Los senadores bonaerenses respondieron así al requerimiento del Juzgado Federal n° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, en el marco de la causa que investiga la “Mesa Judicial” que habría funcionado durante el gobierno de María Eugenia Vidal para encarcelar a gremialistas opositores.

De la sesión especial para aprobar el allanamiento a las oficinas de Allan participaron los 46 senadores bonaerenses, de los cuales 14 estuvieron presentes en el recinto y los otros 32 participaron de manera remota.

Así, el Senado bonaerense aprobó por unanimidad la moción realizada por el jefe de bloque de Juntos, Cristian Gribaudo, en respuesta a la solicitud del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, para allanar las oficinas del representante de Juntos en la Cámara alta, Juan Pablo Allan.

Con el voto de la totalidad de los integrantes del Cuerpo, quedó limitada parcialmente y al solo efecto de este requerimiento la inmunidad parlamentaria de la que goza el senador platense Juan Pablo Allan que le proporcionan los fueros parlamentarios.

Se trata de un “desafuero parcial” y al “solo efecto” de los requerido por lo que se autoriza el allanamiento requerido y rompe con una tradición bonaerense de mantener los fueros parlamentarios ante los pedidos de la Justicia.

Así se autoriza a la recolección de toda documentación en formato papel o físico que se encuentre disponible en el despacho del senador y que se relacione con la puesta en marcha de una estrategia para armar causas judiciales contra sindicalistas opositores. También se habilitó secuestrar dispositivos electrónicos para su posterior peritaje. Se detalló que allanamiento a las oficinas del Senado estará a cargo de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina.

El debate en el recinto tuvo algún inconveniente técnico por lo que algunas alocuciones no se pudieron seguir por la prensa, caso la primera intervención del jefe de la bancada de Juntos Christian Gribaudo y la de la senadora también opositora Nidia Moirano; ambos participantes de manera virtual.

El debate fue cerrado, tal como es práctica usual, por la presidente del bloque del FdT, la senadora María Teresa García que responsabilizó a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al expresidente Mauricio Macri por armar “una mesa judicial para perseguir, hostigar y encarcelar a dirigentes sindicales desde el aparato del Estado”.

García además agradeció la presencia virtual del senador Allan aunque consignó que “me hubiese gustado escucharlo porque no hay nada más saludable que diga algo que humanice la acción de un senador de este Cuerpo, seguramente cuando me lo cruce le haga las preguntas que le quiero hacer”.

“Es una jornada histórica, es la primera vez que se aprueba un allanamiento en el Senado bonaerense. Quiero resaltar la disposición de Juan Pablo Allan y del bloque de Juntos, creemos que los fueros no son un lugar para esconderse”, dijo el primer opositor que se pudo escuchar Alejandro Rabinovich.

“Venimos a este recinto por la manda de un juez, soy parte de los damnificados, mi organización sufrió la intervención con 150 gendarmes y 10 carros de asalto. Fue el intento por disciplinar al movimiento sindical. Hubo un plan sistemático, la mesa judicial no fue obra de la casualidad”, cuestionó el senador del FdT Omar Plaini, histórico referente sindical de los canillitas.

Al término de la sesión los senadores del oficialismo que estuvieron físicamente presentes en el recinto realizaron una conferencia de prensa donde entre otras cuestiones el senador José Luis Pallares afirmó que la voluntad de la bancada del gobierno es que “la mayor cantidad de ciudadanos sepan los que pasó”.

“En los años más tristes de la dictadura hubo un plan sistemático de desaparición de personas y de persecución de sindicatos. Esta mesa no hace otra cosa que replicar esa lógica de persecución y hacer daño”, detalló el senador massista, José Luis Pallares.

Así finalmete se completó el tramite de aprobación del requerimiento, tras conocerse la participación del senador bonaerense en una reunión encabezada por el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en la que se busca “determinar el armado de expediente contra sindicalistas opositores”.

El juez Kreplak notificó al Senado que dispuso el ingreso de miembros de su juzgado a las oficinas de Allan por haber participado de dicho encuentro realizado el 15 de junio de 2017.

