Se espera que el debate se inicie la próxima semana en comisiones. El proyecto de Bases tiene 279 artículos, delegación de facultades por un año solo para tres rubros y 18 empresas sujetas a privatización. El proyecto fiscal incluye la modificación en Ganancias, moratoria y blanqueo.
Finalmente el Gobierno cumplió con lo pactado con los bloques más cercanos y distribuyó entre los mismos el último borrador elaborado del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y paralelamente el proyecto de ley de Medidas Fiscales, conocido como “paquete fiscal”, que se debatirá de forma paralela al de Bases y que incluye blanqueo, moratoria y modificación del impuesto a las Ganancias.
No solo recibieron el texto los diputados nacionales de los bloques dialoguistas, sino también los gobernadores con los que el Gobierno ha venido negociando febrilmente desde que el presidente de la Nación anunció ante la Asamblea Legislativa que su proyecto de ley fundacional tendría una segunda oportunidad, tras ser devuelto a comisión en febrero pasado. Una segunda chance que incluye un plazo perentorio: antes del 25 de mayo deberá haber pasado por las dos cámaras. El reloj ha comenzado a correr.
Modificado como está, acortado con relación al original de 664 artículos que incluía el uso de la toga para los jueces a 279 artículos, sobre este proyecto se trabajará en comisión a partir de la próxima semana para llegar al dictamen. Ese trabajo incluirá la reforma laboral que recomendó la oposición sumar al texto. Esto es, en el texto conocido aún no figura; se agregará al dictamen y los diputados opositores son los que tienen en sus manos armar los artículos que oficien como una suerte de “espejo” respecto de lo que figuraba en el decreto 270/23, frenado por la justicia.
El nuevo texto
El artículo 1° de la ley de Bases incluye la declaración de emergencia para solamente tres cuestiones: económica, financiera y energética. Y por el plazo de solo un año. Ya no entonces las 11 emergencias que pedía el texto conocido el 28 de diciembre del año pasado, ni los cuatro años de extensión para esas emergencias. Convengamos, sí, que eso había sido morigerado en el debate registrado durante el verano.
El nuevo texto deja claro que el Poder Ejecutivo deberá informar mensualmente y en forma detallada al Congreso acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos.
El Título II corresponde a la Reforma del Estado, y allí se establecen como bases de las delegaciones legislativas la mejora del funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública, transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común. También la reducción del “sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”. Por último, se busca asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.
Se faculta al Ejecutivo nacional a disponer en relación a los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, entre otras cosas, la reorganización, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a CABA, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.
Tal cual había trascendido hace algunas semanas, se excluye de esas facultades a los órganos u organismos del Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan, las universidades nacionales, el CONICET y el INTA.
En el capítulo fiscal, la modificación del impuesto a las Ganancias revierte la eliminación de la cuarta categoría y lleva el piso a $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para casados, tal cual lo conversado en las últimas reuniones mantenidas con gobernadores, el jueves pasado, y diputados dialoguistas, el lunes último.
El artículo 5° faculta al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable, y revertir o redireccionar, según corresponda, sus recursos o futuros ingresos al Tesoro Nacional, con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos.
El Capítulo II está referido a la privatización de empresas públicas, y en su artículo 7° se establece cuáles son las sujetas a privatización, estableciéndose que para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución.
De las 41 empresas privatizables de la vieja ley de Bases, se llega a este texto donde aparecen 18 empresas puestas a consideración, según tres características puntuales, a saber:
Aquellas que pueden ser privatizadas totalmente: Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE, Inerrcargo SAU.
Las empresas que sujetas a privatización o concesión: Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
Y por último aquellas empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las sociedades societarias: Nucleoeléctrica Argentina SA, Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios AA, Nación Bursátil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El artículo 12° del proyecto refiere a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de esta ley, una de las demandas también de la oposición durante todo este debate.
Mucho más adelante, al llegar al Título VI, denominado Defensa de la Competencia, encontramos un artículo que generó controversia con la oposición. Es el 70°, que faculta al Ejecutivo por el plazo de un año a “disponer la derogación o modificación de las normas de rango legal que generen, de forma manifiesta, distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente”. Asimismo aquellas que impliquen “la constitución de monopolios artificiales en actividades en las que sea posible la competencia”.
El paquete fiscal
Paralelamente el Gobierno envía al Congreso otro proyecto que lleva el nombre de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que pretende establecer un “proceso de saneamiento de la dramática situación económica en la que está sumido nuestro país”.
Se trata de un proyecto de 101 artículos que incluyen modificaciones sobre Bienes Personales, la restitución del impuesto a las Ganancias y la inclusión del Régimen de Regularización de Activos. Es el blanqueo de capitales que se extenderá hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad del PEN de prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.
En su artículo 19°, el proyecto establece que los sujetos no residentes en el país podrán adherir al Régimen de Regularización de Activos por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina, excepto moneda nacional o extranjera en efectivo. Este último punto referido al efectivo, se sumó a instancias de la oposición.
El proyecto establece una moratoria, denominada Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. Podrán acogerse al mismo aquellos contribuyentes y responsables de obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones.
El acogimiento podrá formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido 150 días corridos desde aquella fecha, inclusive.
Las personas humanas (excepto las que califiquen como pequeños contribuyentes) ingresarán un pago a cuenta equivalente al 20% de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta 60 cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.
Las Micro y Pequeñas Empresas y las entidades sin fines de lucro ingresarán un pago a cuenta equivalente al 15% de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta 84 cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.
Al explicar la restitución del gravamen eliminado el año pasado a instancias del ministro/candidato Sergio Massa, el proyecto resalta que tiene por finalidad “reestablecer el equilibrio dentro del esquema de la Ley del Impuesto a las Ganancias, incorporando dentro del impuesto a los ingresos a aquellos sujetos que evidencian una capacidad contributiva suficiente para ser alcanzados por el tributo, respetando la progresividad que es el principio rector de dicha norma”.
El gravamen es denominado aquí como “impuesto a los ingresos” y establece los mínimos no imponibles citados en $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados, actualizables de manera anual según el Índice de Precios al Consumidor.
A través de un proyecto de ley, la diputada de la UCR busca establecer que los empleadores obtengan como beneficio la quita del 100% del total de una contribución patronal repartida en 6 periodos.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) reflotó este lunes un proyecto de ley que propone el impulso del empleo registrado a través de un abordaje integral dirigido a medidas fiscales de alivio para los empleadores que cumplan en tiempo y forma.
El texto propone “acompañar y motivar a aquellos contribuyentes que aun atravesando una fuerte crisis económica han mantenido relaciones laborales registradas”. Este es un proyecto que ya había sido presentado por la legisladora radical, pero perdió estado parlamentario.
Esta iniciativa tiene similitudes con las propuestas del Poder Ejecutivo las cuales se verán plasmadas en la nueva ley Bases que será presentada en la Cámara de Diputados en el corto plazo. “Esto refleja una importante coincidencia y entendimiento sobre la cuestión, que debe ser aprovechado y potenciado a través de acuerdos comunes”, consideró Carrizo.
El proyecto está integrado por 17 artículos que comprenden un planteo sobre disposiciones para la regularización de relaciones de trabajo y la creación de un sistema de alivio fiscal para contribuyentes cumplidores.
El incentivo propuesto representa la reducción del 100% de una contribución patronal mensual por cada relación de trabajo correctamente registrada y sin deuda, cada empleador obtendrá como beneficio la quita del 100% del total de una contribución patronal repartida en 6 periodos.
Un punto central es reconocer que no todas las realidades laborales del país responden a una misma matriz, y deben contemplarse en su integralidad, pero con sus diferencias, para obtener un resultado exitoso.
Finalmente, el proyecto busca asegurar el financiamiento sustentable de esta propuesta, autorizando al jefe de Gabinete de ministros a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios para generar asignaciones específicas para este plan de regularización, sin afectar el desarrollo de programas presupuestarios hoy vigentes.
El pampeano Daniel Bensusán se reunió con Carlos Castagneto para hablar acerca del proyecto que presentó para reformar la Ley de Alivio Fiscal.
El senador nacional Daniel Bensusán (FdT) estuvo reunido con el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, con motivo de dialogar sobre el proyecto de ley presentado por el pampeano que propone modificaciones que alivien la situación de entidades sin fines de lucro, MiPyMEs y pequeños contribuyentes que afrontan moratorias.
“Fue un encuentro muy positivo, porque se pudo acceder a la máxima autoridad en cuestiones impositivas para presentarle la iniciativa en beneficio de pequeños contribuyentes que pagan moratorias y que a partir del 30 de abril vieron aumentados, hasta en tres veces, el monto de las cuotas que venían pagando”, señaló el legislador.
El proyecto busca reformar la Ley N° 27.653 de Alivio Fiscal, que fue votada durante la pandemia, estableciendo medidas para acompañar a los pequeños contribuyentes a través de moratorias a intereses accesibles, pero con vencimiento en marzo del corriente año. Quienes tienen cuotas que pasen del 1ro. de abril, vieron notablemente incrementado el monto de esos intereses.
“Lo que en un momento fue una medida paliativa no puede transformarse en un castigo. Menos aún cuando hablamos de pequeños contribuyentes, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro. Por eso nuestra preocupación, que se la planteamos al administrador Castagneto”, agregó el senador.
Bensusán resaltó: "Todos los días tomamos contacto con personas que están identificadas en estas categorías, con emprendedores, titulares de empresas familiares pequeñas, y con las entidades sin fines de lucro, que encima realizan acciones solidarias y llegan a lugares donde a veces tiene dificultades de acceder el Estado".
“Desde el Congreso de la Nación se puede hacer un aporte importante para garantizar que este motor productivo y social de tanta importancia para Argentina pueda seguir desarrollando sus tareas, por eso somos optimistas en que se podrá llegar a lograr alguna medida que contemple la situación”, finalizó.
El pampeano Daniel Bensusán advirtió que entidades sin fines de lucro, MiPyMEs y pequeños contribuyentes vieron elevadas las tasas de los intereses en hasta tres veces.
El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) presentó un proyecto de ley tendiente a aliviar la situación que atraviesan entidades sin fines de lucro, MiPyMEs y pequeños contribuyentes, que pagan moratorias y a partir del 30 de abril vieron elevadas en hasta tres veces, o más, las tasas de los intereses.
La iniciativa está vinculada a la Ley N° 27.653 de Alivio Fiscal, fruto de sucesivas medidas que se tomaron durante la pandemia para ayudar a contribuyentes menores, y establece una moratoria vigente que permite a micro, pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes adherirse a planes de pago con un máximo de 120 cuotas a una tasa de interés fija de hasta el 1,5% mensual (18% anual) durante el período comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023.
Según la misma ley, “luego de este plazo se debe aplicar la tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados que, en noviembre de 2021, momento en el que se publica la ley, ascendía a 34,12% anual (2,83% mensual). Sin embargo, en abril de 2023, la tasa BADLAR se ubica en el orden del 75% anual. A pesar de que esta tasa se encuentra por debajo de la inflación, la actualización establecida en el monto de las cuotas a pagar triplica su valor”, detalló el legislador en los fundamentos.
El pampeano explicó que “el aumento de la tasa de interés aplicable a los planes de pago de la moratoria vigente está generando problemas a quienes se han adherido, especialmente en un contexto de dificultad económica. Las cuotas de los planes más largos, que contemplan hasta 120 pagos, presentan incrementos en el orden de 285%, mientras que los planes de menor duración también experimentarán aumentos significativos”.
Bensusán consideró que “frente a este panorama, lo que en su momento fue una solución hoy se transformó en un problema para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden ver peligrar la continuidad de sus actividades si no se modifica la Ley N° 27.653 para establecer una reducción de la tasa de financiación”.
El oficialista señaló que de esta manera “se permitiría que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y eviten la caducidad de los planes de pago, lo que podría generar graves consecuencias, como el surgimiento de intereses y sanciones condonadas, así como de acciones penales tributarias y aduaneras que repercuten en el normal desarrollo de su actividad económica”.
“Atravesamos un momento del país en que es un deber preservar la actividad de las MiPyMEs y de los pequeños contribuyentes, que representan fuentes laborales de un sector que se sacrifica para sacar adelante el país, al igual que las entidades sin fines de lucro. Por eso se debe encarar una solución inmediata, como plantea el proyecto”, concluyó.
Rápida repuesta del gobierno nacional para asistir a los productores de todo el país afectados por estos eventos climáticos de déficit hídrico.
El Ministerio de Economía, con Sergio Massa a la cabeza, y a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, oficializó este martes, mediante el decreto 193/2023, que los productores cuya actividad principal sea la agrícola -ganadera y el inmueble en el que desarrolle ésta se encuentre ubicado en una zona de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía, declarada, homologada y vigente como tal en los términos de la Ley 26.509 y sus modificatorias, a la fecha de entrada en vigencia de este decreto y las que se declaren y homologuen hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, obtendrán, automáticamente, los beneficios dispuestos por esta medida.
Argentina, por tercer año consecutivo, ha sido afectada por el fenómeno meteorológico denominado "La Niña", el cual está produciendo una extraordinaria sequía que impacta de manera negativa en la producción agrícola ganadera del país.
Los productores contemplados por la medida se beneficiarán con:
- La suspensión hasta el próximo ciclo productivo de la iniciación de juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares.
- La suspensión del ingreso de los anticipos correspondientes a los impuestos a las ganancias y/o sobre los bienes personales y/o del fondo para la educación y promoción cooperativa, cuyos vencimientos hubieran sido fijados entre el 1° de febrero de 2023, inclusive, y la fecha de finalización del período de vigencia del citado estado de emergencia y/o desastre.
- El diferimiento hasta la finalización del ciclo productivo siguiente del vencimiento de las obligaciones de pago de declaraciones juradas alcanzadas por el estado de que se trata, correspondientes a los impuestos a las ganancias -excluido el impuesto cedular previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificatorias- y/o sobre los bienes personales y/o fondo para educación y promoción cooperativa.
El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que se oficializará a través de un decreto la “suspensión de intimaciones, el pago de anticipo del Impuesto a las Ganancias hasta deducciones por la venta forzosa de vacas”.
Ante las graves sequías que afectan la producción del campo, el Gobierno oficializará entre este miércoles y jueves un paquete de medidas de alivio fiscal para el sector, que se dispondrán a través de un Decreto y una Resolución Conjunta de la Secretaría de Agricultura y AFIP, según adelantó el ministro de Economía, Sergio Massa, que van desde “la suspensión de intimaciones hasta beneficios fiscales para la venta forzosa de vientres.
A través de un hilo de tuits, el tigrense anunció: “La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que con el fin de acompañar a las y los productores afectados por la sequía más grave de la historia argentina, se han dispuesto desde el Ministerio de Economía una serie de medidas destinadas a generar alivio en el sector”.
“En este sentido se dictará un Decreto del Poder Ejecutivo, cuya posterior reglamentación se implementará mediante una Resolución Conjunta de la Secretaría de Agricultura y AFIP, para que las y los productores que están en zona de emergencia y que su actividad principal sea agropecuaria y/o ganadera, accedan de manera automática a los beneficios de alivio fiscal que establece la ley de emergencia, sin necesidad de efectuar ningún trámite”, explicó.
Además, el Decreto permitirá a la AFIP “establecer un plan de facilidades de pago para las y los productores alcanzados por la emergencia tengan la posibilidad de regularizar todo tipo de deuda fiscal en hasta 48 cuotas mensuales”.
“La cantidad de cuotas dependerá de condiciones equitativas para la normalización de las deudas, considerando el origen y el tipo de deuda que pretende cancelar y la evaluación del grado de cumplimiento de sus deberes formales y materiales”, precisó Massa.
A su vez, indicó que se podrán regularizar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, vencidas o cuya fecha de vencimiento opere en el mes de la presentación del plan de facilidades de pago, junto con sus intereses y multas. Así, al regularizar las deudas previsionales que tengan los productores, se les facilitará tomar créditos bancarios, ya que muchas entidades financieras restringen el acceso al financiamiento ante la existencia de obligaciones previsionales impagas.
Por otra parte, se suspenderán las intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones, los juicios de ejecución fiscal y el levantamiento de los embargos en las cuentas bancarias; el pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias; y se otorgarán beneficios fiscales para la venta forzosa de vientres.
La suspensión del ingreso de anticipos correspondientes a los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales regirá hasta la finalización del ciclo productivo siguiente a aquel en que concluya el estado de emergencia. Se trata de aquellos vencimientos que hubieran sido fijados entre el 1 de febrero de 2023 y la fecha de finalización del período de vigencia del citado estado de emergencia.
Por otra parte, informó que se realizará la deducción en el Impuesto a las Ganancias por la venta forzosa de hacienda para que las y los productores puedan deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 100 % de los beneficios derivados de la venta forzosa de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.
En el caso del monotributo, gozarán del beneficio las obligaciones mensuales correspondientes al componente impositivo cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del estado de emergencia o zona de desastre agropecuario.
“Estas decisiones permitirán asistir de manera efectiva y directa a más de 60 mil productores agropecuarios cuyas provincias han declarado la emergencia”, afirmó Massa.
Sin acto oficial, pero tras una reunión con Sergio Massa y legisladores del FdT, el presidente firmó el decreto que oficializa la ley votada la semana pasada por unanimidad en el Senado.
En la previa de la jura de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, el presidente Alberto Fernández firmó este lunes el decreto de promulgación de la Ley de Alivio Fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos, que fue votada por unanimidad el jueves pasado en el Senado.
Aunque estaba previsto un acto oficial, el mismo se suspendió y lo que hubo en Casa Rosada, en cambio, fue una reunión de Alberto Fernández con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsor de la norma, en la que también estuvieron presentes legisladores oficialistas. Asistieron Germán Martínez -jefe del bloque-, Cecilia Moreau, Eduardo Valdés, Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz y Paula Penacca.
Según se informó oficialmente, con el objetivo de asegurar el acceso a los beneficios previstos por la ley -que fue votada al filo del 1ro. de julio-, la AFIP definió que la recategorización semestral se habilitará del 11 al 29 de julio y el vencimiento del pago de la obligación mensual se extenderá al 27 de julio.
La norma determinó que los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D se actualicen en un 60% y el resto, de la E a la K, en 29,12%. De esta manera, los montos máximos para cada categoría son: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.
Además, prevé la exención del componente impositivo para 1,7 millones de personas registradas en las categorías A y B que no perciban otro ingreso (por ejemplo, no tener un trabajo en relación de dependencia, ni cobrar una jubilación).
El objetivo de la ley fue que los contribuyentes no tengan que "saltar" hacia una escala mayor, producto de facturar más por la inflación. Se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el AMBA y el 61% en el resto de las provincias.
Por otro lado, se estableció un aumento de las deducciones los trabajadores autónomos que pagan el impuesto a las Ganancias. La norma incrementó de 2 a 2,5 veces la deducción especial y, de esta forma, permite reducir la carga tributaria y mejorar el poder adquisitivo. Impactará aproximadamente en 140 mil personas.
En el filo de la fecha para que rija la nueva actualización, la Cámara alta aprobó la ley que establece nuevos montos máximos de facturación en el caso del monotributo y contempla cambios en Ganancias para autónomos.
Antes que el reloj marque las 12, cambiando el orden del temario y achicando la lista de oradores, el Senado sancionó por unanimidad (60 votos positivos) el Alivio Fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos en la noche de este jueves.
