Los historiadores le adjudican a Domingo Faustino Sarmiento haber pronunciado una frase que después se utilizaría sistemáticamente para menoscabar el papel de los vicepresidentes de la Nación. Esa que les adjudica como única función la de “agitar la campanita en el Senado”. Lo cierto es que todos los vicepresidentes han recibido esa advertencia, y todos, sin excepción, anticiparon que esa sentencia no los alcanzaría.

Lo cierto es que en los últimos 42 años -los que llevamos desde la recuperación democrática- no ha sido el perfil bajo el que ha caracterizado a los vices, aunque eso no siempre ha sido por decisión propia. Más de uno hubiera preferido haber evitado esa centralidad a veces no deseada.

Tampoco es enteramente cierto que todos los presidentes se hayan llevado mal. Descartemos de entrada ese mito. Todos, o prácticamente todos, han tenido chispazos a lo largo de la relación, pero lo cierto es que un puñado muy notorio se destaca entre los que han detonado la relación. El caso más extremo, desde el 83 a la fecha, es sin duda el que terminó definitivamente mal: Carlos “Chacho” Alvarez, renunciando al cargo y haciendo un aporte decisivo a la precipitación al abismo del Gobierno de la Alianza.

En segundo lugar ubicaremos a Julio César Cleto Cobos, tachado definitivamente como “traidor” por Cristina Fernández de Kirchner, luego de que definiera con su voto la crisis de La 125, marcando la derrota de ese Gobierno ante el campo.

Tratándose de un caso “en desarrollo”, resulta apresurado determinar qué lugar en el podio le corresponde a Victoria Villarruel, pero al paso que van todo parece indicar que el tercer lugar le quedará pronto muy corto.

El túnel del tiempo

Diez fueron las fórmulas presidenciales consagradas desde la recuperación de la democracia. Ocho presidentes y una decena de vices. Esto es, solo dos presidentes reeligieron en las últimas cuatro décadas. Y ninguno de los dos ratificó a su compañero de fórmula original.

Es el caso por ejemplo de Cristina Kirchner, quien como dijimos quedó definitivamente peleada con su primer vice cuando todavía le restaban tres años de mandato. Al mendocino Julio Cobos no lo eligió ella, sino su esposo siendo presidente de la Nación. Él lo conocía al entonces gobernador de Mendoza y la designación de un radical para completar la fórmula presidencial de su esposa era una apuesta a la transversalidad. Una experiencia que terminó siendo fallida y que debió dejar de lado en el marco de la guerra con el campo.

La verdad sea dicha, cuando asumió en su cargo todos le auguraban al mendocino un destino gris; no por sus antecedentes, sino por los de quienes lo habían invitado a participar de la fórmula presidencial. El proverbial ninguneo de los Kirchner se potenciaría aún más en el caso de un oficialismo peronista que nunca terminó de digerir a los radicales K.

Pero las circunstancias acabaron poniendo a Cobos en un lugar impensado de la historia, cuando sorpresivamente el poroteo en el Senado por la definición del proyecto sobre resoluciones móviles se emparejó tanto que terminó dando empatado. Promediando esa noche decisiva, Cobos se veía venir que le tocaría desempatar y en la madrugada del 17 de julio de 2008 terminó pronunciando su célebre voto “no positivo”.

Súbitamente su imagen llegó a las nubes, con un astronómico 78% de imagen positiva. No fueron pocos los que lo imaginaron presidente a plazo fijo, pero ya se sabe que la política tiene sus momentos, y todavía faltaba mucho tiempo para las elecciones. Cuando llegaron, el mendocino bajó su precandidatura.

Pero en el mientras tanto tuvo, como ya hemos dicho, la peor de las relaciones con Cristina Kirchner. Dos veces le tocó a Cobos definir una votación del Senado: la primera es la que citamos, la segunda fue cuando convirtió en ley la propuesta del 82% móvil que la presidenta terminaría vetando.

El 16 de diciembre de 2011, ya iniciando su segundo mandato, Cristina diría durante una visita que hizo a San Rafael, Mendoza: “No saben lo lindo que es tener vicepresidente. Estoy tan contenta”.

Hablaba de Amado Boudou, a quien eligió para acompañarla cuando fue por la reelección en 2011, y lo premió por haber sido quien promovió la nacionalización de las AFJP, el salvavidas que tuvo el kirchnerismo cuando fracasaron las retenciones móviles. “Yo necesito al lado mío a alguien que no les tenga miedo a las corporaciones, a las cosas establecidas, porque ha cambiado el mundo y va a seguir cambiando muy fuerte aún”, señalaba el 25 de junio de 2011 al anunciar a su entonces ministro de Economía como su candidato a vicepresidente.

Pero poco tiempo duró la buena estrella de Boudou. En 2012, Laura Muñoz, exesposa de Alejandro Vandenbroele, denunciaba que su ex era un testaferro del vicepresidente, quien fue acusado así de haber participado en un plan para apropiarse de la imprenta Ciccone Calcográfica. La maniobra se habría realizado a través de la empresa The Old Fund, representada por Vandenbroele. La denuncia fue tomada por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Ariel Lijo, quienes iniciaron la investigación judicial que terminaría condenando al elegido de CFK.

Si bien Cristina nunca habló mal en público de su segundo vicepresidente, claramente éste se transformó en un lastre durante esos cuatro años. Y echó por tierra obviamente el plan que probablemente la presidenta tenía: promoverlo como su sucesor, con lo cual se aseguraba tener a alguien que ya no tendría reelección.

Boudou al menos no fue condenado mientras ocupó la vicepresidencia: eso recién sucedería en 2018, cuando fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. También fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. La condena fue ratificada por la Cámara de Casación Penal y, finalmente, por la Corte Suprema de Justicia en 2024, convirtiéndose Boudou en el primer vicepresidente argentino condenado por corrupción con sentencia firme.

Gabriela y Cristina

La primera vicepresidenta de la Nación de la historia argentina fue María Estela Martínez de Perón. La segunda, 42 años más tarde, fue Gabriela Michetti, quien acompañó a Mauricio Macri entre 2015 y 2019 durante el primer gobierno no peronista en terminar su mandato en casi un siglo.

Cuando se dice que todos los presidentes se llevaron mal con sus vices, se incurre en un exceso. En el caso de Michetti, no se recuerda ningún episodio que la haya distanciado en esos cuatro años con el fundador del Pro. En rigor, ella asumió un rol secundario incluso en su desempeño al frente del Senado, donde le dejó el manejo político al presidente provisional, su amigo Federico Pinedo, encargándose ella de la parte administrativa del Cuerpo.

Eso sí, enfrentó algunos problemas judiciales que generaron atención mediática y empañaron de algún modo su paso por esa gestión. En noviembre de 2015, el mismo día en que Cambiemos ganó el balotaje, Michetti denunció el robo de una suma importante de dinero en efectivo en su domicilio. Esto derivó en una investigación judicial para esclarecer el origen de los fondos, ya que se trataba de una cantidad significativa: alrededor de 245 mil pesos y 50 mil dólares.

Michetti declaró que el dinero tenía distintos orígenes: una parte correspondía a un préstamo de su pareja; otra parte correspondía a donaciones para la Fundación SUMA (que ella presidía), y otra era para refacciones en su casa. La causa generó sospechas y críticas, pero finalmente ella fue sobreseída por la Justicia, que no encontró pruebas de delito.

También se investigó a la Fundación SUMA por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y donaciones. Aunque hubo cuestionamientos sobre la transparencia y el control de los aportes, no se avanzó con imputaciones formales contra Michetti.

A fines de octubre de 2019, poco después de las elecciones que perdió Juntos por el Cambio, Michetti se comunicó con Cristina Kirchner para iniciar la transición en el Senado. Quien se convertiría en la tercera vicepresidenta argentina designó a Virginia García y Marcelo Fuentes como sus representantes para coordinar la transición. Acordaron que la primera reunión formal sería después del viaje de Cristina a Cuba para visitar a su hija Florencia.

La reunión finalmente se realizó en diciembre de 2019, en el despacho de la Presidencia del Senado, donde la dos veces presidenta de la Nación pasaría los siguientes cuatro años.

La relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner entre 2019 y 2023 fue muy tensa, conflictiva y marcada por desconfianzas mutuas. Si bien ella lo había elegido como candidato presidencial, nunca le cedió el control total del poder. Ese terminó siendo un gobierno loteado, en el que ambos tuvieron serias diferencias sobre el rumbo económico, el manejo de la pandemia y hasta la relación con el Poder Judicial.

A la hora de buscar las claves del quiebre de la relación, sin duda hay que citar la renuncia de Martín Guzmán, en julio de 2022. Cercano a Alberto Fernández, el ministro de Economía renunció en medio de fuertes presiones del kirchnerismo. Ella había elegido maneras de maltratarlo, no solo al ministro, sino al presidente. El sábado 2 de 2022, mientras ella encabezaba un acto en Ensenada en el que una vez más “lo atendería”, Guzmán anunció su renuncia a través de Twitter.

Ella era muy crítica de la política económica de ese gobierno y pedía un giro más intervencionista. Ya habían perdido las elecciones intermedias y la comunicación entre los dos Fernández se había vuelto casi inexistente. Solo se saludaban por Telegram en fechas especiales (cumpleaños, fiestas). Ella llegó a enviarle un libro como mensaje indirecto. Era “Diario de una temporada en el quinto piso”, el libro de Juan Carlos Torre, que relata las experiencias de Raúl Alfonsín y sus equipos económicos, que Alberto interpretó como una advertencia sobre un posible final anticipado de su gobierno.

A través de cartas públicas y discursos, Cristina criticó siempre duramente al presidente por su falta de liderazgo y por no tomar decisiones clave.

Por ejemplo en ese discurso que dio en Ensenada, le recriminó a Alberto que Perón “sí usaba la lapicera” y lo chicaneó de manera indirecta cuando deslizó intencionadamente que “cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo”.

Alberto evitaba confrontarla públicamente, pero en privado se mostraba molesto por las constantes chicanas del kirchnerismo. Hacia el final del mandato, no compartían actos ni decisiones. Y contra su voluntad debió bajarse de una eventual reelección.

Fue una muy mala experiencia la que ambos protagonizaron.

El incombustible Scioli

El cargo de vicepresidente ha sido siempre en la Argentina, como en tantos otros países, devaluado, a pesar de que apenas un peldaño lo separa de la primera magistratura. En rigor, el pico de popularidad lo alcanza el vice al momento de ser elegido, cuando se lo integra para aportarle a la fórmula presidencial más votos. Se los elige de modo tal que puedan complementar a la figura presidencial; después, se los aparta convenientemente de todo nivel de decisión.

En el caso de Néstor Kirchner, Daniel Scioli fue elegido por Eduardo Duhalde para aportarle cierta popularidad a ese gobernador santacruceño ciertamente desconocido para el gran público. De origen menemista, Scioli tardó un tiempo en comprender los modos del kirchnerismo, pero finalmente no solo salió indemne de esos cuatro años, sino que lo hizo con chances para ser gobernador del principal distrito del país y traccionar votos para el primer triunfo presidencial de Cristina Kirchner.

Pero no le fue fácil la convivencia a Scioli en el principio de su gestión. Inmediatamente después de la asunción en 2003, comenzó a diferenciarse de Kirchner en diversos temas. El círculo áulico kirchnerista lo venía monitoreando, por sus contactos con las empresas de servicio privatizadas y sus viajes al exterior, armados en forma independiente y con agendas elaboradas por sus contactos de afuera, anticipándose en algunos casos a las visitas del propio Néstor Kirchner. Y para peor, cortejando a empresarios a los que luego el santacruceño castigaba sin contemplaciones.

Semejante grado de independencia del vicepresidente se contraponía con el estilo K, consistente en tener todo bajo control y bajar un discurso único.

Daniel Scioli no tenía mayor interés en el Senado, su ámbito natural, mas quería mantener su influencia en el área Turismo, donde había pactado con Kirchner mantener gente y presencia. Pero ciertos sectores empresariales molestos porque Kirchner no les daba cabida comenzaron a coquetear con el exmotonauta, igual que algunas fracciones del propio justicialismo que no lograban digerir al santacruceño.

“Los países serios no anulan leyes”, dijo cuando el Parlamento se disponía a hacer eso con el Punto Final y la Obediencia Debida. Fue la gota que rebalsó el vaso, pues parafraseaba además un eslogan de la campaña presidencial de Kirchner, que hablaba de alcanzar la condición de “país serio”.

Ya por esos días había tenido la osadía de anticipar un futuro aumento de tarifas, pero en esa cuestión tenía el resguardo de estar repitiendo lo que le había escuchado decir al propio ministro de Economía. En cambio, con las leyes del perdón, hablaba por sí mismo.

Néstor y Cristina Kirchner lo tomaron como una declaración de guerra y le hicieron sentir el rigor. El presidente le sacó de un plumazo toda injerencia en Turismo, borró al secretario que Scioli había dejado allí y con él a toda la gente designada, que tuvo que mudarse al Senado.

Sobreviviente de mil batallas como con el correr de los años se revelaría, superó con calma esa tormenta. Pero dicho sea de paso, cuando se votó la anulación de las leyes de impunidad, Scioli no estuvo presidiendo la sesión, sino el sanjuanino José Luis Gioja.

La entonces senadora Cristina Kirchner sacudiría un par de veces más a Scioli por esos días. De hecho no había estado presente en la sesión del 28 de mayo de 2003, en la que el vicepresidente debutó en su puesto al frente de la Cámara alta, y que tanto de simbólico tenía para el nuevo gobierno. Muchos lo tomaron como una señal. No fue la única: en los días en que el presidente decidió castigarlo, Cristina le enrostró en plena sesión desconocimiento del trámite parlamentario.

Peor fue la vez que Cristina lo aleccionó públicamentei cuando se establecían los pasos a seguir respecto al juicio político a Eduardo Moliné O’Connor. Con poco espacio para la tolerancia, la senadora explicó en forma vehemente cada uno de los pasos que debían seguirse, luego de que Scioli -que llevaba en la función menos de tres meses, contra años de conocimiento legislativo de la primera dama- propusiera la constitución de la Cámara en tribunal para tomar juramento a los presentes y fijar así el procedimiento.

El presidente del Senado no puede ni debe dar discursos y debió soportar estoicamente la andanada. Con un estilo que alguna vez deberá patentar, el hoy gobernador se sobrepuso a esos trances.

El renunciamiento histórico

Chacho Alvarez quedará en la historia por su emblemática renuncia a la vicepresidencia, que sin dudas terminó agujereando el fondo del barco aliancista. El componente frepasista de la fórmula presidencial de la Alianza era, mientras estuvo, una pieza clave en esa administración. Sin dudas fue el vicepresidente más determinante de las últimas décadas. De tal manera, su renuncia fue también determinante para el destino de ese gobierno.

Alvarez se fue por el escándalo de las supuestas coimas del Senado y Fernando de la Rúa le dio el empujón definitivo cuando lo desautorizó al reconfirmar en su gobierno a Alberto Flamarique y Fernando de Santibáñez, supuestas piezas clave en la trama de los sobornos.

La renuncia de Chacho no significó solamente una suba del riesgo país, la salida de capitales y una irremediable pérdida de confianza; tuvo consecuencias prácticas para el gobierno aliancista, porque a partir de entonces debió despedirse del Parlamento como herramienta para gobernar. Un tema clave para una administración que debía manejarse en un contexto crítico, por cuanto la situación de la Argentina a partir de la crisis de financiamiento que comenzó a darse por el aumento considerable de su endeudamiento externo y del elevado déficit fiscal, exigía del país niveles de consenso distintos a los que en el pasado la democracia había sido capaz de brindar.

“¿Qué es lo peor que puede hacer un vicepresidente? -se preguntaba Chacho Alvarez ante Parlamentario meses antes de convertirse él mismo en vicepresidente-. Confrontar para sacar chapa propia. No se trata de amenazar con la vicepresidencia para construir un espacio propio de poder, sino al contrario, utilizar ese lugar, que hasta ahora ha sido bastante irrelevante, para contribuir a que este país tenga el gobierno que se merece”. La historia juzgará a Chacho.

