Con la intención de darle cumplimiento a los acuerdos internos del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), la diputada Amanda Martín renunció durante la sesión ordinaria de este jueves a su cargo y asumió en su lugar Mercedes De Mendieta, quien ya supo ser legisladora en otras ocasiones.

Al renunciar a su banca, Martín afirmó que su decisión se debió a “los acuerdos de rotación de las bancas del FIT, está unido a otros principios que nosotros defendemos. No venimos acá por una cuestión de carrera profesional, sino que somos militantes y venimos a reivindicar eso; venimos a hacer y decir lo que otros no van a hacer porque representan los intereses de otros, de las grandes patronales”.

“Siempre intente reflejar las contradicciones que tiene el Gobierno de la Ciudad con respecto a la educación, yo nunca deje de trabajar en las escuelas. Salía de acá y me iba a dar clases, pero ahora me reincorporo a cinco escuelas… esas son las condiciones en las que trabajamos. Después nos dicen que somos vagas y eso a veces da bronca, porque nosotros trabajamos incluso poniendo en riesgo nuestra salud”, añadió y concluyó señalando: “renuncio y vuelvo a las escuelas secundarias, vuelvo con los pibes y pibas que nos están dando un ejemplo de lucha. Si no fuese por su lucha estaríamos en peores condiciones, eso se los puedo asegurar”.

Por otro lado, al momento de prestar juramento, De Mendieta aseguró que trabajaría para defender “las luchas de la juventud, las mujeres y los trabajadores. Contra el FMI y la destrucción ambiental por parte del capitalismo. Hoy especialmente por la rebelión de las mujeres iraníes”.

Días después de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciara que suspendería una Jornada de Mejora Institucional (EMI) después de que el presidente Alberto Fernández decretara un feriado por el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, los legisladores del Frente de Izquierda (FIT) presentaron un proyecto de declaración en la Legislatura porteña para repudiar la decisión y la calificaron de “un nuevo atropello a la docencia”.

El texto recientemente presentado busca que el Parlamento local exprese su “rechazo a la decisión arbitraria y antiestatutaria del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, de eliminar las capacitaciones en servicio y las jornadas de mejora institucional (EMI), entendiendo que constituye una grave lesión a los derechos laborales de la docencia, que cobra salarios de pobreza, extenderle y modificarle su jornada de trabajo”.

Al respecto de la iniciativa, la diputada del FIT y secretaria gremial del sindicato docente Ademys, Amanda Martín, aseguró que “la educación pública recibió un nuevo ataque directo por parte de Larreta-Acuña. Han comenzado su campaña electoral con una medida que es puramente demagógica, no se puede pensar que con un puñado de días de clase se resolverán los enormes problemas educativos sin resolver” y consideró que “son de hecho los responsables de la falta de jardines, la subejecución del presupuesto en infraestructura en los colegios, falta de vacantes, viandas en mal estado, falta de tecnología, y podría seguir”.

“Con esta medida se está desconociendo el derecho laboral establecido en el estatuto docente, que indica que las capacitaciones deben ser durante nuestra jornada laboral, no vamos a dejar que se avasallen nuestros derechos, y lo vamos a defender”, añadió.

En tanto el trotskista Gabriel Solano concluyó aseverando que “la política de ataque a la educación que vemos en la Ciudad va en línea con el ajuste presupuestario de la Nación. Acompañamos a la docencia que ha rechazado unánimemente la medida expresando la defensa el salario, las conquistas y sus derechos”.

Después de que familias y trabajadores de la salud realizaran un acampe frente a la Casa Rosada, la Legislatura de la Ciudad aprobó una iniciativa para expresar su rechazo por los recortes que el Gobierno Nacional está llevando en discapacidad, lo que atrasa los pagos a los prestadores de salud.

La iniciativa en cuestión fue impulsada por los legisladores del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano y Amanda Martín, aunque contó con el aval de todas las bancadas que conforman la Casa, a excepción del Frente de Todos (FdT) que votó en contra.

Al respecto de esta situación, Solano afirmó que “en estos momentos se está ajustado a las personas con discapacidad, a sus familias y las y los trabajadores que les asisten” y recordó que los afectados por este recorte “se hicieron presentes en el Congreso más de 1000 trabajadores que tiene sueldos de más de seis meses, y se están afectando prestaciones elementales”.

“El Gobierno se tiene que hacer responsable, mandan a la familia de un lado para el otro y no encuentran respuesta. Y mientras faltan prestaciones, faltan sueldos y la pagan las personas con discapacidad”, aseveró.

Al mismo tiempo que Martín repudió “el recorte en prestaciones en discapacidad para obras sociales y exige al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Servicios de Salud que realice los giros necesarios para garantizar las prestaciones y el pago en fecha a mes vencido a los prestadores” y concluyó señalando que “hacemos nuestra su lucha y justo reclamo”.

El legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual buscará conmemora los 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, adhiere a las movilizaciones en el marco de este aniversario y exige la condena efectiva a los responsables materiales y políticos y repudia todas las manifestaciones antipiqueteras realizadas por los bloques políticos patronales.

En los fundamentos de la iniciativa, que también lleva la firma de Amanda Martín (FIT), los legisladores aseguraron que “se trató de una operación represiva en regla, por lo cual es ajustada la denominación de Masacre de Avellaneda” y recordaron que “en dicha jornada hubo treinta y tres heridos de bala producidos por las tropas conjuntas de la Policía Bonaerense, Prefectura y la Policía Federal, que dispusieron francotiradores desde las inmediaciones con armas especialmente escogidas para disimular la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, por lo cual numerosos heridos lo fueron por balas de calibre 22 para luego montar la farsa de que eran heridos o muertos víctimas de los propios manifestantes””.

Además precisaron que “no se trató de una represión más de las tantas que hemos tenido bajo todos los gobiernos constitucionales -no solo bajo la dictadura genocida- contra los trabajadores en lucha” y consideraron que “aquella represión fue preparada minuciosamente por un Consejo de Seguridad comandado por el gabinete nacional que era de ‘unidad nacional’ porque lo integraban no sólo los peronistas del presidente Eduardo Duhalde, sino también un radical como Jorge Vanossi, activo inspirador y conspirador de la operación. Ese gabinete expresaba a la ‘liga de gobernadores’, sostén del presidente provisional elegido por la asamblea legislativa, después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre que acabó con el gobierno de De la Rúa y Cavallo”-

“El movimiento piquetero era el heredero político y continuador del Argentinazo que derivó en el ‘que se vayan todos’. El gobierno surgido del telefonazo entre Raúl Alfonsín y Duhalde cuando se sucedían cinco presidentes en una semana venía a rescatar al Estado sacudido por la irrupción popular donde confluyeron piqueteros y ahorristas estafados en la famosa unión de piquetes y cacerolas. Había que golpearlo, derrotarlo, para recomponer esa autoridad perdida por el Estado de los explotadores”, completó.

Al mismo tiempo que remarcaron que “a 20 años, centenares de miles de piqueteros se organizan de manera independiente a los gobiernos, mostrando la vigencia de un movimiento histórico de los más explotados dentro de los explotados” y destacaron que “son 20 años que nos muestran que bajo todos los que nos gobernaron en estas dos décadas perdemos los trabajadores. Por eso la vigencia de las banderas de la gran Marcha Federal ‘por el trabajo y el salario, contra el hambre y la pobreza’”.

“Por eso hoy tenemos que luchar por la libertad y la absolución de todos los condenados y procesados por luchar. Porque la derrota de fondo de los asesinos de Kosteki y Santillán será la derrota de una clase social y sus gobiernos, será la victoria del gobierno de los trabajadores para lo cual tenemos que organizarnos como alternativa política y de poder”, sentenció.

Luego de que el Gobierno de la Ciudad tomara la determinación de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los colegios, la presidenta de la Comisión de Mujer y legisladora del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, y los diputados del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín y Gabriel Solano salieron a cuestionar con dureza la medida y la tildaron de “facista”.

