El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que busca reducir el desperdicio de alimentos en Argentina a través de su donación, reutilización y aprovechamiento sustentable.

La iniciativa apunta a transformar una realidad alarmante: cada año se tiran más de 16 millones de toneladas de comida mientras millones de personas sufren hambre y malnutrición.

“La paradoja es inaceptable. Somos uno de los mayores productores de alimentos del mundo, pero aún no tenemos una legislación que fomente el aprovechamiento de los excedentes”, advirtió Agost Carreño, quien remarcó la urgencia de construir una cultura de la solidaridad y la responsabilidad social en torno a los alimentos.

El proyecto contempla incentivos fiscales para las empresas que donen sus excedentes, una plataforma nacional para articular la redistribución con organizaciones sociales y bancos de alimentos, y campañas de concientización para reducir el descarte en todos los eslabones de la cadena alimentaria. También promueve el uso sustentable de lo que no es apto para consumo humano, como la producción de compost, biogás o alimentos para animales.

“La idea no es solo evitar el desperdicio. Es impulsar una economía circular y reconocer a quienes se comprometen con una forma más responsable de producir, vender y consumir”, explicó el diputado cordobés. En esa línea, el proyecto incluye un sello distintivo para las empresas que adopten buenas prácticas, con beneficios concretos como prioridad en contrataciones estatales o acceso a créditos con tasas preferenciales.

Según Agost Carreño, se trata de una política pública que puede tener beneficios económicos indirectos al reducir el impacto ambiental y amortiguar los efectos sociales del hambre. “Donar no puede ser más costoso que tirar. Esta ley busca revertir esa lógica”, afirmó.

Inspirado en experiencias exitosas como las de Francia, España o Dinamarca, el legislador destacó la necesidad de que el Estado asuma un rol activo como facilitador, y de que tanto el sector privado como los consumidores comprendan el valor de cada alimento que se produce. “Tenemos la oportunidad de transformar un problema estructural en una solución colectiva. Solo hace falta voluntad para hacerlo realidad”, enfatizó para concluir.

1064-D-2025 desperdicio alimentos

Diputados del Frente de Izquierda Unidad presentó un pedido de informes para que la ministra Sandra Pettovello y los funcionarios de Capital Humano brinden datos sobre los alimentos en los galpones que deben ser distribuidos a los comedores.

El pedido es encabezado por el diputado Nicolás del Caño y acompañado con las firmas de sus compañeros de bancada Christian Castillo, Alejandro Vilca, Mónica Scholottauer y Vanina Biasi.

“Que dejen de jugar con el hambre del pueblo y nos digan si entregaron los alimentos almacenados en galpones que se necesitan urgentemente en los comedores populares donde cada día acuden más y más personas en busca de asistencia alimentaria", planteó Del Caño.

En el proyecto preguntan: “Cuánto se entregó, dónde, quién lo entrega, cuánta mercadería tiene guardada y por qué, en qué estado está o si está próxima a vencer, entre otras preguntas”, y sumaron: “Queremos que rindan cuentas, expliquen y repartan YA los alimentos porque las y los trabajadores de los comedores siguen denunciando que nada se entrega".

“El contexto en el que el Gobierno decide mantener la política criminal de no entregar los alimentos a los comedores populares, que es a quienes les corresponde la comida, es de una crisis social muy profunda, generada por supuesto por el propio oficialismo. Estamos hablando de un millón de niñas y niños que se van a la cama sin comer y de más de 5 millones de jubiladas y jubilados que están bajo la línea de pobreza”, argumentaron.

Además de solicitar sean respondidas las pregunta, exigieron la “distribución inmediata de los productos por parte del Poder Ejecutivo a las cocineras, las desocupadas y sus organizaciones para que lleguen los alimentos a las mesas de los comedores populares, junto con la exigencia del aumento inmediato del presupuesto social y la universalización de toda la asistencia para que ninguna familia pase hambre, si es necesario expropiando los stocks de las grandes fábricas alimenticias y supermercados”.

Presentamos un pedido de informes para que la ministra Pettovello y los funcionarios de Capital Humano dejen de jugar con el hambre del pueblo y nos digan si entregaron los alimentos almacenados en galpones que se necesitan urgentemente en los comedores populares donde cada día… pic.twitter.com/DmBv7gMENM

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) September 2, 2024

Por segunda semana consecutiva, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no asistió a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, donde había sido invitada para responder sobre la polémica en el reparto de alimentos y el plan de política alimentaria que planea desde su cartera.

Al igual que la semana pasada, hubo cruces entre el oficialismo y la oposición por este tema. Además, desde Unión por la Patria reprocharon al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no haber hecho llegar la invitación.

En el arranque, el presidente de la comisión, el tucumano Pablo Yedlin, informó que una vez más no tuvieron respuesta "ni de la Presidencia formalmente, ni del Ministerio", al cual él mismo le cursó una invitación directa ante la negativa de Menem de enviarla.

El legislador recordó que en la cámara "hay pedidos de información e interpelación de forma compulsiva" hacia Pettovello, pero "eso requiere que tengamos dictámenes" para luego ser tratados en el recinto.

Lamentamos la ausencia de la ministra de @MindeCapitalH Sandra Pettovello por segunda vez.
👉Quiero aclarar que la invitación que desde la Comisión de Salud que presido tiene un camino procesal distinto a la citación o pedidos de informes que tienen su curso. Sigue 👇 pic.twitter.com/ByAKrWmwxY

— Pablo Yedlin (@pyedlin) June 18, 2024

"La invitación es voluntaria para que demostremos la voluntad de la comisión de recibir a la ministra, y que nos explique la situación, no solamente lo que pasó con los alimentos que estaban guardados sino cómo se está ejecutando esa distribución; y cuáles son los planes para la política alimentaria a futuro", señaló Yedlin, que recordó que "durante todo junio" esperarán a la funcionaria.

Luego habló el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien preguntó: "¿Tenemos constancia que la invitación que realizó esta comisión a la ministra haya llegado a través del vínculo formal, que es la Presidencia de la cámara?".

Yedlin respondió que no, porque Menem "sigue sosteniendo que las otras comisiones que tienen giro en el tema (Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda) se expidan en ese sentido antes de hacer la invitación formal".

"Hay una actitud manifiesta por parte de la Presidencia de la cámara de que la invitación no llegue a la ministra", se quejó entonces Martínez, y advirtió que "si hay una comisión que mayoritariamente lo pide" el presidente de la cámara "no la puede ni pisar, ni cajonear".

El santafesino enfatizó que "esto es malo para el funcionamiento de la cámara y la relación con el Poder Ejecutivo". "No puede haber un cercenamiento entre lo que decide la comisión y lo que se le tiene que hacer llegar al funcionario. Estamos pidiendo que venga a informar, y no puede haber un atajo a eso", insistió.

En el cierre, aseguró que "todas las semanas vamos a encontrar más elementos que hagan que venga" porque "cada vez la bola de desinformación es más grande" en torno a la distribución de los alimentos. "No hay que dejar de insistir con la presencia de la ministra", sostuvo.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá aseveró que la decisión de Pettovello de no asistir es "porque hay cosas que no puede responder", ya que "dijo que iba a eliminar a los intermediarios y eligió al peor intermediario (en alusión a Conin), y la leche está en venta en Marketplace". "No paran de atacar a las organizaciones", cuestionó, al tiempo que se refirió a los detenidos y la represión por la manifestación en contra de la ley Bases.

Al cruce le salió la oficialista Lilia Lemoine, quien comenzó: "Represión suena a militares, a desaparecidos, la verdad es que no se reprime a las personas cuando hay una manifestación pacífica, pero se debe detener a las personas que destruyen la propiedad privada".