El rol del vice

Prácticamente todos los vicepresidentes han tenido cortocircuitos con sus compañeros de fórmula. Hoy devenido en comentarista de la realidad, Carlos Ruckauf fue el segundo vicepresidente de Carlos Menem, con quien hoy niega haber tenido roces. Pero lo cierto es que en sus años de senador nacional el riojano recordaba cuando su segundo vice comenzó a jugar en contra de su re-reelección, aliado con Eduardo Duhalde, quien a su vez sería su puente a la gobernación bonaerense. Los más exacerbados ultramenemistas llegaron a considerarlo “un traidor” por haberse aliado a Duhalde, adversario interno de Carlos Menem.

El primer síntoma del castigo fue apartarlo de las reuniones de gabinete, pena que se diluyó en medio de la polémica pública generada y que el propio involucrado terminó definiendo como “apenas una fecha de suspensión”.

Con Duhalde, Menem se llevó bien mientras estuvieron juntos, acordando que el vice renunciara para ser candidato a suceder a Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, previa promesa de concederle financiamiento. Así es que se creó el Fondo del Conurbano.

Con esa movida, Menem se aseguró el triunfo en el principal distrito del país, postulando al último verdadero referente bonaerense que se candidateó en Buenos Aires, pero sobre todo alejar de su lado a quien en algún momento podría intentar hacerle sombra. El reemplazo natural de Duhalde al frente del Senado fue alguien de obvia y total confianza: su hermano Eduardo, presidente provisional del Senado, que quedó como virtual vicepresidente los cuatro años siguientes.

La pelea mortal entre Menem y Duhalde vendría más tarde, cuando el bonaerense le cerró a su antiguo compañero de fórmula el camino a la re-reelección, primero, y luego, con Néstor Kirchner como instrumento, lo torpedeó definitivamente en 2003.

“Hubo vicepresidentes que luego pasaron a la historia por su desempeño al tener que reemplazar al presidente. Carlos Pellegrini, por ejemplo”, señalaba ante Parlamentario hace unos cuantos años el historiador Félix Luna, aludiendo el papel de quien en 1890 ocupó la primera magistratura ante la renuncia de Miguel Juárez Celman.

“Puede haber habido algún vicepresidente que no haya hecho más que tocar la campanilla, pero hubo otros con un perfil alto que han contribuido a la institucionalización y al progreso del país -sostiene Eduardo Menem, quien ocupó virtualmente el cargo tras la ida de Duhalde y durante el gobierno de su hermano-. Es una labor muy importante; preside la Cámara federal por excelencia, reemplaza al presidente, y cuando no está es un hombre que debe tener la confianza del presidente”.

Desde su propia experiencia, Carlos Ruckauf señala que “el poder de un vicepresidente es como la relación entre la luna y el sol: refleja, nada más”, aclarando de todas formas que “no corresponde que el vicepresidente ejerza un poder; lo que tiene que hacer es conducir el área del Senado y en ese campo uno puede tomar decisiones de acuerdo con sus principios, pero no corresponde que el vicepresidente tenga poder. El poder, en la Argentina, está constitucionalmente en manos del presidente de la República”.

¿Existe la fidelidad?

“Siempre se pone en la posición del vice una especie de hálito de que está desesperado por ser presidente. Pero no es tan así. Primero, porque hay una gran cantidad de trabajo como vice; en segundo lugar, por ciertos criterios de lealtades, primero a las personas y después a las instituciones. El vicepresidente tiene que serle fiel al presidente”, señaló en su momento a Parlamentario el radical Víctor Martínez, quien durante buena parte de su gestión fue consciente de ciertas versiones que hablaban de un eventual “golpe institucional” para derrocar a Alfonsín y ubicar a un “manejable” Martínez en su lugar.

Ante esta revista, el otrora vicepresidente se empeñó en aclarar esa vieja versión, señalando que “nunca podría haber aceptado una presidencia fáctica. Sólo me hubiera hecho cargo por fallecimiento o renuncia voluntaria, no forzada. Si no, no hay legitimidad. Siempre pensé que nosotros asumimos juntos y nos teníamos que ir juntos”. Y así fue.

Pero a la hora de la verdad, la fidelidad puede quedar como un mero enunciado. Félix Luna admitía que “no siempre se dio en la historia argentina”, y recordaba solo el caso de Vicente Solano Lima como la vez en que presidente y vice dieron juntos un paso al costado. En ese caso fue con Héctor J. Cámpora, apenas tres meses después de asumir su mandato, para permitir el retorno al poder de Juan Domingo Perón, previo paso previsional de Raúl Lastiri.

Si nos remitimos a los ejemplos de este siglo, podremos ver que no siempre la relación entre presidentes y vices fue todo lo armónica que debería. Hubo casos como el de Roque Sáenz Peña, cuyo vice, Victorino de la Plaza, siguió estrictamente la línea política del titular del Ejecutivo, cuando debió hacerse cargo del mismo. Pero también existieron uniones entre sectores antagónicos. Como la que debió afrontar Marcelo T. de Alvear en 1922, cuando recibió el poder de manos de Hipólito Yrigoyen. El compañero de fórmula de Alvear fue Elpidio González, un fiel amigo de Yrigoyen, y las diferencias entre ambos acompañaron a las controversias partidarias.

Apenas un año después de haber asumido ese gobierno, la división en el radicalismo se iba haciendo cada vez más ostensible, surgiendo el antipersonalismo -radicales contrarios a Yrigoyen que se manifestaban favorables a Alvear-, y se traducían en fuertes roces entre el presidente y su segundo.

Del poder a la ceguera

Otro ejemplo de convivencia tormentosa fue la que sobrevino de las elecciones de 1937, que ganó un ex radical como Roberto Ortiz y un conservador como Ramón Castillo. Eran tiempos del fraude electoral y todas las esperanzas se centraban en las promesas de Ortiz de que no toleraría tal cosa. Y dio muestras en ese sentido al intervenir la provincia de Catamarca por ese motivo; una medida que lo enfrentó con su vice, quien era catamarqueño.

Poco después, al realizarse comicios para gobernador en Buenos Aires, hubo casos de falsificación de votos y hasta voto cantado; posteriormente llamó a elecciones legislativas relativamente libres que ganaron los radicales.

Así las cosas, Ortiz adoptó la medida más trascendente de su gestión al intervenir Buenos Aires, lo que desató el júbilo de la oposición. Pero cuatro meses más tarde debía delegar el cargo en el vicepresidente, debido a su cada vez más ostensible ceguera. Y con Castillo en el poder -año 1940-, las intenciones democráticas de Ortiz se fueron desvaneciendo.

Castillo rearmó el gabinete con personajes que le eran adictos, mientras el Senado designaba una comisión investigadora para establecer si el presidente podía volver o no a desempeñar su cargo. Pero esa intención fracasó por la negativa de los médicos a violar el secreto profesional. Mientras tanto, Castillo avalaba elecciones totalmente fraudulentas y disolvía el Concejo Deliberante porteño. En la provincia de Buenos Aires ganaba con métodos violentos el conservador Rodolfo Moreno, y un mes más tarde se imponía el estado de sitio en todo el país. En un último intento por devolverle la visión al presidente enfermo, un prestigioso oftalmólogo español fue traído al país para atenderlo, pero llegó a la conclusión de que no había remedio para éste. Semanas después (1942), Ortiz renunciaba al cargo, aunque esa era solo una formalidad. A mediados de julio moriría.

El vicepresidente de Arturo Frondizi fue Alejandro Gómez. Entre Frondizi y su vice sobrevino una grave crisis pocos meses después de haber asumido, al aparecer con Gómez implicado en una conjura contra el presidente. Después de algunos días de confusión, debió renunciar y fue reemplazado en la presidencia del Senado por José María Guido, quien en 1962, al ser detenido Frondizi, asumía la presidencia de la República.

Senadores vitalicios 

El radical Víctor Martínez sugirió durante muchos años instituir una figura nueva que tuviera en cuenta a los vice: la de senadores vitalicios, que debería alcanzar tanto a los presidentes democráticos como a sus vices. “Sería una forma de no desechar la experiencia adquirida. Ad honorem, porque ya los presidentes y vices tienen un retiro, por lo que sus designaciones no gravitarían financieramente”, sostenía.

