A través de un proyecto de ley, la diputada del FdT sostuvo que “fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y en consulta permanente con muchas instituciones y fundaciones que se dedican al cuidado del ambiente”.
La diputada nacional Alicia Aparicio (FdT) y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley de Conservación de Fauna con un abordaje integral, ampliar las protecciones a las especies y aumentar las penas con prisión efectiva.
El ministro expresó que “va a modificar la Ley Fauna, con elementos tan significativos como, por ejemplo, la prohibición internacional de trofeos de caza”. Asimismo, agregó: “De hecho, está prohibido el tráfico internacional de trofeos de caza, pero queremos darle otra categoría, que sea ley, que tenga la fuerza de una ley. Nosotros queremos que esta discusión se dé en el Congreso nacional”.
Del mismo modo, recordó algunas acciones llevadas adelante por su cartera, como “la creación de la Brigada de Control Ambiental”, mediante la cual se incautaron “1.600 individuos faunísticos provenientes del tráfico” y también “800 trofeos de caza”, en el transcurso de casi cuatro años de gestión.
En tal sentido, afirmó que “esto lo hace el Estado. Creemos en el Estado. Tenemos que trabajar para que este Estado sea más eficiente, más eficaz”.
Del mismo modo, Aparicio expresó: “Este proyecto que presentamos fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y en consulta permanente con muchas instituciones y fundaciones que se dedican al cuidado del ambiente”.
“Se trata de un diálogo constructivo que nos permita abordar estos temas, con la participación de todos los sectores, desde la sociedad civil, los privados y los gobiernos en todos sus estamentos, nacionales, provinciales y municipales”, continuó la diputada, quien llamó a tener mayor “empatía y solidaridad por todos los seres sintientes”, señaló la diputada.
Además, añadió: “Proponemos un endurecimiento de las penas y un sistema de multas de actualización automática que tutele y reconozca a los animales como personas no humanas, sintientes y con derecho ante la ley”.
Del acto también participaron, por parte de la cartera ambiental, Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente; Jorge Etcharrán, subsecretario de Fiscalización y Recomposición; Juan Manuel Rodríguez, director nacional de Protección Ambiental; Guido Álvarez, director de Seguimiento de Gestión y Gabriel Tato, director de Ambiente del Municipio de San Fernando. Además, estuvo presente Kai Pacha, fundadora de la ONG Pumakawa, y otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, equipos técnicos de la BCA y representantes de la sociedad civil.
La iniciativa, que busca modificar la Ley 22.421, genera restricciones significativas vinculadas a la caza: prohíbe la importación, exportación y tránsito interjurisdiccional de todo trofeo de caza; la caza deportiva de animales declarados como monumentos naturales y aquellos en peligro de extinción y la cacería con perros. Además, incrementa los montos y las penas para que sean de prisión efectiva. En caso de reincidencia, las sanciones aumentarán un 20 %.
Para aquellas personas que cacen animales que sean monumento natural o los prohibidos por la autoridad de aplicación las penas aumentan de tres a seis años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez años. Para quienes cacen animales silvestres en campo ajeno sin autorización, las penas aumentan a seis meses y dos años de prisión y con inhabilitación especial de hasta tres años. En situaciones en las que esta acción se lleve a cabo de manera organizada o con concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos, la sanción se incrementa de cuatro a ocho años de prisión con inhabilitación especial de hasta 15 años.
En cuanto a la caza de animales silvestres con armas, perros, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación, la pena se eleva de tres a seis años de prisión, con posible inhabilitación especial de hasta 10 años.
Cabe destacar que el Ministerio de Ambiente nacional ya realizó un primer esfuerzo en el marco de sus competencias al prohibir el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de fauna autóctona. Además, la Brigada de Control Ambiental (BCA) lleva adelante una política de cierre de cotos de caza y decomiso de trofeos.
El comercio ilegal de animales y vectores es el cuarto más lucrativo del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, genera entre 15 y 20 mil millones de dólares anuales, lo que da cuenta de la permanencia de la caza furtiva a escala global.
La norma es impulsada por la diputada Alicia Aparicio, que la presentó formalmente en un acto celebrado en la Cámara baja que contó con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
Por Lourdes López
El proyecto de modificaciones a la ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre que fue presentado hace algunos días por la diputada del Frente de Todos Alicia Aparicio, tiene el propósito resguardar la biodiversidad de nuestro país frente a la constante depredación de la que es objeto. A esto se le suma que es una ley que tiene 42 años y las sanciones que plantea están gravemente desactualizadas.
También es importante la presencia de instituciones como la Administración de Parques Nacionales, quienes acompañan la iniciativa con el objetivo de endurecer las penas para la caza furtiva y la comercialización de animales protegidos. Justamente esta entidad es la que en los últimos días participó como querellante en el marco de la causa de caza ilegal de un ejemplar de Yaguareté (Panthera Onca) en Formosa.
El hecho, que quedó registrado en un video, tuvo lugar el pasado 19 de diciembre y fue valuado como daño ambiental irreparable en más de 370 millones de pesos. Se consideró lo establecido por el artículo 25 de la ley de Conservación de Fauna Silvestre así como diversos aspectos económicos y de conservación.
El Yaguareté es una especie emblemática del norte argentino, fue declarado Monumento Natural a nivel provincial y nacional, además de estar considerado en peligro crítico de extinción en el país. La población de la región del Chaco es la más diezmada, siendo la caza ilegal su principal motivo de disminución.
“Es importante determinar nuevos parámetros de conducta respecto a la caza y pautas de aprovechamiento de la fauna silvestre”, sostuvo la diputada Aparicio.
Queda pendiente el tratamiento en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para modificar la legislación.
El evento se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación y contó con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
La diputada nacional Alicia Aparicio (FdT – Buenos Aires) presentó este jueves un proyecto de modificación de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, con el objetivo de poner en debate la necesidad de actualización de esta ley y así resguardar la biodiversidad de nuestro país frente a la constante depredación de la que es objeto.
En el acto estuvieron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, la jefa de Gabinete de Parques Nacionales, Sabrina Selva, y distintas asociaciones y organizaciones vinculadas a lo medioambiental. Del mismo modo, Aparicio expresó: “A partir de comprender lo que está pasando con la caza furtiva, entendemos que esto tiene un daño incalculable para nuestra biodiversidad y para el equilibrio de nuestro ecosistema”, y agregó que “esto impacta en el cambio climático, en la salud de la población y en el futuro de la humanidad”.
Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié afirmó: “Creo que la mejor manera de generar conciencia es esta: encontrar proyectos de ley que tienen que ver con la demanda de la ciudadanía y que resuelven problemáticas no solamente para la coyuntura sino para el futuro de las próximas generaciones”.
Además, también expresó: “Me parece que es bueno no sólo reparar en la articulación de lo que viene a modificar este proyecto, sino también entenderlo y tomarlo como un disparador para concientizar y para debatir”.
