Proponen distribuir 100 mil subsidios temporarios para alquileres de viviendas

Por ley buscan crear el Subsidio Temporario de Alquiler de Vivienda en la provincia de Buenos Aires para responder a la “actual crisis habitacional”.

El senador provincial Marcelo Daletto presentó un proyecto de Ley para crear el Subsidio Temporario de Alquiler de Vivienda en la provincia de Buenos Aires y dijo que “Este programa es la mejor respuesta posible para solucionar la actual crisis habitacional”.

“Según datos existentes el déficit habitacional de la provincia asciende a 1.000.000 de hogares, esto se divide en la falta de 400 mil viviendas nuevas, conocido como déficit cuantitativo, y 600 mil viviendas que son insuficientes porque carecen de servicios básicos o están construidas con materiales débiles. Estos últimos casos son conocidos como déficit habitacional”, explicó el Legislador.

Y prosiguió: “la única respuesta del Estado a esta problemática ha sido la construcción de viviendas. Y varios factores como la ineficiencia del Estado, el permanente estado inflacionario de la economía argentina, los bajos presupuestos en infraestructura y la corrupción, entre otras cosas, han hecho insuficiente esta respuesta”.

A modo de ejemplo el legislador consideró que, en la provincia de Buenos Aires, “en los últimos 3 años, se han entregado solo 1.500 viviendas; quiere decir que, si a partir de ahora la economía argentina soluciona el problema y no aumenta el déficit habitacional, necesitaríamos 800 años para cubrir la falta de 400 mil viviendas a razón de 500 viviendas al año”.

“Por eso nuestra propuesta es que el Estado bonaerense entregue 100 mil subsidios temporarios de alquiler para la vivienda generando una solución agresiva e inmediata al déficit, y posible desde el punto de vista presupuestario bonaerense”, manifestó.

“Si tomamos los datos presupuestarios al inicio del año, donde la Provincia contaba con una partida de 500 mil millones de pesos para infraestructura y el valor de la UVI era de $171,93, siendo necesario para este programa 3.600 UVIs anuales en promedio por beneficiario y 360 millones de UVIs para los 100 mil beneficiarios, da un valor de 62 mil millones de pesos. Es decir, que con el 12% del presupuesto para infraestructura se soluciona esta problemática”, sostuvo Daletto.

Y agregó que “cada subsidio tendrá un valor máximo de 400 UVIS, que al valor de hoy de $284,38 por UVI, conforman un monto de $114 mil mensuales. Asimismo, se contempla autorizar al Poder Ejecutivo a reducir estos montos para aquellas regiones donde los valores del alquiler son menores”, detalló el senador.

Asimismo, Daletto dijo que “este subsidio será temporario ya que solo se podrá percibir por 6 años y también será decreciente. Es decir que se cobrará al 100% durante los 2 primeros años; un 80% al tercer año; un 60% al cuarto año; 40% al quinto año, y por último 20% al sexto año. Esto es así, ya que uno de los requisitos del programa es la voluntad del que reciba el beneficio de ir generando el ahorro para solucionar por sí mismo este problema, ya sea para adquirir la vivienda o seguir alquilando por su cuenta”.

El senador de Juntos por el Cambio Marcelo Daletto, autor de la iniciativa.

Y añadió que “para evitar la arbitrariedad en la entrega de subsidios existirá un índice para distribuirlo entre los 135 municipios, compuesto por la población y el índice de necesidades insatisfechas de cada municipio”.

Según el proyecto de ley existirá para cada caso un “Registro de inscripción que automáticamente otorgará un puntaje y un orden de preferencia teniendo en cuenta la presencia de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad en el núcleo familiar, presencia de personas a cargo del postulante mayores de 70 años de edad, si el postulante o su conviviente sean personal de las fuerzas de la Policía, docente o de la salud”.

El legislador sostuvo además que “el procedimiento es sencillo, una vez completada la inscripción, los preadjudicados tendrán 90 días para alquilar; el dinero será depositado directamente en la cuenta del locador, debiendo el locatario complementar la diferencia si la hubiere”.