Pero en los tiempos que corren, los vicepresidentes piensan en otra cosa más que en un retiro dorado. El cargo pareciera estar predestinado a servir de posterior trampolín electoral. De hecho, tres vices saltaron desde allí a la gobernación del primer estado argentino, nada menos: Duhalde, Ruckauf y Scioli. Todos con posteriores expectativas presidenciales.

Al primero, se le dio, aunque no como lo había imaginado; el segundo fue arrastrado por la crisis de 2001 y se refugió en la Cancillería durante el interregno duhaldista; Scioli llegó a la gobernación también y tras dos mandatos quedó a las puertas de la presidencia al perder el balotaje con Mauricio Macri.

Entre los que dejaron la presidencia sin aspiraciones de llegar a lo más alto, debemos citar a Carlos Álvarez, automarginado por cierto. Boudou, que fue de la vicepresidencia a la cárcel (brevemente) casi sin escalas, y Gabriela Michetti, que nunca más volvió a tener un cargo de importancia. Hay que agregar en este rubro al radical Víctor Martínez.

Victoria Villarruel, en tanto, todavía está escribiendo su historia.

 

Los vices que ascendieron

A lo largo de la historia argentina, varios vicepresidentes llegaron a ejercer la presidencia, ya sea por renuncia, fallecimiento o destitución del presidente en funciones.

Juan Esteban Pedernera (1861)

Asumió tras la renuncia de Derqui.

Carlos Pellegrini (1890)

Reemplazó a Miguel Juárez Celman tras su renuncia durante la Revolución del Parque.

José Evaristo Uriburu (1895)

Asumió luego de la renuncia de Luis Sáenz Peña.

José Figueroa Alcorta (1906)

Reemplazó a Manuel Quintana tras su fallecimiento.

Victorino de la Plaza (1914)

Asumió tras la muerte de Roque Sáenz Peña.

Ramón Castillo (1942)

Reemplazó a Roberto M. Ortiz, quien renunció por razones de salud.

María Estela Martínez de Perón (1974)

Asumió tras la muerte de Juan Domingo Perón. Fue la primera mujer presidenta de Argentina y del mundo en llegar al poder por sucesión constitucional.

Algunos de los vices más influyentes (para bien o para mal)

A lo largo de la historia argentina, algunos vicepresidentes se destacaron por su influencia política, institucional o simbólica, más allá del rol tradicional de acompañar al presidente y presidir el Senado. Aquí te comparto algunos de los más influyentes:

🔹 María Estela Martínez de Perón (1973-1974)

Fue la primera mujer vicepresidenta y luego la primera presidenta de Argentina tras la muerte de Juan Domingo Perón.

Su ascenso marcó un hito histórico, aunque su gobierno fue muy cuestionado y terminó con un golpe de Estado en 1976.

🔹 Carlos “Chacho” Álvarez (1999-2000)

Vicepresidente de Fernando de la Rúa, renunció por denuncias de corrupción en el Senado.

Su renuncia fue un fuerte golpe político para la Alianza y anticipó la crisis de 2001.

🔹 Julio Cobos (2007-2011)

Vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, votó en contra del Gobierno en la famosa Resolución 125 sobre retenciones al campo.

Su “voto no positivo” fue decisivo y lo convirtió en una figura central de la oposición, a pesar de ser parte del oficialismo.

🔹 Cristina Fernández de Kirchner (2019-2023)

Fue vicepresidenta de Alberto Fernández, pero con un peso político superior al del presidente.

Su rol fue clave en la toma de decisiones del Gobierno y en la conducción del Senado.

🔹 Marcos Paz (1862-1868)

Fue vicepresidente de Bartolomé Mitre y asumió la presidencia interinamente durante la Guerra del Paraguay.

Es el vicepresidente que más tiempo ejerció la presidencia en la historia argentina.

Después de nueve meses de decretar la suspensión de las actividades, Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, ordenó el cierre definitivo del jardín maternal de la Cámara alta. los motivos que brindaron desde las autoridades fueron que el establecimiento presentaba “irregularidades estructurales” que, además, ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”.

El “Jardín de Bosque” que depende del Senado fue creado por decreto parlamentario en 1997, pero la obra del sector adjudicado fue inaugurada en 2015 bajo la presidencia de Amado Boudou. Según reiteraron desde Presidencia, el edifico presenta “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios, no cumple con el plan de autoprotección y por ser un edificio compartido, se requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”.

La suspensión de actividades fue ordenada en octubre del 2024 y los trabajadores fueron reasignados a otras tareas. Desde APL (Asociación del Personal Legislativo), a con Norberto di Próspero como secretario general, exigieron que se conservasen las fuentes de trabajo a pesar del cierre del Jardín del Bosque.

Del mismo modo, la presidenta del Senado, a través del decreto 394/25, promovió la donación de los bienes patrimoniales de la Cámara alta que se usaban en el jardín a otro establecimiento de similares característica, al haber dado lugar al reclamo del gremio de trabajadores parlamentarios.

 

La diputada nacional Karina Banfi, vicepresidenta del bloque UCR, presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Economía para que se revele qué tipo de asesoramiento está realizando el exvicepresidente Amado Boudou, condenado por corrupción e inhabilitado a ejercer cargos públicos.

El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau dijo la semana pasada a la prensa que Boudou “está colaborando con (el ministro Sergio) Massa en el tema de la deuda con el FMI". "Nuestra fuerza política ha dicho que va a haber que reformular el acuerdo con el Fondo. En ese sentido, Massa se ha plegado a eso y Boudou está trabajando con el ministro de Economía", manifestó el diputado Moreau al programa radial La García.

Por ello, toda vez que dichas declaraciones son información pública en un todo de acuerdo con la Ley 27.275, la diputada Banfi presentó ante el Ministerio de Economía un petitorio para que se indique si el citado exvicepresidente de la Nación “presta algún tipo de servicio de asesoramiento en el ministerio a su cargo, considerando que el señor Boudou por condena judicial se encuentra inhabilitado de por vida a ocupar algún cargo público”.

Para el caso afirmativo, Karina Banfi pide que se detalle la modalidad de dicha prestación, y si Boudou percibe honorarios, salario, o reconocimiento de servicios como contraprestación por los servicios brindados.

Por último, Banfi pidió que se indique las temáticas en las cuales el señor Boudou estaría asesorando en el ministerio a su cargo.

"Es insólito e inaceptable que Boudou, quien está condenado por corrupción y fue inhabilitado para ejercer cargos, esté asesorando nada menos que al Ministerio de Economía. Massa es candidato a presidente, pero no ha renunciado a la cartera. Tiene un doble rol y no puede violar un fallo de la Justicia", concluyó Banfi.

Presenté un pedido de acceso a la información pública para saber qué tipo de asesoramiento brinda Boudou a Massa en el Ministerio de Economía. El dato fue aportado por Leopoldo Moreau. Pero Boudou fue condenado por corrupción y fue inhabilitado a ejercer cargos públicos. pic.twitter.com/5S8IlUdnm0

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) July 4, 2023

En el marco de su presentación ante la Comisión de Juicio Político, el juez Alejo Ramos Padilla se refirió al exvicepresidente Amado Boudou como un “preso político”. En rigor de verdad, el término que usó fue el de “político preso”.

Le contestó el jefe del bloque UCR, Mario Negri. Miembro de la Comisión de Juicio Político, pero ausente por estar reponiéndose de una afección cardíaca, el cordobés calificó a Ramos Padilla como “invitado estrella de sus amigos kirchneristas”, y dijo que afirmó que Amado Boudou era "un preso político". 

Y Negri remarcó: “Boudou fue condenado en dos instancias por corrupción. ¡¡El kirchnerismo se resiste a entender que robar es un delito!!”.

El juez Alejo Ramos Padilla, invitado por el kirchnerismo a la Comisión de Juicio Político, dijo que Amado Boudou fue un "PRESO POLÍTICO".

