La diputada nacional Karina Banfi, vicepresidenta del bloque UCR, presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Economía para que se revele qué tipo de asesoramiento está realizando el exvicepresidente Amado Boudou, condenado por corrupción e inhabilitado a ejercer cargos públicos.

El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau dijo la semana pasada a la prensa que Boudou “está colaborando con (el ministro Sergio) Massa en el tema de la deuda con el FMI". "Nuestra fuerza política ha dicho que va a haber que reformular el acuerdo con el Fondo. En ese sentido, Massa se ha plegado a eso y Boudou está trabajando con el ministro de Economía", manifestó el diputado Moreau al programa radial La García.

Por ello, toda vez que dichas declaraciones son información pública en un todo de acuerdo con la Ley 27.275, la diputada Banfi presentó ante el Ministerio de Economía un petitorio para que se indique si el citado exvicepresidente de la Nación “presta algún tipo de servicio de asesoramiento en el ministerio a su cargo, considerando que el señor Boudou por condena judicial se encuentra inhabilitado de por vida a ocupar algún cargo público”.

Para el caso afirmativo, Karina Banfi pide que se detalle la modalidad de dicha prestación, y si Boudou percibe honorarios, salario, o reconocimiento de servicios como contraprestación por los servicios brindados.

Por último, Banfi pidió que se indique las temáticas en las cuales el señor Boudou estaría asesorando en el ministerio a su cargo.

"Es insólito e inaceptable que Boudou, quien está condenado por corrupción y fue inhabilitado para ejercer cargos, esté asesorando nada menos que al Ministerio de Economía. Massa es candidato a presidente, pero no ha renunciado a la cartera. Tiene un doble rol y no puede violar un fallo de la Justicia", concluyó Banfi.

En el marco de su presentación ante la Comisión de Juicio Político, el juez Alejo Ramos Padilla se refirió al exvicepresidente Amado Boudou como un “preso político”. En rigor de verdad, el término que usó fue el de “político preso”.

Le contestó el jefe del bloque UCR, Mario Negri. Miembro de la Comisión de Juicio Político, pero ausente por estar reponiéndose de una afección cardíaca, el cordobés calificó a Ramos Padilla como “invitado estrella de sus amigos kirchneristas”, y dijo que afirmó que Amado Boudou era "un preso político". 

Y Negri remarcó: “Boudou fue condenado en dos instancias por corrupción. ¡¡El kirchnerismo se resiste a entender que robar es un delito!!”.

El Salón Azul del Senado fue epicentro del acto celebratorio del décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género, organizado por el senador chubutense Carlos Alberto Linares. Y el evento sirvió como una suerte de “reivindicación” para el exvicepresidente de la Nación Amado Boudou.

Justo antes de dar inicio formal al acto, la militante de los derechos LGBT María Rachid invitó a Boudou a incorporarse al panel que encabezaba el acto. El exvicepresidente de la Nación -condenado en 2018 a 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitado de por vida para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por el caso Ciccone- se acercó entonces al estrado y saludó efusivamente a todos, en medio de una ovación de los presentes.

Al dar inicio formal al acto, quien conducía el mismo presentó al final a Boudou, destacando su figura por haber presidido la histórica sesión en la que se aprobó la ley. El aplauso cerrado terminó con todo el público de pie y, al restablecerse el silencio alguien gritó: “¡Idolo!”.

Más tarde, al hacer uso de la palabra, el senador Linares expresó su regocijo por “ver a Amado… Para nosotros un ejemplo de lucha. ¿Ustedes tuvieron persecución? Amado tuvo persecución también. Un tipo encarcelado por pensar diferente al Gobierno de Mauricio Macri”.

A través de un duro documento en el que se analizan las supuestas violaciones que habría cometido el Fondo Monetario Internacional (FMI) al otorgar el crédito de 55 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri, Soberanxs -el espacio político que conducen Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto- le propondrá al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que antes de sellar cualquier tipo de acuerdo con el organismo multilateral de crédito solicite a la Asamblea General de las Naciones Unidas le pida a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva, en la que se expidan sobre “la forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo y establezca las responsabilidades pertinentes y la posibilidad de una reparación por los daños ocasionados”.

