo donde se consultó a los actores involucrados.
Explicó que los cambios tienen que ver con “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas; y brindar un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en las zonas favorables y en las provincias con menor desarrollo relativo”.
Al ir al detalle, el chubutense señaló que las empresas que ingresen al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado.
En el nuevo texto se aclaró que ese bono será intransferible, “para evitar maniobras poco claras de esta operatoria”, especificó Luenzo.
El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal será de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias.
Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”, según se estableció.
El bono ascenderá al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.
Otro de los cambios, apuntó Luenzo, fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” respecto del cumplimiento del régimen, a través de universidades y organismos nacionales.
El legislador precisó que el costo fiscal de la ley será de 9.500 millones de pesos este año. “Por cada dólar de costo fiscal se esperan exportar 33 dólares”, destacó, y por otra parte ejemplificó: “En un sueldo de 80.000 pesos, el beneficio sería de 10.424 pesos en reducción de aportes patronales, mientras que el retorno al Estado a través de gravámenes sería de 39.600 pesos”.
En un plenario de comisiones, el Frente de Todos corrigió el texto aprobado en la Cámara baja en junio. Juntos por el Cambio pidió seguir revisando la redacción.
El proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento recibió cambios este miércoles en un plenario de comisiones del Senado, por lo que, de ser aprobado en la próxima sesión, volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara baja tres meses atrás, pero su debate en el Senado se demoró porque el oficialismo decidió aplicarle modificaciones, aunque sin alterar el espíritu de generación de empleo y de divisas.
La nueva redacción fue consensuada con el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas y recibió dictamen favorable en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda.
Juntos por el Cambio celebró que se haya destrabado el tratamiento de la iniciativa, pero pidió seguir revisando el texto y, eventualmente, hacerle más correcciones en la sesión, algo que no fue descartado por el Frente de Todos.
“Tenemos la voluntad de seguir recibiendo todas las sugerencias para poder construir la mejor ley posible”, confirmó la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti.
El titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Exporesión, Alfredo Luenzo, destacó que la ley supone un esfuerzo de “18.000 millones de pesos” por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país.
“Las modificaciones planteadas no lesionan los ejes principales del proyecto”, aclaró el chubutense.
Explicó que, entre otras cuestiones, se buscó “brindarle un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en residentes en zonas desfavorables y en provincias con menor desarrollo relativo”, incorporando a su vez una “mirada inclusiva y de género”.
En la nueva redacción se definen “con mayor precisión” los servicios profesionales alcanzados, y se establece que las empresas deberán acreditar que el 70% de la facturación del último año esté vinculada a las actividades promovidas.
Se mantiene la “estabilidad de los beneficios”, y, por otra parte, el oficialismo dispuso que el bono fiscal a otorgar -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.
Con ese bono, las empresas podrán cancelar distintas obligaciones, a excepción del impuesto a las Ganancias.
Sobre este punto planteó dudas Martín Lousteau (UCR-Evolución), quien advirtió que “puede generar un sesgo anti-exportador, porque lo puede usar la empresa solamente para pagar impuestos, de los cuales el más importante es el IVA, y las empresas que exportan tienen un saldo técnico a favor, porque pagan el IVA durante toda la cadena, pero exportan sin IVA”.
Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las pymes, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.
Por otro lado, se elimina el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, ya que el oficialismo consideró que eso podría subsanarse en la reglamentación, o bien se podría buscar otro mecanismo de asesoramiento.
La vigencia del régimen, recordó Luenzo, será del 1ro. de enero de este año al 31 de diciembre de 2029.
“Las modificaciones tienden a un principio de mayor justicia, mayor inclusión y fundamentalmente de apoyo a los sectores más vulnerables”, resaltó el senador.
Desde Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich consideró que “hay modificaciones significativas en el proyecto que demandan cierto estudio” y pidió al oficialismo abrir una ventana de negociaciones para seguir mejorándolo de cara a la sesión.
A su vez, el radical Víctor Zimmermann coincidió en que “debiéramos hacer un mayor esfuerzo” para promover el sector, y observó que con los cambios al proyecto “hay una reducción importante de los incentivos fiscales”.
Fernández Sagasti rechazó esa visión. “Las pymes y micropymes no tienen ninguna reducción de beneficios en esta propuesta del oficialismo. Creemos que son las grandes generadoras de empleo y es donde el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo”, sostuvo.
La senadora explicó que se decidió hacerle cambios al proyecto en lugar de avanzar con el de Diputados porque no se podía corregir a través de la reglamentación. “Era imposible para el Estado controlar y hacer cumplir los requisitos de la ley”, dijo.
Por el contrario, los radicales Zimmermann y Julio Martínez reclamaron avanzar con la aprobación sin modificaciones para no retrasar más el tratamiento.
En el plenario de comisiones, Juntos por el Cambio insistió en la necesidad de volver a las sesiones presenciales a pesar de la pandemia del Covid-19. Bullrich (Pro) y Juan Carlos Marino (UCR) defendieron el amparo presentado ante la Justicia para invalidar la prórroga del protocolo virtual, que según su posición, debía ser votada por una mayoría calificada.
Ante este nuevo planteo, el misionero Maurice Closs tomó la palabra y se sinceró: “En una inmensa mayoría de las provincias, los senadores cuando volvemos vemos absolutamente alterado nuestro estilo de vida. Yo fui a seis o siete sesiones, tengo seis o siete hisopados encima y una vida totalmente alterada”.
“Cada vez que vuelvo, mis hijos no pueden ni ir al jardín… parece que es fácil, pero desde mi experiencia, esto de correr para ir al recinto, para después volver a nuestras provincias con la gente que te mira y te dice por qué fuiste a Buenos Aires, es algo que hay que dimensionarlo”, manifestó.
Marino le respondió que los trabajadores de la salud y otros esenciales “se exponen todos los días” a posibles contagios, por lo que “72 senadores tranquilamente podemos hacer el esfuerzo” de asistir al recinto.
Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto, recordó, al igual que Closs, que al regresar a las provincias, en muchas de ellas se exige cumplir los 14 días de cuarentena. “Un trabajador de la salud de Misiones, trabaja en Misiones, no tiene que venir a Buenos Aires”, le contestó a Marino.
Hacia el final, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, ratificó que el oficialismo no habilitará las sesiones presenciales en este contexto, y destacó el trabajo que vienen realizando las comisiones en forma virtual, “incluso más que cuando eran presenciales”. “No es un trabajo para menospreciar”, finalizó.
Luego de que el expresidente se refiriera al tema en la carta que difundió este fin de semana, el titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión puso a disposición ese espacio para debatir.
Al comienzo de la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de este lunes, su presidente, Alfredo Luenzo, le propuso al expresidente Mauricio Macri debatir sobre la libertad de expresión en ese ámbito.
Luenzo se refirió a la carta publicada por Macri en el diario La Nación este fin de semana, previamente a la exposición del antropólogo y asesor presidencial Alejandro Grimson, invitado a la reunión virtual.
“En las últimas horas hemos escuchado algunas declaraciones del expresidente Mauricio Macri hablando del cercenamiento, supuestamente, de algunas libertades, y puntualmente hizo referencia también a la libertad de expresión”, arrancó Luenzo.
El chubutense del Frente de Todos manifestó: “Quiero dejar un mensaje a través de esta comisión, también para el expresidente Macri: si hay algún tema que está vinculado con la libertad de expresión, aquí tiene un ámbito para poder discutirlo, poder abordar la problemática y con gusto va a ser escuchado y podremos intercambiar opiniones sobre esa mirada que tiene sobre la libertad de expresión en la Argentina que desde su criterio, supuestamente, se ve cercenada o afectada”.
El antropólogo y asesor presidencial expuso sobre los “discursos del odio” ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado.
El antropólogo y asesor presidencial Alejandro Grimson sostuvo este lunes que “el odio es lo contrario a la posibilidad de convivencia democrática”, al exponer en una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por Alfredo Luenzo.
Grimson, responsable del programa “Argentina Futura”, definió el “discurso del odio” como aquel que “alude a grupos de personas por sus condiciones sociales, culturales o políticas, o que genera agravios”.
El especialista explicó que “hoy en el mundo hay mucha investigación que se está desarrollando” sobre el tema de “cómo construir convivencia democrática en sociedades desiguales”, ya que “lo peor que se puede hacer respecto del otro es no reconocer la existencia de ese otro”.
“No es posible construir una convivencia si se niega la existencia”, subrayó Grimson, y agregó que “hay una preocupación histórica sobre la negación en Argentina, y por otro lado hay una preocupación del mundo contemporáneo, donde está creciendo el discurso del odio”.
Según el antropólogo e investigador del CONICET, hasta que no erradique ese odio, “la Argentina no va a poder desplegar toda su potencialidad”.
“Hay una desigualdad nodal, la desigualdad distributiva, económica, relacionada a la aporofobia, el desprecio y el odio hacia los pobres; por otro lado, las desigualdades de género, vinculadas a la misoginia, la homofobia y la transfobia; y también desigualdades étnico-raciales de larga data”, enumeró.
En ese sentido, señaló que “el odio muchas veces deviene en odio político, y ahí es donde la convivencia se torna imposible”, dado que “el odio es lo contrario a la posibilidad de convivencia democrática”.
“Estamos en un mundo donde el odio está creciendo, donde hay nuevos fanatismos”, advirtió, y aclaró que el odio no tiene que ver con el debate político de ideas, sino con “discursos que aluden a grupos de personas por sus condiciones sociales, culturales o políticas, o que generan agravios”.
El asesor presidencial analizó que “la pregunta sobre el discurso del odio es si la sociedad democrática debe ser tolerante con todas las expresiones de intolerancia”.
“Nuestra democracia va a ser mucho mejor el día que nuestros propios consensos se hayan generado. Sería maravilloso que logremos desplegar un amplio debate público sobre estos temas; que se expresen todos los argumentos sociales, políticos y jurídicos”, expresó.
El senador nacional Alfredo Luenzo planteó “el crítico escenario” que atraviesa el sector audiovisual en todo el país, y pidió recuperar una política que promueva la producción desde las provincias.
Alfredo Luenzo, presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, planteó “el crítico escenario” que atraviesa el sector audiovisual en todo el país y pidió recuperar una política que promueva la producción desde las provincias.
“Estamos trabajando con todo el sector audiovisual en una nueva política pública que promueva la industria nacional y que recupere nuevamente la producción desde el interior, donde teníamos contenidos de muchísima calidad pero que ha desaparecido por la mala política del gobierno anterior, dejando a miles de personas sin trabajo”, sostuvo.
El senador nacional por Chubut realizó estas declaraciones durante un Encuentro Remoto de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual de la que formaron parte los representantes de las principales entidades que nuclean a actores, directores, sonidistas, editores, a los trabajadores de la televisión y de los espectáculos públicos, en conjunto con los responsables de los medios públicos de todo el país, de representantes de las universidades nacionales y funcionarios nacionales del Ministerio de Desarrollo Productivo.
En la jornada, el sector audiovisual trazó la necesidad de “desarrollar los contenidos audiovisuales a través de políticas de Estado con un modelo industrialista” y “federalizar la producción de contenido”. A su turno, Luenzo exhortó a dar “un debate integral”, y lamentó que “venimos de una tragedia cultural” a raíz del “modelo económico del gobierno anterior que promovió un esquema importador de contenidos a partir de ese lamentable DNU de diciembre de 2015”.
El legislador fue enfático al señalar que “el sector audiovisual necesita recuperar la demanda” y, por ende, se mostró a favor de trabajar en un concepto de cuota de pantalla para la producción nacional, donde “las plataformas digitales son un actor clave”.
“Cuando hablo de cuota de pantalla no me refiero solamente a poner un noticiero local como vemos en muchos canales de nuestras provincias, que después termina siendo repetidoras del contenido de la Capital Federal. Me refiero a trabajar en ficciones, en todo tipo de contenido que genere trabajo en reemplazo de los enlatados”, explicó.
En ese sentido, convocó a los sectores audiovisuales a que “en conjunto pongamos este tema en la agenda legislativa rápidamente”, ya que “el nuevo marco jurídico tiene que ser resultado del consenso”.
Pero además bregó una política de Estado con un criterio de segmentación que “busque equilibrar las asimetrías de la Argentina y genere competitividad en todo el país”, ya que “no es lo mismo producir con las condiciones que tiene la Capital Federal que en las que podemos tener en la Patagonia”.
Por ende, señaló que “si hablamos de producir con un criterio federal significa que se recupere una mirada equitativa”, que “en otras palabras implica recuperar el tejido de la producción audiovisual nacional desde el interior”.
Luenzo se refirió, también, a “un vaciamiento en lo cultural” y lamentó que “cuando se habla de las ficciones extranjeras en la televisión abierta, lo que significa es que se han reemplazado el trabajo argentino por importación. Necesitamos dar el debate para poder recuperar un trabajo alrededor de los contenidos de pantalla y entendiendo cuando se pierde soberanía cultural después se pierde soberanía en el resto de los ámbitos”, agregó.