El proyecto presentado por la diputada nacional Alicia Aparicio busca endurecer las penas vinculadas a la caza furtiva, así como establece un mecanismo de actualización automático para las multas. Además, prohíbe la utilización de perros en cualquier tipo de caza, entre otras cuestiones. Para llevarlo a cabo se consultó a distintas entidades involucradas en la protección de la biodiversidad.
“Tenemos una deuda muy grande y es necesario que la relación entre las actividades humanas con la naturaleza pueda hacerse de manera sostenible, sustentable y con mucha responsabilidad”, dijo Aparicio.
Por último, manifestó: “Tenemos que dar respuesta a esta demanda de las nuevas generaciones y entre todos hacer un debate amplio y constructivo que nos permita lograr la mejor ley posible para poder resolver estos problemas que nos aquejan”.
La diputada nacional Alicia Aparicio (FdT – Buenos Aires) presentará este miércoles el proyecto de ley modificatorio de la ley 22.421 de Conservación de la Fauna, para cambiar con lo establecido en la ley sancionada en 1981. El proyecto se relaciona con las herramientas que la ley ya existente contempla para la caza, así como […]
La diputada nacional Alicia Aparicio (FdT – Buenos Aires) presentará este miércoles el proyecto de ley modificatorio de la ley 22.421 de Conservación de la Fauna, para cambiar con lo establecido en la ley sancionada en 1981.
El proyecto se relaciona con las herramientas que la ley ya existente contempla para la caza, así como con las penas e infracciones donde los montos bajos de las sanciones hacen que ya no resulten eficaces.
El evento tendrá lugar a las 11 horas en el Salón Auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados, y tiene por propósito resguardar la biodiversidad de nuestro país frente a la constante depredación de la que es objeto y con las consecuencias que ello representa para la conservación de las especies y el equilibrio ecológico.
Concretamente, se busca incrementar las penas de prisión y de inhabilitación -en lo referido a los años- vinculadas a la caza, así como también la sanción frente a las infracciones, a través de un mecanismo de actualización que depende del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, en el proyecto se elimina la denominación caza deportiva y se sanciona cancelando la licencia de todo tipo de caza.
En tal sentido, la legisladora propone multas desde cien hasta mil veces el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil al momento de hacerse efectiva la multa, la que llevará aparejada el comiso de los ejemplares, pieles, cueros, lanas, pelos, plumas, cuernos y demás productos, subproductos y derivados en infracción.
El proyecto fue ingresado formalmente a la Cámara de Diputados el pasado martes 28 de marzo. Su objetivo tiene que ver con la conservación de las especies ya que constituyen un elemento imprescindible para la preservación de la diversidad biológica y para el ambiente en general.
Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) Argentina es uno de los principales proveedores de productos y subproductos de fauna silvestre dentro del circuito comercial ilegal. Por ello, entre otros motivos, resulta fundamental avanzar en la protección de nuestra fauna autóctona.
La actual ley de “Conservación de la Fauna Silvestre” fue creada con el propósito de resguardar la biodiversidad de nuestro país frente a la constante depredación de la que es objeto, con las consecuencias que ello representa para la conservación de las especies y el equilibrio ecológico. Del mismo modo, con la reforma de la Constitución en 1994 se creó el artículo 41 que plantea la tutela de los recursos naturales. En tal proyecto, la diputada remarcó: Se propone la modificación del artículo 28 Capítulo IX “de las infracciones y sanciones” de la Ley 22.421estableciendo un régimen de actualización automática de las multas respecto al salario mínimo vital y móvil”. “Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley y en su aprobación”, finalizó.
FAUNAJunto a funcionarios de educativos y en presencia de la diputada oficialista Aparicio, se impulsó el programa que beneficiará a más de 500 estudiantes.
La diputada nacional Alicia Aparicio (FdT – Buenos Aires) y la secretaria municipal Eva Andreeotti presentaron la edición 2023 de las Experiencias Educativas en Ámbitos Socioproductivos, prácticas de aprendizaje similares a pasantías, sin remuneración ni responsabilidades laborales, de las que participan 17 escuelas públicas y privadas. “Son fundamentales para orientar a quienes aún no tomaron la decisión de qué estudios superiores seguir, para que puedan seguir sus sueños”, señaló la legisladora.
En las instalaciones del Teatro Martinelli, el Municipio de San Fernando lanzó la edición 2023 de su Programa de Experiencias Educativas en Ámbitos Socioproductivos, del que participarán más de 500 alumnos de 17 escuelas públicas y privadas, que realizarán sus experiencias en distintas áreas de la Comuna de forma similar a ‘pasantías’ sin remuneración ni responsabilidades laborales.
Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente Eva Andreotti expresó: “El Programa de Experiencias Educativas en ámbitos socioproductivos, permitió el año pasado capacitarse en el Municipio a 460 alumnas y alumnos que pudieron ver si lo que sueñan hacer en su vida adulta es realmente lo que quieren, y que mejor que en el Municipio que cuenta con áreas legales, de economía, educación, deporte y salud para que tengan su primer experiencia laboral”.
En tal sentido, manifestó: “Recibimos a más de 17 instituciones privadas y públicas de nuestro distrito, también van a participar este año más de 500 alumnos en las diferentes experiencias educativas en el Municipio de San Fernando”, y agregó: “Es un orgullo y honor recibir a estos estudiantes, con el deseo que sea una muy linda experiencia, se puedan llevar un montón de conocimientos y que podamos formar a los futuros trabajadores y funcionarios municipales de San Fernando”.
Así también, la diputada Aparicio amplió: “Hace unos años que venimos con este Programa desde el Municipio, con muchísima participación; es fundamental la confianza que los colegios y sus alumnos nos brindan para participar de esta primera experiencia laboral en su Municipio, el lugar donde viven”.
“Además las experiencias educativas orientan a quienes aún no tomaron la decisión de que estudios superiores seguir y que puedan seguir sus sueños, luchar por ellos, porque trabajar de lo que nos gusta nos hace felices y lleva a la realización personal. Además, hay otras cosas importantes como la familia o los amigos en esta nueva sociedad del conocimiento que estamos construyendo entre todos, llenándola de empatía y solidaridad para que se pueda vivir en paz”, señaló Aparicio.
Participaron del acto la subsecretaria de Educación Mariana Miola, el presidente del Consejo Escolar, Matías Del Federico, acompañado de Consejeros Escolares; el Inspector jefe Distrital David Luzzi junto a autoridades provinciales, funcionarios municipales y concejales, estudiantes, directores y preceptores.
La legisladora Aparicio encabezará un evento el próximo miércoles en Anexo A de la Cámara baja para presentar la iniciativa que tiene por propósito resguardar la biodiversidad de nuestro país frente a la constante depredación.
La diputada nacional Alicia Aparicio (FdT – Buenos Aires) presentará el próximo miércoles el proyecto de ley modificatorio de la ley 22.421 de Conservación de la Fauna, para cortar con la ley sancionada en 1981.