Para este sector, “está probado” que el FMI incumplió con sus normas estatutarias y a través de sus acciones y omisiones permitió que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su objetivo específico. Por eso desde Soberanxs consideraron que “esta sería la primera vez en la historia que se cuestiona al Fondo Monetario en una instancia internacional, resultando hoy imprescindible hacerlo para poner en evidencia que debe terminarse con la impunidad de sus manejos. Resulta necesario plantear una cuestión fundada en el Derecho Internacional a los efectos de acreditar de manera irrefutable la violación por parte de la institución multilateral de su Convenio Constitutivo, de manera tal de establecer su responsabilidad en los daños emergentes de los acuerdos celebrados en los meses de junio y octubre de 2018. Todo esto en virtud de lo establecido en Convenciones Internacionales, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en las normas establecidas por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y en los principios generales del derecho que son fuente de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia”.

Desde Soberanxs aseguraron que “el Fondo celebró un stand by con el gobierno de Macri a sabiendas que era imposible pagar en 36 meses las sumas comprometidas en un acuerdo sin antecedentes en la historia de la institución, y que no respondió a las prácticas habituales del organismo. Además, el FMI no cumplió con las normas contenidas en su Convenio Constitutivo, violando las disposiciones contenidas en los artículos 1°, Sección 5, Artículo V, Sección 5, y Artículo VI, Sección 1”.

En el documento que presentarán al Gobierno nacional señalaron que cualquier acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional “supone la aceptación de un programa de política económica, con las conocidas condicionalidades que son la metodología habitual del FMI. Ningún país con 50% de pobreza podría tolerar un programa de ajuste fiscal o una política de ajuste por la vía cambiaria (devaluación), incluso cuando no tuviese que devolver nada en los próximos años”. 

Con la experiencia histórica existente con el FMI, más allá de las justificaciones que se esgriman, el espacio considera “difícil imaginar que el organismo acepte un acuerdo tal que los pagos a los que se obligue el Estado no tengan como contrapartida acentuar las carencias y la fragilidad de una situación social que ya no admite ajustes ni restricciones de ninguna naturaleza”.

Por último, señalaron: “Si queremos ser un país soberano, resulta necesario utilizar todos los recursos legales de que se dispone, para que se reconozcan nuestros derechos y se ponga en evidencia el ilegal comportamiento del FMI a través del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Que esa decisión, por otra parte, limite las exigencias e irreductibilidad con la que se ha manejado esa institución desde siempre, terminando con la discrecionalidad con la que obraran sus funcionarios y los países que lo controlan mayoritariamente. Así como ellos se muestran muy exigentes respecto a la imposibilidad de reducir intereses, o efectuar una quita sobre el dinero prestado porque las normas a las que están sujetos no se lo permiten, es hora de usar el derecho internacional para poner en evidencia el ilegal comportamiento con el que se manejaron durante el gobierno de Cambiemos y ver si de tal manera se limitan las pretensiones de la institución y se la enfrenta con argumentos del derecho internacional público que debe respetar como organismo de las Naciones Unidas”.

Firman el documento Alicia Castro, Amado Boudou, Gabriel Mariotto, Alejandro Olmos Gaona, Hernán Arbizu, Fernanda Vallejos, , Mempo Giardinelli, José Pepe Sbatella, Pedro Peretti, Jorge Elbaum, Cristina Banegas, Liliana Mazure, Carlos Caramello, Javier Arroyuelo, Alejandro Mosquera, Juan Pablo Olsson, Dina Feller, Jorge Fonseca, Mariano Pinedo, Rita Cortese, Luis Arias, Néstor Segovia, Gabriela Piovano, Christian D’Alessandro, Damián Marino, Monika Arredondo, Mario Volpe, Santiago Liaudat, Martin García, Néstor Piccone, Ariel Garbarz, Juan Valerdi, Gabriela Puerto, Sacha Kun Szabo, Conrado Yasenza, Víctor Giusto, Ernesto Gaidolfi, Pablo Pascualini , Horacio Ghilini,   Noemí Brenta, Horacio Rovelli, Rodolfo Treber, Jorge Marchini, José Cárcamo Norberto Itzcovich, Pablo Galarreta, Tommy Lujan, Zunilda González.

Tras el fallo del juez de Ejecución Ricardo Basílico que le concedió este jueves la libertad condicional al exvicepresidente Amado Boudou, legisladores opositores se volcaron a Twitter para expresar su indignación y cuestionar el accionar judicial y denunciar sus vínculos con el Frente de Todos.