Participaron del Encuentro Remoto: Alejandra Darín de la Asociación Argentina de Actores (AAA); Pablo Echarri y Silvina Acosta de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI); Horacio Arreceygor del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales; Guillermo Tello de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional; Rodolfo Hoppe de Directores de Obras Audiovisuales para Televisión (DOAT); Mariana Quiroga de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA); Natacha Valerga de la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales (SAE); Rolando Conte del Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público.
También participaron representantes de los canales públicos de Tucumán, San Luis, Misiones, Chaco, La Pampa, Tierra Del Fuego y de las Universidades Nacionales de La Plata, San Juan, Córdoba, Cuyo, entre otros.
Asimismo, durante la reunión digital se destacó la importancia de incorporar a la producción audiovisual nacional dentro del esquema de la Nueva Ley del Conocimiento. Sobre esas consideraciones, se refirió la Subsecretaria de Economía del Conocimiento, Mariana Ferreira, quien aseguró que “la ley es un instrumento muy importante, pero sabemos que sola no alcanza, por eso estamos trabajando con cultura en nuevos instrumentos para tener una política de largo plazo”.
En ese sentido, Luenzo resaltó que “la ley será un estímulo para la producción”, pero fue enfático en señalar que, además, “necesitamos una política de Estado para promover al sector audiovisual que trascienda, que no dependan de los vaivenes de la política”.
Así lo indicó el senador nacional por Chubut en el plenario de comisiones donde se avanzó con los proyectos de Telemedicina e Historia Clínica digital. Ponderó además el DNU que declara servicio público para el acceso a internet.
Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, ponderó el proyecto de Telemedicina que avanza en la Cámara alta y que incorpora “la mirada de la conectividad como un actor central de la discusión”.
Durante el Plenario de Comisiones en conjunto con Salud y Presupuesto y Hacienda donde se avanzó con la iniciativa, Luenzo se refirió a “la problemática en términos de acceso a internet en los municipios y comunas del interior del país” y también a la “fuerte dispersión de tarifas si se comparan precio-calidad en las grandes ciudades argentinas en relación a los esquemas tarifarios en los pueblos”.
En ese marco, el senador nacional por Chubut lamentó que “en el interior la conectividad es un problema, los costos son un problema. Quienes vivimos en el interior padecemos este problema crudamente”, agregó.
Por ello, Luenzo exhortó a trabajar en conjunto con conceptos de “Telemedicina, Teletrabajo, Aula Virtual” con el DNU 690/20 que declaró como Servicio Público en Competencia al acceso a internet. “Este DNU donde colocamos a internet como un servicio público colabora con los objetivos de darle fiel cumplimiento a lo que nosotros acá estamos trabajando en este proyecto de ley de Telemedicina”, manifestó en ese sentido.
El legislador remarcó que “cuando nosotros hablamos de servicio público de internet lo que estamos diciendo es que este tercer actor aparece mucho más nítidamente como una obligación para que llegue a todos por igual en todos los rincones de la Argentina”. Y agregó: “No solo en cuanto a infraestructura sino también en el cuadro tarifario”.
Finalmente, Luenzo llamó a trabajar “de manera conjunta para cumplir con los objetivos que tiene el sector en el marco de la conectividad pero también en la necesidad que tiene la población en acercarse a esto que estamos planteando que es la posibilidad de la medicina a distancia”.
En el Plenario de Comisiones de Salud, Sistemas, Medios y Libertad de Expresión y Presupuesto y Hacienda del Senado, se avanzó con el proyecto de Telemedicina como prestación del servicio de salud y la creación de un sistema de registro digital de Historia Clínica Electrónica y Tarjeta Médica Digital.
La Comisión de Medios de la Cámara alta que preside el senador mantuvo un encuentro con representantes del sector audiovisual, donde plantearon la necesidad de impulsar “una estrategia productiva que incorpore a las plataformas digitales”.
En el Día Internacional de las actrices y los actores el senador nacional Alfredo Luenzo envió un “especial acompañamiento” para todos los artistas, trabajadores y productores de las industrias culturales, ya que “esta fecha se conmemora en un contexto muy difícil para toda la producción nacional cultural”.
En ese marco, el presidente de la de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión de la Cámara alta remarcó que “el de las industrias culturas es, junto al turismo y la gastronomía, uno de los sectores más afectados por la pandemia y que se le suma una política de desaliento al sector de parte del gobierno anterior y los 3 años de recesión”.
Por eso, el senador nacional por Chubut consideró que “en esta coyuntura tan crítica, hay en el mundo digital una potencialidad enorme para generar empleo y recuperar la dinámica de la producción”.
Luenzo indicó que “ese es el espíritu del trabajo legislativo que venimos llevando adelante desde la Comisión de Medios del Senado”, en el debate sobre la agenda digital y que “estamos buscando consensos para introducir el concepto de cuota de pantalla para las industrias culturales nacionales”, ya que es “una propuesta que nos ha dejado también la multisectorial audiovisual, de los actores y los sectores del trabajo de las industrias culturales”.
La Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión se convocó el lunes para recibir a Horacio Arreceygor, secretario general de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos); a Rolando Conte, secretario de SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público); a Sergio Vainman, vicepresidente de Argentores; a representantes de la Multisectorial Audiovisual; y a delegados en la empresa POLKA, en donde se refirieron a la situación de la compañía y plantearon la necesidad de impulsar “una estrategia productiva que incorpore a las plataformas digitales”.
Al respecto, Luenzo afirmó que “el sector audiovisual argentino está en una situación crítica. El caso Polka es emblemático, pero hay toda una crisis en productoras de todo el país”.
En ese sentido, explicó que “tanto el modelo importador de contenidos de los últimos 4 años en los principales medios de comunicación argentino que reemplazó la producción y el trabajo argentino como luego por la pandemia, las productoras están hoy muy golpeadas y necesitan acompañamiento con una política de Estado”.
Por eso, el legislador explicó que “desde la Comisión que tengo el orgullo de presidir, le estamos dando un espacio a todo el sector audiovisual para trabajar en conjunto con ellos en una nueva legislación que impulse el trabajo argentino y a nuestras PyMEs en forma federal”.
Representantes de diferentes sindicatos asistieron a una reunión virtual con la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Pidieron por una ley de asistencia al sector.
Representantes de diferentes sindicatos de la industria audiovisual expusieron este lunes ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, donde relataron la problemática actual de la empresa Polka y del sector en general. Asimismo, pidieron por una ley que reactive la producción.
En primer lugar expuso el secretario general de SATSAID, Horacio Arreceygor, quien resaltó que “la industria de contenidos está paralizada; lo ven en las pantallas, no hay ficción que se está realizando”. Por eso, consideró que “es una oportunidad importante poder a la salida de esta pandemia contar con herramientas para que la industria arranque con todo”.
En ese sentido, abogó en ser “como los países México o Colombia, que producen 35, 40 series por año”, mientras que “nosotros apenas estamos haciendo tres o cuatro” teniendo en cuenta las del año pasado.
Respecto a Polka, el sindicalista señaló que “es la principal empresa de producción de ficción del país”, que tiene “más de 300 empleados” y “ha sido una potencia” realizando “productos muy famosos”.
“Hoy estamos cobrando el 75% del salario, con ATP”, informó y valoró que “la ayuda que se le está dando desde el Estado es realmente importante”. Pero reclamó que “es fundamental que Clarín (dueño del 55% del paquete accionario) mantenga los empleos y salarios”.
Arreceygor agregó que están “optimistas” de las reuniones que se están realizando con representantes del Poder Ejecutivo, donde se analiza la inclusión de la industria audiovisual dentro de “las 60 medidas reactivar el empleo y la economía”.
A su turno, Pablo Storino, secretario de Cultura y delegado gremial en Polka, recordó que a los pocos días de iniciado el aislamiento obligatorio -en marzo pasado- la empresa comunicó “su dificultad de poder pagar los salarios en forma ordenada” en ese mes, mientras que en los primeros días de abril informaron a los trabajadores de la intención de pagar solo el 50%.
“Por desgracia la intención de la productora no estaba siendo la misma que nosotros creíamos que debería ser”, expresó y mencionó la “fastuosa fiesta de 25 años” que la empresa celebró el año pasado.
Storino manifestó que “no ha sido fácil para nosotros hacer que Polka pague los salarios a los trabajadores en los últimos tiempos”, a pesar de haber registrado “ingresos formidables” que en los últimos años fueron “dividendos por 800 millones de pesos”.
Por su parte, Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, relató que recurrieron al Ministerio de Trabajo para oponerse a la solicitud de conciliación obligatoria y pedir la intervención “ante el cercenamiento de un derecho básico, como lo es el cobro del salario en tiempo y forma”.
Al leer un texto, la actriz criticó la “la sorpresiva actitud de la empresa a negarse a cumplir con sus obligaciones” y omitir “pagar los salarios desde el inicio de la pandemia”. “Tanto Polka como Canal 13 sabían que nuestra actividad no estaba exceptuada por ser altamente riesgosa, de contactos estrechos”, subrayó.
Darín enfatizó que buscan “visibilizar el atropello cometido por la empresa no solo con nuestro gremio, sino con el de técnicos, vestuaristas, maquilladoras, peinadoras, extras, etc.” y “exponer a quienes en nuestro país no apuestan a la industria nacional, al sostenimiento de nuestra cultural y, en definitiva, a la libertad de expresión”.
“Cuando ante la primera dificultad priorizan sus intereses económicos por sobre derechos laborales y puestos de trabajo. Negando la identidad nacional no dudan en invadir la pantalla con ficción extranjera”, continuó.
La presidenta de AAA afirmó que “no es cierto que la empresa Polka S.A., cuyo accionista mayoritario es el Grupo Clarín, que ha recibido incluso la ayuda del Estado a través de ATP, no pueda sostener el funcionamiento de la misma”. Asimismo, opinó que “la insensibilidad y la especulación empresarial explican que esta fuente de trabajo tradicional para nuestro gremio deje de producir”.
Por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Manuel Rodríguez destacó el significado que Polka tiene para ese gremio que nuclea a actores de extras. Al brindar cifras, detalló que en 2018 dio 7.500 puestos de trabajo; en 2019, 11.331; y en lo que corría de 2020, antes de la pandemia, unos 1.347. “En los últimos 20 años Polka dio alrededor de 200 mil puestos de trabajo”, dijo y llamó a “pelearla hasta el final” por “la excelencia de nuestros actores, técnicos y trabajos”.
Ricardo Rodríguez, del Consejo Profesional de TV Argentores, remarcó que “ninguna empresa en Argentina llegó a producir lo que produjo Polka”, pero advirtió que la situación actual de la empresa “no tiene que ver específicamente con la pandemia” sino que “viene de años”.
“Estamos preocupados por la situación de nuestros autores porque no tienen trabajo”, sostuvo y pronosticó que “si las condiciones no cambian, si el Estado no participa, lamentablemente esto no va a cambiar”. “Los autores que están trabajando están trabajando para afuera”, resaltó.
En tanto, el vicepresidente de Argentores, Sergio Vainman, analizó: “Que desaparezca Polka en sí mismo para los trabajadores de Polka es una situación trágica, pero que desaparezca la última productora audiovisual importante para la industria es una catástrofe”.
“Nuestra producción audiovisual ha venido decayendo en los últimos años y hoy es nada. Está castigada, está prácticamente desierta y, no quiero ser apocalíptico, pero el destino de los que trabajamos en industria audiovisual es incierto. Nuestra situación es una situación terminal”, alertó.
Y observó que “si no pensamos en que la industria audiovisual debe reactivarse y no hacemos que el Estado y ustedes particularmente, a través de leyes, sean los actores fundamentales de esta recuperación, el puntapié inicial para que empiecen a aparecer las nuevas posibilidades de producción en Argentina, realmente no tenemos de donde agarrarnos. Es un llamado a la solidaridad a los legisladores”.
Finalmente, Guillermo Tello, coordinador general de la multisectorial audiovisual DOAT, señaló que “al contenido audiovisual le falta un programa industrial para el desarrollo estratégico de la producción de cultura audiovisual; eso sin duda nos debemos hace muchos años”.
Tello ponderó que durante los gobiernos kirchneristas hubo “un gran impulso en el desarrollo de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Televisión Digital”, lo que provocó “un crecimiento para todo el sector” y “un marco de federalización”. Sin embargo, “en estos últimos años hemos perdido un terreno tremendo”, aseguró.
Además, evaluó que “es muy importante entender a la producción de contenidos audiovisuales como una soberanía cultural”. “Es mucho lo que se nos valora como artistas en el mundo exterior y es una pena que esa soberanía cultural no alcance al resto del país”, añadió.
También expusieron Luis Alí (Asociación Argentina de Actores) y Rolando Conte (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público).
Hacia el final, el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo (Frente de Todos), ratificó: “Nuestro Gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, está trabajando en proyectos que tienen que ver con potenciar la industria audiovisual”. Y manifestó “todo el compromiso para que podamos recuperar identidad y trabajo”.
El presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión justificó la decisión presidencial de considerar “servicio público” a la telefonía celular, el cable e internet.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que “el modelo de autoregulación en la telecomunicaciones con esa mirada neoliberal y excluyentemente economicista ha fracasado rotundamente en la Argentina”. En ese sentido, remarcó que “lejos de traernos soluciones, nos generó un esquema de acceso concentrado en los grandes centros urbanos, que profundiza las asimetrías y sobretodo nos dejó una dispersión alarmante en las tarifas y en el servicio”.
De esta forma Luenzo, que preside la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión de la Cámara alta, manifestó su “total acompañamiento” a la decisión del presidente Alberto Fernández para establecer el “carácter de servicio público esencial y estratégico en competencia al mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones”.
El chubutense subrayó que “la conectividad es un derecho humano” y que “dada la configuración que están tomando las sociedades contemporáneas que son sociedades de la información, es fundamental establecer una política de estado al respecto para garantizar un piso mínimo de cobertura, de calidad de servicio y de tarifa”.
Luenzo advirtió sobre “las complejidades que se han presentado en muchos pueblos y comunas durante la pandemia en materia de aula virtual, educación a distancia o telemedicina”. “En muchos casos la educación a distancia o el trabajo remoto eran de cumplimiento imposible producto de las malas prestaciones de servicio y eso es algo en lo que Argentina debía trabajar intensamente”, explicó.
En ese marco, además, rechazó el planteo de parte de la oposición al que interpretó como “oportunista” y los invitó a “dejar de lado la politiquería” y “dar el debate de fondo sobre los problemas de nuestro país”.
Para Luenzo “lo que se escucha de parte de la oposición son muchos lugares comunes, citando a las llamadas tendencias globales del mercado y refiriéndose a eventuales procesos de desinversión”. “Pero nada dicen de la mala calidad de servicio que ya hoy en día tienen los argentinos. Y eso no tiene que ver con la pandemia. Están brindando un servicio muy malo allí donde entienden que no tienen alta rentabilidad”, lamentó.
En contraste con “el planteo de Juntos por el Cambio que avala un criterio de mercado”, el chubutense recordó que “hasta el viernes estábamos en un esquema totalmente autoregulado por el mercado y lo cierto es que eso trajo inequidad, no soluciones. No se podía hablar por teléfono en la Argentina por la falta de inversión”. “Tras el gobierno de Cambiemos, donde se profundizó la concentración, lo que nos deja el modelo de autoregulación es un esquema donde poquitas manos se llevan fortunas mientras los argentinos pagan caro por un servicio de pésima calidad”.
Por otro lado, Luenzo recordó que “desde la Comisión de Sistemas y Medios del Senado que tengo el orgullo de presidir estamos trabajando desde 2016 en cuestiones tarifarias vinculadas a la conectividad y también en materia de infraestructura”.
El chubutense se mostró a favor de articular en conjunto con los prestadoras una tarifa social vinculada a la AUH para el servicio de datos en la telefonía móvil y planteó además establecer una referencia tarifaria para un servicio mínimo de tv, telefonía e internet que “traiga equidad entre las grandes ciudades y los pueblos y comunas”.
Finalmente expresó que “el debate que tendrá que venir ahora está vinculado a la problemática de la infraestructura”. En ese sentido, recordó que “en 2018 dimos media sanción a la Ley de Convergencia” pero que “fue cajoneada por Cambiemos en Diputados”.
“Allí hay una gran oportunidad para trabajar en conjunto con las cooperativas y pymes del interior que ya están en el territorio, que pueden dar miles de empleos en forma federal, pero necesitan un marco jurídico moderno que las contenga y las impulse”, detalló.
“Queremos modificar un esquema que sólo le sirve al mercado financiero mientras se sobre endeuda a la gente”, indicó el autor del proyecto, Alfredo Luenzo.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley, junto al neuquino Oscar Parrilli, para modificar el esquema regulatorio vigente de las tarjetas de crédito. “Queremos debatir la situación de las tarjetas de crédito; queremos debatir y modificar un esquema que sólo le sirve al mercado financiero, pero no a la gente”, explicó al respecto.
Luenzo sostuvo que “ante la difícil situación sanitaria, económica y social producto de la pandemia y tras la fuerte recesión que dejó el gobierno anterior, hay una ineludible necesidad de brindar una herramienta al ciudadano para reestructurar su deuda corriente con la tarjeta de crédito”.
“Al mismo tiempo, queremos acompañar a los comercios que han incorporado muchas herramientas de pago electrónico en estos meses fijando una comisión que no sea mayor al 1,5% en caso de crédito y de 0,5% para el débito. También agilizar la acreditación de los importes correspondientes a las ventas realizadas en un solo pago en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y de débito al siguiente día hábil de la operación”, explicó.
Por otro lado, el proyecto establece la obligación de todo proveedor de bienes y servicios, en relaciones de consumo, a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta de crédito o débito, excepto cuando tal diferenciación -a través de promociones o descuentos específicos- sea efectivamente favorable al consumidor o usuario, debiendo exhibir el precio expresado en moneda de curso legal, de contado y correspondiendo al importe total y final que deba abonar el consumidor final.
Respecto a la situación del endeudamiento de las familias, la iniciativa propone un esquema de refinanciación usando un concepto de esfuerzo compartido entre el acreedor y el deudor. “Se trata de compartir los costos. Necesitamos que los bancos acompañen en este momento después de las ganancias que han registrado muy por encima de la devaluación y la inflación”, indicó el legislador sobre ello. Con este objetivo, la norma habilitará al Banco Central de República Argentina a realizar una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias de las deudas consolidadas por financiamiento con tarjeta de crédito, sus consecuencias sociales y económicas para “aliviar la presión financiera” sobre las unidades familiares.
En ese sentido, Luenzo explicó que “en el cierre del año anterior y antes de la emergencia sanitaria, las familias argentinas le debían a los bancos el equivalente a 3.200 millones de dólares al cambio actual. Todo ese volumen de endeudamiento tiene que ver con un esquema de tasas, punitorios y comisiones desregulados por el gobierno de Cambiemos que llevó a la bancarrota a gran parte de la clase media”, aseguró.
El chubutense recordó que “hace 2 años que las familias usan el plástico para llegar a las necesidad básicas pero parece que los bancos no se han enterado”, y lamentó que “esto ha ocurrido en virtud del descalabro y el desorden del mercado financiero que provocó el modelo económico anterior y que llevó al núcleo familiar a refugiarse en el uso de los plásticos para la compra de los alimentos, el pago de servicios básicos como la luz, agua y gas”.
“Y cuando ya no podían hacer frente al pago de la totalidad del resumen por cualquiera de los motivos que conocemos como fue la suba del costo de vida, la pérdida de ingresos o incluso del puesto de trabajo, era allí donde terminaban cayendo en una refinanciación a tasas y punitorios usureros que incluso treparon a un costo anual del 230%. Se termina en un crecimiento exponencial del endeudamiento”, resaltó.
Luenzo fue enfático al señalar que “este problema con las tarjetas se lo planteamos desde 2016 al gobierno anterior mediante un proyecto de ley que presenté y que en el senado le dimos media sanción”. Por eso, aclaró que “este nuevo proyecto toma como antecedente esa iniciativa y hemos incorporado muchas nuevas herramientas y tipificaciones que nacieron del intercambio que mantuvimos en el Congreso”.
Por ende, el proyecto busca “generar competencia en el mercado de las tarjetas de crédito que está concentrado”, y que “por lo tanto genera imposiciones de condiciones tanto a los clientes como también a los comercios a partir de la posición dominante”.
El senador nacional participó del seminario de ADEPA “Medios y plataformas: el valor de los contenidos”, donde se abordaron temas de copyright, beneficios y de asimetrías en Argentina, Estados Unidos y Europa.
En Adepa, el senador nacional Alfredo Luenzo propuso que “las grandes plataformas digitales paguen por el uso del contenido de los trabajadores de prensa argentinos y de nuestros medios”.
Invitado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Alfredo Luenzo participó del seminario “Medios y plataformas: el valor de los contenidos”. Allí, expresó que “las plataformas digitales están en el centro del debate en todo el mundo” y remarcó que “en la Argentina ya desde 2016 vengo proponiendo que avancemos en una agenda digital donde están todos los temas de conectividad, pero también todo lo referido a las redes”.
Durante el encuentro remoto donde se abordaron “temas de copyright, beneficios y asimetrías en Argentina, Estados Unidos y Europa”, Luenzo habló de “un amplio campo de desafíos en materia legislativa a partir de los avances de la tecnología de las comunicaciones”. En ese marco, trazó dos propuestas para “trabajar desde el Congreso en conjunto con todos los sectores”.
Por un lado, Luenzo se refirió a la situación específica del trabajo de los profesionales y de los medios de comunicación y subrayó que “las grandes plataformas digitales tienen que reconocer económicamente la labor de los trabajadores de prensa argentinos y de nuestros medios por el uso de su contenido. Se trata de reconocer la propiedad intelectual de miles de argentinos a lo largo y ancho del país que elaboran contenido, trabajo de periodistas y de profesionales de todas las ramas, de cientos de empresas, pero al momento de compartir la rentabilidad publicitaria las plataformas se hacen las desentendidas”, agregó.
El senador nacional por Chubut explicó que “hay allí materia de debate legislativo” y al respecto remarcó que “iniciativas de este tipo para que Google y Facebook compensen económicamente a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos se está discutiendo en este momento en Australia, en España, en Francia. Se están planteando en Estados Unidos y en Alemania”.
Por otro lado, el legislador se refirió a “cómo la tecnología ha modificado intensamente la dinámica social y los hábitos de consumo de la información y los contenidos de entretenimiento. La pandemia evidenció estos procesos. Pero, además, aceleró otros como el caso del comercio electrónico, del trabajo remoto, de la educación y de la medicina. Pero hay que entender que en la Argentina por las asimetrías que tenemos a lo largo y ancho del territorio vemos que según la zona todas estas actividades fueron muy complicadas”, agregó.
En ese sentido, planteó la necesidad de entender que “para las sociedades contempóraneas la conectividad es un derecho humano”, y que por ende “hay que entender su acceso como parte de los servicios públicos básicos para una sociedad”.
Finalmente, el legislador coincidió con los representantes de News Media Alliance de Estados Unidos y Europa respecto a la necesidad de “discutir un marco normativo democrático y plural para las plataformas”, con el objetivo de “cuidar a nuestros medios, a nuestros periodistas y a nuestras audiencias. No es posible que Google editorialice para todo el planeta, no es justo que el tráfico que producen trabajadores de medios pequeños, medianos y grandes terminen siendo devorados por enormes corporaciones sin recibir compensación alguna”, completó.
Asimismo, Luenzo informó que “en el marco de la Comisión de Medios del Senado, estaremos trabajando este viernes sobre este contexto de profundos cambios tecnológicos y de mutaciones empresariales que vive la industria de medios en nuestro país y en el mundo”, y comentó que “se pondrá a consideración un trabajo encargado por la UNESCO a OBSERVACOM respecto a los desafíos y asimetrías en los servicios audiovisuales en Internet que nos plantea la necesidad de trabajar en un marco normativo específico a partir de experiencias internacionales y de la región”.
En el seminario participaron Diego Garazzi, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de ADEPA, Danielle Coffey, vicepresidenta de News Media Alliance (EEUU) y Wout Van Wijk, director ejecutivo de News Media Europa.
Así se manifestó el senador nacional Alfredo Luenzo tras la sanción de la ley, e hizo especial hincapié en “la clara asimetría que tenemos en materia de acceso a internet dentro del territorio nacional”.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que la Ley de Teletrabajo que fue sancionada este jueves por la Cámara Alta con 40 votos afirmativos “amplia en nuevos derechos para el mundo laboral”, y que “resguarda al trabajador en sus derechos y garantías frente a cualquier tipo de exceso que pueda haber de parte del sector patronal en una instancia de trabajo remoto”.
Durante su exposición en la octava sesión remota del Senado, Luenzo remarcó “la importancia del derecho de los trabajadores a la desconexión digital, que no estaba en nueva legislación actual, la obligatoriedad del empleador de capacitar al empleado en estas nuevas tecnologías, y fundamentalmente la protección de la información laboral me parece que es central porque se refiere al uso de software de vigilancia que viole la intimidad del empleado”.
“Hemos aprobado una norma que entabla un marco normativo específico. Es necesario. Estamos ante una modalidad que en el marco de la pandemia se ha masificado, como también ha sucedido en el tema educativo y la telemedicina, y el objetivo de esta norma es que los derechos del trabajador no sean vulnerados”, completó. Por otro lado, el chubutense recordó que “cuando nos referimos al teletrabajo, al aula virtual o la telemedicina, de lo que estamos hablando es de conectividad” y, en ese sentido, hizo especial hincapié en “la clara asimetría que tenemos en materia de acceso a internet dentro del territorio nacional”.
“En Argentina, tenemos hoy una cobertura de internet cercana al 90% en CABA mientras que hay muchas comunas donde el acceso a internet apenas se acerca al 20%”, detalló al respecto.