En ese sentido, Velasco afirmó que “en una nueva expresión de autoritarismo contra la comunidad educativa por parte de una ministra que piensa más en cómo llamar la atención para proyectarse electoralmente, para competir con la derecha más rancia y reaccionaria que cuestiona la ESI y la perspectiva de género”.

“Es una provocación de la ministra que nos deja en claro el desprecio que tiene por les docentes; el no haber aplicado durante tantos años con presupuesto y programa especifico la Educación Sexual Integral en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y su falta de compromiso con garantizar espacios de trabajo para el abordaje de una escuela inclusiva y un lenguaje inclusivo con los actores de la comunidad educativa”, continuó y precisó que “Acuña acostumbra imponer en lugar de generar espacios de participación y de debate donde se problematicen, por ejemplo, las prácticas del lenguaje, que siempre son cambiantes. Lo que no se nombra no existe; es violencia simbólica negar nombrar, es decir, existir, a infancias y adolescencias trans y no binaries”.

Al mismo tiempo que planteó que “estamos en una sociedad cada vez más plural, donde esta diversidad nos define y nos nutre y nos genera nuevos aprendizajes. Por eso esto va a generar muchísima resistencia y malestar en la comunidad educativa, en particular en los y las adolescentes” y advirtió que “lamentablemente esto es muy ajeno a la mirada progresista que se construye en la Ciudad desde hace muchos años. Esta reglamentación no tiene ningún fundamento científico y la misma ministra lo admite. No es casual que esta resolución salga en vísperas de una jornada ESI”.

Asimismo, Velasco señaló que “si existen problemas de aprendizaje tienen que ver con la falta de presupuesto y de decisión política para generar una educación de calidad para todos, todas y todes” y concluyó precisando que “en este momento sería más importante que la Ministra pueda preocuparse por el recorte de presupuesto de su cartera de más de 12 puntos, de entregar computadoras con el Plan Sarmiento que discontinuó en la pandemia dificultando las clases virtuales, de la falta de gas en las escuelas con días de bajas temperaturas, de la comida en mal estado de los comedores escolares y de la recurrente falta de vacantes que niega el derecho a la educación a miles de estudiantes en la Ciudad más rica del país”.

Sobre esa misma línea, Martín remarcó que “con una resolución completamente anacrónica la ministra Acuña pretende prohibir el lenguaje inclusivo en las comunicaciones escolares o textos de escuelas, en un claro ataque oscurantista a las diversidades de género y sexuales, en alineamiento con las Iglesias, atribuyendo su uso a una supuesta ‘ideología de género’”.

“La resolución se asemeja a la que recomendó el ministro de educación de Bolsonaro cuando asumió, quién se inscribe en una corriente internacional que ataca los derechos de las mujeres y diversidades de género”. Esto puede provocar persecuciones y mayor discriminación en las escuelas, en un intento de disciplinamiento a los que luchan por la ESI”, sentenció la legisladora que además forma parte del gremio docente Ademys.

En tanto Solano consideró que “la medida es claramente reaccionaria, prohibir el lenguaje inclusivo implica negar el derecho a la libre expresión de las y los docentes y estudiantes de la Ciudad” y remarcó que “la ministra Acuña y Larreta no sólo carecen de fundamentos científicos para establecer una relación entre el uso del lenguaje inclusivo y el rendimiento académico de los estudiantes, porque los resultados bajos en las pruebas estandarizadas luego de gobernar 14 años la ciudad son, en primer lugar, responsabilidad de su propia política, sino que demuestra un profundo desconocimiento de lo que sucede en las aulas”.

“Es un grito de guerra a las juventudes estudiantiles, a su espíritu emancipador, a la construcción de su identidad y a la docencia que se organiza y lucha por la ESI, también al Colectivo LGTBIQ+ y al movimiento de mujeres”, añadió y cerró pidiendo que haya “menos prohibición y más separación de la Iglesia y el Estado, esta resolución la vamos a enfrentar”.

En el marco de las movilizaciones de la comunidad educativa a la Legislatura de la Ciudad y a la sede de la UniCABA, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín acompañó el reclamo de los docentes en torno a la titularización de los interinos y en repudio al Estatuto Docente.

En ese sentido, la opositora y secretaria gremial de Ademys manifestó que “el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aplica el ajuste llevando adelante dos reformas a la vez: la del Estatuto Docente, como la imposición de las pasantías gratuitas de les estudiantes secundarios” e indicó que “los docentes venimos de un gran paro el día 12 de mayo, y esta medida de lucha es una continuidad del mismo, reclamamos la inmediata titularización masiva, en defensa del estatuto, y por supuesto, aumento salarial de emergencia: bono de emergencia, salario mínimo igual a la canasta básica de pobreza y actualización mensual por inflación”.

Además consideró que “el Gobierno basa sus argumentos sobre una falsedad: que habría una descalificación de docentes y estudiantes que justificaría la falta de acceso al trabajo. Sin embargo, las estadísticas demuestran que los recibidos de nivel terciario y universitario ingresan al mercado laboral con una sobrecalificación para realizar trabajos precarizados”.

“Vamos a una gran movilización por estos reclamos: por el salario, por la titularización y contra estas reformas anti – educativas y precarizadoras de la docencia y la juventud”, sentenció.

Mientras el Congreso Nacional se encuentra evaluando una nueva ley de alquileres, los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Amanda Martín y Gabriel Solano presentaron en el stand de la Legislatura de la Ciudad en la Feria del Libro un proyecto de ley de su autoría para declarar la emergencia habitacional y fomentar el acceso a los alquileres.

De esta manera Martín señaló que “el primer punto de nuestro proyecto es justamente que se declare la emergencia en el acceso a la vivienda en la CABA” y remarcó que “es un tema que debe ser abordado con suma urgencia, tenemos un 35% de inquilinos que ven subir los alquileres y sus salarios estancados, con una disminución de oferta (especulativa) y una imposibilidad objetiva de compra, sumado a más de 400 mil personas viviendo en villas”.

Al mismo tiempo que indicó que “si eso no es una crisis habitacional no sé lo que es: los “salarios necesarios” para la compra de un inmueble se cuadruplicaron, los alquileres subieron ¡por encima de la inflación!: el alquiler de un monoambiente se encuentra, en promedio en 47.784 de pesos, muy por encima incluso del salario mínimo, es por eso que presentamos este proyecto”.

Por su parte Solano agregó que “tal como afirmamos en los fundamentos del proyecto, la crisis habitacional se reduce en lo esencial a que la vivienda se trasforma en un activo para valorizar un capital que no puede ser utilizado en la producción” y remarcó que “es un fenómeno internacional, de hecho, en países como Berlín se ha votado la expropiación de 240.000 viviendas ociosas para combatir el proceso expulsivo que genera el aumento sistemático de las propiedades y alquileres”.

“El proyecto explica que, el carácter especulativo que adquirió la adquisición de las viviendas también agrava la crisis de los alquileres. Esto sucede porque hay una relación entre el valor de los inmuebles y su alquiler”, añadió y precisó que “cae la rentabilidad de quien alquila, y sucede un hecho sorprendente: los alquileres son carísimos para los trabajadores, pero ´insuficientes´ para los propietarios que retiran sus viviendas del mercado de alquileres y la publican para su venta sin convalidar precios bajos. La dinámica del proceso no está determinada por la capacidad de pago de la población sino por el afán de lucro de los especuladores inmobiliarios, que acaparan tanto propiedades como tierras”.

Además Solano concluyó opinando que la propuesta del FIT “plantea un programa integral: impuesto progresivo a la vivienda ociosa y a los acaparadores inmobiliarios; la creación de un banco de tierras y construcción de viviendas por el estado para que el valor de venta se comparezca con el costo real de construcción; la revisión de la enajenación de las 500 hectáreas vendidas para destinarlas a espacios verdes y construcción de viviendas; un plan de créditos hipotecarios a tasas blandas con cuotas que no superen el 25% del salario; por la eliminación del impuesto a la vivienda única”.

Después de que la Comisión de Educación –a cargo de la radical Manuela Thourte (UCR-Ev)- le diera dictamen favorable al proyecto de “fortalecimiento de la carrera docente”, los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Amanda Martín y Gabriel Solano adelantaron que no votarán favorablemente el texto que busca introducir una serie de cambios en el Estatuto Docente.