El proyecto había salido de Diputados, donde fue impulsado por el presidente de ese cuerpo, Sergio Massa, en acompañamiento de legisladores del oficialismo y la oposición, el pasado 15 de junio, también por unanimidad.
La flamante norma, que rápidamente será promulgada por el Poder Ejecutivo, ya que se votó al filo de la fecha para que, a partir del 1ro. de julio, rija la nueva actualización, establece que los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.
De esta manera, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.
Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tiene otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.
Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total.
La medida busca que los contribuyentes no tengan que saltar hacia una escala mayor, y se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el AMBA y el 61% en el resto de las provincias.
Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, se estableció una suba de las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia, beneficiados en la última actualización del “piso” de este tributo.
El incremento en la deducción especial, que impactará en 140 mil autónomos, pasó a 2,5 veces la ganancia no imponible, mientras que para los nuevos profesionales se determinó en 3.
Dado el apuro para aprobar el proyecto, la lista de oradores, que ya tenía solo cinco anotados, pasó a dos. El primero fue el presidente de la Comisión de Prepuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, quien remarcó que “dado las circunstancias que atraviesa la economía en relación la inflación imperante, es necesario establecer un nuevo alivio fiscal".
"En ese sentido nuestro Gobierno atiende esa situación y propone una actualización de los valores que beneficia a 4.5 millones de pequeños contribuyentes y a 140 mil autónomos", señaló el miembro informante del oficialismo, que explicó que "la metodología establecida es la actualización de los niveles de facturación anual para que las escalas que categorizan a los pequeños contribuyentes sean de un nivel superior y, en el caso de autónomos, actualizar los mínimos no imponibles para que, en ambos casos, el impuesto resultante sea del mismo nivel que venían abonando”.
Sobre los porcentajes de actualización, el riojano aclaró que “en el caso de las escalas de pequeños contribuyentes, las categorías A, B y C se actualizan un 60%; la categoría D, un 45%; y de la E a la K un 29,12%”.
“Con relación a los autónomos, se actualizan los importes de las deducciones especiales con el mismo sentido de que el impuesto resultante, cuando practiquen la liquidación del impuesto a las Ganancias del presente ejercicio fiscal, no sea de un nivel en exceso y todo en función de que dichos montos no estén actualizados”, amplió en su explicación.
“El impacto fiscal del proyecto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, se estima que la disminución de la recaudación en el caso del monotributo sea de 11 mil millones y en el caso de impuestos a las Ganancias sea de 55 mil millones, que operara en el ejercicio 2023”, informó el legislador y subrayó que el proyecto tiene el "propósito" de "sostener el poder adquisitivo de los trabajadores".
Por su parte, el radical Víctor Zimmermann manifestó que esta ley es "trascendente" por "la tremenda inflación que tenemos", pero "este no es un tema nuevo". Así, recordó que en 2020 presentó un proyecto para actualizar las categorías del monotributo y "por distintos motivos no se trató", pero en 2021 se terminó votando "el sostenimiento fiscal y la moratoria fiscal, como consecuencia del endeudamiento que se produjo por la inflación".
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda mencionó que las categorías del monotributo se definen por cinco componentes, que son "ingreso bruto, la superficie afectada, el consumo anual de energía eléctrica, los montos devengados de alquileres y el precio unitario máximo". En este proyecto, "no se tuvieron en cuenta estos componentes; se actualiza solo lo que tiene que ver con Ingresos Brutos", apuntó, por lo que consideró que "es insuficiente".
También expresó la posición en contra de su interbloque porque se le otorga una "facultad delegada al Poder Ejecutivo por si considera, el próximo 1ro. de julio, que si hay inflación actualice las escalas del monotributo"; y porque las escalas se actualizan en base al "índice de actualización de la movilidad jubilatoria. Nosotros proponemos el IPC". Finalmente, el chaqueño observó que la norma no prevé la situación de los trabajadores que ya pasaron al régimen general por el salto de categoría.
Recogió el guante el jefe del Frente de Todos, José Mayans, quien aclaró que si se modificaba el proyecto "tendría que volver a Diputados". "Podemos buscar la forma de hacer una ley correctiva que nazca en el Senado con estas observaciones", propuso, a lo que Zimmermann respondió: "Aceptamos la propuesta, nos parece que es necesario seguir debatiendo y por supuesto vamos a acompañar".
La Cámara alta se reúne desde las 14.20. También se descuenta la sanción definitiva de los proyectos de Oncopediatría, de VIH y la creación o ampliación de cuatro parques naturales nacionales.
La Cámara alta abrió las puertas del recinto para sesionar este jueves desde las 14.20 para debatir y convertir en ley el proyecto de Alivio Fiscal que permitirá a trabajadores monotributistas y autónomos tener una menor carga impositiva y la posibilidad de pagar menos impuestos que fue aprobado en Diputados por unanimidad.
En el plan de labor también se incluyeron otros tremas que están en condiciones de ser puestos a consideración, entre ellos proyectos relacionados a la creación y ampliación de parques nacionales. Se trata de la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante, Entre Ríos; la creación del Parque Nacional Ansenuza y bañados del Río Dulce, en Córdoba. Asimismo, están en condiciones de llegar al recinto la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, en el Chaco, y la ampliación del Parque Nacional Aconquija, en Tucumán.
Se descuenta que también se aprobará el proyecto que autoriza la entrada y salida de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera del mismo de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023; como así también podrían convertirse en ley las leyes de Oncopediatría y VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis que tuvieron dictamen el 9 de junio pasado.
Los senadores están en condiciones de abordar también el proyecto kirchnerista que establece una nueva moratoria previsional, que obtuvo dictamen en la Comisión de Trabajo y Previsión Social el pasado 14 de junio. En esa oportunidad la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri advirtió que el proyecto debió haber sido girado también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, más la titular de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana-FdT), rechazó tal posibilidad aclarando que “los giros los dispone la presidenta del Cuerpo” y esa instancia no había sido incluida. Ese proyecto establece un plan de pago de deuda previsional que busca atender la situación de aquellos hombres y mujeres que están en edad de jubilarse, pero no cuentan con los años de aportes suficientes. Esa fue la primera y única reunión de comisión para analizar el tema.
Otro tema listo para llegar al recinto es la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; como así también un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que cosechó el apoyo del oficialismo y la oposición durante su paso por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
También debatirá una iniciativa que reforma la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana a través de los servicios telefónicos.
Finalmente, el Senado está en condiciones de dar el visto bueno a los embajadores Oscar Laborde para Venezuela; Pablo Vilas para Honduras y Gabriel Fuks, designado para Ecuador.
Además, se descuenta la sanción definitiva de los proyectos de Oncopediatría, de VIH y la creación o ampliación de cuatro parques naturales nacionales. ¿Qué otros temas hay en el plan de labor?
Las puertas del recinto de la Cámara de Senadores se volverán a abrir por quinta vez en lo que va del año para sesionar este jueves desde las 14 para debatir y convertir en ley el proyecto de Alivio Fiscal que permitirá a trabajadores monotributistas y autónomos tener una menor carga impositiva y la posibilidad de pagar menos impuestos que fue aprobado en Diputados por unanimidad.
De acuerdo a lo decidido en una reunión de Labor Parlamentaria que se llevó a cabo este miércoles, los jefes de los bloques del oficialismo y de la oposición acordaron que Alivio Fiscal será el tema que cerrará la jornada, ya que tiene el visto bueno de todas las bancadas.
En el plan de labor también se incluyeron otros tremas que están en condiciones de ser puestos a consideración, entre ellos proyectos relacionados a la creación y ampliación de parques nacionales. Se trata de la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante, Entre Ríos; la creación del Parque Nacional Ansenuza y bañados del Río Dulce, en Córdoba. Asimismo, están en condiciones de llegar al recinto la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, en el Chaco, y la ampliación del Parque Nacional Aconquija, en Tucumán.
Se descuenta que también se aprobará el proyecto que autoriza la entrada y salida de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera del mismo de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023; como así también podrían convertirse en ley las leyes de Oncopediatría y VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis que tuvieron dictamen el 9 de junio pasado.
Los senadores están en condiciones de abordar también el proyecto kirchnerista que establece una nueva moratoria previsional, que obtuvo dictamen en la Comisión de Trabajo y Previsión Social el pasado 14 de junio. En esa oportunidad la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri advirtió que el proyecto debió haber sido girado también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, más la titular de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana-FdT), rechazó tal posibilidad aclarando que “los giros los dispone la presidenta del Cuerpo” y esa instancia no había sido incluida. Ese proyecto establece un plan de pago de deuda previsional que busca atender la situación de aquellos hombres y mujeres que están en edad de jubilarse, pero no cuentan con los años de aportes suficientes. Esa fue la primera y única reunión de comisión para analizar el tema.
Otro tema listo para llegar al recinto es la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; como así también un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que cosechó el apoyo del oficialismo y la oposición durante su paso por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
También debatirá una iniciativa que reforma la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana a través de los servicios telefónicos.
Finalmente, el Senado está en condiciones de dar el visto bueno a los embajadores Oscar Laborde para Venezuela; Pablo Vilas para Honduras y Gabriel Fuks, designado para Ecuador.
La medida beneficia a pequeños contribuyentes y autónomos y obtuvo dictamen el miércoles pasado. Qué otros proyectos pueden ser incluidos en el temario.
Todavía no se oficializó formalmente la convocatoria a sesionar este jueves, último día del mes de junio, pero es un hecho que los senadores volverán a reunirse en lo que será su quinta sesión especial de este año. La última vez que lo hicieron fue el pasado 2 de junio, cuando realizaron una brevísima sesión para dar ingreso a pliegos diplomáticos y luego pasaron directamente a la reunión informativa del jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Que habrá reunión para tratar el alivio fiscal que permitirá a trabajadores monotributistas y autónomos tener una menor carga impositiva y la posibilidad de pagar menos impuestos se estableció durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizada el miércoles pasado, cuando se indicó que el proyecto aprobado por unanimidad en Diputados sería considerado por el pleno este jueves.
Habrá que esperar a conocer el temario que indique la convocatoria formal, pero hay numerosos tremas que están en condiciones de ser puestos a consideración, entre ellos proyectos relacionados a la creación y ampliación de parques nacionales. Se trata de la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante, Entre Ríos; la creación del Parque Nacional Ansenuza y bañados del Río Dulce, en Córdoba. Asimismo están en condiciones de llegar al recinto la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, en el Chaco, y la ampliación del Parque Nacional Aconquija, en Tucumán.
Los senadores están en condiciones de abordar también el proyecto kirchnerista que establece una nueva moratoria previsional, que obtuvo dictamen en la Comisión de Trabajo y Previsión Social el pasado 14 de junio. En esa oportunidad la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri advirtió que el proyecto debió haber sido girado también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mas la titular de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana-FdT), rechazó tal posibilidad aclarando que “los giros los dispone la presidenta del Cuerpo” y esa instancia no había sido incluida. Ese proyecto establece un plan de pago de deuda previsional que busca atender la situación de aquellos hombres y mujeres que están en edad de jubilarse pero no cuentan con los años de aportes suficientes. Esa fue la primera y única reunión de comisión para analizar el tema.
Se descuenta que también se aprobará el proyecto que autoriza la entrada y salida de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera del mismo de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023; como así también podrían convertirse en ley las leyes de oncopediatría y VIH que tuvieron dictamen el 9 de junio pasado.
Otro tema listo para llegar al recinto es la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; como así también un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que cosechó el apoyo del oficialismo y la oposición durante su paso por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Finalmente el Senado está en condiciones de dar el visto bueno a los embajadores Oscar Laborde para Venezuela; Pablo Vilas para Honduras y Gabriel Fuks, designado para Ecuador.
Se trata de la iniciativa que tiene media sanción de Diputados, que beneficia a monotributistas y autónomos.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el senador por La Rioja Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular), se reunió este miércoles para tratar el proyecto de ley en revisión de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos.
El senador Guerra consideró “muy importante que haya sido aprobado por unanimidad en Diputados y este alivio fiscal permitirá, a los trabajadores monotributistas y autónomos, tener una menor carga impositiva y la posibilidad de pagar menos impuestos”.
También detalló que 4.500.000 de monotributistas y 140.000 trabajadores autónomos se verían alcanzados con esta medida, y agregó: “El objetivo es actualizar escalas en el régimen de pequeños contribuyentes debido a su desactualización por los procesos inflacionarios”.
El jefe del interbloque oficialista, José Mayans, expresó por su parte el apoyo de su bloque al despacho "así como vino de diputados, porque urge aliviar a estos sectores".
De manera discordante se pronunció la cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Pro), para quien con este proyecto "estamos desfinanciando a la seguridad social y alentando la inflación".
A su turno, el radical chaqueño Víctor Zimmermann consideró que “es muy importante discutir sobre la reforma tributaria y el impacto de la inflación, pero, más allá de la urgencia y la celeridad, vamos a acompañar en general el proyecto y vamos a plantear una disidencia parcial que tiene que ver con el monotributo”.
La iniciativa en revisión tiene como objetivo actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas, y aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.
Asimismo, adelanta al próximo 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, con la aplicación de un índice del 29,12%.
La diputada del bloque Encuentro Federa cuestionó la decisión del Gobierno de presentar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia.
La diputada nacional Margarita Stolbizer cuestionó la ampliación por decreto del Presupuesto 2022 y sostuvo que se trata de “una fotografía del desgobierno”.
“Venimos advirtiendo desde el año pasado sobre los problemas de una administración sin rumbo y sin plan económico y cada vez van de mal en peor. Le mintieron al Fondo y también a nosotros. Tienen un rojo fiscal enorme y no tienen cómo financiarlo”, apuntó la legisladora del bloque Encuentro Federal en Juntos por el Cambio.
Respecto de la presentación del Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 331/2022), Stolbizer agregó: “Decidieron prescindir del Congreso nacional, y que queda en evidencia que no tienen más plata; tienen un déficit altísimo, no pueden seguir emitiendo ni tomar deuda porque nadie les presta”.
“No les cierra el programa financiero y este descalabro convive con los altos índices de inflación y la destrucción de la capacidad de compra de la gente que, lejos de poder ahorrar, apenas si puede sobrevivir”, añadió la presidenta del Partido GEN.
“Terminar sacando el Presupuesto 2022 con demoras y por un DNU es otra muestra de la improvisación, la falta de plan y la incapacidad para encarar un diálogo serio. La raíz del problema es político e institucional, con tremendas consecuencias económicas y sociales. La verdad es que la coalición de gobierno implosionó y no saben cómo sostenerse para seguir adelante, con un presidente débil y caricaturesco”, sostuvo Stolbizer.
Por otra parte, la diputada se refirió a la media sanción que obtuvo el proyecto de alivio fiscal para monotribustistas y autónomos, y negó que la aprobación sea un “real beneficio”, y puntualizó: “Hay que actuar con humildad. Actualizar escalas o deducciones no es otorgar ningún beneficio. Solo estamos minimizando el efecto y los daños de la inflación. Una cosa es que el monotributista cambie de categoría por su esfuerzo y el crecimiento de su actividad y otra cosa es que cambien precios sin actualizar escalas”.
Sobre la iniciativa Stolbizer aclaró que lo que se busca con el proyecto “es no agregar más distorsiones que las que ya genera la Inflación. Ni los monotributistas ni los autónomos generan la inflación; ya demasiado impacta sobre sus vidas y capacidad de compra como para que encima se vean perjudicados porque no se ajustan las escalas”.
“Sin embargo, no se puede seguir poniendo parches. Hay que resolver el tema de la inflación y para eso se necesita estabilidad y equilibrio en un gobierno que no tiene ninguna de las dos cosas”, concluyó.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, comandada por el riojano Ricardo Guerra, se reunirá para dar dictamen a la iniciativa aprobada por unanimidad la semana pasada en Diputados.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, comandada por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT) se reunirá este miércoles por la tarde para tratar el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos, que se debatiría en sesión la próxima semana.
Primeramente, a las 17, la comisión realizará una reunión conjunta con Ambiente y Desarrollo Sustentable para dar despacho al proyecto que crea el Parque Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y el que amplía el Parque Nacional Pre-Delta en Entre Ríos. Ambos fueron aprobados la semana pasada por la Cámara baja.
Luego de ese plenario, Presupuesto y Hacienda se abocará al debate de la iniciativa sobre alivio fiscal, que se votó el miércoles pasado en Diputados, donde cosechó una unanimidad por 237 votos a favor.
El proyecto, que sufrió modificaciones antes de la votación con el objetivo de sumar más apoyos, establece que los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D del monotributo se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.
De acuerdo al texto, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.
Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tiene otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.
Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total.
La medida busca que los contribuyentes no tengan que saltar hacia una escala mayor, y se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el AMBA y el 61% en el resto de las provincias.
Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, se estableció una suba de las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia, beneficiados en la última actualización del “piso” de este tributo.
El incremento en la deducción especial, que impactará en 140 mil autónomos, pasa a 2,5 veces, mientras que para nuevos profesionales se eleva a 3 la ganancia no imponible.
La norma que cuenta con media sanción de Diputados y beneficia a monotributistas y autónomos comenzará a ser tratada en los próximos días, según confió José Mayans.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles pasado en beneficio a monotributistas y autónomos comenzará a ser tratado en el Senado en los próximos días. Así lo confirmó el jefe del interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, que anticipó que el oficialismo quiere emitir dictamen favorable del proyecto de ley de alivio fiscal la semana próxima, en comisión, para llevarlo al recinto antes del 1° de julio, cuando inicia el plazo para la recategorización del monotributo 2022.
“El proyecto de alivio fiscal lo vamos a tratar inmediatamente. La semana que viene, lo hacemos en comisión, para llevarlo al recinto el 30 de junio”, afirmó Mayans, en declaraciones radiales.
De acuerdo con el senador por Formosa, el proyecto, aprobado el miércoles pasado en la Cámara baja por amplia mayoría, ya tiene dado el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. “La idea es tener despacho la semana que viene”, insistió y recordó que se trata de “darle alivio a un sector de la sociedad que lo necesita”.
La medida, de aprobarse, beneficiará a un universo de más de cuatro millones y medio de personas, entre monotributistas, que conseguirán una ampliación de los topes de facturación y así evitarán pagar una alícuota más alta, y autónomos, que obtendrán una modificación en deducciones para el pago del Impuesto a las Ganancias.
“La intención es que el salario tenga una recuperación parcial y que le gane a la inflación”, explicó Mayas, en declaraciones a la emisora AM1420, al referirse a las distintas medidas que viene tomando el FdT para recuperar el poder adquisitivo de las distintas franjas de la sociedad, como por ejemplo la elevación el piso para comenzar a pagar Ganancias para los trabajadores registrado en relación de dependencia, entre otras.
El proyecto impulsado por Sergio Massa se aprobó con 237 votos a favor. Propone adelantar y actualizar los montos máximos de facturación, en el primer caso; y cambios en las deducciones sobre Ganancias, en el segundo. Ahora será el turno del Senado.
Por Melisa Jofré
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley sobre alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos por unanimidad, con 237 votos positivos, 0 negativos y 0 abstenciones. El texto, impulsado por Sergio Massa, y que contó con el acompañamiento de opositores en su presentación, deberá ser ahora tratado en el Senado para su aprobación definitiva.