Y dijo que “este programa soluciona problemas actuales del mercado inmobiliario como la falta de oferta y también reduce los pedidos de garantía porque el propietario gana la seguridad que significa el depósito mensual del Estado”.

Para finalizar, Daletto agregó que “es importante aclarar que esto es una emergencia mientras dure este estado inflacionario que impide el crédito hipotecario, única solución mundial para la adquisición de vivienda. Por otro lado, esto no es un invento argentino, ya que países como EEUU y Chile utilizan este programa para todas las personas que no pueden acceder al crédito”.

Crisis habitacional: advierten que en la Ciudad hay 200 mil viviendas ociosas

Así se desprende del informe “La vivienda ociosa y el impacto de la Ley de Alquileres en la Ciudad” que se presentó en la Defensoría del Pueblo porteña, en la que se analiza el impacto de la implementación de dicha norma y la demanda de alquileres.

Días después de que la Legislatura de la Ciudad aprobara un paquete de medidas que buscarán fomentar el acceso al alquiler, se presentó en la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires el informe “La vivienda ociosa y el impacto de la Ley de Alquileres en la Ciudad de Buenos Aires”, en el que se advirtió que ya hay unas 200 mil viviendas ociosas en el distrito capitalino.

La investigación fue producida en conjunto entre la Defensoría del Pueblo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social Urbano (CEDESU), área de trabajo de la Fundación Igualdad. La presentación contó con la presencia de la Defensora de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños;  el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT) y director de la Fundación Igualdad, Itai Hagman; y Bruno Giormenti Moravec, coordinador del informe e integrante del CEDESU.

El informe fue presentado por Giormenti, que hizo un repaso de los puntos más destacados de la investigación, quien además puntualizó que las viviendas vacantes ya son 200 mil en la Ciudad, las tendencias recientes y de largo plazo de la oferta y demanda de los alquileres, los impactos de la Ley de la implementación y algunos interrogantes para el debate.

Por su parte Hagman centró su intervención en la producción de este tipo de trabajos para pensar en el desarrollo de la Ciudad: “no puede ser el parámetro del progreso de la ciudad solamente la valorización del metro cuadrado; tenemos que tener capacidad de construir otros criterios para medirlo. Yo quiero vivir en una ciudad en donde ‘progreso’, ‘modernidad’ y ‘desarrollo’ quieran decir que cada uno tenga el derecho y el acceso a la salud, la educación y la vivienda”, advirtió.

En tanto Muiños planteó que “el problema de acceso a la vivienda en las metrópolis suelen ser multicausales, y es deber de los gobiernos locales garantizar los derechos consagrados en la constitución. Y debe hacerlo a partir de las decisiones y la planificación de una ciudad inclusiva y segura para la mayoría de sus habitantes”. 

Cabe recordar que el informe en cuestión plante que en cinco años las viviendas ociosas crecieron un 45%, llegando a más de 200 mil unidades. Además se detectó que “la Ley de Alquileres no es la causa de la baja en la oferta de nuevos avisos de alquiler, que vienen en retroceso en la Ciudad desde mucho tiempo atrás, así como tampoco puede adjudicarse a esta legislación al aumento en los precios, que como descubrimos, se encuentran en términos reales por debajo de su valor de hace cinco años”.

“La situación de la vivienda en la Ciudad es absolutamente crítica y la política pública en la materia debe dar un golpe de timón. Es fundamental que el Estado nacional y local recuperen su capacidad de rectoría sobre el problema habitacional, desarrollando capacidades para generar mejores regulaciones para poder garantizar un derecho humano básico como el derecho a un techo para vivir”, concluye el documento.

Por la crisis habitacional, proponen crear un banco de viviendas públicas en la Ciudad

Se trata de una propuesta del FdT a través de la cual se buscará ampliar la oferta de viviendas disponibles para alquiler a precios asequibles.

En medio de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y la fuerte disparada de los precios del alquiler, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual se buscará crear un banco de viviendas públicas, a fin de ampliar los inmuebles en renta a precios asequibles.