Además contrapusieron a la propuesta del oficialismo un dictamen de minoría que presentaron planteando la titularización del conjunto de la docencia “avasallada hace más de una década por la falta de concursos y atacada en sus derechos elementales al trabajo y a la estabilidad laboral”.

En ese sentido, Martín remarcó que “con el argumento de la legalización de un puñado de cargos ya existentes, introduce el salario por mérito y la diferenciación salarial a la baja” y alertó que “incorpora por única vez una titularización ultralimitada para docentes de nivel medio dejando fuera a miles que también son afectados por el incumplimiento del propio gobierno quien ahora se arroga el derecho de decir quienes sí y quienes no del conjunto de docentes vulnerados por una política antieducativa que no hace más que descargar la crisis socioeconómica sobre docentes, estudiantes y comunidades”.

Sobre esa misma línea, Solano explicó que “en nuestro dictamen planteamos el tratamiento inmediato de la titularización docente, incorporando a todos los sectores que Larreta-Acuña- Thourte dejan afuera, especialmente a los docentes del nivel terciario, quienes en más del 80% son interinos por falta de concursos, no disponen de derechos de docentes titulares y por esta razón tampoco pueden ser electos como autoridades de los Institutos de Formación Docente”.

“Claramente esto ha sido orquestado como la línea de continuidad de la reforma de la UniCABA a través de la cual se pretende aniquilar los Profesorados de larga historia, trayectoria y excelencia académica”, sentenció el trotkista.

Cabe recordar que la docencia, estudiantes y comunidades continúan sumándose al rechazo de la medida de Larreta-Acuña, y luego de cortes de calles, semaforazos, clases públicas, entre otras medidas, preparan a través de Ademys Multicolor un paro para el día 12 de mayo cuando se trate en el recinto el proyecto en cuestión.

Después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dejara inaugurado un nuevo año parlamentario, los legisladores del FIT Amanda Martín y Gabriel Solano salieron a cuestionar con dureza su discurso de apertura y le pidieron que garantice las vacantes para todos los estudiantes que quedaron fuera del sistema público de educación.

En ese sentido, Martín aseguró que “Larreta enumera los supuestos logros de su gestión, pero para cada punto que pretendió destacar, su contracara es de fuertes ataques a la población” y recordó que “habló de educación y ocultó la miseria salarial de los docentes y la reforma laboral que prepara. Habló de mejoras edilicias, pero los techos de las escuelas se caen semana a semana. No hay vacantes para más de 50 mil alumnos”.

Asimismo planteó que “un capítulo grande se lo dedicó al tema de salud. Larreta habla de una ciudad récord en materia de salud, pero el único récord es el de haber despedido a miles de enfermeros en plena pandemia. No sólo no los reconocen como profesionales, sino que pasaron a ser descartables”.

En tanto Solano indicó que el jefe de Gobierno “habló en defensa de la cultura, de las mujeres y de la inserción laboral, pero en el Teatro Colón se vio obligado a reincorporar a una trabajadora que despidieron estando embarazada. Es una profesional y tenía un contrato precario de 44.000 pesos” y precisó que “Larreta habla de la seguridad pero omite que la Policía de la Ciudad asesinó a Lucas González como a 121 personas en casos de gatillo fácil desde su creación. Lo que deja a las claras la estructura mafiosa de la propia fuerza”.

“Larreta realizó un discurso de coexistencia con el Gobierno Nacional, hizo omisión absoluta al acuerdo del pacto con el FMI. Todo el régimen político está concentrado en realizar buena letra hacia ese acuerdo. La traducción de eso será un ajuste permanente sobre la clase trabajadora. Desde el Frente de Izquierda nos movilizaremos para rechazar el pacto con el FMI que oficialistas y opositores se apuran en aprobar”, sentenció el trotskista.

Días después de que se conociera la desvinculación de Maia Bernztein –una empleada embarazada- del Teatro Colón, los legisladores del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano y Amanda Martín salieron a repudiar la situación y pidieron que la a la Directora General del reconocido teatro, María Victoria Alcaráz, sea interpelada por la Legislatura porteña para responder acerca de lo ocurrido.

En una carta pública, la trabajadora de sastrería del Teatro Colón denunció que fue despedida con seis meses de embarazo y relató los “maltratos físicos y psicológicos” a los que habría sido sometida junto a las trabajadoras del sector. Berztein denunció también que se encontraba trabajando pero bajo una forma de contratación precaria: con un sueldo de 42 mil, en condición de monotributista.

En ese sentido Solano explicó que “la citación está acompañado a un repudio el despido y exigencia al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de su inmediata reincorporación” y exigió “la inmediata reincorporación de la trabajadora embarazada del Teatro Colón”.

Mientras que Martín indicó que “también se informó maltrato por parte de su jefa Stella Maris López, que se intensificó al enterarse del embarazo, gritos, amenazas. Este despido es inconcebible” y concluyó señalando que “por eso motivos, solicitamos la aprobación del proyecto, que plantea citación a la directora del Colon y reincorporación inmediata de Maia, con derechos laborales y garantizando el cese de los malos tratos”.

Después de que el Gobierno de la Ciudad anunciara que este año no se aplicaría el protocolo Covid 19 en las escuelas, los diputados del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín y Gabriel Solano presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para citar la ministra de Educación, Soledad Acuña, para que brinde precisiones acerca de las evidencias científicas que los llevaron a tomar esa decisión.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores afirmaron que “los anuncios gubernamentales contrastan con  la preocupación de comunidades científicas que aumenta por la multiplicación de la enfermedad por la contagiosidad de la nueva cepa en circulación, el aumento de infancias infectadas, el cual ha sido denunciado desde el hospital Garraham durante los meses de diciembre y enero, y con la demostración de lo que fueron las colonias de vacaciones denominadas Escuelas de Verano en las que no han regido cuidados preventivos siquiera lo que redundó en un número significativo de contagios y valió que muchas familias decidieran que sus hijos dejen de asistir a estos espacios recreativos por la peligrosidad de contraer la enfermedad”.

Al mismo tiempo que remarcaron que “la idea de una escuela prepandemia implica la normalización de escuelas sumergidas en una crisis profunda de infraestructura escolar.  Larreta- Acuña no tienen obra alguna para mostrar” e indicaron que “el presupuesto educativo 2022, recortado en términos reales, ha ido en caída libre al punto que ya en su génesis no contemplaba la pandemia ni protocolo alguno orientado a su prevención. Es decir que el eje rector para el 2022 es un fuerte ajuste presupuestario lo que chocaría con la implementación de cualquier medida preventiva orientada al cuidado de la salud y la vida de les trabajadores de la Educación, les estudiantes y las comunidades”.

“El 2022 debería haber comenzado con la noticia de escuelas y aulas acondicionadas para afrontar el Covid y un mayor número de escuelas y nombramiento de docentes que bajo el Estatuto del Docente mantengan la continuidad pedagógica ante aislamientos preventivos”, aseguró y aseveraron que “volver a una escuela prepandemia implica la honra a la política de la UIA que puja por la eliminación de todo tipo de protocolo y prevención en empresas y fábricas.  En esta sintonía no difieren ni el gobierno nacional de Fernández- Fernández ni los provinciales”.

A la vez que concluyó señalando que “desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad rechazamos está avanzada anti educativa por parte de Larreta y sus ministros sobre la salud y la vida de quienes transitan  las escuelas de la CABA.  Exigimos medidas preventivas propias para la etapa y las medidas necesarias ante la exposición de la totalidad de las comunidades educativas”.

Luego de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, aseguraran que en el ciclo lectivo 2022 se eliminarían los protocolos dentro de las escuelas, los legisladores del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín y Gabriel Solano cuestionaron con dureza la decisión de los funcionarios.

En ese sentido, la diputada afirmó que “el Gobierno no mejoró las aulas, no puso medidores de dióxido de carbono, sin testeos en escuelas, etc. Pero elimina las medidas de prevención siguiendo la línea de la UIA y empresarios de obligar a trabajadores a ir enfermos” y advirtió que “raro es que pongan un peso para presupuesto para aulas acondicionadas para estudiar y crear vacantes”.