El interbloque Juntos por el Cambio había llegado a la sesión con un dictamen de minoría, pero producto de negociaciones que se terminaron de cerrar mientras se debatía la iniciativa, se realizaron modificaciones al despacho de mayoría suscripto por el oficialismo para lograr un mayor apoyo. Previamente, el Frente de Todos consultó sobre los cambios al Ministerio de Economía.
Después que la diputada oficialista Mónica Litza leyera las modificaciones al texto, antes de pasar a la votación, el jefe de la UCR, Mario Negri, adelantó el acompañamiento de su interbloque, porque aunque los cambios "no satisfacen cabalmente lo que nosotros creíamos debía ser" hay que "dar una respuesta positiva" a los trabajadores.
Pasadas las 14.30, cuando arrancó la discusión, participaron de una reunión Massa, Litza, Leandro Santoro, Carlos Heller (FdT); Luciano Laspina, Silvia Lospennato (Pro); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); Alejandro Cacace (Evolución Radical) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal) en la que se analizaron las propuestas de cambios.
A partir de la nueva redacción, los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, como establecía el proyecto originalmente, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.
De acuerdo al texto, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.
Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tiene otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.
Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social, se explicó- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total. Este punto, que fue propuesto por Santoro, va en línea con lo que proponía el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado sobre “Creación del Puente de Inclusión Fiscal al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes”.
La medida busca que los contribuyentes no tengan que saltar hacia una escala mayor, y se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el AMBA y el 61% en el resto de las provincias.
Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, se estableció una suba de las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia, beneficiados en la última actualización del "piso" de este tributo.
El incremento en la deducción especial, que impactará en 140 mil autónomos, estaba previsto en 2 veces y pasó a 2,5, aunque en este punto Juntos por el Cambio la quería llevar a 3,8. Asimismo, para nuevos profesionales en vez de elevarse en 2,5 veces la ganancia no imponible, se determinó en 3.
El debate
La apertura del debate estuvo a cargo de la diputada Mónica Litza, quien destacó que el proyecto “trae un alivio para un universo muy grande de 5 millones, que son quienes trabajan y tributan como pequeños contribuyentes”. “Tratamos de cuidar los ingresos de los trabajadores y de mantener la integridad de monotributistas y autónomos”, aseguró la oficialista, firmante de la iniciativa. Y apuntó que se “busca corregir ese desacople que hubo por la inflación, que es un fenómeno que afecta a los montos de facturación”.
Luego, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace señaló que coincidían con el oficialismo en que los trabajadores monotributistas y autónomos son iguales a los que están en relación de dependencia y, por lo tanto, “deben recibir un trato similar en torno a los impuestos que pagan”, pero “esos mismos principios en la práctica no se cumplen”.
Yendo a la letra del proyecto, que finalmente en las negociaciones se modificó, el puntano advirtió que cómo estaba redactado el dictamen de mayoría, los montos máximos de facturación para las tres categorías más bajas del monotributo iban a quedar “por debajo de la línea de pobreza”. “Debe ser mayor el tope de facturación de las categorías más bajas”, reclamó cuando comenzaba el debate, algo sobre lo que finalmente hubo acuerdo.
También señaló que se consideraba “insuficiente” el cambio en la deducción especial de Ganancias para los autónomos, de llevarla a 2, cuando para los trabajadores en relación de dependencia está en 3,8 veces. “A igual capacidad contributiva tienen que pagar igual impuestos”, planteó.
Desde el Pro, el santafesino Luciano Laspina consideró que la iniciativa “no es un alivio impositivo, sino una mayor indexación del régimen”. “Teníamos una indexación anual, y ahora lo estamos adelantando semestralmente, con lo cual hay una decisión política clara por parte del oficialismo, partiendo de la base de que, dado que no pueden bajar la inflación, y que más bien se está acelerando, a pesar de que el último dato mostró una leve baja, y según las proyecciones de Luis D’Elía nos va a llevar a deflación en 10 meses”, expresó.
Con un discurso en el que reivindicó la política tributaria del Gobierno, el oficialista Itaí Hagman observó que “siempre que discutimos un proyecto que alivia la carga tributaria del contribuyente aparece la discusión de que en realidad la presión tributaria es demasiado alta y hay que bajar más impuestos”. En esa línea, recordó que “todas las políticas que generaron un sistema tributario que ha tendido a la regresividad han sido llevados adelante por gobiernos con orientación política liberal”. “Este proyecto va en el sentido de lo que nosotros queremos, que es una estructura tributaria más progresiva”, dijo el porteño.
Durante el debate, que se extendió por un poco más de tres horas, también habló Leandro Santoro, quien tras repasar los puntos del proyecto, defendió: “Estamos tratando de aumentar y mejorar la capacidad de consumo del pueblo, con políticas de ingresos concretos que van en esa dirección. Políticas de ingresos que tratan de trabajar en una situación compleja que atraviesa la Argentina”. “Es un paliativo en un contexto donde Argentina tiene que atravesar una restricción importante, una guerra que aumentó mucho los precios de alimentos y energía, las consecuencias de la pandemia con todo lo que significó. Esa inflación que nos preocupa y erosiona el poder adquisitivo de salarios”, continuó.
Además, el legislador abogó por la aplicación de “políticas de ingresos acompañadas de un modelo de protección social, participación del Estado en redistribución de excesos”, tareas que “este Gobierno popular lleva adelante, para dejar atrás ese modelo de especulación financiera y fuga de capitales que permitió que la Argentina en cuatro años se duplique la tasa de inflación y desempleo”.
Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, que acompañó con su firma la iniciativa, explicó que “desde el anuncio del alivio para trabajadores en relación de dependencia fue el sentido común lo que disparó el debate dentro de todos los bloques sobre la necesidad de recomponer la situación para hacerla más equitativa en el caso de monotributistas y autónomos”.
“En ese sentido firmé el proyecto propuesto por el presidente de esta Cámara”, admitió la jefa de Encuentro Federal, dentro del interbloque Juntos por el Cambio, que opinó: “Actualizar escalas o deducciones no es otorgar ningún beneficio, apenas aspiramos a minimizar el daño. Se busca no agregar mayores distorsiones a las que ya existen. Ni los monotributistas ni autónomos generan la inflación, demasiado daño tienen en sus vidas como consecuencia de la inflación”.
En esa línea, reclamó que “bajar la inflación requiere acuerdos, condiciones, estabilidad y equilibrio”. “Acá radica otro problema, uno es la inflación y otro el Gobierno que no tiene ni la estabilidad, ni los mecanismos necesarios para lograr los acuerdos y bajar la inflación”, cuestionó Stolbizer.
También acompañante de la iniciativa, el jefe del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, valoró la respuesta que el Congreso está dando a un sector “muy importante de la Argentina, permitiendo mejorar la capacidad de compra del ingreso de casi 5 millones de personas”.
“Lamentablemente la inflación no empezó ayer”, señaló el bonaerense, subrayando “el triste recuerdo de quienes plantearon con soberbia que en una semana lo arreglaban de taquito, y nos ha llevado a años y años de inflación”. “En cinco meses la inflación anual acumulada es superior al 29% y en términos interanuales es el registro más alto de los últimos 30 años. Claramente no han dado respuesta eficaz al flagelo de la inflación”, manifestó sobre las medidas del actual Gobierno.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás Del Caño adelantó el acompañamiento al proyecto, pero resaltó que “no se trata de un alivio, no es una solución, es simplemente una corrección producto de la altísima inflación que, de manera anualizada, estamos arriba del 60%”. Si no se aprobara una actualización, “muchos monotributistas pasarían, producto de la inflación, a categorías mayores por lo cual deberían tributar más cuando en realidad no tuvieron un ingreso real superior, sino que se ha dado producto del aumento de la inflación”, explicó. Por eso, el legislador avaló que “se viene a tratar de corregir esto, pero no da una respuesta, una solución”.
Y, sobre ese punto, consideró que lo que se tiene que establecer es que “la actualización sea de manera automática en función del índice inflacionario” para evitar “que vengan algunos a querer sacarse una foto, a ponerle un título en algún diario diciendo ‘un alivio, una mejora para los trabajadores’”.
De la vereda de enfrente, el presidente de Avanza Libertad, José Luis Espert, remarcó “la presión impositiva que sufren monotributistas, autónomos, emprendedores” que “hoy son esquilmados en Argentina”. Y, con ironía, felicitó al bloque oficialista por la iniciativa que es “absolutamente irrelevante del número”, pero “al menos planta una bandera: no podemos seguir haciendo oídos sordos y estar ciegos frente al reclamo de monotributistas y autónomos por el desigual trato que se le da frente a la situación impositiva”.
En esa línea, precisó que “un trabajador en relación de dependencia que cobra $280 mil de bruto, paga $70 mil al año por impuestos; el mismo trabajador, con el mismo ingreso, si es monotributista paga 7 veces más, una alícuota del 35%. Es confiscatorio e inaceptable”.
Germana Figueroa Casas, diputada del Pro por Santa Fe, expresó que “por más que sea solo un parche, un reconocimiento a la inflación, va a impactar positivamente en más de 4 millones de personas. Pero debemos pensar por qué esto podría ser mejor”. Sobre el régimen tributario en el país, sostuvo que “hay que pensar en el eslabón más débil, que es el autónomo. Él es el que arriesga, invierte, toma empleados. Es un monotributista que creció. Ahora, el sistema actual estimula el enanismo fiscal. Si un monotributista quiere facturar 500 pesos más de lo que le permite la categoría más alta, se pasa a autónomos y debe terminar pagando más del doble en impuestos. Entonces, se estimula el quedarse en el monotributo y fomenta que todos nos queramos achicar, que se rechacen trabajos, que no se tomen empleados”.
En el cierre del debate, el oficialista Daniel Arroyo afirmó que el proyecto se trata de “una mejora, un alivio para el bolsillo, en un país donde para mucha gente el precio de los alimentos y llegar a fin de mes son los problemas más críticos”. Y reconoció que “no es un cambio estructural, pero sí un avance claro”, por eso opinó que es “injusto plantearlo como un parche”.
“Es un proyecto de alivio en un contexto complejo”, sostuvo y justificó que “está claro que la Argentina tiene inflación hace largo tiempo, que el problema de la inflación es estructural, pero también está claro que venimos de una pandemia y estamos en una guerra”. En su discurso, el legislador subrayó que “el debate que viene será estabilizar precios”, y llamó a “avanzar en políticas que tengan que ver con un plan antiinflacionario”.
En su discurso, el diputado del Pro sostuvo que todos le hablan a sus grupos de pertenencia, pero nadie se ocupa de los jubilados y pensionados, que pierden con este ritmo inflacionario.
En el marco del debate sobre el “alivio fiscal”, el diputado santafesino Luciano Laspina (Pro) reconoció este miércoles que el tema reúne “consenso” y que Juntos por el Cambio había planteado sus observaciones en su dictamen de minoría, las cuales tenían que ver con “reducir el peso impositivo sobre sectores cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.
“En el caso del monotributo, ha sido una herramienta originalmente creada para incorporar al régimen formal a trabajadores de bajos ingresos o que estaban en la informalidad, y con el paso del tiempo se ha convertido casi en un régimen general”, apuntó el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, que por eso planteó “debatir a futuro para preservar la solvencia del fisco el impacto de largo plazo en el sistema previsional que tiene el régimen de monotributo, en términos de que debemos plantear de qué forma vamos a financiar la diferencia que hay entre los aportes previsionales que se hacen, y el costo actuarial de las futuras jubilaciones. Ahí nos debemos un debate serio”, enfatizó.
Laspina sostuvo que “desde lo técnico hay bastantes diferencias”, y se refirió a las discrepancias respecto de lo que iban a votar. “No es un alivio impositivo -aseguró-, sino una mayor indexación del régimen. Teníamos una indexación anual, y ahora lo estamos adelantando semestralmente, con lo cual hay una decisión política clara por parte del oficialismo, partiendo de la base de que dado que no pueden bajar la inflación, y que más bien está acelerando, a pesar de que el último dato mostró una leve baja, y según las proyecciones de Luis D’Elía nos va a llevar a deflación en 10 meses”.
Para Laspina, “el Gobierno tiene un problema tremendo con la inflación, que está golpeando a todos los sectores. Que como no puede bajar la inflación, aumenta la indexación. Entonces ahí uno entiende el tuit de Cristina felicitando ‘al compañero Palazzo’, que está acá presente, para los bancarios, por la paritaria de 60% más cláusula gatillo, que no es una recompensación salarial, sino una mayor indexación del salario, de una inflación que ya navega al 60% y que este año, según la mayoría de los analistas, va a estar al 80%”.
“En ese espíritu de acelerar la indexación de la economía está también la Ley Massa, que es la de alivio fiscal que estamos votando hoy, que no es más que adelantar seis meses una indexación que tenía que venir a fin de año, pero que a este ritmo de inflación es inaguantable”, graficó el diputado del Pro, que inscribió en esa línea también el proyecto de Máximo Kirchner para adelantar la suba de los salarios mínimos, y “la Ley Grabois” sobre el salario universal. “Es crear más subsidios a los sectores más vulnerables que no pueden ajustar por paritaria y que están a la deriva de una inflación de 6 o 7 puntos”, precisó, advirtiendo que “es un mal camino, porque cuando uno indexa más la economía, la inflación tiende a acelerar”.
Ahí advirtió sobre las consecuencias de la inflación sobre los jubilados y pensionados. Con una inflación rozando los tres dígitos, “el Estado le saca por la velocidad indexatoria entre 5 y 6% real a las jubilaciones cada año, por la demora indexatoria”, estimó. Señaló que “si la inflación acelera, va a haber que repensar todo, porque cada uno le habla a su grupo de pertenencia, sus votantes: Grabois a los piqueteros; Massa a la CGT, ¿y quién le habla a los jubilados y pensionados que en el 2020 le congelaron la fórmula de Macri, porque supuestamente era mala, pero no la quería pagar el Gobierno de Alberto Fernández? ¿Quién le habla a los jubilados si la inflación si tienen que esperar 3 meses para actualizar sus jubilaciones, si la inflación sube 6 o 7 mensual? Es mucho, eh… Cinco, o 6% de caída en los ingresos. En cualquier país del mundo sería un escándalo en el año, y esto ocurre acá en un mes”.
“Si vamos a indexar la economía porque no podemos combatir la inflación, discutamos todo”, cerró Laspina.
La diputada oficialista respaldó el proyecto de Sergio Massa que busca “corregir ese desacople que hubo entre la inflación, que es un fenómeno que afecta a los montos de facturación. Proponemos adelantar al 1 de julio el 2022 la actualización de los montos de las categorías”.
Tras dos horas de cuestiones de apartamiento, la diputada nacional Mónica Litza (FdT) abrió la ronda del debate del proyecto del titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos, respecto del cual señaló que “tratamos de cuidar los ingresos de los trabajadores y de mantener la integridad de monotributistas y autónomos”, por lo que la iniciativa “busca corregir ese desacople que hubo entre la inflación, que es un fenómeno que afecta a los montos de facturación. Proponemos adelantar al 1 de julio el 2022 la actualización de los montos de las categorías”.
La legisladora oficialista defendió el proyecto de alivio fiscal al que calificó de “importante” porque “trae un alivio para un universo muy grande de 5 millones que son quienes trabajan y tributan como pequeños contribuyentes”.
“Cuando ocurrió la modificación de la actualización del piso del impuesto a las ganancias, que trajo alivio también a muchos trabajadores, dijimos que tanto los autónomos, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia eran trabajadores, aunque estuvieran en distintas categorías y el alivio tenía que llegar para todos”, recordó y agregó: “En aquel momento con el impuesto a las ganancias se había producido una distorsión, respecto a que se habían adelantado las paritarias, y produjo un aumento en el valor nominal de los salarios y estábamos cerca de los aguinaldos, lo que iba a producir que esos ingresos fueran alcanzados por el tributo que queríamos evitar con ganancias por lo tanto hubo que hacer un equilibrio donde la realidad había producido un desequilibrio”.
En suma, manifestó que “había que hacer otro equilibrio con el tema de los trabajadores monotributistas y autónomos”, y destacó la participación de la asociación de monotributistas quienes colaboraron con el estructurado del proyecto. En ese sentido remarcó que “todos los días tienen que ponerse al pie de sus obligaciones, levantar las persianas de sus negocios, no cobran aguinaldo, no tuvieron beneficios durándote la pandemia el esfuerzo fue muy grande y el Estado debe acompañar”.
“Los salarios no son ganancias y los ingresos de los monotributistas tampoco. Defendemos la integridad de los ingresos, de los salarios. Desde las herramientas que nos da el Congreso tratamos de cuidar los ingresos de los trabajadores, de cuidar el bolsillo de los argentinos y de mantener la integridad de monotributistas y autónomos”, sostuvo Litza.
Respecto al proyecto señaló que busca “corregir ese desacople que hubo entre la inflación, que es un fenómeno que afecta a los montos de facturación, por lo que proponemos adelantar al 1 de julio el 2022 la actualización de los montos de las categorías de monotributos”.
“La ley 29.977 prevé que esa actualización se hace por el índice de movilidad jubilatoria se haga anualmente, pero se contradice con la reglamentación de AFIP de que la recategorización del monotributo sea semestral, entonces si no hiciéramos esta corrección se corre el riesgo de que al primero de julio muchos monotributistas tengan el riesgo de saltar de categoría o, incluso, algunos salir del régimen simplificado”, advirtió la diputada del FdT.
En esa línea, solicitó “la actualización de los montos al 1ro de julio y no esperar a enero utilizando el mismo índice que indica la reglamentación de la ley vigente”.
“Es importante destacar que esta actualización de los montos de categorías no implica un aumento de cuotas, van a pagar lo mismo. El universo es muy importante y está en la gente porque preguntan por este tema. Es una alegría poder traer este alivio para tantos trabajadores”, resaltó.
Continuando con la explicación del proyecto, describió que “en su título primero modifica la ley de monotributo y en el segundo modifica la ley de impuesto a las ganancias para el tema de autónomos, buscamos un alivio y mejora para trabajadores autónomos”.
“Hay un plazo que tiene que ver con AFIP y tiene que ser rápido la sanción antes de julio. Pedimos darle una autorización al Ejecutivo para que hacer todos los años la ley pueda hacer la actualización semestralmente y no anualmente y hacer la corrección de desacople a través de una ley”, explayó Litza.
Y cerró: “Lo que ingresa al bolsillo de un trabajador va al consumo, a fortalecer el mercado interno del país, va a estimular y alentar a emprendedores a que puedan seguir invirtiendo y va, sin duda, a poner en movimiento el círculo virtuoso del consumo, del fortalecimiento del mercado. Éstas son las herramientas legislativas que tenemos, que seguimos trabajando para cuidar el ingreso y recuperar los niveles que tienen que tener los trabajadores, ese es el objetivo que perseguimos”.
La reunión incluye proyectos como el beneficio para la adquisición de taxis; la creación de tres Parques Nacionales; asignaciones a industrias culturales y capacitación en la cuestión Malvinas.
Convocada por el oficialismo y bloques aliados originalmente para las 11 de la mañana, la sesión especial de este miércoles se postergó para el mediodía, y terminó iniciándose a las 12:20, con el fin de aprobar el proyecto impulsado por el titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos.
La reunión se lleva adelante una semana después de aquella convocada por la oposición para tratar la implementación de la Boleta Unica de Papel para votar, y teniendo en cuenta que en esa oportunidad se acordó postergar homenajes y cuestiones de privilegio para esta semana, se descuenta que ese tema llevará un buen tiempo este miércoles.
