Macri habló por radio y dejó una frase que el kirchnerismo la convirtió en eje de campaña a casi una semana de las elecciones PASO. Desde los sectores de Juntos respaldaron al exmandatario.
Diferentes diputados nacionales de distintos sectores que componen el frente Juntos por el Cambio salieron este viernes a respaldar al exmandatario Mauricio Macri y tildaron de “ridicula” la afirmación del kirchnerismo que acusó al expresidente de “golpista” porque afirmar en radio Mitre Córdoba que “el Gobierno cambia o se va a tener que ir”.
Al respecto, el jefe de bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, manifestó: “Si el Gobierno tuviera alguna fortaleza que mostrar no hablaría todos los días de Macri. Pero la gestión es pésima en lo económico, social y sanitario”.
“Si Juntos por el Cambio hubiera cometido la mitad de los errores que el actual gobierno ¿qué habría hecho el kirchnerismo? Militaron 4 años el helicóptero”.
Por su parte, el diputado porteño Jorge Enriquez publicó: “Cafiero, el limitado, ve un intento de golpe donde no lo hay. El que los echará será el pueblo en las elecciones de 2023. También podría ser destituido el presiente por el mecanismo constitucional del juicio político.
A su turno, el diputado bonaerense Waldo Wolff opinó: “Nadie quiere que se vaya. Es más, queremos que venga cada 60 días al Congreso a dar informes tal lo establece el art. 101 de la constitución. Acuérdese de venir como corresponde el 8/9. La última vez que vino se tomó 343 días para volver”.
Con ironía, el diputado porteño Fernando Iglesias disparó: “No seas ridículo, Santi. El club del helicóptero fueron, son y serán ustedes”.
En tanto, el diputado porteño Alvaro de Lamadrid consideró que “el kirchnerismo es golpista la Constitución Nacional no. Hay causas de juicio político a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner”.
“Manejo criminal y delictivo de las vacunas, muertes evitables, usar la pandemia de excusa para agredir el orden democrático y buscar la suma del poder público”, concluyó.
Lo hizo el diputado radical Alvaro de Lamadrid, que les atribuye “mal desempeño” en sus funciones, debido al proyecto de ley de Emergencia Covid.
Siempre áspero con el oficialismo y polémico como de costumbre, el diputado nacional del radicalismo Alvaro de Lamadrid presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional.
El proyecto de resolución es acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio Federico Zamarbide, Mónica Frade, Gonzalo del Cerro, Héctor Stefani, Pablo Torello y Francisco Sánchez, y tiene en consideración la firma por parte de los representantes del Poder Ejecutivo de Decretos de Necesidad y Urgencia y algunos discursos que van contra el Poder Legislativo y Judicial, hechos que consideran “graves” y que “atentan contra el sistema de división de poderes que imperan en la Argentina”.
“El problema no es solo lo que dice, sino quién lo dice: son el presidente y la vicepresidente de la Nación argentina, que a esta altura están incursos en delitos constitucionales, como el atentado al orden democrático”, señala De Lamadrid en el texto. A su juicio, “su conducta desde su asunción ha demostrado que su gestión se ha caracterizado por atentar contra la independencia del Poder Legislativo y Judicial para someterlo a los intereses personales y políticos en especial a los de su vicepresidente- menoscabando el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático”.
El legislador radical cita puntualmente el proyecto que cuenta con media sanción del Senado denominado de Emergencia Covid, que a su juicio “busca concentrar en el presidente la suma del poder público”.
Enumera los decretos publicados en pandemia, pero también alude a la escalada judicial contra el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en torno a las clases presenciales, que considera el origen de ese proyecto de ley que espera ser tratado en Diputados.
La medida es impulsada por el diputado Alvaro de Lamadrid, por la supuesta violación de derechos humanos de personas detenidas desde el inicio de la pandemia.
El diputado nacional Alvaro de Lamadrid presentó un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de Santiago del Estero. “El feudo de Zamora encubre crímenes y vejaciones atroces. La justicia es del poder y sus intereses. Reina la violencia institucional y los asesinatos se disfrazan como accidentes de tránsito”, justificó el legislador radical.
El proyecto de ley presentado por De Lamadrid declara la intervención federal por el plazo de 60 días, prorrogables por otros 60, “a fin de garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabiliad internacional del Estado argentino”.
En su proyecto, el diputado afirma que “los habitantes de esa provincia viven en n sistema que no les asegura el respeto a derechos básicos, como “la vida, la circulación, reunión, seguridad, o trabajar”.
La iniciativa prevé suspender en sus funciones “a los jueces que hayan tenido intervención en expedientes judiciales por los cuales se encuentren, o se hayan encontrado privados de su libertad y/o detenido, desaparecido, o muerto a personas en el período de pandemia”, es decir a partir del DNU del 12 de marzo de 2020, hasta el presente.
Asimismo prevé iniciar una investigación acerca de “la violación de los derechos humanos de personas que fueron detenidas, torturadas, desaparecidas, privadas de su libertad, muertas y/o en los cuales los expedientes no reflejen que se haya cumplido con el derecho de defensa en forma ampia, en los términos de la Constitución Nacional, a los fines de elaborar un informe al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU”.
La iniciativa de Alvaro de Lamadrid pretende sancionar el “transfuguismo” político, en pleno debate por la reforma del Ministerio Público.
A propósito del debate generado en torno a la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal que impulsa el oficialismo, y que encendió las luces de alarma en la oposición por la posibilidad de que ahora el oficialismo consiguiera los votos suficientes para lograr su aprobación, el diputado nacional Alvaro de Lamadrid presentó un proyecto que sugiere expulsar a aquellos legisladores que habiendo ingresado por un sector, en el Congreso emprendan otro camino.
Se trata de un proyecto de declaración que expresa “el más sincero repudio al transfuguismo político de los diputados nacionales electos por un partido o espacio político y, luego de ser elegidos, abandonan el mismo formando bloque aparte, en clara confrontación con los principios adheridos a la plataforma política por la cual los ciudadanos eligieron a dicho representante”.
Para el diputado radical, la Constitución elevó a los partidos políticos al rango de “instituciones fundamentales del sistema democrático”, reservándoles el rol de representantes de las minorías y la competencia de postulación de candidatos, aunque no la exclusividad, en su artículo 38. Convencido de que “la democracia está en manos de personas que rayan lo delictual”, De Lamadrid advierte que el cuerpo de legisladores “tiene la oportunidad de sanar estas conductas, sancionándolas con la expulsión por inhabilidad moral”.
“La Argentina está en peligro de perder la libertad en manos de quienes sin escrúpulos ni pudor piensan en sus beneficios hipotecando el futuro de todos”, alerta De Lamadrid.
Puntualmente sobre el tema de la reforma del Ministerio Público, De Lamadrid señala en su proyecto que “la ciudadanía no encuentra explicación y consuelo, luego de ver el espectáculo sin pudor que manifiestan y exhiben un grupo de diputados de la Nación, que fueron elegidos e hicieron campaña dentro de un partido político o espacio, y que al ser consagrados diputados, inmediatamente, abandonan el partido y forman bloque aparte, muchas veces en contra de los postulados al cual adhieren”.
El diputado de Juntos por el Cambio sostiene que “este transfuguismo político denigra y debilita el sistema democrático, convirtiéndolo en un mercado persa donde se rematan mercaderías”.
Es obvio que el proyecto de Alvaro de Lamadrid apunta a algunos de los 23 diputados nacionales que no pertenecen ni al oficialismo, ni a la principal oposición, pero particularmente a aquellos que habiendo ingresado al Congreso a través de un sector, luego se separaron. Y este señalamiento estrictamente apunta a diputados de Juntos por el Cambio. Cuatro son los diputados de ese sector que entraron al Congreso a través de las listas de Cambiemos o de Juntos por el Cambio y hoy habitan otro espacio.
Puntualmente son el bonaerense Pablo Ansaloni, que integra el bloque Unidad y Equidad Federal junto a José Luis Ramón y suele votar junto al oficialismo; el riojano Felipe Alvarez y el santacruceño Antonio Carambia, que componen Acción Federal y actúan en el mismo sentido; y la tucumana Beatriz Avila, que conforma el bloque unipersonal Partido por la Justicia Social, que si bien se alejó de Juntos por el Cambio en 2019, suele mantener posturas cercanas a ese sector.
El caso extremo es el de Felipe Alvarez, que ingresó a la Cámara de Diputados en 2019 y que a los pocos meses se alejó de ese bloque que dejó de ser oficialista.
La iniciativa propuesta por el diputado Alvaro de Lamadrid sugiere implementar un subsidio para asistir a los afectados y la aplicación del coeficiente de variación salarial RIPTE para la renegociación de los contratos.
Un grupo de diputados radicales presentaron un proyecto que busca rescatar a los deudores hipotecarios del UVA.
La iniciativa encabezada por el diputado Alvaro de Lamadrid deja sin efecto el artículo 66 de la Ley 25.827 y su cálculo de indexación y establece por única vez un subsidio, fondo fiduciario o seguro de morosidad a financiarse con una partida del presupuesto nacional y un aporte obligatorio del 3% de las entidades financieras correspondiente a la tasa con la que se otorgaron los préstamos hipotecarios.