“El sin protocolo de Acuña es consecuencia del ajuste educativo permanente y seguir la política de la UIA a full”, completó.

En tanto Solano precisó que “eliminar los protocolos equivale a más contagios” y concluyó señalando que “la comunidad educativa debe estar en alerta”.

Cabe recordar que este lunes Larreta anunció que “ninguna escuela va a exigir el pase sanitario. Ampliamos los centros de vacunación para que cada familia, junto a su médico pediatra, decida con libertad en qué momento vacunar a sus hijos” e indicó que “vamos a eliminar el sistema de burbujas. Hasta diciembre, cada aula funcionaba como una burbuja que no tenía contacto con las demás. Ahora eso vuelve a la normalidad y todos los espacios de interacción de los chicos van a ser libres”.

Al mismo tiempo que detalló que “al eliminar las burbujas, también se elimina el aislamiento por contacto estrecho. Antes, frente a un caso positivo, toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela” y precisó que “frente a un caso positivo, se tiene que aislar el chico o el adulto que dio positivo y dar aviso a las familias para que, junto con el personal de la escuela, puedan estar atentos a si alguno de los otros chicos presenta síntomas, pero nadie va a perder días de clases”.

“Algunas medidas del protocolo general de las escuelas se van a transformar en recomendaciones y otras directamente se eliminan, como la demarcación del sentido de circulación, el ingreso escalonado o los turnos en el comedor”, sentenció.

A raíz de los cortes de luz que azotaron a la Ciudad en los últimos días, los diputados del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano y Amanda Martín presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca dar una respuesta inmediata a esa situación y para crear un “Comité para la atención a damnificados por la Emergencia Energética”.

Dicho Comité estaría integrado por un representante de cada bloque de la Legislatura, dos representantes de los Consejos Consultivos de las Comunas y de los barrios afectados, representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de energía y académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

De acuerdo al texto recientemente presentado, el Comité deberá realizar “un mapa de las zonas de la Ciudad afectadas por los cortes de luz, así como de las subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de renovación y mantenimiento adecuados”, “disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia”, “organizar la atención inmediata de los afectados, por medio de la provisión de generadores eléctricos, cisternas de agua y todo otro elemento que el Comité juzgue necesario para la emergencia, de acuerdo al cronograma de cortes programados y a los cortes de carácter repentino o imprevisto”, entre otras cuestiones.

Al respecto de la iniciativa, Solano indicó que es un proyecto que busca “atender a los damnificados por los cortes de luz: generación de cuadrillas para atender las emergencias, generadores eléctricos en donde se necesiten, resarcimiento por las pérdidas materiales. Rechazamos cualquier tarifazo y reclamamos la apertura de los libros de las privatizadas y la nacionalización del servicio eléctrico”.

Asimismo precisó que “los cortes de luz que estamos padeciendo en decenas de barrios de Capital y Gran Buenos Aires son responsabilidad de los que nos ha gobernado en las últimas décadas. Ellos montaron un régimen de privilegio para las empresas energéticas privatizadas, que consiste en otorgarle subsidios millonarios con tarifazos recurrentes para mantener dolarizada la tarifa. Sin embargo, no hay contraprestación: las inversiones para mejorar el sistema de distribución de energía no existen”.

“El tarifazo anunciado para este año es un premio a la extorsión de las empresas el Gobierno. Edenor y Edesur se valen además de una fuerte precarización de sus trabajadores para engrosar sus ganancias. Este hecho quedó crudamente graficado el año pasado, cuando decenas de trabajadores de Edesur, bajo la empresa EMA, fueron despedidos en medio de la pandemia solamente por reclamar condiciones básicas de trabajo”, completó.

En tanto Amanda Martín concluyó expresando su apoyo “a la población que realiza cacerolazos y movilizaciones para reclamar contra los cortes de luz. Rechazamos las intimidaciones que el gobierno de Larreta realiza montando grandes despliegues policiales. Al tarifazo y las privatizadas los derrotamos con la movilización y organización de los vecinos”.

A tres años de que la actriz hiciera pública su denuncia, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscará que la Casa exprese su “acompañamiento y apoyo” a Thelma Fardin y Actrices Argentinas en el comienzo del juicio oral contra Juan Darthes por violación agravada.

En los fundamentos de la iniciativa, Martín explicó que “se trata de una instancia clave, ya que el juez que lleva la causa, Ali Mazloum, podrá dictar sentencia apenas finalice la audiencia, luego de haber escuchado a todas las partes de manera oral” y recordó que “es la recta final de una extensa investigación tras la denuncia radicada por la actriz en 2018, en la que intervinieron peritos tanto de Argentina, como de Nicaragua (lugar donde ocurrieron los hechos en 2009) y Brasil. Las tres jurisdicciones coincidieron en elevar la causa a juicio penal”.

Asimismo precisó que “el proceso judicial se llevará a cabo en Brasil, puesto que es en ese país donde Darthés se encuentra prófugo desde 2018, razón por la cual cuenta con un pedido de captura internacional emitido por la Interpol” e indicó que el acusado “eligió ese lugar en busca de impunidad, ya que posee nacionalidad brasileña y la Constitución carioca no permite la extradición de las personas nacidas allí. Sin embargo, luego de que la causa fuera remitida desde Nicaragua a Brasil, en abril de este año el fiscal Andrey Borges de MendoÇa decidió tomar el caso y realizar la denuncia formal ante la Justicia brasileña, habilitando que Darthés pudiera ser juzgado y eventualmente condenado en Brasil”.

“Haber llegado a esta instancia es fruto de la lucha encabezada por Thelma y el Colectivo de Actrices Argentinas por justicia, la cual acompañó el conjunto del movimiento de mujeres. Consiste en un caso emblemático, que sacudió al país al grito de #MiraCómoNosPonemos y #NoNosCallamosMás, corriendo el velo de una realidad nacional donde proliferan los abusos sexuales y donde la impunidad de los agresores es la norma”, añadió.

A su vez, la diputada también remarcó que “a partir de que Thelma habló, muchos se animaron a poner en palabras padecimientos similares y cuestionar las prácticas revictimizantes de este sistema, que protege a los abusadores” y concluyó señalando que “por lo tanto, conquistar una condena para Darthés será sin dudas una bocanada de aire fresco para cada una de las víctimas y nos refuerza en el camino de la lucha contra el abuso sexual y todos los mecanismos de violencia que promueve el Estado en función de disciplinarnos”.

En el marco de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca declarar “la emergencia en el acceso a la vivienda” y establece mecanismos para que la población pueda acceder a un techo.

De esta manera, la legisladora pidió avanzar con la creación de un “banco de tierras públicas” y propuso crear una comisión que revise las tierras públicas enajenadas. La misma estará integrada por representantes de organizaciones sociales con intervención en las villas, organizaciones de inquilinos, organizaciones ambientales, organizaciones en defensa de personas con discapacidad y profesionales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA; mientras que los diputados porteños podrán participar como veedores.

Dicha comisión tendrá como función “revisar toda venta de tierra pública y/o inmueble ejecutada desde la Legislatura y determinará su provecho o no para la población de la Ciudad” y que “en caso que la comisión determine que su venta fue en detrimento de la población de la CABA, la venta quedará sin efecto, se restituirá como tierra/inmueble fiscal y de utilidad pública y la comisión establecerá la compensación correspondiente, si existiere”.

Por otra parte, el texto recientemente presentado propone la creación del Impuesto a la vivienda ociosa, cuya recaudación será destinada al cumplimiento de la norma. De esta manera, se prevé que el impuesto alcance a los inmuebles que permanezcan deshabitados por un plazo de 12 meses consecutivos.

A su vez se propone la eliminación del impuesto a la vivienda única para todas aquellas personas físicas que sean titulares de un inmueble con un valor fiscal menor a cuatro millones de pesos. Al mismo tiempo que se crea el impuesto a los “acaparadores inmobiliarios”, el cual se aplicaría a toda persona física o jurídica que tenga más de tres inmuebles.