En el caso de la iniciativa de alivio fiscal, la misma ajusta los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.
El proyecto propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior. Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.
Si bien el oficialismo se alzó con un dictamen de mayoría en la reunión de comisión, desde la oposición el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) había adelantado que, de no realizarse modificaciones en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.
Otro de los proyectos a debatirse es el impulsado por la diputada oficialista Mara Brawer que crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.
Se trata de un régimen “transitorio”, pues dura 6 años; tiene un cupo fiscal para la compra de aproximadamente 10 mil autos por año; tanto la persona física como jurídica tiene derecho a comprar un auto por año; tiene que tener licencia y no puede ser vendido en los tres años siguientes. Asimismo, la ley invita a las provincias a adherir a través de impuestos locales que tiene la compra de autos.
Esta ley prevé el reintegro impositivo para la compra de autos básicos, autos de fabricación en Argentina con el 20% de partes de fabricación nacional, y en una segunda etapa la implementación de esta ley al 30%.
El dictamen de mayoría establece extender las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales establecidas en la ley 27.432, sobre impuestos y vigencia del gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, creado por la ley 20.630 y sus modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 2072 inclusive. También propone darle a este beneficio un carácter federal. La oposición firmó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.
Estas asignaciones provienen de los gravámenes sobre los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares) y sobre concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas.
El proyecto de mayoría contempla también la continuación del impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, videogramas grabados y la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios.
La extensión prevista hasta el 31/12/2072, tiene como fin el sostenimiento de sectores de la cultura nacional tales como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), entre otros.
Tres son los proyectos que tratan sobre la creación de nuevos Parques Nacionales. Se trata de los parques Islote Lobos, en Río Negro; Ansenuza, en la provincia de Córdoba; y la aceptación de la transferencia de jurisdicción por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional del Parque Pre-Delta.
Una de las iniciativas establece la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional con el objetivo de ampliar el Parque ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.
El otro proyecto tiene que ver con la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos -con media sanción del Senado-, mediante el cual se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).
El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
Con la creación de este Parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
El tercer proyecto tiene como objetivo crear el Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, al aceptar la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, se establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública. en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; y la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación. El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad.
En la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.
Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley.
El otro proyecto propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.
La sesión fue convocada por el oficialismo junto a bloques aliados y debatirán el alivio fiscal para monotributistas y autónomos, además de un beneficio de adquisición de taxis; la creación de tres Parques Nacionales; asignaciones a industrias culturales y capacitación en la cuestión Malvinas.
Una semana después de la media sanción que logró la oposición por Boleta Única de Papel, el recinto de la Cámara de Diputados vuelve a abrir sus puertas este miércoles. Originalmente la reunión había sido convocada para las 11 para avanzar con el tratamiento de una serie de proyectos, entre los que se destaca el impulsado por el titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Una iniciativa que ajusta los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.
La reunión prevista para las 11 fue postergada para las 12 y se llevará adelante una semana después de aquella convocada por la oposición para tratar la implementación de la Boleta Unica de Papel para votar, y teniendo en cuenta que en esa oportunidad se acordó postergar homenajes y cuestiones de privilegio para esta semana, se descuenta que ese tema llevará un buen tiempo este miércoles.
El proyecto de "alivio fiscal" propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior. Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.
Si bien el oficialismo se alzó con un dictamen de mayoría en la reunión de comisión, desde la oposición el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) había adelantado que, de no realizarse modificaciones en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.
Otro de los proyectos a debatirse es el impulsado por la diputada oficialista Mara Brawer que crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.
Se trata de un régimen “transitorio”, pues dura 6 años; tiene un cupo fiscal para la compra de aproximadamente 10 mil autos por año; tanto la persona física como jurídica tiene derecho a comprar un auto por año; tiene que tener licencia y no puede ser vendido en los tres años siguientes. Asimismo, la ley invita a las provincias a adherir a través de impuestos locales que tiene la compra de autos.
Esta ley prevé el reintegro impositivo para la compra de autos básicos, autos de fabricación en Argentina con el 20% de partes de fabricación nacional, y en una segunda etapa la implementación de esta ley al 30%.
El dictamen de mayoría establece extender las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales establecidas en la ley 27.432, sobre impuestos y vigencia del gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, creado por la ley 20.630 y sus modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 2072 inclusive. También propone darle a este beneficio un carácter federal. La oposición firmó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.
Estas asignaciones provienen de los gravámenes sobre los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares) y sobre concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas.
El proyecto de mayoría contempla también la continuación del impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, videogramas grabados y la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios.
La extensión prevista hasta el 31/12/2072, tiene como fin el sostenimiento de sectores de la cultura nacional tales como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), entre otros.
Tres son los proyectos que tratan sobre la creación de nuevos Parques Nacionales. Se trata de los parques Islote Lobos, en Río Negro; Ansenuza, en la provincia de Córdoba; y la aceptación de la transferencia de jurisdicción por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional del Parque Pre-Delta.
Una de las iniciativas establece la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional con el objetivo de ampliar el Parque ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.
El otro proyecto tiene que ver con la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos -con media sanción del Senado-, mediante el cual se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).
El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
Con la creación de este Parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
El tercer proyecto tiene como objetivo crear el Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, al aceptar la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, se establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública. en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; y la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación. El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad.
En la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.
Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley.
El otro proyecto propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.
Además, se debatirá desde las 11 en el recinto de la Cámara baja los proyectos de beneficio de adquisición de taxis; la creación de tres Parques Nacionales; asignaciones a industrias culturales y capacitación en la cuestión Malvinas. No está en el temario Compre Argentino.
A tan solo una semana de la media sanción que logró la oposición por Boleta Única de Papel, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a ser el protagonista, ya que el oficialismo convocó, junto a bloques aliados, a sesión especial para el próximo miércoles 15 de junio a las 11 para darle tratamiento a varios proyectos, entre ellos, el que fue impulsado por el titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos. La novedad es que no está incluido en el temario el proyecto del Ejecutivo sobre Compre argentino.
La convocatoria fue realizada por el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez; la vicepresidenta del bloque FdT, Cecilia Moreau; la secretaria Parlamentaria del bloque FdT, Paula Penacca; los diputados oficialistas Carlos Heller, Eduardo Valdés, Leonardo Grosso, Mónica Litza, Marcos Cleri, Gabriela Estévez, Blanca Osuna, Mara Brawer y Pablo Carro; el presidente del interbloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo; y el diputado del bloque Frente de la Concordia Misionero Diego Sartori.
Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos
Desde las 11 se debatirá la iniciativa que obtuvo dictamen este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos, a partir del ajuste de los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.
El proyecto propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior. Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.
Si bien el oficialismo se alzó con un dictamen de mayoría en la reunión de comisión, desde la oposición el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) había adelantado que, de no realizarse modificaciones en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.
REINTEGRO PARA LA ADQUISICIÓN DE TAXIS
Otro de los proyectos a debatirse es el impulsado por la diputada oficialista Mara Brawer que crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.
Se trata de un régimen “transitorio”, pues dura 6 años; tiene un cupo fiscal para la compra de aproximadamente 10 mil autos por año; tanto la persona física como jurídica tiene derecho a comprar un auto por año; tiene que tener licencia y no puede ser vendido en los tres años siguientes. Asimismo, la ley invita a las provincias a adherir a través de impuestos locales que tiene la compra de autos.
Esta ley prevé el reintegro impositivo para la compra de autos básicos, autos de fabricación en Argentina con el 20% de partes de fabricación nacional, y en una segunda etapa la implementación de esta ley al 30%.
EXTENSIÓN DE ASIGNACIONES A INDUSTRIAS CULTURALES Y BIBLIOTECAS POPULARES
El dictamen de mayoría establece extender las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales establecidas en la ley 27.432, sobre impuestos y vigencia del gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, creado por la ley 20.630 y sus modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 2072 inclusive. También propone darle a este beneficio un carácter federal. La oposición firmó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.
Estas asignaciones provienen de los gravámenes sobre los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares) y sobre concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas.
El proyecto de mayoría contempla también la continuación del impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, videogramas grabados y la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios.
La extensión prevista hasta el 31/12/2072, tiene como fin el sostenimiento de sectores de la cultura nacional tales como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), entre otros.
CREACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Tres son los proyectos que tratan sobre la creación de nuevos Parques Nacionales. Se trata de los parques Islote Lobos, en Río Negro; Ansenuza, en la provincia de Córdoba; y la aceptación de la transferencia de jurisdicción por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional del Parque Pre-Delta.
Una de las iniciativas establece la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional con el objetivo de ampliar el Parque ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.
El otro proyecto tiene que ver con la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos -con media sanción del Senado-, mediante el cual se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).
El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
Con la creación de este Parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
El tercer proyecto tiene como objetivo crear el Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, al aceptar la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
CAPACITACIÓN Y SEÑALÉTICA SOBRE LA CUESTIÓN MALVINAS
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, se establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública. en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; y la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación. El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad.
En la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.
Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley.
El otro proyecto propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.
2904-D-2022La iniciativa impulsada por Sergio Massa se trató en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la semana próxima se debatirá en sesión.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pasó a la firma el proyecto de ley impulsado por Sergio Massa sobre alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos, a partir del ajuste de los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.
El oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría, pero desde la oposición el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) anticipó que de no negociarse cambios en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, lo invitó a acompañar el mayoritario con disidencias, pero Cacace señaló: “Si acordamos (las modificaciones) votaremos todos el dictamen mayoritario”.
Primeramente, estaba previsto que el proyecto se vote esta misma semana en el recinto, pero el viaje de Massa junto al presidente Alberto Fernández a la Cumbre de las Américas movió los planes. Así, la sesión se hará el próximo martes al mediodía, con este tema como uno de los principales.
En el arranque de la reunión, la diputada oficialista Mónica Litza -quien firmó el proyecto junto a Massa, Leandro Santoro (FdT) e incluso los opositores Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal) y Margarita Stolbizer (EF-JxC), mencionó que la suba del “piso” del impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia fue buena, pero “había quedado un universo muy importante fuera de esa mejora”, como son “4 millones y medio de monotributistas y un universo más pequeño, pero no menos importante, de autónomos”.
La massista explicó que, en el caso del monotributo, “las escalas de las categorías tienen que ver con los ingresos brutos y podrían, por efecto de la inflación, tener un valor nominal más alto”. Con la intención de evitar que se provoque un salto al cambio de categorías es que “necesitamos una ley de este Congreso para generar un equilibrio que les permita no tener que cambiar de categoría o tributar de una manera injusta”.
“Estamos protegiendo la integridad de los salarios”, aseguró y dijo que también se apunta a “un incentivo para los emprendedores, para que puedan invertir, para que se pueda gastar dentro de nuestro mercado interno”. Asimismo, se le solicita al Poder Ejecutivo que la actualización no sea anual, sino semestral.
En relación a los autónomos, se busca “duplicar la deducción especial que hoy tienen” y “un guiño especial para los nuevos profesionales, que se incrementa de 1,5 a 2,5 el monto de la ganancia mínima no imponible”.
“Argentina está mostrando señales muy fuertes de crecimiento, pero creemos que tenemos que fortalecer la integridad de los salarios y la redistribución de la riqueza. Creemos que estas medidas son urgentes e importantes”, expresó Litza y abogó por que “pueda ser ley antes de julio de este año”.
A su turno, Cacace se explayó sobre el planteo relacionado a los autónomos. El puntano consideró que el proyecto “no logra la igualdad de trato” entre los trabajadores, porque “si uno toma un trabajador en relación de dependencia, un trabajador que es monotributista y un trabajador autónomo y tienen ellos el mismo ingreso”, como por ejemplo, 280 mil pesos -que es la cifra a partir de la cual, para abajo, no se paga Ganancias-, un monotributista pagaría al año 150 mil pesos en impuestos y “el autónomo más de 750 mil de pesos de impuestos en un año”.
“No es equitativo el tratamiento”, reiteró el legislador, y aseveró que “tiene que la ley disponer que alguien, a igual capacidad contributiva, a igual ingreso, independientemente de lo que sea, pague lo mismo”. “Lograr esa equidad en autónomos se hace con modificación muy sencilla”, señaló y apuntó que se trata de llevar la deducción especial a 3,8% y no a 2%, como prevé el texto.
En coincidencia, el radical Víctor Hugo Romero sostuvo: “Siempre tuvimos una mirada en encontrar en el tema de autónomos un equilibrio. Falta todavía para dar equidad porque quienes tienen un sueldo bruto menos de 280 mil pesos no pagan Ganancia; y autónomos, partiendo de la base que esta comisión va a aprobar el incremento a 3,8%, el mínimo tampoco llega a los 280 mil. Entendíamos que la equiparación total era llevar a 3,8% la deducción especial, igualando la cuarta categoría, y hacer una deducción especial por la diferencia que falta”.
“Es buena la actitud del presidente de la Cámara de rever la situación de equidad de autónomos respecto a los de relación de dependencia, pero creemos que es insuficiente. Para igualar el tema de la deducción especial la propuesta actualmente es uno y ahora se quiere llevarlo a dos veces, la nuestra es querer una equidad para los de cuarta categoría es 3,8 veces el mínimo. Pero también para hacer una equidad general e integral hay que contemplar una deducción especial extra a que los autónomos a partir del 280 mil paguen como hacen los de cuarta categoría, siempre pensando en los autónomos que han tenido ingresos superiores a las escalas achatadas del monotributo que es un pequeño emprendedor”, explicó Romero y ratificó la propuesta de “llevarlo a 3,8%”. Sobre las escalas del monotributo, pidió “trabajar en un sistema más profundo en el régimen, porque tiene que convertirse en una herramienta de inclusión, social y financiero para quienes están en el trabajo informal”.
Más tarde, el oficialista Itaí Hagman lanzó: “Si estamos discutiendo un proyecto que establece un alivio fiscal para una gran cantidad de contribuyentes, en vez de embarrar la cancha, que luego se contradicen cuando discutimos déficit fiscal, pongamos un manto de racionalidad”.
“Hay una brecha entre los trabajadores en relación de dependencia y autónomos que con este proyecto tratamos de achicar. Los autónomos también tienen derechos que los trabajadores en relación de dependencia no tienen: pueden hacer deducciones, gastos de representación, vestimentas y también que pueden optar por una carga fiscal baja en algunos casos. No podemos comparar peras con manzanas. Si bien son todos trabajadores, vamos a tratar de achicar esa brecha, no creo que lleguemos a un 100%”, retrucó Litza.
El proyecto propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior.
Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.
Hacia el final del encuentro, Heller informó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado -que se puso a la vista en el temario- sobre “Creación del Puente de Inclusión Fiscal al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” se tratará en otra reunión con la invitación a funcionarios.
Durante la reunión también pasó a la firma el proyecto por el cual se aprueba el “Nuevo Acuerdo para promover la inversión y el desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego-Fideicomiso para el desarrollo Austral”, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que fue defendido por las diputadas de ese distrito Carolina Yutrovic y Rosana Bertone, del Frente de Todos.
Dictamen-MAYORIIA-sin-modific-2634-D-2022-letra-grandeEso expresó la diputada oficialista en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se debatió el proyecto de alivio fiscal para autónomos y monotributistas.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz se refirió este martes al proyecto de alivio fiscal para autónomos y monotributistas, que impulsa el Ejecutivo junto al presidente del cuerpo Sergio Massa, como un “puente de inclusión fiscal y social” que –sostuvo- va a permitir “sostener la vida en la actividad laboral formal” de millones de argentinos y argentinas.
La legisladora se pronunció así en el marco del debate de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que preside Carlos Heller, donde esta tarde se presentaron los principales lineamientos de la iniciativa de alivio fiscal para 1,6 millones de contribuyentes.
“Estamos hablando del 68% de los que hoy están inscriptos en el régimen simplificado en las categorías más bajas, esto es A, B y C, que a partir de lograr la votación de estas nuevas tablas que plantea el diputado Massa, son aquellos que tienen hoy la posibilidad de facturar hasta un monto de $100 mil”, precisó Tolosa Paz.
En concreto, las escalas referidas por la legisladora, de acuerdo al texto impulsado por el presidente de la Cámara, son los siguientes: quienes se inscriban a partir de ahora en las categorías A, B y C tendrán una exención de 4 años en el componente impositivo, y de 24 meses en el componente previsional; mientras que quienes lo hagan en la categoría D en adelante, van a tener 2 años de exención impositiva y 1 año en el componente previsional, luego de cual recién comenzarán a pagar.
Tolosa Paz adelantó además que los inscriptos en esas categorías, además de acceder a la exención del componente impositivo, “también serán beneficiados vía el componente de acceso a la salud, y en todo caso –y progresivamente- también en el componente previsional”.
“En definitiva –completó- es el Estado el que va a salir a sostener a las familias que hoy están trabajando y que están en las categorías de inscripción más bajas”.
En esa línea destacó además la matriz progresiva que plantea el proyecto: “Los que menos tienen en este país menos tiene que pagar, y los que más tienen en términos económicos y de su capacidad contributiva, más tendrán que pagar”, dijo.
Por último, subrayó el espíritu y alcance de la norma sobre la economía popular, que –sostuvo- “viene bregando por buscar justamente que lo que se conoció en una época como fue y es hoy el monotributo social, no ponga un techo en la posibilidad de facturar sin tener que escalar en la presión fiscal”.
A instancias de la oposición, se debatiría este miércoles Boleta Unica de Papel, en tanto que al día siguiente se abordarían una serie de proyectos consensuados, entre los cuales se destaca el alivio fiscal para monotributistas y autónomos.
La Cámara de Diputados se prepara para una semana más intensa que lo que vienen siendo las pasadas. A la serie de reuniones de comisión previstas para este martes se sumarían dos sesiones para miércoles y jueves próximo.
Alentados por el número logrado en la votación que le permitió a la oposición impulsar el “emplazamiento” a la Cámara baja para tratar de manera perentoria la reforma del sistema de votación, y luego por haber conseguido el dictamen de mayoría el martes pasado, Juntos por el Cambio y los demás bloques que apoyan la Boleta Unica de Papel (BUP) estaban en condiciones de llamar a sesionar esta misma semana, pero originalmente se había especulado con aguardar una semana más. Iba a ser una señal hacia el oficialismo para permitir que esta semana se realizara una sesión sobre temas consensuados y dejar para la siguiente el debate sobre la BUP. Sin embargo decidieron no demorar y apurar el tratamiento para este mismo miércoles a partir de las 10 de la mañana, hora a la que un elevado número de 35 diputados de varias bancadas opositoras convocaron a sesionar para cambiar el sistema de votación.
Es intención de la oposición que ese sea el único tema de debate de esa jornada y por lo tanto les corresponderá a ellos conseguir el quórum, que descuenta tendrán, habida cuenta del número que vienen consiguiendo ante cada instancia de tratamiento que ha tenido el tema en las últimas semanas. Recién después de que habiliten el tratamiento se espera que se siente el oficialismo en sus bancas para apoyar su dictamen de rechazo, invocando fundamentalmente la inconveniencia del debate de semejante tema en tan breve tiempo y con la intención de utilizarlo ya el próximo año.
“¿Para qué demorar la sesión? Para demorarlo ya está el Senado, que tratará de congelar el proyecto lo más que pueda”, expresó una fuente de Juntos por el Cambio consultada por parlamentario.com sobre la prisa en el tratamiento del tema esta misma semana.
Lo cierto es que la sesión sobre temas consensuados igual tendría realización esta misma semana. En el caso del oficialismo, también hay prisa para una pronta sesión, habida cuenta de que se proponen llevar al recinto el proyecto de ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos que impulsa el jefe de la Cámara baja junto a otros legisladores del oficialismo y la oposición. Para su rápida aplicación, el proyecto debe pasar por ambas cámaras lo más pronto posible, por eso es que el oficialismo se propone convocar a sesionar este jueves, aunque todavía no ha convocado oficialmente.
El proyecto que contempla mejoras a 4,5 millones de monotributistas y 140 mil trabajadores autónomos tendrá dictamen este mismo martes en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para las 15.30, en la que también se abordarán otros proyectos como la cesión de la jurisdicción y dominio de la provincia de Río Negro al Estado Nacional, para la creación del Parque Nacional Islote Lobos; el Parque Nacional Pre-Delta ubicado en el departamento de Diamante, Provincia de Entre Ríos y la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, que también quedarán habilitados para ser incluidos entonces en el temario de este jueves.
De las negociaciones que se realicen en el transcurso de la presente semana dependerá si se incluyen otros temas en el pedido de sesión de este jueves, como por ejemplo el proyecto de ley de Compre Argentino que impulsa el oficialismo pero que cuestiona Juntos por el Cambio. Se verá.
Será este martes en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El proyecto impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados y acompañado por legisladores oficialistas y de la oposición, plantea alivio para 4,5 millones de monotributistas y más de 140 mil trabajadores autónomos.
Este martes la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, comenzará el tratamiento del proyecto de ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos que impulsa el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, junto a legisladores oficialistas y opositores. La reunión ha sido convocada para las 15.30.
La iniciativa, que es acompañada por los diputados oficialistas Leandro Santoro y Mónica Litza, Margarita Stolbizer (JxC) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), alcanza con mejoras a 4,5 millones de monotributistas y 140 mil trabajadores autónomos de todo el país.
“Buscamos generar un alivio en el bolsillo de los pequeños contribuyentes con una medida simple, efectiva y práctica: subir los topes máximos de facturación desde julio sin modificar la cuota que pagan los monotributistas”, destacó Massa, que espera tratar el proyecto el próximo jueves en el recinto.
La propuesta para monotributistas permite adelantar al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Estos cambios, impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39 % de AMBA y el 61% de las provincias del interior.
Respecto a los Autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución que evalúa el proyecto se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $ 8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las ganancias. Para esos independientes, se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $ 52 mil anuales producto del alivio fiscal.
La exdiputada nacional ponderó el alivio fiscal para monotributistas y autónomos impulsado por el titular de Diputados.
La directora del BICE y dirigente sindical de APOC Carla Pitiot ponderó el proyecto de alivio fiscal para autónomos y monotributistas impulsado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señalando: "Este proyecto generará un alivio para los bolsillos de los y las trabajadoras. La economía se está recuperando y tenemos que lograr que ese crecimiento incluya a la gente y eso se logrará protegiendo sus salarios".
La ex diputada nacional agregó: "El crecimiento para que vaya acompañado de desarrollo tiene que incluir a los y las trabajadores. Por eso hay que seguir generando medidas que contemplen que sus salarios no se vean perjudicados. Desde el Frente Renovador con Sergio Massa siempre hemos impulsado políticas y leyes que los cuiden".
Los diputados del interbloque opositor solicitaron una serie de beneficios impositivos para productores, al tiempo de que no queden alcanzados por lo dispuesto en la última reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados consensuó y presentó un proyecto de ley de alivio fiscal para los productores agropecuarios y rurales de Corrientes y Misiones, afectados por los incendios que empezaron a fin de 2021 y se agudizaron en enero y febrero de este año.
En el primer artículo de la iniciativa se declara el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva por un año, prorrogable por otro más por el Poder Ejecutivo, en los territorios de Corrientes y Misiones afectados por la sequía y los incendios. Los legisladores señalaron que las pérdidas hoy se calculan parcialmente en 60 mil millones de pesos.
El proyecto busca replicar algunos de los instrumentos de la ley de alivio fiscal que se aprobó a fin de 2021 para PyMEs y contribuyentes morosos. Pero, dada la magnitud de las pérdidas provocadas por los incendios, se elevan los montos de los beneficios.
Entre las principales medidas, plantea la extensión del plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para la condonación de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social fijada por la Ley 27.653 (de Alivio Fiscal) para los contribuyentes de las provincias de Corrientes y Misiones afectados por los incendios forestales y rurales, comprendiendo además de los entes sin fines de lucro, micros y pequeñas empresas, personas humanas consideradas pequeños contribuyentes y a las empresas medianas. Esta condonación abarca hasta la suma de $5.000.000.
Por otra parte, se propone la extensión de las medidas de alivio fiscal dispuestas por la Ley 27.653 facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a extender plazos para la rehabilitación de moratorias caducas, ampliación de moratorias para deudas posteriores y no regularizadas para los contribuyentes y responsables de las provincias de Corrientes y Misiones afectados por los incendios forestales y rurales.
También se busca la eximición de tributos nacionales como el impuesto a las Ganancias, impuesto sobre los Bienes Personales, impuesto sobre los Débitos y Créditos de las Transacciones Financieras (Cheque) y derechos de exportación de productos de origen agrario.
Además, del componente impositivo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, durante los años 2022 y 2023; bonificación del 50% del importe destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a las obras sociales para los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes correspondiente a los años 2022 y 2023; y bonificación del 50% de la contribución a cargo de los empleadores y de los trabajadores autónomos al SIPA.
El proyecto también suspende por parte de la AFIP hasta el cese del estado de desastre y/o emergencia de los juicios de ejecución fiscal; exime a los productores afectados de las prohibiciones establecidas en la Ley 27.604 -modificatoria de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego-; y dispone medidas de auxilio para los productores que deben rematar ganado a causa de los incendios.
“La terrible tragedia que abarca a productores agropecuarios y rurales de las provincias de Corrientes y Misiones, debido a los incendios de grandes proporciones que ocurren desde finales del año 2021 y lo que va del año 2022 (segunda quincena de febrero), con pérdidas económicas estimadas parcialmente en alrededor de $60.000 millones, han motivado un denodado esfuerzo de gobiernos y entidades civiles, organizaciones de bomberos voluntarios, colaboración de brigadistas de distintas provincias así como de Brasil, todo lo que ha dejado traslucir la escasez de recursos y de medios para combatir el fuego”, plantearon los legisladores de JxC.
En los argumentos de la iniciativa, resaltaron que "ello ha provocado que, a la fecha de presentación del presente proyecto, se estime que alrededor de 800.000 hectáreas productivas y del Parque Nacional Iberá hayan sido devastadas por el fuego, acarreando pérdidas de todo tipo que llevarán muchos años de recomposición y de restauración”.
El proyecto determina como “imprescindible la intervención de las autoridades pertinentes de las provincias de Corrientes y Misiones, mediante la declaración de las zonas de emergencia y desastre, así también como mediante la extensión de los certificados correspondientes”.
La iniciativa está encabezada por las firmas de Mario Negri (presidente del bloque UCR), Cristian Ritondo (titular del bloque Frente Pro) y Juan Manuel López (jefe del bloque CC-ARI).
Además, lleva las firmas de los legisladores correntinos Manuel Aguirre, Jorge Vara, Ingrid Jetter y Sofía Brambilla, y de los misioneros Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni. También adhirieron Rodrigo de Loredo (presidente del bloque Evolución Radical), Margarita Stolbizer (titular del bloque Encuentro Federal), Carlos Zapata (Ahora Patria) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).
La Legislatura de la Ciudad aprobó con 50 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones la eximición del pago de ABL e Impuesto Inmobiliario para los inmuebles en los que se desarrollen estas actividades.
Con la intención de alivianar la crisis económica que atraviesan a causa de la pandemia del Covid 19, la Legislatura porteña sancionó con 50 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones un alivio fiscal para salas de cine y hoteles de la Ciudad de Buenos Aires, a través del cual se los eximirá a los hoteles del pago de Impuesto Inmobiliario y ABL y a los cines del pago de Ingresos Brutos.
La iniciativa contó con el aval de VJ, PS, UCR-Ev, GEN y FdT; el rechazo de AyL; y la abstención del FIT, y se aplicará sobre los impuestos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre.
En los fundamentos de las medidas, los legisladores explicaron que “el beneficio propuesto tiene el fin de generar un alivio fiscal al sector en vista a la particular afectación ocasionada por la propagación de la pandemia por coronavirus, dado que con el devenir de la pandemia el funcionamiento de las salas de cine resultó completamente restringido por su alto riesgo epidemiológico y sanitario en tanto la actividad implica la asistencia de público en espacios cerrados, lo que conllevó al cierre completo de aquella desde el inicio de la declaración de emergencia sanitaria”.
Mientras que en el caso de la hotelería, los diputados aseguraron que “el impacto sobre la actividad económica no ha cesado hasta el momento, toda vez que el ingreso al país de turistas internacionales continúa limitado por medio de la implementación de un sistema de cupos diarios máximos que dispone la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC)” y concluyeron señalando que “dicha situación demanda la adopción de medidas de alivio sobre un sector particularmente afectado como lo es el hotelero, por lo que resulta imperioso el otorgamiento de beneficios fiscales a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades”.
La norma sancionada días atrás en el Congreso de la Nación fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.
El Gobierno promulgó este jueves la Ley 27.653 de alivio fiscal para entidades sin fines de lucro, miniPyMEs y monotributistas, sancionada el pasado 28 de octubre en el Senado.
La norma, impulsada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, apunta a beneficiar a contribuyentes como organizaciones sin fines de lucro, bomberos voluntarios, clubes de barrio, fundaciones, y micro empresas, entre otros.
La legislación comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado por un monto total inferior a 100 mil pesos.
La condonación de las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social también alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y punitorios, multas y demás sanciones, y no comprende los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales ni las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.
Además, se amplía la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020, al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.
Por Carlos Alfonso, presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. El autor considera que el proyecto recientemente aprobado es “un gran avance, muy oportuno, solidario y eficaz”.
En el día de hoy el Senado le dio aprobación final al proyecto de alivio fiscal presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para las deudas tributarias de entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y MiPymes.
El proyecto logró un consenso unánime, 198 votos a favor en Diputados y 49 en el Senado, incorporando propuestas de los distintos sectores.
La primera parte del mismo, llamada “Cuenta Fiscal Cero” establece la condonación de las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social inferiores a cien mil pesos para diferentes entidades entre las que se encuentran las que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) previstas por la Ley 25.054. El beneficio es para 6.727 entidades que quedarán con la cuenta fiscal en cero.
Si se levanta la deuda que los cuarteles de Bomberos Voluntarios poseen con AFIP, además de aliviar la carga mensual que deben afrontar, los fondos que reciben pueden ser destinados a la compra de materiales de protección personal, a la reparación de las unidades fuera de servicio e, incluso, para poder importar vehículos de emergencias como tantas otras necesidades que tiene el Sistema y que, al no poder afrontarlas, redundan en perjuicio de todos los argentinos. Sabemos que es primordial para nuestro país contar con un Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios capacitado, equipado y protegido. Celebramos que nuestros representantes valoren este esfuerzo que llevan a cabo las entidades bomberiles y pongan en valor nuestro trabajo allanando el camino con leyes de este estilo.
Además, esta ley, no solo nos genera un alivio económico, sino que nos libera una gran cantidad de trámites administrativos: hoy son varias las asociaciones que no pueden recibir donaciones de autobombas del exterior porque al tener deuda, no pueden importar y destrabar el trámite en la Aduana.
Este proyecto, que entiende la problemática del sistema, nos permite planificar a futuro nuestra actividad con la visión puesta en brindar un servicio a la comunidad sin la preocupación de deudas fiscales o trámites administrativos.
Se trata de un gran avance y un proyecto muy oportuno, solidario y eficaz que esperamos prospere en la Cámara alta y se transforme en ley cuanto antes.
Muchas gracias al diputado Sergio Massa y a todos los legisladores que acompañaron este proyecto.
El presidente de la Cámara baja destacó la importancia de “la Argentina del trabajo como motor para igualar oportunidades”. Lo hizo en un plenario en Merlo junto a referentes y militantes del Frente Renovador.
Sergio Massa encabezó este jueves un encuentro con jóvenes, militantes, candidatos y referentes del Frente Renovador en la localidad bonaerense de Merlo.
El acto se realizó en el Club Ferrocarril Oeste de ese distrito y contó con la presencia de la presidenta de AySA, Malena Galmarini; el titular del Ministerio de Transporte, Alexis Guerrera; el intendente de Merlo y presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez; la secretaria de Desarrollo Social de Merlo y primera candidata a concejal del distrito, Karina Menéndez; el vicepresidente de Intercargo, Raúl Díaz; y los candidatos a diputados nacionales Mónica Litza, y Jorge D'Onofrio entre otros.
En ese marco, Massa afirmó: "Viene el tiempo de poner sobre la mesa el sueño de aquellos que se cayeron del empleo, de tener la obra social, de tener su seguro de riesgo de trabajo, su aporte jubilatorio y necesitaron de la mano del Estado para cubrirse con lo mínimo. Hoy sí es el es tiempo de volver a transformar los planes en empleo”.
En esta línea, el titular de la Cámara baja se refirió también al proyecto de Alivio Fiscal que acaba de convertirse en Ley tras su aprobación en el Senado, sobre el que expresó que "para nuestros comercios y nuestras PYMEs representa condonación de deudas impositivas, para nuestros monotributistas volver a estar en cero sin tener que correr atrás de la deuda, para nuestros clubes de barrio representa volver a estar en cero frente al Estado”.
“Junto con la rebaja del Impuesto a la Ganancias a las MiPymes y comercios, lo que estamos también es construyendo un puente para ese motor económico de la Argentina que es nuestro mercado interno”, agregó el líder del FR.
Y continuó: "En las próximas tres semanas, tenemos que dejar el corazón, hasta la última gota de sudor en ir a buscar a cada vecino para que acompañe al Frente de Todos, al Presidente, con su voto. Construimos este espacio diverso, donde no todos pensamos igual, sobre la idea que en la unidad y la diversidad podíamos consolidar una Argentina con inclusión".
Massa arengó a los jóvenes y militantes a “ir casa por casa a decirle a aquellos que no fueron a votar que tenemos los mismos sueños que cuando llegamos al Frente de Todos”. “Trabajo, educación, producción, seguridad y defensa de nuestras PYMEs tienen que ser los pilares. Seguimos creyendo en la Argentina de la movilidad social ascendente y para eso necesitamos que voten por el futuro, no volvamos para atrás, digámosle sí al futuro”, finalizó.
También participaron del encuentro el referente del espacio Juan Eslaiman; el concejal de Tigre Javier Forlenza; los candidatos a senadores provinciales Luis Samyn Duco, Javier Rehl y Sofía Vanelli; y los candidatos a concejales por Merlo Eduardo Díaz, Nadia Ciabattari y Ángel Romero.
Con 49 votos afirmativos, por una unanimidad, quedó sancionada la ley sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el Covid-19.
El Senado aprobó y convirtió en ley por unanimidad, el alivio fiscal para entidades sin fines de lucro con el objetivo de favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
En un tratamiento express y sin haber pasado por las comisiones, con 49 votos afirmativos y con el aval de la oposición que colaboró con el quórum, quedó sancionada la ley sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el Covid-19.
Con un tratamiento breve, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio lograron consensuar y avalaron la media sanción de Diputados, que fue aprobada el pasado miércoles en una maratónica sesión.
A su turno, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, ponderó lo hecho por la Cámara de Diputados para consensuar la iniciativa aprobada contrarreloj, y luego destacó el valor de esa iniciativa para sectores muy castigados por la pandemia. En tono acuerdista, el formoseño confesó: “Yo si fuese el que tuviera que tomar una decisión, diría: ‘a partir de acá, porque tenemos una buena recaudación, se está recuperando, pondría ‘de acá para atrás, querido no debés más nada’. Haría eso, porque hay gente que no puede volver a pagar”.
“Esa es la parte donde tenemos que ponernos de acuerdo en algún momento todos nosotros”, remarcó. Luego ponderó la permanencia de los integrantes de Juntos por el Cambio en sus bancas, dando quórum, ya que al principio no habían dado su acuerdo para el tratamiento de ese proyecto que no habían tenido tiempo de estudiar, pues salió de Diputados en la mañana del miércoles. “Les agradezco el hecho de que ustedes permanezcan, para darnos el quórum -dijo Mayans-, porque hay que reconocer que no votaron los 2/3, para poder ayudar a esta gente que está necesitando esto”.
“Se trata de deuda de gente que está en situación de emergencia”, reiteró, y concluyó reiterando que “tenemos la suerte de que hay comprensión en este tema. No hay otra, si no nos ayudamos entre todos nosotros, la verdad que la cosa va a estar muy dura. Me alegro mucho que podamos tratar este tema y lo podamos convertir en ley. Va a ser una buena noticia también para los diputados, que lo aprobaron a las 7 de la mañana”.
Mayans terminó repitiendo su beneplácito por la actitud de la oposición: “Agradeciendo la postura del bloque opositor de no dejarnos sin quórum, votamos a favor”.
En el debate, el senador mendocino Julio Cobos (Juntos por el Cambio) sostuvo que desde ese espacio opositor están “de acuerdo con este proyecto de alivio fiscal. Estamos dispuesto a acompañar porque venimos de una pandemia en la que no pudimos compatibilizar la salud, la educación y la economía y por eso tenemos que recomponer con todo lo que se padeció”.
“Con esto estamos tratando de corregir y enmendar. Pero el problema de fondo en el país es estructural y eso lo tenemos que solucionar. Lo mejor es la tasa bancaria de un dígito, inflación de un dígito y unificar la cuestión cambiaria. Todo no anda por la inflación más allá las cuestiones federales”, remarcó Cobos.
El miembro informante, el senador riojano Ricardo Guerra (Frente de Todos) explicó que con esta iniciativa "un conjunto de pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro podrán afrontar la próxima etapa de recuperación económica".
"El rol del Estado será trascendental en esta nueva etapa de recuperación pos pandemia y por eso nuestro espacio una vez más propone un alivio como ayuda a estos espacios más golpeados", cerró Guerra.
En Diputados, con 198 votos a favor, se aprobó también por unanimidad el proyecto de ley que comprende deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000.
El proyecto de ley
Se trata de un alivio fiscal para impulsado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.
Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.
También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.
Además, se amplía la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.
En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que está en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.
Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.
Sobre tablas
Al inicio de la sesión, en un breve tratamiento propuesto por el senador riojano Ricardo Guerra (FdT) para que el alivio fiscal se incluya en el temario de la sesión, el senador mendocino Julio Cobos planteó que el bloque Juntos por el Cambio no iba a apoyar el tratamiento porque “es un tema importante que merece estudiarlo bien porque habla de muchas condonaciones”.
“Queremos estudiarlo con más tiempo y detalle. Nuestro bloque quiero un tiempo para estudiar el proyecto”, señaló Cobos.
En ese marco, con 55 senadores presentes de 72 en total, 37 senadores son los necesarios para que se autorice la incorporación sobre tables y el Frente de Todos lo logró.
Sobre tablas, el oficialismo impuso su número y agregó en el plan de labor de la sesión de la Cámara alta el alivio fiscal aprobado este miércoles en Diputados. Será ley. También se tratará la ley de Juventudes.
El Senado tratará el alivio fiscal para entidades sin fines de lucro aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados y la ley de Juventudes en la etapa final de la última sesión antes de las elecciones generales del 14 de noviembre.
Sin el aval de Juntos por el Cambio (JxC), el Frente de Todos impuso su mayoría y logró con los 2/3 de los presentes la aprobación de la inclusión sobre tablas del proyecto de ley de alivio fiscal para entidades sin fines de lucro que durante la pandemia de coronavirus tuvieron problemas financieros y acumularon deudas impositivas.
Esta iniciativa obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados el pasado miércoles durante la sesión maratónica en la que también se convirtió en ley el Etiquetado Frontal de alimentos.
En el breve tratamiento propuesto por el senador riojano Ricardo Guerra (FdT) para que el alivio fiscal se incluya en el temario de la sesión, el senador mendocino Julio Cobos planteó que el bloque Juntos por el Cambio no iba a apoyar el tratamiento porque “es un tema importante que merece estudiarlo bien porque habla de muchas condonaciones”.
“Queremos estudiarlo con más tiempo y detalle. Nuestro bloque quiero un tiempo para estudiar el proyecto”, señaló Cobos.
Con 55 senadores presentes de 72 en total, 37 senadores son los necesarios para que se autorice la incorporación sobre tables y el Frente de Todos lo logró.
También se incluyó el tratamiento de la denominada ley de Juventudes que impulsa la senadora puntana María Eugenia Catalfamo (FdT).
Alivio Fiscal
Con 198 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que comprende deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000.
Se trata de un alivio fiscal para impulsado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.
Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.
También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.
Además, se amplía la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.
En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que está en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.
Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.
Ley de Juventudes
La senadora Catalfamo, autora de la iniciativa de ley nacional de juventudes, explicó los puntos principales del mismo y aseguró que “es un proyecto sumamente integral que abarca a todas las juventudes del país”.
“Es un proyecto de ley que venimos impulsando desde el 2017 y lo presentamos por primera vez en 2019 donde no tuvimos oportunidad de tratarlo ni debatirlo en comisión y lo volvimos a presentar en principios de este año”, contó en declaraciones radiales.
“Es un proyecto sumamente integral que abarca a todas las juventudes del país que se estructura en tres partes”, subrayó y describió: “Por un lado, los derechos que tienen los jóvenes a nivel nacional y los deberes que el Estado debe cumplimentar para garantizar esos derechos”.
Por otro lado, añadió que “busca crear un organismo a nivel nacional que refuerce la estructura del Estado que es la Secretaría Nacional de Juventudes y mantiene dos de los organismos vigentes que son el Instituto Nacional de Juventudes y el Concejo Federal de Juventudes desde donde se piensan y diagraman políticas públicas de juventudes de carácter federal”.
“Por último, establece un presupuesto mínimo del 0,02 por ciento en piso del presupuesto de Administración General de la Nación y, es una prioridad que le da el Estado si esta ley se llega a sancionar en materia de juventud para que se concreten en políticas públicas en torno a eso”, agregó la senadora oficialista.
A su vez, manifestó que “hay pocos espacios para los jóvenes”, y atribuyó eso a “la falta de conciencia a nivel general, hay falta de compromiso por parte de la dirigencia política nacional. En pocas provincias, como San Luis, se le da valor como hace Alberto Rodríguez Saá”.
“Hay pocos espacios de juventudes y en los pocos no se abocan a políticas concretas de los jóvenes y eso hay que cambiar”, precisó la legisladora puntana y expresó preocupación porque “el dictamen fue firmado la semana pasada y no dan los 7 días para tratarlo y la oposición no nos acompaña para eso.
En ese sentido, ratificó que “se trata de abrir espacios y generar mesas de trabajo donde las juventudes puedan estar representadas y eso es lo que no pasa en nuestro país. Es lamentable que no haya una dirigencia política que se aboque directamente a eso y pasa dentro de mi espacio político y en la oposición, creo que debe un gran acuerdo que permita tener a las juventudes como protagonistas”.
Al finalizar, recordó que “hay proyectos de años anteriores, uno del Poder Ejecutivo del 2015 que obtuvo media sanción, pero en el Senado no se le dio espacio y perdió estado parlamentario, el macrismo no permitió darle tratamiento, es lo que nos pasa con la sesión de este jueves”.
El proyecto de ley presentado por Sergio Massa recibió media sanción por unanimidad. Busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
Con 198 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que comprende deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000.
Se trata de un alivio fiscal para impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
Miembro informante del mismo fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, quien consideró que se trata de “un proyecto de gran importancia por la cantidad de personas que van a obtener un beneficio concreto”. “La idea es que los contribuyentes tengan los mecanismos necesarios para regularizar deudas que se han acumulado por la pandemia”, agregó.
El proyecto obtuvo dictamen el lunes durante una reunión de la Comisión de Presupuesto a la que concurrió el subdirector general de Recaudación de la AFIP, José Bianchi. A partir de los datos aportados por ese funcionario, Heller transmitió al recinto dicha información, abrumando con cifras que leyó durante su extenso y acelerado informe.
Habló de tres títulos comprendidos en la ley en marcha, puntualizando que en primer lugar se habla de condonación de deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2021. Son 6727 contribuyentes y entidades agrupadas en todos los títulos, con obligaciones adeudadas por un monto de 2.175 millones de pesos.
Citó puntualmente a 641 clubes de barrio, 43 bibliotecas, 84 cooperativas efectoras y 28 entidades de bomberos voluntarios, entre otros, señaló Heller. Asimismo condonan deudas a micro y pequeñas empresas que deban menos de 100 mil pesos. En comisión fueron incluidos en este rubro monotributistas. Heller cuantificó en 1.527 millones de pesos distribuidos entre micro y pequeñas empresas, que significan el 95,7% de microempresas y micro contribuyentes.
Habló luego de 1.035.600 contribuyentes, con un promedio de 16.887 pesos. “Esto da una idea de la necesidad de la normativa que estamos tratando -señaló el diputado Heller-. La deuda total es de 17.500 millones de pesos. Los monotributistas son el 70% de los beneficiados por este punto”.
Heller dijo que se acordó el lunes con la oposición que el alivio fiscal alcance a todas las deudas y no limitarlas solo a deudas posteriores al 1 de agosto, como decía el proyecto original. “Para atrás no tiene fecha de vencimiento entonces”, dejó claro Heller.
Este capítulo permitirá la rehabilitación de moratorias caducas y alcanzará a contribuyentes que entraron a la última moratoria pero que no pudieron hacer frente a los pagos y perdieron el beneficio. “Se les permitirá rehabilitar el plan con similares beneficios a la moratoria original”, agregó.
Heller detalló que al 31 de agosto de este año se registraban 105.901 contribuyentes, el 15,7% del total que presentaron moratoria, de los cuales el 60,2 son microempresas y el 1,5 pequeñas y empresas.
Luego habló de la ampliación de la moratoria par adeudas posteriores y deudas no regularizadas. “Se amplía la moratoria para los contribuyentes que acumularon deuda líquida posterior al 1 de agosto de 2020, pero también anteriores a la fecha y que no fue regularizada. También alcanza infracciones relacionadas con dichas obligaciones. “Este capítulo alcanza el 85% de los contribuyentes que no cayeron en caducidad, y a otros que no tenían deudas regularizadas”, puntualizó el legislador kirchnerista.
En este conjunto, dijo Heller, la deuda incluida es de 564 mil millones de pesos. También se establece la condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros.
Dejó claro el legislador que no se aplicarán los beneficios para el caso de ajustes derivados de exclusiones o incumplimientos en anteriores blanqueos, entendiendo la lógica de que alguien que ya accedió al blanqueo ya fue beneficiado por una amnistía, no tendría lógica volver a beneficiarlos.
Asimismo, Heller dejó claro que quedan excluidas las deudas originadas en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario, por cuanto esa era una ley que se aplicaba solo a las grandes fortunas, “y acá estamos hablando de pequeños contribuyentes”.
Finalmente, a instancias de un pedido de la oposición se incluyeron beneficios a contribuyentes cumplidores, alcanzando por ejemplo en el caso de los monotributistas a 571.390 de ellos.
Carlos Heller reiteró que le parecía una ley “de enorme importancia, pero esencialmente se trata de un esfuerzo fiscal importante que permitirá a una enorme cantidad de contribuyentes y entidades regularizar su situación impositiva evidentemente afectada por la reducción de la actividad durante la pandemia”.
Desde la oposición, el diputado Luis Pastori (UCR – Misiones) arrancó reclamando el pronto inicio del debate del Presupuesto 2022. Pidió la presencia del ministro Martín Guzmán en el Congreso para explicar su proyecto, pero él mismo atribuyó su ausencia a la situación imperante dentro de la coalición gobernante. “Seguramente vendrá cuando el oficialismo se ponga de acuerdo. Mientras tanto, Guzmán está esquivando venir a exponer”, estimó.
Más allá de ese reclamo, el legislador de Juntos por el Cambio ponderó el proyecto impulsado por el presidente de la Cámara baja: “Este proyecto tiene evidentemente las bondades que hacen que explique por qué tan rápido nos hemos puesto de acuerdo el lunes en la comisión”, señaló, ponderando también el informe brindado por el funcionario de la AFIP que los visitó ese día y que “aclaró muchos conceptos”.
Resaltó además la receptividad oficialista respecto de los cambios solicitados en el proyecto, “que fueron aceptados e incorporados al dictamen”.
Tras enumerar las modificaciones solicitadas, Pastori contó que “habíamos pedido también que se tenga en cuenta a los contribuyentes cumplidores, porque siempre está la injusticia, la inequidad con aquel contribuyente que fue cumpliendo mes a mes”.
“Todo esto ha sido contemplado, reconozco esta tarea rápida, eficiente que se ha hecho en una que consideramos absolutamente necesaria, imprescindible para que el contribuyente argentino tan castigado comience el 2022 sin esa pesada mochila que significa la deuda con la AFIP. Por eso adelanto el voto afirmativo del interbloque.
Al concluir el debate, el autor de la iniciativa, Sergio Massa, aclaró que no bajaría a una banca para dar un discurso, pero agradeció tanto el apoyo del bloque oficialista y el respaldo también de la oposición. Extendió también el agradecimiento del presidente Alberto Fernández “y de cada uno de nosotros. Gracias a todos los que trabajaron para darle rápida media sanción al proyecto”.
La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.
Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.
También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.
Además, se amplía la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.
En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que está en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.
Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.
El proyecto de ley presentado por el presidente de Diputados, Sergio Massa, obtuvo el visto bueno de la Comisión de Presupuesto y está listo para ir al recinto este martes 26. Se busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a la iniciativa que comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000 y ya está listo para ser tratado este martes 26 en una sesión maratónica.
Se trata de un alivio fiscal para impulsado por el presidente, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
En el debate en la comisión que preside el diputado porteño Carlos Heller (Frente de Todos), el sector de Juntos por el Cambio (JxC) adelantó que votará a favor de este proyecto y firmó el dictamen.
Al respecto, el referente en materia económica de JxC, el diputado santafesino Luciano Laspina consideró que “esta es una de las moratorias que significan un acto de justicia y más que justificada porque también se incluye a los contribuyentes que son buenos cumplidores y que también vienen sufriendo por la pandemia”.
“Es un alivio fiscal justificado y es bueno para los monotributistas que han sufrido este año de la pandemia”, remarcó Laspina quien adelantó: “Nosotros (JxC) vamos a acompañar este dictamen consensuado que hemos logrado”.
A su turno, el diputado misionero Luis Pastori (JxC) señaló que “este es un proyecto muy importante porque los que sufren por la pandemia son también contribuyente de la AFIP y es muy necesario este alivio fiscal”.
En su intervención pidió que “se modifique la fecha de vencimiento estipulada -según la interpretación del legislador- para el 16 de diciembre para evitar que ocurra el mismo problema que hubo con el monotributo”.
En respuesta, Heller propuso poner que “sea 30 días después de que salga la reglamentación de la AFIP”.
Estas consideraciones fueron tomadas en cuenta al igual que la propuesta de incorporar a otras entidades y se prometió que se realizarán en el recinto este martes.
La voz de la AFIP
Al inicio de la comisión, el subdirector de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, brindó un informe sobre este alivio fiscal a pequeños contribuyentes y se mostró abierto a incorporar cambios al texto.
Bianchi explicó que el proyecto "prevé la condonación de deudas -alivio fiscal para el sostenimiento económico-, regularización de obligaciones adeudadas, y en tercer aspecto el beneficio para contribuyentes cumplidores".
“El presente proyecto está estructurado atendiendo la particularidad de distintos grupos de contribuyentes. El objetivo es atender sus particularidades, con soluciones distintas y en función de su tamaño”, agregó.
Y subrayó: "En primer lugar se trata un acápite a las micro y medianas empresas, donde se condonan deudas inferiores a $100.000 hasta el 31 de agosto de 2021 a 1.035.000 contribuyentes".
"El segundo acápite es la deuda que no ha sido regularizada en planes de facilidad y hoy se encuentra en situación de ser ejecutada. El 53% corresponde a microempresas y personas humanas, a quienes atienden este proyecto", apuntó.
"El tercer acápite del proyecto es el beneficio a contribuyentes cumplidores. Los grandes resultados de este tipo de medidas ya se vieron en el caso del alivio fiscal a monotributistas", concluyó Bianchi.
El proyecto
La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.
Allegados al equipo del presidente del cuerpo legislativo señalaron que “el costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación”.
Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.
También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.
Además, se amplia la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.
En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que esta en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.
Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.
El legislador del FdT se mostró optimista ante el proyecto de ley de alivio fiscal que tendrá tratamiento en Comisión este lunes y el martes en Diputados, en donde se busca la media sanción porque “la convocatoria se hizo por acuerdo de ambos bloques”.
Uno de los temas en la agenda de la Cámara baja de esta semana es el proyecto de ley de alivio fiscal presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Al respecto el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) se refirió al mismo y aseguró que “vamos a tener dictamen y mañana tendría media sanción” porque “la convocatoria se hizo por acuerdo de ambos bloques por lo que estimamos que vamos a tener los votos necesarios”.
En diálogo por el Destape Radio, Casaretto explicó que "el proyecto de alivio fiscal lo presentó Sergio Massa acompañado por todo el bloque y que tiene varias partes. En primer lugar, tiene una condonación de deudas de hasta 100.000 pesos abarcando organizaciones, entidades sin fines de lucro, todo lo que hace a la actividad solidaria para que quede en una cuenta fiscal en cero al igual que una Pyme”.
“En segundo lugar, se permite la rehabilitación de las moratorias o planes de pagos caducos y, en tercer lugar, se hace rehabilitar la moratoria del año pasado que permitió que muchos contribuyentes regularizaran la deuda en AFIP”, agregó.
En este sentido, el diputado del Frente de Todos aseguró que “esta tarde vamos a tener dictamen para el proyecto de alivio fiscal y mañana tendría media sanción y pasaría al Senado para que se sancione de forma inmediata”, y cuestionó: “La oposición a veces acompaña y a veces no, hace dos semanas quisimos sesionar y no obtuvimos el quórum. Tenemos 122 votos y necesitamos 129, en este caso la convocatoria se hizo por acuerdo de ambos bloques por lo que estimamos que vamos a tener los votos necesarios”.
"La idea es hacer una condonación de deudas a entidades de bien público y Pymes", precisó el diputado entrerriano y destacó que "el alivio fiscal también va a rehabilitar las moratorias caducas".
Asimismo, indicó que "se le va a dar una oportunidad a todos los contribuyentes para que regularicen sus impuestos con 120 cuotas, o sea 10 años", y remarcó que "también habrá un capítulo que va a beneficiar a todos los contribuyentes que están al día con sus impuestos. Hay todo un esquema para que todos los argentinos puedan regularizar la situación impositiva en esta salida de la pandemia”.
"Los que tienen al día el monotributo van a tener 4 meses de gracia como premio", señaló Casaretto. Además, remarcó que "la convocatoria para la sesión de mañana fue por acuerdo así que estimamos que vamos a tener los votos de la oposición para sancionar el alivio fiscal".
Por otro lado, y sobre el proyecto de ley de etiqueta frontal que se tratará este martes en el recinto, el diputado destacó que "es un tema que se aprobó en el Senado con media sanción, en Diputados no pudimos y tenemos el objetivo de tratarlo este martes”, y concluyó: “Juntos por el Cambio coincidió en votar la ley de etiquetado frontal, al menos la mayoría de sus integrantes, de ser así tendría la media sanción definitiva y pasaría al Poder Ejecutivo para la promulgación".
Se despabiló la Cámara baja. Tratamiento express para un proyecto de ley presentado por el presidente de Diputados, Sergio Massa. La iniciativa busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento. Será girada a Senado.
Este martes 26 habrá una sesión maratónica y desde el Frente de Todos apoyan un proyecto de ley impulsado por el presidente, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
Según la agenda legislativa, la Comisión de Presupuesto de buscará el próximo lunes a las 17 emitir dictamen favorable a esta iniciativa que comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000.
Al día siguiente, el martes 26, este mismo tema llegará al recinto de Diputados.
El proyecto
La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.
Allegados al equipo del presidente del cuerpo legislativo señalaron que “el costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación”.
Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.
También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.
Además, se amplia la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.
En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que esta en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.
Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.
La Comisión de Presupuesto de Diputados emitirá dictamen a proyecto de ley impulsado por Sergio Massa para aliviar deudas a entidades sin fines de lucro.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados buscará el próximo lunes a las 17 emitir dictamen favorable a un proyecto de ley que busca aliviar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y mipymes.
La iniciativa comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000.
La idea del oficialismo es poder tratar este proyecto en la sesión del próximo martes.
El proyecto de alivio fiscal -presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y que cuenta con el aval del oficialismo y de la mayoría de la oposición- forma parte del temario de la sesión especial solicitada para la próxima semana por todos los bloques políticos con una agenda de temas consensuados.
La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.
Allegados al equipo del presidente del cuerpo legislativo señalaron que "el costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación".
Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.
También señala que "la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.
Además, se amplia la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.
En los fundamentos se afirma que "hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que esta en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones".
Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual "es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria", y no se incluyen a los monotributistas que "fueron beneficiados con la reciente ley para el sector", resaltaron.
La citación
Legisladores de la UCR presentaron un proyecto de ley que establece un crédito fiscal para los contribuyentes no deudores. Aseguran que “el alivio fiscal del oficialismo sólo beneficia a los morosos”.
Diputados del bloque de la UCR, liderados por Gustavo Menna, Mario Negri y Alfredo Cornejo, presentaron este jueves un proyecto de ley que busca equilibrar beneficios entre contribuyentes morosos y cumplidores.
La iniciativa pretende premiar a quienes están al día con el fisco otorgándoles un crédito fiscal de hasta 100 mil pesos, el mismo monto que establece el proyecto del oficialismo –firmado por el presidente del cuerpo Sergio Massa- para condonar deudas a pequeños contribuyentes.
