El Senado bonaerense rechazó el pedido de desafuero del macrista Juan Pablo Allan que oportunamente realizó el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, en el marco de la causa que investiga el presunto funcionamiento de una “Mesa Judicial” durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Los legisladores aprobaron la resolución que tomó forma con la intervención del equipo de asesoramiento legal de la Cámara alta, en estrecha comunicación con la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La resolución fue aprobada, por más de dos tercios, en votación a mano alzada –sin utilizar el sistema electrónico, que torna la votación en nominal automáticamente, y sin público en los palco-; en principio, no tuvo votos negativos que se hayan explicitados, por el momento; y el propio senador Juan Pablo Allan votó su “no desafuero” de forma positiva.

En ese dictamen de la comisión de labor parlamentaria, los senadores en su conjunto se limitaron a sostener “no hacer lugar al pedido de desafuero” del magistrado con el agregado camporista de que “puede proceder a la citación indagatoria” del senador sin necesidad de la solicitud requerida.  

La Cámara legislativa evitó así, por impulso del oficialismo, dar un cerrado rechazo al desafuero, de forma tal que dio “certeza de que el magistrado está habilitado” a realizar la indagatoria del senador opositor.

Sucedió que los legisladores del oficialismo impulsaron públicamente la denuncia y la investigación judicial y ahora no pueden aparecer como negando, sin más, un desafuero solicitado por el Juez.

Situación por la cual se especuló que podría haber alguna fisura en el bloque del FdT que conduce la senadora Teresa García; se comentó por bajo que los senadores de La Cámpora podrían votar en disidencia del grueso de la bancada; luego de la sesión, aclararon que fue ese grupo de senadores el que introdujo la “declaración de certeza”.

“El pedido de desafuero no se corresponde con la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ni con nuestro reglamento interno”, aclaran desde cierto tecnicismo que siempre tiene múltiples interpretaciones.

Lo cierto es que hay un Código Procesal provincial y uno federal, la causa en la que está involucrado el senador Allan es una causa que se tramita en un juzgado Federal y por tanto se correspondería con la legislación nacional, donde se habilita la indagatoria de un legislador sin necesidad de sacar los fueros.

El tema es que la ley provincial, tal cual existe en la actualidad, no estaría permitiendo la posibilidad de avanzar en una indagatoria, tendría que ser desaforado para poder hacerlo, según la interpretación dominante que deambula en la legislatura provincial.

Así las cosas, la denominada “autorización no vinculante” que avanzó en el Senado es la forma que el oficialismo encontró para protegerse del supuesto sobreseimiento de Allan, que podría disponer el Juez ante la negativa a aprobar el desafuero. El bloque de Juntos se dio por hecho con la negativa y admitió los detalles como “cuestiones menores” que sumaron consenso.

A principios de enero, el Senado aprobó por unanimidad la autorización para que la Justicia federal de La Plata allanara el despacho de Allan, también en la causa que investiga la existencia de una “Mesa Judicial” que se dedicaba a “armar causas a sindicalistas”.

La formalidad administrativa será acompañada, en principio, por la totalidad de los senadores que integran las dos bancadas existentes, la de oficialistas y de opositores.

Si bien Allan ya había dado su consentimiento, la sesión especial convocada para este martes desde las 14 horas dará el aval formal del Senado bonaerense para el allanamiento que se desprende de la investigación de la “mesa judicial” que habría funcionado durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal.

El juez Kreplak notificó al Senado bonaerense que dispuso el ingreso de miembros de su juzgado a las oficinas de Allan por haber sido uno de los presentes en la reunión de 2017, en la que funcionarios de Vidal, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios acordaban el “armado” de causas para “perjudicar” a sindicalistas.

Si bien se trata de una autorización formal, el recinto de la Cámara de Senadores bonaerense se disparará el debate entre oficialistas y opositores sobre las denuncias cruzadas por la mesa judicial.

“Vamos a ir los 23 y votar todos juntos”, repiten desde la bancada opositora en el Senado bonaerense, aunque por tratarse de una sesión con un único tema, habrá poca presencialidad y mucha virtualidad.