Yendo al asunto, reveló que ella recibió "denuncias de venta de alimentos al por mayor en ferias populares, que no llegan a la gente primero" y "descubrimos también que hay organizaciones sociales que le dicen a la gente que si no van a las marchas o los piquetes no les entregan comida".

"Tenemos 20 denunciantes, dos de ellas están bajo amenazas por Jeremías Cantero (dirigente del Polo Obrero)", amplió la libertaria y reivindicó la idea del Ministerio de que "la intención es que la ayuda le llegue directamente a las personas sin intermediarios".

Lemoine dijo que, gracias a su visibilidad mediática, pidió que "si había quienes no recibieran ayuda", se comunicaran con ella, y así lo hizo "una organización no gubernamental que ayuda a 400 comedores", a quienes luego el Ministerio le hizo llegar la ayuda.

"Organizaciones sociales que obligan a mujeres con cáncer a cargar cajas a cambio de que si no lo hacen no van a recibir la bolsa de comida, a esa gente no la vamos a ayudar, porque son los que están haciendo que todo sea tan sucio y turbio", expresó y completó: "La finalidad del Ministerio no es seguir repartiendo comida, sino que la gente pueda comprar la propia".

En consecuencia, la diputada nacional Paula Penacca le contestó a la libertaria, e ironizó: “la diputada preopinante puede conmovernos, pero no resuelve los problemas de la Argentina porque miles de compatriotas pasan hambre”. Del mismo modo, lanzó que “que el presidente (Javier Milei) corra a su amiga Pettovello y ponga a Lemoine en el Ministerio”.

También, la legisladora camporista señaló que “se deben corroborar si esos 400 comedores hicieron eso”, con relación a las acusaciones de Lemoine. Minutos más tarde, la oficialista aclaró que no se refería a eso.

Por último, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados y lo acusó de “tener decisión arbitraria de decidir cuándo convocar a funcionarios y nosotros, los diputados, tenemos potestad”. “No tiene privilegios para decidir cuándo cursa una invitación y cuando no y lo mismo Pettovello, que cree que tiene privilegios y no asiste a dar informes ante la Justicia”, añadió.

La diputada nacional Natalia Zaracho también le contestó a Leomine y amplió que “entiendo el show para desviar la atención de que no vino la ministra”, pero advirtió: “No queremos que la ministra se vaya, sino que presente un plan de distribución de los alimentos que están en los galpones porque están por vencer”.

La agenda de la Comisión de Acción Social y Salud Pública continuará el próximo martes 25 de junio a las 13.30, con una reunión informativa a la que fueron invitados especialistas y referentes del todo el país para exponer sobre las experiencias políticas, buenas prácticas y balance del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). Yedlin informó que convocaron también al ministro de Salud, Mario Russo, para que informe sobre qué continuidad se le dará. Hay proyectos que proponen jerarquizar a este programa por ley.

En tanto, el próximo 5 de julio, en la antesala del Día de la Independencia, la comisión buscará sesionar en la Legislatura de Tucumán, para tener una reunión informativa sobre "emergencia sanitaria, y el sistema en el sector público y privado", indicó Yedlin.

 

Tal como se esperaba, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no asistió este martes a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, donde fue convocada a raíz de la polémica y las denuncias en torno a las toneladas de alimentos almacenados a punto de vencer, además de presuntas irregularidades en su cartera -como el tema de contratos millonarios-. 

La funcionaria, que esta mañana estuvo ausente por segunda vez consecutiva en la reunión de Gabinete en Casa Rosada, luego que este lunes se conociera un intento de intimidación en su domicilio, tampoco envió a ningún funcionario del Ministerio.

En el arranque, el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, reveló que no recibieron ninguna respuesta por parte de la ministra a la invitación. En alusión a la formalidad del trámite, sobre el que hubo diferencias con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el diputado de Unión por la Patria expresó: “Me parece que ha habido alguna situación de no entendimiento, o de conflicto en el entendimiento, acerca de la invitación que habíamos hecho y lo que es una citación en el marco constitucional de interpelación, que no era el objetivo”. 

El tucumano señaló que se buscaba que Pettovello viniera a explicar “no solamente la situación en cuanto a los alimentos guardados y el plan de distribución” sino también “cuál es el plan de política alimentaria que el Gobierno va a llevar adelante”. 

Yedlin aclaró que se intentó “hacerle llegar la invitación a la ministra por todos los medios”, y anticipó que volverán a invitarla “en el horario y día que pueda, durante el mes de junio”. Finalmente, cuando cerró el encuentro, anunció que el próximo martes 18 a las 13.30 esperan que "la ministra esta vez sí nos acompañe". 

A continuación, la diputada Cecilia Moreau criticó a su sucesor: “Me parece que el presidente Menem cometió un error grande”. “Esta comisión no le pidió la interpelación a la ministra Pettovello, sino que le solicitó que se acerque a dar explicaciones a la comisión. Esto no afectaba en lo más mínimo las causas judiciales que, de un lado y del otro, se estaban llevando adelante, pero sí servía para esclarecer no solo ante el Parlamento, sino ante el conjunto de la ciudadanía”, sostuvo. 

Enfática, la legisladora de Unión por la Patria manifestó que “todos y todas tenemos la absoluta certeza de que algo pasó, y que no es moco de pavo o no es para dejar pasar por alto, porque hace tres o cuatro semanas que el Gobierno está dando explicaciones todos los días sobre este tema; y cuando tenes que dar tantas explicaciones es porque hay cosas que no podes explicar”. 

Al reivindicar la presencia de representantes del Poder Ejecutivo durante el gobierno anterior, Moreau repasó que en 2020, durante la pandemia, “asistieron 186 funcionarios públicos, entre ellos 18 ministros y 13 secretarios”. En 2021 fueron 102; en 2022, 165 y “en 2023 números similares”. “No puede ser que el primer funcionario que le pedimos que venga a dar explicaciones no lo hayan traído”, se quejó y aseguró que seguirán “insistiendo” para que Pettovello “le explique a la comisión qué es lo que está pasando”. 

“No entienden que esto es un paso previo a la interpelación. Yo espero que continúe debatiéndose este tema en la Justicia y en el carril que se tiene que debatir, pero espero también que si no logramos que la ministra Pettovello venga a cumplir con esta buena práctica parlamentaria, avancemos con la interpelación. Hoy hay una silla vacía, pero estoy segura que vamos a insistir para que esto no quede así”, advirtió la opositora. 

Aliada del oficialismo, la diputada del MID Cecilia Ibáñez recordó que la invitación a Pettovello fue “por mayoría” y “no tuvo unanimidad”. Habló de una “confusión” en la nota de invitación y consideró que se tendrían que “determinar específicamente las preguntas” antes de que la ministra asista. Por eso, propuso elevarle las consultas “y que ella las pueda contestar”. 

Vicepresidente de la comisión, el libertario Manuel Quintar, recordó que la invitación salió el 5 de junio y fue girada a Presidencia el 6 de junio, con lo cual “era muy apresurado tratar de convocar a una ministra, con el grado de responsabilidad que tiene, en dos días hábiles”. Luego mencionó los reclamos que ante Menem presentaron los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, José Luis Espert y Nicolás Mayoraz, respectivamente, porque “no se habían respetado los giros y las comisiones” a las que también tendría que presentarse. 

El jujeño agregó que este lunes Menem “envió una nota a la presidencia de la comisión en donde aclara todo lo que ha pasado” y que “se está incumpliendo el reglamento en el artículo 102” porque “se dejaba afuera a las otras dos comisiones”. 

El diputado de La Libertad Avanza opinó que “se están sobreactuando un poco algunas cuestiones” ya que “ni siquiera se le ha dado tiempo para que conteste por escrito”. “Primero hay que esperar que la ministra conteste por escrito, y después hacer todo el show de que venga la ministra, y tratar de hacer un escarnio público”, lanzó. 