El proyecto se relaciona con las herramientas que la ley ya existente contempla para la caza, así como con las penas e infracciones donde los montos bajos de las sanciones hacen que ya no resulten eficaces.
El evento tendrá lugar a las 11 horas en el Salón Auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados, y tiene por propósito resguardar la biodiversidad de nuestro país frente a la constante depredación de la que es objeto y con las consecuencias que ello representa para la conservación de las especies y el equilibrio ecológico.
Concretamente, se busca incrementar las penas de prisión y de inhabilitación -en lo referido a los años- vinculadas a la caza, así como también la sanción frente a las infracciones, a través de un mecanismo de actualización que depende del Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, en el proyecto se elimina la denominación caza deportiva y se sanciona cancelando la licencia de todo tipo de caza.
El proyecto fue ingresado formalmente a la Cámara de Diputados el pasado martes 28 de marzo. Su objetivo tiene que ver con la conservación de las especies ya que constituyen un elemento imprescindible para la preservación de la diversidad biológica y para el ambiente en general.
Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) Argentina es uno de los principales proveedores de productos y subproductos de fauna silvestre dentro del circuito comercial ilegal. Por ello, entre otros motivos, resulta fundamental avanzar en la protección de nuestra fauna autóctona.
FAUNALuego de varios plenarios en los que fueron escuchados funcionarios, exfuncionarios, tomadores de créditos y autoridades de bancos y de entidades bancarias, se realizó una nueva reunión para seguir buscando una salida a la problemática.
La Comisión de Finanzas, que encabeza la diputada del Frente de Todos Alicia Aparicio, continuó este miércoles con el debate del tratamiento de los proyectos para darle solución a los tomadores de créditos hipotecarios UVA.
Al respecto, la diputada Aparicio explicó que “tenemos una gran cantidad de proyectos -incluido uno de ella-, la idea es abordar el inicio de esta temática con la idea de que facilite a dar soluciones y llegar a acuerdos políticos”. Recordó las tres reuniones informativas que “han sido muy fructíferas y hemos podido visibilizar la problemática, con 31 oradores en tres jornadas”.
La legisladora explicó que se trata de un universo de 105 mil tomadores de créditos y fueron tomados, en su mayoría, por la banca pública en un 70%, 47% corresponde al Banco Nación, 13% al Banco Provincia, 9% al Banco ciudad y una porción menor otorgada por las entidades privadas. “Es necesario buscar una solución que permita darle tranquilidad a las familias tomadoras y al mismo tiempo no afectar el patrimonio de las entidades públicas”, agregó Aparicio.
El diputado radical Julio Cobos recordó que en abril de este año presentó un proyecto para renegociar los contratos; celebró la convocatoria porque “no sólo es para encontrar solución a los hipotecados sino para ver si recuperamos el crédito en Argentina, hoy no hay y la necesidad es muy grande”. “Es un problema que ha sido detectado por los tres poderes, Cuando se rompió la proporción salario-cuota originó una inequidad contractual”, dijo.
“La solución debe contemplar un esfuerzo compartido, entre estado, banco y beneficiarios. Y tiene que perseguir a los futuros créditos y a la situación para atrás, que alivie la situación de los tomadores, que no desfinancie al estado y que no perjudique el ahorro ni el sistema financiero, que reactive el sistema de créditos hipotecarios, sostenido en el tiempo. Establecer que sea para vivienda única, que sea actualizable que no se pague más allá del coeficiente de variación salarial, que se cubra el descalce a través de un fondo compensador”, puntualizó Cobos.
Por su parte, la diputada Myriam Bregman PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, calificó a la problemática como “una estafa estatal organizada por una ley del Estado y votada por mayoría de los legisladores. La mayor parte de los créditos fueron otorgados por la banca estatal, lo único que nos conmueve es la situación de las familias. Hay que dar una solución urgente”. “Comenzaron los remates, eso es lo más grave. Tenemos que poner una fecha para que esto se trate de manera urgente”, alertó.
Desde Evolución Radical, Martín Tetaz expresó que “Argentina es uno de los países que menos crédito hipotecario tiene. Tiene un problema grave y no tiene crédito”. “Tiene un problema serio que es la inflación y esto impide un crédito a largo plazo. En ese contexto aparecen los créditos UVA. Como primera medida tenemos que defender el sistema y corregir para la baja de la inflación”, enfatizó.
Luego de defender esta clase de créditos, el diputado agregó que “el problema se denomina de ilusión monetaria, es la caída de los salarios y la solución es terminar con la inflación y desarrollar un mercado de capitales”.
En tanto, el legislador Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) destacó el trabajo de la comisión y el compromiso con la búsqueda de una solución. “Desde los estafados hasta los funcionarios y exfuncionarios ha dado un piso de análisis que obliga a ir tomando decisiones de políticas públicas”, aseguró. “Existe un problema y tiene relevancia pública, por lo tanto, exige la intervención pública con decisiones prudentes, inteligentes, virtuosas, y marcar un sendero de mejores prácticas a futuro”.
Rodríguez propuso un mecanismo trabajado con seriedad para encontrar la forma de financiar algún tipo de compensación a los damnificados y evaluar “con el ministerio de economía, con el gobierno y los actores que correspondan analizar los 527 mil millones de pesos -que durante el 2023- tendrá de excedentes sumados las empresas públicas y los fondos fiduciarios. Un nicho de recursos que podemos evaluar”, subrayó.
Tras un largo tiempo sin novedades, la Comisión de Finanzas que conduce la diputada Alicia Aparicio convocó a reunirse para analizar el tema este miércoles.
A la hora de analizar las cuentas pendientes del Congreso este año, pican en punta alquileres y créditos UVA. Al menos, al día de hoy, y la factura está en la Cámara baja, donde se habían propuesto abordar el tema, pero se toparon con una realidad que -inflación mediante- complicó una solución al punto tal que ninguno de los dos temas ha llegado al recinto. Al menos al día de hoy.
Con la intención de revertir esta situación, la Comisión de Finanzas que encabeza la diputada del Frente de Todos Alicia Aparicio ha sido convocada para este miércoles a las 15 para continuar el debate de los deudores de créditos hipotecarios UVA.
Para refrescar la situación, vale recordar que el 13 de abril de este año, el diputado nacional radical Julio Cobos presentó un proyecto para renegociar los contratos, pero luego fue más allá al tratar de forzar junto a otros diputados de JxC una sesión especial para tratar esa problemática.
Alentado por lo que ya habían logrado con el tratamiento de la Ley de Alquileres, un día después de que la oposición pidiera una sesión especial para tratar Boleta Unica, el 28 de abril pasado solicitaron al presidente de la Cámara baja convocar a una sesión especial el jueves 5 de mayo para tratar de manera urgente el tema de los créditos UVA.
La propuesta suscripta por 28 diputados radicales contemplaba el tratamiento de dos proyectos: ese que el propio Cobos había presentado dos semanas antes, y otro del exdiputado Alvaro De Lamadrid denominado “rescate de deudores hipotecarios UVA”.