Boudou, quien se encontraba en prisión domiciliaria por la causa de la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica, cumplió las dos terceras partes de su condena y le otorgaron la libertad condicional tras el aval de la Cámara Federal de Casación Penal de la reducción de la pena por los cursos que realizó durante su detención.

Ante este fallo, la diputada nacional María Lujan Rey (JxC) manifestó: “Boudou libre...la carta de Nicolini...todo en un día! Podemos y merecemos otro rumbo para nuestro país...”.

En tanto, su compañero de bancada Álvaro de Lamadrid escribió: “Libertad condicional a Boudou. En 2021 se juega si hay Cristina o hay Justicia”.

Por su parte, el diputado mendocino Luis Petri señaló: “Transformaron al Congreso en partícipe necesario de un delito con la expropiación de Ciccone”.

Y continuó: “Hoy Amado Boudou sale en libertad condicional, una nueva estafa a la Justicia. Ahora Boudou obtiene la libertad condicional con estímulos educativos que son una burla, después de haber tenido una pena corta y en prisión domiciliaria pese a estar firme. Es la Justicia a imagen y semejanza del kirchnerismo, con indultos encubiertos e impunidad de hecho”, remarcó.

A su turno, la diputada porteña Mariana Zuvic opinó: “Boudou suelto, cuiden las billeteras. El frente de todos lanza su campaña electoral con la liberación del delincuente confeso Amado Boudou. Es #MafiaORepública”, cerró.

Desde comienzos de abril de 2020 el ex ministro de Economía, condenado en el marco de la causa Ciccone Calcográfica, cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Barracas.

El fiscal Marcelo Colombo había dictaminado el pasado viernes a favor de concederle la libertad condicional al ex funcionario nacional, condenado a cinco años y diez meses de prisión, y ahora esa postura fue avalada por Basílico.

Previsiblemente legisladores de la oposición salieron a criticar la entrada en vigencia de seis artículos del Código Procesal Penal por parte de la Comisión Bicameral, que alargará los tiempos de condena para procesados por delitos de corrupción, por ejemplo. Para el radical Luis Petri, la bicameral que acaba de habilitar el adelantamiento de esos artículos “no tiene facultades legales para hacerlo, busca otorgar más beneficios, más recursos y facilidades de pago de la condena a corruptos condenados por la Justicia”.

“Le dicen ‘armonización normativa’ pero se llama IMPUNIDAD. Adelantan la entrada en vigencia de seis artículos del Código Procesal para beneficiar a Amado Boudou y otros condenados K por corrupción”, agregó el legislador mendocino.

Otro diputado radical, Alvaro de Lamadrid tuiteó: “En defensa propia CFK realiza maniobras para evitar la cárcel de Boudou. Genera antecedentes para sus causas. Adelanta vigencia de 6 art. Código Procesal. La condena ahora es firme cuando lo dispone la Corte Suprema. Imagínate si saca la reforma judicial”.

Por el contrario, el constitucionallista Andrés Gil Domínguez se situó en la vereda contraria. A su juicio, “la puesta en vigor de seis artículos del Código Procesal Penal Federal implica legislar sobre la acción de nulidad por cosa juzgada írrita desarrollada por la CSJ+cumplir con los IIDH+aplicar la ley penal más benigna. Un gran avance pro persona respecto de los derechos y garantías”.

Por más que quieran vendernos que en la Argentina hay oportunidades para todos, no es verdad. 

Lamentablemente, en un solo territorio coexisten dos realidades bien diferentes: el país de los ricos y el de los pobres, el de los privilegiados y el de los olvidados, el de los corruptos y el de los honestos. 

Es en este último es en el que vemos las diferencias más atroces, ya que quienes trabajan todos los días, que no duermen 8 horas desde hace años para llevar el pan a su casa, que no roban ni delinquen, son los que tienen menos beneficios. 

Sin embargo, aquellos que no dudaron en quedarse con lo que no les era propio gozan de sentencias que pueden cumplir en sus mansiones o, como en el caso de Amado Boudou, de una reducción en su condena gracias a realizar cursos diversos. 

Por el caso Ciccone, Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de cárcel. Ahora, le quitan 10 meses. Esta causa en particular es, sin dudas, una tomada de pelo a la sociedad toda. 

Recordemos que en 2012 el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, presentó su renuncia al cargo luego que Boudou (por esos tiempos vicepresidente de la Nación) realizara una denuncia contra el estudio jurídico que integraban su esposa y su hijo. 