Por eso, subrayó que “si nosotros no tenemos como eje central la conectividad, vamos a tener chicos fueras en las aulas virtuales, teletrabajo solamente para un sector de la población y una telemedicina para pocos. Nos vamos a encontrar con que los sectores más vulnerables, más postergados, más alejados, son justamente los que no van a poder tener estos nuevos derechos por la falta de acceso”, afirmó.
En ese marco, Luenzo subrayó la necesidad de “recuperar aquella concepción de Arsat de darle democráticamente y con una mirada federal internet a todos los argentinos”, tras “un modelo económico financiero que generó la concentración del sector de las comunicaciones”.
“Ahora el desafío que tenemos por delante será el de una política pública nacional que garantice un piso mínimo”, sostuvo el senador nacional por Chubut, quien además invitó a “entender a la conectividad como un derecho humano y al acceso a internet como un servicio público esencial para las sociedades contemporáneas”.
El legislador exhortó a “comprender que el Estado tiene que participar activamente fijando una política a nivel nacional, con una clara dirección, con inversión, en materia de conectividad. De otra manera, si nosotros no tenemos como eje central la conectividad vamos a tener mayor desigualdad. Es hacia allí el desafío que viene”, finalizó.
El legislador nacional se manifestó respecto al proyecto presentado sobre la actividad de los influencers y la publicidad en las redes, y consideró que “es un muy buen marco para debatir una agenda legislativa en torno a las plataformas digitales”.
El senador nacional Alfredo Luenzo, que preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, se refirió al proyecto presentado por Cristina del Carmen López Valverde sobre la actividad de los influencers y la publicidad en las redes, y consideró que “es un muy buen marco para debatir una agenda legislativa en torno a las plataformas digitales”. El proyecto fue analizado este martes mediante un encuentro remoto por parte de los equipos técnicos de la comisión en conjunto con Legislación General.
El chubutense señaló que “la necesidad de comenzar a analizar y debatir un conjunto de instrumentos institucionales que nos permitan proteger a los usuarios ante situaciones como el uso indebido de sus datos personales, la utilización indebida de la propiedad intelectual o sin el crédito al autor o sin su autorización, de la difusión de situaciones de la intimidad, invasión de la publicidad bajo formato de información u opinión, las Fake News o incluso de discursos racistas, discriminatorios tan preocupantes, que se están viendo en las plataformas”.
En este sentido, enfatizó que “en las redes, también hay que distinguir a la libre opinión del discurso publicitario, como sucede en los medios tradicionales y donde la diferencia entre información, opinión y publicidad es bien marcada”.
Sobre esto, sostuvo que “en el mundo ya se está empezando a trabajar en este sentido” y expresó que “en la Argentina tenemos que trabajar también en la agenda digital”, ya que “las audiencias se están volcando intensamente en sus hábitos de consumo hacia las nuevas plataformas digitales tanto en términos de información, opinión y formación como también en la búsqueda de información sobre la oferta de bienes y servicios. Tenemos en las redes desafíos muy importantes como audiencia y allí un campo amplio para trabajar en un esquema normativo moderno y democrático”, completó.
Por ello, Luenzo ponderó que “el proyecto de la senadora López Valverde propone un debate sobre tres cuestiones centrales que es la regulación de una actividad en redes, la libertad de expresión y su distinción entre libre opinión y discurso publicitario y finalmente en la revisión de regulación de la actividad publicitaria”.
Asimismo, Luenzo recordó que en el marco de la Comisión de Sistema, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión “se está trabajando activamente”, y remarcó la importancia del Primer Foro del Senado de la Nación “sobre la dimensión institucional de la libertad de expresión, plataformas digitales y su articulación con el resto de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico”, en donde “se llevó adelante un debate muy rico en conceptos institucionales y sobre todo con una pluralidad de miradas que aportaron una hoja de ruta muy relevante”.
“Durante el Foro, hemos analizado también el impacto que ha tenido el avance tecnológico sobre los procesos de información, el ejercicio profesional en los medios y en los hábitos de la comunidad sobre cómo se está informando hoy a partir de los dispositivos móviles. Por eso hoy en el mundo y sobre todo en Europa se está poniendo la mirada en las plataformas digitales en temas de libertad de expresión y sobre cómo su ejercicio se debe realizar en articulación con el resto de los derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional”, señaló al respecto.
Por este motivo, Luenzo aseguró que “por la estructuración que está tomando la sociedad moderna, Internet debe ser considerado un servicio público esencial y la conectividad un derecho humano que debemos respetar todos los países”.
“Este rol fundamental que ha tomado la conectividad en la sociedad contemporánea lo he expresado tanto en el marco del debate que estamos dando en el Congreso en leyes específicas de esta pandemia, como también la semana pasada en el Parlatino”, concluyó el legislador.
“Será una mejor ley, más equitativa y federal y con un eje fundamental en nuestras PyMEs”, afirmó el legislador tras un encuentro que el bloque mantuvo con el ministro Kulfas.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que “la nueva Ley de la Economía del Conocimiento que estamos debatiendo en el Congreso establecerá un marco jurídico más equitativo y más federal, poniendo especial atención en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.
Así lo expresó el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta tras el encuentro remoto que el bloque del Frente de Todos mantuvo con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas para analizar los lineamientos de la iniciativa que tiene media sanción de Diputados. “Será una mejor ley, más equitativa y federal y con un eje fundamental en nuestras Pymes”, añadió.
En ese sentido, el chubutense aseguró que “el sector está necesitando contar rápidamente con un nuevo esquema jurídico y por eso vamos a trabajar con premura para que haya una nueva ley” y destacó que “se trata de un sector que tiene mucha potencialidad para generar empleo genuino y de calidad” y que “genera un volumen muy alto de divisas internacionales que tanto está necesitando nuestro país”.
No obstante, afirmó que “si no se avanzaba con estas reformas propuestas por el Gobierno nacional y con mucho consenso en Diputados, se estarían quedando afuera de los beneficios muchas pymes, fomentando la concentración del sector, pese a que son actores fundamentales en las provincias argentinas y con gran potencial de crecimiento”.
Por ello, Luenzo celebró que “con esta reforma estemos cambiando el espíritu de la ley anterior ya que al flexibilizar los requisitos de acceso se podrán incorporar a muchas empresas que iban a quedarse afuera por un criterio discrecional”.
“Queremos recuperar la visión de Néstor Kirchner con la Ley del Software que fue tan importante para darle dinámica al sector y que fue ampliada por Cristina Fernández dándole un incentivo fiscal muy importante a cientos de empresas del sector para crear trabajo argentino de calidad”, completó.
Fue en una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, donde se plantearon desafíos a nivel legislativo.
Periodistas y especialistas expusieron este viernes sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina y los desafíos en materia de nuevas regulaciones, durante una reunión informativa de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que preside Alfredo Luenzo (Frente de Todos).
Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, enumeró una serie de “prioridades” que deberían abordarse en la agenda legislativa, y en primer lugar sostuvo que “el Estado debe recuperar un rol activo en la regulación para poner límites a la concentración” de medios.
Para graficar el “grave problema de concentración de las comunicaciones”, Kejval indicó que “solo cuatro grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos y más del 50% de la radio y televisión abierta del país, es decir que unas pocas empresas privadas producen la información que nutre a los argentinos”.
“Los niveles de concentración de la propiedad de los medios se vieron acrecentados por las políticas desregulatorias de los últimos años”, consideró la académica.
Por otra parte, sostuvo que “el Estado debe tener un rol activo en la producción de diversidad y pluralismo” y en ese sentido pidió “poner en valor a los medios comunitarios”.
También remarcó la necesidad de “una ley que garantice la distribución plural y democrática de la publicidad oficial”, así como otra ley “que garantice un plan nacional de conectividad”, y una última que establezca la equidad de género en los medios de comunicación tanto estatales como privados.
Por su parte, Fernando Ruiz, de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), definió a la entidad que preside como “una organización militante en defensa del periodismo, más allá de la posición personal” de quienes ejercen la profesión.
“Cuando una patota entró a Tiempo Argentino en 2016, cuando agredieron a un móvil de C5N la semana pasada o cuando agredieron a Osvaldo Bazán en 2017 siempre estuvo FOPEA defendiendo a esos periodistas”, aseguró, y agregó: “No nos importa si la violación a la libertad de expresión se produjo en el gobierno de (Mauricio) Macri con el espionaje a periodistas o si se realizó bajo un gobierno peronista o kirchnerista”.
Ruiz advirtió que “a veces se usan expresiones muy agraviantes contra el periodismo y desde voces muy potentes se instalan discursos de odio”. “El país está viviendo momentos muy difíciles y eso no se puede agravar trayendo del pasado esos resentimientos”, opinó.
Además, observó que “hoy se acusa a periodistas de formar parte de asociaciones ilícitas, de ser torturadores, de ser parte de una banda de espías”, y a su vez “desde el Gobierno nacional están pidiendo convertir a los medios públicos en medios de propaganda oficial”.
En otro orden, Ruiz advirtió que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción” y además “se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.
El expositor insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.
Momentos después, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, recogió el guante y le respondió a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.
Por otra parte, la abogada opinó que “como no es atendible que un Estado censure, tampoco es atendible que a través del control de los medios de comunicación un solo sector de la sociedad pretenda moldear de una sola manera la construcción de sentido”.
Además, se refirió al “nivel dramático de concentración de las carreteras por las que circula la información, que son las redes. “Unas pocas personas, con solo apretar un botón, podrían dejar sin conectividad a buena parte de la Argentina”, afirmó, al hablar de la fusión Telecom-Cablevisión.
Peñafort advirtió cómo a través del no acceso a la conectividad pueden verse vulnerados otros derechos, como el derecho a la identidad, dado que para tramitar el DNI es necesario sacar un turno previamente por Internet.
Por eso, propuso “regular el acceso a las redes y que el ejercicio de derechos a los que se accede a través de las redes no tenga una limitación económica”.
En tanto, la periodista Silvia Naishtat, quien además es secretaria de la Academia Nacional de Periodismo, presidida por Joaquín Morales Solá, explicó que esa entidad busca “generar un espacio de debate sobre el periodismo”.
Asimismo, afirmó que “para quienes vivimos la dictadura, decir que no hay libertad de expresión en nuestro país es una falta de respeto a la historia”, aunque consideró que hay que “estar en guardia”.
A su turno, Agustín Lecchi, del SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) consideró que “la libertad de expresión no es un valor individual ni de los periodistas, sino un valor de toda la sociedad”.
Lecchi denunció que durante la gestión de Macri se vivió “la situación más crítica desde la vuelta a la democracia en nuestro país” para el periodismo, con “la pérdida de 4.500 puestos de trabajo a nivel nacional” y “57 empresas de prensa escrita y 45 empresas de radio menos”.
“La concentración creció como nunca antes y eso es un problema, como también es un problema las condiciones de trabajo en las que realizamos nuestras tareas”, sostuvo.
El dirigente gremial advirtió que “no podemos ejercer el periodismo en las condiciones en las que lo estamos ejerciendo. No hay nada más apremiante que tener que tener cuatro trabajos para tener un sueldo digno a fin de mes”.
En ese sentido, dijo que el salario de los periodistas “cayó un 50% en los últimos cuatro años”, y por ese y otros motivos esta semana se realizó un cese de tareas, un “apagón informativo” de dos horas. “No nos gusta hacer estas medidas, pero nos lleva la presión que vivimos todos los días”, dijo.
Fernando Ruiz denunció que ese mecanismo “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción”. La abogada y funcionaria de la Cámara alta le respondió.
La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el titular de FOPEA, Fernando Ruiz, se cruzaron este viernes durante una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, convocada por su presidente, Alfredo Luenzo, para debatir sobre la problemática.
La discusión se originó cuando Ruiz sostuvo que “es importante que los dirigentes políticos de nuestro país no incentiven el odio contra periodistas ni fomenten en la ciudadanía el rechazo ni la hostilidad frente al periodismo”.
“Acusar de torturadores, de extorsionadores o de espías a periodistas profesionales que realizan investigaciones sobre corrupción es un mecanismo de intimidación pública que afecta directamente a la libertad de expresión”, denunció.
El titular de FOPEA agregó entonces que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción”.
“Decir lawfare es como decir off side en el fútbol: se suspende la jugada y no hay que prestarle atención a la denuncia que se ha realizado. Por supuesto -concedió- existen las malas praxis periodísticas, pero el argumento del lawfare se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.
Ruiz insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.
Además, señaló que “los periodistas más atacados suelen ser los que más investigan; eso nos hace pensar que son sus aciertos, y no sus errores, lo que hace que sufran persecución política”.
Tiempo después, Peñafort, quien también participaba como invitada en la reunión, pidió la palabra para responderle a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.
La abogada recordó a su “cliente y amigo” Héctor Timerman y el fuerte cruce que mantuvo con el periodista Joaquín Morales Solá por una nota titulada “El uso político de una muerte”, la del excanciller.
“Le contesté doblada de dolor, porque lo acababan de enterrar”, recordó, al borde de las lágrimas, y añadió: “No me preocupa que publiquen cualquier cosa, pero por lo menos pregunten”.