 El texto también prevé la creación de un “plan de viviendas populares”, las cuales se construirían en tierras públicas y deberán contar con todas las condiciones de habitabilidad y accesibilidad necesarias.

Sobre esa misma línea, la legisladora propuso crear créditos para el acceso a la vivienda, la creación de comisión de negociación colectiva del precio de los alquileres y un plan de reurbanización para barrios populares.

Tras los anuncios del Gobierno de la Ciudad sobre el calendario académico 2022, la legisladora del FIT-Unidad Amanda Martín anunció que participará de las movilizaciones que se realizarán este jueves en la Legislatura porteña y el Ministerio de Educación y advirtió que  “Larreta y Acuña planifican despidos masivos de docentes”.

Al mismo tiempo que recordó que “hace más de 10 años que docentes de escuelas secundarias están sin concurso para poder estabilizar su trabajo. La responsabilidad de que no se hayan realizado es del Gobierno, quien debería velar por los concursos anuales según estatuto” y precisó que “se debe titularizar por ley a todos los interinos del nivel medio que no tuvieron este derecho durante 10 años, y recién con posterioridad a esa regularización se convoque a concursos de ahí en adelante”.

La legisladora, que también es Secretaria Gremial del Sindicato Docente Ademys, remarcó que “desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores rechazamos este ataque brutal que agudizará la crisis educativa actual abierta por este gobierno y quienes le precedieron” y concluyó resaltando “la responsabilidad de la ministra Acuña, reina de la precariedad laboral,  y definimos apoyar estas marchas que seguro van a continuar y por eso hemos presentado el proyecto que puede resolver rápidamente esta irregular situación, junto a otros proyectos integrales para defender los derechos laborales de todos los docentes”.

Cabe recordar que los gremios docentes se movilizarán para reclamar por “la estabilidad laboral, titularización masiva ya y concursos regulares por Estatuto Docente; basta de horas precarias (EDI, Tutorías); cobro en tiempo y forma; y no a la secundaria sin futuro (2030)”.

La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Amanda Martín, impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual le exige “al Poder Judicial y a las autoridades competentes, realizar las medidas necesarias para que se arbitre a la brevedad el nuevo juicio por el femicidio de Lucia Pérez ocurrido en el 2016 y el jury a los jueces Juan Gómez Urso y Pablo Viñas quienes estando a cargo del primer juicio, absolvieron en el 2018 a los principales acusados valiéndose de argumentos misóginos y revictimizantes”.

En los fundamentos de la iniciativa, la diputada afirmó que “el caso de la adolescente marplatense de 16 años quien sufrió una violación seguida de femicidio luego de tomar contacto con una red de narcotraficantes que operaban vendiendo droga en colegios secundarios de aquella ciudad, motivó una movilización enorme por parte del movimiento de mujeres en 2017 poniendo en pie el primer paro nacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans” y recordó que “el 8 de octubre del 2021 se cumplieron 5 años de su femicidio, y el reclamo de justicia sigue vigente”.

Sobre esa misma línea, Martín aseguró que “a través de un bochornoso fallo en el 2018 que culpabilizaba a la víctima por los ataques que recibió, los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas del Tribunal Oral en lo Criminal 1 absolvieron a Matías Gabriel Farías (26) y Juan Pablo Offidani (44)” e indicó que “posteriormente el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló el fallo y la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó la realización de un nuevo juicio oral para los dos acusados”.

“El telón de fondo de semejante volantazo y las maniobras judiciales que rodearon el caso en sus inicios, fue un potente movimiento que en todo momento presionó por el esclarecimiento de los hechos y la obtención de justicia por Lucía Pérez”, opinó y argumentó que “a tres años del fallo que puso de relieve el potente entramado existente entre el estado, su justicia y el narcotráfico, la impunidad continúa porque los violadores siguen sin ser sentenciados por haber abusado de menores y los jueces responsables de garantizar esa impunidad no fueron juzgados mediante un jury como lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia sin resolver una fecha para poner fin a las dilaciones. El pedido de Jury fue firmado por miembros del parlamento cuyos mandatos finalizan en diciembre del corriente, razón por la cual es menester avanzar en una resolución como lo exige el movimiento que se congregó en tribunales de CABA, Mar del Plata y La Plata”.

Por otro lado señaló que “este caso descubre el carácter clasista de la justicia. La familia de Lucía se ha enfrentado a trabas y dilaciones de todo tipo. Guillermo, su padre, declaró en una entrevista: ‘es simple, si no tenés dinero, no tenés acceso a la Justicia’” y advirtió que “la producción de las pruebas que debe iniciar de cero por el nuevo juicio y los viajes reiterados a CABA y a La Plata, salen del bolsillo de los familiares. Tuvieron que pelear incluso, para que la fiscalía se constituya como acusadora en el Jury, siendo que a la familia se le exigía el pago de una caución monetaria superior a los 200 mil pesos”.

“En mayo, familiares lograron una reunión con Elizabeth Gómez Alcorta donde requirieron asistencia monetaria para emprender el tramo judicial pendiente, pero la respuesta de la ministra que subejecuta presupuesto, es que no había presupuesto para asistir monetariamente el tramo restante de la causa de Lucia. La impunidad es garantizada por la justicia y el mismo estado nacional”, sentenció.

La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Amanda Martín impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para regularizar la situación laboral de los docentes curriculares que trabajan en las escuelas conocidas como “de Reformulación”, quienes reclaman por su estabilidad laboral cuando hace más de treinta años ocupan cargos como interinos.

La iniciativa, que fue discutida con docentes del sector establece que se debe titularizar a todos los interinos que no tuvieron este derecho durante más de 30 años, y buscará regularizar la estabilidad laboral de estos docentes y lograr “la reparación ante el incumplimiento de la convocatoria a concurso de ingreso durante muchísimos años”.

Cabe recordar que través de la Ordenanza 45.636 se aprobó en 1991 el proyecto de algunas escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires que aumentó la carga horaria de los docentes de materias especiales del Área Curricular a los efectos de producir la concentración de las horas de clase en un solo establecimiento y promover así la pertenencia institucional, además de la mayor participación en la organización pedagógica.

“Durante más de 30 años se les ha negado a estos docentes concursar por sus cargos y acceder a la titularidad, permaneciendo en carácter de interinos hasta la actualidad”, aseveró la diputada porteña.

Al mismo tiempo que recordó que “el Estatuto del Docente establece que se realicen concursos de ingreso a la docencia una vez al año en los cuales se ofrezcan los cargos vacantes ocupados por interinos. Quienes ganan el concurso, acceden a los cargos en carácter de titulares. Este es el mecanismo de acceso a cargos titulares en el Área Primaria y Curricular, siendo los docentes curriculares de reformulación una ‘excepción’ ya que nunca pudieron concursar por sus cargos”.

“Ahora el gobierno de la Ciudad pretende un llamado a actos públicos con el argumento de ‘regularizar’ esta situación, pero a costa de enviar los cargos a concurso y evadiendo su propia responsabilidad en cuanto a la precarización sufrida por los docentes durante todos estos años y dejando a muchos de éstos sin trabajo”, añadió y consideró que “esta avanzada del gobierno se da en un marco de despidos masivos en las Áreas de Media, Técnica, Artística y Normales– en las cuales desde hace más de 10 años no se realizan titularizaciones y luego de que el gobierno de Larreta despidiera a más de mil enfermero”.

A su vez, Martín concluyó advirtiendo que “es preciso que la docencia se plante contra la política del Horacio Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña, cuyo fin es la violación de los derechos estatutarios y la precarización de las condiciones de trabajo en el camino de una reforma laboral en educación”.

En el marco de la reunión de diputados de la Comisión de Mujer Infancia Adolescencia y Juventud, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martin conmemoró el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro y aprovechó la ocasión para insistir con la necesidad de ampliar la asistencia a las mujeres y cuestionar con dureza la designación de Juan Manzur como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

En ese sentido, la diputada planteó que “el ascenso en el gabinete de un político como Manzur, que no implementó la ESI en su provincia e incluso negó la ILE a una niña de 11 años que sufrió una violación es un golpe al movimiento que conquistó el aborto legal en la argentina”.