Una vez que fue llevado al penal, logró la prisión domiciliaria por riesgo de Covid 19, sin ser grupo de riesgo. Así lo decidió el juez Daniel Obligado. 

Confirmada su condena, el juez de ejecución le preguntó si quería volver a la cárcel. Nunca se vio semejante cosa. 

Y como si esto fuera poco, por haber realizado cursos de electricidad, organización de eventos, un taller de filosofía, entre otros, nuevamente el juez Daniel Obligado le otorga un beneficio, escondido bajo un “estímulo educativo”, lo que le permitirá acceder además a salidas transitorias. 

Las cifras muestran que en el Servicio Penitenciario Federal estudia un 88% de la población penitenciaria (44% educación primaria, 26% polimodal, 6% universitaria y 12% cursos). Pero de ese 88%, sólo al 1.6% de los condenados se les reduce la pena más de 6 meses. Amado Boudou tuvo la suerte de estar en este pequeño porcentaje. 

Esto, definitivamente, es controlar la Justicia, es otorgar privilegios a los amigos del poder, es hacer insalvable la brecha entre los honestos y los corruptos. Y esta, definitivamente, no es la Argentina que merecemos ni la que merecen nuestros hijos y nietos. 

Por eso vamos a hacer todo lo que legalmente esté a nuestro alcance para volver a la Argentina de las oportunidades para todos, en la que no existan privilegios para quienes no los merezcan, y en la que los corruptos cumplan su condena como corresponde. 

Porque en esta Argentina en la que queremos vivir “el que las hace, las paga”. 

El diputado nacional Luis Petri presentó un proyecto para eliminar los beneficios de salidas transitorias, libertad condicional o rebajas de pena por estímulo educativo, a aquellos condenados por delitos contra la administración pública, conocidos como delitos de corrupción.

Luego de lo sucedido con el exvicepresidente Amado Boudou, el mendocino consideró: "No podemos permitir que las condenas por corrupción encuentren atajos para evadir su cumplimiento y transformarlas en irrisorias conforme a la gravedad de los delitos cometidos que afectan a todos los argentinos".

El proyecto que firman también Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Luis Juez, Álvaro Lamadrid, Carla Piccolomini, Omar de Marchi, Soher El Sukaria, Héctor Antonio Stefani, Francisco Sánchez, Julio Sahad y Adriana Ruarte, entre otros, modifica el artículo 140 y 56 de la ley 24660 y el 14 del Código Penal impidiendo que quienes cometieron delitos contra la Administración Pública puedan acogerse a los beneficios. En ese sentido, Petri aseguró que "No puede haber condenas que, pasadas por el proceso de ejecución de la pena, terminen en indultos encubiertos a partir de jueces indulgentes que otorgan indebidamente beneficios, tratándose de delitos de corrupción se debe exigir el cumplimiento íntegro de la pena sin posibilidad de beneficios y eso debe surgir expresamente de la ley y no de la voluntad y discrecionalidad de los jueces”.

“Los beneficios por estímulos educativos fueron pensados para otorgar herramientas a quienes cometieron delitos para reintegrarse a la sociedad y no como atajos para aligerar la pena, trampeando el fin de la norma”, concluyó el autor del proyecto.

El diputado nacional Eduardo Valdés afirmó que es de los que creen que Amado Boudou “ha sido mal detenido, ha sido mal juzgado”. Y amplió su diagnóstico a Milagro Sala, quien también se encuentra con prisión domiciliaria, al hacer referencia a las supuestas “irregularidades” de su detención, en diciembre del año 2015, que incluyó la manifestación por parte de distintos organismos de derechos humanos que advirtieron sobre la arbitrariedad de su detención por parte del Gobierno de Gerardo Morales, expresó.

Entrevistado en Diputados TV, el diputado oficialista se refirió respecto de la situación del exvicepresidente Amado Boudou a la cobertura mediática que rodeó su detención: “Fue detenido a las 4 de la mañana con filmaciones en directo; lo pasaron como si fuera un trofeo por todos los canales de televisión”. Además, hizo referencia al la denuncia en la causa Ciccone por parte de un suboficial excarapintada, Jorge Pacífico, que dijo haber escuchado en un bar cómo era el supuesto negociado.

Valdés citó también el caso de Alejandro Vanderbroele, testigo protegido en la causa. Dijo que fue favorecido con un hotel cinco estrellas por el Gobierno de aquel momento.