En su artículo 3°, el proyecto dispone la aplicación hasta la liquidación del préstamo del coeficiente de variación salarial RIPTE al cálculo de renegociación de los contratos de los deudores hipotecarios UVA.
Se establece asimismo la revisión de todos los contratos de deudores hipotecarios UVA y el límite de entre 20 y 30 años para el diferimiento de cuotas, contando el plazo desde el pago efectuado en la primera cuota.
La autoridad de la aplicación, según la norma, estará a cargo de la revisión y compensación de los préstamos en revisión y recotizará la UVA con el RIPTE como índice de actualización, hasta su liquidación.
El proyecto es acompañado por los diputados Luis Petri, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Ximena García, Gerardo Cipollini, Carolina Castets, Luis Pastori, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, Luis Juez, Carla Piccolomini, Natalia Villa, Hernán Berisso, Héctor Stefani, Jorge Enríquez, Mónica Frade, Alicia Terada y Martín Grande.
La iniciativa valora el espíritu que acompañó la creación de los créditos UVA como “un marco propicio para el acceso a los argentinos a su primera vivienda”, pero atribuye el fracaso del sistema al “asistencialismo, corrupción, impericia y negligencia del actual Gobierno”, que a juicio de los legisladores de la oposición llevaron a los deudores hipotecarios UVA al “endeudamiento y la desesperación”.
El proyecto de De Lamadrid tiene como condición “establecer un plan antiinflacionario que no altere la fórmula del contrato vigente entre acreedor y deudor”.
El diputado opositor criticó el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa y lo consideró una “amenaza” al Poder Judicial.
El diputado Álvaro de Lamadrid (UCR) presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación por “su ataque al Poder Judicial”. El radical se basó en el mensaje de Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias y opinó que “el presidente vino al Parlamento a hacer un ataque brutal, frontal y descarado contra el Poder Judicial, con dichos descalificantes, impropios de quien debe ser el garante de la división de poderes en la Argentina”.
Lamadrid confesó que creía que en su visita al Congreso Fernández iba a hablar “sobre el tema de las vacunas”, y calificó a ese discurso como “inadmisible”. Consideró las palabras del mandatario como una “amenaza”, por pedir “que el Poder Judicial se someta al Ejecutivo”.
El legislador opositor argumentó que “todo esto tiene antecedentes”, como “la modificación del régimen jubilatorio, la Comisión Beraldi, querer crear un tribunal constitucional, querer partir la Corte y crear salas; se habló de la necesidad de la reforma constitucional, las reformas electorales para ir a Santa Cruz, la comisión bicameral Parrilli para empezar a amenazar jueces y fiscales, el querer descabezar la Corte y el Consejo de la Magistratura, el querer impedir que el Poder Judicial funcione…”.
Al final de su discurso, Lamadrid se dirigió a Alberto Fernández y dijo: “Asuma presidente. Crecer es doloroso pero necesario”. Y parafraseando al propio mandatario a propósito de sus dichos en la cumbre del Mercosur, le sugirió: “Sáquese el lastre y asuma”.
Sobre el discurso, Álvaro de Lamadrid consideró que el “abierto y declarado objetivo de ataque al poder judicial evidencia el propósito de demoler los controles, la división de poderes y los cimientos de la democracia”.
El diputado nacional por Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid presentó, acompañado de 20 legisladores del espacio, un proyecto de declaración de repudio al mensaje que dio el presidente en el discurso del 1 de marzo ocurrido en la inauguración de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación Argentina.
“Su abierto y declarado objetivo de ataque al poder judicial evidencia el propósito de demoler los controles, la división de poderes y los cimientos de la democracia”, sostuvo Álvaro de Lamadrid sobre el discurso de Alberto Fernández.
“Lo más grave resulta que quieran implementar un nuevo control sobre los jueces y fiscales para saltearse -como nos tienen acostumbrados- las funciones del Consejo de la Magistratura”, agrega el diputado nacional y sigue: “El Consejo creado en 1994 tuvo como idea central despolitizar la designación y remoción de jueces, y en su diseño se procuró buscar el equilibro entre sus integrantes para que ningún sector predomine sobre los otros”.
“En la Constitución Nacional, y especialmente su Art. 75, no se encuentra atribución alguna donde el Congreso pueda llevar a cabo el ‘control cruzado’, expuesto por el presidente o la idea del senador Oscar Parrilli quien dijo que el presidente ‘pidió una comisión bicameral’, de diputados y senadores, que investigue a la Justicia”, sostiene de Lamadrid y agrega “tal accionar afecta gravemente al sistema institucional y quiebra el diseño constitucional establecido en nuestra carta fundamental”.
“No hay antecedente tan directo como el presenciado el 1 de marzo y el mismo debe ser repudiado con un mensaje claro, y los representantes del pueblo decimos que no permitiremos este ataque, queremos vivir en libertad”, concluyó Álvaro de Lamadrid.
Acompañan el proyecto de declaración de repudio los diputados de Juntos por el Cambio Lidia Ascarate, Estela Regidor, Gonzalo del Cerro, Aída Ayala, Gerardo Cipollini, Graciela Ocaña, Omar de Marchi, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Pablo Torello, Carla Piccolomini, Alfredo Schiavoni, Julio Sahad, Héctor Stefani, Jorge Enríquez, Carolina Castets, Mónica Frade, Alicia Terada, Hernán Berisso, Alberto Asseff.
Es por la entrada en vigencia de seis artículos del Código Procesal, que atribuyen a un intento por beneficiar a Boudou.
Previsiblemente legisladores de la oposición salieron a criticar la entrada en vigencia de seis artículos del Código Procesal Penal por parte de la Comisión Bicameral, que alargará los tiempos de condena para procesados por delitos de corrupción, por ejemplo. Para el radical Luis Petri, la bicameral que acaba de habilitar el adelantamiento de esos artículos “no tiene facultades legales para hacerlo, busca otorgar más beneficios, más recursos y facilidades de pago de la condena a corruptos condenados por la Justicia”.
“Le dicen ‘armonización normativa’ pero se llama IMPUNIDAD. Adelantan la entrada en vigencia de seis artículos del Código Procesal para beneficiar a Amado Boudou y otros condenados K por corrupción”, agregó el legislador mendocino.
Otro diputado radical, Alvaro de Lamadrid tuiteó: “En defensa propia CFK realiza maniobras para evitar la cárcel de Boudou. Genera antecedentes para sus causas. Adelanta vigencia de 6 art. Código Procesal. La condena ahora es firme cuando lo dispone la Corte Suprema. Imagínate si saca la reforma judicial”.
Por el contrario, el constitucionallista Andrés Gil Domínguez se situó en la vereda contraria. A su juicio, “la puesta en vigor de seis artículos del Código Procesal Penal Federal implica legislar sobre la acción de nulidad por cosa juzgada írrita desarrollada por la CSJ+cumplir con los IIDH+aplicar la ley penal más benigna. Un gran avance pro persona respecto de los derechos y garantías”.
Ese es el plan, para el diputado radical. Francisco Sánchez le apunta a La Cámpora.
“YPF no les pagó a los proveedores e incumplió contratos como con Exmar. Les bajo el sueldo a los empleados y lanzó un retiro voluntario sin planificación. Por si todo ésto fuera poco ahora quiere vender el edificio que YPF tiene en Puerto Madero”, expresó el diputado radical Álvaro De Lamadrid este martes, al conocerse la noticia de la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de la petrolera y su reemplazo por el diputado kirchnerista Pablo González.
Así, continuó De Lamadrid: “PD: Nos quisieron hacer creer que YPF iba a poder manejar Vicentin. Renunció o lo echaron a Nielsen? Cristina pone un propio. Otra caja para Máximo 2023 es el plan. Debemos detener esto, van a vender y fumarse la última joya de la abuela. Qué caro nos está saliendo #Alberto”.
Otro que se pronunció en el mismo sentido fue el diputado del Pro de Neuquén Francisco Sánchez: “Lo que se ve de YPF es que el Gobierno le habilita el aumentos de precios que no habilita en tarifas de servicios públicos”.
Y concluyó: “Lo que no se ve, es el avance de La Cámpora detrás de cada negocio. Son angurrientos, no tienen límites y su fiesta la pagamos entre todos”.
Un diputado radical quiere que el secretario de Derechos Humanos responda preguntas ante la Cámara baja por la situación de los varados en Formosa.
El diputado nacional Alvaro de Lamadrid (UCR – CABA) presentó un proyecto de resolución por el cual pide la interpelación del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, para que informe los motivos por los cuales en Formosa los varados no pueden ingresar a sus hogares, deben procurarse alimento, vivienda y rezar para no enfermarse.
“Hay muchas preguntas y queremos escuchar las respuestas del secretario de Derechos Humanos, por ejemplo cuántos ciudadanos formoseños se encuentran fuera de la provincia sin poder regresar, qué medidas de protección ha ordenado el gobernador de Formosa para asistir a los varados, sea en salud, como alimentación y vivienda”, explicó De Lamadrid.
