Diputados bonaerense estima oportuno reemplazar la tasa activa del Banco Provincia por la tasa Coeficiente de Estabilización de Referencia para las indemnizaciones laborales.
El proyecto de ley busca modificar el artículo 48 de la Ley 11653, de los Tribunales de Trabajo bonaerenses, que tienen a su cargo la administración de la justicia laboral, para eliminar el postulado que establece la tasa activa, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para determinar los intereses que se adicionan a las indemnizaciones laborales al momento del pago.
La iniciativa que estaría en camino de ser considerar en el recinto de la Cámara baja en la próxima sesión, contaría con el respaldo del Ministerio de Trabajo bonaerense, y de abogados y magistrados laboristas con actuación en el ámbito provincial.
Se propone que la tasa activa de la entidad bancaría publica sea reemplazada por el índice del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), tasa que se utiliza por la Justicia Federal y otros Estados provinciales, y cuenta con una relación “más realista” con la inflación.
La modificación cobra impulso al considerarse que en los 4 o 5 años que duran los juicios laborales en la provincia el cobro de la indemnización se devalúa debido a la alta inflación imperante, más teniendo en cuenta que el monto compensatorio tiene una dependencia mucho mayor a su tasa de interés.
Básicamente entonces el proyecto de Ley de autoría de la diputada de UP Maite Alvado, busca reemplazar la tasa activa, con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales, y terminaría quedando muy por debajo de la inflación, por la tasa Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
“Hoy tenemos la inflación y la tasa activa para abajo, y más para abajo la pasiva, que es la que se aplica en las indemnizaciones laborales en Capital Federal; tenemos que encontrar una solución y la CER es la posibilidad más justa para otorgarles a los trabajadores, si no hacemos nada al respecto tenemos que entender que los despedidos van a recibir miserias”, advirtió Alvado.
Es más, en ese sentido la legisladora denunció que, al conocer que la indemnización laboral perderá su valor con el paso del tiempo, los empleadores deciden esperar a un juicio laboral y postergar su sentencia lo más posible.
“Especulan financieramente ya que ponen el dinero en un plazo fijo, les da una tasa activa y pagan la deuda con la tasa pasiva, una cuenta matemática”, puntualizó Alvado
En ese sentido, Unión por la Patria hizo uso de su poderío en la comisión de Legislación General y, con el apoyo del bloque de diputados liberales dialoguistas dirigido por Gustavo Cuervo, despachó el proyecto de ley sobre las indemnizaciones laborales.
En cambio, el interbloque de Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa y adelantó que presentará un dictamen de minoría.
Desde la bancada del PRO se oponen al tratamiento y la diputada Florencia Retamoso, en ese sentido, manistó “no estaríamos de acuerdo con la tasa y es algo que deberíamos seguir trabajando; nosotros también representamos al sector empresarial”, aclaró la diputada republicana.
Buscan capacitar a funcionarios públicos en las temáticas de derechos humanos, genocidios, negacionismo y discursos de odio, de manera obligatoria.
La diputada provincial del FdT Maite Alvado en conjunto con el Consejo Nacional Armenio presentaron un proyecto de ley para capacitar en las temáticas de derechos humanos, genocidios, negacionismo y discursos de odio, de manera obligatoria, a todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial.
En esa línea las organizaciones de derechos humanos serían participes activas y colaboradoras en la implementación de dicha ley.
Con el fin de promover el respeto a los derechos humanos, prevenir actos discriminatorios, fomentar una sociedad inclusiva y tolerante y promover la paz social, este proyecto de ley busca que las personas que trabajan en el estado, en cualquiera de sus niveles o jerarquías, se capaciten y formen para evitar la proliferación de discursos de odio o negacionistas por parte del mismo Estado.
La diputada Alvado y Aram Mouratian, presidente del Consejo Nacional Armenio, aseguran que "para garantizar una gestión estatal basada en la justicia, el respeto de los derechos humanos y la prevención de futuros abusos, es fundamental una administración pública formada, consciente, activa y comprometida con la protección de los derechos fundamentales, la memoria histórica y la construcción de una sociedad más justa y equitativa".