💬La diputada @KBanfi le pidió explicaciones. pic.twitter.com/mxZIdqntGl

— Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) February 23, 2023

El Salón Azul del Senado fue epicentro del acto celebratorio del décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género, organizado por el senador chubutense Carlos Alberto Linares. Y el evento sirvió como una suerte de “reivindicación” para el exvicepresidente de la Nación Amado Boudou.

Justo antes de dar inicio formal al acto, la militante de los derechos LGBT María Rachid invitó a Boudou a incorporarse al panel que encabezaba el acto. El exvicepresidente de la Nación -condenado en 2018 a 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitado de por vida para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por el caso Ciccone- se acercó entonces al estrado y saludó efusivamente a todos, en medio de una ovación de los presentes.

Al dar inicio formal al acto, quien conducía el mismo presentó al final a Boudou, destacando su figura por haber presidido la histórica sesión en la que se aprobó la ley. El aplauso cerrado terminó con todo el público de pie y, al restablecerse el silencio alguien gritó: “¡Idolo!”.

Más tarde, al hacer uso de la palabra, el senador Linares expresó su regocijo por “ver a Amado… Para nosotros un ejemplo de lucha. ¿Ustedes tuvieron persecución? Amado tuvo persecución también. Un tipo encarcelado por pensar diferente al Gobierno de Mauricio Macri”.

A través de un duro documento en el que se analizan las supuestas violaciones que habría cometido el Fondo Monetario Internacional (FMI) al otorgar el crédito de 55 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri, Soberanxs -el espacio político que conducen Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto- le propondrá al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que antes de sellar cualquier tipo de acuerdo con el organismo multilateral de crédito solicite a la Asamblea General de las Naciones Unidas le pida a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva, en la que se expidan sobre “la forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo y establezca las responsabilidades pertinentes y la posibilidad de una reparación por los daños ocasionados”.

Para este sector, “está probado” que el FMI incumplió con sus normas estatutarias y a través de sus acciones y omisiones permitió que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su objetivo específico. Por eso desde Soberanxs consideraron que “esta sería la primera vez en la historia que se cuestiona al Fondo Monetario en una instancia internacional, resultando hoy imprescindible hacerlo para poner en evidencia que debe terminarse con la impunidad de sus manejos. Resulta necesario plantear una cuestión fundada en el Derecho Internacional a los efectos de acreditar de manera irrefutable la violación por parte de la institución multilateral de su Convenio Constitutivo, de manera tal de establecer su responsabilidad en los daños emergentes de los acuerdos celebrados en los meses de junio y octubre de 2018. Todo esto en virtud de lo establecido en Convenciones Internacionales, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en las normas establecidas por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y en los principios generales del derecho que son fuente de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia”.

Desde Soberanxs aseguraron que “el Fondo celebró un stand by con el gobierno de Macri a sabiendas que era imposible pagar en 36 meses las sumas comprometidas en un acuerdo sin antecedentes en la historia de la institución, y que no respondió a las prácticas habituales del organismo. Además, el FMI no cumplió con las normas contenidas en su Convenio Constitutivo, violando las disposiciones contenidas en los artículos 1°, Sección 5, Artículo V, Sección 5, y Artículo VI, Sección 1”.

En el documento que presentarán al Gobierno nacional señalaron que cualquier acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional “supone la aceptación de un programa de política económica, con las conocidas condicionalidades que son la metodología habitual del FMI. Ningún país con 50% de pobreza podría tolerar un programa de ajuste fiscal o una política de ajuste por la vía cambiaria (devaluación), incluso cuando no tuviese que devolver nada en los próximos años”. 

Con la experiencia histórica existente con el FMI, más allá de las justificaciones que se esgriman, el espacio considera “difícil imaginar que el organismo acepte un acuerdo tal que los pagos a los que se obligue el Estado no tengan como contrapartida acentuar las carencias y la fragilidad de una situación social que ya no admite ajustes ni restricciones de ninguna naturaleza”.

Por último, señalaron: “Si queremos ser un país soberano, resulta necesario utilizar todos los recursos legales de que se dispone, para que se reconozcan nuestros derechos y se ponga en evidencia el ilegal comportamiento del FMI a través del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Que esa decisión, por otra parte, limite las exigencias e irreductibilidad con la que se ha manejado esa institución desde siempre, terminando con la discrecionalidad con la que obraran sus funcionarios y los países que lo controlan mayoritariamente. Así como ellos se muestran muy exigentes respecto a la imposibilidad de reducir intereses, o efectuar una quita sobre el dinero prestado porque las normas a las que están sujetos no se lo permiten, es hora de usar el derecho internacional para poner en evidencia el ilegal comportamiento con el que se manejaron durante el gobierno de Cambiemos y ver si de tal manera se limitan las pretensiones de la institución y se la enfrenta con argumentos del derecho internacional público que debe respetar como organismo de las Naciones Unidas”.

Firman el documento Alicia Castro, Amado Boudou, Gabriel Mariotto, Alejandro Olmos Gaona, Hernán Arbizu, Fernanda Vallejos, , Mempo Giardinelli, José Pepe Sbatella, Pedro Peretti, Jorge Elbaum, Cristina Banegas, Liliana Mazure, Carlos Caramello, Javier Arroyuelo, Alejandro Mosquera, Juan Pablo Olsson, Dina Feller, Jorge Fonseca, Mariano Pinedo, Rita Cortese, Luis Arias, Néstor Segovia, Gabriela Piovano, Christian D’Alessandro, Damián Marino, Monika Arredondo, Mario Volpe, Santiago Liaudat, Martin García, Néstor Piccone, Ariel Garbarz, Juan Valerdi, Gabriela Puerto, Sacha Kun Szabo, Conrado Yasenza, Víctor Giusto, Ernesto Gaidolfi, Pablo Pascualini , Horacio Ghilini,   Noemí Brenta, Horacio Rovelli, Rodolfo Treber, Jorge Marchini, José Cárcamo Norberto Itzcovich, Pablo Galarreta, Tommy Lujan, Zunilda González.

Tras el fallo del juez de Ejecución Ricardo Basílico que le concedió este jueves la libertad condicional al exvicepresidente Amado Boudou, legisladores opositores se volcaron a Twitter para expresar su indignación y cuestionar el accionar judicial y denunciar sus vínculos con el Frente de Todos.

Boudou, quien se encontraba en prisión domiciliaria por la causa de la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica, cumplió las dos terceras partes de su condena y le otorgaron la libertad condicional tras el aval de la Cámara Federal de Casación Penal de la reducción de la pena por los cursos que realizó durante su detención.

Ante este fallo, la diputada nacional María Lujan Rey (JxC) manifestó: “Boudou libre...la carta de Nicolini...todo en un día! Podemos y merecemos otro rumbo para nuestro país...”.

En tanto, su compañero de bancada Álvaro de Lamadrid escribió: “Libertad condicional a Boudou. En 2021 se juega si hay Cristina o hay Justicia”.

Por su parte, el diputado mendocino Luis Petri señaló: “Transformaron al Congreso en partícipe necesario de un delito con la expropiación de Ciccone”.

Y continuó: “Hoy Amado Boudou sale en libertad condicional, una nueva estafa a la Justicia. Ahora Boudou obtiene la libertad condicional con estímulos educativos que son una burla, después de haber tenido una pena corta y en prisión domiciliaria pese a estar firme. Es la Justicia a imagen y semejanza del kirchnerismo, con indultos encubiertos e impunidad de hecho”, remarcó.

A su turno, la diputada porteña Mariana Zuvic opinó: “Boudou suelto, cuiden las billeteras. El frente de todos lanza su campaña electoral con la liberación del delincuente confeso Amado Boudou. Es #MafiaORepública”, cerró.

Desde comienzos de abril de 2020 el ex ministro de Economía, condenado en el marco de la causa Ciccone Calcográfica, cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Barracas.

El fiscal Marcelo Colombo había dictaminado el pasado viernes a favor de concederle la libertad condicional al ex funcionario nacional, condenado a cinco años y diez meses de prisión, y ahora esa postura fue avalada por Basílico.