Desde la justicia deslizaron que de autorizarse el allanamiento a la oficina del Allan el mismo se lleve adelante el miércoles de esta semana, aunque a nadie escapa que, a esta altura, se trata de una formalidad la inspección al despacho de Allan en el Senado bonaerense. Hace más de una semana que se viene esperando la autorización.

Cabe consignar que no se registran antecedentes recientes de que el Senado bonaerense autorice un allanamiento al despacho de un miembro del Cuerpo. Por el contrario, los últimos movimientos respecto de la ley de fueros se dieron en la Cámara de Diputados cuando el Cuerpo le negó el desafuero a uno de sus miembros.   

La vicegobernadora Verónica Magario no presidirá la sesión convocada ni asistirá al debate, por estar contagiada de Covid, según se anticipó desde la presidencia del Cuerpo.

“El bloque de senadores del FdT de la provincia de Buenos Aires, en cumpliento de un requerimiento del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se autoconvocó a una sesión el martes próximo, 11 de enero, a las 14.00, para tratar el pedido de acceso a las oficinas del legislador Juan Pablo Allan en el marco de una investigación que se lleva adelante sobre el supuesto armado de causas judiciales durante el gobierno de María Eugenia Vidal”, se consignó en un comunicado oficial de la bancada que conduce la senadora María Teresa García.

Tal como se viene informado el juez federal platense Kreplak “notificó al Senado que, como parte de las diligencias judiciales por él ordenadas, dispuso el ingreso de miembros de su juzgado a las oficinas del senador Allan por haber sido uno de los presentes en una reunión difundida mediante un video, que tomó estado público, cuyos términos generaron la causa judicial” a cargo del magistrado.

Los senadores del bloque oficialista, se esmeraron en detallar que “la Cámara de Senadores, conforme a las disposiciones constitucionales vigentes, en todo momento cumplió con los requerimientos del magistrado”.

Además, los senadores del bloque del FdT aclararon que nada impide al magistrado llevar adelante la acción solicitada, sino que “notificado el juez Kreplak de la autoconvocatoria del bloque para sesionar el martes, suspendió la medida de ingreso dispuesta hasta que su pedido se trate en el recinto”, y sea el “cuerpo en pleno” el que se expida sobre la cuestión.

Sucede que el senador de Juntos Juan Pablo Allan habría dispuesto que los auxiliares de la justicia puedan presentarse en su despacho y “rumores urgentes” dieron por hecho el allanamiento, para luego advertir algún impedimento por parte de las autoridades de la casa legislativa, al comprobarse que no se ha realizado ningún allanamiento hasta el momento.

Según los legisladores del bloque oficialistas Kreplak optó por esperar el pronunciamiento de los senadores reunidos en sesión especial autoconvocada para el próximo martes, y eso explicaría la inacción judicial. Cabe consignar, que la sesión autoconvocada no tiene garantizada su realización por el momento, pues será necesario la presencia de al menos un senador de Juntos para que pueda alcanzar el quorum reglamentario, en el caso que la totalidad de los senadores del FdT estén presente a la hora señalada.

En las últimas horas se supo que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso el allanamiento del despacho del senador provincial de Juntos Juan Pablo Allan.

El legislador platense presente en la reunión de junio de 2017 durante la cual espías, empresarios y exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal intercambiaron estrategias para “terminar” con dirigentes sindicales a través de causas armadas.

La convocatoria se da a conocer minutos después que el bloque de diputados del Frente de Todos brindarán una conferencia de prensa para presentar un proyecto para pedir el Juicio Político al procurador y denunciar la denomina “Mesa Judicial” que habría funcionado durante el gobierno de Vidal.

La encargada de difundir la noticia fue la presidenta del bloque del FdT, María Teresa García que consignó “Nuestro bloque ha ingresado para el día martes una respuesta al requerimiento del Juez Kreplak que es convocar al Cuerpo para tratar la situación del senador Juan Pablo Allan”.