“También debe informar qué pasó con el joven que había pretendido cruzar a nado el río Bermejo, y murió intentando llegar a Formosa. Se trataba de un varado”, amplió.
Para el diputado radical, “es muy grave en materia de derechos humanos lo que ocurre en Formosa. Actualmente hay 10 mil solicitudes en curso pero sin conocimiento de fecha de ingreso, los formoseños están muy preocupados”.
Se trata de Raúl Bejas, a quien el diputado del radicalismo Alvaro de Lamadrid vincula con el Partido Justicialista.
El diputado nacional Álvaro de Lamadrid (UCR – CABA) presentó ante la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado, una impugnación y observaciones a las credenciales y méritos de Raúl Bejas, aspirante propuesto indebidamente por el Gobierno, para ocupar la vacante de la Cámara Electoral.
En el documento, De Lamadrid argumentó que “al revisar los antecedentes conforme a lo publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se puede observar que el CV de Raúl Daniel Bejas omite que fue apoderado del Partido Justicialista de Tucumán, y que colaboró con el bloque del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados de esa provincia.
También señaló que Bejas fue incorporado al conglomerado de empresas del exgobernador de Tucumán y actual senador nacional José Alperovich; y que es muy cercano al actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur.
“El querer ir por la Cámara Electoral es una muestra más del afán de Cristina Kirchner, no sólo para convertirse en la justicia con la reforma judicial sino, a través del manejo de la Cámara Electoral, poder sacar las reformas electorales que quiera, perseguir a los partidos políticos, avalar candidaturas testimoniales y cambios en el régimen electoral que hagan que se afecte la disputabilidad del poder en la Argentina”, afirmó el diputado de Juntos por el Cambio.
Agregó que “Cristina quiere replicar el modelo de la justicia de Santa Cruz en todo el país, donde la justicia y el régimen electoral se manejan como instrumentos del poder del kirchnerismo y no como órganos independientes”, y destacó que “es muy grave lo que está pasando porque estamos hablando de la instrumentación y fiscalización de los comicios”.
Legisladores radicales calificaron de “legítimo” el reclamo y cuestionaron tanto al Gobierno bonaerense como al nacional.
Los diputados radicales se refirieron tanto al reclamo por mejoras en el sueldo que piden los policías bonaerenses, como también al accionar de los funcionarios del Gobierno en relación al reclamo que hace la policía.
El diputado Álvaro de Lamadrid, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior dijo: “El reclamo salarial tiene que ser un derecho de todos los trabajadores. El reclamo salarial de la Policía Bonaerense es legítimo y entendible. No se lo puede vincular con una operación política de desestabilización”.
“Reclamar por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo tiene que ser un derecho de todos los trabajadores y no solo de algunos. El gobernador Kicillof tiene que garantizar las medidas de seguridad y de salubridad para que los policías puedan cumplir con su trabajo sin necesidad de cubrirlo con su salario”, dijo.
De Lamadrid señaló que “Berni tiene que dejar de hacer tanto show para la prensa y escuchar los reclamos de los empleados de su cartera gubernamental”.
El diputado Luis Petri, respecto al actuar de los funcionarios en relación al reclamo que hace la policía bonaerense dijo: “Su incapacidad, la inacción, el fuego cruzado entre Frederic y Berni, la ausencia de respaldo a la fuerza desde Chocobar para acá, la falta de equipamiento para enfrentar el delito y protegerse del Covid, los magros sueldos, esas son las causas, no fue la oposición, fueron ustedes”, dijo apuntando al Gobierno.
“¿Berni? ¿Frederic? ¿Kicillof? ¿Fernández? Algún funcionario que atienda el reclamo de policías y penitenciarios. La solución debe ser inmediata, la seguridad de los bonaerenses depende de ello”, agregó.
“Liberan presos, desamparan a las víctimas, justifican usurpaciones, son indulgentes con delincuentes, arremeten y maltratan a la policía que cumple su deber. La desidia, el acting y la ausencia de políticas de seguridad tiene consecuencias”, concluyó Petri.
La Unión Europea no aceptó la invitación del régimen venezolano a presenciar el proceso electoral de diciembre en ese país.
Juntos por el Cambio, a través de un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestó beneplácito con lo resuelto por la Unión Europea en relación a que en Venezuela no existen condiciones para celebrarse elecciones “libres y justas”.
Además, el proyecto encabezado por Álvaro de Lamadrid (UCR-CABA) reivindica el rechazo de ese bloque a la invitación del régimen de Nicolás Maduro para enviar una “misión de acompañamiento electoral” al proceso convocado para el próximo 6 de diciembre, en el que deberían elegirse diputados a la Asamblea Nacional de ese país.
De Lamadrid afirmó que “creemos que la posición de la Unión Europea es la correcta. No están dadas las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo en Venezuela. Es pecado avalar nuevos fraudes. No hay elección alguna que celebrar con la tiranía. Frente a tiranías y la delincuencia no caben posiciones duales ni zonas grises”.
Acompañan el proyecto de de Lamadrid los diputados Nacionales Hernán Berisso, Gustavo Menna, Fabio Quetlas, Gabriela Lena, Estela Regidor, Gonzalo del Cerro, Waldo Wolff, Héctor Stefani, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Luis Pastori, Lidia Ascarate, Alberto Asseff y Diego Mestre.
A través de un proyecto de resolución, el diputado Alvaro de Lamadrid expresó su inquietud ante el recrudecimiento de estos hechos y “la pasividad del Gobierno”.
El diputado nacional del radicalismo Alvaro de Lamadrid presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo y al ministro de Agricultura por los nuevos ataques al campo y silobolsas.
“Esta situación se repite y se evidencia una grave pasividad del Gobierno para dar respuestas y aplicar sanciones”, advirtió el legislador radical en su proyecto de resolución.
En el mismo formula una serie de preguntas que van desde conocer el número de hechos de destrucción de silobolsas se han registrado en las últimas semanas, la magnitud de los daños y si se ha hecho una estimación sobre el impacto económico de estos hechos.
Asimismo pide conocer en qué instancias se encuentran las investigaciones, y qué tienen planificado hacer para evitar a futuro estos episodios en todo el país.
El proyecto es acompañado por los diputados Gustavo Menna, Mario Arce, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Ingrid Jetter, Hernán Berisso, Pablo Torello, Waldo Wolff, Héctor Stefani, Diego Mestre, Miguel Nanni, Luis Pastori, Gerardo Cipollini, Alberto Asseff, Jorge Enríquez, Ximena García, Alicia Terada, Virginia Cornejo, Sebastián Salvador, Gonzalo del Cerro y Fabio Quetlas.
El proyecto expresa su preocupación “ante el recrudecimiento de esos episodios, la pasividad del Gobierno nacional y la falta de información sobre qué ocurre en las investigaciones que se están llevando a cabo sobre los ataques registrados”.
Preocupa aún más, agrega, que en medio de esta ola de inseguridad rural, “el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, hable de problemas entre privados y de que no hay evidencias de intencionalidad política”.
Lo hizo el diputado Alvaro de Lamadrid, que considera “desmesurada e inconstitucional” la medida.
El diputado nacional Álvaro de Lamadrid presentó un proyecto de declaración de repudio contra el decreto del presidente Alberto Fernández que prohíbe las reuniones sociales en todo el país. “La medida es desmesurada e inconstitucional”, resalta el legislador.
“Expresamos nuestro repudio al Decreto Presidencial DECNU-2020-641- APN-PTE, que dispone la prohibición en todo el país de reuniones sociales e instamos al Presidente de la Nación a revisar y levantar esta medida que atenta contra las libertades de todos los argentinos”, dice el proyecto.
Además, el legislador nacional resalta su inquietud por los casi 150 días de aislamiento y las consecuencias económicas, sociales, psicológicas y emocionales.
“Más allá de todos los cuidados que aún debemos tener debido a la pandemia de Covid-19, no deja de preocuparnos que no vemos que el Ejecutivo Nacional tenga un plan de salida de la cuarentena, y que además implementa medidas como la mencionada que profundizan las restricciones en un momento en que la población se encuentra comprensiblemente agotada”.
Es porque el Tribunal Supremo confirmó un fallo de la Justicia sanjuanina limitando la inmunidad de opinión de los legisladores de esa provincia.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto donde expresan su preocupación por un antecedente que fijó la Corte Suprema de Justicia, que ratificó una posición de la Justicia local de la ciudad de San Juan en la que se afirma que la inmunidad de opinión de la que gozan los diputados provinciales tiene un límite.
Es en referencia al caso del entonces diputado Mario Capello, quien, de acuerdo con la resolución judicial, “se excedió en sus declaraciones y agravió” al, en su momento, integrante de la Corte Adolfo Caballero “al referirse a temas que no formaban parte de su actividad legislativa en el recinto”.