Asimismo planteó su posición al respecto a la crítica situación de los Centros Integrales de la Mujer en la Ciudad e indicó que “hemos presentado declaraciones de rechazo y pedidos de informes, referidos a la situación del cierre del Centro de la Comuna 15 y el traslado del Centro de la Comuna 12”.

“Las mujeres en la capital reclaman más centros integrales para brindar asistencia de forma inmediata, hemos colocado la necesidad del Bajo Flores de contar con uno allí. La situación en la Comuna 12 no es diferente porque de trasladarse el centro a Villa Urquiza, las mujeres del barrio Mitre ubicado en Saavedra, quedarían aún más distanciadas del centro de atención”, añadió.

Al mismo tiempo que concluyó aseverando que “si no rechazamos estas políticas del gobierno de Larreta, estaríamos avalando un ajuste liso y llano, contrario a lo que vienen reclamando las mujeres de las barriadas al calor del acrecentamiento de la violencia de género en medio de la pandemia y la crisis económica”.

En medio de un año signado por las elecciones de medio término, la legisladora del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U) Amanda Martín presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para repudiar “los sucesivos ataques y agresiones a locales, murales y militantes del FIT”.

En los fundamentos de la iniciativa, la diputada recordó que entre las agresiones que sufrió ese espacio se encuentran “el ataque a los locales partidarios de Izquierda Socialista en Chacarita y el MST en Caballito, la vandalización del mural homenaje a Mariano Ferreyra en Parque Rivadavia, el ataque de una patota a militantes del Partido Obrero que realizaban una actividad política en Villa Ortúzar, y el agravio anti semita que recibió la candidata del FITU Myriam Bregman”.

Asimismo indicó que “estos hechos tienen una conexión entre sí, referida a los sucesivos discursos contra la izquierda, los trabajadores y los movimientos piqueteros que se fomentan desde referentes políticos que luego son amplificados a través de los medios de comunicación y las redes sociales” y remarcó que “el ataque hacia el mural de Mariano Ferreyra fue realizado por gente ligada a Milei. La patota que atacó a militantes del Partido Obrero en Villa Ortúzar estaba identificada con el partido filo nazi que tiene como figura a Biondini, y se desenvolvieron ante la vista cómplice de la policía de la Ciudad”.

“Naturalizar o dejar pasar estos hechos engendran un peligro enorme ya que la violencia política que no es condenada, toma más impulso y puede tomar formas de violencia física de mayores dimensiones y consecuencias. Todo movimiento fascista fue engendrando supuestos ‘enemigos internos’ a los cuales se los fue atacando de forma crecientemente violenta hasta llegar al exterminio físico sobretodo de militantes ligados a la izquierda”, sentenció.

Tal y como lo anunció parlamentario.com, este jueves la Legislatura porteña pondrá a consideración de los diputados de la Ciudad 16 convenios urbanísticos impulsados por el alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, y la legisladora del Frente de Izquierda Amanda Martín salió a repudiar este avance.

En ese sentido la diputada aseguró que “esta nueva avanzada de Larreta sobre la Ciudad tiene como único propósito fomentar la especulación inmobiliaria. No hacen viviendas para los trabajadores, sino para que queden vacías” e indicó que “este proceso de larga data ha provocado el mayor déficit habitacional que la Ciudad haya tenido. No solo se incrementan las villas de la Ciudad, sino que cada vez a más trabajadores les resulta imposible pagar un alquiler”.

“Este fin de semana la población de Berlín se pronunció en mayoría en favor de expropiar las viviendas ociosas. Desde el Frente de Izquierda, proponemos un plan de viviendas populares, con créditos subsidiados, para trabajadores, estudiantes y desocupados de la Ciudad, financiados a través de un impuesto a la vivienda ociosa”, aseguró Martín.

Cabe recordar que estos proyectos que se pondrán a consideración del cuerpo parlamentario, habilitan la creación de torres en 12 barrios porteños a cambio de una contraprestación económica para la Ciudad.  

Después de que estudiantes y autoridades del Instituto de Enseñanza Superior “Juan B. Justo” denunciaron que se produjo un desprendimiento de la mampostería del cielo raso, los legisladores del Frente de Izquierda (FIT) impulsaron en la Legislatura porteña un pedido de informes para conocer el mantenimiento que tiene el mencionado colegio.

De esta manera, los legisladores buscarán conocer los motivos por los que se produjo ese desprendimiento, si había alumnos y trabajadores de la institución en el momento del accidente, detalles del tipo de estructura que se despendió, si hubo hechos similares con anterioridad, cual es el mantenimiento que recibe el edificio, entre otras cuestiones.

A pesar de la información que solicitan, los legisladores del FIT aseguraron en los fundamentos del texto que “los hechos ocurrieron durante una clase en las que estudiantes de 4° año de la escuela media se encontraban en el aula con ventanas y puertas abiertas a causa de la pandemia.  Al cerrarse una puerta debido a la acción del viento se produjo el derrumbe”.

Al mismo tiempo que indicaron que “si bien la situación no genera sorpresa ya que se ha observado movimiento de las placas que conforman el cielo raso, no deja de constituir una alerta en la docencia y las comunidades de estudiantes y familias.  Los reclamos por parte de la conducción han sido elevados de manera institucional debidamente sin embargo los problemas continúan sin una respuesta de fondo” y precisaron que “el edificio es nuevo, sin embargo las deficiencias del mismo se dejan ver de manera permanente, entre otros, en el caso de los cielos rasos y los desprendimientos de las placas que lo constituyen”.  

“Cabe destacar que los sucesos en el IES concentran los problemas edilicios producto de la desinversión, los recortes en infraestructura  y la malversación de la obra pública,  largamente denunciados por les trabajadores de la educación, les estudiantes, comunidades, sindicatos, y desde la banca del FITU.  Este año en infraestructura escolar fue recortado más del 70%, un acto paradójico del GCBA en un período extraordinario como el actual signado por la pandemia en curso.  Es el propio GCBA que hace campaña con el sector educativo a costa de la exposición de la salud y la vida de trabajadores y estudiantes”, sentenciaron.

La iniciativa lleva la firma de Mercedes De Mendieta, Amanda Martín y Pablo Almeida (FIT).

La legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración, a través del cual buscará expresar su preocupación por el desalojo de 25 familias en el barrio de Palermo, en la dirección Humboldt 1931.

Según informó la legisladora, al momento del desalojo en el lugar había 15 menores de edad, tres personas en situación de discapacidad y, al momento de los hechos, una mujer con Covid 19, e instó al Gobierno de la Ciudad a garantizar una solución habitacional definitiva para estas familias.

En los fundamentos de la medida, Martín señaló que “esto implicaría que queden en la calle ante la imposibilidad de pagar un alquiler en medio de la crisis social y económica existente y en el medio de una pandemia” y remarcó que “el aumento de los alquileres muy por encima de la inflación y de los ingresos de los trabajadores ha dejado a muchas familias sin poder pagarlos”.

Además recordó que “los subsidios habitacionales otorgados a través del decreto 690 no cubren el costo de un alquiler y en muchos casos en hoteles y pensiones no son aceptadas las familias con niños” y concluyó señalando que “es necesario que la legislatura exprese su preocupación y le exija al gobierno de la ciudad que se les garantice un techo de manera transitoria de manera urgente y de acuerdo a sus ingresos hasta dar una solución definitiva al problema habitacional en el que se encuentran”.

La legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín impulsó en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa de declaración a través de la cual buscará expresar su repudio por la detención de una médica del Hospital Materno Infantil de Tartagal, quien aparándose en la Ley 27.610 realizó una interrupción voluntaria del embarazo, siendo la única médica no objetora de conciencia de la ciudad.

La especialista le habría realizado un aborto a una joven de 21 años, quien decidió interrumpir su embarazo en la semana 22 de gestación. Este es el punto clave del conflicto, dado a que el texto sancionado en diciembre del año pasado establece que la práctica puede realizarse hasta la semanas 14 de gestación.

En los fundamentos de la medida, Martín recordó que un comunicado de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, se señaló que “la compañera ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”.