Manuel Quintar

Y sumó que Menem le envió una nota a Pettovello “donde le aclara todo lo que ha pasado y le dice que no tenía ninguna obligación de concurrir a esta reunión” porque además “no estaban las condiciones dadas”. 

El oficialista resaltó que frente a las “denuncias cruzadas de todas las partes, exponerla en ese contexto judicial sería como mínimo irresponsable”; y aseveró que hay “un circo dantesco” que “se está montando alrededor de todo esto” porque “acá la realidad es que se están destapando curros, todos y cada uno de gestiones anteriores”. 

“Por detrás de bravuconadas misóginas, falta de respeto, maniobras, están desesperados porque se están cortando esos curros. Quieren traer a la ministra para tapar los casos de los (Eduardo) Belliboni, de las becas Progresar y los comedores fantasmas”, disparó ante el bullicio por parte de la oposición. 

A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que “es una pena la oportunidad rechazada” y cruzó los argumentos del oficialismo al señalar que a otras comisiones asistirán funcionarios que no fueron ni siquiera invitados. “¿Qué ocultan acá?”, se preguntó, para luego hablar sobre el reparto de los alimentos y denunciar que “la comida en la provincia de Santa Fe la está distribuyendo la mujer de Nicolás Mayoraz, exfuncionaria de Mauricio Macri en el PAMI”. 

“Si es una cuestión de tiempo, que venga el martes que viene”, recomendó sobre la presencia de la ministra y aclaró: “Acá no nos estamos metiendo con causas judiciales, estamos evaluando el desarrollo de una política pública”. “Hay un parate absoluto en la distribución de los fondos vinculados a comedores escolares”, alertó y cuestionó que solamente se le giraron fondos para esto a cuatro provincias: Jujuy, Misiones, San Juan y Chaco. 

Martínez opinó que “es un grave error insistir en el error; y el marco de oscurantismo que le están poniendo a todo este tema no hace más que aumentar la presunción de que están queriendo ocultar algo”. Finalmente, llamó a insistir con la convocatoria y esperarla “todos los martes”. 

Desde el Frente de Izquierda, Romina del Plá aseveró que “por evidente y muy probable el faltazo de la ministra Pettovello no deja de ser llamativo” porque “no pasan horas en que no salte un nuevo tema” en torno al Ministerio. “Esta comisión quiere saber cómo es que ellos llegaron al Gobierno y afirmaron que no tenían ni un paquete de arroz, y resulta que luego salta que tienen más de seis millones de kilos de alimentos arrumbados en depósitos que se están venciendo”, enfatizó. 

Y reclamó: “Yo quiero saber si la ministra Pettovello va a poner en marcha comedores gestionados por el Estado para reemplazar los comedores que están cerrando por no entregar alimentos. Las organizaciones hacen lo que pueden para seguir sosteniendo comedores que no reciben alimentos”. 

Además, la legisladora de izquierda reivindicó especialmente a sus “compañeros del Polo Obrero, que están siendo perseguidos, atacados, judicializados, cuando han hecho durante muchos años esta tarea que el Estado no hizo y ahora tampoco está haciendo”. “No hay problema, sigan convirtiendo a Eduardo ‘Chiquito’ Belliboni en el principal enemigo de (Javier) Milei, efectivamente se está convirtiendo en toda una referencia de aquel que entiende que hay que luchar contra este Gobierno”, completó. 

También habló la radical Carla Carrizo, quien reflexionó que “no puede ser esta la política de la impotencia: nosotros adivinando a la ministra y el oficialismo interpretando a la ministra, tenemos que recuperar un diálogo institucional”. Tras considerar que Pettovello tendría que haber enviado una carta a los legisladores, advirtió: “Yo no sé si le vamos a dar un mes a la ministra, es muchísimo tiempo”. “Si la ministra no se ordena, vayamos una comitiva con las autoridades. Esta es la ventaja de un Congreso en minoría, no solamente auditar y controlar, es proponer y liderar”, subrayó. 

Avanzada la reunión, durante la que la oposición renovó las críticas y el oficialismo defendió la gestión de Pettovello, también tomó la palabra Victoria Tolosa Paz, que remarcó la falta del Presupuesto Nacional y dijo que “no basta con que nos cuenten que solamente se han abocado en el aumento de la Tarjeta Alimentar”. 

Al responderle a Quintar, la diputada de Unión por la Patria señaló que “el estar permanentemente haciendo mención a los curros es una falta de respeto muy grande, porque nosotros lo que queremos es que la Justicia vaya a fondo en todas las auditorías que se hacen”. “Lo más serio es que tenemos una ministra que es incapaz de venir a contarnos cuál es la política alimentaria que va a llevar adelante en cuatro años”, lanzó. 

 

 

El senador nacional Daniel Bensusán (UP – La Pampa) presentó un proyecto solicitando informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre las políticas alimentarias, luego del escándalo del hallazgo de mercaderías ocultas y con fechas de vencimientos cercanas destinadas a comedores sociales.

Según detalló, el pasado 22 de mayo tomó estado público la existencia de al menos dos galpones, uno en Villa Martelli -provincia de Buenos Aires- y el otro en Tafí Viejo -Tucumán- con miles de toneladas de alimentos, destinados a cubrir la demanda de sectores vulnerables de la sociedad, adquiridos durante la gestión anterior, pero que hasta el momento no habían sido repartidos a pesar de los reclamos de distintas organizaciones en este sentido.

El legislador manifestó su preocupación por que “dada la crisis económica, que aumentó la cantidad de familias pobres e indigentes de la Argentina, es grave que exista semejante cantidad de alimentos acopiados, cuyas fechas de vencimientos están próximas, en algunos casos, sin que lleguen a sus destinatarios”.

“Todo esto tiene un costado perverso o de absoluta incapacidad de gestionar políticas públicas, porque con todas las medidas que recaen sobre las familias de menos recursos económicos y la clase media argentina, es obvio que aumentarán como ya lo demuestran estudios serios, los niveles de pobreza y de indigencia. No prever esto es condenar al sufrimiento a más de la mitad de los argentinos”, criticó el senador.

Además, sostuvo que “si bien está en proceso judicial la investigación, nos llama la atención que en la primera inspección judicial ya se hayan encontrado faltantes de mercaderías entre lo que decía tener el Ministerio de Capital Humano y las cantidades existentes en realidad. La principal sospecha es que tal vez lo que falte es material que podría haber estado vencido ya”.

“Nos preocupa el nivel de desconocimiento expresado por funcionarios del área. Es inconcebible que, a seis meses de asumir la gestión, no sepan detalles elementales de la existencia de esa mercadería, y sin un plan de distribución”, agregó.

La iniciativa de Bensusán pregunta por la cantidad de mercadería que se encuentra en ambos depósitos y las fechas de vencimiento de los productos; las razones por las cuales se ha recortado la entrega de alimentos a comedores y merenderos, y las razones del acopio prolongado de mercadería por vencer, teniendo en cuenta que la Ley N° 27.701 prorrogó la Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre del año 2025.

También solicita que se informe el plan de políticas públicas del Ministerio de Capital Humano para dar cumplimiento de los programas alimentarios que se encuentran vigentes; el detalle del procedimiento administrativo que debe seguirse para concretar la entrega de alimentos, y el destino final de los mismos. “En este sentido, precise si se entregan a comedores, merenderos, otras instituciones sociales, provincias y/o municipios”, expresó el legislador.

En el pedido de informes también pide que se comunique de qué manera se ha dado respuesta en materia alimentaria durante las emergencias climáticas sufridas por la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires en diciembre de 2023 y de la provincia de Corrientes en enero de 2024.

Finaliza requiere que se detalle la cantidad de notas recibidas por municipios, gobiernos provinciales y entidades sociales, solicitando asistencia en materia alimentaria, y la respuesta a las mismas por el Ministerio de Capital Humano.