“Me preocupa el espionaje y también la falta de sentido crítico respecto de algunas cuestiones que vemos en el periodismo. No me asusta que los periodistas hablen de mi o de mis clientes, lo que me asusta es cuando no han leído o no tienen ni idea de lo que están hablando”, cuestionó Peñafort en la reunión de comisión.
La letrada sostuvo que “los periodistas no son jueces, fiscales ni abogados defensores” y “lo que no pueden es dejar de honrar la verdad”.
En ese sentido, se refirió a las reacciones por la muerte del empresario Fabián Gutiérrez: “Yo puedo pensar que Cristina Fernández de Kirchner es mala, o puedo pensar que es buena, pero lo que no puedo es decir que es una asesina”.
“Hace dos fines de semana tuvimos a periodistas imputándole a la vicepresidenta de la Nación un delito, y lo que es más grave: imputándole al Gobierno encubrir este delito. Una cosa es no tener coincidencias políticas, y otra cosa bien distinta es imputar delitos a una persona sobre la que no había ninguna prueba de que había cometido ese delito”, aseveró.
Lo dijo en referencia a las declaraciones del diputado Cornejo, respecto a la “independización” de Mendoza, y remarcó que “no podemos escudarnos en la libertad de opinión para enarbolar discursos cargados de odio y discriminación”.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo aseguró que “algunos están dirimiendo internas partidarias opositoras apelando a exabruptos mediáticos”, y exhortó a “comprendan la complejidad de esta coyuntura que atraviesa la Argentina” producto de la pandemia.
“Tenemos que estar debatiendo políticas públicas y no chicanas, una cuestión que parece recurrente en algunos medios porteños”, añadió.
Luenzo sostuvo que “el exabrupto” del diputado Alfredo Cornejo, respecto a la posibilidad de “independizar” la provincia de Menzoda, “expresa conceptos claramente discriminatorios contra el resto del país”.
En ese sentido, y en su carácter de titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, el chubutense lamentó que “lejos de condenar estas expresiones, haya dirigentes de la oposición y comunicadores que quieran disfrazar estas declaraciones como materia de libertad de expresión cuando claramente se trata de por lo menos un exabrupto”.
El legislador fue enfático al señalar que “la libertad de expresión no nos habilita a decir cualquier barbaridad en el ámbito público, sea a través de los medios de comunicación tradicionales o en las plataformas digitales”.
Al respecto, recordó que “la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Nacional, columna vertebral de la democracia, que garantiza el derecho a la información, la que permite a la sociedad trazar un control social y a los funcionarios a que rindamos cuenta sobre lo que hacemos”.
No obstante, remarcó que “no podemos escudarnos en la libertad de opinión para enarbolar discursos cargados de odio y discriminación sea por género, raza, religión, discapacidad, promover actos violentos, la sedición o el delito”.
En ese sentido, el legislador explicó la importancia del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional donde consagra el derecho a “publicar las ideas por la prensa sin censura previa” lo cual implica que “todo aquello que se publica o que se dice en materia de información no es absoluto, sino que está atado a la responsabilidad ulterior”.
Finalmente, y entendiendo que “la libertad de expresión tiene en los medios de comunicación vehículos fundamentales para la protección de los derechos de nuestra ciudadanía”, expresó que “es preocupante la irresponsabilidad de algunos dirigentes y también de líderes de opinión que hacen política desde la búsqueda de barbaridades para ganar notoriedad pública”.
“El concepto de soberanía alimentaria debe ser extensivo también a la Pampa Azul”, sostuvo el legislador chubutense ante la presencia de embarcaciones chinas en Mar Argentino.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo manifestó su preocupación luego de que se reportara la presencia ilegal de unas 30 embarcaciones con bandera china que atravesaron el Estrecho de Magallanes desde el Mar Argentino en dirección al Pacífico.
En ese marco, el legislador expresó que “el concepto de soberanía alimentaria debe ser extensivo también a la Pampa Azul”.
Luenzo lamentó que “nuestro país nunca le ha puesto la mirada sobre la Pampa Azul que representa una riqueza muy importante como sí lo hace en comparación con otras actividades productivas”.
“Solo de langostinos exportamos 2600 millones de dólares en 2019, casi lo mismo que genera la minería”, señaló al respecto.
Por ello, el chubutense consideró que “en términos de soberanía alimentaria, así como ponemos en valor a la Pampa Húmeda hay que poner bajo la lupa a la Pampa Azul porque hoy hay riquezas extraordinarias que se nos están yendo”.
Los senadores del Frente de Todos repudiaron las declaraciones del periodista sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner. Desde la oposición advirtieron en no avanzar contra la libertad de expresión.
Luego de la denuncia que presentaron ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, senadoras y senadores del Frente de Todos repudiaron los dichos del periodista “Baby” Etchecopar contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, durante la conformación de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
La correntina Ana Almirón (FdT) trajo el tema a la reunión, al pedir que se pudiera debatir a futuro sobre “la democratización de la comunicación y la responsabilidad que tienen los periodistas a la hora de emitir opinión”.
“No puedo dejar de repudiar los dichos del periodista (sin nombrarlo) hacia nuestra vicepresidenta”, dijo la oficialista y pidió avanzar en un debate al respecto para que “la libertad de expresión no se transforme en una libertad de violencia, sobre todo a las mujeres”.
Desde la oposición, el salteño Juan Carlos Romero consideró que “más allá de opiniones imprudentes o agresivas, el valor de la libertad de prensa está por encima de otros valores”. “Si bien es cierto que la perspectiva de género es muy importante, me parece que estamos cayendo en el riesgo de que cualquier opinión, que hace a la libertad de prensa y que involucre a una mujer, pueda considerarse que es un ataque a la Ley de Protección que existe”, apuntó.
El jefe del interbloque Parlamentario Federal comparó entonces la tensa entrevista que mantuvo el presidente Alberto Fernández con la periodista Cristina Pérez y señaló que “fue muy duro”. “No querría que en la comisión nos viéramos envueltos en limitar la libertad de prensa”, advirtió.
Inmediatamente, el chubutense Alfredo Luenzo (FdT), quien fue elegido presidente, afirmó que se puede debatir sobre “los excesos” en este tipo de dichos, pero garantizó que “la libertad de expresión es una figura sagrada que siempre vamos a respetar”.
“Lo peor que podríamos hacer es poner una comisión mordaza en el Senado, a donde cada vez que un periodista diga algo que no nos gusta, salgamos nosotros a reprocharlo”, remarcó la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR), y agregó: “Bajo ningún punto de vista que se cercene la libertad de expresión de ningún periodista”.
Por el Frente de Todos retomó la palabra la fueguina María Eugenia Duré, quien reveló que en su provincia se está trabajando sobre “la capacitación a los medios de comunicación y periodistas en lo que refiere la violencia hacia las mujeres”, y es algo que se podría abordar desde la comisión.
A su turno, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, sostuvo que “hay algunas personas que hacen abusos de espacios de medios, que buscan escrachar o humillar a las personas, y eso nada tiene que ver con la comunicación social o el buen periodismo”.
Y cargó contra Etchecopar, al decir: “Este periodista se especializa en la provocación, en la humillación, en la descalificación y en buscar la forma de despretigiar a las personas”. “Estos abusos no pueden permanecer en los medios, prácticamente destrozando la reputación de las personas”, completó.
Autoridades y conformación
En la reunión de este martes fue elegido presidente el chubutense Alfredo Luenzo (FdT). En tanto, como vicepresidente fue designado el pampeano Juan Carlos Marino (UCR) y como secretario, el jujeño Guillermo Snopek (FdT).
Luenzo aseguró que la comisión tendrá “una tarea muy intensa por delante” y expresó que la temática del teletrabajo es “un tema que nos urge”. “El marco de la pandemia ha colocado a la conectividad en un eje central”, señaló y pronosticó que habrá que “poner en función el debate sobre las plataformas digitales”.
“El Estado tiene una tarea enorme por desarrollar de acá en adelante”, dijo y agregó que “hay una agenda muy amplia y este contexto internacional la ha puesto como una necesidad inmediata”.
La comisión quedó conformada por los senadores Alfredo Luenzo, Ana Almirón, Oscar Parrilli, Beatriz Mirkin, José Mayans, María Eugenia Duré, Guillermo Snopek, Dalmacio Mera, Mariano Recalde y María Eugenia Catalfamo (Frente de Todos); Juan Carlos Marino, Silvia Elías de Pérez, Stella Maris Olalla, Oscar Castillo (Juntos por el Cambio); Juan Carlos Romero y Lucila Crexell (Interbloque Parlamentario Federal).
El senador nacional chubutense impulsa “garantizar la conectividad en todo el país” y advirtió que “el 60% de los usuarios de telefonía móvil usan el sistema prepago, que es el más caro y que concentra a los sectores con menos recursos”.
En el Día Internacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Alfredo Luenzo remarcó “el desafío que tiene la Argentina en materia de conectividad”, ya que “tenemos una cobertura con inequidad, con una tarifa de amplia dispersión, que se vuelve más y más cara a medida que nos alejamos de la grandes ciudades”.
Por ello, Luenzo exhortó a “analizar el tema tarifario en materia de comunicaciones” y al mismo tiempo “establecer una cobertura mínima a nivel nacional que garantice un piso de calidad, de servicio y de valor económico”.
“Sería importante establecer un servicio básico y único a nivel nacional, que tenga tarifa diferencial y plana y que aplique para los servicios de Telefonía Móvil, Internet y la TV” con el objetivo de “garantizar en todo el país un piso de cobertura con precios equitativos”.
Junto a esta búsqueda para “unificar a nivel nacional una tarifa y una cobertura básica de conectividad”, Luenzo exhortó a “evaluar la implementación de una tarifa social o un paquete de datos asociados a la AUH” ya que “el 60% de los usuarios de telefonía móvil usan el sistema prepago, que es el más caro y que concentra a los sectores con menos recursos”.
Tarifa plana para garantizar la conectividad
En este marco, el chubutense, que además es el vicepresidente de la Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y Telecomunicaciones del Congreso de la Nación, propuso usar “un esquema que está vigente actualmente durante la pandemia y que fue consensuado entre el sector público y el privado” para garantizar el servicio elemental a través de una tarifa plana, diferencial y específica.
Se trata de la estructura de Servicio Reducido que fijó el gobierno nacional en el marco del DNU que imposibilitó temporalmente la interrupción de los servicios de comunicación por falta de pago o mora (Decreto 260/20).
Este Servicio Reducido fue diseñado por el Ministerio de Desarrollo y quedó estipulado de la siguiente forma: un servicio de Navegación de Internet de al menos 2 mb/s; en el caso de la TV, un paquete de 15 canales (incluyendo 1 infantil y al menos 3 de noticias); para telefonía fija 300 minutos para efectuar llamadas locales y de larga distancia nacional; y finalmente para la telefonía celular incorporar la mensajería instantánea, 300 SMS, 100 a 300 minutos de voz dentro de la red y 50 fuera, y navegación para sitios públicos y educativos sin costo.
Para el senador nacional por Chubut, “volcar este Servicio Reducido en una tarifa plana o diferencial a nivel nacional puede ser una gran herramienta para establecer un valor de referencia de precio y de servicio en todo el país”.
En ese sentido, afirmó que “producto de las asimetrías que tiene nuestro país, los consumidores en muchas provincias están cuestionando el tema del servicio y el tema de la suba de precios en el interior respecto a los grandes centros urbanos”.
En esa línea, remarcó por ejemplo el planteo que están llevando adelante las sociedades intermedias de defensa de los consumidores por la suba de precios durante la pandemia o el caso concreto del Observatorio Argentinos por la Educación que pidió que las empresas faciliten el acceso a internet de alumnos y docentes para que puedan ingresar a las plataformas educativas.
Por este motivo, Luenzo estimó necesario “avanzar en esquemas tarifarios específicos para garantizar la conectividad en todo el país”.
En sintonía con 300 legisladores de todo el mundo, el senador nacional firmó la misivia que pide que “se alivie la carga de la deuda externa de aquellos países en mayor vulnerabilidad social”.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo firmó las misivas dirigidas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y el G20 para que se alivie la carga de la deuda externa de aquellos países en mayor vulnerabilidad social.
La carta, que fue suscripta por Alfredo Luenzo junto a otros 300 legisladores, a nivel internacional fue impulsada por el senador estadounidense Bernie Sanders y la representante demócrata de Minnesota, Ilhan Omar. Allí se plantea “la suspensión temporal y el aplazamiento de la deuda”, para “ayudar a estos países a priorizar plenamente la gestión rápida y sostenible” de la crisis sanitaria. Además, pide “que apoyen una emisión importante de Derechos Especiales de Giro (DEG) para brindar a los países en desarrollo un apoyo financiero urgente”.
En ese marco, Luenzo sostuvo que “la emergencia sanitaria exige que todos los recursos del Estado se vuelquen a la protección de la salud de la población, para comprar alimentos, vacunas, equipamiento médico y al sostenimiento del circuito económico productivo del cual dependen los puestos de trabajo de la sociedad”.