“El oficialismo presentó un proyecto denominado de ‘alivio fiscal’ por el cual propone condonar deudas de contribuyentes, personas humanas y jurídicas, sucesiones indivisas, pequeños contribuyentes hasta 100.000 pesos”, relató el diputado Menna.
En ese sentido, advirtió: “Nosotros creemos que es hora de dar alivio fiscal también a los que han venido cumpliendo con mucho sacrificio con sus obligaciones tributarias, porque ellos también tienen problemas en el marco de la pandemia, de la caída de la actividad económica y del desastre que hizo el Gobierno con el manejo de la economía”.
Y agregó: “Con lo cual, por un principio de igualdad ante la ley, corresponde también reconocerles esa misma suma de hasta 100.000 pesos a los cumplidores. En este caso, como ellos no tienen deudas con el fisco, el proyecto lo que hace es proponer un crédito fiscal. Esto es: reconocerles 100.000 pesos, el mismo monto que en el proyecto del oficialismo le perdona a los incumplidores, pero en nuestro caso reconocemos un crédito fiscal para compensar con obligaciones futuras en materia tributaria, aduanera y de la seguridad social”, precisó.
¿Qué dice el proyecto?
Artículo 1°. -Otórgase un crédito fiscal por $ 100.000 a las MiPYMES, personas humanas y sucesiones indivisas que sean considerados pequeños contribuyentes en los términos que determine la reglamentación con efecto exclusivo para los contribuyentes que no registren deudas en mora con el Fisco al 31 de agosto de 2021.
Artículo 2°. - El crédito fiscal que se reconoce podrá ser aplicado en forma automática por el contribuyente para compensar obligaciones que se devenguen en lo sucesivo con el Fisco en materia tributaria, aduanera y de la seguridad social hasta agotar la suma de $ 100.000.
Artículo 3°.- No podrán acceder al beneficio que establece esta ley los siguientes contribuyentes:
a) Los que hubiesen adherido a la moratoria aprobada por la ley 27.541 y ampliada por la ley 27.562.
b) Los que hubiesen sido ejecutados fiscalmente o condenados, con condena firme, por multas por defraudación fiscal en los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2020.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, reglamentará la presente ley dentro de los quince (15) días corridos de su sanción y dictará la normativa complementaria e interpretativa necesaria para garantizar el beneficio que reconoce a los contribuyentes cumplidores.
Artículo 5°.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a este régimen, adoptando en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones similares medidas de reconocimiento a los contribuyentes cumplidores.
Artículo 6°.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Acompañaron a Menna, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Luis Pastori, Alejandro Cacace, José Luis Riccardo, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Sebastián Salvador, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Jimena Latorre, Hugo Romero, María Soledad Carrizo (UCR), e Ignacio Torres (Pro).
La iniciativa es impulsada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que busca con ello fortalecer la reactivación económica y dar señales para la salida de la pandemia.
Ingresó a la Cámara baja un proyecto de ley impulsado por su presidente, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
El proyecto es disruptivo: así como se cortó de raíz la discusión del monotributo condonando deuda se busca una medida de similar naturaleza buscando favorecer a la mayor cantidad de contribuyentes que fueron más afectados con el menor costo fiscal posible, detallaron a este medio desde el entorno del presidente de la Cámara baja.
La iniciativa prevé la condonación de deudas para entidades sin fines de lucro y MiPyMEs y contribuyentes con deudas inferiores a cien mil pesos vencidas al 31 de agosto pasado.
En sus considerandos, el proyecto condona las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal. “El costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación”, precisa el texto del proyecto.
La iniciativa beneficia también a las entidades sin fines de lucro con deuda líquida y exigible ante AFIP ascienden a cerca de 45.000, con un importe adeudado de $15.000 millones, como además se condonan las deudas de MiPyMES y constribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $ 100 mil.
Considerando datos aproximados se calcula que existen 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda liquida y exigible con AFIP (deuda, en condiciones de ser ejecutada). De esos 900 mil contribuyentes, 600 mil tienen deudas inferiores a $100 mil y acumulan una deuda total de $13.000 millones.
“En otras palabras, con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda liquida y exigible de 600 mil contribuyentes”, esto es, u promedio de $21 mil por contribuyente, precisaron.
Estos 600 mil contribuyentes son en su mayoría MiPYMES y contribuyentes pequeños y medianos del régimen general. No se incluyen los monotributistas que ya fueron beneficiados con la reciente Ley de Alivio fiscal para el sector, aclaran al detallar la iniciativa que no se descarta pueda llegar a ampliarse o limitar el beneficio a los sectores mas afectados por la pandemia: comercio minorista y restaurantes.
Asimismo este alivio fiscal contempla la ampliación de la moratoria para deudas vencidas entre el 1 de agosto del año pasado y el 31 de agosto de 2021. Así se propone ampliar la moratoria para la salida de la pandemia, teniendo en cuenta que la anterior moratoria incluia deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020.
En la actualidad, la deuda corriente postpandemia asciende a $290 mil millones, concentrada en MiPYMES. Ese importe equivale al 36% de la recaudación mensual promedio (hoy en $ 825.000 M). Cuando se sancionó la moratoria de diciembre de 2019, ese índice era similar (40,5%).
La propuesta del presente proyecto es ampliar la anterior ley, pero reduciendo la cantidad de cuotas a la mitad y así evitar que los contribuyentes refinancien la deuda de la moratoria anterior.
Los diputados de la Ciudad sancionaron con 52 votos positivos y cuatro abstenciones una serie de proyectos que establecen exenciones a impuestos para gimnasios, salones de eventos, boliches, teatros, escuelas de danzas, entre otras actividades.
Tal y como lo anunció Parlamentario.com semanas atrás, la Legislatura porteña sancionó con 52 votos a favor y cuatro abstenciones (todas de los bloques de izquierda) una serie de alivios fiscales para todos aquellos comercios no esenciales que vieron afectadas sus actividades a causa de la pandemia del Covid-19.
De esta manera, uno de los textos aprobados este jueves exime del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a los comercios que brinden servicios de acondicionamiento físico y gimnasios.
Por otra parte, se dejará “sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales por los periodos de junio, julio y agosto del año 2021 del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, respecto de los titulares de dominio, los usufructuarios, los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de dueño de los establecimientos donde se realicen eventos y/o fiestas de celebración privadas”.
Al mismo tiempo que también se dejó sin efecto el pago del ABL e impuesto inmobiliario durante junio, julio y agosto a los comercios que funcionen como cine, teatro, locales de baile clase C, centros culturales y academias de danza.
Durante la sesión el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), manifestó que “esta medida llevará un pequeño alivio a unos 1.700 locales, firmas, cuits, etc. : se suma así a otras 8 iniciativas que fueron puestas en vigencia en 2020 y este año con alivios e incentivos a entidades deportivas, gastronomía y heladerías, servicios de internación, sector hotelero, shoppings” y se comprometió a continuar trabajando “para poder mantener las actividades lo más posible apelando a la responsabilidad social de todos nosotros, es muy importante usar el tapabocas, mantener el distanciamiento y seguir con el lavado de manos”.
Por su parte la diputada del Frente de Todos (FdT) María Bielli se preguntó si “¿alguien cree que este proyecto es realmente un alivio para algún trabajador de la cultura? Estoy segura que esto que esto no significa ni una mínima parte de lo que requiere el sector, no sabemos a quienes nos estamos refiriendo: ¿son las grandes cadenas de cines los beneficiarios? Metimos en el medio a los teatros que desde hace años no pagan estos impuestos”.
Mientras que Matías Barroetaveña (FdT) destacó que “cuando se trata de asistir a los damnificados por la emergencia sanitaria, el Gobierno de Larreta llega tarde y con muy pocos recursos” y añadió que “desde el inicio de las restricciones en 2020, nuestro bloque viene presentando iniciativas para cuidar el empleo, y asistir a pymes y comercios con una perspectiva de protección y de asistencia, mucho más ambiciosa que el raquítico alivio que estamos votando”.
Al mismo tiempo que Alejandrina Barry (FIT) indicó que “esto es insuficiente para paliar la crisis en el sector de la cultura, esto no es nuevo porque ya venían en crisis desde antes. Los efectos de la pandemia han sido devastadores para ellos” y que Sergio Abrevaya (GEN) concluyó señalando que “la verdad es que tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos e incluir a todas las posibles, pero tengo en claro que hay un equilibrio entre los ingresos mermados y lo que puede resignar la Ciudad”.
Lo hizo a través del Boletín Oficial. Se trata de un beneficio impositivo que la Legislatura de la Ciudad había aprobado algunos días atrás y que los exime del pago de Ingresos Brutos durante un periodo de dos meses.
Luego de que la Legislatura porteña lo sancionara, el Gobierno de la Ciudad oficializó este martes –a través del Boletín Oficial- la ley que eximió del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de ‘Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental’ contemplada en el Código N° 861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES).
La iniciativa había sido impulsada por la ex ministra de Salud de la Ciudad y actual legisladora de Vamos Juntos, Ana María Bou Pérez, y aprobada durante una sesión ordinaria durante el mes pasado.
En los fundamentos de la medida, la diputada explicó que “la norma proyectada contempla que la exención aludida, alcanza exclusivamente a contribuyentes y/o responsables que cuenten con establecimientos donde se brinde el servicio de internación a pacientes afectados con coronavirus y por los ingresos provenientes de la actividad precedentemente mencionada, por lo que, si el contribuyente o responsable desarrollara más de una actividad declarada, la exención sólo aplicará respecto de aquella correspondiente a los servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental”.
“Atento al inminente incremento de casos de Covid 19 resulta imprescindible colaborar con el mencionado sector y brindar alivio fiscal a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades para que puedan seguir combatiendo y paliando los efectos adversos de la actual emergencia sanitaria, evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el coronavirus”, sentenció en aquel entonces.
Los diputados de la Ciudad se reunirán a partir de las 11 en el recinto de sesiones para analizar una serie de iniciativas que buscan establecer exenciones en el pago de los impuestos para salones de eventos, boliches, cines, teatros y otros locales no esenciales.
Tras varias semanas sin sesiones, la Legislatura de la Ciudad se reunirá este jueves a partir de las 11 para debatir una serie de proyectos impulsados por legisladores de Vamos Juntos y sus aliados políticos, a través de los cuales se buscará establecer un alivio fiscal para todos aquellos comercios no esenciales que vieron afectadas sus actividades a causa de la pandemia del Covid-19.
Una de las iniciativas que se pondrán en consideración del cuerpo fue propuesta por Matías López y Agustín Forchieri (VJ), la cual busca eximir del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a los comercios que brinden servicios de acondicionamiento físico y gimnasios. La exención regirá para los meses de junio y julio del presente año.
Otro de los textos fue propuesto por el radical Martín Ocampo (UCR-Evolución) y el presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidieron que se deje “sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales por los periodos de junio, julio y agosto del año 2021 del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, respecto de los titulares de dominio, los usufructuarios, los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de dueño de los establecimientos donde se realicen eventos y/o fiestas de celebración privadas”.
Además se tratará un proyecto del socialista Roy Cortina (PS) para dejar sin efecto el pago del ABL durante junio, julio y agosto a los comercios que funcionen como cine, teatro, locales de baile clase C, centros culturales y academias de danza.
En otro orden de cuestiones, la Legislatura de la Ciudad también debatirá un texto impulsado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, mediante el cual prevé obtener la habilitación correspondiente para poder salir a negociar la compra de más vacunas para inmunizar a la población contra el Covid 19.
Los legisladores porteños de los distintos espacios políticos presentaron en la Legislatura una serie de proyectos que buscan establecer exenciones en el pago de los impuestos para salones de eventos, boliches, cines, teatros y otros locales no esenciales.
A raíz de la crisis económica que atraviesan los comercios de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de los distintos espacios que integran la Legislatura porteña impulsaron proyectos de ley que buscan establecer un alivio fiscal para todos aquellos comercios no esenciales que vieron afectadas sus actividades a causa de la pandemia del Covid-19.
Es así que los diputados de Vamos Juntos (VJ) Matías López y Agustín Forchieri presentaron una iniciativa de ley que busca eximir del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a los comercios que brinden servicios de acondicionamiento físico y gimnasios. La exención regirá para los meses de junio y julio del presente año.
Por su parte el radical Martín Ocampo (UCR-Evolución) y el presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidieron que se deje “sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales por los periodos de junio, julio y agosto del año 2021 del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, respecto de los titulares de dominio, los usufructuarios, los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de dueño de los establecimientos donde se realicen eventos y/o fiestas de celebración privadas”.
Sobre esa misma línea, el socialista Roy Cortina (PS) propuso que se deje sin efecto el pago del ABL durante junio, julio y agosto a los comercios que funcionen como cine, teatro, locales de baile clase C, centros culturales y academias de danza.
Mientras que la peronista Claudia Neira (FdT) pidió que se brinde una ayuda económica excepcional equivalente al 75% de la canasta básica alimentaria a la actividad ferial. Serían beneficiarios de dicha ayuda económica feriantes que se encuentren inscriptos en el Registro de Ferias y Mercados de la Ciudad; y feriantes no inscriptos en el Registro de Ferias y Mercados que no tengan trabajo registrado; acrediten, mediante documentación adjunta, que se dedica a la actividad en cuestión, y tengan domicilio en el distrito capitalino.
Los proyectos recientemente sancionados eximirán a esos rubros del pago de Ingresos Brutos durante el mes de mayo, junio y julio.
Debido a la crisis económica que se profundizó a causa de la pandemia, la Legislatura de la Ciudad aprobó dos leyes del pago de los Ingresos Brutos a centros médicos que presten servicios de internación para pacientes con coronavirus y para locales gastronómicos, a fin de alivianar la carga fiscal de estos rubros.
La iniciativa en relación a los centros médicos fue aprobada con 48 votos a favor, tres en contra –de los bloques FIT y PTS- y dos abstenciones de Consenso Federal y AyL. La misma eximió del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de ‘Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental’ contemplada en el Código N° 861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES).
En tanto el alivio fiscal para los gastronómicos recibió 54 votos positivos y cuatro negativos de los bloques PTS, FIT y AyL. El mismo también exime del pago de los Ingresos Brutos de mayo a julio a los restaurantes, cantinas, locales de comida rápida, foodtrucks, bares, heladerías y expendios de comida. Buscando así llevar un alivio a estos comercios que, a raíz de las últimas medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia, volvieron a ver afectada su actividad.
El debate en el recinto
La encargada de abrir el debate en el recinto fue la autora de una de las iniciativas, Ana María Bou Pérez (VJ), quien advirtió que “el sector de la salud se ha visto sumamente golpeado por la pandemia, ante este difícil contexto han redoblado los esfuerzos y han incorporado aún más recursos. A nadie le puede caber duda que es uno de los sectores más castigados y con esta medida les damos un alivio concreto”.
En tanto el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev) señaló que “el sector gastronómico es uno de los pilares de la actividad económica de la Ciudad. La pandemia y las restricciones golpearon de lleno a este sector y estamos proponiendo -ya desde el año pasado- distintas acciones para ayudar a sostener las inversiones y las fuentes de trabajo” y destacó que “con esta medida proyectamos alcanzar a casi 10 mil comercios gastronómicos que emplean directamente a más de 50 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires con un costo fiscal calculado en los 500 millones de pesos”.
“El Gobierno porteño deja de percibir una parte de su principal fuente de ingresos con el objetivo de acompañar a los miles de emprendedores que invierten en nuestra Ciudad”, añadió.
Por su parte la diputada de PTS Alejandrina Barry aseguró que “no vamos a acompañar el despacho de salud, nosotros sabemos que la situación en el sistema sanitario es crítica pero está en esa situación por falta de políticas en conjunto. Hay que aumentar en serio el presupuesto de Salud, hay que tomar medidas de fondo”.
Al mismo tiempo que alertó acerca de que las grandes cadenas de locales gastronómicos “obligan” a sus empleados a ir a trabajar aun teniendo síntomas compatibles con coronavirus, que los mismos se encuentran “precarizados” y que cobran salarios que no llegan siquiera al salario mínimo.
A su turno Sergio Abrevaya (GEN) manifestó que “los comerciantes son quienes más han sufrido, se han perdido 24 mil puestos de trabajo y cerraron 2.500 locales, aunque sabemos que este no es el final de la historia. Lo importante es aprobar ya una ley para estos sectores que tienen un gran problema”.
En otro orden de cuestiones el diputado del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña advirtió que “el Gobierno nacional, a través del REPRO II, vienen realizando una inversión desde noviembre de 2020 equivalente a 3600 millones de pesos, alcanzando 114mil trabajadores, y en esta misma línea el Gobierno de la Provincia de Axel Kicillof lanzó un programa de asistencia social y económica que estima destinar 70.000 millones de pesos a lo largo del año” y consideró que “esta medida que estamos votando hoy es necesaria pero absolutamente insuficiente, se trata de un sector muy afectado por la pandemia que ha sufrido el cierre de miles de locales y la pérdida de decenas de miles puestos de trabajo”.
“En la Ciudad no faltan recursos, falta voluntad política para asistir a los porteños afectados por la pandemia”, agregó.
Mientras que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), lanzó: “estamos votando un alivio no una fórmula mágica, esa fórmula la tiene el Gobierno Nacional pero sigue haciendo un manejo terrible con la pandemia. Los recursos con los que cuenta Kicillof son los que nos quitaron a nosotros, lo felicitamos por estar usándolos de esta manera”.
La Legislatura porteña se reúne desde las 12.11 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que analizarán dos proyectos impulsados por el oficialismo porteño mediante los cuales se prevé llevar un alivio fiscal a esos sectores.
En el marco de una nueva sesión ordinaria, los diputados de la Ciudad se reúnen desde las 12.11 en el recinto de sesiones para analizar dos iniciativas que proponen exenciones parciales en favor del sector privado de los efectores de salud y en beneficio de comercios del rubro gastronómico. Ambos proyectos fueron impulsados por el oficialismo y sus aliados y recibieron el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto que preside Claudio Romero (VJ).
Por un lado se impulsa que las clínicas y sanatorios de la Ciudad no tengan la obligación de pagar las cuotas correspondientes a mayo y junio 2021 del impuesto sobre los Ingresos Brutos por los servicios de internación. La otra iniciativa busca eximir de ese pago desde mayo hasta julio 2021 a los comercios dedicados a la venta de bebidas y comidas, ya sea con servicios de mesa, al mostrador o al paso.
También se votará en segunda lectura la creación de una nueva plazoleta en terrenos del bajo Flores lindantes con la autopista, una iniciativa de Marcelo Guouman (UCR) que ya pasó por Audiencia Pública.
Otro asunto a considerar por los legisladores porteños es un acuerdo tripartito entre la Ciudad, la Nación y la Provincia de Buenos Aires para crear un ente interjurisdiccional que se ocupe de consensuar y definir las políticas para el tratamiento de la cuenca del arroyo Medrano, que nace en el conurbano noroeste y cruza entubado el territorio capitalino hasta su desembocadura en el Río de la Plata, a la altura del barrio Nuñez.
Los diputados de la Ciudad se reunirán este jueves a partir de las 11 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que prevén aprobar dos proyectos de ley que buscan eximir del pago de los IIBB a locales gastronómicos y centros médicos que cuenten con internación para Covid 19.