La movida tenía como intención forzar el tratamiento del tema, mas no del modo sugerido en la convocatoria, sino a través de un entendimiento con el oficialismo, que se alcanzó el 3 de mayo, cuando se acordó armar un esquema especial con 30 días para resolver la situación.
El presidente de la Cámara emitió una resolución unificando giros y convocando a que en 30 días se emitiera un dictamen consensuado.
El acuerdo suscripto entre el entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, Germán Martínez, Mario Negri y Julio Cobos hablaba de “avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para los actuales tomadores de créditos UVA, y perfeccionar los mecanismos actuales para promover créditos hipotecarios accesibles y sostenibles en el tiempo”.
Las comisiones que se ocuparían de trabajar en el tema serían las de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que convocaron a una reunión informativa el 1 de junio de 2022, donde se presentaron funcionarios, exfuncionarios, especialistas y familias tomadoras de crédito.
En esa ocasión, la titular de Finanzascontó que habían acordado llevar adelante dos reuniones informativas y una reunión de debate.
En representación del colectivo UVA, la primera oradora dejó bien establecido el eje del problema. María Luisa Schwab, integrante de Hipotecarios UVA Tandil, contó su situación personal a partir del hecho de haber pedido un crédito para construir en mayo de 2017 en un lote de su propiedad: “Nos encontramos con que el primer desembolso no era la cantidad de dinero esperada”, contó, asegurando que “no hubo especulación por parte nuestra. No hicimos negocio, como algunos dicen”, y cuestionó “el aumento desmedido de las cuotas”.
“Ya hemos devuelto el monto otorgado y de ahora en más todo es ganancia de los bancos”, sintetizó.
A continuación habló Iván Kerr, exsubsecretario de Vivienda durante la gestión Cambiemos. “Durante 2016 el BCRA creó la UVA, que permitió que muchas familias de ingresos medios pudiera comprar su vivienda”, recordó, destacando el “boom” que generó entonces ese sistema, que rige hoy sin problemas en países vecinos. Pero admitió que la inflación generó problemas que trataron de atender adecuando el nivel de incremento de las cuotas, a través de un fondo fiduciario creado a esos fines que se aplicó para deudores del Procrear y del UVA.
“En noviembre de 2019 presentamos un proyecto de ley para que a partir del presupuesto siguiente las cuotas se comenzaran a tratar en función de un sistema de convergencia que evitara este salto inflacionario acumulado”, recordó, con el fin de “proteger a los deudores, pero también mejorar la calidad del crédito hipotecario para que volviera a ser utilizado en el futuro”. Sugirió como solución crear un fondo de compensación “simétrico”, para que los tomadores de créditos paguen sus cuotas ajustadas por salarios, y que los bancos sigan percibiendo las cuotas ajustadas por el CER y la UVA, vía un fondo compensador, cosa que funciona en otros países de manera “rentable”.
Kerr concluyó asegurando que “el crédito hipotecario necesita apoyarse sobre una economía estable con capacidad de proyectar en el mediano plazo. Hasta que eso no ocurra, este fondo compensador puede ser una herramienta para dar seguridad a quienes tomaron créditos hipotecarios”.
Durante el debate, se escucharon expresiones como la de Adrián Daniel Albor, presidente de una asociación civil que patrocina a deudores, que expresó la conclusión de que “los bancos se han convertido en lo micro en lo que el FMI es en lo macro a los estados”. Lo contradijo el economista Lucas Llach, quien también fue funcionario de la gestión anterior, que negó que ese fuera “un negocio de los bancos”. Y pensando a futuro, advirtió que “si queremos que el deudor pague menos de lo que se comprometió a pagar, estamos diciendo que haya pocos incentivos para el prestamista, que no es el banco sino los depositantes (…) Si no hay nadie que preste, no hay crédito”.
Llach le reclamó al Congreso “permitir que siga existiendo el crédito en la Argentina, y por lo tanto la indexación”, aclarando que la cuota UVA es el crédito más estable, pues contempla lo que fue la inflación en el mes anterior, por lo tanto “su variabilidad es mucho menor a la variabilidad que tienen todos los demás ítems”.
Advirtió por último que si se compensara a solo un grupo, que son los tomadores de créditos, habría que compensar también a los otros 47 millones de argentinos.
“El sistema UVA no falló por su mecanismo de indexación, sino por dos falsas premisas desechadas por la evidencia: que el aumento de la oferta de la vivienda va a bajar su precio y que la facilitación del crédito hipotecario aisladamente contribuye a resolver el problema de la vivienda. Cualquiera que entiende un poco sobre el funcionamiento del mercado del suelo sabe de la formación de la renta y de las expectativas alcistas en contextos especulativos”, sostuvo por su parte la diputada Romina del Plá.
Una defensa encendida del sistema de créditos fue la que hizo Federico González Rouco, gerente de Créditos y Alquileres en el Instituto de Vivienda de CABA, que destacó que “hoy la mora es del 1,3%”, remarcando que los países que utilizan este tipo de sistema siguen manteniéndolos y relacionó todos los problemas a la inflación. “Es cierto, el capital aumenta”, reconoció, aclarando que “cada vez se venden menos UVA, pero todos los meses se deben pesos, que ajustados por inflación valen menos”.
La segunda reunión informativa tuvo lugar el 29 de junio pasado, con testimonios en primera persona como el de Sebastián Saúl Ignacio, representante de UVA Necochea, quien contó que había tomado un crédito a través del Banco Provincia en marzo de 2017 por 1.500.000 pesos a 15 años, para poder comprar su casa. Empezó pagando una cuota de 11 mil pesos y “hoy, en la cuota 73, deberíamos pagar 85 mil pesos, algo imposible de hacer”.
Entre la docena de oradores que se presentaron, el exdiputado mendocino José Luis Ramón sugirió que “las entidades financieras resignen esto de seguir cobrando el UVA y que al final del crédito el Estado de la Nación le reconozca la pérdida a los bancos, pero a los 30 años, cuando ya termina”.
Sobre el final de esa reunión, el diputado Cobos planteó el siguiente ejemplo: hoy día, el Banco Provincia da un crédito de 12 millones de pesos con tasa al 41%, con una cuota inicial de 410.915 de pesos y solicita más de un millón de pesos de ingresos. “Es imposible tomarlo”, indicó, para decir luego que “por un crédito UVA el Banco Francés ofrece hoy 12 millones de pesos a 20 años, a una tasa del 5% y la cuota inicial es de 80 mil pesos” y el ingreso requerido, más de 200 mil pesos.
El mendocino opinó que “más allá de la solución que tenemos que brindar desde el Congreso”, lo que hay que hacer es “recuperar el crédito a largo plazo o corto plazo para capital de trabajo”. Así las cosas, planteó que “el problema que tenemos es cómo resolvemos a los actuales beneficiarios de crédito”, y apuntó que “la evolución del salario hasta diciembre de 2018 superó a la inflación”, pero “a partir de ahí cae el salario con respecto al valor de la UVA”.