Finalmente, solicita que se indique cuál es el criterio que se utilizará para la distribución de la mercadería en cuestión a las provincias, los motivos por los que se dispuso a la fundación CONIN como intermediaria y responsable de la logística de distribución, y los detalles del convenio suscripto a tales efectos.

El proyecto de Bensusán se suma al pedido de interpelación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentado por el bloque de Unión por la Patria que incluye firma del pampeano. Allí se pide la presencia de la funcionaria para que “brinde las explicaciones correspondientes”.

En el arranque del comienzo de la sesión de este martes en Diputados, fracasaron pedidos de la izquierda y Unión por la Patria para que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sea interpelada en la Cámara baja por el escándalo sobre los alimentos almacenados, lo que provocó la renuncia de funcionarios de su cartera.

El primer planteo lo realizó el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño. Al tratarse de un apartamiento del reglamento, para incorporar el proyecto al temario, se requerían de las tres cuartas partes de los votos. 

El pedido resultó rechazado con 120 votos a favor, 90 en contra y 21 abstenciones. Además de la izquierda, votaron positivamente los legisladores de Unión por la Patria y dos del bloque Por Santa Cruz. También hubo votos positivos dentro de Hacemos Coalición Federal, como de los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón; y dentro de la UCR, del grupo que responde a Facundo Manes. No obstante, tanto en UCR, HCF como Innovación Federal sus miembros se dividieron entre votos a favor, en contra y abstenciones. Por su parte, La Libertad Avanza, el Pro y el resto de sus aliados se opusieron. 

Del Caño reclamó que Pettovello se presente “para dar explicaciones frente a la gravísima situación que se ha dado con más de 5 millones de kilos de alimentos, que desde hace meses están guardados en galpones en la provincia de Buenos Aires y Tucumán”. 

“Mientras informes indican que la pobreza ha aumentado al 55% en nuestro país, alcanzando a más de 24 millones de personas, el Gobierno de Javier Milei y su ministra se guardan los alimentos”, enfatizó y se refirió además a “las gravísimas acusaciones que hay dentro del Ministerio, que ha llevado a la renuncia de funcionarios como (Pablo) De la Torre”. 

En ese sentido, habló de la denuncia por sobresueldos a partir de contratos irregulares y lanzó: “Se la pasan hablando contra la corrupción y ya hay escándalos en el Gobierno a poco meses de haber asumido”. 

Antes de la votación nominal, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, aclaró que se iba a oponer. “Los hechos de todos estos días donde vemos internas en un tema tan delicado y tan trascendente como los alimentos ameritan explicaciones del Poder Ejecutivo. La ministra Pettovello debería dar explicaciones públicas más allá de la que dio en los medios de comunicación. No vamos a acompañar este pedido para interpelarla en el recinto, pero esperamos que las autoridades de las comisiones correspondientes la inviten y que la ministra decida venir, porque merecemos todos saber qué pasó con un tema tan delicado”. 

Más adelante, el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, volvió a insistir con otro apartamiento del reglamento en el mismo sentido. “Me extrañó la votación que tuvimos”, confesó y consideró que “no hay todavía real dimensión en torno a lo que está pasando con este tema” que “todos los días tiene una arista más”.

“Cuánto más oscurantismo haya, cuánto más se intente ocultar, más se va a incrementar el escándalo”, opinó el santafesino y afirmó que “el propio oficialismo lo que debería estar haciendo es ponerle fecha a esto, y si no quieren que sea en el recinto, deberían estar poniendo fecha inmediata en las comisiones”. 

Además, Martínez apuntó que este miércoles para la reunión convocada en la Comisión de Acción Social y Salud Pública “tienen la enorme oportunidad de traerla a Pettovello”. 

Luego se votó el apartamiento, que también resultó rechazado con 115 votos positivos, 87 negativos y 22 abstenciones. 

Salvo desde @Diputados_UxP y @Fte_Izquierda, todos los bloques se abstuvieron o rechazaron la citación para que Pettovello venga a dar explicaciones a @DiputadosAR por los alimentos que tiene acopiados en galpones.

Legitiman y habilitan las políticas de hambre y crueldad. pic.twitter.com/4JcSbu253g

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) June 4, 2024

Avanzada la sesión, durante las cuestiones de privilegio, la diputada del FIT Romina del Plá planteó una contra Pettovello porque "atacan a las organizaciones para tapar el crimen que están cometiendo al dejar completamente desguarnecida a la población. Y lo disimulan tratando de acusar a las víctimas, criminalizar a aquellos que enfrentan a estas políticas de ajuste".

Además, denunció un "allanamiento ilegal al Partido Obrero que trata una vez más de pretender que las organizaciones políticas nos callemos la boca. No lo van a lograr". 

La legisladora criticó eufórica la "la política criminal de Milei y sus secuaces", y anticipó que llevarán la denuncia de este allanamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "No es un mecanismo habitual para nosotros, pero entendemos que hay un salto en calidad. No vamos a permitir convertir a nuestro país en este país en los que se persigue y se encarcela a la oposición política", subrayó. 

Desde La Libertad Avanza Lorena Villaverde planteó una cuestión de privilegio contra Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que brindó su “total apoyo” a la ministra Pettovello. Habló de “cinismo y caradurez” por las declaraciones de la expresidenta. “Hay que tener cara de piedra para darle lecciones al presidente de la República sobre cómo organizar el Ministerio que se ocupa de la asistencia a los más vulnerables, y sobre cuál debería ser el perfil de los funcionarios en los que debería confiar”, señaló.

Aclaró que no iba a citar los casos de corrupción que involucraron a los funcionarios kirchneristas, como así tampoco a “los funcionarios que no funcionaron”, pero remarcó que no iba a dejar pasar “que nos vengan a dar cátedra de cómo organizar la asistencia cuando ustedes generaron un sistema perverso, corrupto e indigno, que lo único que hizo fue someter más aún a los vulnerables y empoderar política y económicamente a esos gerentes de la pobreza que han lucrado con la necesidad de los más pobres”.

Más tarde, en otra de las cuestiones de privilegio contra Pettovello, la diputada de UP Natalia Zaracho apuntó que “acá no hay una discusión de disputa política, acá hay una cuestión humana: que es que la gente tenga para comer. Nosotros no queremos que echen a ningún funcionario, queremos que los alimentos se repartan”. 

La dirigente del Frente Patria Grande, que responde a Juan Grabois, le pidió al presidente Javier Milei “que deje de estar haciéndose el líder mundial y se dedique a conocer las provincias, que vaya a los barrios populares, que agarre la llave de los comedores con la ministra y vaya a cocinarle a la gente. O mínimo, que vaya a dar la cara a la gente y diga que ‘el mercado va a salvarlos’, que yo la verdad no lo veo”. “A mí la teoría del derrame no me cierra y cuando algo no te cierra es porque te están cagando”, lanzó. 

Finalmente, le agradeció a Grabois porque “presentó en febrero la primera denuncia; si no hubiese denunciado él, hoy no estaríamos hablando de esto”. 

“No le conocemos la voz. Ha demostrado una enorme insensibilidad y crueldad. Debe dar explicaciones aquí”, señaló por su parte el diputado Esteban Paulón al intervenir. Y agregó: “Parece mentira que en un país que produce alimentos para 300 millones de personas, estamos discutiendo hoy cómo se vencen 300 mil kilos de leche en polvo, y como cientos de miles de niños y niñas se van a dormir sin comer o llegan a la escuela a la mañana sin haber tomado un vaso de leche. Pero no escuchamos la voz de la ministra. Por eso, impulsamos un proyecto para que venga al recinto”.