Al mismo tiempo que precisó que “la ley de ILE señala que se requiere un consentimiento de la paciente que solicita el procedimiento aunque éste consentimiento existe, el fiscal Gonzalo Ariel Vega avanzó de todas formas en la detención alegando que para solicitar la ILE se necesitaba la autorización del Juez de Garantías y que el procedimiento fue realizado fuera de término sin dar ningún tipo de prueba que evidencie tal acusación”.

Además remarcó que “el aparato judicial salteño se ha puesto a disposición de Iglesias que tienen un enorme peso e injerencia en todo el país, pero particularmente en el norte argentino, nuevamente se pone de relieve que las relaciones entre Iglesia y Estado suponen un empoderamiento de instituciones oscurantistas y anti derechos”  y destacó que lo ocurrido “comprueba lo regresivo del artículo 10 sobre la Objeción de Conciencia, impulsado por estos mismos sectores oscurantistas para permitirse, incluso con la ley conquistada, la negación de este derecho. Este artículo es el que le permite a la Iglesia amedrentar y perseguir a los médicos para que se declaren objetores, e incluso ahora van más a fondo con su campaña oscurantista y arman una causa trucha contra la única profesional garantiza el cumplimiento de este derecho. La separación de la Iglesia del Estado es más necesaria que nunca”.

“La Legislatura porteña debe denunciar esta terrible violación de una ley conquistada por la lucha popular y exigir el desprocesamiento de la médica detenida”, sentenció la legisladora.

Luego de que se conociera la trágica noticia de que una adolescente de 15 años había fallecido tras haber sido atropellada por el tren de carga del Ferrocarril Roca que circula por el interior del barrio 21-24, la diputada del FIT Amanda Martín presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración mediante el cual buscará expresar su “indignación” por lo ocurrido y exigirle al Gobierno de la Ciudad que le dé “una solución a esta problemática mediante la consulta a los vecinos y en el camino a la urbanización real y definitiva del barrio”.

En los fundamentos de la medida, la legisladora recordó que “el pasado viernes 20 de agosto fue atropellada una joven de 15 años en la Villa 21-24 por una formación de carga del Ferrocarril Roca que pasa diariamente por el interior del barrio y que en el pasado ya ha causado accidentes en el mismo” y precisó que “el paso del tren, que en algunas partes de su trayecto circula a menos de un metro de las viviendas, es un riesgo para los miles de vecinos que deben pasar por el lugar”.

Además alertó acerca de que “la falta de una urbanización real y consensuada con los vecinos lleva en este barrio, como así también en otros barrios no urbanizados de la ciudad, a accidentes que podrían ser evitados. La exigencia de una solución frente a este problema ya ha sido exigida en reiteradas oportunidades y hace años por los vecinos de la 21-24” e indicó que “la posibilidad de realizar un soterramiento, elevar las vías, desviar el recorrido o reinstalar en el barrio a las casas lindantes, con el consentimiento de los vecinos afectados, no ha sido contemplado por el Gobierno de la Ciudad ni por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte”.

“Es urgente una solución frente a este problema en el camino a una urbanización real y definitiva que garantice una vivienda y un barrio seguro para todas las familias de la 21-24”, completó.

Luego de que la Legislatura porteña reservara el convenio entre el Gobierno local e IRSA S.A a raíz de un fallo judicial que impedía su debate, los legisladores Amanda Martín (FIT) y Javier Andrade (FdT) aseguraron que esa medida “agravará la especulación inmobiliaria” y que no permitirá a los porteños acceder a soluciones habitacionales.

En ese sentido, Martín afirmó que “la medida que frenó el tratamiento del proyecto de Irsa y Larreta es el primer paso para que los sectores populares frenemos definitivamente este negociado” y recordó que “implicaría la entrega de 71 hectáreas de la ex ciudad deportiva de Boca al grupo IRSA, donde pretende construir un nuevo Puerto Madero que tendrá un impacto ambiental negativo y agravará la especulación inmobiliaria”.

“Desde el Frente de Izquierda continuaremos enfrentando esta política de pactos de Larreta para la Ciudad, contraponiéndole nuestro proyecto que incluye la espacios verdes deportivos culturales y viviendas”, señaló.

En tanto Andrade planteó -en diálogo con AM 750- que “en la Ciudad se viene construyendo un millón y medio de metros cuadrados por año, el 65% es vivienda lujosa y son utilizadas como reserva de valor. No viene a resolver ninguna problemática de vivienda y por eso nos encontramos con edificios vacíos” y precisó que “en un relevamiento que hizo el IVC se identificaron más de 130 mil viviendas ociosas en la Ciudad. Eso encarece el suelo y obstruye el acceso al alquiler y la vivienda”.

“Es muy preocupante que después de la reacción que provocó el proyecto de Costa Salguero quieran avanzar con este mega barrio privado náutico en la Costanera Sur. No están evaluando el impacto socioambiental y avanzan vorazmente priorizando la especulación inmobiliaria”, concluyó.

A raíz de una serie de tuits que se viralizaron en las redes sociales que datan de hace ocho años, la diputada del FIT Amanda Martín se sumó al reclamo que vienen desarrollando los gremios docentes y los Institutos de Formación Docente de CABA para que la precandidata a diputada nacional por JxC y secretaria de Investigación de la UniCABA, Sabrina Ajmechet, renuncie a su cargo en esa institución.

En ese sentido, la legisladora planteó que “la funcionaria de UniCABA, elegida a dedo por Larreta y Acuña, se debe ir urgente y vamos a movilizar para que se vaya” y remarcó que “la candidata de la lista de JxC es una reaccionaria que ha negado la naturaleza histórica de la Noche de los Lápices, justificando la dictadura militar, además de sus declaraciones proimperialistas en relación a las islas Malvinas, entre otras provocaciones contra el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres y se tiene que ir”.

Además planteó que “estos candidatos son enemigos de la juventud que lucha y se organiza, las mujeres y diversidades sexuales y de género. Así como está López Murphy que niega los 30.000 desaparecidos, está Ajmechet alfil de Patricia ‘Taser’ Bulrrich, los Milei que llevan a ex militares en sus listas o los Berni que agitan el gatillo fácil y la represión como salida a todo”.

“No desligamos este empoderamiento de Ajmechet a la política más general de ataque a la educación pública y a los institutos en particular, en tanto ella ocupa el cargo, sin concurso público alguno, de Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación de Unicaba y, actualmente, hay un intento de vaciar los institutos de formación docente, porque no se les habilita la inscripción a los cuatrimestres, imponiendo cupos, mientras se los desfinancia constantemente, por lo tanto, la comunidad educativa sigue reclamando la derogación de la Unicaba de corte privatista creada en 2018 luego de un fuerte rechazo de los 29 institutos de formación docente de larga trayectoria académica”, completó.

A raíz el anunció del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la vuelta a la presencialidad total de las clases, la diputada porteña del FIT y secretaria del gremio docente Ademys, Amanda Martín, cuestionó con dureza la decisión del Ejecutivo y advirtió que en las escuelas no están dadas las condiciones para que eso suceda.

En ese sentido, la legisladora manifestó que “el fin de las ‘burbujas’ sin adecuación de espacios y con recorte de infraestructura escolar cuando no superamos la pandemia significa un anuncio riesgoso para la salud de todos” y señaló que “así como no hubo distribución universal de computadoras ni conectividad en los barrios, ahora pretenden hacer futurismo 2022 adelantándose a un cuadro epidemiológico que no sabemos cuál va a ser, agravado por la falta de recursos educativos”.

Al mismo tiempo que precisó que “quieren dar la idea de normalidad y no hay ningún plan educativo, ni para recuperar estudiantes que se han desvinculado de la escuela, ni para crear cargos docentes y, mucho menos, cuidar la salud de la población”.

“Larreta y la ministra Acuña están especulando con anuncios electorales y, al igual que Trotta y el Gobierno Nacional no han hecho nada para acompañar a la comunidad educativa, dado que su orientación fondomonetarista condiciona el conjunto de la política de ambos gobiernos. El fracaso no podía ser peor”, completó.