Las grabaciones que tomaron estado público y motivaron esta denuncia fueron aportadas por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

La formalidad administrativa será acompañada, en principio, por la totalidad de los senadores que integran las dos bancadas existentes, la de oficialistas y de opositores.

Si bien Allan ya había dado su consentimiento, la sesión especial convocada para este martes desde las 14 horas dará el aval formal del Senado bonaerense para el allanamiento que se desprende de la investigación de la “mesa judicial” que habría funcionado durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal.

El juez Kreplak notificó al Senado bonaerense que dispuso el ingreso de miembros de su juzgado a las oficinas de Allan por haber sido uno de los presentes en la reunión de 2017, en la que funcionarios de Vidal, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios acordaban el “armado” de causas para “perjudicar” a sindicalistas.

Si bien se trata de una autorización formal, el recinto de la Cámara de Senadores bonaerense se disparará el debate entre oficialistas y opositores sobre las denuncias cruzadas por la mesa judicial.

“Vamos a ir los 23 y votar todos juntos”, repiten desde la bancada opositora en el Senado bonaerense, aunque por tratarse de una sesión con un único tema, habrá poca presencialidad y mucha virtualidad.

Desde la justicia deslizaron que de autorizarse el allanamiento a la oficina del Allan el mismo se lleve adelante el miércoles de esta semana, aunque a nadie escapa que, a esta altura, se trata de una formalidad la inspección al despacho de Allan en el Senado bonaerense. Hace más de una semana que se viene esperando la autorización.

Cabe consignar que no se registran antecedentes recientes de que el Senado bonaerense autorice un allanamiento al despacho de un miembro del Cuerpo. Por el contrario, los últimos movimientos respecto de la ley de fueros se dieron en la Cámara de Diputados cuando el Cuerpo le negó el desafuero a uno de sus miembros.   

La vicegobernadora Verónica Magario no presidirá la sesión convocada ni asistirá al debate, por estar contagiada de Covid, según se anticipó desde la presidencia del Cuerpo.

“El bloque de senadores del FdT de la provincia de Buenos Aires, en cumpliento de un requerimiento del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se autoconvocó a una sesión el martes próximo, 11 de enero, a las 14.00, para tratar el pedido de acceso a las oficinas del legislador Juan Pablo Allan en el marco de una investigación que se lleva adelante sobre el supuesto armado de causas judiciales durante el gobierno de María Eugenia Vidal”, se consignó en un comunicado oficial de la bancada que conduce la senadora María Teresa García.

Tal como se viene informado el juez federal platense Kreplak “notificó al Senado que, como parte de las diligencias judiciales por él ordenadas, dispuso el ingreso de miembros de su juzgado a las oficinas del senador Allan por haber sido uno de los presentes en una reunión difundida mediante un video, que tomó estado público, cuyos términos generaron la causa judicial” a cargo del magistrado.

Los senadores del bloque oficialista, se esmeraron en detallar que “la Cámara de Senadores, conforme a las disposiciones constitucionales vigentes, en todo momento cumplió con los requerimientos del magistrado”.

Además, los senadores del bloque del FdT aclararon que nada impide al magistrado llevar adelante la acción solicitada, sino que “notificado el juez Kreplak de la autoconvocatoria del bloque para sesionar el martes, suspendió la medida de ingreso dispuesta hasta que su pedido se trate en el recinto”, y sea el “cuerpo en pleno” el que se expida sobre la cuestión.

Sucede que el senador de Juntos Juan Pablo Allan habría dispuesto que los auxiliares de la justicia puedan presentarse en su despacho y “rumores urgentes” dieron por hecho el allanamiento, para luego advertir algún impedimento por parte de las autoridades de la casa legislativa, al comprobarse que no se ha realizado ningún allanamiento hasta el momento.

Según los legisladores del bloque oficialistas Kreplak optó por esperar el pronunciamiento de los senadores reunidos en sesión especial autoconvocada para el próximo martes, y eso explicaría la inacción judicial. Cabe consignar, que la sesión autoconvocada no tiene garantizada su realización por el momento, pues será necesario la presencia de al menos un senador de Juntos para que pueda alcanzar el quorum reglamentario, en el caso que la totalidad de los senadores del FdT estén presente a la hora señalada.