Sobre la posición del Tribunal Superior en el caso Boudou, el diputado nacional por CABA afirmó: “Yo esperaba que la Corte Suprema de Justicia, cuando se presenta la apelación, como se abocó a tratar lo de los jueces Bruglia y Bertuzzi, se aboque a tratar el fondo de la cuestión que planteaba el recurso de apelación de la defensa de boudou, y diga esto está bien y esto está mal, que es lo que corresponde”.

Por último habló de “la persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Señaló en ese sentido que “el 25 de febrero del año 2018 para mí fue el símbolo de la persecución política. El día que CFK fue a tribunales ante (el juez Claudio) Bonadio el día del cumpleaños de su marido muerto, que con toda saña persecución y odio le tomó ocho indagatorias el mismo día”.

El diputado porteño cerró la entrevista expresando su deseo de que en algún momento “la justicia revise a la justicia”.

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau aseguró este lunes que no cree “ni en la amnistía ni en el indulto” y se mostró a favor de “seguir insistiendo por la vía judicial” en las causas que involucran a dirigentes del kirchnerismo.

“No creo ni en la amnistía ni en el indulto. Hay que seguir insistiendo por la vía judicial”, sostuvo Moreau sobre la solicitada con más de 5.000 firmas publicada el fin de semana, en la que dirigentes del oficialismo y personalidades internacionales denunciaron la existencia de una “persecución política” contra exfuncionarios kirchneristas y reclamaron la libertad del exvicepresidente Amado Boudou.

En la solicitada publicada en varios medios nacionales, los dirigentes aseguraron que “la persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”.

Al ser consultado sobre ese texto, Moreau consideró que además de presentar planteos ante la Justicia argentina se debe hacer el reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En declaraciones a Radio Con Vos, el diputado nacional coincidió en que se trata de “una persecución política” contra exdirigentes del kirchnerismo y dijo que la Corte Suprema “eludió su responsabilidad” en cuanto a atender las “irregularidades dilatorias y violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso” en las causas que involucran a exfuncionarios.

“El problema de que en Argentina no haya justicia es la Justicia”, aseveró el diputado, que preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

“La solicitada de la infamia”, calificó este domingo el diputado naiconal Jorge Enríquez la publicación hecha por el kirchnerismo para pedir la libertad de Boudou. Enríquez sostuvo: “Amado Boudou no es un preso político, es un político corrupto que debe estar preso, tal como lo confirmaron más de 15 jueces de diferentes instancias, que procesaron y condenaron al exvicepresidente. Con la solicitada de la infamia buscan nuevamente instalar en la sociedad el relato del perseguido político y el lawfare, para dar sustento al indulto presidencial para Boudou y la jefa de la banda, Cristina Fernández de Kirchner”.

Enríquez concluyó: “El mensaje implícito es que los amigos pueden robar impunemente. No es solo una cuestión moral: aceptar esa idea es terminar con la democracia. Boudou debe volver a la cárcel a cumplir su condena”.

El diputado del Pro fue apenas uno de los que cuestionó la solicitada publicada por el kirchnerismo para pedir por el exvicepresidente de la segunda gestión de Cristina Kirchner. También lo hizo el diputado radical de Chubut Gustavo Menna, para quien “la solicitada es para presionar al presidente que rechaza indultarlo pero dice que no tiene problema en que lo amnistíe el Congreso. En @DiputadosAR no tienen mayoría así que en las elecciones de este año se juega la suerte del plan de impunidad”.

“Decir que Boudou es un preso político es un delirio que no se creen ni los firmantes del comunicado. La causa arrancó en 2012 cuando era vicepresidente en ejercicio e intervinieron 16 jueces en distintas instancias, empezando por Rafecas”, agregó el dirigente radial, que concluyó diciendo que “aquellos que estén de acuerdo con la amnistía a favor de Boudou, el control político del Poder Judicial y el Ministerio Público y la ampliación de la Corte van a tener a disposición las listas del FdT para votar en las legislativas”.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic advirtió que “si la Argentina resiste la embestida de esta mafia, vamos a lograr una República”, en tanto que el diputado radical Alvaro de Lamadrid sostuvo que “la solicitada para liberar a Boudou explica lo que se juega Argentina”.

El presidente del bloque de la CC-ARI, Juan Manuel López, aseguró en tanto que “el plan de impunidad existe. Ojalá todos, oficialismo y oposición, nos estuviéramos dedicando a otra cosa. Pero es tan necesaria la justicia para tener tranquilidad y desarrollo, como para ellos es tan necesaria la impunidad para seguir robando”.

