La iniciativa fue presentada por la cordobesa radical Soledad Carrizo, quien además resaltó que la Ley de Alquileres “ha mostrado profundas insuficiencias”.
Con el acompañamiento de varios diputados de Juntos por el Cambio, la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto a través del cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a la Cámara de Diputados sobre la implementación del Programa Nacional de Alquiler Social.
Puntualmente, la iniciativa pide información sobre el estado de implementación del programa en cuestión, indicando cantidad de beneficiarios alcanzados y acciones que actualmente se están ejecutando. Además, que se informe detalladamente cuáles son las acciones y medidas que el Estado Nacional lleva adelante para asegurar el cumplimiento de las medidas del mencionado programa. También, se solicitan datos acerca de si existen requerimientos o peticiones administrativas o causas judiciales dirigidas al organismo rector mediante las cuales se ha solicitado el cumplimiento y aplicación de las medidas de implementación y si existe un relevamiento de datos oficiales sobre la cantidad de personas destinatarias del mismo.
Finalmente, el proyecto requiere datos acerca de si existen acuerdos o convenios de entendimiento y colaboración suscriptos con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos derivados de la relación.
Tras el encuentro que se realizó este jueves entre legisladores de Juntos por el Cambio y diversos sectores involucrados en la Ley de Alquileres, Carrizo consideró que la norma, proyectada como una herramienta protectoria para el creciente universo de locatarios en el país, “ha mostrado profundas insuficiencias y problemática derivadas de su aplicación en un contexto de imprevisión económica para las partes contratantes”.
“Desde su sanción, la utilidad de esta ley ha sido puesta en debate por los efectos indirectos que ha traído aparejado, provocando como consecuencia una suba de precios en los contratos, una disminución de la oferta de inmuebles disponibles para alquiler y una migración hacia su venta, con más el incumplimiento de varios puntos de la ley que han quedado virtualmente desnaturalizados”, agregó la legisladora cordobesa.
Y explicó que “a esta problemática habitacional de naturaleza estructural, se suman especiales condiciones de vulnerabilidad de determinados sectores poblacionales que sufren aún más el deficiente acceso a la vivienda propia y la inestabilidad de la economía argentina, y que los impulsa a concertar acuerdos de alquileres precarios, informales e inseguros”.
“Dadas las dificultades para acceder a información oficial sobre este tema, y la ausencia de datos que permitan llevar adelante un trabajo legislativo de rigor en materia habitacional, solicitamos a través de este proyecto, se expida con claridad y el mayor detalle posible para conocer los resultados alcanzados y valorar la necesidad de una reforma normativa que contemple la problemática referenciada”, finalizó.
El proyecto fue acompañado por sus pares Hugo Romero, Ximena García, Rodrigo De Loredo, Mariana Stilman, Lidia Ascárate, Leonor Martínez Villada, Graciela Ocaña, Gabriela Lena y Rubén Manzi.
Se trata del proyecto aprobado en Diputados en noviembre del año pasado. Desde el propio oficialismo sugirieron modificaciones.
El proyecto de ley de alquileres recibió este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Ana Almirón (Frente de Todos), y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque no se descarta que reciba modificaciones.
Se trata de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, que extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Según este proyecto, el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad de inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o fiador solidario, o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
Si bien el texto dictaminado fue el mismo de la media sanción, hubo planteos por parte de los propios senadores oficialistas, entre ellos el chubutense Mario Pais, que apuntó al artículo 14 del proyecto, el cual establece el mecanismo de actualización de los montos.
Allí se indica que en los contratos de locación de inmuebles para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.
“Como está redactada la norma, se establece que el valor del alquiler debe mantenerse por doce meses y al año se puede actualizar. Se puede interpretar que el primer año se mantendría el valor, pero luego se permitiría establecer una cláusula gatillo mensual”, dijo Pais.
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Por otra parte, Ernesto Martínez (Pro) apuntó que “socialmente, hoy estamos bien cubiertos por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo que evitan los desalojos” por falta de pago del alquiler.
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) coincidió en que “los términos del DNU expresan la comprensión de la particular situación por la que están atravesando los inquilinos”, pero consideró que “hay que acompañar con legislación”.
La rionegrina Silvina García Larraburu, autora de un proyecto que se aprobó en el Senado en 2016 pero que la Cámara baja nunca debatió, aportó: “Es lamentable que el proyecto estuviera tanto tiempo en Diputados. Esta ley no es la ideal pero sí hay que darle dictamen para proteger a las 9 millones de personas que vienen bregando por una ley de alquileres”.
En tanto, las senadoras del Frente de Todos Eugenia Catalfamo y Beatriz Mirkin, así como la misionera Magdalena Solari Quintana, plantearon la necesidad de incluir en el Programa de Alquiler Social a los jóvenes, ya que en el proyecto se contempla solo a adultos mayores y víctimas de violencia de género.
En la reunión virtual de la Comisión de Legislación General también obtuvo dictamen favorable un proyecto de ley del oficialista Oscar Parrilli que suspende por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La iniciativa modifica una ley aprobada durante la gestión de Mauricio Macri destinada a agilizar la conformación de empresas. El objetivo, explicó Parrilli, es “no permitir que un mecanismo de la promoción del capital emprendedor sea mal utilizado y tergiversada la voluntad del legislador”.
En el lapso de seis meses, las SAS que ya fueron creadas deberán ratificar su inscripción ante la IGJ (Inspección General de Justicia) cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias tienen sus propios registros de sociedades.
El neuquino advirtió que las empresas así constituidas “tenían un capital social irrisorio, un objeto social vago y general, no había garantías de respaldo o funcionamiento, ausencia de legalidad, no tenían obligación de presentar balances ante la IGJ y hasta podían hacer oferta pública de sus acciones”.
“Lo que ocurrió desde 2017 fue una catarata de inscripciones que no tienen que ver con la actividad de los emprendedores”, expresó.
Además, aseguró que las SAS “se usaron con fines diferentes a los que decía la ley, como compra de inmuebles” y deslizó que “no sabemos si fueron para blanquear dinero porque grupos narcos habían constituido estas sociedades en la provincia de Santa Fe”.
Los senadores de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y pidieron una semana más para estudiarlo, alegando que las modificaciones anunciadas por Parrilli fueron dadas a conocer minutos antes del inicio de la videoconferencia.