Por este motivo, el chubutense aseguró que “se está necesitando una adecuación de los cronogramas y los intereses de la deuda externa a una nueva coyuntura internacional entendiendo que el mundo no es mismo a partir de esta pandemia”.
El legislador sostuvo, además, que “tal como lo plantea el presidente Alberto Fernández, se trata de que los bonistas ganen un poco menos, que adapten las tasas de interés suculentas que le cobran a los países más necesitados para establecer un esquema de pagos real, posible y sustentable”.
Asimismo, Luenzo consideró que “es fundamental tener una visión de comunidad global para enfrentar al Coronavirus, una mirada con solidaridad, para resguardar a los sectores más desprotegidos en cada uno de nuestros países”.
Por ello, el legislador exhortó a “avanzar en un debate profundo sobre el rol de los organismos multilaterales en el marco de una crisis global y de las calificadoras de riesgo”, ya que “las recetas del ajuste ya ha demostrado su rotundo fracaso”.
Tras la presentación del canciller Solá en el Senado, el senador señaló que “Argentina se quiere conectar con el mundo, pero sin miradas sesgadas”.
El senador nacional Alfredo Luenzo afirmó que “algunos nos quieren contar que para ser modernos e integrados en materia de comercio tenemos que firmar cualquier tipo de acuerdo, aunque las condiciones no sean convenientes para la Argentina”. De esta forma, el chubutense se refirió a la exposición del canciller Felipe Solá por videoconferencia en el Senado en la cual hizo mención a las propuestas de algunos países del Mercosur para acordar un tratado de libre comercio con Corea del Sur.
Luenzo, que integra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, afirmó que “durante su presentación, el canciller ha sido muy claro, respondiendo las consultas de la oposición”.
“Argentina no se excluye de ningún lado”, resaltó el chubutense y aclaró que “el concepto clave que se está usando y que Argentina no comparte es esta idea de acelerar las negociaciones”. “Nosotros seguimos en la mesa, pero no compartimos el criterio del resto de los miembros que se muestran dispuestos a acelerar pese a esta coyuntura que estamos viviendo en el mundo”, sostuvo.
En ese contexto, el legislador afirmó que “no parece lógico el planteo por apresurar una negociación en el marco de esta Pandemia, que está presentando muchos desafíos económicos en todos los países, con problemas en las estructuras productivas y el sostenimiento del empleo”.
“Parece más bien una cuestión de ideología que un beneficio concreto para la Argentina en términos de intercambio”, añadió.
Por ello, Luenzo aseguró que “Argentina se quiere conectar con el mundo, pero sin miradas sesgadas” y “con el objetivo de venderle valor agregado al mundo para generar puestos de trabajo genuinos en todo el país”.
Además, el senador nacional dijo que en la presentación del Canciller “quedó claro que desde el Mercosur no se ha planteado con Corea del Sur el tema de las barreras sanitarias”. Al respecto, el chubutense fue enfático en señalar que “lo sanitario no puede ir aparte en un país como Argentina que vende productos alimentarios”.
También recordó que “no se han hecho nuevos estudios de impacto que son fundamentales” y que “menos aún se ha dialogado con cada uno de los sectores empresarios y el empleo para ver cuestiones de integración productiva”.
Por el “desplome en la siniestralidad” el senador nacional propuso avanzar en un esquema de rebaja de las cuotas de los seguros del automotor.
Por el “desplome en la siniestralidad” y con la premisa de que “la mayor parte del parque automotor nacional se encuentra parado”, el legislador nacional Alfredo Luenzo propuso en el Senado avanzar en un esquema de rebaja de las cuotas de los seguros del automotor y motocicletas durante el periodo que se mantenga el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido a partir del Decreto 297/22.
La iniciativa de Luenzo -que se consolidó a través de un proyecto de comunicación presentado a través de la plataforma digital de la Cámara alta- señala que la caída en los volúmenes de circulación de vehículos conllevó a “una notable disminución en los siniestros viales en todo el país”.
En ese sentido, la propuesta pone en relieve los datos oficiales, entre los cuales sobresalen las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo que estimó un disminución en torno al 87% en la siniestralidad en el mes de marzo a partir de las medidas impulsadas por el gobierno nacional y las provincias.
Por este motivo, el senador nacional por Chubut fue enfático en sostener que “no se puede exigir el mismo monto por cuota cuando la gente está sin usar sus automotores por las restricciones sanitarias, y cuando además es una etapa difícil en la cual muchos de sus clientes no están percibiendo el total de sus ingresos”.
Luenzo sostuvo que “hoy en día, las aseguradoras están obteniendo resultados económicos extraordinarios y lo que corresponde es adecuar los valores de la cuota para que den cuenta de una nueva situación, que nada tiene que ver a las cotizaciones originales que se llevaron a cabo al contratar los servicios”.
“Este planteo que estamos llevando adelante está en línea, además, con lo que ya está sucediendo en muchos países”, agregó el chubutense quien, en ese marco, dio el ejemplo de Estados Unidos: “las 11 principales empresas de seguro de autos han anunciado que tomarán la medida de devolver una porción de las primas a los titulares de pólizas, debido a que tienen menos accidentes que cubrir”.
El legislador sostuvo que el objetivo de su propuesta es “llevar ayuda para la economía de todos los hogares” y acompañar, de esta manera, en un nuevo aspecto a “las importantes medidas que está impulsando el gobierno nacional para acompañar a todos los sectores de la población en este difícil momento, prestando ayuda económica y financiera a los más vulnerables, a los sectores productivos, procurando sostener las fuentes de empleo, ayudando a profesionales y cuentapropistas”.
Ante la polémica generada con la oposición por el pedido de certeza extendido por la titular del Senado, Alfredo Luenzo consideró que se trata de “un paso legal fundamental”.
El senador nacional chubutense Alfredo Luenzo aseguró que “es un paso legal fundamental que se despeje cualquier incertidumbre sobre la validez de sesionar a distancia usando la tecnología”, luego de que el bloque del Frente de Todos en el Senado y el Partido Justicialista realizaran una presentación en conjunto ante la Corte Suprema para llevar su adhesión a la declaración de certeza enviada por la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández.
Luenzo fue enfático en señalar que “debemos llevarle certidumbre a la comunidad” y, en este sentido, indicó que se le pidió al Máximo Tribunal de Justicia de la Nación “un tratamiento urgente” en el marco de “esta coyuntura excepcional que se está dando en la Argentina y en el mundo que está afectando la actividad legislativa e imposibilita el normal desarrollo del funcionamiento de las instituciones, como también está sucediendo con muchas de las actividades de la vida cotidiana, imposibilitadas de desempeñar como lo hacen habitualmente para cuidar la salud de todos”.
El chubutense explicó que el espíritu de la declaración de certeza que fue ahora acompañada por el bloque del Frente de Todos es “encausar el debate legislativo, sin que por ello surjan pedidos de nulidad o presentaciones judiciales posteriores que cuestionen el método de reunión”.
“Queremos evitar litigiosidad, queremos evitar que el uso de la tecnología se use de argumento para sembrar incertidumbre sobre la normativa que se vaya aprobando”, añadió Luenzo, para concluir: “El aval de la Corte Suprema es fundamental para poder sesionar utilizando las plataformas digitales”.
El senador nacional sostuvo que el sistema bancario “no está dando respuestas a la altura de lo que le están reclamando sus clientes”, y señaló que buscarán “agilizar y modificar los procedimientos y requisitos”.
El senador nacional Alfredo Luenzo indicó que está buscando nuevas herramientas financieras y económicas para las PyMEs, las familias y los circuitos comerciales con la idea de que “se complementen con las medidas que está lanzando el Gobierno nacional para los distintos sectores de la economía”.
En ese marco, el legislador chubutense resaltó “la importancia de debatir y sancionar” el proyecto de ley de “accesibilidad a los créditos y reactivación económica”, presentado por Carlos Caserío y José Mayans, ya que -aseguró- “será un instrumento financiero fundamental para Chubut y para toda la Patagonia en particular, pero para toda la Argentina en general”.
Luenzo explicó que el objetivo de la norma es “recuperar el rol institucional del sistema financiero. Eso significa que se mejore el acceso de las familias, de las empresas y de los comercios a las líneas de financiación que están necesitando en esta coyuntura tan complicada”, añadió.
El chubutense estimó necesario avanzar en “un esquema jurídico específico en el marco de la pandemia” que “traiga soluciones a los argentinos” ante “clientes particulares y empresas que están planteando inconvenientes y demoras en los bancos” para acceder a la financiación para el pago de salarios que cuenta con garantía del Estado.
“Es muy claro que el sistema bancario no está dando respuestas a la altura de lo que le están reclamando sus clientes”, aseveró.
Además de agilizar y modificar los procedimientos y requisitos para acceder a los préstamos bancarios, Luenzo cree que una de las claves de la propuesta es que “se recuperan las nuevas líneas de crédito para la inversión productiva que existieron durante 5 años y funcionaron muy bien pero que lamentablemente el Banco Central presidido por Sturzenegger lo discontinuó en el marco de una creciente política monetarista”.
“Son recursos que se destinaban a la inversión o al sostenimiento de las cadenas de pago y que los bancos retiraron masivamente y se destinaron al servicio financiero, impactando fuertemente en los esquemas de financiamiento productivo. Ahora más que nunca necesitamos que se recuperen estas líneas”, detalló.
En paralelo, la norma establece un esquema de financiación específica para la construcción y el consumo de bienes durables con tasa subsidiada con el objetivo de “movilizar recursos en la micro y recuperar mercado interno”.
Por otro lado, se prevé una herramienta específica de acompañamiento para los municipios y comunas ya que “están necesitando un desahogo”. A tal fin, se habilitarán créditos a partir de una “garantía de Coparticipación Federal de Impuestos, de fondos propios afectados a fideicomisos que garanticen el pago o garantizados por las propias provincias”.
Luenzo recordó que “el Gobierno nacional ha lanzado un paquete económico con un esfuerzo fiscal importante, tanto en términos de garantía de préstamos como en inyección de recursos desde Anses”, y que “con este proyecto queremos agilizar el otro eslabón que se está necesitando que es el sistema financiero”.
“Es fundamental avanzar en una legislación que nos permitan recuperar el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, finalizó Luenzo.
El debate es propuesto por el senador Luenzo, quien recordó que en Francia, Gran Bretaña y España Google deberá pagar a los medios por usar sus contenidos.
Es en el marco de los cambios de hábitos de consumo de medios y atendiendo a las reformas que propone Francia y Gran Bretaña. Lo propone el senador Luenzo, que aboga por establecer un sistema más justo que beneficie a medios por el uso de sus contenidos y búsquedas en las plataformas.
El senador nacional Alfredo Luenzo afirmó que “sin dejar de atender las urgencias que nos plantea la pandemia y con ella la emergencia social, también debemos hacer lugar al debate de cuestiones estructurales en materia de los derechos que los argentinos están necesitando y reclamando”.
El senador nacional por Chubut sostuvo que “hay una agenda en términos de infraestructura de telecomunicaciones, contenidos y regulación del espacio digital que no puede demorarse más”. Tal como sucede en Francia, Gran Bretaña y España, la empresa Google deberá pagar a los medios de comunicación por usar sus contenidos en los servicios de búsquedas y de noticias de la plataforma.
Del mismo modo, el senador Luenzo considera que las plataformas deberían abonar a los medios argentinos, y sobre el caso citó al doctor Martín Becerra quien recientemente publicó “que la regulación en el sector de comunicaciones no tiene por qué ser un mero adorno, sino que tiene efectos materiales”, sin recortar derechos o libertades, “sino que puede ampliarlos o consolidarlos; y que no tiene por qué ser anacrónica, sino que puede proyectar nuevos horizontes”.
En ese marco, Luenzo invitó a generar un debate en términos de protección de derechos en el ámbito de las plataformas y redes sociales que tienen como función principal la de facilitar el acceso a la información y a los contenidos culturales; con su correlato de desarrollo de la infraestructura que garantice el acceso igualitario a los ciudadanos.
Luenzo adelantó que presentará un proyecto de declaración para invitar a que el Congreso debata sobre el algoritmo, ya que solo la política pública puede atenuar la asimetría manifiesta, y destacó la importancia de los fallos de tribunales y autoridad antimonopolio europeos, exigiendo a las plataformas condiciones justas para con el mercado de medios.
El chubutense aseguró que además se precisa “una regulación en las plataformas digitales que contemple aspectos impositivos que retroalimente la producción nacional audiovisual, para el caso de las plataformas de contenidos.
Asimismo, Luenzo aseguró que “estamos viendo un mundo a nivel global que ha variado la forma en cómo se consumen el contenido informativo, formativo y de entretenimiento” y que “se necesita una legislación moderna que dé cuenta de estos nuevos procesos”.
Por otro lado, el legislador remarcó el aporte que podría realizar, en este sentido, un nuevo proyecto de ley de convergencia “que permita al Estado ofrecer las regulaciones que la ciudadanía exige y precisa”.