“La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”, señala en un pasaje la solicitada a través de la cual desde el kirchnerismo reclaman la libertad del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou.

La nota lleva las firmas de varios legisladores del Frente de Todos, como los senadores nacionales Oscar Parrilli, Beatriz Mirkin, y Silvia Sapag; el titular del PJ José Luis Gioja; el diputado nacional Eduardo Valdés y sus colegas Leopoldo Moreau, Carlos Heller, Walter Correa, Hugo Yasky, Paula Penacca, Gabriela Cerruti, Mara Brawer, Marcelo Koening,. También suscriben el diputado porteño Leandro Santoro y el senador bonaerense Francisco Durañona.

También están ex legisladores como Carlos Kunkel, Diana Conti, Beatriz Rojkés, Eric Calcagno, Gastón Harispe, Ruperto Godoy,

La nota afirma que se está en presencia de “una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente”.

En ese marco se reclama “la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas” para que “en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos”.

El texto de la solicitada expresa que “lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou, es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno”.

Entre las firmas aparecen figuras internacionales como los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay) y Evo Morales (Bolivia), el exintegrante de la Corte Eugenio Zaffaroni; la titular de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el ministro Jorge Ferraresi, la titular del PAMI Luana Volnovich y la del ANSeS, Fernanda Raverta.

Suscribe también la agrupación Justicia Legítima, la titular de la AFI, Cristina Caamaño; y los ministros bonaerenses Andrés Larroque y Daniel Gollán.

También firmó el titular del PJ porteño, Víctor Santa María, Pablo Moyano, Alejandra Gils Carbó, y la intendenta Mayra Mendoza.

Estamparon sus firmas los actores Nancy Duplá, Arturo Bonín, “Dady” Brieva, Cecilia Roth, Gerardo Romano, Darío Grandinetti y Ana María Picchio, entre otros, como así también Eduardo Aliverti, Carlos Barragán,Edgardo Mocca, Daniel Tognetti, Víctor Hugo Morales, Cynthia García y Sandra Russo.

Firmaron también Florencia Saintout, Adriana Puiggrós,

Hombre fuerte del Senado, donde gobierna la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es innegable que aunque tenga voz propia, Oscar Parrilli suele expresar el pensamiento de la exmandataria. Y atento a esa referencia, vale lo que acaba de expresar el titular de la Agencia Federal de Inteligencia: “La Corte quiere extorsionar al Gobierno”, dijo, sin medias tintas.

El senador nacional por Neuquén se refirió así al fallo del Tribunal Supremo ratificando la condena del exvicepresidente Amado Boudou. Entrevistado en El Destape Radio, Parrilli sostuvo que “la Justicia desapareció en Argentina cuando apareció el Lawfare en toda su crudeza”.

El titular de la Comisión de Justicia del Senado se manifestó “convencido de la inocencia de Amado Boudou”. Y sostuvo en ese sentido que “el único testigo del fallo Boudou fue comprado”.

“Creo que como legisladores está faltando que hagamos las cosas que tenemos que hacer”, deslizó a continuación, reconociendo también que el dictamen de la comisión creada por el presidente de la Nación para sugerir modificaciones para mejorar la justicia “pasó sin pena ni gloria”.

Para Parrilli, “el Lawfare está vivito y coleando. No hay que dejar de denunciar los atropellos y las atrocidades que están haciendo”. Agregó que “hay periodistas que se han llenado de odio y ese odio los enceguece tanto que les obnubila el cerebro”.

Referentes de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y sindicales, juristas, periodistas y artistas firmaron este domingo una solicitada que recogió más de 10 mil firmas en apoyo al exvicepresidente, donde cuestionaron el fallo por atribuirlo a la persecución política y el lawfare.

Entre las primeras firmas, se manifestaron figuras de peso como el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, el senador Oscar Parrilli, el exjuez de Cámara Federal, Carlos Rozanski, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, los intendentes Mayra Mendoza, Martín Insaurralde, Mario Secco; la ministra de gobierno de Buenos Aires, Teresa García y el ministro nacional Jorge Ferraresi.

Desde el Congreso, firmaron la nota el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y los senadores nacionales Oscar Parrilli y María de los Angeles Sacnun, y los diputados nacionales del Frente de Todos Fernanda Vallejos, Carlos Heller, Leopoldo Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez, Rodolfo Tailhade y Lucía Corpacci, entre otros.