La Legislatura de la Ciudad se reunirá este jueves a partir de las 11 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria, en la que los diputados prevén darle aprobación a dos proyectos de ley impulsados por Vamos Juntos y UCR-Evolución que buscan eximir del pago de los Ingresos Brutos a los centros médicos que cuenten con internación para pacientes con Covid 19 y locales gastronómicos.
La iniciativa en relación a los centros médicos fue impulsada por la oficialista Ana María Bou Pérez (VJ) y prevé eximir “del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de ‘Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental’ contemplada en el Código N° 861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)”.
Mientras que el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev) presentó otro proyecto que también busca eximir del pago de los Ingresos Brutos de mayo y julio a los restaurantes, cantinas, locales de comida rápida, foodtrucks, bares, heladerías y expendios de comida. Buscando así llevar un alivio fiscal a estos comercios que, a raíz de las últimas medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia, volvieron a ver afectada su actividad.
Por otra parte y como lo adelantó parlamentario.com, esta será la última sesión de la diputada de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, quien comenzará a ocupar un cargo en la Subsecretaría de Gestión Comunal, que depende de la Jefatura de Gabinete. Será por María Celeste Peña, actualmente funcionaria del área de Gestión Intercomunal del Gobierno porteño, dado a que esta era quien la sucedía en la lista de 2017.
La Comisión de Presupuesto firmó el dictamen favorable de un proyecto que busca avanzar con ese alivio fiscal, el cual también se extenderá a todos los centros médicos que cuenten con internación para pacientes con Covid 19.
Tal y como lo anunció días atrás parlamentario.com, la Comisión de Presupuesto –conducida por Claudio Romero (VJ)- dio dictamen favorable a dos proyectos de ley impulsados por el oficialismo porteño que buscaban eximir del pago de Ingresos Brutos a centros médicos que presten servicios de internación para pacientes con coronavirus y a los locales gastronómicos.
Las iniciativas despachadas sostienen que la eximición del pago regirá durante los meses de mayo y junio de este año.
La iniciativa en relación a los centros médicos fue impulsada por la oficialista Ana María Bou Pérez (VJ) y prevé eximir “del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de ‘Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental’ contemplada en el Código N° 861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)”.
Mientras que la de los locales gastronómicos fue impulsada por el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev), aunque se le sumaron otros proyectos en idéntico sentido, y busca darle un respiro a los restaurantes, cantinas, locales de comida rápida, foodtrucks, bares, heladerías y expendios de comida. Buscando así llevar un alivio fiscal a estos comercios que, a raíz de las últimas medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia, volvieron a ver afectada su actividad.
Al respecto del dictamen, el legislador del GEN Sergio Abrevaya manifestó que “hace meses, presenté un proyecto para que el sector gastronómico de la Ciudad pague menos Ingresos Brutos, ahora los eximimos junto a los legisladores Guouman, Romero y la Comisión. Son más de ocho mil comercios los que se vieron afectados por las restricciones” y remarcó que “lamentablemente, todos conocemos algún caso de quien tuvo que bajar la persiana o reducir su personal”.
“A las complicaciones financieras que están teniendo desde el año pasado se le suma el cierre a las 19 hs, que en muchos casos significa perder la parte más importante de la facturación del día. Durante el año pasado solicitamos que diferentes actividades pudieran volver a trabajar con protocolos. Hoy reiteramos el pedido por los gastronómicos, porque las Pymes son las que dan trabajo y mueven la economía de la Ciudad”, sentenció Abrevaya.
Los diputados de Vamos Juntos y UCR-Ev presentaron en la Legislatura porteña para eximir del pago de Ingresos Brutos a centros médicos que cuenten con servicio de internación para pacientes con Covid 19 y para locales gastronómicos.
Debido a la profunda crisis económica que atraviesa la Ciudad a raíz de la pandemia del Covid 19, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) y la Unión Cívica Radical-Evolución (UCR-Ev) presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos de ley que buscan eximir del pago de los Ingresos Brutos a centros médicos que presten servicios de internación para pacientes con coronavirus y para locales gastronómicos.
La iniciativa en relación a los centros médicos fue impulsada por la oficialista Ana María Bou Pérez (VJ) y prevé eximir “del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de ‘Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental’ contemplada en el Código N° 861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)”.
En los fundamentos de la medida, la diputada explicó que “la norma proyectada contempla que la exención aludida, alcanza exclusivamente a contribuyentes y/o responsables que cuenten con establecimientos donde se brinde el servicio de internación a pacientes afectados con coronavirus y por los ingresos provenientes de la actividad precedentemente mencionada, por lo que, si el contribuyente o responsable desarrollara más de una actividad declarada, la exención sólo aplicará respecto de aquella correspondiente a los servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental”.
“Atento al inminente incremento de casos de Covid 19 resulta imprescindible colaborar con el mencionado sector y brindar alivio fiscal a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades para que puedan seguir combatiendo y paliando los efectos adversos de la actual emergencia sanitaria, evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el coronavirus”, añadió.
Mientras que el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev) presentó otro proyecto que también busca eximir del pago de los Ingresos Brutos de mayo y julio a los restaurantes, cantinas, locales de comida rápida, foodtrucks, bares, heladerías y expendios de comida. Buscando así llevar un alivio fiscal a estos comercios que, a raíz de las últimas medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia, volvieron a ver afectada su actividad.
Las iniciativas también lleva la firma de Roy Cortina (PS), Diego García Vilas, Claudio Romero, Facundo Del Gaiso, Agustín Forchieri, Matías López (VJ) y Patricia Vischi (UCR-Ev).
La medida fue aprobada con 56 votos a favor y cuatro abstenciones y eximirá del pago del ABL y el impuesto inmobiliario a hoteles, alojamientos, pensiones, albergues transitorios y moteles del distrito.
Debido a la crisis económica que vienen atravesando y que se profundizó con la pandemia del Covid 19, la Legislatura de la Ciudad sancionó –durante la sesión ordinaria de este jueves- con 54 votos positivos y cuatro abstenciones –todas de los bloques de izquierda- una ley que exime a los hoteles, alojamientos, pensiones, albergues transitorios y moteles del pago del impuesto inmobiliario y el ABL durante seis meses.
La medida prevé dejar sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales por los períodos de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de este año.
El texto establece que para que los mencionados comercios puedan acceder al beneficio deberán encontrarse habilitados y autorizados para su funcionamiento, de acuerdo a la normativa vigente. Cabe destacar que, en caso de que el beneficiario ya haya cancelado el pago de alguno de los mencionados tributos, se generará un crédito a favor del contribuyente.
Por otro lado, la Casa también aprobó con 56 votos a favor y cuatro en contra (de los bloques FIT, PTS y AyL) la sustitución de la cláusula transitoria primera de la Ley Nº 6.382, la cual establece un plan de pagos para que estos comercios puedan pagar sus deudas.
Dichos planes son para el pago de deudas correspondientes a tributos empadronados cuya liquidación es efectuada por el Organismo Fiscal, cuyos vencimientos hubieran operado desde el 1 de enero de 2019 y hasta el día 30 de octubre de 2020, condonando los intereses resarcitorios y financieros por el pago hasta en seis cuotas mensuales y disponiendo una reducción de hasta un 75% de los mismos cuando el pago se opere entre siete y doce cuotas.
Para ello se elevará, para esas deudas, el monto fijado en el artículo 190 de la Ley Tarifaria para el año 2021 a 18 millones de pesos. Mientras que para el caso de deudas mayores 1.500.000 pesos, la condonación de interese resarcitorio deberá ser reducida al menos en un 25%.
El debate en el recinto
El encargado de abrir el debate en el recinto fue el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), recordó que “el año pasado aprobamos una ley que permitía que aquellos que tenían algún tipo de deuda, pudiesen ingresar a un plan de pagos; pero analizando la situación que dejó la pandemia, tuvimos que aumentar ese tributo”.
No obstante la vicepresidenta de esa misma Comisión, María Rosa Muiños (FdT), explicó que estas medidas son “un simple ‘paliativo’, como bien se dice en los considerandos, es tomada a destiempo, tardíamente, y debemos repetir como lo venimos diciendo desde mayo del año pasado, insuficiente” y precisó que “desde el inicio de la pandemia nuestro bloque ha sido muy categórico en afirmar que el Gobierno de la Ciudad dejó en manos del mercado la suerte de los comerciantes, las Pymes, cuentapropistas y monotributistas de la Ciudad”.
“A veces se dice desidia, pero nosotros creemos que es convicción política: ha prevalecido en el Ejecutivo de la Ciudad y en su bloque de legisladores la idea de un estado ausente, de un Estado que piensa sólo en recaudar y en modo ‘piloto automático’ preocupado sólo por veredas”, destacó y añadió que “no sorprende entonces ver como desaparecen centros comerciales, como ha aumentado la pobreza, la indigencia y el desempleo en la Ciudad según los datos que la misma Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad ha difundido: en el cuarto trimestre del 2020 la pobreza alcanzó el 24,9% y la indigencia el 10,1%”.
A la vez que el radical y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Marcelo Guouman (UCR-Ev) informó que “la quita de la obligación de pagar ABL por seis meses a un sector gravemente golpeado por la pandemia representa un auxilio necesario en este momento de crisis” e insistió en que “hoy más que nunca el Estado debe estar al lado de los motores económicos de la Ciudad”.
Los diputados se reúnen desde las 12.07 para analizar dos proyectos de ley que buscan aliviar la carga tributaria sobre sectores productivos afectados por esta situación.
En el marco de la segunda sesión ordinaria del año, la Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 12.07 en el recinto para someter a consideración de los legisladores una serie de proyectos impulsados por el oficialismo porteño, a través de los cuales se buscará aliviar la carga tributaria sobre sectores productivos afectados por esta situación.
Uno de los textos que se someterán a consideración este jueves, propicia facultar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para acordar con los deudores planes de facilidades de pagos en cuotas y con quitas de intereses resarcitorios y/o financieros. Comprende las deudas desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de octubre de 2020.
Además se propone quita total de intereses para quienes cancelen en 6 cuotas y descuentos de hasta el 75% de intereses para los que acuerden pagar entre 7 y 12 cuotas. También se autorizaría a la AGIP a renegociar planes de pago caducos.
Por otra parte, se votará un proyecto para dejar exento del pago de impuesto inmobiliario y tasa de ABL, en las alícuotas correspondientes entre abril y septiembre de 2021, a las actividades de hotelería, alojamiento de personas, albergues transitorios y moteles. Los incluidos deberían solicitar a la AGIP el acceso a dicha dispensa.
Ambas iniciativas de alivio fiscal fueron despachadas por las comisiones de Desarrollo Económico y de Presupuesto, que presiden Marcelo Guouman (UCR) y Claudio Romero (VJ), respectivamente
Por otro lado, los diputados evocarán la efemérides del 24 de marzo (Día de la Memoria, Verdad y Justicia) con una declaración (hay proyectos de todos los bloques y se buscará consensuar un texto) y discursos en la sesión ordinaria. También se conmemorará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que corresponde al 2 de abril.
Al mismo tiempo que ratificarán dos convenios suscriptos por el Gobierno de la Ciudad y del decreto de necesidad y urgencia número 6/2021, por el cual se prorrogó el mandato del directorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un pedido de los legisladores del FdT, quienes buscan atender la difícil situación que atraviesa ese sector.
A siete meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña, a través del cual buscarán eximir del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) entre octubre de este año y marzo del siguiente para los responsables de los gimnasios y natatorios de la Ciudad.
La medida también deja sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros durante el mismo lapso de tiempo. Cabe destacar que “en el caso que el contribuyente o responsable hubiera optado por la opción del pago anual del año 2020, el crédito a favor será equivalente a dos doceavas partes de la cuota anual”.
En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “ante el avance del Covid 19, tanto el Gobierno Nacional como la administración local adoptaron medidas de distanciamiento social obligatorio orientadas a disminuir la circulación del virus y, consecuentemente, proteger la salud de la población” y señalaron que “tal como ocurrió a lo largo del mundo, la contracara de estas medidas sanitarias se manifiesta en una caída de la actividad económica que lleva a muchos sectores a enfrentar serias dificultades para afrontar su estructura de costos”.
Asimismo señalaron que “un sector que se ha visto totalmente imposibilitado de generar ningún tipo de ingreso en nuestra Ciudad desde la sanción del DNU 297/20 por el cual se implementó el aislamiento social preventivo y obligatorio son los gimnasios y natatorios” y precisaron que “si bien son reconocidas las grandes cadenas y los centros deportivos con más de mil socios, la mayoría de los establecimientos se inscriben en el formato de PYMES, con una membresía del orden de los 100 a 200 socios”.
“Sin dudas, la vinculación de los gimnasios y natatorios con el mundo de la salud, así como su formación profesional y condiciones de habilitación, les permitirá ajustarse a los nuevos protocolos de funcionamiento que las autoridades consideren pertinentes para volver a funcionar cuando la evolución de la situación sanitaria lo permite”, añadieron y concluyeron señalando que “esta Legislatura consideró pertinente para el sector gastronómico, los gimnasios y natatorios también necesitan de un alivio tributario que les permita recuperarse más rápidamente una vez que vuelvan a trabajar”.
La iniciativa lleva la firma de los diputados Manuel Socías, María Rosa Muiños y Cecilia Segura (FdT).
Los diputados sancionaron con 55 votos positivos, 3 negativos y 1 abstenciones una ley que busca condonar el pago del ABL e impuesto municipal para los comercios no esenciales, que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus.
A casi cuatro meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, la Legislatura de la Ciudad aprobó con 55 votos a favor, 3 en contra y 1 abstenciones una iniciativa del propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a través de la cual busca llevarle un alivio fiscal a los comercios no esenciales, los cuales vieron afectada su actividad a raíz de la pandemia.
La medida contó con el apoyo de VJ, GEN, FdT, PS, CF y UCR-Ev , el rechazo de FIT, PO y PTS y la abstención de AyL.
De esta manera, la normativa exime del pago del ABL, por los meses de junio y julio, a los comercios no esenciales, tales como inmobiliarias, locales gastronómicos -tales como restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías, casas de comida, heladerías, fast food, etc-, hotelería, alojamiento, pensiones, geriátricos, albergues transitorios y/ o moteles, entre otros comercios. No obstante excluye a los locales comerciales de las entidades financieras y las de cobro de pago de servicios y tributos.
Asimismo, también durante los mismos meses se condonará el impuesto al uso del espacio público para las actividades comerciales en la vía pública y también se avanzará con la prórroga de la suspensión de embargos, la cual se extiende hasta el 31 de agosto. Al mismo tiempo que el Banco Ciudad lanzará una serie de créditos con tasa fija del 12% y seis meses de gracia.
Es así que durante la sesión ordinaria de este jueves, el diputado del GEN Sergio Abrevaya explicó que “la caída de las PyMEs en la Ciudad es importante y nadie termina de calcularlo con certeza” y recordó que “hace tiempo que venimos pidiendo desgravaciones impositivas, tanto ABL como ingresos brutos”.
“Al menos sale el alivio de ABL por dos meses para aquellas actividades comerciales que no han podido trabajar en estos tiempos y, especialmente, logramos sumar salones fiestas y eventos, otro de los sectores que por largo tiempo no va a estar en actividad”, indicó y expresó su deseo de que “para adelante se trate el proyecto de eximición de pago de IIBB de las cuatro primeras categorías de monotributistas”.
Por su lado el legislador del Frente de Todos (FdT) Manuel Socias afirmó que “este proyecto llega tarde y no resuelve el problema de comercios y pymes. Ya de por sí, el ABL tiene poca incidencia en la estructura de costos de estos comercios” y advirtió que “vamos a votar a favor porque esto es mejor que nada. Pero claramente al Jefe de Gobierno le faltó audacia. Mientras que el Gobierno Nacional aporta 30.000 millones de pesos en este distrito solo considerando ATP e IFE, el Gobierno de la Ciudad compromete apenas 600 millones de pesos, 50 veces menos”.
“Esta falta de audacia no puede excusarse en la imposibilidad que tiene el distrito para emitir, ya que otras provincias e incluso municipios llevaron adelante políticas mucho más amplias”, completó.
Sobre esa misma línea, el trotskista Gabriel Solano (PO) advirtió que “acá no se hace ningún tipo de distinción entre una peluquería de barrio y grandes cadenas como Garbarino o Fravega, no hay ningún tipo de diferenciación por ingresos” y remarcó que “esto no alcanza para absolutamente nada”.
En contraposición el radical Juan Francisco Nosiglia (UCR-Ev) consideró que esta es una “buena iniciativa del Ejecutivo bien enfocada en los sectores que hoy están más comprometidos como son el comercio, la gastronomía y la hotelería” y detalló que “se trata de PyMEs que no desarrollan actividades esenciales y que generan el 70% del empleo registrado del sector privado y que emplearon a más de 300.000 personas en 2019 en la Ciudad”.
A su vez aseveró que “no es una solución definitiva a la crisis que atraviesa el sector pero llega en el momento en que muchos están decidiendo si seguir cuando se abra la cuarentena o bajar la persiana”.
Finalmente el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), aseveró que “estamos manejando esta crisis de la mejor manera posible y llevar alivio en la manera en la que podemos, la Ciudad no tiene una máquina para imprimir billetes como la Nación” y detalló que como coalición de Gobierno están “haciendo un esfuerzo muy importante, con el esfuerzo que están haciendo todos los porteños nosotros hemos reforzado el sistema de comidas para todos lo que lo necesitan”.
“Venimos demostrando que lo que necesitamos es un acompañamiento para poder seguir manejando esta crisis, queremos dar muchas más soluciones”, concluyó.
La Casa se reúne desde las 11.31 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que buscarán condonar el pago del ABL y el impuesto inmobiliario para ese tipo de locales. Además, analizarán una regulación para las apps de delivery.
Debido a la extensión del aislamiento social obligatorio durante más de 120 días, la Legislatura porteña se reúne desde las 11.31 en el Salón Dorado para llevar a cabo una sesión ordinaria en la que buscarán aprobar un proyecto de ley que impulsó el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que busca llevar un alivio fiscal a los comercios no esenciales, quienes vieron afectada su actividad debido a la pandemia del Covid 19.
Este alivio fiscal busca que los propietarios de locales comerciales o de servicios queden exceptuados de pagar la alícuota de impuesto a los Ingresos Brutos correspondientes a los meses de junio y julio del año en curso.
Por otro lado prevén avanzar con un marco regulatorio de las actividades de mensajería y reparto de alimentos a domicilio de alimento mediante el uso de motocicletas o bicicletas. “El objetivo de la propuesta es ordenar el desarrollo de la actividad, garantizar que se haga en términos seguros de movilidad” y crear un registro de quienes prestan estos servicios, se explicó en la Comisión de Tránsito y Transporte.
Además, entre otras tantas iniciativas, los legisladores prevén aprobar una iniciativa sobre “la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para fines de investigación y para ser usado como potencial agente terapéutico en el tratamiento de esta enfermedad”.
El proyecto es un texto consensuado entre varios bloques y propone legislar para que las autoridades sanitarias porteñas desarrollen “acciones para promover y apoyar los ensayos clínicos que tengan por objeto evaluar la seguridad y eficacia del uso del plasma de pacientes recuperados”.
Además, se considerará una iniciativa con despacho de la Comisión de Desarrollo Económico mediante la cual se propicia simplificar toda la tramitación administrativa referida a habilitación y verificación de locales comerciales y de servicios, eliminando pasos burocráticos que no se consideran imprescindibles.