Para el senador nacional “el sector de las aseguradoras está obteniendo una renta extraordinaria muy importante en el marco de esta pandemia”.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo advirtió que “con el desplome que se está registrando en la siniestralidad por la cuarentena, es razonable que haya una reducción importante de los valores que abonan los trabajadores en los seguros automotores”.
De esta forma, Luenzo informó que está trabajando en una propuesta desde el Senado de la Nación para “avanzar en un esquema que contemple esta situación y conlleve a una rebaja considerable de las cuotas”.
Para Luenzo, “el sector de las aseguradoras está obteniendo una renta extraordinaria muy importante en el marco de esta pandemia”, ya que “mientras la siniestralidad cayó casi en un 90% a nivel nacional, la respuesta de las empresas ha sido prácticamente nula y continúan con valores prácticamente iguales a marzo a pesar de que estamos en una etapa muy distinta”.
Incluso el legislador chubutense estimó “como un esfuerzo muy tímido y aislado la decisión de algunas compañías que han reducido su precio apenas un 20%. Se trata, en muchos casos, no de una rebaja real, sino que estamos viendo casos de empresas que aumentaron sus valores antes de la pandemia y esta rebaja en realidad significa no subir el valor de la cuota, pero es el mismo valor que los clientes venían pagando pese a que no están circulando”, aclaró al respecto.
Luenzo enfatizó que “no se puede exigir el mismo monto por cuota cuando la gente está sin usar sus automotores por las iniciativas sanitarias y con clientes que tampoco están percibiendo nuevos ingresos”.
Asimismo, el senador estimó “muy conveniente” avanzar en una cobertura especial para los operadores de logística, transporte público y para los trabajadores esenciales que se transportan en sus vehículos en el marco de la pandemia.
“Nos preocupa que el sistema financiero no está acompañamiento a los trabajadores como lo están necesitando. Es una situación de emergencia y tienen un rol institucional fundamental, que deben asumir”, concluyó.
El senador nacional Alfredo Luenzo presentó un proyecto de declaración para destacar el acuerdo entre empresas, sindicatos y trabajadores que impulsaron esta iniciativa.
Luenzo presenta un proyecto en el Senado por la iniciativa solidaria del Buque Mario R: “Los sectores desprotegidos necesitan más que nunca de la solidaridad”
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto de declaración para destacar desde el ámbito legislativo el acuerdo entre empresas, sindicatos y trabajadores que, en conjunto, impulsaron una iniciativa para donar 50 toneladas de merluza hubbsi a los sectores sociales que mayor acompañamiento están necesitando.
Al respecto, el legislador afirmó que “en el marco de esta pandemia, los sectores más desprotegidos necesitan más que nunca de la solidaridad”.
El senador sostuvo que “más allá de las distintas medidas que ha impulsado el Gobierno nacional a través de ANSES y del Ministerio de Desarrollo Social para reforzar las políticas alimentarias y de emergencia social ante la cuarentena nacional por el COVID-19, es muy importante que existan estas iniciativas solidarias de parte de la sociedad civil, que muestran a una ciudadanía con una profunda visión humanista”.
En este sentido, Luenzo consideró que si bien la cuarentena afecta a todas las familias, “tenemos sectores que han perdido totalmente sus ingresos, personas que no cuentan con un trabajo formal, muchos sectores que ya venían en una situación de vulnerabilidad social y alimentaria, entonces debemos articular entre los distintos sectores distintas iniciativas que se sumen a las políticas nacionales y provinciales para acompañar y llevar alivio”.
El proyecto de declaración presentado subraya “el beneplácito” de la Cámara alta por “la iniciativa solidaria, producto de un acuerdo entre empresas, sindicatos y trabajadores de la provincia del Chubut”.
Asimismo, el proyecto elogia la colaboración “desde distintos sectores de la actividad pesquera provincial”, y destaca “la labor de las empresas que colaboraron con el encajonamiento de hielo, con la provisión de víveres, con los propietarios de la embarcación pesquera y con aquellos que se harán cargo de la logística de distribución de pescado, debido a que toda la operatoria es ad honorem”.
También remarca “el trabajo de los 60 marineros que se pusieron a disposición voluntaria para ayudar. Situación similar en la Asociación de Capitanes, donde se tuvo que determinar un capitán, subcapitán y maquinista entre los ofrecidos”.
“Es preciso valorar el trabajo de las tripulaciones y las gestiones llevadas a cabo por los gremios: Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca; SICONARA; SOMU y SUPA, ya que todos realizan su aporte desde el alistamiento, captura y descarga de la materia prima para que llegue a las familias más necesitadas”, cierra el proyecto de Luenzo.
“Tenemos que trabajar todos juntos para combatir la pandemia”, afirmó el senador chubutense sobre la colaboración con su provincia.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que “hay que poner en valor el gesto que han tenido en estas horas difíciles las instituciones y miembros del Sistema Científico Tecnológico Nacional desplegados en la provincia del Chubut, de ofrecer toda su colaboración” al Gobierno provincial y a nuestra estructura productiva.
“Tenemos que trabajar y combatir la pandemia entre todos”, agregó Luenzo y en ese sentido expresó: “Agradezco la predisposición que han tenido este grupo de técnicos y científicos de la provincia para ofrecer su colaboración”.
El senador nacional indicó que “sería interesante avanzar en una articulación con cada uno de los sectores provinciales que están en condiciones de aportar su visión frente a las distintas problemáticas que tiene nuestra comunidad a partir de esta pandemia. Y este caso se trata justamente de eso, de un sector que quiere ayudar y que está en condiciones tanto profesional como científica de poder ayudar”.
Luenzo remarcó que “junto a diversas problemáticas en el área de salud, el sector científico tecnológico y universitario pueden aportar soluciones en materia de recursos humanos, equipamiento, logística, por ejemplo”. “Tenemos muchos aspectos económicos y sociales donde debemos sumar a la mayor cantidad de sectores posibles para encontrar soluciones concretas”, destacó.
El legislador realizó estas declaraciones a partir de la nota que esta semana el INTA, Conicet, el INTI, la Universidad Tecnológica y la Universidad de la Patagonia le enviaron al gobierno provincial para ponerse a disposición y donde expresaron “predisposición para trabajar con las autoridades de aplicación sanitaria y de ciencia y tecnología provinciales y cualquiera que el gobierno provincial disponga”.
“Este es un gesto que tenemos que agradecer, porque están poniendo el hombro en una situación muy difícil”, expresó.
Se trata de una contribución adicional en el marco de la cuarentena obligada por esta pandemia, para que las plataformas streaming prioricen el contenido local.
Alfredo Luenzo, vicepresidente de la Bicameral de Seguimiento de Comunicación Audiovisual del Congreso, afirmó que “le estamos solicitando a los medios de comunicación, en el marco de esta pandemia que nos exige quedarnos en casa a todos, una contribución adicional a la que ya están brindando como circuito informativo de la ciudadanía. Le estamos solicitando, junto a un pedido similar que le estaremos trasladando a las plataformas digitales, que refuercen la cuota de contenido cultural de producción nacional para que el trabajo argentino tenga un acompañamiento económico diferencial frente a las suspensiones de eventos, funciones teatrales, elaboración de programas, que están afectando el empleo y el ingreso de músicos, productores, autores, actores e intérpretes de todo el país”.
El senador nacional por Chubut anticipó así la presentación de un proyecto en el Senado -a través del mecanismo previsto en el marco de la emergencia- para acompañar una iniciativa en ese sentido impulsada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y por la Federación de Sociedades de Autores e Intérpretes Audiovisuales (FESAIA), conformado por la DAC, Argentores y Sagai y de la ENACOM, ante el pedido de más de 60 entidades para apoyar la producción cultural argentina.
“Necesitamos, más que nunca, que los medios y las plataformas streaming le den más lugar preponderante a la producción cultural nacional”, subrayó Luenzo en ese sentido.
El chubutense remarcó que “las plataformas de contenido on demand tienen un papel clave para el contenido audiovisual” y recordó que “estamos viendo mucho tráfico de datos en estos días sobre estas plataformas, mucha demanda de parte de los usuarios y hay mucho lugar que puede ser ocupado por producción nacional, obras de teatro que se pueden subir a las plataformas, películas nacionales, programas de ficción o documentales, tenemos una vasta producción para darle visibilidad y que redunde en acompañamiento económico a nuestros trabajadores audiovisuales”.
En esa línea, Luenzo expresó que “hay mucho contenido educativo audiovisual argentino que podría estar siendo emitido en los diversos canales en horario escolar”.
“Lo que estamos proponiendo es buscar alternativas para sostener el ingreso de nuestros artistas, que como todas las familias argentinas están necesitando un acompañamiento. Los medios y las plataformas tiene un rol central para ello”, afirmó.
El senador nacional del FdT recordó el vínculo entre dirigentes de la Rural con el gobierno anterior: “Hasta tuvieron su representante como ministro”, señaló.
El senador nacional del Frente de Todos Alfredo Luenzo manifestó su rechazo ante el cese de comercialización promovido por la mesa de enlace agropecuaria.
En ese marco, Luenzo afirmó que la medida “es un lockout; no es un paro como quieren decir algunos”, y aseguró que “es político y en rechazo a la redistribución de la renta que han promovido Alberto y Cristina Fernández en estos 80 días”.
En este sentido, Luenzo remarcó que “se está segmentando, se está compensando, se han establecido bajas a muchísimas economías regionales”.
“Sólo se están incrementando 3 puntos porcentuales a la soja de los más poderosos con un impacto fiscal neutro para la Nación porque se sube a este sector para ayudar a los que están necesitando mayor acompañamiento por parte del Estado”, subrayó el legislador chubutense.
Finalmente, recordó que “el vínculo entre dirigentes de la Rural con el gobierno anterior, que hasta tuvo a su representante como ministro”, y los exhortó a “debatir en la mesa de negociación y a tener memoria: en 2018 se perjudicó gravemente al campo y a todos los sectores productivos y no dijeron nada”.
“Se termina con un esquema de inteligencia interna que vulneró principios democráticos básicos”, consideró el legislador chubutense.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo celebró la decisión del Gobierno de limitar la injerencia de la AFI en investigaciones judiciales, y afirmó que “se termina con un esquema de inteligencia interna que provocó daños en el tejido institucional y vulneró principios democráticos básicos para nuestra sociedad”.
En ese marco, el chubutense resaltó “los esfuerzos que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández, el Gobierno nacional y también Cristina Caamaño que está a cargo de la intervención de la AFI para reestructurar y reordenar el organismo”.
Luenzo recordó además “el retroceso institucional que significó los decretos del gobierno anterior para la AFI, las filtraciones de las escuchas y un esquema de fondos reservados con millones de pesos sin ningún tipo de rendición de cuenta”.
“Necesitamos una AFI democrática y ese es el espíritu de este Decreto 214”, completó el legislador.
El DNU modifica el artículo 4º de la Ley Nº25.520 e “imposibilita a los organismos de inteligencia agentes realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Asimismo, restringe “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.
Finalmente, Luenzo destacó la importancia de la desclasificación de los archivos de la AMIA a partir del Decreto 213/2020, que también fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, ya que “elimina los obstáculos que les estaban presentando a los familiares y garantiza un ejercicio pleno del derecho a la información a toda la Argentina”.
El senador nacional advirtió la necesidad de definir una política de distribución de la inversión publicitaría “transparente y federal”.
El senador nacional Alfredo Luenzo celebró que el presidente Alberto Fernández anunciara, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, que la distribución de la publicidad oficial estará vinculada a contenidos educativos y culturales, así como la gestión plural y de calidad que se implementará en los medios públicos.
En ese sentido, el legislador destacó la necesidad de “definir una política de distribución de la inversión publicitaria” atendiendo en simultaneo a varias variables: el nivel de audiencia real, para lo cual “necesitamos herramientas de medición públicas, federales, que no hayan sido cooptados por los medios y que sean auditados con control parlamentario”.
También señaló que “es importante” que se considere la dispersión de los medios en nuestro país y que la asignación “sea realmente federal”, al respeto Luenzo propuso que “el 35% se destine a medios nacionales y el 65% restante a medios provinciales y locales”.
El senador chubutense explicó que la importancia de distribuir de manera transparente la inversión publicitaria “radica en la necesidad de preservar la libertad de expresión y, a su vez, de preservar las fuentes de trabajo de cientos de periodistas y productores que ven peligrar su futuro laboral. También debe entenderse como un aporte al desarrollo cultural del país”.
En torno a la propuesta presidencial sobre los medios públicos, el senador Luenzo destacó el objetivo de “garantizar contenidos de calidad y pluralidad de ideas para llegar en forma igualitaria a todos y todas, promoviendo a su vez la diversidad de medios”.
Finalmente, el legislador dijo que “los medios públicos deben ser estatales, no gubernamentales y con control parlamentario, para darle a todo el país el acceso a la información veraz, de calidad, plural, federal y democrática. La información no es un bien de intercambio, es un derecho humano al que deben tener acceso todos los argentinos, e invito a todas las provincias a que sus medios públicos adhieran a este principio básico”.
El senador celebró el discurso de Alberto Fernández en el Congreso y dijo que la agenda legislativa que propuso tiene importancia para la Patagonia.