El proyecto, presentado por el diputado radical Álvaro de Lamadrid y acompañado por 20 legisladores de Juntos por el Cambio, expresa: “Este fallo afecta de manera directa a la inmunidad de la palabra y de la opinión de un diputado, un principio sagrado del republicanismo”.
“Vemos con gran preocupación el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó un fallo local de la Justicia de la ciudad de San Juan y ratificó que la inmunidad de opinión de la que gozan los diputados provinciales tiene un límite”, sostiene de Lamadrid, quién además forma parte de la Comisión de Libertad Expresión de la Cámara de Diputados de La Nación dónde se va tratar el tema.
“El fallo es un mal antecedente, tanto la Constitución Nacional como la de San Juan dan hasta la inmunidad de arresto, también la Constitución Nacional hace prevalecer la libertad de expresión del legislador”, sostiene el diputado radical, quien agregó que “los fueros no son para no ir preso son para garantizar la libertad de opinión”.
“Los fueros para un diputado, en el ejercicio de su mandato, son para que pueda decir las cosas con libertad. Con este fallo, queda confirmado que los diputados no pueden hablar fuera del recinto”, agregó el legislador.
El proyecto de declaración expresa que la intervención y las opiniones vertidas en la cuestión han sido como Diputado en temas públicamente debatidos por la comunidad –y de su obvio interés-, que involucran al doctor Caballero y que el exdiputado Capello tomó posición en representación de un sector de la sociedad como su representante, actuando en consecuencia.
“¿Si no lo hace un diputado que tiene inmunidad y aún así debe sortear este juicio, quien lo puede hacer?”, sostiene Álvaro de Lamadrid, quien también resalta que “no puede caber duda entonces que los hechos en la especie remiten a opiniones vertidas en el desempeño de su mandato y en el marco de un debate público”.
En la resolución, la Corte Suprema no analizó la cuestión de fondo del litigio y rechazó su planteo por lo que confirmó el fallo de la Justicia provincial. Lo que sí hizo el máximo tribunal, sin indicar si está de acuerdo con lo que resolvió la Justicia sanjuanina, fue manifestar que, para el caso de la opinión de los diputados, el límite lo debe fijar cada jurisdicción y no es ámbito de discusión nacional. Incluso, recordaron la autonomía de los distritos para resolver cuestiones que son propias de cada jurisdicción.
Acompañan el proyecto los diputados Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Jorge Enríquez, Gustavo Menna, Fabio Quetlas, Gabriela Lena, Lidia Inés Ascarate, Estela Regidor, Gerardo Cipolini, Héctor Antonio Stefani, Pablo Torello, José Luis Patiño, Alberto Asseff, Marcela Campagnoli, Martín Grande, Hernán Berisso, Mario Arce, José Riccardo y Roxana Reyes.
Legisladores de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Álvaro de Lamadrid, presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para solicitar, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, al Ministerio de Salud de la Nación un informe detallado acerca del precio de las cuotas mensuales de las obras sociales privadas.
“Queremos conocer los aumentos autorizados durante el año 2020 a la fecha y que se aclare sobre los motivos por los cuales se ve afectada la disposición para atender consultas y/o servicios específicos diferentes a los relacionados con el Covid-19, como hemos tomado conocimiento ocurre sistemáticamente en la práctica”, señaló el impulsor de la iniciativa, el radical Álvaro de Lamadrid.
Además, el legislador agregó: “La actual crisis por la que atraviesa el país ha generado gran preocupación en todos. Su más grave consecuencia es en lo relacionado a la salud, por el impacto de la pandemia del Covid-19, pero también por el impacto en personas que sufren de otras enfermedades o dolencias que también las han obligado a necesitar citas médicas y han encontrado dificultades”.
En los argumentos del proyecto, se plantearon ejemplos de casos de personas que han tenido dificultad para ser atendidas a pesar de contar con una obra social privada pagada al día.
“No solamente muchos afiliados tienen dificultades para acceder a atención médica, sino que también las obras sociales han aumentado sus precios”, enfatizó el porteño.
En la iniciativa se enfatiza también sobre “la preocupación de las dificultades económicas que ha generado la pandemia en la ciudadanía, sobre todo en sectores vulnerables como los de mayor edad”. “No ha existido un programa que les facilite los pagos ni tampoco que les asegure el acceso a todas las consultas y servicios por los que ellos están pagando”, se cuestionó.
El pedido de informes fue acompañado por los diputados de JxC Estela Regidor, Gabriela Lena, Aída Ayala, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Sofía Brambilla, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Jorge Vara, Virginia Cornejo, Alberto Asseff, Lorena Matzen, Héctor Antonio Stefani, Gustavo Menna, Martín Berhongaray y Adriana Ruarte.
La polémica declaración del gobernador pampeano recibió el rechazo de legisladores de la oposición.
Previsiblemente hizo carrera la declaración del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en una conferencia de prensa en la que señaló que “a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños”, en referencia a las manifestaciones contrarias a la cuarentena de manifestantes que protestaron el fin de semana en la Ciudad.
El legislador porteño Sergio Abrevaya expresó ante tales declaraciones que Ziliotto “se da el lujo de hablar de los porteños, que aportamos el 25% del PBI. Estas oligarquías provinciales primaristas nos robaron el territorio de la Pcia. de Bs. As., nos capitalizaron y ahora nos insultan”.
A través de Twitter, agregó: “Gobiernan La Pampa desde el 83, y el índice de pobreza es tan alto como el nacional. Deben tener miedo de que le contagien la rebelión al pueblo pampeano y se saquen de encima a la dirigencia que hace 30 años vive de él”.
“En Argentina solo sobran políticos como Ziliotto”, disparó por su parte el diputado nacional radical Alvaro De Lamadrid.
Se trata de la mujer detenida en San Luis por “incumplir la cuarentena”, que apareció muerta después en su celda, supuestamente suicidada.
El diputado nacional Álvaro de Lamadrid (UCR – CABA) presentó un proyecto por el cual pide que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se presente en la Cámara de Diputados de la Nación para que de las razones y condiciones de la muerte de Florencia Magalí Morales, de 39 años, madre y abuela, quien fue detenida por “incumplir la cuarentena” y luego fue encontrada ahorcada en la celda de la Comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara, San Luis.
“No está claro el motivo por el que detuvieron a Florencia, a sólo dos cuadras de su casa. Primero dijeron que no tenía el documento, después que no era el día que le correspondía salir a comprar. Más tarde, añadieron ‘resistencia a la autoridad’ porque uno de los oficiales tenía un rasguño. Y, finalmente, que cuando la demoraron en la zona bancaria, yendo de contramano, quiso escapar y pedaleó sola hasta la seccional”, dijo el diputado radical.
“Tampoco queda claro por qué Florencia estaba en una celda si, en la mayoría de los casos, por la infracción que se le adjudica sólo corresponde una notificación de la causa penal y el regreso al domicilio para asegurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, agregó.
Acompañan el proyecto los diputados nacionales de la UCR Estela Regidor, Claudia Najul, Atilio Benedetti, Aída Ayala, Gonzalo del Cerro, Mario Arce, José Riccardo, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Facundo Suárez Lastra, Miguel Bazze.
Es la lapidaria expresión del diputado Alvaro de Lamadrid al pedir la interpelación del ministro Matías Kulfas para que informe sobre la asistencia a las empresas durante la pandemia.
El diputado nacional Álvaro de Lamadrid (UCR-CABA) presentó un proyecto de resolución para pedir la interpelación del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, a fin de que informe acerca de la situación de la asistencia a las empresas en el marco de la pandemia.
En este sentido, De Lamadrid afirmó: “Nadie contabilizará los muertos que dejará la crisis económica”, y añadió “el problema con detener la actividad económica es que también trae problemas de salud, con gente que va a morir o sufrir por sus consecuencias, pero que nadie las relacionará con la cuarentena”.
“Necesitamos que Kulfas se haga presente urgente en la Cámara de Diputados de la Nación, hay muchos temas que necesitamos saber cómo por ejemplo el nivel de emisión expresada en pesos por el Banco Central de la República Argentina, desde el inicio de la pandemia a la actualidad”, continuó el legislador nacional.
Además, agregó que “es imperativo que se informe qué porcentaje de esa emisión ha sido destinado a salarios, a aportes patronales; listado de empresas que recibieron la ayuda, diferenciarlas en grandes, pequeñas y medianas, monto total en pesos destinados a la ayuda a empresas y nivel de ejecución hasta la fecha; determinar y evaluar el sistema de asistencia, es decir, si la ayuda ha sido recibida en forma inmediata o si existen dificultades para el acceso a las mismas”.
“Si bien en principio puede ser justificable una cuarentena restrictiva durante un par de semanas para poder organizarse, cuanto más tiempo se esté sin producir y cuanto mayor sea la necesidad de financiar al Estado, mayor será la cantidad de negocios que quebrarán. Por lo tanto, cuando la economía salga de esta pandemia, menor será el potencial de producción y empleo. Por eso, hay que tratar de que vaya abriéndose gradualmente, pero a paso firme”, agrega el legislador radical.
Asismimo, de Lamadrid adujo: “No será el Estado el que nos sacará del pozo en el que nos dejará la pandemia. Ya estaba quebrado por una nueva crisis generada por décadas de despilfarro del sector público. Será nuestro sector productivo que ya estaba exhausto”.
Acompañaron este proyecto los diputados Gerardo Cipolini,, José Riccardo, Estela Regidor, Gonzalo del Cerro, Atilio Benedetti, Luis Petri, Gabriela Lena, Lidia Inés Ascarate, Aída Ayala, Facundo Suárez Lastra y José Cano. También firmaron Alberto Asseff, Adriana Ruarte, Hernán Berisso, Héctor Stefani, Federico Frigerio y Jorge Enríquez.
A la hora de votar el protocolo de sesiones remotas, hubo dos legisladores del radicalismo que votaron en contra. Quiénes fueron y por qué.
En el inicio de la sesión en la Cámara baja, cuando votaron el protocolo de sesión virtual, hubo dos diputados que votaron en contra. De la oposición: el porteño Alvaro De Lamadrid y la chaqueña Aída Ayala. Ambos del radicalismo. Según pudo saber parlamentario.com, ambos eran los más críticos respecto de la sesión virtual; los dos querían que la sesión fuera presencial, y por eso se opusieron a la hora de esa primera votación.
De Lamadrid lo exteriorizó al caer la noche en su cuenta de Twitter, cuando rechazó que esa fuera una sesión histórica: “El 19 de marzo Massa cerró la Cámara y no se sesionó más. Santiago Cafiero nunca rindió informe. Aprobaron #Superpoderes institucionales. Las sesiones virtuales son una trampa. No confundamos las herramientas con quien las usa. La democracia no es una aplicación”.
Más tarde Ayala explicó también porqué no acompañó el protocolo de sesiones remotas. “No lo hice ya que desde el 1° de marzo sostuvimos que era importante que todos los diputados sesionemos en forma presencial”, apuntó.
El diputado radical Álvaro de Lamadrid le envió una carta a Sergio Massa, en la que solicitó la presencia del jefe de Gabinete.
El diputado Álvaro de Lamadrid (UCR) presentó una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para insistir con la obligación constitucional que tiene el jefe de Gabinete de concurrir al Congreso para brindar un informe cada mes.
“Hay un enorme atraso y mora en este informe. Pasaron cinco meses desde el nuevo período presidencial y nunca se hizo presente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero”, señaló el legislador.
En la misiva, De Lamadrid señala que “la actual coyuntura, debido a la pandemia del Covid-19 y la emergencia nacional, hace más necesario que el jefe de Gabinete venga a explicar y responder las preguntas que la sociedad tiene en este momento, no solo en relación al tema de salud, sino también a todo lo concerniente a la economía y a lo social”.
“La comparecencia se hace indispensable, más aún cuando el presidente no explica el rumbo ni el plan que tiene para el país, ni tampoco hace ningún anuncio más allá de extender sistemáticamente la cuarenta”, agregó.
El legislador nacional radical Álvaro de Lamadrid presentó un proyecto para que el reintegro del 15% por compras con tarjeta de débito abarque hasta el haber mensual de $40 mil de jubilados y pensionados.
El diputado nacional radical Álvaro de Lamadrid presentó un proyecto en el que pide que el reintegro del 15% por compras con tarjeta de débito abarque hasta el haber mensual de 40 mil pesos de jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Planes Sociales. Además, exige conocer los mecanismos del reintegro.
“Conozco casos de jubilados que cobran la mínima y no le hicieron el reintegro”, advirtió el diputado y agregó: “Quiero saber qué criterio utilizaron para que el reintegro abarque sólo a los que cobran la jubilación mínima, a los que cobran asignación universal y planes sociales, en lugar de hacerlo extensivo a todo jubilado o pensionado que cobre un haber mensual de hasta $40.000”.
“La medida debería haber comenzado a aplicarse entre el 1° de marzo y el 31 de agosto próximos, sin embargo, no existe claridad sobre cuáles son los criterios para decidir cuándo es el momento en el que los beneficiarios reciben la devolución”, remarcó de Lamadrid.
“Creemos que es muy importante que se comunique a la Cámara de Diputados de la Nación de manera clara y efectiva los criterios de devolución del 15%; sobre todo a los beneficiarios, pero también a la población en general”, concluyó el legislador porteño.
El legislador nacional Álvaro de Lamadrid advirtió que “resulta necesario resolver con rapidez los efectos colaterales que la pandemia genera en la comunidad”.
Diputados nacionales de la UCR presentaron un proyecto en el cual le solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que, “de manera urgente”, establezca a través de las autoridades que corresponda un cerco perimetral de 500 metros para los agresores del personal médico. El proyecto fue presentado por el diputado Álvaro de Lamadrid y es acompañado por once diputados del Interbloque.
“Resulta necesario resolver con rapidez los efectos colaterales que la pandemia genera en la comunidad. En este caso me refiero a implementar un cerco perimetral de 500 metros para los agresores del personal de la salud pública (médicos, enfermeras, ayudantes de enfermería, bioquímicos, fisioterapeutas, personal administrativo) que han sufrido destrato, discriminación, agravios y situaciones de violencia”, expresó al respecto el legislador porteño.
El proyecto resalta que los hechos de violencia contra el personal de la salud merecen “urgente tratamiento por parte del presidente”, quien tiene por la Ley de Emergencia 27.541, “atribuciones suficientes para disponer (en los casos que el o los agresores sean vecinos de edificios o casas, u otros) la aplicación de modo inmediato de un cerco perimetral de quinientos metros de modo preventivo, apenas se tome conocimiento de esos hechos violentos por cualquier medio”.
Acompañan la iniciativa los diputados Estela Regidor, Gerardo Cipolini, Lidia Inés Ascarate, Jorge Vara, Gustavo Menna, Fabio Quetglas, Luis Pastori, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Ximena García y Gonzalo del Cerro.
Fue formulado al Gobierno por las dificultades con las que los pasajeros viajan en el ferrocarril durante la pandemia.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Alvaro de Lamadrid (UCR –CABA), elevaron un pedido de informe al Ejecutivo Nacional para que dé a conocer, de manera urgente, el estado de las líneas de ferrocarril y cuál es el cronograma establecido frente a la contingencia producida fruto de la pandemia. “Hemos observado que se viaja muy mal y no se respeta los protocolos sanitarios, es alarmante lo que sucede”, señaló de Lamadrid.
“El ferrocarril es el medio masivo que tienen y usan los trabajadores en el conurbano por ser el único con el que cuentan y, además, el más barato. En tal sentido, resulta fundamental una buena y correcta prestación del servicio”, expresó el diputado nacional, que agrega que no se hizo pública tal información.
Asimismo, Álvaro de Lamadrid dijo que “queremos urgentemente conocer, cuáles son los fundamentos para que actualmente continúen ciudadanos viajando en situación de contagio en algunas líneas de ferrocarril”.
Es urgente que se informe, además, el estado de ejecución de las normas de aislamiento social, en las unidades ferroviarias y los motivos que llevan a que todavía observemos el estado calamitoso del transporte público ferroviario, finaliza el pedido de informe.
El pedido de informe es acompañado por los diputados de Juntos por el Cambio Lidia Ascarate, Estela Regidor, María Lujan Rey, Roxana Reyes, Gustavo Menna, Gonzalo del Cerro, Jorge Enriquez y Julio Sahad.
Así interpretó Mario Negri el fallo de la Corte Suprema desestimando el pedido formulado por la vicepresidenta de la Nación.
Para el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, la resolución de la Corte Suprema de Justicia rechazando tomar una decisión sobre la posibilidad o no del Senado sesionar de manera no presencial, fue un “final cantado para la sobreactuación del planteo de Cristina Kirchner”.
“La Corte Suprema no puede ser quien interprete el reglamento de una cámara legislativa”, reseñó el diputado cordobés, que agregó: “Cinco votos a cero fue la decisión. Lamento que algunos senadores y el presidente de Diputados avalaran esta posición”.
También se pronunció sobre el mismo tema el diputado radical Alvaro de Lamadrid. Para el legislador porteño, “la Corte pone razonabilidad frente a las amenazas a sangre y fuego que le hizo la vicepresidenta a través de (Graciana) Peñafort para que le habiliten las sesiones virtuales”.
Y agregó: “El enojo al rechazo y la amenaza refleja el malestar por no hacerle lugar a su trampa para cerrar el Congreso”.
“Hay que abrir el Congreso como corresponde y marca el reglamento, el martes viajo Buenos Aires en auto para avanzar en una sesión. La Corte hizo lo que correspondía y por unanimidad rechazó el pedido de Kirchner de validar una sesión virtual del Senado”, estimó por su parte el diputado Luis Petri.
“Por unanimidad la CSJ rechazó el pedido de Cristina Kirchner. Estamos de acuerdo con este fallo que se ajuste a derecho y alertamos sobre el contragolpe, la vicepresidente irá ahora por la ampliación de los miembros del tribunal”, señaló por su parte el diputado Gonzalo del Cerro, en tanto que elpuntano Alejandro Cacace sostuvo: La @CorteSupremaAR resolvió el pedido de @CFKArgentina. En 74 páginas le dijo que puede el Senado sesionar de manera virtual si así lo interpreta, pero que no tiene por qué ir a pedirle autorización a la Corte”.
En su particular estilo, el formoseño Ricardo Buryaile tuiteó que “la Corte dijo que el agua moja y que el fuego quema, después los obsecuentes ponen títulos para complacer al poder. Los cuerpos dictan su propio reglamento, si quieren cambiarlo, deben sesionar… así de fácil”.
La iniciativa del diputado nacional radical Álvaro de Lamadrid propone que toda entidad que preste dinero no tenga ganancias superiores al 20%, mientras dure el estado de excepción.
El diputado nacional Álvaro de Lamadrid presentó un proyecto en el que propone que toda entidad financiera o prestadora de crédito, ya sea pública o privada, formal o informal, no pueda tener, durante la vigencia de la emergencia 27.541 y las medidas posteriores dispuestas por Covid 19, una ganancia superior al 20%.
“El tope del 20% anual se aplicará incluidos los intereses ordinarios, moratorios, punitorios y de otorgamiento de créditos”, aclaró.
“Coincido absolutamente con la idea expresada por el presidente de la Nación Alberto Fernández, cuando señaló que los que más han ganado en estos años tienen que ganar, ahora, un poco menos”, señaló el legislador radical, y añadió: “Esa idea no debe estar dirigida sólo a los empresarios y excluir al sistema financiero y prestadores de crédito, que son por otro lado quienes verdaderamente más han ganado por años. En muchos casos rentas extraordinarias y desorbitantes”.
En este sentido, el diputado porteño indicó que lo que propone “es una ley de complementariedad que viene a sumar a un sector clave para armonizar el todo. Se busca un equilibrio, para que las entidades financieras puedan cobrar y la gente pueda pagar. La ley es un remedio transitorio y provisorio ante el estado de excepción, porque la vigencia de la ley está atada a lo que dure la emergencia económica, sanitaria y su eventual prorroga”.
“El proyecto propone la creación de una comisión bicameral para hacer el control y seguimiento”, y resaltó que “la ley entra en vigencia a partir de su sanción”.
En el primer artículo de la iniciativa se establece la creación, “en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, de la Comisión Bicameral de Intereses, la que tendrá a su cargo establecer la ‘renta necesaria’ de las entidades financieras, la que en ningún caso podrá superar el veinte por ciento (20%) anual mientras dure la Emergencia prevista en la Ley 27541, disposiciones legales concordantes y sus eventuales prórrogas”.
De Lamadrid dejó en claro a quienes abarca el proyecto: “Es aplicable a todas las entidades financieras, bancos, cooperativas, financieras, mutuales, incluye a tarjetas de créditos, y a toda otra que funcione con mutuos, otorgue créditos, o sirva como herramienta de compra y pago, cualquiera sea su nombre o denominación, sean entidades públicas o privadas, formales o informales”.
El diputado explicó “que el objetivo principal de esta propuesta es darle algo más de oxígeno a quienes hoy más lo necesitan: los trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios, porque se encuentran ante el inminente peligro de quedarse sin trabajo, de quebrar o de verse obligados a cerrar sus negocios”.
Y finalizó: “¿Qué perseguimos a través de la sanción de la presente ley? Resolver una asignatura pendiente que sea una solución para la gente, dado que esto abarca a un universo sustantivo de la población. Una solución de la que no se habla. Es una ley necesaria para que se establezcan intereses razonables durante la transitoriedad de la emergencia a la actividad financiera”.
El legislador nacional radical presentó un proyecto de declaración, reclamando que las compañias devuelvan el dinero de tickets de viajes cancelados a argentinos varados y clientes.
El diputado nacional por Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid pidió, a través de un proyecto de declaración, que las compañías de viajes aéreos devuelvan el dinero de tickets de viajes cancelados a argentinos varados y clientes.
“Con colegas diputados manifestamos preocupación y exigimos que se deje sin efecto la medida, dispuesta por las compañías, de no devolver el dinero de los pasajes aéreos cancelados a los compatriotas que se encontraban en el exterior sin poder regresar al país”, sostuvo el diputado radical.
La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), con la facultad de permitir las liquidaciones bancarias de pasajes entre agencias y compañías aéreas de un mismo país o próximos, anunció que arbitró medidas internas para que, en lugar de devolver el dinero de los pasajes no usados -se estima que rondaría los 35 millones de dólares-, propone modificar las normas y sistematizar el otorgamiento de vales por tickets aéreos en lugar de cursar los reembolsos.
“Comprendemos la difícil situación que enfrentan las aerolíneas y el sector relacionado al turismo en general”, dijo el diputado nacional, sin embargo, sostuvo que “sugerir que utilicen lo gastado en pasajes no utilizados en otra planificación de viaje es pedirle a la mayoría de ciudadanos algo impensable; por lo menos a corto plazo. Su preocupación hoy es como darle de comer a sus familias”, concluyó de Lamadrid.
El legislador nacional Álvaro de Lamadrid señaló que la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos abrir las fronteras.
El diputado nacional por Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid le comunicó al canciller Felipe Solá que la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos abrir las fronteras a sus propios ciudadanos que se encuentran varados en el extranjero por el cierre provocado por la pandemia; y advirtió que “han muerto compatriotas que no fueron repatriados a tiempo”.
El diputado señaló que “desde el 16 de marzo hemos solicitado a Cancillería que ordene un plan de contingencia, desplazamiento a puntos de reunión y repatriación gratuita en línea de bandera a todos los argentinos y extranjeros residentes en el país que hubieran pagado pasajes con otras aerolíneas sin poder regresar”.
“Es urgente canciller Felipe Solá que, con lo padecido por los argentinos varados en el exterior, más aún, habiendo fallecido compatriotas por falta de medicamentos y encontrándose muchos en peligro, formalice y concrete el plan repatriación y los liberé del 30% del impuesto país”, resaltó Alvaro de Lamadrid.
En este sentido, dijo que hasta ahora “no hubo un verdadero plan de repatriación” más allá de vuelos puntuales llevados adelante “con gran desorden logístico; en el A330-200 de Aerolíneas Argentinas entran unos 250 pasajeros, pero para buscar gente en Perú mandaron dos Hércules de las Fuerzas Armadas y solo trajeron 140 en los dos vuelos”, describió el diputado radical.
“Hacen todo al revés. Para buscar los respiradores e insumos médicos, a China, mandan el avión A330-200 de pasajeros de Aerolíneas Argentina y el Hércules C130 que es avión de carga, a Perú, a buscar pasajeros”, finalizó el diputado nacional.
La iniciativa fue elaborada por el radical Álvaro de Lamadrid, quien consideró que esta modalidad “va a mejorar la calidad y generación de empleo”.
El diputado nacional Álvaro de Lamadrid (UCR) presentó un proyecto de ley que tiene por objeto regular el teletrabajo -o trabajo a distancia-, como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizado por la utilización de tecnologías de la información, nuevas herramientas de comunicación, telecomunicaciones, entre otros mecanismos, en todo el ámbito de las instituciones públicas y privadas promoviendo políticas para garantizar su desarrollo, desenvolvimiento y eficiencia.
La iniciativa establece que el empleador puede, por razones debidamente fundadas, cambiar la modalidad de la prestación y servicio laboral a la de teletrabajo, previo consentimiento del trabajador. “Este cambio no afectará la naturaleza del vínculo laboral, la categoría, remuneración pactada originariamente y demás condiciones laborales, salvo aquellas vinculadas a la asistencia al centro o lugar de trabajo”, indica.
“Estamos convencidos de que el teletrabajo nos permitirá contar con una herramienta legal que va a mejorar la calidad y generación de empleo, su eficiencia, dinamismo, flexibilidad virtuosa, mejora del medio ambiente, mayor aprovechamiento del tiempo y una mejor forma de conciliar la vida personal y laboral de las personas”, sostuvo el radical.
Además, el legislador analizó que “la más reciente crisis de salud mundial evidenció no solo la posibilidad, sino también la necesidad, del trabajo a distancia. Es un cambio que ya se venía dando y que es las últimas semanas se aceleró. El teletrabajo llegó para quedarse”.
Es una propuesta de Álvaro de Lamadrid para que en esta emergencia se prorroguen los carnets y verificaciones un año.
El diputado nacional radical Álvaro de Lamadrid presentó un proyecto para prorrogar las licencias de conducir y VTV, argumentando que “hay que pensar en medidas que le lleven alivio a la gente y ésta es una que va a ayudar al bolsillo”.
El proyecto establece prorrogar por un año la vigencia de las licencias de conducir que expiren durante el año 2020 y la revisión técnica vehicular VTV que se encuentren vencidas desde diciembre de 2019.
Al respecto, el diputado dijo que “el 16 de marzo presenté un proyecto para llevar alivio a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas; pedí que se extienda el alcance de los programas del REPRO y el gobierno Nacional extendió su alcance” y agregó el legislador radical “ahora vuelvo a presentar un proyecto, siempre pensando en quienes más lo necesitan en éste contexto de pandemia mundial”.