Previsiblemente legisladores de la oposición salieron a criticar la entrada en vigencia de seis artículos del Código Procesal Penal por parte de la Comisión Bicameral, que alargará los tiempos de condena para procesados por delitos de corrupción, por ejemplo. Para el radical Luis Petri, la bicameral que acaba de habilitar el adelantamiento de esos artículos “no tiene facultades legales para hacerlo, busca otorgar más beneficios, más recursos y facilidades de pago de la condena a corruptos condenados por la Justicia”.

“Le dicen ‘armonización normativa’ pero se llama IMPUNIDAD. Adelantan la entrada en vigencia de seis artículos del Código Procesal para beneficiar a Amado Boudou y otros condenados K por corrupción”, agregó el legislador mendocino.

Otro diputado radical, Alvaro de Lamadrid tuiteó: “En defensa propia CFK realiza maniobras para evitar la cárcel de Boudou. Genera antecedentes para sus causas. Adelanta vigencia de 6 art. Código Procesal. La condena ahora es firme cuando lo dispone la Corte Suprema. Imagínate si saca la reforma judicial”.

Por el contrario, el constitucionallista Andrés Gil Domínguez se situó en la vereda contraria. A su juicio, “la puesta en vigor de seis artículos del Código Procesal Penal Federal implica legislar sobre la acción de nulidad por cosa juzgada írrita desarrollada por la CSJ+cumplir con los IIDH+aplicar la ley penal más benigna. Un gran avance pro persona respecto de los derechos y garantías”.

Por más que quieran vendernos que en la Argentina hay oportunidades para todos, no es verdad. 

Lamentablemente, en un solo territorio coexisten dos realidades bien diferentes: el país de los ricos y el de los pobres, el de los privilegiados y el de los olvidados, el de los corruptos y el de los honestos. 

Es en este último es en el que vemos las diferencias más atroces, ya que quienes trabajan todos los días, que no duermen 8 horas desde hace años para llevar el pan a su casa, que no roban ni delinquen, son los que tienen menos beneficios. 

Sin embargo, aquellos que no dudaron en quedarse con lo que no les era propio gozan de sentencias que pueden cumplir en sus mansiones o, como en el caso de Amado Boudou, de una reducción en su condena gracias a realizar cursos diversos. 

Por el caso Ciccone, Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de cárcel. Ahora, le quitan 10 meses. Esta causa en particular es, sin dudas, una tomada de pelo a la sociedad toda. 

Recordemos que en 2012 el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, presentó su renuncia al cargo luego que Boudou (por esos tiempos vicepresidente de la Nación) realizara una denuncia contra el estudio jurídico que integraban su esposa y su hijo. 

Una vez que fue llevado al penal, logró la prisión domiciliaria por riesgo de Covid 19, sin ser grupo de riesgo. Así lo decidió el juez Daniel Obligado. 

Confirmada su condena, el juez de ejecución le preguntó si quería volver a la cárcel. Nunca se vio semejante cosa. 

Y como si esto fuera poco, por haber realizado cursos de electricidad, organización de eventos, un taller de filosofía, entre otros, nuevamente el juez Daniel Obligado le otorga un beneficio, escondido bajo un “estímulo educativo”, lo que le permitirá acceder además a salidas transitorias. 

Las cifras muestran que en el Servicio Penitenciario Federal estudia un 88% de la población penitenciaria (44% educación primaria, 26% polimodal, 6% universitaria y 12% cursos). Pero de ese 88%, sólo al 1.6% de los condenados se les reduce la pena más de 6 meses. Amado Boudou tuvo la suerte de estar en este pequeño porcentaje. 

Esto, definitivamente, es controlar la Justicia, es otorgar privilegios a los amigos del poder, es hacer insalvable la brecha entre los honestos y los corruptos. Y esta, definitivamente, no es la Argentina que merecemos ni la que merecen nuestros hijos y nietos. 

Por eso vamos a hacer todo lo que legalmente esté a nuestro alcance para volver a la Argentina de las oportunidades para todos, en la que no existan privilegios para quienes no los merezcan, y en la que los corruptos cumplan su condena como corresponde. 

Porque en esta Argentina en la que queremos vivir “el que las hace, las paga”. 

El diputado nacional Luis Petri presentó un proyecto para eliminar los beneficios de salidas transitorias, libertad condicional o rebajas de pena por estímulo educativo, a aquellos condenados por delitos contra la administración pública, conocidos como delitos de corrupción.

Luego de lo sucedido con el exvicepresidente Amado Boudou, el mendocino consideró: "No podemos permitir que las condenas por corrupción encuentren atajos para evadir su cumplimiento y transformarlas en irrisorias conforme a la gravedad de los delitos cometidos que afectan a todos los argentinos".

El proyecto que firman también Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Luis Juez, Álvaro Lamadrid, Carla Piccolomini, Omar de Marchi, Soher El Sukaria, Héctor Antonio Stefani, Francisco Sánchez, Julio Sahad y Adriana Ruarte, entre otros, modifica el artículo 140 y 56 de la ley 24660 y el 14 del Código Penal impidiendo que quienes cometieron delitos contra la Administración Pública puedan acogerse a los beneficios. En ese sentido, Petri aseguró que "No puede haber condenas que, pasadas por el proceso de ejecución de la pena, terminen en indultos encubiertos a partir de jueces indulgentes que otorgan indebidamente beneficios, tratándose de delitos de corrupción se debe exigir el cumplimiento íntegro de la pena sin posibilidad de beneficios y eso debe surgir expresamente de la ley y no de la voluntad y discrecionalidad de los jueces”.

“Los beneficios por estímulos educativos fueron pensados para otorgar herramientas a quienes cometieron delitos para reintegrarse a la sociedad y no como atajos para aligerar la pena, trampeando el fin de la norma”, concluyó el autor del proyecto.

El diputado nacional Eduardo Valdés afirmó que es de los que creen que Amado Boudou “ha sido mal detenido, ha sido mal juzgado”. Y amplió su diagnóstico a Milagro Sala, quien también se encuentra con prisión domiciliaria, al hacer referencia a las supuestas “irregularidades” de su detención, en diciembre del año 2015, que incluyó la manifestación por parte de distintos organismos de derechos humanos que advirtieron sobre la arbitrariedad de su detención por parte del Gobierno de Gerardo Morales, expresó.

Entrevistado en Diputados TV, el diputado oficialista se refirió respecto de la situación del exvicepresidente Amado Boudou a la cobertura mediática que rodeó su detención: “Fue detenido a las 4 de la mañana con filmaciones en directo; lo pasaron como si fuera un trofeo por todos los canales de televisión”. Además, hizo referencia al la denuncia en la causa Ciccone por parte de un suboficial excarapintada, Jorge Pacífico, que dijo haber escuchado en un bar cómo era el supuesto negociado.

Valdés citó también el caso de Alejandro Vanderbroele, testigo protegido en la causa. Dijo que fue favorecido con un hotel cinco estrellas por el Gobierno de aquel momento.

Sobre la posición del Tribunal Superior en el caso Boudou, el diputado nacional por CABA afirmó: “Yo esperaba que la Corte Suprema de Justicia, cuando se presenta la apelación, como se abocó a tratar lo de los jueces Bruglia y Bertuzzi, se aboque a tratar el fondo de la cuestión que planteaba el recurso de apelación de la defensa de boudou, y diga esto está bien y esto está mal, que es lo que corresponde”.

Por último habló de “la persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Señaló en ese sentido que “el 25 de febrero del año 2018 para mí fue el símbolo de la persecución política. El día que CFK fue a tribunales ante (el juez Claudio) Bonadio el día del cumpleaños de su marido muerto, que con toda saña persecución y odio le tomó ocho indagatorias el mismo día”.

El diputado porteño cerró la entrevista expresando su deseo de que en algún momento “la justicia revise a la justicia”.

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau aseguró este lunes que no cree “ni en la amnistía ni en el indulto” y se mostró a favor de “seguir insistiendo por la vía judicial” en las causas que involucran a dirigentes del kirchnerismo.

“No creo ni en la amnistía ni en el indulto. Hay que seguir insistiendo por la vía judicial”, sostuvo Moreau sobre la solicitada con más de 5.000 firmas publicada el fin de semana, en la que dirigentes del oficialismo y personalidades internacionales denunciaron la existencia de una “persecución política” contra exfuncionarios kirchneristas y reclamaron la libertad del exvicepresidente Amado Boudou.