Por cuenta separada, voceros de la bancada aseguraron que sería para el próximo martes a las 14 horas.

El juez Kreplak había solicita el allanamiento de las oficinas de Allan pero había pedido autorización al Senado para hacerlo. Pero la medida, informaron fuentes judiciales, fue ordenada luego de que el senador de la oposición consintiera el allanamiento.

De esa forma se evitó que Kreplak tuviera que aguardar una autorización de la Cámara alta de la provincia de Buenos Aires, que ya se encuentra en receso estival.  

De todas formas la senadora García insistió en la solicitud de una convocatoria por parte del bloque de la alianza de gobierno para sesionar el martes 11 de enero.

Los senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley que expresamente propone habilitar al gobierno de Axel Kicillof la comprar de vacunas Pfizer.

La iniciativa busca proveer vacunas para que todos los menores de 18 años que sufren patologías de salud severas puedan aplicárselas. La vacuna Pfizer es la única aprobada por la ANMAT para su utilización en esa franja de edad.

Se trata de un proyecto de ley presentado por el senador platense, Juan Pablo Allan, que apunta a brindarle la herramienta a la provincia, que actualmente no la tiene, para comprar esta vacuna que es la única habilitada por el ente regulador de Argentina (ANMAT), para que se apliquen a menores de 18 años con complejidades de salud. 

“Hay que resolver un problema humanitario que están padeciendo cientos de niñas, niños y adolescentes bonaerenses”, apuntó Allan; al tiempo que dijo que se trata de una “nueva herramienta, distintiva, por la que el Gobierno queda habilitado a la compra de las vacunas Pfizer para apuntalar a este sector que está absolutamente vulnerable y no está siendo protegido por el Estado provincial”.

“Esto nos plantea la necesidad de brindarle al Gobierno la herramienta legal para poder avanzar en la adquisición de la vacuna Pfizer, que hasta el momento, es la única que cuenta con la aprobación de la ANMMAT para ser usada en Argentina para menores de 18 años”, afirmó el legislador.

En ese punto, desde JxC señalaron que “si surgieran nuevas vacunas que cuenten con la aprobación de las autoridades para ser aplicadas en menores de 18 años, esta ley también serviría como herramienta legal”.

Asimismo, aclararon al mismo tiempo que esta ley “no tiene como objetivo la adquisición de una vacuna puntual, sino la protección de un grupo social extremadamente vulnerable”.

El Poder Ejecutivo provincial contaría entonces, de aprobarse esta ley, con el respaldo legal necesario y no tendría excusa alguna para no avanzar en negociaciones de compra de vacunas, herramienta que también recibió por medio de la ley 15.284 votada por unanimidad por el Senado, destinada a la adquisición de vacunas contra la COVID 19 en general.

“Lamentablemente las condiciones de salud de estos ciudadanos no se pueden solucionar de la noche a la mañana y en muchos casos quizás nunca ya que son patologías de por vida, sin embargo, si se puede evitar que contraigan esta enfermedad por medio de la vacunación”, afirmó Allan.

De ese modo, a partir de esta normativa, la provincia “tiene entonces la posibilidad de ser pionera en este tema y avanzar de forma rápida y contundente en la inmunización de este grupo poblacional tan vulnerable y al mismo tiempo tan olvidado”.

En las últimas horas se conoció que el senador bonaerense Juan Pablo Allan dio positivo en el test de Covid-19.

Aunque el legislador platense se encuentra aislado y en buen estado de salud, en la Cámara alta de la provincia preocupan los contactos estrechos que haya podido generar.

Cabe recordar que Allan fue uno de los 11 legisladores que sesionaron de manera presencial en el día de ayer, para tratar la solicitud del gobernador Axel Kicillof para que provincia pueda negociar por vacunas por su cuenta, sin tener que depender del ejecutivo nacional.

Los otros diez legisladores presentes en el recito fueron Gervasio Bozzano, Gustavo Traverso, Francisco “Paco” Durañona, José Luis Pallares y Alfredo Fisher por el Frente de Todos.