En ese orden, la medida propuesta va en beneficio directo de los conductores y trabajadores del transporte, quienes se han visto muy perjudicados al no poder cumplir durante varias semanas con sus obligaciones en el contexto de la pandemia del Covid-19.
Entonces, este proyecto procura suspender ciertas obligaciones y evitar sanciones, multas y mayores gastos en un duro escenario económico para todas las familias del país.
El legislador radical dijo que los compatriotas que no han podido regresar “la están pasando muy mal y afirmó que “ningún país abandona a sus ciudadanos”.
El diputado nacional radical Álvaro de Lamadrid volvió a reiterar a Cancillería que “por favor no abandonemos a nuestros compatriotas que nos necesitan, y muchos de ellos la están pasando muy mal”, en referencia a los argentinos que quedaron varados en el exterior.
“Día tras día recibo decenas de mensajes de argentinos que nos solicitan que no los olvidemos, que la están pasando muy mal en el exterior”, dijo el diputado radical y agregó “el 16 de marzo presenté un proyecto de resolución con propuestas para resolver el tema antes que se cerraran las fronteras”.
Además, Álvaro de Lamadrid afirmó que “hay que asegurar el regreso de nuestros compatriotas a salvo y que realicen el protocolo de salud. Ningún país abandona a sus ciudadanos”.
El diputado volvió a comparar a la Argentina con el país vecino, Uruguay y la campaña #TodosEnCasa. “Cancillería debería mirar cómo trabaja Uruguay para repatriar a sus compatriotas”, sostuvo.
En ese sentido sostuvo que la mayoría de los países del mundo que han cerrado sus fronteras lo hicieron con respecto a ciudadanos no nacionales. Por otra parte apuntó que “los argentinos en el exterior están siendo víctimas de abusos policiales, robos y agresiones en los países en los cuales se encuentran. La mayoría no ha recibido ayuda de los consulados”.
“Recibo mensajes de argentinos varados en la India, Ecuador, Perú, Francia, Qatar, Tailandia, República Dominicana, compatriotas que están en la frontera Argentina/Brasil, Punta Cana y están ahorcados económicamente, pido que por favor no se les cobre el 30%”, continuó el diputado nacional.
“Un mensaje que me dejó muy preocupado, como todos, pero este fue especialmente, cuando una argentina desde la India me cuenta que no conseguía lugar para pasar la cuarentena, que habían cerrado todos los hoteles y hostales, casi se queda en la calle; zafó de casualidad, pero ya casi sin dinero para comer”, resaltó el diputado.
También se refirió al sistema de salud extranjero y sostuvo que “muchos compatriotas no pueden afrontar esos gastos, estaban afuera con el dinero justo y ahora ni siquiera pueden comprar sus remedios”.
El legislador nacional radical Álvaro de Lamadrid se refirió al pedido de captura de la plana mayor del gobierno venezolano por la administración de Estados Unidos.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid se refirió a la denuncia de la administración de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro, y señaló que “el gobierno usurpador de Miraflores tiene pedido de captura y recompensa por narcotraficantes. Desde Maduro, Diosdado Cabello y la camarilla de narcos y asesinos”.
Y continuó el diputado radical: “Hoy esto que señala la fiscal que los acusa nos da la razón y muestra al mundo de modo inequívoco de que se trata lo que ocurre en Venezuela”.
En este sentido Lamadrid manifestó que ve este pedido de captura “como un punto crucial para el encarcelamiento de estos bandidos; lo peor que han hecho muchos es tratarlos como políticos”, y expresó: “La expresidenta Cristina Kirchner no ha condenado nunca la dictadura de Venezuela y el padecimiento de su pueblo secuestrado por narcotraficantes”.
“La droga estos años ha sido transportada por los cilindros de PDVSA, los camiones y autos del ejército, las camionetas de Senst, una especie de AFIP de Venezuela, por los aviones oficiales y los buques de la marina mercante”, sostuvo el legislador.
Finalmente, el diputado radical resaltó: “Teníamos razón y lo denunciamos con pruebas y dando testimonio que quedará para siempre en el libro que escribí con motivo de mi visita a Caracas y Valencia invitado por María Corina Machado y líderes opositores al régimen”.
Un día después de que el presidente anunciara la decisión de suspender el regreso de compatriotas en el exterior, desde la oposición solicita al Ejecutivo traerlos y garantizar asistencia y ayuda económica mientras tanto.
Inmediatamente después de que el presidente de la Nación anunciara que al menos por un tiempo no habrá más vuelos de repatriación de pasajeros argentinos que quedaron varados en el exterior, legisladores radicales reclamaron atender la situación de esos compatriotas.
El diputado nacional Luis Petri solicitó a través de un proyecto de declaración que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para repatriar a todos los argentinos en el exterior y garantice durante su estadía asistencia y ayuda económica en atención a las inhumanas condiciones por las que están atravesando.
“Existen miles de argentinos varados en el exterior que necesitan volver al país. Exigimos saber cuál es el Plan de Repatriación y que recursos va a destinar el Gobierno para su auxilio y asistencia. Más que nunca hay que garantizar sus derechos ante la situación de desamparo”, exigió el legislador mendocino.
Además, Petri manifestó que “el Estado argentino que debe ser garante de los derechos de los argentinos en el exterior, les impide el ingreso al país y los coloca en una situación de indefensión y vulnerabilidad extrema ante la pandemia y las medidas adoptadas por otros países por el coronavirus”.
También hizo referencia a que “las crisis ponen a prueba los Tratados Internacionales y su vigencia: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece que ‘toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país’. Tenemos la obligación de repatriarlos”.
En el mismo sentido se expresó el también radical Alvaro de Lamadrid: “Le pedimos al presidente Alberto Fernández que no abandone y dejé sin medios a los miles de argentinos que están en el extranjero”. Y le advirtió al mandatario: “Pueden enfermarse y no ser atendidos. Es un tema de solidaridad. No los castigue”.
“Hay que asegurar el regreso de nuestros compatriotas a salvo y que realicen el protocolo de salud. Ningún país abandona a sus ciudadanos”, remarcó el legislador, quien recordó que ni bien comenzaron los inconvenientes de nuestros compatriotas para regresar al país presentó un proyecto solicitando que todos pudieran regresar de manera gratuita a través de nuestra línea de bandera Aerolíneas Argentinas.
Por su parte, Gonzalo Del Cerro (UCR-Santa Fe) dijo que “el Gobierno decidió frenar el regreso de quienes no pudieron volver antes de la cuarentena, el presidente dijo que los traerán cuando el riesgo sea menor, hay unos 15.000 compatriotas que están desesperados y que acuden a buscar auxilio a embajadas y consulados, que están desbordados frente a la demanda, por eso es imperioso que las delegaciones cuenten con recursos para ayudarlos”.
Del Cerro, junto a sus pares de Juntos por el Cambio de Santa Fe Albor Cantard, Ximena García y Juan Martín, pidieron a la Cancillería que “disponga de partidas presupuestarias especiales para que los consulados y embajadas puedan atender las necesidades urgentes, mínimas y básicas de los miles de argentinos que quedaron varados en el exterior por la pandemia del corona virus”.
En el proyecto destacan que “debe existir un compromiso de reembolso por parte de quien recibe la ayuda, cuando se normalice la situación se deberá reintegrar al Estado la totalidad del dinero adelantado o el monto de las tarifas de alojamiento y comida”.
“Los medios destacan que hay gente tirada en los aeropuertos, en la calle, que no tienen qué comer ni dónde alojarse y que además ya han excedido el límite de gastos de sus tarjetas, por las que deben abonar el recargo “solidario” del 30%”, explicaron.
Alvaro de Lamadrid cuestionó que el primer mandatario atribuyera a “los privilegiados que viajaron a Europa” la llegada del coronavirus.
El diputado nacional Álvaro de Lamadrid (UCR – CABA) se refirió a las afirmaciones del presidente Alberto Fernández, quien señaló que “el coronavirus al país lo trajeron los privilegiados que viajaron a Europa”.
“Presidente, no estás más en campaña, esos dichos populistas son para la barricada en tiempos de elecciones”, dijo el diputado radical; y continuó: “Ahora sos el comandante en jefe y tenés que actuar con responsabilidad”.
Álvaro de Lamadrid, además, recordó cuando su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo en su momento que la diabetes era una enfermedad de ricos: “Siempre el kirchnerismo echando la culpa de los males a la clase media, y las que regresaron ayer del extranjero fueron la vicepresidenta y su hija”, aludió el diputado nacional.
“Usted presidente hizo un viaje por Europa este año, como muchos compatriotas que viajan por negocios o turismo; se tendría que incluir en los ‘privilegiados’ que trajeron el virus”, continuó el diputado.