La solicitada fue motorizada como respuesta a la confirmación por parte de la Corte Suprema el pasado jueves de la condena a Amado Boudou en la causa Ciccone y expresaron un fuerte respaldo al exvicepresidente, ante la decisión judicial, “por ser parte esta de la persecución política y el lawfare, en un fallo signado por irregularidades”.

“Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales”, comenzó la solicitada, que contó con la firma de más de 10 mil personas.

“Este fallo de la Corte, sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la reciente aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más vulnerabilizados”.

A su vez, advirtieron que este tipo de maniobras judiciales afectan el Estado de Derecho y la democracia.

“La persecución política y el lawfare, como los que sufre y sufrió Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas. Con lawfare no hay democracia. Fuerza Amado! Estamos con vos”, conluyó la solicitada.

Firmaron el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el exjuez de Cámara Federal, Carlos Rozanski y el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti.

También firmaron los Mayra Mendoza, Martín Insaurralde, Mario Secco, Gustavo Menéndez, Juan Zabaleta, Lucas Ghi, Fernando Grey y Mariano Cascallares.

Los funcionarias de los gobiernos nacional y bonaerense Jorge Ferraresi, ministro nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat; la ministra de gobierno de Buenos Aires, Teresa García; y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

Firmaron también los gremialistas Daniel Catalano (ATE Capital), Sonia Alesso (CTERA), Eduardo López (UTE), Carlos Quintriqueo (ATE Neuquén) y Norberto Di Próspero (APL). Por los organismos de derechos humanos, la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano y Charly Pisoni (HIJOS).

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña celebró este jueves la decisión de la Corte Suprema para que Amado Boudou vuelva a prisión y señaló que “al fin se terminaron las dilaciones judiciales y las chicanas, queremos que la Justicia avance liquidando lo bienes del exvicepresidente para recuperar lo robado”.

En ese sentido, Ocaña sostuvo además que “ya no hay excusas para que no esté tras las rejas, por fin se ha hecho Justicia en la Argentina” y agregó que “esta semana la Cámara de Casación ya se expidió contra Cristina Fernández de Kirchner y ahora la Corte también ha dejado firme la condena del corrupto de Boudou por su participación en el caso Ciccone, tal como denunciamos con Manuel Garrido”.

Asimismo, la dirigente de Confianza Pública expresó que “el exvicepresidente que quiso adueñarse de la máquina de hacer billetes vuelve a donde nunca tendría que haberse ido" y añadió que “esta es otra muestra para que la impunidad se vaya terminando en nuestro país”.

La legisladora nacional dijo también que con el regreso de Boudou a prisión “vuelve al penal uno de los principales ladrones del kirchnerismo” y subrayó que “es importante que vuelva a estar preso, pero también que se recupere el dinero que robó”.

“El penal de Ezeiza debe ser el único destino posible de los ladrones y corruptos que tanto daño hicieron a los argentinos”, advirtió Ocaña y manifestó que “el desafío pendiente es recuperar lo robado por la corrupción y que el dinero vuelva a los ciudadanos”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff denunció al procurador del Tesoro, Carlos Zanini, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad y administración fraudulenta”. 

Asseff argumentó que la Oficina Anticorrupción “se constituyó en querellante en la causa que involucra al exvicepresidente de la Nación Amado Boudou en la posible comisión de delitos de acción pública”, de tal manera que la ANSES resolvió el 20 de noviembre del 2018, no otorgar la asignación mensual vitalicia que le corresponderían por haber ocupado la vicepresidencia de la Nación entre los años 2011 y 2015. 

Para dicha decisión el organismo se basó en dos dictámenes de la Oficina Anticorrupción y uno de la Procuración del Tesoro de la Nación. 

El presidente del partido UNIR sostuvo que los beneficios de la ley de Jubilaciones y Pensiones de Legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo y Poder Judicial “no alcanzan a quienes haya cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional”. 

De tal modo que -argumentó- “no se le puede otorgar dicho beneficio al exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner”. 

La procuración del Tesoro, a cargo actualmente de Carlos Zanini, calificó de “nulidad absoluta” a las resoluciones de la ANSES y de la Oficina Anticorrupción, resolviendo que se le otorgue el pago de una pensión vitalicia a Amado Boudou, pese los dictámenes referidos. 