Eduardo Cáceres, el diputado del Pro por la provincia de San Juan que fue denunciado por violencia de género, se puso a disposición de la Justicia e hizo que la Cámara baja aprobara una moción para que el juez de la causa pueda allanar su domicilio u oficinas, aunque conservará los fueros.

Cáceres fue denunciado por su expareja, la dirigente sanjuanina del Gimena Martinazzo, quien dijo haber sido víctima de agresiones psicológicas y posteriormente, físicas.

A pedido del propio diputado, y ante la sorpresa de Sergio Massa, la Cámara baja avaló (a mano alzada) que el juez de la causa pueda ordenar (sin autorización de la Cámara) un allanamiento a su domicilio y oficinas, con el fin de someterse íntegramente a la investigación.

De todos modos, Cáceres conservará sus fueros como diputado nacional, ya que éstos pertenecen al cuerpo y solo puede despojarse de ellos por la vía de un desafuero pedido por un juez.

“En Argentina cada 26 horas muere una mujer, es un tema terriblemente sensible y muy peligroso que puede ser utilizado muchas veces por bronca, despecho o con una finalidad política”, arrancó Cáceres, conectado a la sesión de forma virtual.

El legislador advirtió que “hay muchos hombres que son víctimas de violencia física, psicológica, porque no se atreven a denunciar, ni siquiera a contarlo”, e incluso afirmó que “hay suicidios” por ese tema.

A continuación, alertó que su expareja es motivada por un interés político, ya que lo sucedió en la lista de diputados de 2017. “Mi banca me la gané con el voto de los sanjuaninos”, se defendió.

Cáceres reconoció que Martinazzo “fue una compañera de vida y de la política”, a quien tuvo “muchísimo cariño”, pero sostuvo que “esto genera un precedente; no puede ser que una simple denuncia defenestre una imagen”.

“No quiero que una Justicia envuelta en fueros sea la que me absuelva, porque no tengo absolutamente nada que ver con los delitos que se me están imputando”, enfatizó, y pidió que su caso “sirva como una bandera para otros hombres” que, por ejemplo, “no pueden ver a sus hijos”.

Cáceres finalizó: “Estoy pidiéndole a este cuerpo que me acompañe y me autorice en las prerrogativas del artículo 1 de la Ley de Fueros a que yo pueda presentarme ante la Justicia”.

Para aclarar el pedido de su compañero de bloque intervino Silvia Lospennato, quien aclaró que según la Ley de Fueros, para realizar un allanamiento el juez debe requerir autorización a la Cámara baja, por lo que Cáceres busca saltear esa instancia.

Lospennato explicó que el acusado pretende “que el juez pueda cumplir con todas las diligencias que entienda necesarias para el avance de la causa”.

Luego tomó la palabra Graciela Caselles (Frente de Todos-San Juan), quien calificó de “coherente” la decisión de Cáceres y admitió que tenía pensado, además, pedir que el denunciado se tomara licencia mientras dure la investigación.

Caselles recordó que la denunciante “se sometió a las pericias y a las indagatorias mostrando señales de violencia física y habiéndose animado, a pedido de su propia hija, a decir ‘basta’ a esas situaciones violencia primero psicológica y después física”.

“Este debe ser un llamado de atención a construir una sociedad más justa e igualitaria, para seguir luchando por los derechos de las mujeres y hombres a no sentirse violentados”, aseveró la diputada, y finalmente concluyó que “la investigación debe ser muy profunda”.

La investigación no comenzó de oficio, aclararon fuentes judiciales este viernes luego de que el Partido Justicialista bonaerense saliera a calificar de “experimento con connotaciones circenses” el allanamiento del jueves a la quinta de Mauricio Macri, negando que la denuncia hubiera sido hecha por la Municipalidad de Malvinas Argentinas que conduce Leonardo Nardini.

Poco después la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a replicar ese comunicado, calificando de “fake” la información sobre el allanamiento.

“Los peronistas no andamos con gorra y uniforme soplándole a la Justicia infracciones o delitos de nuestros oponentes”, dijo el PJ bonaerense.