Exministra de Desarrollo Social durante la gestión anterior y cuestionada por el actual, la diputada Victoria Tolosa Paz criticó el “incumplimiento de la política social” del Gobierno. “Las políticas alimentarias no son únicamente comprar y distribuir alimentos, que por cierto hay que hacerlo”, expresó y dijo también que “no basta con venir a decir aquí que han aumentado la Tarjeta Alimentar, que fue creada por nuestro Gobierno”. 

“Traigan la política alimentaria que traigan, pero escriban un programa, lleven adelante con método esa acción política”, reclamó y resaltó que hubo “una enorme cantidad de mentiras que se van acumulando en el tiempo” en torno a los alimentos almacenados. 

En ese sentido, recordó que cuando dejó el cargo “en la auditoría de corte ya constaba qué había en los depósitos” y era “información pública que daba cuenta de los millones de kilos de alimentos que había”. “Fuimos responsables a la hora de dejar 5 mil toneladas de alimentos para que esta gestión, con la que no acuerdo, tuviese la posibilidad de llevar alivio donde el pueblo lo necesita”, agregó. 

 

 

La diputada nacional Carla Carrizo (UCR) reclamó este viernes explicaciones a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ante la polémica por la distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios.

A través de un pedido de informes, solicitó que desde el Gobierno nacional se detallen "las cantidades exactas y tipos de alimentos almacenados, sus fechas de elaboración, adquisición y vencimiento; las razones por las cuales los alimentos no han sido distribuidos a los comedores comunitarios; descripción del plan actual del Ministerio; y las acciones llevadas a cabo por organismos de control y supervisión".

“Seis mil toneladas de alimentos guardados y 42% de pobreza son incompatibles en democracia. No puede el silencio institucional ni la desafectación de Pablo de la Torre ser la única respuesta. La ministra Pettovello debe informar cuál es la política de su Ministerio para atender la emergencia alimentaria. La gravedad de la situación es evidente como incompresible”, enfatizó la radical.

Carrizo consideró que "el Gobierno demuestra insensibilidad, falta de experiencia y una profunda crisis moral en la gestión de los recursos de los más vulnerables. Mientras miles de kilos de alimentos están almacenados, muchas personas pasan hambre y son sometidas a extorsiones por parte de aquellos que deberían estar protegiéndolos". "Necesitamos que el presidente deje de juntar millas, que abandone el turismo VIP y se dedique a gestionar nuestro país que viene de muchos años de inoperancia", agregó la legisladora.

“Es imperativo que el Ministerio de Capital Humano brinde respuestas claras y precisas, garantizando la transparencia en la gestión de los alimentos retenidos y asegurando su distribución inmediata y justa a los comedores comunitarios”, concluyó.

 

 

“Este alimento fue adquirido durante la gestión anterior, no fue repartido en más de cinco meses de gobierno y está en riesgo de pudrirse”, detallaron mientras afirmaron “es indignante que tengan guardada esa cantidad de alimentos cuando un 50% de la población es pobre y un 18% indigente”.

Asimismo -según consignaron- desde el Ejecutivo nacional aseguraron que dichos alimentos estaban destinados a situaciones de emergencias y catástrofes.

“No obstante (más allá de que esto no es así ya que dichos alimentos fueron conveniados para los comedores), no fueron distribuidos en ninguno de los temporales que azotaron nuestro país”, expusieron.

Y recordaron “el caso, por ejemplo, del temporal acontecido en Bahía Blanca que dejó 13 muertos en donde el presidente de la Nación no asistió a los bahienses de ninguna forma y en donde las respuestas vinieron únicamente de nuestro gobierno provincial”.

Los senadores que conduce Teresa García, acto seguido, afirmaron que “esta situación de desamparo debe indignarnos a todos por igual, más allá de toda bandera partidaria, es una cuestión de humanidad, así como sostuvo el presidente del Episcopado Argentino, el monseñor Oscar Ojea, quien pidió que los alimentos sean rápidamente entregados”.

En este punto los senadores recordaron las expresiones del eclesiástico, que expresó: “nos preocupa que se vaya perdiendo la sensibilidad”, al compartir su reflexión para la solemnidad de la Santísima Trinidad.

“Es por esto que instamos a que el gobierno nacional presente de manera inmediata el plan de distribución de los alimentos tal como lo indica el fallo del juez Sebastián Casanello, impulsado a través de la denuncia penal del dirigente Juan Grabois”, agregaron los senadores.

Y para terminar afirmaron que “poder comer es un derecho básico fundamental, nada puede estar por encima del bienestar de los niños y niñas de nuestra Patria. El brutal avasallamiento del gobierno nacional sobre el pueblo argentino es inaceptable”.

Atenta a las últimas noticias sobre el tema, la senadora nacional Silvina García Larraburu sostuvo que “el Gobierno nacional tiene 5.000 toneladas de alimentos sin distribuir a los comedores comunitarios, con riesgo a vencerse, ya que llevan al menos seis meses en los galpones de almacenamiento. Estos alimentos representan 62 meses de comida para 150 comedores y merenderos que, con mucho esfuerzo, sostienen vecinas y vecinos de las distintas localidades”.

“La interrupción de la asistencia alimentaria por parte del Ejecutivo, destinada a los merenderos y comedores comunitarios en todo el territorio, ha dejado a cientos de miles de familias desamparadas, en medio de una creciente crisis social y económica”, agregó.

Además, destacó que “al día de la fecha, se encuentran registrados en el ReNaCom más de 40.000 comedores y merenderos. En Río Negro hay más de 360, según datos de la página oficial del Ministerio. El derecho a la alimentación se encuentra enmarcado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además de un derecho fundamental, es una condición esencial para el crecimiento y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida”.

“La lucha contra el hambre y la desnutrición es una obligación política, jurídica, social y también moral. La comida no puede ser la variable de ajuste, es fundamental el fortalecimiento presupuestario de las políticas alimentarias para garantizar el derecho a la alimentación de la población en situación de vulnerabilidad social. Los comedores y merenderos siguen esperando por un poco de humanidad de parte del gobierno nacional”, finalizó.

Mientras se aguarda que el INDEC informe los datos oficiales, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) y hombre de confianza de Javier Milei, Ramiro Marra, celebró en las redes sociales el descenso de los índices inflacionarios en Argentina y valoró el ingreso de alimentos importados.

A través de su cuenta de X -ex Twitter-, el libertario aseveró que “desde que asumimos el gobierno, la inflación no para de bajar. El kirchnerismo nos dejó una bomba hiperinflacionaria, pero gracias al esfuerzo de toda la sociedad y a la decisión política de este gobierno, evitamos una crisis económica sin igual” y consideró que “con la Ley Bases, la recuperación y el crecimiento del país no tendrán límites”.

Además, compartió una captura de una noticia que aseguraba que mayo inició con deflación en alimentos y destacó un fragmento de la misma, en la que se sostenía que “todo parece indicar con un alto grado de probabilidad que en mayo se asistirá a un verdadero derrumbe de los precios y la inflación se ubicaría en un rango de 5% o 6%, impensado un par de meses atrás”. Atento a los dichos del articulo periodístico, Marra aseveró: “repito: estamos destruyendo la inflación. El esfuerzo va a valer la pena”.

Por otro lado, el diputado compartió en sus redes un video donde se puede ver en un supermercado mayorista decenas de cajas de latas de atún, las cuales tenían un costo de 499 pesos por unidad. “Comenzaron a ingresar los primeros productos alimenticios importados. En el caso del atún, podes comprarlos a 499 pesos cuando algunos supermercados vendían su propia marca (más barato) a 1750 pesos. La libre competencia es mejor para todos. ¡Viva la libertad!”, completó.

En alusión a las medidas económicas anunciadas por el ministro Sergio Massa luego de la devaluación posterior a las elecciones PASO, el diputado nacional Daniel Arroyo (FdT) consideró que éstas "ayudan en los bolsillos" y "sirven para desendeudar a las familias" porque "la situación está crítica".