Luego de que se conociera un relevamiento de gremios docentes acerca de que cien escuelas de la Ciudad no cuentan con calefacción en las aulas, la legisladora del FIT Amanda Martín advirtió acerca de un fuerte recorte en el área de educación y criticó con dureza el pedido de la ministra de Educación, Soledad Acuña, a las familias para que se comprometan con la presencialidad de las clases.

De esta manera, la opositora aseveró que “mientras Acuña reclama esfuerzos para aguantar el frío polar desde un despacho con calefacción, los recortes que viene haciendo hacen imposible el estar en las aulas” y precisó que “el Gobierno recortó en un 70% el presupuesto de infraestructura escolar, que es elemental para el mantenimiento de las escuelas y para obras fundamentales como es la calefacción”.

Al mismo tiempo que indicó que “de esta forma, ponen a las familias y docentes entre la espada y la pared: no les provee computadoras y conectividad, y los empuja a una presencialidad insufrible”.

“Es esta política la que costó la vida de 34 docentes y auxiliares. Es por todos estos motivos que estamos convocando a frazadazos en las escuelas para reclamar pasar a la virtualidad y que se provea de conectividad”, concluyó señalando.

En medio de la delicada situación sanitaria que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires a causa de la pandemia, la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Amanda Martín advirtió acerca del cierre de cientos de puestos de trabajos en el área de salud y el aseguró que el área más afectada por esto es el de la Salud Mental.

De esta manera, la legisladora afirmó que “en medio de la pandemia que puso en situación de colapso a todo el sistema de salud, donde uno de los problemas centrales fue la falta de personal, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires excluye a cientos de trabajadores del sistema sanitario, un claro ataque a la salud pública”.

Además explicó que “esto afecta por sobre todas las cosas a las áreas de salud mental, una especialidad que tiene gran importancia, más aun en los tiempos de crisis sanitaria y económica que vivimos”.

“Desde nuestra banca, apoyaremos todas las resoluciones que se voten en la Asamblea de Residentes y Concurretes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyó señalando.

La diputada del FIT Amanda Martín impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que se cree el cargo de docente de Educación Sexual Integral laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales y de género destinado a cada año, grado, área, junta, nivel y/o modalidad del sistema educativo público de gestión estatal y gestión privada del distrito.

De acuerdo al texto recientemente presentado, la carga horaria por comisión, curso, grado, sala, en todos los casos de modalidades y niveles será de un cargo equivalente a coordinador de área de media, seis horas cátedra, estableciendo une docente cada 100 estudiantes por escuela o fracción de 50.

Además establece que serán aspirantes al cargo “quienes se desempeñen en un cargo docente del sistema educativo de Ciudad de Buenos Aires, quienes posean título docente que de acuerdo al Estatuto del docente se encuentren en condiciones de inscripción a los listados de cualquiera de las áreas, juntas, niveles y/o modalidades educativas del sistema educativo de la CABA, y posean una formación académica oficial en ESI”.

En los fundamentos de la medida, la diputada planteó que “la educación sexual integral en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires es un reclamo histórico de estudiantes y docentes” y recordó que “a 15 años de su sanción los reclamos por su implementación  se multiplicaron, sin embargo los bloqueos provenientes de sectores antiderechos y vinculados a las iglesias católicas como evangélicas se oponen a su implementación”.

“Este refuerza esa lucha y plantea un verdadero reconocimiento para les docentes que están al frente de esta tarea asumida con actitud militante frente al desfinanciamiento tanto de la ley nacional como jurisdiccional, y de vaciamiento y desinversión en políticas de género, contra la violencia machista, y  por la implementación de una Educación Sexual Integral Laica, Científica y respetuosa de las diversidades sexuales”, sentenció.

Mientras el Gobierno de la Ciudad analiza la posibilidad de avanzar con la presencialidad de las clases para el nivel secundario, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT), Amanda Martín, volvió a pedir por el “pase a la virtualidad” hasta que bajen los casos de Covid 19 y las muertes que provoca el virus.

En ese sentido, la diputada –que asumió a su banca días atrás en reemplazo de Alejandrina Barry- reclamó “por el pase efectivo a la virtualidad de todos los niveles educativos, dado que los contagios no ceden, los promedios de muertes diarios son altos, como así también el nivel de positividad por encima de los establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Al mismo tiempo que indicó que “los docentes denuncian que durante esta última semana recién se ha avanzado en la vacunación con una dosis del sector y que corresponde completar la inmunización y no obligar a reintegrarse a personas de riesgo con una dosis ni a los trabajadores con una dosis, tal como pretende el Gobierno, amparado en las resoluciones del Ministerio de Trabajo nacional”.

Además recordó que el sindicato docente Ademys, Suteba y el Plenario del Sindicalismo Combativo se movilizarán este viernes a las 9 y a las 13 llevarán el reclamo por la vacunación y el aumento salarial a la Plaza de Mayo.

Dandole cumplimiento al acuerdo partidario de rotación de las bancas, las legisladoras del FIT y PTS, Alejandrina Barry y Myriam Bregman, renunciaron este jueves a sus bancas en la Legislatura porteña y en su lugar prestaron juramento Mecedes De Mendieta y Amanda Martín.

En su carta de renuncia, Bregman expresa que “a partir del día 3 de junio del corriente año dejo mi banca para que la ocupe Mercedes de Mendieta, integrante del partido Izquierda Socialista”. De tal manera Mendieta completará el mandato hasta el próximo 10 de diciembre.

En el caso de Alejandrina Barry, la renuncia se hará efectiva el mismo día que su colega, y en su lugar asumirá Amanda Martín, del Polo Obrero. El mandato de Martín será más extenso, pues al haber asumido Barry en 2019, se extenderá hasta fines de 2021.

Al momento de asumir su banca, Martín explicó que tiene “un enorme compromiso con la defensa de la educación pública. Desde esta banca vamos a enfrentar la política de Acuña y Larreta, defendiendo la salud de la comunidad educativa, contra las reaperturas sin condiciones y por el acceso a la educación para todos los pibes y pibas. Como legisladora voy a seguir también trabajando en escuelas y cobrando como docente” y precisó que “desde la asunción vamos a impulsar 10 leyes que recogen cuestiones fundamentales, muy sentidas por los trabajadores de la Ciudad en materia de educación, salud, vivienda y derechos de las mujeres, como continuidad del trabajo desarrollado por mi compañero Gabriel Solano”.

“La Ciudad de Buenos Aires está privatizada, empobrecida y precarizada como resultado de todos los que gobernaron en las últimas décadas. Larreta y Macri se apoyaron en distintos pactos con el PJ-kirchnerismo y la UCR para llevar adelante su política. Todos son responsables. La salida a esta situación la tienen que dar los trabajadores con una mayor organización y lucha. Esa es nuestra perspectiva”, completó.

Dos diputadas de la izquierda que habitan la Legislatura porteña dieron cumplimiento este lunes al acuerdo existente en ese espacio para rotar los cargos legislativos. Es así que Myriam Bregman y Alejandrina Barry presentaron sus respectivas renuncias para que completen sus mandatos quienes las suceden en las listas que las llevaron a la Legislatura.

En su carta de renuncia, Bregman expresa que “a partir del día 3 de junio del corriente año dejo mi banca para que la ocupe Mercedes de Mendieta, integrante del partido Izquierda Socialista”. De tal manera Mendieta completará el mandato hasta el próximo 10 de diciembre.

En el caso de Alejanrina Barry, la renuncia se hará efectiva el mismo día que su colega, y en su lugar asumirá otra mujer, Amanda Martín, del Polo Obrero. El mandato de Martín será más extenso, pues al haber asumido Barry en 2019, se extenderá hasta fines de 2021.

Mercedes de Mendieta es docente en la _Ciudad de Buenos Aires y licenciada en Ciencia Política; Amanda Martín es dirigente de ADEMyS.

El paso dado por ambas legisladoras tiene que ver con el fin de dar cumplimiento a lo convenido en las actas de acuerdo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, en cuanto a dar rotación en los cargos entre las distintas fuerzas que componen esa fuerza.