Sin embargo desde la Justicia salieron a aclarar que el juez no actuó de oficio, sino que hubo una denuncia judicial y la misma tuvo origen en la municipalidad de Malvinas Argentinas, donde está asentada la quinta Los Abrojos.  

Se hizo eco el presidente del interbloque Juntos por el Cambio Mario Negri, quien señaló por Twitter que “el PJ bonaerense y Cristina te quieren hacer creer que Mauricio Macri se ‘autoallanó’, pero otra vez el dato les mató el relato. El secretario de Seguridad de Malvinas Argentinas fue quien hizo la denuncia a la Policía (documento obtenido por @todonoticias) Tienen la gorra puesta”, expresó con ironía.

La diputada nacional Cecilia Moreau negó que el allanamiento practicado en la quinta del expresidente Mauricio Macri el jueves pasado haya sido impulsado desde el Gobierno y, por el contrario, habló de “operación de autoallanamiento”.

Para Moreau, “el macrismo está queriendo instalar la idea de que existe persecución política en su contra. Los autodenominados defensores de la República insinúan que el Gobierno nacional mandó a allanar la casa del expresidente Mauricio Macri evidenciando que siguen sin entender la división de poderes”.

A través de un comunicado titulado “La evidente operación del autoallanamiento”, Moreau le apuntó al expresidente al señalar que “Macri tiene causas judiciales en curso por sus negociados favoreciendo a su familia en peajes, parques eólicos, Correo Argentino. También es investigado por las  escuchas ilegales y por armar una red de espionaje ilegal”. Por esas razones se preguntó: “¿Y nos quieren hacer creer que el juez Juan Manuel Culotta, que fue parte de sus equipos de trabajo y parte del grupo de amigos del Cardenal Newman, lo manda a allanar a instancias del gobierno por violar la cuarentena?”

“Es inaudito, nos quieren tomar por tontos. Se notan demasiado los hilos”, concluyó.

Juntos por el Cambio respaldó al ex secretario personal del expresidente Mauricio Macri, Darío Nieto, cuya casa fue allanada en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal, en tanto que acusaron al oficialismo de buscar “todas las formas posibles involucrar judicialmente a exfuncionarios de Cambiemos en causas de corrupción”.

Por medio de un comunicado de prensa, la coalición opositora expresó su “tranquilidad”, puesto que, indicaron, “creemos en la integridad moral de Darío y confiamos en que la Justicia demostrará que es inocente”.

“Sí nos preocupa que, mientras la sociedad está angustiada por la pandemia, un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político, con el aparente objetivo de conseguir la impunidad de ex funcionarios procesados o condenados por corrupción”, puntualizaron.

Y agregaron: “Esto ocurre, además, en medio de una serie de atropellos institucionales, que van de la escandalosa última sesión del Senado y los superpoderes presupuestarios, hasta un intento de expropiación inconstitucional, y la discriminación a las provincias gobernadas por nuestra fuerza política, entre otros”.

Bajo esta línea, Juntos por el Cambio explayó que, desde principios de año, el kirchnerismo “buscó de todas las formas posibles involucrar judicialmente a exfuncionarios de Cambiemos en causas de corrupción”, aunque “no encontró nada, por la sencilla razón que nuestro gobierno fue transparente y honesto”.

“Juntos por el Cambio está unido en defensa de las instituciones democráticas y en ponerle un freno a los intentos de algunos de decirle a la sociedad que todos los políticos son igual de corruptos. No es así”, añadieron.

Bajo la firma del mismo Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; el titular del radicalismo, Alfredo Cornejo; la del Pro, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro y Miguel Pichetto, el documento finaliza diciendo: “Como siempre, creemos en el Estado de Derecho y colaboraremos con la Justicia en lo que haga falta, más allá de cualquier atropello o tergiversación de la verdad. Y confiamos en que finalmente se hará justicia”.

La nota lleva también las firmas de Jorge Macri, Diego Santilli, Mario Negri, Marcos Peña, Luis Naidenoff, Fernando de Andreis, Eduardo Macchiavelli, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni, Álvaro González, Oscar Aguad, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Jorge Faurie, Alejandro Finocchiaro, Germán Garavano, Luis Miguel Etchevehere y Federico Pinedo.