En ese marco reconoció que había “mucha coincidencia” entre los diputados y el propio Poder Ejecutivo en tratar de encontrar una solución, pero claramente los plazos pactados no se estaban cumpliendo, ni se iban a cumplir: habían fijado 30 días para emitir dictamen y llevaban casi 60, sin siquiera ponerse a discutirlo.
Sugirió ese día invitar a los bancos y al Poder Ejecutivo para la semana siguiente, para después avanzar en una iniciativa consensuada, pero nada de eso ocurrió. En efecto, las entidades financieras solicitaron posponer su visita ante los cambios registrados en el Ministerio de Economía.
Por eso fue que el 11 de agosto pasado, ya con nueva presidenta al frente de la Cámara, el propio Cobos junto a Mario Negri le enviaron a Cecilia Moreau una carta para pedirle reanudar en comisiones el debate por los créditos UVA.
“El contexto inflacionario actual y el vencimiento el día 31 de julio pasado del Decreto 767, mediante el cual se congelaron las cuotas de aquellos que accedieron a un crédito UVA, vuelve más apremiante e incierta la situación de los beneficiarios”, enfatizaron los legisladores de Juntos por el Cambio, que concluyeron pidiéndole a Moreau “arbitrar los medios a su alcance para que se retome el tratamiento parlamentario de los créditos UVA a la mayor brevedad posible, para buscar unificar propuestas, lograr un dictamen y pronto tratamiento en sesión en la Cámara que usted preside”.
Finalmente el 1 de septiembre se realizó un nuevo plenario para recibir a autoridades de entidades y asociaciones bancarias. En esa oportunidad, Alicia Aparicio abrió el debate expresando el deseo de poder arribar en la próxima reunión a un dictamen de consenso “para aliviar la situación de quienes han tomado crédito en este sistema y ven peligrar la posibilidad de tener su casa propia”.
La primera expositora fue la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, que realizó una síntesis respecto a la situación hoy en día: “En el sistema hay una totalidad de 105 mil deudores UVA, de los cuales el 70% pertenecen a la banca pública. En el Banco de la Nación Argentina teníamos 48 mil créditos, de los cuales hoy están vigente 45 mil, y lo que tenemos que analizar es que el valor del UVA creció 919% desde la creación a la actualidad mientras que el UVI pasó de 846%”.
Además, explicó que, del total del sistema de créditos otorgados, “menos del 2% están en situación de morosidad, y en el Banco Nación 0,98%. De la demanda que hacen cada una de las personas, es que detectamos 4 o 5 temas problemáticos: que son la aceleración de la actualización de la cuota, en relación a la actualización del salario; los problemas en el repago de la deuda; el incremento del capital adeudado en pesos; y el aumento de los años de plazo por topeo de cuotas en relación al ingreso”.
Mariano Beltrami, gerente de Estudios Económicos Banco Provincia, brindó detalles respecto a los créditos otorgados por su institución: “En la actualidad el Banco Provincia tiene cerca de 15.600 créditos activos hipotecarios UVA, que totaliza un saldo actualizado por inflación de 102 mil 900 millones de pesos. Desde fines del 2019, el banco viene mostrando una caída importante en los saldos, y la cantidad de créditos otorgados”.
El gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) Alejandro Pérez, advirtió la necesidad de buscar una solución para los deudores, que “no afecte a las más de tres millones de familias que tienen problemas habitacionales, y deberían poder acceder a un crédito hipotecario para la vivienda en los próximos años”.
Claudio Cesario, presidente de ABA, consideró que es importante destacar se reunieron para analizar “uno de los temas más sensibles para la población”, que es el acceso a la vivienda, “posiblemente una de las mayores deudas que tenemos como sociedad y como Estado, que como garante y articulador de políticas de desarrollo habitacional, debe comprometerse en brindar las condiciones básicas e indispensables para posibilitar su acceso y financiamiento a largo plazo, eso sí, sin generar inflación. Y la inflación es la principal preocupación de todos los argentinos”.
Cerró el debate el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, que coincidió en que toca tratar un tema complejo, que “concierne a uno de los temas de fondo que tiene nuestra sociedad que es la necesidad cultural y social de que los argentinos tengan acceso a su vivienda”.
“Tenemos que encontrar un mecanismo permanente que permita salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y los procesos de negociación paritaria no pueden compensar esta situación con la velocidad que necesitan las familias para poder atender la cuota de un crédito que se ajusta por inflación”, indicó, al tiempo que advirtió que “hay que ser cuidadosos mirando la banca privada, que la solución que se busque no signifique la ruptura de contratos y que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller aclaró que el “problema de los tres millones de familias que no tienen acceso a la vivienda es uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina”, pero no es el motivo de este tratamiento: “Nosotros estamos reunidos en torno a un proyecto, que tiende a analizar cómo resolvemos la situación de los 90 mil deudores que tiene el sistema financiero a través del mecanismo UVA, y cómo hacemos que ese sistema pueda ser potable hacia adelante”, aclaró.
“Estamos tratando proyectos concretos que estamos tratando de mejorar y enriquecer. Teniendo en cuenta las variables que señaló el presidente del Banco Central, el tema de la no ruptura del contrato, y la posibilidad de los deudores de acceder a los deudores”, apuntó.
Todavía diputada, Victoria Tolosa Paz consideró que la propuesta que se ha elaborado respecto a la creación de un fondo compensador “puede ser una buena medida que no perjudica a la banca pública, que es la que tiene mayor cuantía de esos créditos otorgados”, y advirtió que “no todo tomador de crédito UVA tiene características para que el Estado salga a socorrer esa situación. Me sumo a que podamos elaborar en la comisión conjunta un perfil, a partir del cual tengamos más certezas”.
Este miércoles se verá si finalmente puede avanzarse en el dictamen prometido y llevar al recinto una propuesta concreta que le brinde una solución a más de cien mil tenedores de créditos afectados por esta situación.
Las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda escucharon las opiniones de los expertos para alcanzar acuerdos tendientes a solucionar los reclamos de los deudores UVA.
Las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, presididas por los legisladores Alicia Aparicio y Carlos Heller (FdT), mantuvieron una reunión conjunta informativa para tratar la situación de los créditos hipotecarios UVA. Fueron invitados autoridades de entidades y asociaciones bancarias.
La reunión informativa dio continuidad al trabajo iniciado el 29 de junio, cuando tomadores de créditos UVA expusieron las dificultades para afrontar las cuotas requeridas, y se da en el marco del pedido del pasado 11 de agosto de Julio Cobos, junto a Mario Negri, de reanudar en comisiones el debate, enfatizando el “contexto inflacionario actual y el vencimiento el día 31 de julio pasado del Decreto 767, mediante el cual se congelaron las cuotas de aquellos que accedieron a un crédito UVA, vuelve más apremiante e incierta la situación de los beneficiarios”.