Mientras que por Juntos por el Cambio, estuvieron físicamente en el recinto el presidente del bloque Roberto Costa, Andrés De Leo, Alejandro Cellillo, Felicitas Beccar Varela y Elisa Carca, además de la presidenta del Senado bonaerense Verónica Magario junto al secretario administrativo, Roberto Feletti, y el secretario legislativo, Luis Rolando Lata.

Tanto el edificio central del Senado como el anexo de Calle 49 permanecerán cerrados durante 48 horas para llevar a cabo la desinfección pertinente para estos casos, tal como indica el protocolo.

Además, el día lunes, hace menos de 48 horas, el legislador Allan había realizado una recorrida por Brandsen junto a la actual titular del Pro Argentina y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En el edificio anexo del Senado, donde el senador bonaerense tiene su oficina, el pasado martes estuvieron además de algunos de los legisladores nombrados también los senadores opositores Leandro Blanco, Emiliano Reparaz, Farquharsos Owen Fernández, Lorena Petrovich, Lucas Fiorini y Aldana Ahumada; además de unos 100 empleados que registraron su ingreso ese día.

“Habiendo tomado conocimiento de que el senador de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan dio positivo de Covid y participó ayer de la sesión especial, el Senado bonaerense activó todos los protocolos correspondientes para evitar nuevos contagios”, se informó oficialmente desde el Senado.     

Tras los incidentes en el predio de Guernica, o incluso la situación que se da en el “tambo tomado” entre la ciudad de Guaminí y el Balneario Cochicó, del partido de Guaminí; las tomas de tierras, urbanas y rurales, continúan siendo una problemática en ascenso que necesitaría una rápida respuesta por parte del Gobierno provincial, según entienden los impulsores de las modificaciones.

En la principal fuerza de la oposición la que viene trabajando en la temática y ha logrado el consenso con el oficialismo para que en la sesión de este jueves se apruebe por unanimidad el proyecto presentado por los senadores Juan Pablo Allan y Leandro Blanco. Luego será el turno de Diputados para proseguir con el trámite parlamentario.

Ante la necesidad de corregir “la lentitud de los mecanismos procesales” y evitar que las usurpaciones “se consoliden”, es que se presentó esta iniciativa que propone modificar el artículo 231 del Código Procesal Penal.

Los legisladores entienden que en la normativa vigente se complejiza el modo en que se concretan las tomas de terrenos, y todas las medidas y acciones dilatorias, que

permiten una mayor permanencia y hasta la venta de tierra en forma irregular, “a las otras víctimas del mismo delito”.

A través de esta modificación, el fiscal, la víctima o el particular damnificado podrán solicitar al juez la restitución del inmueble y esto deberá resolver la restitución de la posesión o tenencia del inmueble cuando el derecho fuera verosímil, en un plazo de 72 horas.

Así, la norma cuya modificación se postula, prevé expresamente la restitución del inmueble en casos de usurpación, colocando bajo responsabilidad del juez competente la disposición del reintegro provisional e inmediato de la posesión o tenencia del bien inmueble que haya sido objeto del delito de usurpación.

También se señala que, más allá de los elementos aportados, los senadores estarían buscando dar “una señal clara a la Justicia y al Gobierno provincial en aras de proteger el derecho de propiedad, y desalentar a su vez que este delito siga en crecimiento”, en una provincia que sufrió usurpaciones de 4.300 hectáreas solamente entre los meses de julio y agosto.

El senador Leandro Blanco, autor del proyecto detalló que se “busca otorgarle a la Justicia las herramientas necesarias para que resuelva rápida y eficazmente las solicitudes de restitución de inmuebles”.

“Hay que ser categóricos: la usurpación es un delito y como tal exige que el Estado actúe; reconocemos que hay un problema habitacional, pero tolerar la toma de tierras no soluciona el problema, sino que lo agrava”.

Además, agregó que “asimismo, en muchos de esos lotes se iban a construir viviendas, urbanizaciones y espacios públicos, proyectos cercenados por las usurpaciones”.

“Es imposible pensar en una convivencia democrática en paz sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley”.