"Después de la última devaluación volvieron a subir los precios. La verdad es que hay mucha gente que no está llegando a fin de mes y la tiene complicada. Por eso las medidas ayudan", señaló el oficialista.

Al referirse a los anuncios, explicó que van en tres sentidos: "Tener más plata en el bolsillo, con la suma fija, el bono a los jubilados y el aumento a los planes sociales; otra es lo alimentario, la Tarjeta Alimentar es clave porque el precio de los alimentos se ha ido muy arriba; y después lo que tiene que ver con los monotributistas, el acceso al crédito y las exportaciones".

"En un contexto complejo las medidas son muy necesarias", insistió y se refirió al "endeudamiento de las familias", que ante la insuficiencia del salario "terminan tomando créditos en cualquier lado y hoy eso es al 300% de interés anual".

En declaraciones a Radio La Red, Arroyo sostuvo que en los sectores de la construcción e industria textil "hay laburo", sin embarga aunque la gente "hace changas y labura, también va al comedor también". "El tema está en estabilizar el precio de los alimentos", resaltó.

Sobre los robos a comercios que se registraron la semana pasada en distintos puntos del país, el legislador aseguró que fueron "organizados". "Los que organizaron los robos tenían el objetivo de que la gente se enganchara, pero la gente de los barrios sabe que si hay más lío, es peor, hay mucha conciencia en los barrios", expresó.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT – Santa Fe) afirmó que “un área del Ministerio de Desarrollo trabaja para crear una empresa nacional de alimentos” como medida del Gobierno nacional para combatir la suba de los precios. Además, adelantó que “ya está el boceto de los funcionarios de la cartera que dirige Juan Zabaleta".

En diálogo con FM La Patriada, el legislador sostuvo que “hay un techo para las políticas de acuerdo de precios y controles de cumplimiento de esos acuerdos”, y denunció que “la producción y comercialización de alimentos está en manos de oligopolios”.

Además, Toniolli afirmó que “hay un área dentro del Ministerio de Desarrollo Social que desde diciembre de 2019 empezó a trabajar en esta posibilidad de crear una empresa nacional de alimentos. A hacer los números, relevar inmuebles y tierras ociosas del Estado”.

El pasado viernes, Toniolli junto su par de bancada el diputado Leonardo Grosso mantuvieron un encuentro con el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer. La reunión giró en torno a la elaboración de un proyecto de ley que permita la creación de la Empresa Nacional de Alimentos.

“Nosotros creemos que los apoyos se construyen”, afirmó el santafecino y consideró que “a veces en momentos excepcionales se necesitan medidas excepcionales”. En suma, señaló que “es una iniciativa de ley” y adelantó que “ya está el boceto generado de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social”.

A su vez, remarcó que “es parte de una batería de iniciativas que los movimientos sociales que integramos el Frente de Todos hemos caracterizado ‘Tierra, Techo y Trabajo’”.

Al cierre de la entrevista, Toniolli se refirió a las posibilidades de aprobar la creación de una empresa nacional de alimentos en el Congreso: “Este tipo de iniciativas en un escenario como el Congreso requieren de una validación con bloques políticos que están en otra frecuencia”, y concluyó: “Están envalentonados con ideas fuerzas contrarias a la intervención del Estado”.

Debido a la escalada de precios de los alimentos en las últimas semanas, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira presentó un paquete de seis medidas económicas en la Legislatura porteña con la intención de mitigar el incremento en los mismos y aseguró que “el Gobierno de la Ciudad no debe ser un espectador de la situación y debe actuar”.

A través de sus redes sociales, la opositora indicó que en primera instancia se buscará reducir los ingresos brutos para la cadena alimentaria. “La primera medida es una reducción a 0% de la tasa de Ingresos Brutos a la mayor parte de la producción de la cadena alimenticia. Este impuesto tiene un efecto acumulativo en toda la cadena de producción, distribución y comercialización que afecta al precio final del producto”, afirmó.

Al mismo tiempo que aseveró que “Ingresos Brutos es la principal fuente de recursos de la Ciudad, a pesar de ser un impuesto muy distorsivo. En esta situación extraordinaria por los efectos de la guerra, su reducción podría permitir bajar los precios de los alimentos” y detalló que “se prevé un estricto control por parte del Estado para que la baja en la alícuota sea trasladado -en toda la cadena de producción- al precio final que paga el consumidor. En caso que no suceda, la reducción se retrotraería al valor actual para el contribuyente que no cumpla”.

“Por el lado de los ingresos, proponemos que se instrumenten descuentos a través del Banco Ciudad en la compra de alimentos de la Canasta Básica. Esta medida permite actuar con rapidez y eficacia en aminorar el peso de los alimentos en los gastos de las personas”, agregó y recordó que “esta medida se implementó en el 2019, con lo cual, entendemos que -al igual que en ese momento- la Ciudad y el Banco Ciudad pueden afrontar un descuento de estas características, en una situación excepcional como la que vivimos”.

En tercer lugar, desde el Frente de Todos propusieron que la actualización de Ciudadanía Porteña sea mensual, en lugar de semestral. “También proponemos la modificación en la actualización del monto que la Ciudad le otorga a los beneficiarios de Ciudadanía Porteña. Actualmente se actualiza de forma semestral y, por la dinámica de aumento de precios, es importante que sea de forma mensual”, destacó e indicó que “para ese mismo Programa proponemos un bono extraordinario de seis mil pesos para paliar los aumentos en los alimentos, rubro al que se destina este subsidio. En línea con la iniciativa del Gobierno Nacional, entendemos que es necesaria una mejora rápida en los sectores vulnerables”.

Además solicitaron que “se aumenten las partidas destinadas a comedores comunitarios, dado que el presupuesto destinado a este rubro es menor a la pauta inflacionaria proyectada para este año. Ya tenemos reportes de reducción en las entregas de comida” y resaltó que “la Ciudad posee los recursos para hacer estas medidas. Lo vemos todo el día en la calle con el enorme despilfarro, por ejemplo, en la nueva cartelería de ‘La Transformación no para’ o la enorme masa de recursos que se destinan a publicidad”.

“En el 2021 la Secretaría de Medios aumentó su gasto -con relación a lo presupuestado- un 473%, la Dirección General de Comunicación Directa un 331%, entre otras. Por ello, presentamos un Pedido de Informes para saber las readecuaciones que tienen previstas”, agregó y concluyó aseverando que “el año pasado, aprovecharon los cambios en las pautas macroeconómicas para asignar recursos a áreas no prioritarias. ¿Cuál es la prioridad de Larreta, su campaña presidencial o el poder adquisitivo de los porteños?”.

La legisladora de Vamos Juntos (VJ) Mercedes De Las Casas presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que la Ciudad adhiera a la Ley Nacional N° 27.454 (B.O. N° 33.984), que crea el “Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos”, a fin de evitar que se desechen alimentos que aún estén aptos para su consumo.

En los fundamentos de la iniciativa, la oficialista explicó que la Ley “tiene por objeto la reducción del impacto social y medio ambiental causado por los residuos de productos alimenticios aptos para consumo humano y su derivación a otras finalidades tendientes a su aprovechamiento, así como también determinando los procedimientos para su correcta gestión dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además recordó que “la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura  (FAO), determinó que el volumen mundial del desperdicio de alimentos ‘comestibles’ es de 1.300 millones de toneladas, equivalente a un tercio de la producción mundial de alimentos” e indicó que “llamativamente, según datos de la última edición del informe anual sobre el hambre de la FAO, el número de personas hambrientas en el mundo ronda los 800 millones, lo que supone una de cada nueve personas”.