Aparicio abrió el debate expresando el deseo de poder arribar en la próxima reunión a un dictamen de consenso “para aliviar la situación de quienes han tomado crédito en este sistema y ven peligrar la posibilidad de tener su casa propia”.
A continuación, la primera expositora fue la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis, que realizó una síntesis respecto a la situación hoy en día: “En el sistema hay una totalidad de 105 mil deudores UVA, de los cuales el 70% pertenecen a la banca pública. En el Banco de la Nación Argentina teníamos 48 mil créditos, de los cuales hoy están vigente 45 mil, y lo que tenemos que analizar es que el valor del UVA creció 919% desde la creación a la actualidad mientras que el UVI pasó de 846%”.
Además, explicó que, del total del sistema de créditos otorgados, “menos del 2% están en situación de morosidad, y en el Banco Nación 0,98%. De la demanda que hacen cada una de las personas, es que detectamos 4 o 5 temas problemáticos: que son la aceleración de la actualización de la cuota, en relación a la actualización del salario; los problemas en el repago de la deuda; el incremento del capital adeudado en pesos; y el aumento de los años de plazo por topeo de cuotas en relación al ingreso”.
Luego fue el turno de Mariano Beltrami, gerente de Estudios Económicos Banco Provincia, que brindó detalles respecto a los créditos otorgados por su institución: “En la actualidad el Banco Provincia tiene cerca de 15.600 créditos activos hipotecarios UVA, que totaliza un saldo actualizado por inflación de 102 mil 900 millones de pesos. Desde fines del 2019, el banco viene mostrando una caída importante en los saldos, y la cantidad de créditos otorgados”.
Además, señaló las medidas que tomó el Gobierno para paliar la crisis derivada de la pandemia: “En marzo dictó un decreto para congelar las cuotas por un periodo de seis meses, a su vez restableció la posibilidad de reprogramar las cuotas, de modo tal de enviarlas al final del crédito”, y respecto a las medidas que tomó el banco en este sentido, explicó que “el directorio del Banco Provincia dispuso un esquema por medio del cual, se estableció una afectación máxima de los ingresos demostrables del 35%, quedando la diferencia a cargo del banco. Es importante resaltarlo, porque me parece que es una singularidad respecto de otros bancos”.
A su turno, el director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, explicó que el 98,3% de los deudores UVA se encuentran en situación regular: “Hay solo 204 préstamos que están en situación regular. Esta mora es extraordinariamente baja. A nuestro juicio, se estaría planteando una solución de carácter general, para un problema que tiene eminentemente un carácter individual. El abordaje caso a caso permiten encontrar alternativas de refinanciación a medida de cada deudor”.
Respecto a los mecanismos de alivio vigentes, señaló que el primer era “contemplado para todos los prestamos UVA, que preveía en el caso de que el salario real cayera un 10%, preveía una extensión del privilegio del préstamo, hasta un 25% del plazo original. En el caso del Banco Ciudad solo el 6,3% de los deudores hizo uso de este mecanismo de alivio”.
Y que en segundo lugar “se exigió al sistema financiero un tratamiento especial en aquellos casos particulares en los cuales se acreditara que la cuota al 35% de los ingresos y en ese caso el banco estaba obligado a ofrecer una alternativa de financiación. En el caso del Banco Ciudad, se presentaron 686 deudores, de los cuales solo 4 efectivamente se acreditó que excedían el tope del 35%”.
“Si uno piensa en el déficit habitacional que tiene la república argentina, probablemente sea indispensable consolidar un mecanismo de hipotecas que sea generalizado, de fácil acceso para precisamente cerrar esa brecha en materia de déficit habitacional”, concluyó Rossi.
A continuación, fue el turno del gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) Alejandro Pérez, que advirtió la necesidad de buscar una solución para los deudores, que “no afecte a las más de tres millones de familias que tienen problemas habitacionales, y deberían poder acceder a un crédito hipotecario para la vivienda en los próximos años”.
Y agregó: “La solución habitacional de este colectivo solo podrá surgir con el desarrollo constante de un mercado de créditos robusto. Durante los años 2016 a 2019 se dieron tan solo 105 mil créditos. El crédito hipotecario en nuestro país en relación al PBI alcanza un valor del 0,7%, en Chile esta ratio llega a más del 27%. El crédito hipotecario potencia las virtudes de la industria de la construcción, con sus efectos multiplicadores de la economía, de forma directa o indirecta. Consolidar este mercado es el gran desafío que tenemos por delante en los próximos años”.
Claudio Cesario, presidente de ABA, consideró que es importante destacar se reunieron para analizar “uno de los temas más sensibles para la población”, que es el acceso a la vivienda, “posiblemente una de las mayores deudas que tenemos como sociedad y como Estado, que como garante y articulador de políticas de desarrollo habitacional, debe comprometerse en brindar las condiciones básicas e indispensables para posibilitar su acceso y financiamiento a largo plazo, eso sí, sin generar inflación. Y la inflación es la principal preocupación de todos los argentinos”.
Por esto, para el expositor, “lograr la estabilidad macroeconómica y luchar para bajar la inflación son responsabilidad del Estado, y es responsabilidad de este Congreso, y de ustedes como diputados de hacerse cargo de esa responsabilidad”.
“Fuimos convocados para abordar una problemática que afecta a un sector de la población, a menos del 2% de las 105 mil familias que 5 años atrás reunieron los requisitos necesarios para acceder a los créditos UVA. Familias con salarios o ingresos registrados y en blanco”, agregó.
Y finalmente, señaló que “la mora de los créditos UVA son similares a los de otros países, porque los salarios, aun con algún rezago temporal, siempre se fueron ajustando. Ahora bien, contra la pérdida total o significativa de los ingresos no hay solución posible. La coyuntura o situaciones particulares de unos pocos, no pueden ser utilizadas para modificar contratos pactados de conformidad con la ley”.
Cerrando la lista de expositores, tomó la palabra el presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce que coincidió en que toca tratar un tema complejo, que “concierne a uno de los temas de fondo que tiene nuestra sociedad que es la necesidad cultural y social de que los argentinos tengan acceso a su vivienda”.
“Tenemos que encontrar un mecanismo permanente que permita salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y los procesos de negociación paritaria no pueden compensar esta situación con la velocidad que necesitan las familias para poder atender la cuota de un crédito que se ajusta por inflación”, indicó, al tiempo que advirtió que “hay que ser cuidadosos mirando la banca privada, que la solución que se busque no signifique la ruptura de contratos y que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller señaló que el “problema de los tres millones de familias que no tienen acceso a la vivienda es uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina”, pero no es el motivo de este tratamiento: “Nosotros estamos reunidos en torno a un proyecto, que tiende a analizar cómo resolvemos la situación de los 90 mil deudores que tiene el sistema financiero a través del mecanismo UVA, y cómo hacemos que ese sistema pueda ser potable hacia adelante”, aclaró.
“Estamos tratando proyectos concretos que estamos tratando de mejorar y enriquecer. Teniendo en cuenta las variables que señaló el presidente del Banco Central, el tema de la no ruptura del contrato, y la posibilidad de los deudores de acceder a los deudores”, apuntó el legislador.
A su turno el diputado Julio Cobos cuestionó que “si todo andaría fenómeno, como surgen de las estadísticas que uno escucha de los bancos privados y públicos, veríamos que se siguen otorgando más créditos, sin embargo, son en la mínima la expresión”, y que por eso se debe “encontrar una solución que sirva para adelante, para ver cómo retomamos conviviendo con una inflación que a lo mejor llegue al 100 por 100”.
“Todos los contratos de largo plazo siempre las cláusulas están establecidas para mantener la equidad contractual. Acá la relación ingresos e inflación, que era la relación de qeuidad que había que mantener se vino abajo, explotó”, indicó el legislador.
La diputada Victoria Tolosa Paz consideró que la propuesta que se ha elaborado respecto a la creación de un fondo compensador “puede ser una buena medida que no perjudica a la banca pública, que es la que tiene mayor cuantía de esos créditos otorgados”, y advirtió que “no todo tomador de crédito UVA tiene características para que el Estado salga a socorrer esa situación. Me sumo a que podamos elaborar en la comisión conjunta un perfil, a partir del cual tengamos más certezas”.
Finanzas y Presupuesto y Hacienda volverán a reunirse el 1° de septiembre para retomar el tema, con invitados.
Atendiendo el pedido de la oposición para reanudar la búsqueda de una solución sobre los créditos UVA, las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda fueron convocadas para el jueves 1° de septiembre a las 14.
En efecto, así le habían pedido el 11 de agosto pasado los diputados radicales Julio Cobos y Mario Negri a la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, a través de una carta.
“El contexto inflacionario actual y el vencimiento el día 31 de julio pasado del Decreto 767, mediante el cual se congelaron las cuotas de aquellos que accedieron a un crédito UVA, vuelve más apremiante e incierta la situación de los beneficiarios”, enfatizaron los legisladores de Juntos por el Cambio, que concluyeron pidiéndole a Moreau “arbitrar los medios a su alcance para que se retome el tratamiento parlamentario de los créditos UVA a la mayor brevedad posible, para buscar unificar propuestas, lograr un dictamen y pronto tratamiento en sesión en la Cámara que usted preside”.
Cabe recordar que en el último plenario de comisiones celebrado el 29 de junio pasado, sobre el final el diputado Cobos había sugerido invitar a los bancos y al Poder Ejecutivo para la semana siguiente para después avanzar en una iniciativa consensuada, pero nada de eso ocurrió. Sucede que las entidades financieras solicitaron posponer su visita ante los cambios registrados en el Ministerio de Economía, y esa situación postergó en el tiempo la reanudación del debate, que, como se ve, ya vuelve a tener fecha, precisamente para recibir a representantes de entidades financieras y asociaciones bancarias.
La diputada nacional recibió a un grupo de 60 manzaneras en el Palacio del Congreso, en donde realizaron una visita guiada y posteriormente mantuvieron una reunión con la legisladora.
La diputada nacional Alicia Aparicio recibió a las Manzaneras en el Congreso de la Nación donde las mujeres realizaron una visita guiada por ambas cámaras y luego se reunieron con la legisladora para dialogar sobre las problemáticas que atraviesan los distintos barrios.
Hace 28 años se creaba en la provincia de Buenos Aires el Plan Vida por el cual un grupo de mujeres voluntarias oficiaban de nexo entre vecinas del barrio y el Estado. En aquel momento aquellas trabajadoras sociales recibieron el nombre de Manzaneras, por su capacidad de recorrer cada casa del barrio.
El programa se discontinuó pero aquellas mujeres siguieron siendo referentes en sus barrios y el nexo del Estado municipal con sus propias comunidades. Es así que “en pandemia cumplieron un rol fundamental”, destacó Laura Triador, concejala de San Fernando, dado que en muchas oportunidades fueron quienes repartieron elementos de limpieza y desinfección o brindaron información sobre las necesidades del barrio.
“Recibimos la visita de las Manzaneras de San Fernando en el Congreso Nacional. Integran un programa creado en los ‘90 que nosotros hemos decidido sostener porque son de gran importancia para la inclusión social”, destacó la legisladora nacional.
Por su parte, entre las protagonistas se encontraba Dolores del barrio Aviación, que comenzó a trabajar como Manzanera hace 24 años acompañando a mujeres embarazadas. Sobre el encuentro, Dolores manifestó: “Tuvimos una visita guiada completa y personalizada, por la Cámara de Diputados y de Senadores, y con el broche final que fue estar con la diputada Alicia Aparicio”
En tanto, Miriam Meya, Manzanera desde hace 26 años, comentó: “Tuvimos una invitación de parte de la señora Alicia Aparicio, hicimos una visita guiada en la Cámara de Diputados, muy lindo todo. Nos hicieron un agasajo y hablamos de todas las problemáticas municipales”.
Finalmente, Alicia Aparicio agregó: “Tras la visita guiada, nos reunimos, escuchamos las distintas problemáticas de la zona y analizamos posibles soluciones. Fue una charla muy enriquecedora. Quedaron cuestiones por resolver que me los llevo para seguir trabajando”.
Al arrancar una nueva jornada de debate sobre el acuerdo con el FMI, la diputada Alicia Aparicio recordó la fecha.
En el comienzo de un nuevo plenario de comisiones, que debate el proyecto del acuerdo con el FMI, la diputada Alicia Aparicio hizo mención al Día Internacional de la Mujer que se conmemora este martes.
"Tanto en nombre de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas queremos saludar en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras a todas las mujeres argentinas. Es un día de lucha y reivindicación", sostuvo la legisladora del Frente de Todos.
Asimismo, instó "a todas las mujeres a que continuemos en el objetivo de lograr mayor equidad y mayor reivindicación de nuestros derechos. Que tengamos un buen día y continuemos con nuestro trabajo y lucha por esos objetivos".
Por Alicia Aparicio. Con la llegada de la segunda ola, la diputada nacional oficialista defiende las medidas dispuestas por el Gobierno nacional y critica la oposición del jefe de Gobierno porteño y habla de “mezquindad política”.
En un contexto de pandemia, en donde la segunda ola presenta un crecimiento exponencial diarios de contagios, Argentina, como Brasil, Uruguay, México, Chile, Paraguay, Francia o Alemania tomaron las mismas medidas: suspender las clases presenciales para evitar la circulación de personas y por ende los contagios y muertes. Quienes durante este año han perdido familiares y amigos o han transitado la enfermedad en forma compleja saben de qué hablamos cuando hablamos de Coronavirus. Esta pandemia no discrimina y sólo cuidándonos vamos a poder sobrellevarla de la mejor forma posible.