La iniciativa de autoría de Manuel Socías (FdT) plantea la creación de un “alquiler protegido”, para lo cual se buscará fijar el precio del mismo en no más del 30% del ingreso declarado por el grupo familiar. Además, en caso de que el texto sea aprobado, no se exigirán pagos de alquileres anticipados ni de depósitos en garantía, a la vez que se habilita la posibilidad de ofrecer una declaración jurada en concepto de garantía.

El proyecto establece que formarán parte del banco de viviendas todos aquellos inmuebles provenientes de herencias vacantes, de contraprestaciones de convenios urbanísticos, del pago en concepto del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable; entre otros.

Además se prevé que la Autoridad de aplicación establezca prioridades entre aquellas personas que se postulen para acceder a un alquiler protegido, de acuerdo a criterios de equidad y no discriminación.

El texto también lleva la firma de Ofelia Fernández, Berenice Iañez, Cecilia Segura, Juan Manuel Valdés y Franco Vitali (FdT).

En los fundamentos de la iniciativa, los opositores explicaron que “es un hecho que en la República Argentina el proceso de inquilinización se ha acelerado en las últimas décadas con un marcado aumento de hogares inquilinos en paralelo a una disminución de los hogares propietarios. También es un hecho que desde hace 40 años los precios de las viviendas están dolarizados y, como consecuencia, las expectativas respecto del alquiler también tienden a estarlo”.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no escapa a esta realidad. La situación de aquellas personas que necesitan acceder a una vivienda digna por medio del alquiler es cada vez más crítica. Quienes demandan viviendas para alquiler residencial perciben ingresos en pesos y no tienen herramientas para equilibrar un mercado distorsionado por estas expectativas”, agregaron.

Al mismo tiempo que recordaron que “existen, además, distintos mecanismos de garantía para los propietarios que generan costos adicionales y actúan como barreras de entrada para los futuros inquilinos aún cuando tienen ingresos suficientes para hacer frente al costo del alquiler de una vivienda. Las condiciones extremas del mercado de alquileres podrían incrementar la vulnerabilidad de determinados grupos y personas susceptibles de sufrir prejuicios y discriminación que actúan como barreras adicionales”.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita desarrollar instrumentos para intervenir en el mercado de alquileres. Se ha comprobado que las políticas que intervienen en la demanda sin incidir en la oferta, pueden generar un aumento de los precios”, sentenciaron.

Diputados de la oposición quieren derogar la Ley de Alquileres

Presentaron un proyecto para dejar sin efecto la norma sancionada el año pasado. Un informe indica que los precios de los alquileres en la Ciudad aumentaron un 62% en 2020.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para derogar la Ley de Alquileres, la 27.551, luego de que se conocieran informes que dan cuenta del aumento del precio de los alquileres desde que el Congreso sancionó la norma, en junio pasado.

La iniciativa es impulsada por el bonaerense Alberto Asseff (Pro) y acompañada por Pablo Torello, Jorge Enriquez y Virginia Cornejo, del Pro; los radicales Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate y Aída Ayala; y Alicia Terada, de la Coalición Cívica.

Los legisladores proponen dejar sin efecto la nueva norma y además modificar varios artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en lo que hace a los desalojos.

Según un reporte del sitio de clasificados Zonaprop publicado en el portal Infobae, los precios de los alquileres aumentaron un 62% en 2020 en la Ciudad de Buenos Aires, siendo la mayor suba desde 2012.

Los expertos vincularon este fenómeno a una “reacción del mercado” ante la nueva ley, que extiende de dos a tres años el plazo del contrato y fija una nueva fórmula de actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación salarial (RIPTE).

A diciembre de 2020, de acuerdo con este informe, alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires costaba 30.683 pesos mensuales.

En rigor, los precios de los alquileres están congelados desde marzo, cuando el Poder Ejecutivo dictó un decreto en ese sentido, que ahora volvería a ser prorrogado, ya que vence el 31 de enero.

El Gobierno también había dispuesto en ese entonces la suspensión de los desalojos por falta de pago y el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA.