El diputado del Pro Álvaro González anunció este viernes que votará a favor de la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario y opinó que "el Gobierno, en esta instancia, como en la de los jubilados, se aferra a un dogma en lugar de tratar de resolver una situación".

"Voy a votar en contra (del veto)", dijo el legislador, que había estado ausente en la primera votación de la norma, pero este miércoles apoyó el reclamo al participar de la marcha universitaria.

Mientras el bloque Pro se mantiene sin dar una postura respecto de lo que hará en la sesión del próximo miércoles, González fue el primero en confirmar que no votará junto al oficialismo.

"Yo entiendo lo del déficit cero y me parece que estamos todos de acuerdo, pero hay mecanismos en un presupuesto donde vos podés, si tenés voluntad política de resolver el problema, sacarle a unos y ponerle a otros", señaló.

En declaraciones a Radio Mitre, el porteño apuntó que la ley tiene un costo fiscal de 0,14% del PBI: "Cualquier gasto tributario que toques un poquito, lo financias".

Cercano al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado fue consultado por la postura del presidente Javier Milei sobre que no acatará la ley si el Congreso la ratifica. "Me parece absolutamente horrible esa posición. En un sistema democrático las leyes están para cumplirse", expresó.

Vamos a insistir con la Ley de Financiamiento Universitario. La educación pública es un derecho.
No se puede gobernar mediante DNU y Veto. https://t.co/dEFFSNFkDc

— Álvaro González (@_alvarogonzalez) October 4, 2024

En otro tramo, González agregó: "Creo en la educación pública, me formé en educación pública, soy egresado de la Universidad Nacional del Litoral. El acceso al conocimiento es la oportunidad que tienen los más vulnerables para salir de esa situación. Después, como todas las cosas en Argentina, siempre se puede mejorar".

Para el diputado, "se politiza demasiado una situación que requiere menos política y más solución. Cuando sos presidente te encontras con lo que te encontras, no podés ser selectivo, y tenés que resolver los problemas que encontras". "El Gobierno decidió en muchos temas poner un dogma por sobre la solución del problema", insistió.

El diputado nacional Álvaro González opinó este martes sobre el informe difundido por la Fundación Pensar y se mostró de acuerdo con los datos difundidos. Para el diputado del Pro, “el  Gobierno careció de una estrategia parlamentaria. Ellos no tenían una ley, sino un paquete de leyes, eran en total 1.000 artículos. Y decidió ir por el camino del DNU”.

En este sentido agregó: “no hay otra forma de sacar leyes que no sea mediante el consenso”.

En diálogo con Mañana Sí (radiosi.com.ar), se refirió a la aprobación de la Ley Bases y las expectativas en torno a esta nueva etapa, y cuestionó la falta de gestión del gobierno: “Acompañamos en la sanción de la ley porque si no aparecía una victimización. Ahora está la ley. Si pretendés un cambio cultural, es como la revolución productiva, es un slogan. Al cambio hay que gestionarlo. Se acomodan a un discurso que les queda cómodo que es que no lo dejan”. Según González “a partir de ahora” sólo acompañarán “los cambios beneficiosos para el país y los otros no".

Por otro lado, dejó en clara su postura como miembro del Pro: “Es propio de la democracia que cada partido tenga su identidad. Nosotros somos del Pro y ellos son libertarios. Pareciera que hay algunos muchachos que son violetas desteñidos”, describió. Además, pidió que “el presidente baje el volumen y se ponga a trabajar”.

El diputado también se refirió a las internas del Pro y al “proceso de reconfiguración” que atraviesa actualmente: “¿Bullrich es ministra por el Pro o por Bullrich? ¿Tiene mandato del Pro para incorporarse al Gobierno como una alianza o es una funcionaria? El gran público no está en eso, ve que las dos fuerzas que compitieron, hoy comparten el Gobierno", y aclaró que “no le molestó” que Patricia Bullrich “se corte sola”.

Finalmente, se refirió a la actualidad de Horacio Rodríguez Larreta señalando que “está convencido de que para sacar el país adelante hace falta un modelo de desarrollo, está estudiando, ya pasó su etapa de luto por haber perdido. No se le puede negar capacidad de gestión. Quizás no es el más carismático, pero es el más trabajador".

A cuatro días de las elecciones generales, el diputado nacional Álvaro González (Pro – CABA) afirmó este miércoles que Juntos por el Cambio “es la opción más clara que tiene la sociedad para el cambio que necesita el país”.

Consultado por el acto de cierre de campaña, donde la candidata a presidente de JxC, Patricia Bullrich, anunció a su competidor de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, como potencial jefe de Gabinetes, el integrante del Consejo de la Magistratura respondió que “estamos diciéndole a la sociedad que estamos juntos y que vamos a seguir juntos”.

En declaraciones a Radio Sí, añadió que “Patricia y Horacio son la fórmula necesaria para el cambio que necesita el país”, y por otro lado, consideró que “es muy probable que Jorge Macri gane en primera vuelta porque tiene un horizonte de casi 60 días para implementar los cambios que él cree que tiene que implementar”.

Finalmente, se refirió al proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema que es llevado a cabo en comisiones de la Cámara de Diputados desde enero: “El kirchnerismo nunca va a llevarlo al recinto porque tienen las mayorías en las comisiones, pero no los votos necesarios en Diputados ni en el Senado”.

A raíz de la situación de la camarista Ana María Figueroa, los diputados del Pro Pablo Tonelli y Álvaro González presentaron un proyecto de ley sobre el cese de los magistrados a los 75 años, reglamentando así lo establecido por el artículo 99 -inciso 4, tercer párrafo- de la Constitución Nacional.

Dicho artículo dispone que los jueces del Poder Judicial de la Nación cesan en sus cargos al cumplir 75 años de edad, salvo que sean previa y nuevamente designados. El nuevo nombramiento requiere el acuerdo del Senado y no puede extenderse por más de cinco años.

La iniciativa de los legisladores de Juntos por el Cambio busca establecer que "los jueces cesarán automáticamente en sus cargos el día que cumplan 75 años de edad o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación; salvo que antes de alcanzar esa edad o de llegada esa fecha hayan sido nuevamente designados por el Poder Ejecutivo con previo acuerdo del Senado". Además, indica que el cese no estará sujeto a decisión o condición.

Al respecto, Tonelli sostuvo que “evidentemente no basta con lo dispuesto por la Constitución Nacional, ni con el sentido común y la decencia. Hace falta reglamentar el cese de los magistrados a los 75 años para que quede claro que no pueden continuar en funciones luego de cumplir esa edad, salvo trámite completo y previo de prolongación de su designación".

"Para que quede claro: deben cesar en sus funciones, no deben cobrar más su sueldo, no deben ocupar más sus oficinas, y deben dejar todos los privilegios de jueces en actividad”, remarcó el diputado porteño.

En este sentido, la iniciativa determina en su artículo 3° que el mismo día que el juez cumpla 75 años o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación, si previamente no ha sido nuevamente designado, perderá su condición de magistrado y dejará de percibir la remuneración correspondiente a su cargo. Asimismo, deberá dejar la oficina que utilice y perderá todos los derechos inherentes a su condición de juez en actividad.

Por su parte, González dijo que “este proyecto viene a dejar de forma clara lo que expresa nuestra Constitución en el artículo 99, inciso 4. Queremos con este proyecto evitar interpretaciones especulativas según la conveniencia. Y que, el precepto constitucional, se interprete tal cual fue su espíritu. Es decir, los jueces que cumplen 75 años de edad cesan en sus funciones ese mismo día, salvo que hayan obtenido el acuerdo de Senado para una nueva designación por cinco años más”.

Según los fundamentos del proyecto, los autores consideran imprescindible que la norma prevea que solo el trámite completo de nueva designación, que culmine con el necesario decreto de nombramiento emitido por el presidente de la Nación, permite al juez involucrado continuar desempeñando su cargo.

De manera que quede establecido que la mera petición de acuerdo o aun el otorgamiento de ese acuerdo no bastan si la nueva designación no concluye con el decreto de rigor y el magistrado debe cesar en su cargo de manera automática al cumplir la edad prevista en la Constitución Nacional. También se propicia que, una vez producida la vacante automática, el Consejo de la Magistratura deba convocar de inmediato al concurso de oposición y antecedentes destinado a cubrir esa vacante, a fin de que esta sea cubierta en el menor lapso posible.

La polémica se abrió a raíz de la situación de la jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa -con voto clave en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, quien cumplió 75 años el pasado 9 de agosto, pero hasta ahora el oficialismo en el Senado no ha tenido el número para poder aprobar su pliego enviado por el Poder Ejecutivo, que busca prorrogar su cargo por cinco años más.

El día de su cumpleaños, la magistrada informó a sus pares que dejaba la presidencia de la Cámara y que no firmaría más resoluciones, pero que no se tomaría licencia a la espera del trámite parlamentario -hasta diciembre-, amparada según su criterio en una resolución de 2017 del Consejo de la Magistratura sobre la continuidad de los jueces mayores de 75 años.

Por Leandro Bravo

Miembro del Consejo de la Magistratura y secretario de la Comisión de Juicio Político, el diputado nacional Álvaro González (Pro – CABA) es palabra autorizada a la hora de hablar de las cuestiones judiciales que concentran este verano toda la atención en el Congreso de la Nación. En ese sentido, no duda en señalar que el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que promueve el oficialismo, tiene en uno de sus fundamentos “una maniobra irregular que da a pensar que los organismos de Inteligencia están detrás”.

Se refiere a la obtención de los “supuestos” chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y el asesor del máximo tribunal de justicia, Silvio Robles, que han sido uno de los elementos que el Gobierno ha tenido en cuenta a la hora de promover esta embestida contra la Corte.

Entrevistado por parlamentario.com, el diputado opositor consideró: “Es inadmisible armar un juicio político cada vez que un juez falle una cautelar, porque lo que estarían queriendo hacer es correr a los jueces, y no probar el mal desempeño”.

Consultado también sobre las candidaturas de Juntos por el Cambio, el consejero respondió: “Primero están las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias). Quien gane gobernará y quien pierda tiene la obligación de acompañar al que gane”.

- ¿Qué balance hace de estas dos primeras jornadas del juicio político?

- El primer dato es que el oficialismo ha decidido avanzar en el enjuiciamiento de los miembros de la Corte sobre distintos expedientes, son 14 en total. La primera reunión consistió en leer esos 14 pedidos y, sobre eso hubo discusiones, básicamente, de contenido político en función de que ellos creen que son suficientemente importantes los cargos en los pedidos como para admitir el juicio político y avanzar, y nosotros creemos que hay una “embestida” por parte del Ejecutivo a través de los legisladores que han presentado los pedidos de juicio político contra la Corte, que tienen que ver con los problemas que tiene el oficialismo con la Justicia. La segunda reunión fue la del jueves pasado, donde vinieron todos y cada uno de los firmantes de los proyectos y expusieron -verbalmente- los motivos por los que creían que correspondía el juicio político. De allí surgen tres grandes grupos de motivos de fondo: están los cargos vinculados al contenido de la sentencia; esto básicamente tiene que ver con la incomodidad que le genera al Gobierno nacional no haber podido resolver en sede administrativa la discusión que tienen con la Ciudad de Buenos Aires producto de la coparticipación que, a su vez, es producto de la transferencia de servicios de seguridad. Eso tuvo, en una primera etapa, una discusión en el Ministerio del Interior con (Silvina) Batakis como secretaria de Interior y Wado De Pedro como ministro. Intempestivamente, un día el Gobierno nacional nos sacó un pedazo de la coparticipación, sin avisar, y nosotros no tuvimos otra alternativa que recurrir a la Corte para reclamar lo que es nuestro.

Primer dato: lo que falló la Corte es una cautelar, no una cuestión de fondo. Por eso consideramos que es inadmisible armar un juicio político cada vez que un juez falle una cautelar, porque lo que estarían queriendo es correr a los jueces, no probar el mal desempeño.

Segundo dato: el contenido de las sentencias está escrito en todas las jurisprudencias, tanto latinoamericanas, como mundial, de que los jueces no pueden ser sometidos a juicio político por su sentencia. Acá no hay ningún prevaricato, ni ningún delito comprobado como para que se pida juicio político porque el contenido de la cautelar no convence al Gobierno nacional. El Gobierno nacional tiene las herramientas de resolver esto: resulta que dicen que la sentencia le causa un perjuicio irreparable y es todo mentira. Esto sale de la coparticipación primaria, no sale de la coparticipación de los gobernadores. Ahora resulta ser que lo que le sacaron a la Ciudad se lo dieron a la provincia de Buenos Aires, y Provincia tiene plata en plazos fijos en dólares y en pesos. Es un problema por tener una mirada con un distrito que es esquivo al oficialismo y ver si le pueden sacar recursos a un distrito que no los acompañe. Por otra parte, es un distrito que aporta a la masa coparticipable un 25 por ciento y le devuelven el 1,4. Le transfieren un servicio como lo fue la Policía, y no le pasan la plata para pagar ese servicio. También están los cargos vinculados a supuestos chats, que ya fueron judicializados y archivados porque existe un principio general: vulneran la cuestión privada de la gente. No se puede iniciar un juicio político por chats que, en el mejor de los casos si fueran ciertos -nadie lo comprobó-, han sido obtenidos de forma irregular. No hay ningún juez que haya ordenado la intervención de esos teléfonos, por lo cual hace pensar que los organismos de Inteligencia están detrás de todo esto.

Por último, los cargos que están vinculados a las irregularidades de la obra social: se ve que se acordaron tarde, porque la obra social y la Corte están vinculadas hace años. No entiendo muy bien porqué ahora se les ocurre investigar cómo está administrada la obra social. Mucha sorpresa me causa que citen como testigo al juez (Eugenio) Zaffaroni, que fue miembro de la Corte durante años. O sea que Zaffaroni vino a contar los "desaguisados" que hacían con la obra social. Después escuché el relato de Patricia Isasa (sobreviviente de la dictadura) contra el presidente la Corte (Horacio) Rosatti. La señora dice que el mal desempeño se dio cuando él era intendente de Santa Fe, pero después Rosatti fue ministro de Justicia de -la gestión presidencial- Néstor Kirchner. Traer el tema de los Derechos Humanos y mezclar esta situación para decir que los miembros de la Corte son personajes que quieren acompañar a la dictadura, me parece un disparate. Ellos -el oficialismo- no están conformes con la Justicia. No pudimos ponernos de acuerdo para definir la ley del Consejo de la Magistratura con los tiempos que puso la Justicia y la política cuando no se pone de acuerdo recurre a la Corte, pero un sector de la política que no está de acuerdo pide juicio político. Me parece llamativo. Cuando el oficialismo pide juicio político por un fallo que no le gusta está cometiendo un avasallamiento contra la Justicia, que falla a derecho. Seguramente el jueves que viene -en la Comisión de Juicio Político- tendrán 16 votos, y habrá dos despachos, uno de admisibilidad y otro de rechazo, que luego irán a parar a un cajón. El oficialismo no va a juntar 172 votos -en el recinto- para sacar a la Corte. Esto tiene que ver más con un show y un circo político que con una posible solución de que si lo que ellos platean fuera un problema. Ellos saben que si lo llevan al recinto pierden. Bajémosle la expectativa.

- ¿Cómo cree que va a quedar el prestigio de la Corte Suprema luego de que pase este juicio político?

- Para la República Argentina llevar un juicio político adelante sin fundamentos, en forma irregular, puede comprometer las responsabilidades institucionales de la Argentina en el mundo. Imaginate lo que es para el mundo cuando vos le pedís inversiones y decimos que queremos salir del estado económico calamitoso que tenemos para salir con crecimiento. ¿Puede haber inversiones en un país donde el órgano superior de Justicia está sometido a juicio político? El prestigio de la Corte va a quedar en el lugar donde tiene que quedar, porque se va a probar que todo lo que dice el oficialismo de la Corte quedará saldado cuando no tengan el número en el Congreso.

- ¿Qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo se destraba la situación en ese organismo?

- Lo primero que tiene que ocurrir es que se termine de conformar y creo que ahí falta una resolución de la Corte vinculada al estamento del Senado. El oficialismo se dividió en dos para quitarle un lugar a la oposición que le correspondía al Pro y la Corte ya sacó una resolución diciendo que eso era para quedarse con un lugar que no le correspondía. Ese tema está a resolución de la Corte y saldrá en el corto plazo para que el Consejo de la Magistratura quede conformado con los 20 miembros.

- Lo llevo al terreno electoral, ¿no perjudica a JxC la existencia de tantos candidatos en la provincia de Buenos Aires y ahora también en la Ciudad de Buenos Aires?

-La cantidad de candidatos de hoy, no será la cantidad de candidatos en las generales, porque antes están las PASO. El candidato que la gente elija será quien estará como candidato de Juntos por el Cambio.

- ¿Cómo se saldan las heridas una vez que finalice el período electoral?

- La competencia es histórica en la política. Es muy sencillo, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. El que gana tiene la obligación de incorporar a aquellos que perdieron, y los que perdieron tiene la obligación de apoyar a los que ganaron. El que gane -las PASO- será el candidato de todo Juntos por el Cambio. Para mí, va a ganar Horacio Rodríguez Larreta -jefe de Gobierno porteño-.

-¿Lo ve a Larreta como el presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre?

- Veo que es el candidato que mejor puede discutir el modelo que necesita la Argentina para el próximo tiempo. Es el que tiene mayor experiencia y quien tiene una propuesta de llevarlo adelante con la mayor cantidad de acompañamiento posible. Eso es lo que yo veo.

El diputado nacional Gustavo Álvaro González (Pro) cuestionó el temario de las sesiones extraordinarias que envió el Ejecutivo que tiene 27 proyectos: “Quieren hacer en un mes lo que no se hizo en un año”. En ese sentido, le dejó un mensaje al Gobierno: “Si quiere hacer funcionar el Congreso tiene que darle el lugar a la minoría”.

En diálogo por CNN Radio, el legislador opositor se refirió al pedido de juicio político de los integrantes de la Corte: “Primero tienen que llamar a la comisión, llamar al número y ver si pueden sacar el proyecto”, y sumó: “Parece que (Sergio) Massa no está muy convencido de juzgarlos. Tienen esta vocación de generar noticias que no tiene que ver con lo que está pasando”.

“Tenemos un Congreso paralizado por hacer durante un año sesiones especiales con la temática que impulsa el Frente de Todos”, criticó el diputado González en referencia a los proyectos del oficialismo vinculados el Poder Judicial y sumó: “Desde el gobierno decidieron no tener diálogo en el Congreso y si lo quieren hacer funcionar tienen que darle el lugar a la minoría”.

Respecto del temario para extraordinarias, el legislador del Pro cuestionó: “Ellos proponen y convocan a las sesiones… Se aprobaron 27 leyes el año pasado y quieren hacer en un mes lo que no se hizo en un año”.

Por último, opinó: “Tienen un estilo de confrontar permanentemente cuando las cosas no son tan complicadas. Hay una clara decisión política de avanzar sobre el Poder Judicial y no lo vamos a permitir”.

El diputado nacional Álvaro González (Pro – CABA) habló este miércoles del oficialismo y el pedido de juicio político contra la Corte Suprema: “Hace una semana vienen postergando el proyecto”.

Además, el integrante del Consejo de la Magistratura expresó: “Son la agrupación ‘avanza y recula’ como dijo Cristina Kirchner (vicepresidenta de la Nación). Parece que no se ponen de acuerdo entre ellos porque según leí, los diputados que responden a (Sergio) Massa -ministro de Economía- no están de acuerdo con la estrategia”.

Entrevistado en Radio Rivadavia, el exvicepresidente de la Cámara baja sostuvo que el enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia es “una decisión política contra un fallo arbitrario de la Corte”.

“La ineptitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, hizo que el Gobierno buscará sacarle la coparticipación a la Ciudad”, señaló González, en alusión al fallo de recursos coparticipables, y respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura, agregó: “La Corte había sentenciado sobre lugares que son de la oposición y no le corresponden al FdT”.

Respecto a la reunión de Comisión de Juicio Político, el diputado manifestó: “Habrá que ver cuando nos reunamos, y esperar a ver si están los 16 del oficialismo”. Del mismo modo, agregó: “Si no cambian la actitud, nosotros no le vamos a dar quórum”.

En tal sentido, recordó: “Nosotros terminamos el año 2022 con un Congreso empantanado. No pudieron hacer la sesión para elegir las autoridades”. Sin embargo, anunció que todos los que no son del oficialismo “se han dado cuenta que hay un avasallamiento”.

Consultado por las declaraciones del diputado oficialista Marcelo Casaretto sobre que “JxC debe presentarse a trabajar”, González respondió: “Él juega para la tribuna, en vez de hacer declaraciones deberían gestionar como corresponde el Congreso”.

Por último, el diputado -cercano a la gestión porteña fue consultado por una reunión entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta,y Massa, a la que contestó: “Hablaron en una época, pero para dialogar necesitas alguien que hable y alguien que escuche, y nosotros quisimos dialogar durante la pandemia, pero nos pagaron sacandonos la coparticipación”.

El diputado nacional Álvaro González (Pro-JxC) presentó este lunes una acción de amparo con medida cautelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal solicitando que se le tome "el debido juramento de ley con la mayor premura" en el Consejo de la Magistratura.

La semana pasada la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, remitió a la Corte Suprema la lista de los nominados por el Cuerpo para integrar el Consejo, con la inclusión del diputado del Pro, la cual fue recibida en Acordada de la Corte ordenando su incorporación al mismo. Posteriormente, Moreau remitió una nueva resolución dejando sin efecto la anterior a raíz del fallo del juez Martín Cormick sobre el nombramiento de la radical Roxana Reyes.

Según el escrito presentado por sus abogados, González considera la última resolución como "manifiestamente nula, toda vez que ha sido dictada sin competencia, en violación a derechos subjetivos adquiridos, e incumpliendo la casi totalidad de los requisitos esenciales".

El objetivo del amparo es lograr que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución de Moreau que tiene, según el legislador macrista, "el objetivo de obstruir o impedir que se me reciba el juramento de Ley y por lo tanto me he visto en la obligación de accionar judicialmente, a fin de no consentirla".

Para el diputado del Pro, la demora en la integración plena del Consejo de la Magistratura "es de una notoria gravedad institucional, ya que la eventual parálisis de ese órgano de la Constitución conllevaría un perjuicio irreparable, porque se entorpece la eficaz prestación de los servicios estatales, se obtura el funcionamiento del sistema institucional sobre el que reposa el Estado de Derecho, y se deja al desamparo a una sociedad que queda inerme frente a la violación de sus derechos fundamentales".

Por Santiago Rodríguez Lamas 

“Estamos discutiendo la ley del odio cuando la atención debería estar puesta en cómo resolvemos la inflación”, manifestó el diputado nacional del Pro Álvaro González respecto a la polémica desatada tras las expresiones de algunos integrantes del oficialismo, tras el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

El legislador se refirió a un presunto plan de Alberto Fernández de instalar el debate sobre la prohibición de los discursos de odio y regulación de las redes sociales, sobre lo cual, la titular del INADI, Victoria Donda, habría advertido la necesidad de contar con “herramientas legales” que sancione estas construcciones discursivas, y apuntó que “los periodistas y la dirigencia no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”. 

En diálogo con Parlamentario.com, González lamentó que “estemos discutiendo la ley del odio cuando la atención debería estar puesta en cómo resolvemos la inflación”, se refirió a la disputa política entre la CABA y la nación, y las pretensiones electorales del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. 

- ¿Cómo ve la escena política tras el atentado a la vicepresidenta y la sesión del sábado pasado? 

El sábado concurrimos al recinto, votamos una resolución que no es la que había propuesto el oficialismo, y se fue modificando. Sacaron todo eso que, a nuestro juicio, nos impedía acompañarlo, que era toda la parte del discurso del odio. 

Nosotros habíamos pedido en Labor Parlamentaria que sea votado al final de la sesión para que cada uno pudiera fundamentar cuáles eran los motivos por los que iba a acompañar. Decidieron votarlo primero y después hablar, nosotros creíamos que eso podía condicionar los discursos. Entonces decidimos, como Pro votar la resolución, que era por lo cual se había citado la convocatoria de la sesión especial, votamos la resolución y después nos retiramos. 

Como todas estas cosas, que son acciones políticas, para algunos está bien, para otros más o menos, y para otros está mal. Para nosotros no es nada más que un posicionamiento y en función de eso no tiene más trascendencia que fijar la posición. 

- Replicó un mensaje del jefe de gobierno Rodríguez Larreta, y manifestó su repudio a la “Ley Mordaza”. 

Me parece que eso debiera ser, no solo una preocupación de la oposición, sino de todo el arco político. Pretender discutir una ley en donde la subjetividad es una cosa traída a la máxima expresión, donde qué discurso puede ser el del odio o no del odio, ya no lo sé. Entonces, la verdad es que es difícil de entender. Más que una “Ley Mordaza”, es una ley del odio. Nunca visto algo así. ¿Dónde funciona una ley del odio? En Venezuela, que casualidad. 

Cada uno tiene que tener el recato, la mesura, para hacer las declaraciones que hace, pero a partir de ahí, catalogar que, porque se piensa distinto el otro es un odiador, y yo soy paz y amor, como si estos muchachos cuando decían que había que probar las Taser con las hijas de Macri no era un discurso de amor. 

- Aún si las intenciones fuesen buenas, sería muy difícil de aplicar en términos prácticos. 

Absolutamente, y aparte por qué en este momento. De golpe y porrazo se les ocurrió. Me parece a mí un soberano disparate con los problemas que tiene el país, estamos discutiendo cosas que distraen la atención. 

La atención tendría estar puesta en cómo resolvemos la inflación, cómo nos paramos frente a la educación en un país donde el 50% de los chicos son pobres, y el 70% de estos no terminan el colegio. Esos son los problemas. Cómo resolvemos el problema de las tarifas. Cuántas cosas dijeron del gobierno de Mauricio Macri de las tarifas y otra vez cometieron el mismo error, las dejaron planchadas y ahora otra vez la gente tiene que pagar 200, 300% de aumento, ¿se olvidan de las cosas que dijeron? Y vuelven a cometer el mismo error. 

En vez de discutir todas estas cosas todas estas cosas, estamos discutiendo la ley del odio, un atentado que todo el arco político, o en su gran mayoría repudió, ¿ahora eso qué significa? ¿Que la oposición se tiene que callar, no puede hablar más? No, son dos cosas distintas. 

- ¿Cómo lo ve a Horacio Rodríguez Larreta de cara al 2023? 

Yo lo veo decidido, a lo mejor todavía no lanzado, pero decidido. Creo que ha expresado más de una vez que toda su vida se ha preparado para eso. Y creo yo que todos los días da un paso en ese sentido. Y en ese sentido, creo que él también ha sido –no quiero usar la palabra víctima- pero sí apuntado, por parte del oficialismo, que ha hecho todo lo posible para hacerle la vida imposible en la Ciudad de Buenos Aires. 

Le han sacado la plata, la coparticipación, y ahora la última novedad es vamos por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Discurso que enarbola una señora que fue convencional constituyente. El artículo 129 de la Constitución Nacional dice claramente que la CABA va a gozar de su autonomía. Autonomía que todavía no es plena, que han ido retazando permanentemente, que tuvimos que ganar una elección a presidente para que Macri pudiera transferirle la Policía a la CABA porque no nos querían transferir ni la Policía. Ahora, resulta ser que después dicen que la Policía de Larreta es política, y la Policía Federal, que cuida a la vicepresidenta, aparece un tipo a veinte centímetros y saca una pistola. La verdad es bastante difícil de entender.  

El diputado nacional Álvaro González (Pro – Ciudad de Buenos Aires) presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe de manera “precisa y detallada” sobre los planes y programas sociales que se asignan en todo el país.

En la iniciativa, solicita que se enumere e identifique los programas, planes y proyectos sociales vigentes indicando “beneficiarios, financiamiento, monto total, criterio y monto de asignación por beneficiario, requisitos de acceso y permanencia, duración del otorgamiento del beneficio, causas y procedimientos de suspensión y extinción del beneficio, mecanismos de verificación de cumplimiento de la normativa”.

Además, pide que informe los organismos del Estado Nacional que son competentes o intervienen en la administración de los programas, planes y proyectos sociales; si en algunos casos, los beneficiarios son organizaciones sociales que luego administran el otorgamiento de la ayuda social por su cuenta.

También, que explique sobre la ejecución del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales y sobre el grado de actualización del Mapa AccionAR.

Presenté en @DiputadosAR un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional explique sobre los Planes Sociales que se asignan en todo el país. pic.twitter.com/yEqz6W6ey4

— Álvaro González (@_alvarogonzalez) May 2, 2022

El diputado nacional Álvaro González (Pro – Ciudad de Buenos Aires) presentó un proyecto de ley en la Cámara baja con el objetivo de modificar el artículo 53 de la Ley 24.241 y ampliar hasta 21 años la edad en la que hijas e hijos pueden percibir las pensiones por el fallecimiento de alguno de sus padres.

En ese sentido, establece que el artículo quedará redactado de la siguiente manera: “En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante: la viuda; el viudo; la conviviente; el conviviente; los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los veintiún (21) años de edad”.

Entre los fundamentos, González plantea que “resulta evidente que la falta de actualización del artículo 53 de la ley 24.241 produce una absoluta inequidad, pues mientras que el menor que tiene a sus progenitores vivos puede reclamarles alimentos hasta los 21 años, incluso hasta los 25 en caso de capacitación, quien los ha perdido, no sólo sufre emocionalmente, sino que el Estado a los 18 años, a diferencia de lo que ocurre en caso de violencia de género o intrafamiliar, lo deja sin protección, lo obliga a intentar insertarse en el mundo laboral sin herramientas y le quita su derecho legítimo a percibir la pensión por fallecimiento de su progenitor”.

0932-D-2022

El diputado nacional Álvaro González (Pro -Ciudad de Buenos Aires) habló sobre las negociaciones entre el Gobierno y el FMI por la deuda externa y aseguró que “vamos a acompañar lo que sea razonable”. También apuntó contra el oficialismo porque “en Diputados, hay una clara mayoría de 129 votos a favor de aumentarle los impuestos a los ricos”. Además, se refirió a su ausencia en la sesión donde la oposición perdió la votación sobre Bienes Personales, ya que se encontraba en Berlín por un compromiso familiar.

“No hay ningún indicador que esté por arriba de lo que estaba antes de la pandemia. Conceptualmente al Gobierno le cuestan las cosas. Cuando Néstor Kirchner pagó la deuda que tenía con el Fondo era porque quería sacarse de encima los controles. Ahora, si pretendes que te refinancien la deuda, el acreedor te va a pedir precisiones sobre el sendero que vayas a tomar, que le muestres un plan. Tal vez no quiere que le refinancien la deuda. En esa estamos”, señaló en durante una entrevista realizada en el diario El Cronista.

En ese contexto, González comparó: “Nosotros somos mejor oposición del FdT que lo que ellos fueron con nosotros”, y agregó: “Desde el relato de la construcción de la deuda, cada vez que el Gobierno vino a que le votáramos leyes razonables, lo hicimos. Vinieron a pedir que no se tome más deuda sin aval del Congreso, lo que antes no estaba legislado, y lo hicimos. Bueno, ahora tienen que venir al Congreso y nosotros vamos a acompañar lo que sea razonable, por supuesto”.

En tanto, destacó que “la coalición opositora es horizontal. (Mauricio) Macri llegó a liderarla porque ganó unas PASO en forma contundente en el 2015. El desafío del 2022 es construir las opciones desde la horizontalidad. Claro que no soy de los que cree que tenemos que estar en televisión todos los días autoflagelándonos como si fuéramos monjes de clausura”.

“La opción es la construcción política, y no hay que tenerle miedo a la política. La UCR buscará sus candidatos, también el Pro, supongo que también la Coalición Cívica. Este es un año para construir desde la horizontalidad. En términos personales, creo que la persona es Horacio Rodríguez Larreta, y trabajo para que eso ocurra”, cerró el diputado de JxC respecto a ese tema.

Por otro lado, sobre la última sesión de la Cámara de Diputados en donde el oficialismo logró aprobar la ley de Bienes Personales aseguró: “Con el diario del lunes no hubiera pedido licencia. Pedí licencia el 9 de diciembre por un compromiso familiar que todos en mi bloque sabían que tenía, y cuando solo estaba pautada para la esa fecha el tratamiento del Presupuesto, ingresado hacía tres meses y que luego el Gobierno pretendió aprobar en tres días”.

“Intenté volver vía Ámsterdam, que era el aeropuerto que tenía disponible, pero estaba cerrado por Covid-19. Toda una fatalidad. Creo que fui el chivo expiatorio de una sesión que se pidió sin tener los votos, que es un tema que hablaré en el bloque”, precisó el legislador y cerró: “En lo personal, hice lo que cualquier laburante, pedir licencia, luego de una presencia en el recinto del 100 por ciento en las sesiones. Si me hubieran dicho que pensaban tratar bienes personales, seguramente no lo hubiera hecho”.

La oposición trastabilló en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados donde se aprobó, con modificaciones, el proyecto sobre bienes personales luego de que el oficialismo se impuso por 127 a 126, ya que a Juntos por el Cambio le faltaron tres miembros. Uno de ellos es Álvaro González (CABA) quien se encuentra de viaje en Berlín y explicó el motivo de su ausencia. Además, aseguró que “no pienso renunciar a la banca”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, González se defendió y lamentó ser “protagonista absolutamente involuntario de esta historia”, y sostuvo: “Esto tiene como dos planos, el plano personal que es el motivo por el cual yo estoy en Berlín y que no pienso victimizarme por eso”.

“Cuando tomé la decisión de pedir licencia el 9 de diciembre, los temas que fueron tratados ayer no estaban en carpeta. Lo único que había por delante era el tratamiento de Presupuesto”, aseguró y explicó: “Yo hace dos años que no veía a mi hija, se casaba, decidí venir y me hago responsable de eso”.

En suma, invitó a hacer una reflexión política porque “pareciera ser que la no presencia de tres diputados es lo que permitió que el oficialismo saque la ley. Ahí quiero hacer un poquito de historia”, y procedió a contar: “Esta ley que tenía media sanción del Senado en el momento que se trató el Presupuesto, Silvia Lospennato, mocionó en el seno del cuerpo la posibilidad de incorporar el tratamiento de esta media sanción en el mismo momento que tratábamos el Presupuesto modificando el reglamento”.

“Eso logró un consenso con bloque de la oposición y los bloques del medio y fue posible llamar a una sesión después del rechazo del Presupuesto, que fue la de ayer. En esa sesión, que yo me enteré el viernes, hice todos los esfuerzos para poder volverme y el único tiket posible que tenía era vía Ámsterdam y cerraron por Covid-19 por lo que no pude volverme”, precisó.

En ese mismo sentido, manifestó: “Lo que quiero transmitir es que en el Congreso lo que la gente vota se transforma en matemáticas. Más allá de que si hubiésemos estado los tres diputados, la ley salía igual porque el articulo que establece la mayor carga impositiva es un articulo que sale porque tiene el apoyo de los diputados de Rio Negro, los de Neuquén, de Misiones, de Santa Fe, Santa Cruz y la abstención de los diputados de Córdoba y de Randazzo”.

“Los 129 votos para que existan más impuestos en este Congreso existen hoy, más allá de las tres ausencias. De todos modos, no quiero victimizarme, pero no es tan lineal, hay que mirar más profundo el tema y ver que hay que, como tuvimos le apoyo para tratar la modificación de las alícuotas”, señaló y destacó: “No pensé en renunciar en la banca, yo pedí licencia, hace seis años que soy diputado y tengo el 100 porciento de las asistencias de las sesiones, pedí licencia por 15 días por algo personal, quise volver y no pude”.

Y ratificó: “Más allá de esto y me hago cargo, pero la construcción del número está más allá de las tres ausencias. Estando los tres la oposición tampoco ganaba”, ratificó y reiteró: “La construcción del número de los 129 para tener la mayoría y que el artículo sea ley se construye, parte de esos 129 son parte también de los que nos habían dado a nosotros el quórum para poder funcionar. Los de las distintas provincias más las abstenciones permitió que el artículo 4 de aumento a la alícuota sea ley”.

“Cuando yo me fui el único tema que había en tratamiento que durmió en tres meses era el de Presupuesto, no había otro tema”, concluyó.

El diputado nacional Álvaro González (Pro) solicitó un apartamiento de reglamento para incluir y tratar en el temario de la sesión de la Cámara de Diputados de este martes, la modificación de la vigente Ley de Alquileres que presenta “dos problemas puntuales: el plazo y el índice de actualización” y es una de las propuestas de campaña de la exgobernadora y candidata a diputada María Eugenia Vidal, pero resultó negativa la votación.

“La Ley de Alquileres que esta se votó en esta Cámara en el 2020, apunta a los dos problemas más importantes que tiene esa ley sancionada. Uno es el plazo y el otro punto es el índice con el que se actualizan los alquileres”, precisó el legislador del Pro.

En ese sentido, agregó: “Hemos recibido a todas las asociaciones relacionadas al tema y me han hecho saber se ha vuelto engorroso el alquiler para aquellos que lo necesitan que no son propietarios”.

“Solicito a quienes son cabecera, porque no voy a obtener los votos para la aprobación para tratar el proyecto, que lo traten en las comisiones respectivas”, concluyó González.

Diputados del bloque Pro encabezados por el porteño Álvaro González presentaron un proyecto de ley para “mejorar” la ley de alquileres, que rige desde julio del año pasado, por entender que “no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios”.

González advirtió que desde la sanción de la nueva norma “los valores aumentaron un 60%, muy por encima de la inflación”, y por eso propone modificarla.

El proyecto plantea que los contratos vuelvan a ser por dos años -el plazo se amplió a tres-;  eliminar la cláusula de ajuste anual y con índice del Banco Central; y que las partes puedan realizar ajustes de común acuerdo en sus contratos privados.

MODIFICACIÓN A LA LEY DE ALQUILERES 🏠🔑✍🏻

Prsenté junto a otros diputados del bloque @prodiputados un proyecto de ley para modificar la ley de alquileres. Desde la sanción de la nueva ley de alquileres los valores aumentaron un 60%, muy por encima de la inflación. pic.twitter.com/HFsTprxnS2

— Álvaro González (@_alvarogonzalez) April 14, 2021

Según la ley vigente, el índice para la actualización anual de los precios está conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y debe ser elaborado y publicado mensualmente por el BCRA.

“Es urgente que trabajemos para mejorar una ley que quedó en evidencia que no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios”, sostuvo González.

La iniciativa fue acompañada por sus pares del Pro Adriana Cáceres, Virginia Cornejo, Ezequiel Fernández Langan, Alicia Fregonese, Carmen Polledo, Dina Rezinovsky, Gisela Scaglia, Héctor Stefani, Pablo Torello y Natalia Villa.

El diputado del Pro Pablo Tonelli presentó, junto a los diputados Cristian Ritondo y Álvaro González, un proyecto de ley para crear un régimen de promoción para alquiler de viviendas con destino habitacional.  

El proyecto establece beneficios impositivos para quienes construyan o incorporen inmuebles con características de viviendas destinados a la locación habitacional.  El régimen es de adhesión voluntaria, el valor locativo surgirá de la libre negociación entre las partes y solo regirá para alquileres con fines de vivienda permanente.

El régimen promocional alcanza al impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales, sobre el Patrimonio Neto y al Valor Agregado.  Además, los contratos de locación sobre dichos inmuebles estarían exentos de abonar el impuesto de sellos que habitualmente recae sobre ellos.

“El proyecto parte de la idea de que el mejor estímulo para incentivar la oferta de inmuebles para alquiler habitacional es de índole fiscal, como ya lo demostró, hace años, la ley 23.091 sancionada durante la gestión de Raúl Alfonsín en 1984.  La promesa de exenciones impositivas es un efectivo y probado aliciente para que los inversores construyan viviendas y los propietarios las ofrezcan en alquiler.  Y lo mejor es que no hace falta demostrarlo porque el sistema ya ha mostrado su eficacia” sostuvo Tonelli.

“La situación crítica del mercado inmobiliario afecta considerablemente el derecho de acceso a la vivienda de todos aquellos a quienes se les hace casi imposible adquirir una propia, y se ve agravada además por la ausencia de créditos para la adquisición de inmuebles.  Pese a las buenas intenciones, la sanción de la ley 27.551 no mejoró la oferta de viviendas para locación habitacional y el Congreso Nacional debe tomar cartas en el asunto” continuó Tonelli.

Por otro lado, el proyecto propone la existencia obligatoria de un seguro de garantía, cuya prima abonarán siempre los locadores, que sirva para cubrir el riesgo por incumplimientos de los locatarios, daños a la propiedad ocasionados por éstos e indemnizaciones por ocupaciones indebidas.

Los beneficios impositivos señalados en el proyecto durarían un período de once años —susceptibles de prórroga— contados a partir de la reglamentación de la ley. La forma de acreditar que las viviendas se destinan a la finalidad indicada, sería a través de los contratos de locación que se celebren con los eventuales inquilinos.

El mantenimiento de estos beneficios impositivos estaría condicionado a que los inmuebles incorporados al régimen, mantengan una ocupación efectiva de inquilinos a título de locación habitacional efectiva y permanente por un período mínimo de 100 meses consecutivos o alternados dentro del término de 10 años, contados a partir de la formalización del primer contrato de locación de cada unidad; debiéndose formalizar el primer contrato de locación dentro de los 120 días posteriores a aquél en que los inmuebles estén en condiciones de habitabilidad o, en su caso, al de la compra de los mismos, excepto en el supuesto de inmuebles ocupados, en cuyo caso el plazo se computaría desde el momento de su efectiva desocupación.

Cualquier incumplimiento por parte de los propietarios de estos inmuebles, de los requisitos necesarios para alcanzar los beneficios impositivos referidos, los obligará a reintegrar los importes ahorrados con su debida actualización.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Álvaro González expresó que le “encantaría que Larreta fuera presidente, es el dirigente político más preparado de la Argentina”. Asimismo, se manifestó respecto a la polémica por la quita de recursos coparticipables a la Ciudad, y recordó que CABA “aporta el 25% de la coparticipación y recibe el 3,5, que, para la Ciudad son el 25% de sus ingresos. El 75% de sus ingresos son propios. CABA es la que más pone de sus recursos propios”. 

En este sentido, señaló que “durante muchísimos años prestó servicios sanitarios antes de la Constitución del 94 por eso tenés 34 hospitales de la envergadura que tiene la Ciudad. En la época del menemismo la salud y la educación se trasladó a la Ciudad y dejó de ser un gasto nacional”. 

En diálogo con el programa radial “El Fin de la Metáfora”, le legislador del Pro advirtió además que “el 70% del sistema sanitario público de la Ciudad es usado por los hermanos bonaerenses, del interior o de países limítrofes. Sólo el 30% lo usan los porteños, la mayor cantidad de empleo formal está en la Ciudad y la mayor cantidad de afiliados de las prepagas está en la Ciudad. El servicio público sanitario de CABA es un servicio solidario, en el Garrahan la tasa de uso de los porteños es del 15%”. 