El año pasado los argentinos y las argentinas han tenido el compromiso necesario para que, entre todos/as, frenemos la inminente llegada de la pandemia. El esfuerzo realizado ha permitido a los gobiernos nacional, provinciales y municipales adecuar el sistema sanitario y evitar la foto que nos mostraba Europa con pacientes que no tenían camas para ser tratados o a médicos/as eligiendo a quién prestarle servicio porque no se llegaba a cubrir la demanda.
Este año nos toca atravesar la segunda ola y quienes vivimos en el AMBA sabemos que el aglomeramiento y la circulación nos pone en una zona de mayor riesgo. Es así que nuestro presidente, Alberto Fernández ha tomado la decisión por medio del DNU 241/2021 de aumentar restricciones para que por 15 días se limite la circulación y con ello los contagios.
Lamentablemente a veces la mezquindad política nos lleva por caminos sinuosos. Caminos que ponen en riesgo a la población que decimos representar. Tal es el caso de la decisión implementada por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de oponerse a lo dictaminado en un Decreto de Necesidad y Urgencia sin contemplar el estado de situación que atraviesa el sistema sanitario y encontrando en una “justicia a la carta” el relato necesario para imponerse políticamente.
Nos encontramos frente a un escándalo jurídico sin precedentes que genera no solo desconcierto ante madres, padres y comunidad educativa, sino que también genera un riesgo a la salud pública en el marco de una pandemia.
El presidente Alberto Fernández tomó una decisión de Estado para preservar la salud de millones de argentinas y argentinos.
Con estas acciones la oposición pretende instalar el falso postulado que las medidas sanitarias implementadas van en desmedro de la educación. Así como el año pasado plantearon la dicotomía salud versus economía. El punto pareciera ir contra todo, incluso con el bienestar de la población.
Todos creemos que la presencialidad es vital para la educación. Así como lo sostuvimos en el 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cerraban escuelas y programas educativos. Hoy lo seguimos sosteniendo. Por ello, bregamos para que las clases presenciales sean retomadas apenas se supere el pico de contagios que atravesamos.
En un nuevo intento de judicializar la política, el Gobierno de la Ciudad se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para declarar la inconstitucionalidad del DNU, pese a que la autonomía que nuestra Carta Magna le otorga a la Ciudad Autónoma difiere del carácter federal de las provincias.
Por otro lado, la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas presentó un amparo ante el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. El juez de grado se declaró incompetente para impugnar una norma federal y denegó la cautelar.
La Fundación apeló y el juez de primera instancia también denegó la apelación por “falta de competencia”. Frente a ello la peticionante plantea un recurso de queja por apelación denegada y logra que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, no solo resuelve la queja por apelación denegada considerando con competencia para entender sobre la aplicación de una norma federal, sino que resuelve la medida de fondo, otorgando a la fundación la medida cautelar, sin darle intervención al órgano que dictó la medida.
Esta medida que afecta de manera directa la garantía constitucional de defensa en juicio no contempla la opinión de expertos sanitarios en el marco de una pandemia.
Es decir, un fuero que tiene intervención y competencia sobre cuestiones de la ciudad y que solo puede hacer control de constitucionalidad sobre los dictados por el Gobierno y la Legislatura de la Ciudad, resuelve sobre el alcance y constitucionalidad de una norma federal. Esto podría generar un precedente para que el día de mañana se produzca algo tan insólito como que un ciudadano de CABA se presente a impugnar tanto un decreto como una Ley Nacional.
Quienes se arrogan ser los “defensores de las instituciones” utilizan todo lo que tengan a su alcance para defender sus intereses mezquinos de una disputa política poniendo en juego nada más ni nada menos que la salud de los argentinos y las argentinas.
El DNU 241/2021 no legisla sobre política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia y con el solo objetivo de preservar a la ciudadanía y evitar que, en un colapso sanitario, los/as trabajadores de salud tengan que elegir a qué paciente atender. Seamos responsables, cuidemos la salud de nuestro pueblo.
* Diputada Nacional del Frente de Todos – Buenos Aires
La legisladora del FdT sostuvo que se trata de “un alivio a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país”.
La diputada nacional del Frente de Todos Alicia Aparicio se refirió al proyecto presentado por el presidente de la Cámara baja Sergio Massa para elevar a 150 mil pesos el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, y consideró que “contribuirá a fortalecer el mercado interno”
Al respecto, Aparicio comentó: “El proyecto contribuye a fortalecer el mercado interno dado que los principales beneficiarios destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo. Es un alivio a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país”.
En ese sentido, agregó que “con la nueva redacción, el Impuesto a las Ganancias presenta un nuevo piso de $150 mil pesos de remuneración mensual, lo que beneficiaría 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país”.
Y finalizó: “De aprobarse el proyecto, 1.267.000 de trabajadores y jubilados dejarán de pagar el impuesto, permitiendo consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagarían el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio”.
La diputada Alicia Aparicio contó su historia al borde de las lágrimas y defendió la legalización del aborto.
La diputada Alicia Aparicio (Frente de Todos-Buenos Aires) defendió este jueves la legalización del aborto y, al borde de las lágrimas, evocó a su abuela, muerta en un aborto clandestino.
“Quiero reivindicar la vida de mi abuelita Eufemia Rosa, que falleció tan solo con 22 años producto de un aborto clandestino, dejando solos a dos pequeños niños, uno de dos y uno de cinco. Ellos no pudieron disfrutar a su mamá, con todo lo que eso significa”, expresó.
Aparicio explicó que “el Estado no puede desentenderse y poner en cabeza de particulares la violencia a la que se somete a las mujeres ante esta decisión. Debemos acompañar con políticas públicas de salud. Y si no es así, el reclamo de Ni Una Menos seguirá siendo una quimera para miles de mujeres que seguirán muriendo, porque el Estado te confina al aborto en la clandestinidad, ejerce una violencia encarnizada contra las mujeres en la batalla por el control de la vida y de su cuerpo”.
“Lo que hoy votamos no se trata de nuestras creencias: se trata de correr el velo y entender que no es ‘aborto sí’ o ‘aborto no’, porque año a año los abortos se llevan vidas. Es ‘aborto clandestino’ o ‘aborto legal, seguro y gratuito’”, enfatizó la legisladora.
A su vez, indicó que “hay un sistema patriarcal que condiciona y criminaliza a la mujer por el solo hecho de decidir sobre su cuerpo, sus deseos y su futuro”.
“Otra fue la época donde las mujeres no teníamos derechos, solo obligaciones: no votábamos, no podíamos trabajar ni estudiar. Fueron años de lucha para romper esos moldes que limitan a la mujer a los trabajos domésticos y a los cuidados”, recordó.
Finalmente, al ratificar su voto a favor, resumió: “Por mi abuela, por todas las que perdieron su vida, por las mamás, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, y así hasta el fin de los tiempos, pido educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.