“Con este irregular cambio de criterio el expresidente Amado Boudou recibirá un monto similar a las dos terceras partes del salario de un juez de la Corte Suprema”, señaló Asseff. 

Se trata de un sueldo equivalente a cuatrocientos mil pesos, con carácter de renta vitalicia, sumados a los pagos atrasados de los últimos cuatro años, calculados en veinte millones de pesos. 

“Esto ha producido un sentimiento de rechazo y ha provocado que la credibilidad de la ciudadanía argentina sea escasa”, pues “se puede fácilmente llegar a conclusión, que la resolución que habilita a un condenado por corrupción a cobrar una millonaria jubilación vitalicia no es una acción aislada, sino una estrategia de las más altas autoridades del Gobierno, de crear un precedente, ante la proximidad de futuros fallos condenatorios”, concluyó el legislador.

El diputado nacional Facundo Suárez Lastra (UCR) presentó un proyecto para que se modifique la Ley de Jubilaciones y Pensiones de funcionarios públicos, con el fin de evitar que personas con condenas judiciales reciban pensiones vitalicias, como es el caso de Amado Boudou.

El dictamen del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a favor del exvicepresidente "despertó una ola de indignación en la opinión pública y demostró que la ley merece ser modificada", expresó el legislador radical.

“La Argentina enfrenta desde hace décadas una lucha contra la corrupción que no puede continuar si no es a través de la ejemplaridad y probidad de sus funcionarios públicos. Si bien centrarse en un mero enfoque punitivo no resuelve las raíces del problema, sí puede desincentivar conductas reprochables al mismo tiempo que restaura en la población la confianza en las instituciones democráticas”, sostuvo el diputado de Juntos por el Cambio.

La iniciativa, que apunta a modificar el artículo 29 de la Ley 24.018 para evitar que condenados reciban el beneficio, detalla que no podrá alcanzar a "aquellos que fueran removidos por mal desempeño de sus funciones o condenados por delitos contra el orden público, contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública y contra el orden económico y financiero".

"Así, se busca que la legislación quede actualizada para cumplir con la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue oportunamente ratificada por el Estado argentino", agregó Suárez Lastra.

La situación del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou en relación a los haberes que en su momento ANSeS había denegado, reflotó antiguas controversias legales y éticas que deben ser resueltas definitivamente.

“Resulta moralmente reprochable que el funcionario que fue condenado por delitos contra el Estado, perciba de este mismo Estado beneficios de privilegio en razón de su función, cuando fue precisamente por ella que cometió un delito contra la administración en perjuicio de la sociedad toda; estoy convencida de que las normas legales no pueden prescindir de correctos encuadres éticos”, afirmó Lehmann.

El proyecto es acompañado por los diputados Leonor Martinez Villada, Javier Campos, Alicia Terrada, Ruben Manzi, Paula Oliveto, Laura Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mariana Zuvic.

Mucha polémica generó la decisión de Carlos Zannini, procurador del Tesoro, de habilitar a Amado Boudou a acceder a la jubilación que le correspondería por haber ocupado la vicepresidencia de la Nación entre 2011 y 2015. En ese marco, varios diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución criticando duramente la medida.

Lo hicieron a través de un proyecto de resolución, en el que expresan su “categórico rechazo al desempeño del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, al declarar la ‘nulidad absoluta’ de las resoluciones de la ANSeS y de la Oficina Anticorrupción” que rechazaron oportunamente que se hiciera efectivo el pago de una pensión vitalicia por el alto cargo ocupado.

Por el contrario, Zannini dispuso que se haga lugar a ese beneficio para Boudou, pese a estar condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, más más multa y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos y accesorias, en la causa Ciccone Calcográfica SA. Dicha sentencia fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal

La presentación fue realizada por el diputado nacional Alberto Asseff, quien fue acompañado por sus pares Waldo Wolff, Hernán Berisso, Estela Regidor, María Luján Rey, Luis Pastori, Julio Sahad, Omar De Marchi, Alicia Terada, Soher El Sukaria, Federico Angelini, Héctor Stefani, Alicia Fregonese, Carmen Polledo, Gustavo Menna, Atilio Benedetti, Diego Mestre y Jorge Enriquez. Esos legisladores instan a las autoridades de la ANSeS a rechazar dicho beneficio, y al Ministerio Publico Fiscal, a realizar las denuncias correspondientes.