Hay que recordar que ni bien comenzaron los problemas para que los argentinos que están en el exterior pudieran regresar, Álvaro de Lamadrid presentó un proyecto proponiendo a la Cancillería un plan de contingencia, desplazamiento a puntos de reunión y repatriación gratuita en la línea de bandera de todos los argentinos, incluyendo a aquellos que sacaron su pasaje de regreso por una aerolínea extranjera.
“Traigamos a todos. No culpe a nuestros compatriotas y no se excluya de su deber y responsabilidad como Presidente”, señaló el legislador.
Y recordó que “desde Juntos por el Cambio apoyamos las medidas que lleva adelante su administración y por eso le pido que actúe con la seriedad del caso, como lo hacemos nosotros”.
Legisladores radicales cuestionan que el organismo presidido por Luana Volnovich proceda a realizar cesantías en medio de esta crisis sanitaria.
Diputados nacionales de la UCR cuestionaron los despidos producidos en el PAMI, entidad a cargo de Luana Volnovich, y exigieron la reincorporación del personal. Los despidos, que tienen una exclusiva motivación política e ideológica, se producen en medio de una situación de crisis sanitaria por el coronavirus y cuando el Presidente está promoviendo la unidad política para atender esta dura situación y está pidiendo la participación de todo el personal de la salud para atender la crisis.
“Primero fue en Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio. Ahora en PAMI. Los argentinos estamos viviendo tiempos difíciles donde se requiere responsabilidad y solidaridad, no revanchismo político y persecución. Exigimos que se reincorporen los trabajadores despedidos de PAMI por razones partidarias e ideológicas”, reclamó el diputado nacional Álvaro de Lamadrid (UCR-CABA).
“Se están produciendo despidos a mansalva en el PAMI por razones políticas. Esa actitud siempre es condenable. Más en este momento en que se necesita unidad y concentrar los esfuerzos en la lucha contra la pandemia. Debe revertirse la decisión y actuar con responsabilidad”, afirmó el legislador Gustavo Menna (UCR-Chubut).
“Mientras hablamos de crisis sanitaria y de estar unidos frente al avance del COVID-19, en el PAMI despiden, por cuestiones ideológicas, a más de 750 personas. No sirve el doble discurso”, destacó Ricardo Buryaile (UCR-Formosa).
En tanto, la diputada Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos) dijo que “estamos en épocas de control sanitario. No para realizar despidos masivos en PAMI. Por favor Presidente suspenda estas medidas”.
Por último Gonzalo Del Cerro (UCR-Santa Fe) aseguró que “resulta contradictorio que mientras el presidente convoca a un trabajo conjunto para luchar contra el corona virus, sus funcionarios kirchneristas despiden por razones políticas a 400 trabajadores del PAMI. Los abuelos necesitan a todos, parafraseando a Alberto Fernández, parece que hay funcionarios especulando con una situación imperdonable para especular. La barbarie se refugia en el dolor”.
El proyecto es de Álvaro De Lamadrid y también plantea que la AFIP y el REPRO den un alivio a los sectores perjudicados.
El diputado nacional Álvaro De Lamadrid (UCR) presentó dos proyectos que buscan atender situaciones derivadas de la expansión del coronavirus en el país.
En uno de los proyectos propuso la generación de “planes de contingencia, desplazamiento, evacuación y repatriación” de los ciudadanos argentinos afectados por el alcance del DNU 260/2020, el cual debería contemplar rutas, medios de transporte, puntos de reunión y lugares de alojamiento, en su caso, para todos los ciudadanos argentinos afectados de manera gratuita.
Para esto el diputado propuso poner a disposición la aerolínea de bandera. “Es imprescindible contar con un listado de argentinos residentes en el exterior, así como también de los que se encuentran en calidad de turista en los países enunciados”, argumentó.
“Pretendemos que los argentinos que estén en el exterior puedan volver por Aerolíneas Argentinas de manera gratuita aunque tengan pasaje de regreso por otra aerolínea, ya que están los vuelos cancelados”, señaló el legislador.
También sugirió tareas de control, seguimiento y asistencia médica a través de los consulados en el exterior a los argentinos que pudieran estar enfermos en el exterior.
En su otro proyecto, De Lamadrid busca que la AFIP implemente los procedimientos que estén a su alcance para simplificar y aliviar el pago de impuestos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Además, el legislador pretende que se disponga llevar adelante “la más amplia difusión, facilitación del acceso y rápido otorgamiento a los sectores perjudicados de los programas del REPRO”, dependientes del Ministerio de Trabajo.
Luego de que Alberto Fernández recibiera y respaldara al candidato de Evo Morales, el diputado De Lamadrid pidió garantizar la transferencia de los comicios en el país vecino.
El diputado nacional Alvaro De Lamadrid (UCR – CABA) presentó un proyecto a través del cual procura tener detalles sobre el rol que tomará el Poder Ejecutivo Nacional en el proceso electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales en Bolivia.
“Las recientes acciones del presidente de la Nación recibiendo y respaldando al candidato presidencial en Bolivia del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, así como al expresidente de ese país y refugiado político en Argentina, Evo Morales, generó profunda preocupación en distintos sectores de la sociedad, así como reclamos justificados en la nación vecina. Por lo mismo, esas acciones generan justificada preocupación sobre las condiciones y transparencia para el voto de los bolivianos residentes en nuestro país en las elecciones a celebrarse el próximo 3 de mayo, así como durante todo el proceso previo a dicha jornada”, remarcó De Lamadrid al fundamentar el proyecto.
En este sentido, el diputado radical procura que el Gobierno informe si está tomando todas las acciones necesarias para garantizar las condiciones electorales transparentes, libres y justas de los bolivianos residentes en el país; si está en una posición imparcial de cara a dicho proceso y no en favor de alguna de las fuerzas políticas que compiten en las elecciones en Bolivia; si el expresidente Evo Morales, en condición de refugiado político en nuestro país, está cunmpliendo toda la normativa que su condición le requiere, y si el Ejecutivo está en comunicación con las autoridades del gobierno interino de Bolivia y/o con las autoridades designadas por ese gobierno interino en nuestro país para coordinar las acciones que garanticen la transparencia del proceso electoral, entre otras cuestiones.
“Las elecciones presidenciales que se celebrarán en Bolivia el próximo 3 de mayo, y en la que se elegirán Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, tendrán un capítulo importante en nuestro país, debido a la cantidad de bolivianos residentes que ejercerán su derecho al voto en nuestro territorio; casi 170.000 ciudadanos bolivianos están habilitados para votar en Argentina. Según datos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de Bolivia, de los 198.619 ciudadanos bolivianos que votaron fuera de Bolivia en las últimas elecciones presidenciales el 20 de octubre de 2019, más de la mitad, 98.458, lo hicieron en Argentina, lo que demuestra el peso de los residentes en nuestro país”, afirmó.
El legislador radical recordó que “según el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el proceso electoral en Bolivia el pasado octubre, se detectaron diversos indicios de manipulación, irregularidades y fraude en el proceso. Las elecciones del 3 de mayo se realizarán con el mismo padrón electoral utilizado para las últimas elecciones, el cual ha demostrado estar desactualizado y ha sido observado por diversas irregularidades. Esto hace que el control electoral sea aún más necesario e importante que en cualquier otra ocasión, ya que de éste dependerá la transparencia de todo proceso”.
“La comunicación y trabajo coordinado con las autoridades del gobierno interino de Bolivia, así como con las autoridades designadas por ese gobierno en nuestro país, tanto a nivel de Embajada como Consulado, se hace indispensable para definir y aplicar las medidas necesarias las semanas previas y el día mismo de la elección”, finalizó.
Para el diputado De Lamadrid, nombrarlo “refleja vocación por la impunidad y lo irracional”.
“La reciente designación de Aníbal Fernández al frente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) generó preocupación por la necesidad de que quién ejerza esa función sea una persona formada, no solo en el manejo de la mina y su administración, sino también en el conocimiento de la complejidad especifica de la problemática y su perspectiva de negocios e inversión”, explicó el diputado nacional Álvaro de Lamadrid (UCR – CABA).
Por tal motivo presentó un proyecto para que el PEN informe si Aníbal Fernández posee estudios y antecedentes relacionados con la administración de la exploración minera, centrales termoeléctricas y sustentabilidad en equilibrio con la protección del ambiente; sobre logística de personal y/o material en el área y desempeño y experiencia en cargo público o privado, entre otras cuestiones.
“La central está paralizada, la mina recién se empezó a preparar para producir y se logró este cometido luego de la gestión de Julio De Vido, quién a la fecha debe explicaciones ante una Justicia que lo rodea con pruebas de corrupción”, señaló.
De Lamadrid remarcó que “la mina de Río Turbio ha sido para muchos un lugar de privilegiados. Han cobrado y manejado mucho dinero sin control en tiempo pasado. Este lugar, ya no soporta más de secretos de corrupción y negociados espurios”.
El legislador radical concluyó diciendo que “nombrar a Aníbal Fernández en YCRT demuestra no estar a la altura de las necesidades del ahora y refleja vocación por lo irracional al no contemplar las necesidades de transparencia, para dejar atrás la absoluta impunidad que envolvió a la mina y a la empresa”.