Al mismo tiempo que precisó que “el desperdicio de alimentos es una problemática a nivel mundial. Con la pérdida y desperdicio de alimentos, no solo se desaprovechan  recursos productivos,  como recursos hídricos, tierra, energía, mano de obra, combustibles, dinero, entre muchos otros, sino que también se generan emisiones de gases de efecto invernadero en vano, generando un impacto negativo en el ambiente y acelerando los efectos del cambio climático. Las 1.300 millones de toneladas que se desperdician en el mundo generan una huella de carbono de unos 3.300 millones de toneladas de CO2, que se liberan a la atmósfera cada año”.

“Otras implicancias negativas de la generación excesiva de residuos son la disminución de la vida útil de los rellenos sanitarios, y una mayor cantidad de sitios impactados. Además, la pérdida y desperdicio de alimentos genera consecuencias económicas”, sentenció.

La presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Cecilia Moreau (Frente de Todos), fue la encargada de respaldar el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y consideró que “vivimos en un mundo atravesado por las enfermedades crónicas no transmitibles" como la obesidad y “nuestro país no es la excepción”.

En ese contexto, planteó que el "Estado argentino no va a mirar para otro lado y va a dar la pelea ante esta situación que nos alarma” en referencia a la obesidad, la mal nutrición y los “engaños en la alimentación”.  

“Con esta ley vamos a subir un escalón en la prevención de la salud y la garantía de los derechos de todos los argentinos y lo hacemos basándonos en evidencia científica”, remarcó.

Al respecto, señaló que “el octágono negro es la forma más eficaz de que los consumidores detecten nutrientes críticos en los productos alimenticios”.

"La verdad es que muchas veces las etiquetas son engañosas y nos ilegibles o incomprensibles y los consumidores tienen el derecho a saber que es lo que está ocurriendo y lo que está consumiendo e ingiriendo", agregó.

En ese sentido, señaló que "la información nutricional que hoy se nos brinda no solo es ilegible por el tamaño de la letra sino porque hay una gran parte de la población no sabe que esa información existe".

A la hora de citar estadísticas, consideró que "el 66 por ciento de la población tiene sobrepeso. El 32, obesidad. 42 por ciento presión alta y el 30 por ciento colesterol elevado. Los chicos de entre 5 y 17 años el 41 por ciento tiene exceso de peso. Y el 13,5 de los menores de 5 años tienen sobrepeso.

Con respecto a las polémicas, aclaró: “No estamos legislando sobre ninguna industria. No quereos prohibir ningún producto. Solo queremos brindarles al consumidor información concisa y concreta de lo que consume.

"En la curricula escolar se va a incluir el saber nutricional y el Estado nacional va a tener que priorizar la contratación de alimentos y bebidas que no tengan ni un sello de octágono lo que impactará a favor de la salud de los niños que asisten a comedores escolares", destacó.

*La ley tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores; advertir sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz; y promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

*Quedan obligados a cumplir con la norma “todas las personas, humanas o jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano” en todo el país.

*Los productos que tengan un exceso de componentes críticos (azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías) deberán incluir en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda. En tanto, los que contengan edulcorantes, deberán además llevar la inscripción “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”; y aquellos con cafeína, deberán tener la leyenda “contiene cafeína, evitar en niños/as”.

*Las etiquetas de advertencia se extienden a cajas, cajones, y cualquier otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestión.

*El sello será un de octógono de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas. Su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase; y no podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. Los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevarlos.

*Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

*Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, aceites vegetales y frutos secos.
Los alimentos con este tipo de sellos tendrán una serie de prohibiciones para la incorporación de ciertas palabras o imágenes en los envases, como por ejemplo personajes infantiles, dibujos animados, entre otros, que fomenten su consumo o compra.

*La iniciativa establece la prohibición de “toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan al menos un sello de advertencia, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes”.

*El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional para todos los niveles.
Los alimentos y bebidas que contengan al menos un sello de advertencia no podrán ser “ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados” en las escuelas.

*El incumplimiento de la ley prevé sanciones para las empresas, que van desde apercibimientos hasta clausuras, acorde a lo establecido en la normativa de Lealtad Comercial -decreto 274/2019-.

*Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las PyMEs, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.

*Los alimentos y bebidas cuya fecha de elaboración sea anterior a la entrada en vigencia no se retirarán del mercado, pudiendo permanecer a la venta hasta agotar su stock.

*Se encomienda al Poder Ejecutivo a la reformulación del texto del Código Alimentario Argentino, a efectos de adecuar sus disposiciones con la ley en cuanto corresponda.

Diputados nacionales, encabezados por Juan Martín (UCR-Santa Fe) pidieron que el Gobierno nacional, en el marco de la declaración de la ONU del 2021 como Año Internacional de las Frutas y Verduras, realice campañas que alienten ese consumo.

Destacaron, además de las ventajas para la salud, los beneficios para las economías regionales. “Es imperioso hacerlo porque ya más del 40% de niños, niñas y adolescentes presentan problemas de exceso de peso”, advirtieron.

En Argentina el 41,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso, mientras que esta problemática afecta al 67,9% de las personas mayores de 18 años, estos y otra serie de datos grafican la gravedad de la situación alimenticia en el país.

“El objetivo es crear conciencia, sensibilizar respecto a la necesidad de adoptar políticas públicas que potencien los beneficios nutricionales para la salud del consumo de más frutas y verduras como parte de una alimentación y un estilo de vida diversificados, equilibrados y saludables”, señaló Juan Martin, autor del proyecto.

La iniciativa señala que en 2016 el Ministerio de Salud de la Nación elaboró las Guías Alimentarias para la Población Argentina, GAPA, que recomiendan un consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras variadas en tipo y color. La ingesta actual se encuentra muy por debajo. También indica que en Diputados se encuentra en tratamiento el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, con el que se busca disminuir el consumo productos con exceso de grasas, calorías, azúcares o sodio.

Además, Martín plantea que “hace falta incentivar alimentos más nutritivos como son las frutas y verduras, y desalentar los alimentos que en exceso pueden producir daños a la salud. La ley de etiquetado frontal es un paso muy importante que hay que dar, pero no se puede agotar allí”.

En Argentina, el consumo diario de alimentos saludables es significativamente menor en los grupos de niveles educativos bajos y en los de menores ingresos. También es alarmante lo que se observa al comparar poblaciones según su edad: el patrón alimentario de niños, niñas y adolescentes es significativamente menos saludable que el de los adultos. Los datos indican que es muy baja la proporción de estudiantes que reciben la provisión diaria, por parte de las escuelas, de alimentos recomendados como frutas y lácteos.

La iniciativa destaca que “la defensa de los productos frescos está en consonancia con el objetivo de reforzar el papel de los pequeños productores y los agricultores familiares y fomenta opciones comerciales más amplias para millones de familias rurales”.

“La amplia variedad de ecosistemas hacen de Argentina un país capaz de producir distintos tipos de frutas y hortalizas frescas para abastecer tanto los mercados internos como internacionales, representando esta iniciativa una herramienta más para potenciar y atender las economías regionales”, remarcó Juan Martín.

Acompañan esta iniciativa los diputados del interbloque Juntos por el Cambio Claudia Najul, Dina Rezinovsky, Hernán Berisso, Albor Cantard, Diego Mestre, Leonor Martinez Villada, Lidia Ascarate, Gisela Scaglia, Josefina Mendoza, Fabio Quetglas, Lorena Matzen y Gabriela Lena, y del Frente de Todos Esteban Bogdanich y German Martínez.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley para llevar a 0% el impuesto al valor agregado para los diversos productos que componen la Canasta Básica Alimentaria. Será hasta el 31 de diciembre todo el país, prorrogable por seis meses. Incluye carnes, frutas y verduras, aceites, azúcar, harinas, huevo, leche y yerba, entre otros.

“El incremento del costo de la canasta básica -superior al índice de inflación- genera la necesidad imperiosa de tomar medidas para paliar el enorme costo que actualmente deben afrontar los sectores más vulnerables de la sociedad, al que además se suma un terrible e histórico contexto socioeconómico, como consecuencia de la pandemia. Esta medida procura amortiguar costos sobre el consumo de productos que son de imperiosa necesidad”, explicó.

En este sentido, propuso establecer un mecanismo de diálogo permanente con los diferentes actores para garantizar la mayor efectividad.

La carga tributaria, para quienes integran en Argentina el sector más humilde de la población, representa el 34% de su ingreso bruto, y el IVA es el principal factor. “Esto se ve reflejado en los datos de la distribución del ingreso, que consolidan una tendencia estructural en la economía argentina, donde la desigualdad económica entre ricos y pobres no ha parado de crecer hasta niveles escandalosos”, manifestó.

Weretilneck explicó que el costo fiscal estimado de su propuesta rondaría los $155.000 millones anuales, considerando los datos de recaudación del año 2020. “Evidentemente es una cifra considerable, sin embargo, no lo es si la evaluamos a la luz de la justicia distributiva que proponemos. Las exenciones siempre son justificables y válidas. La eximición del IVA a la canasta básica de alimentos es una cuestión de justicia para que aquellos sectores más vulnerables no abonen el IVA cuando compran lo elemental para sobrevivir”.

Los productos y alimentos alcanzados son: Aceite de girasol, maíz y mezcla; Arroz; Azúcar; Carnes: Asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne de pescado; Conservas de frutas, hortalizas y legumbres; Harina de maíz y de trigo; Huevos; Leche fluida entera o descremada con aditivos; Pan; Pan rallado y/o rebozador; Pastas secas; Yerba mate, mate cocido y té; y Yogur entero y/o descremado.

En nuestro país la evolución de la alícuota del impuesto fue creciendo con el transcurso del tiempo, y en 1995 llegó al 21% que se mantiene en la actualidad. De esta manera, la Argentina es el país con mayor porcentaje de América Latina, sólo superado por Uruguay, que aplica el 22%. En Chile y Colombia aplican un 19%, en Brasil 17%, y en Bolivia el 13%. En el resto del mundo el promedio está en el 15%, y contempla tasas más bajas para los productos básicos como alimentos y medicamento.

Siempre disruptiva, la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos armó una nueva polémica al afirmar que “tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional”. Así las cosas, consideró “imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra en pesos de los argentinos”.

Las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja fueron hechas a radio El Destape, en un contexto que la legisladora estaba analizando la evolución de los precios de productos que son commodities.

“Hay que hacer un análisis profundo de lo que está ocurriendo en el mundo, de cómo el propio escenario de la pandemia ha impactado, más alguna circunstancia si se quiere climática, que obviamente siempre afecta a los precios de la economía, y termina afectando la oferta de determinados commodities, o productos, y todas esas variables en conjunto también han tenido un impacto en la cuestión de los precios de los alimentos”, explicó la legisladora, para encender a continuación la polémica: “Porque Argentina tiene una desgracia. A veces se piensa que es una bendición, que en algún punto lo es, porque en situaciones de crisis como la que hoy vivimos, donde el comercio internacional se desploma, bueno, mal que bien la demanda por alimentos siempre se mantiene, porque obviamente es lo último que cualquier país del mundo abandona. Porque lo último que dejás es de comer. Y entonces siempre hay demanda por los productos que la Argentina le vende al resto de mundo”.

Los precios de los bienes sensibles, empezando por los alimentos, deben estar en niveles razonables para que sean accesibles para el pueblo. Pero, además, salarios, jubilaciones e ingresos deben crecer x encima de la inflación y recuperar lo que perdieron en los últimos 5 años. pic.twitter.com/LcCy2tksbr

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) January 12, 2021

Vallejos continuó: “Pero la maldición de todo eso es que los precios de los productos también indispensables que tenemos que consumir los argentinos, como son los alimentos, terminan muy tensionados por la dinámica de lo que ocurre en el comercio internacional de esos bienes”.

En este marco, Vallejos piensa que “allí hay una serie de medidas a adoptar que tiendan a desacoplar la evolución de los precios internacionales, con la de los precios domésticos, porque la de los precios domésticos tiene que regirse por la capacidad de compra que tienen los argentinos. Sino, los salarios de los argentins y de las argentinas tendrían que estar atados a la evolución del dólar, la evolución del precio internacional de los alimentos, y estaríamos a mano. Pero sabemos que no es así”.

“Los empresarios cuando negocian paritarias muestran una ecuación de los costos que tienen, de lo que pueden pagar, y en función de lo que son los precios domésticos, estiman y negocian las paritarias, los salarios de los trabajadores”, apuntó la diputada kirchnerista. Entonces, continuó, “si los salarios están en pesos, los precios de los alimentos en la Argentina tienen que estar regidos por lo que ocurre con el peso y particularmente por lo que ocurre con los salarios y con los ingresos en pesos de los argentinos”.

“Y bueno, el precio obviamente internacional se debe regir por otras reglas que obviamete pueden beneficiar en algún punto a la Argentina, porque son divisas que ingresan a la economía y obviamente son indispensables para sustentar el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro país, concluyó Vallejos.

Críticas de la oposición

Previsiblemente salieron a cruzarla desde Juntos por el Cambio. Uno de los primeros fue el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,

Luciano Laspina, quien advirtió que es “la primera vez que leo que exportar alimentos es una 'maldición'. ¿Cómo califican los países que los importan? ¿Bendecidos? La 'maldición de los recursos naturales' es un debate clásico sobre cómo administrar 'la abundancia' que sintetiza todo lo que hizo y hace mal el kirchnerismo”, expresó.

La primera vez que leo que exportar alimentos es una “maldición”. Como califican los países que los importan? Bendecidos? La “maldición de los recursos naturales” es un debate clásico sobre cómo administrar “la abundancia” que sintetiza todo lo que hizo y hace mal el kirchnerismo https://t.co/9gs1cDTMaW

— Luciano Laspina (@LaspinaL) January 13, 2021

Desde la Coalición Cívica, la diputada Lucila Lehmann fue más severa, al hablar de “dos burradas al precio de una: hay que ser muy ridícula para considerar una 'maldición' tener la bendición natural de poder producir y exportar alimentos; por políticas populistas te convierten en pobre y después la culpa de no poder comprar alimentos es de los productores”.

A su vez, la diputada radical Karina Banfi señaló que “en todo el mundo las políticas que garantizan el acceso a los alimentos en calidad, precio y cantidad se enfocan en la demanda, no en reprimir a la oferta con impuestos y regulaciones. Hagamos un país mejor para todos y todas, Fernanda”.

“Estas políticas erradas que lastiman la confianza de quienes producen para exportar son una de las causas de nuestro estancamiento.

Después nos hablan de 'falta de dólares' y 'restricción externa'. La restricción al crecimiento son estas políticas”, concluyó.

“La maldición es que no entienda nada acerca de cómo hacer que Argentina crezca y mejore la vida de los argentinos”, señaló por su parte la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado.

Para el diputado del Pro Jorge Enríquez, “la maldición argentina es tener dirigentes que crean que exportar alimentos es una maldición”. En tanto que Cristian Ritondo señaló: “Para la diputada Vallejos, tener uno de los complejos agroindustriales más importantes del mundo es una maldición. ¿Así vamos reconstruir la Argentina? Poner trabas al sector que más divisas genera sólo nos puede traer pobreza”.

Vallejos le contestó al jefe del bloque Pro a través de Twitter: “Hola, Cristian. Tener un complejo agroindustrial competitivo como el argentino está buenísimo. Pero que tu canasta exportadora esté dominada por bienes salario (alimentos) es una maldición para el pueblo cuando tiene que pagar los alimentos a precio internacional”.