El senador nacional Alfredo Luenzo (Frente de Todos) afirmó que “el camino que ha marcado Alberto Fernández este 1° de marzo es muy claro: estamos construyendo una nueva Argentina que recupera al pueblo como prioridad”. En ese marco, subrayó: “Tenemos una agenda legislativa muy importante hacia adelante y, en particular, para la Patagonia”.
Tras la inauguración del 138° período de sesiones ordinarias, el chubutense expresó que “los patagónicos necesitamos recuperar el acompañamiento de Nación”. Por ello, resaltó que el paquete normativo anunciado por el presidente permitirá “descentralizar decisiones y recursos” y dijo que “en este debate vamos a estar representando a la voz de los patagónicos y sus necesidades para recuperar la presencia del Estado en todos los niveles”.
En esa línea, citó el caso del proyecto de capitales alternas “donde está Comodoro Rivadavia y permitirá a los funcionarios escuchar de primera mano la problemática y trabajar en políticas específicas que apunten a resolver las asimetrías”. También destacó los proyectos anunciados para la industria hidrocarburífera; la modificación del Régimen Federal Pesquero y de la demarcación límite de la plataforma continental que “permitirá defender nuestros recursos naturales”.
Luenzo resaltó “la vocación productiva” del presidente. “Ha quedado claro que el nuevo contrato social tiene una política económica con criterio federal, es decir que se propone descentralizar para generar valor agregado en origen, una visión que se acompaña con un imperativo de redistribución del ingreso tanto en términos de seguridad alimentaria como también con el objetivo de recuperar el mercado interno”.
“Esto será vital para la recuperación del país y en especial para la Patagonia”, señaló ya que “con una mirada del Estado más cercana que busque políticas diferenciales, tendremos mayor oportunidades para recuperar el trabajo genuino que se ha destruido en estos últimos cuatro años”.
El oficialista continuó diciendo que “para dar vuelta el rumbo, necesitamos de nuestras Pymes radicadas en el interior, que es parte del debate que estamos dando en el Congreso, de poner en marcha las fábricas y apuntalar los circuitos comerciales locales. Para ello hará falta, como lo ha explicitado Alberto Fernández, mucha incorporación de conocimiento por parte del sector científico-tecnológico y de las universidades, para ganar en competitividad y eficiencia”.
El senador subrayó que “se acabó el modelo de acumulación especulativa que instaló el gobierno anterior; estamos trabajando todos para recuperar a la Argentina que trabaja y produce y que tiene sueños”.
Asimismo, el legislador por Chubut compartió el concepto de “productividad social” que dejó el mandatario en el Congreso. “Tanto por una cuestión moral como económica cada recurso que invierta el Estado debe tener un criterio de productividad social, de invertir en los más desprotegidos para que beneficie a la Argentina en su conjunto”, sostuvo.
Por otro lado, celebró que “la política de derechos humanos y de memoria haya recuperado un rol central en la apertura de sesiones, como no sucedía hace muchos años”. Asimismo, destacó que “con firmeza se ha ratificado la soberanía de Malvinas, después de tantos vaivenes del gobierno anterior”.
Luenzo dejó también una mención especial a la situación de los 44 familiares de los submarinistas del ARA San Juan. “Me parece muy importante la decisión de ordenar el ascenso post mortem de cada uno de ellos para mantener viva la memoria, es un reconocimiento de parte del Estado”, expresó.
Respecto al anuncio del envío de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el senador consideró “la importancia de que el Poder Ejecutivo decida tomar como propio este drama de la salud pública que nos provoca tantas muertes de mujeres en el oscurantismo” y remarcó que “más allá de aún no tenemos los lineamientos específicos de la medida, porque estará ingresando en los próximos días al Congrego, el presidente ya dejó en claro que el proyecto legalizará la interrupción del embarazo en el tiempo inicial y hago hincapié en esto de legalizar y no solo despenalizar, ya que eso brindará garantías de acceso igualitario al derecho y permitirá que todas las mujeres puedan acceder más allá de sus recursos económicos al sistema de salud cuando toman la decisión”.
Además, remarcó “la integralidad” de la propuesta de Alberto Fernández al incluir el “Plan de los 1000 días” que “se complementará muy bien con la AUH y la tarjeta alimentaria” para atender la situación de emergencia alimentaria en la infancia.
El chubutense Alfredo Luenzo defendió la reforma de las jubilaciones y afirmó que se busca llevar “equilibrio a un régimen que tiene un pasivo enorme”.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo sostuvo que el proyecto para modificar el régimen especial en las jubilaciones de los jueces “no vulnera derechos ni causa perjuicio económicos concretos a los magistrados, que pese a la modificación seguirán teniendo las jubilaciones más elevadas del sistema”.
Por el contrario, indicó que la iniciativa busca “llevar un poco de equilibrio a un régimen que tiene un pasivo enorme”. “Lo que nos están diciendo los ministros es que el déficit previsto para las jubilaciones de los jueces es de 9.200 millones de pesos y que son casi 100 mil pesos extra por cada beneficiario que debe transferir el Tesoro para sostener este esquema”.
“Todos estos recursos millonarios que van hacía el régimen especial de los jueces son en detrimento de los más vulnerables”, agregó.
Respecto a las críticas vertidas por las asociaciones de magistrados a la iniciativa, Luenzo sostuvo que “la intangibilidad salarial del magistrado que fija la Constitución Nacional, no obliga al Estado a sostener un sistema desequilibrado” y, en ese sentido, subrayó que “respetar la independencia judicial no es garantizar privilegios”.
El chubutense lamentó “la visión meramente economicista de la independencia judicial que tienen algunos” que “para no pagar los tributos vigentes o en este caso para sostener un esquema especial jubilatorio se refieren a las instituciones” . “El concepto de intangibilidad salarial es otra cosa. Lo que hay acá es una Argentina en emergencia y una sociedad que está poniendo el hombro ¿Se sumará el Poder Judicial?”, cerró Luenzo.
“Acompañar a los más desprotegidos es un imperativo moral y es una inversión pública en beneficio de la Argentina”, sostuvo el chubutense
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo destacó “el anuncio de una suba del 13% para nuestras abuelas y abuelos que reciben la jubilación mínima y también para la AUH que realizó el presidente Alberto Fernández” en Casa de Gobierno que estará compuesto por una suma fija de 1500 pesos y un 2,3% para todos los beneficiarios. Además, desde el PAMI se anunció un listado de 170 medicamentos gratuitos para las jubiladas y jubilados.
“Anses ha explicado que este anuncio redundará en una aumento mayor o similar al de la fórmula que se derogó a partir de la sanción de la Ley de Solidaridad para más del 86% de las prestaciones”, indicó Luenzo.
En ese marco, el legislador subrayó que “es un imperativo moral inyectar recursos en los sectores más vulnerables” pero “también una inversión pública en beneficio de todos”. “Es una decisión política del Gobierno nacional que celebramos y que junto a los aumentos en seguridad social tenemos que sumarle la Tarjeta Alimentaria que ya está siendo distribuida”, agregó.
En ese sentido, remarcó que “recursos que el gobierno nacional destina a los sectores más desprotegidos son recursos que van directamente al mercado interno sea en alimentos, sea en medicamentos, en transporte, en servicios públicos”. Por ello, remarcó que “es en beneficio de la Argentina, en beneficio de todos” porque “son fondos que se inyectan al consumo, que estimulan los circuitos comerciales de nuestros pueblos y ciudades que tanta necesidad están atravesando y que fundamentalmente modifican las dinámicas recesivas que se están registrando desde hace 24 meses y por lo tanto tienen la potencialidad para generar trabajo en el territorio que es donde más se lo está necesitando”.
Respecto a la nueva fórmula de movilidad, el senador Luenzo indicó que este viernes fue recepcionada tanto en el Senado como en Diputados un pedido formal de parte del Poder Ejecutivo Nacional para conformar la comisión que tratará la nueva fórmula de movilidad.
“Se recibió una nota de parte del Gobierno. La comisión estará integrada por legisladores y funcionarios nacionales. Esta comisión tendrá como fecha límite el 30 de mayo para proponer un nuevo esquema de movilidad y poder avanzar en una nueva ley que será debatida por el Congreso”, afirmó el chubutense.
El senador nacional chubutense celebró que el ministro de Economía Martín Guzmán considere que “la gente no es estadística, sino una prioridad”.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo destacó que en la exposición del ministro de Economía Martín Guzmán se “ratificó la voluntad de pago de la Argentina, pero al mismo tiempo ha planteado con sinceridad que se necesita aliviar la carga de las acreencias internacionales para terminar con el proceso recesivo de la economía que desembocó en esta alarmante emergencia social”.
Así lo expresó luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, llevara adelante su presentación en la Cámara de Diputados sobre los lineamientos que impulsará el Poder Ejecutivo a partir de la ley de Sostenibilidad de la Deuda.
Luenzo remarcó que “la negociación seguramente no será sencilla”, pero subrayó que “la deuda que tomó el gobierno anterior tuvo un sesgo ideológico neoliberal muy claro, que fue compartido por el FMI y muchos bonistas y que por eso creemos que también han sido responsables de este nivel de endeudamiento”.
“Desde la oposición planteamos nuestra preocupación por la toma de deuda internacional desde el primer momento. Incluso, pedimos que se enviara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso para debatirlo y llevar propuestas alternativas ante un escenario que no veíamos conveniente para los argentinos”, recordó. “Lamentablemente no le permitieron al Congreso a tomar su intervención y dar el debate”, completó
Por ello, el chubutense exhortó a “avanzar en una postura humanista de la deuda externa”, y aseguró que la propuesta que la Argentina le hará a los acreedores tendrá en cuenta que “la gente no es estadística, es nuestra prioridad”.
Asimismo, Luenzo exhortó a que “junto al análisis económico y financiero, la Argentina avance en un debate político sobre la deuda” para “terminar con las políticas neoliberales de endeudamiento irresponsable que nos dejan con pobreza y hambre”.
“Hay que tener en claro que si el Estado toma financiamiento, el objetivo debe ser generar empleos genuinos. Eso asegura después crecimiento económico y la posibilidad de pago”.
“La Patagonia va a recuperar el acompañamiento de la Nación”, consideró el senador chubutense en referencia a la iniciativa que anunció el Ejecutivo.
“Celebramos la propuesta del Presidente Alberto Fernández para transformar a nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia en unas de las capitales alternativas de la Argentina”, de esta forma el senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo destacó la “importancia” que tendrá para la Patagonia el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para convertir en capitales alternas a 30 ciudades de las provincias argentinas, entre ellas Comodoro Rivadavia donde se realizarán entre otras gestiones, las reuniones de gabinete.
En ese marco, Luenzo remarcó que “federalizar los recursos públicos precisa, en forma paralela, que la Nación se acerque al territorio para que luego se puedan descentralizar decisiones”. Además, advirtió que “permitirá una gestión más cerca de la gente, con funcionarios nacionales que escucharán directamente las necesidades de los vecinos, del sector productivo y lo que se está necesitando en este momento tan delicado que atraviesa la Argentina”.
El chubutense recordó que “durante los últimos 4 años hemos insistido desde el Senado y militado para que la Patagonia recupere el acompañamiento de la Nación. Es el paradigma que vamos a recuperar”, aseguró.
En ese sentido, sostuvo que “sin el apoyo del gobierno nacional es muy difícil para nuestro sector productivo tener competitividad para darle trabajo a nuestra gente”.
Por otro lado, Luenzo aseguró que “por nuestro rol institucional en la representación de las provincias argentinas, desde el Senado vamos a tener protagonismo activo para la sanción de este proyecto”.
El senador nacional chubutense destacó el “trabajo coordinado” entre Nación, la provincia y los municipios que permitirá contar con la Tarjeta Alimentaria para 12 mil beneficiarios.
El senador nacional Alfredo Luenzo se refirió al “trabajo coordinado” entre Nación, provincia y los municipios chubutenses, y destacó que este “nos permitirá contar en breve con la Tarjeta Alimentaria para 12 mil beneficiarios”, y aseguró que “el primer balance que publica el Ministerio de Desarrollo Social en el arranque de esta política pública es muy alentador”.
“Enfrentar la emergencia social es la prioridad para el presidente Alberto Fernández y para la vicepresidenta Cristina Kirchner. Uno de cada dos chicos está en la pobreza. Por ello la tarjeta alimentaria está demostrando ser una gran herramienta para garantizar igualdad de acceso a la canasta básica, redistribuyendo recursos públicos”, expresó el senador.
Y en este sentido, consideró que la Tarjeta Alimintaria “destina directamente inversión pública en nuestros pueblos y ciudades, que es donde más se están necesitando. Ello permite que se hayan registrado subas en el consumo de proteína animal, frutas y verduras y lácteos. Será una gran ayuda para los chubutenses”.
Finalmente, Luenzo sostuvo que la tarjeta será una “herramienta económica muy importante, y que, sumado a otros programas de Nación, “se invierten íntegramente en el circuito comercial de las provincias gran cantidad de recursos públicos. El desafío será que esa inversión ahora genere empleo local”.