Por esto, sostuvo que el número que dice la Nación “es un mito”, y que la Ciudad tiene 3 millones de habitantes e ingresan 3 millones más que, “no solo hay que darle el servicio de seguridad sino también el de recolección de residuos, mantenimiento de transporte público. También nos hicimos cargo de la transferencia del subte sin recursos, hay que ser más cuidadosos con los términos. La Ciudad es absolutamente generosa con el resto de las jurisdicciones”. 

Por otro lado, también mencionó a las entrevistas concedidas por el expresidente de la Cámara baja Emilio Monzó, y señaló que “cada uno tiene sus opiniones, pero por un artículo en el diario no se jubila a nadie. No es que por el hecho de ser más jóvenes las ideas son mejores, Monzó habla por una cuestión generacional. Los liderazgos se construyen, no se declaman por los diarios. En Juntos por el Cambio en los próximos meses se va a dar una discusión de quiénes son los nuevos liderazgos que confrontarán con los viejos liderazgos”. 

En este sentido, sostuvo que le “encantaría que Larreta fuera presidente, es el dirigente político más preparado de la Argentina para eso. Es un dirigente político que tiene el fuego sagrado que es el querer ser. La sociedad valora la gestión y Horacio es una conjunción de alguien que quiere ser, que es perseverante y trabajador, de un hombre que conoce cómo funciona el Estado desde adentro y que le da a la política una relevancia en lo cotidiano que es lo que más me seduce”. 

Finalmente, manifestó que no comparte que “el Gobierno sea antidemocrático. Como principio generar antidemocrático sería si hubiera surgido ilegítimamente. El sablazo que le mete a la coparticipación es inconstitucional, una cosa es esa y otra que es antidemocrático”. 

El diputado nacional Álvaro González (Pro) aseguró que en la primera sesión virtual de su historia, la Cámara de Diputados debe tratar "tres o cuatro temas sobre lo que la gente realmente necesita". "Hay que resolver algún aspecto de la vida de los argentinos", añadió.

En la antesala de una reunión inédita, en el marco de la pandemia por el Covid-19, el legislador sostuvo que hay incertidumbre en la sociedad porque, en el plano económico, "el panorama es desolador".

El macrista señaló que, así como hay un comité de expertos en lo sanitario, "nos está faltando" un grupo de especialistas "en lo económico para ir empezando a marcarle a la sociedad cuál es la hoja de ruta que va a llevar el Gobierno".

Tras participar de un encuentro en el que el titular del cuerpo, Sergio Massa, les mostró cómo funcionará el sistema para sesionar de forma remota -aunque con la presencia de algunos diputados en el recinto-, González destacó el acuerdo que alcanzaron oficialismo y oposición para poner en marcha las sesiones de alguna manera.

"La gente dice 'nosotros podemos hacer un zoom y ustedes no se pueden juntar'", señaló y consideró que el Congreso "es una institución que lo importante es que se sesionara". "No podíamos seguir discutiendo si presencial o remoto, y no sesionar; había que hacer el esfuerzo necesario para que se sesione y me parece que eso es un logro", expresó en diálogo con radio Concepto.

El vicepresidente primero de la Cámara baja reveló que dentro del recinto estarán presentes "unos 46 diputados que van a tener el distanciamiento social que corresponde", de los cuales 20 serán del Frente de Todos, 20 de Juntos por el Cambio y los seis restantes de las demás fuerzas que componen el cuerpo.

El diputado también contó que cada legislador estará separado de otro con tres bancas de por medio y que, como posiblemente se produzca un delay a la hora de la votación de los proyectos, habrá "un fiscal informático para que (ese delay) no sea tomado como una posibilidad de querer hacer alguna trampa o manipulación".

El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, junto al vicepresidente primero de la Cámara baja, Álvaro González, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para exigir que rinda cuentas de los fondos destinados a las provincias y municipios en el marco de la pandemia de Covid-19 y los criterios de distribución del dinero.

“El trabajo que esté haciendo el Gobierno nacional en la administración de la crisis sanitaria debe llegar a cada argentino, independientemente de si las autoridades gubernamentales son oficialistas o de otro signo político”, sostuvieron desde la bancada. Y agregaron: “El virus no discrimina, todos corremos los mismos riesgos y todos somos agentes de transmisión”.

El pedido de informes solicita que se comunique con precisión "el origen de los recursos financieros, la modalidad y marco regulatorio de su uso, los montos que se están utilizando y las jurisdicciones que los están recibiendo". Asimismo, los diputados quieren conocer detalles sobre los criterios utilizados para la distribución de los fondos.

Por último, se exige al Ejecutivo conocer "cuáles han sido las gobernaciones y municipios que han formalizado pedidos de fondos para paliar las situaciones de emergencia y desequilibrios financieros producidos por el Covid-19".

El proyecto fue acompañado por los diputados del Pro Silvia Lospennato, Hernán Berisso, Alberto Asseff, Ezequiel Fernández Langan, María Luján Rey, Martín Medina, Adriana Cáceres, Waldo Wolff, María de las Mercedes Joury, María Carla Piccolomini, Natalia Villa y Pablo Torello.

Se constituyó este viernes la Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que quedó a cargo del senador chubutense Mario Pais (Frente de Todos), secundado por su antecesor, el diputado Álvaro González (Pro). En tanto, el jefe del bloque oficialista del Senado, José Mayans, será secretario; mientras que la otra secretaría quedó vacante.

Mayans solicitó a Pais pedir información a la Auditoría General de la Nación -que ahora estará en manos del radical Jesús Rodríguez- sobre las auditorías realizadas el año pasado, el plan anual y el estado de la cuenta de inversión 2019.

En ese sentido, dijo que la cuenta de inversión de 2015 -último año de la presidencia de Cristina Kirchner- cuenta con dictamen de comisión, pero las de 2016, 2017 y 2018 todavía están pendientes de debate en comisión.

Además de Pais y Mayans, forman parte de la bicameral los senadores del Frente de Todos Mariano Recalde y Jorge Taiana; el radical Luis Naidenoff y el aliado de JxC Juan Carlos Romero.

En tanto, por la Cámara baja integran la nómina Mayda Cresto, Pablo González y Jorge Romero (Frente de Todos); Álvaro González (Pro) y Paula Oliveto (CC-ARI). El radicalismo todavía no designó a su representante.