En la solicitada publicada en varios medios nacionales, los dirigentes aseguraron que “la persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”.

Al ser consultado sobre ese texto, Moreau consideró que además de presentar planteos ante la Justicia argentina se debe hacer el reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En declaraciones a Radio Con Vos, el diputado nacional coincidió en que se trata de “una persecución política” contra exdirigentes del kirchnerismo y dijo que la Corte Suprema “eludió su responsabilidad” en cuanto a atender las “irregularidades dilatorias y violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso” en las causas que involucran a exfuncionarios.

“El problema de que en Argentina no haya justicia es la Justicia”, aseveró el diputado, que preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

“La solicitada de la infamia”, calificó este domingo el diputado naiconal Jorge Enríquez la publicación hecha por el kirchnerismo para pedir la libertad de Boudou. Enríquez sostuvo: “Amado Boudou no es un preso político, es un político corrupto que debe estar preso, tal como lo confirmaron más de 15 jueces de diferentes instancias, que procesaron y condenaron al exvicepresidente. Con la solicitada de la infamia buscan nuevamente instalar en la sociedad el relato del perseguido político y el lawfare, para dar sustento al indulto presidencial para Boudou y la jefa de la banda, Cristina Fernández de Kirchner”.

Enríquez concluyó: “El mensaje implícito es que los amigos pueden robar impunemente. No es solo una cuestión moral: aceptar esa idea es terminar con la democracia. Boudou debe volver a la cárcel a cumplir su condena”.

El diputado del Pro fue apenas uno de los que cuestionó la solicitada publicada por el kirchnerismo para pedir por el exvicepresidente de la segunda gestión de Cristina Kirchner. También lo hizo el diputado radical de Chubut Gustavo Menna, para quien “la solicitada es para presionar al presidente que rechaza indultarlo pero dice que no tiene problema en que lo amnistíe el Congreso. En @DiputadosAR no tienen mayoría así que en las elecciones de este año se juega la suerte del plan de impunidad”.

La solicitada es para presionar al Presidente que rechaza indultarlo pero dice que no tiene problema en que lo amnistíe el Congreso. En @DiputadosAR no tienen mayoría así que en las elecciones de este año se juega la suerte del plan de impunidad https://t.co/dCY5XsY0Xl

— Gustavo Menna (@gustamenna) January 10, 2021

“Decir que Boudou es un preso político es un delirio que no se creen ni los firmantes del comunicado. La causa arrancó en 2012 cuando era vicepresidente en ejercicio e intervinieron 16 jueces en distintas instancias, empezando por Rafecas”, agregó el dirigente radial, que concluyó diciendo que “aquellos que estén de acuerdo con la amnistía a favor de Boudou, el control político del Poder Judicial y el Ministerio Público y la ampliación de la Corte van a tener a disposición las listas del FdT para votar en las legislativas”.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic advirtió que “si la Argentina resiste la embestida de esta mafia, vamos a lograr una República”, en tanto que el diputado radical Alvaro de Lamadrid sostuvo que “la solicitada para liberar a Boudou explica lo que se juega Argentina”.

El presidente del bloque de la CC-ARI, Juan Manuel López, aseguró en tanto que “el plan de impunidad existe. Ojalá todos, oficialismo y oposición, nos estuviéramos dedicando a otra cosa. Pero es tan necesaria la justicia para tener tranquilidad y desarrollo, como para ellos es tan necesaria la impunidad para seguir robando”.

“La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”, señala en un pasaje la solicitada a través de la cual desde el kirchnerismo reclaman la libertad del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou.

La nota lleva las firmas de varios legisladores del Frente de Todos, como los senadores nacionales Oscar Parrilli, Beatriz Mirkin, y Silvia Sapag; el titular del PJ José Luis Gioja; el diputado nacional Eduardo Valdés y sus colegas Leopoldo Moreau, Carlos Heller, Walter Correa, Hugo Yasky, Paula Penacca, Gabriela Cerruti, Mara Brawer, Marcelo Koening,. También suscriben el diputado porteño Leandro Santoro y el senador bonaerense Francisco Durañona.

También están ex legisladores como Carlos Kunkel, Diana Conti, Beatriz Rojkés, Eric Calcagno, Gastón Harispe, Ruperto Godoy,

La nota afirma que se está en presencia de “una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente”.

En ese marco se reclama “la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas” para que “en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos”.

El texto de la solicitada expresa que “lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou, es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno”.

Entre las firmas aparecen figuras internacionales como los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay) y Evo Morales (Bolivia), el exintegrante de la Corte Eugenio Zaffaroni; la titular de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el ministro Jorge Ferraresi, la titular del PAMI Luana Volnovich y la del ANSeS, Fernanda Raverta.

Suscribe también la agrupación Justicia Legítima, la titular de la AFI, Cristina Caamaño; y los ministros bonaerenses Andrés Larroque y Daniel Gollán.

También firmó el titular del PJ porteño, Víctor Santa María, Pablo Moyano, Alejandra Gils Carbó, y la intendenta Mayra Mendoza.

Estamparon sus firmas los actores Nancy Duplá, Arturo Bonín, “Dady” Brieva, Cecilia Roth, Gerardo Romano, Darío Grandinetti y Ana María Picchio, entre otros, como así también Eduardo Aliverti, Carlos Barragán,Edgardo Mocca, Daniel Tognetti, Víctor Hugo Morales, Cynthia García y Sandra Russo.

Firmaron también Florencia Saintout, Adriana Puiggrós,

Hombre fuerte del Senado, donde gobierna la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es innegable que aunque tenga voz propia, Oscar Parrilli suele expresar el pensamiento de la exmandataria. Y atento a esa referencia, vale lo que acaba de expresar el titular de la Agencia Federal de Inteligencia: “La Corte quiere extorsionar al Gobierno”, dijo, sin medias tintas.

El senador nacional por Neuquén se refirió así al fallo del Tribunal Supremo ratificando la condena del exvicepresidente Amado Boudou. Entrevistado en El Destape Radio, Parrilli sostuvo que “la Justicia desapareció en Argentina cuando apareció el Lawfare en toda su crudeza”.

El titular de la Comisión de Justicia del Senado se manifestó “convencido de la inocencia de Amado Boudou”. Y sostuvo en ese sentido que “el único testigo del fallo Boudou fue comprado”.

“Creo que como legisladores está faltando que hagamos las cosas que tenemos que hacer”, deslizó a continuación, reconociendo también que el dictamen de la comisión creada por el presidente de la Nación para sugerir modificaciones para mejorar la justicia “pasó sin pena ni gloria”.

Para Parrilli, “el Lawfare está vivito y coleando. No hay que dejar de denunciar los atropellos y las atrocidades que están haciendo”. Agregó que “hay periodistas que se han llenado de odio y ese odio los enceguece tanto que les obnubila el cerebro”.

Referentes de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y sindicales, juristas, periodistas y artistas firmaron este domingo una solicitada que recogió más de 10 mil firmas en apoyo al exvicepresidente, donde cuestionaron el fallo por atribuirlo a la persecución política y el lawfare.

Entre las primeras firmas, se manifestaron figuras de peso como el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, el senador Oscar Parrilli, el exjuez de Cámara Federal, Carlos Rozanski, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, los intendentes Mayra Mendoza, Martín Insaurralde, Mario Secco; la ministra de gobierno de Buenos Aires, Teresa García y el ministro nacional Jorge Ferraresi.

Desde el Congreso, firmaron la nota el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y los senadores nacionales Oscar Parrilli y María de los Angeles Sacnun, y los diputados nacionales del Frente de Todos Fernanda Vallejos, Carlos Heller, Leopoldo Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez, Rodolfo Tailhade y Lucía Corpacci, entre otros.

La solicitada fue motorizada como respuesta a la confirmación por parte de la Corte Suprema el pasado jueves de la condena a Amado Boudou en la causa Ciccone y expresaron un fuerte respaldo al exvicepresidente, ante la decisión judicial, “por ser parte esta de la persecución política y el lawfare, en un fallo signado por irregularidades”.

“Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales”, comenzó la solicitada, que contó con la firma de más de 10 mil personas.

“Este fallo de la Corte, sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la reciente aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más vulnerabilizados”.

A su vez, advirtieron que este tipo de maniobras judiciales afectan el Estado de Derecho y la democracia.

“La persecución política y el lawfare, como los que sufre y sufrió Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas. Con lawfare no hay democracia. Fuerza Amado! Estamos con vos”, conluyó la solicitada.

Firmaron el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el exjuez de Cámara Federal, Carlos Rozanski y el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti.

También firmaron los Mayra Mendoza, Martín Insaurralde, Mario Secco, Gustavo Menéndez, Juan Zabaleta, Lucas Ghi, Fernando Grey y Mariano Cascallares.

Los funcionarias de los gobiernos nacional y bonaerense Jorge Ferraresi, ministro nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat; la ministra de gobierno de Buenos Aires, Teresa García; y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

Firmaron también los gremialistas Daniel Catalano (ATE Capital), Sonia Alesso (CTERA), Eduardo López (UTE), Carlos Quintriqueo (ATE Neuquén) y Norberto Di Próspero (APL). Por los organismos de derechos humanos, la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano y Charly Pisoni (HIJOS).

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña celebró este jueves la decisión de la Corte Suprema para que Amado Boudou vuelva a prisión y señaló que “al fin se terminaron las dilaciones judiciales y las chicanas, queremos que la Justicia avance liquidando lo bienes del exvicepresidente para recuperar lo robado”.

En ese sentido, Ocaña sostuvo además que “ya no hay excusas para que no esté tras las rejas, por fin se ha hecho Justicia en la Argentina” y agregó que “esta semana la Cámara de Casación ya se expidió contra Cristina Fernández de Kirchner y ahora la Corte también ha dejado firme la condena del corrupto de Boudou por su participación en el caso Ciccone, tal como denunciamos con Manuel Garrido”.

Asimismo, la dirigente de Confianza Pública expresó que “el exvicepresidente que quiso adueñarse de la máquina de hacer billetes vuelve a donde nunca tendría que haberse ido" y añadió que “esta es otra muestra para que la impunidad se vaya terminando en nuestro país”.

La legisladora nacional dijo también que con el regreso de Boudou a prisión “vuelve al penal uno de los principales ladrones del kirchnerismo” y subrayó que “es importante que vuelva a estar preso, pero también que se recupere el dinero que robó”.

“El penal de Ezeiza debe ser el único destino posible de los ladrones y corruptos que tanto daño hicieron a los argentinos”, advirtió Ocaña y manifestó que “el desafío pendiente es recuperar lo robado por la corrupción y que el dinero vuelva a los ciudadanos”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff denunció al procurador del Tesoro, Carlos Zanini, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad y administración fraudulenta”. 

Asseff argumentó que la Oficina Anticorrupción “se constituyó en querellante en la causa que involucra al exvicepresidente de la Nación Amado Boudou en la posible comisión de delitos de acción pública”, de tal manera que la ANSES resolvió el 20 de noviembre del 2018, no otorgar la asignación mensual vitalicia que le corresponderían por haber ocupado la vicepresidencia de la Nación entre los años 2011 y 2015. 

Para dicha decisión el organismo se basó en dos dictámenes de la Oficina Anticorrupción y uno de la Procuración del Tesoro de la Nación. 

El presidente del partido UNIR sostuvo que los beneficios de la ley de Jubilaciones y Pensiones de Legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo y Poder Judicial “no alcanzan a quienes haya cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional”. 

De tal modo que -argumentó- “no se le puede otorgar dicho beneficio al exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner”. 

La procuración del Tesoro, a cargo actualmente de Carlos Zanini, calificó de “nulidad absoluta” a las resoluciones de la ANSES y de la Oficina Anticorrupción, resolviendo que se le otorgue el pago de una pensión vitalicia a Amado Boudou, pese los dictámenes referidos. 

“Con este irregular cambio de criterio el expresidente Amado Boudou recibirá un monto similar a las dos terceras partes del salario de un juez de la Corte Suprema”, señaló Asseff. 

Se trata de un sueldo equivalente a cuatrocientos mil pesos, con carácter de renta vitalicia, sumados a los pagos atrasados de los últimos cuatro años, calculados en veinte millones de pesos. 

“Esto ha producido un sentimiento de rechazo y ha provocado que la credibilidad de la ciudadanía argentina sea escasa”, pues “se puede fácilmente llegar a conclusión, que la resolución que habilita a un condenado por corrupción a cobrar una millonaria jubilación vitalicia no es una acción aislada, sino una estrategia de las más altas autoridades del Gobierno, de crear un precedente, ante la proximidad de futuros fallos condenatorios”, concluyó el legislador.

El diputado nacional Facundo Suárez Lastra (UCR) presentó un proyecto para que se modifique la Ley de Jubilaciones y Pensiones de funcionarios públicos, con el fin de evitar que personas con condenas judiciales reciban pensiones vitalicias, como es el caso de Amado Boudou.

El dictamen del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a favor del exvicepresidente "despertó una ola de indignación en la opinión pública y demostró que la ley merece ser modificada", expresó el legislador radical.

“La Argentina enfrenta desde hace décadas una lucha contra la corrupción que no puede continuar si no es a través de la ejemplaridad y probidad de sus funcionarios públicos. Si bien centrarse en un mero enfoque punitivo no resuelve las raíces del problema, sí puede desincentivar conductas reprochables al mismo tiempo que restaura en la población la confianza en las instituciones democráticas”, sostuvo el diputado de Juntos por el Cambio.

La iniciativa, que apunta a modificar el artículo 29 de la Ley 24.018 para evitar que condenados reciban el beneficio, detalla que no podrá alcanzar a "aquellos que fueran removidos por mal desempeño de sus funciones o condenados por delitos contra el orden público, contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública y contra el orden económico y financiero".

"Así, se busca que la legislación quede actualizada para cumplir con la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue oportunamente ratificada por el Estado argentino", agregó Suárez Lastra.

La situación del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou en relación a los haberes que en su momento ANSeS había denegado, reflotó antiguas controversias legales y éticas que deben ser resueltas definitivamente.

“Resulta moralmente reprochable que el funcionario que fue condenado por delitos contra el Estado, perciba de este mismo Estado beneficios de privilegio en razón de su función, cuando fue precisamente por ella que cometió un delito contra la administración en perjuicio de la sociedad toda; estoy convencida de que las normas legales no pueden prescindir de correctos encuadres éticos”, afirmó Lehmann.

El proyecto es acompañado por los diputados Leonor Martinez Villada, Javier Campos, Alicia Terrada, Ruben Manzi, Paula Oliveto, Laura Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mariana Zuvic.

Mucha polémica generó la decisión de Carlos Zannini, procurador del Tesoro, de habilitar a Amado Boudou a acceder a la jubilación que le correspondería por haber ocupado la vicepresidencia de la Nación entre 2011 y 2015. En ese marco, varios diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución criticando duramente la medida.

Lo hicieron a través de un proyecto de resolución, en el que expresan su “categórico rechazo al desempeño del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, al declarar la ‘nulidad absoluta’ de las resoluciones de la ANSeS y de la Oficina Anticorrupción” que rechazaron oportunamente que se hiciera efectivo el pago de una pensión vitalicia por el alto cargo ocupado.

Por el contrario, Zannini dispuso que se haga lugar a ese beneficio para Boudou, pese a estar condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, más más multa y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos y accesorias, en la causa Ciccone Calcográfica SA. Dicha sentencia fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal

La presentación fue realizada por el diputado nacional Alberto Asseff, quien fue acompañado por sus pares Waldo Wolff, Hernán Berisso, Estela Regidor, María Luján Rey, Luis Pastori, Julio Sahad, Omar De Marchi, Alicia Terada, Soher El Sukaria, Federico Angelini, Héctor Stefani, Alicia Fregonese, Carmen Polledo, Gustavo Menna, Atilio Benedetti, Diego Mestre y Jorge Enriquez. Esos legisladores instan a las autoridades de la ANSeS a rechazar dicho beneficio, y al Ministerio Publico Fiscal, a realizar las denuncias correspondientes.