Advierten por “retrocesos en materia ambiental” que “nos dejan mucho más expuestos frente a la crisis climática”

Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, cuestionó las modificaciones que el proyecto de ley ómnibus propone sobre las leyes de Bosques, Quema y Glaciares. 

Durante la sexta jornada de debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, cuestionó “las profundas modificaciones que implican retrocesos muy significativos en materia ambiental y nos dejan mucho más expuestos frente a la crisis climática”. 

“La crisis climática, lejos de ser un problema futuro, ya nos está impactando significativamente en nuestro presente. La sequía entre 2022 y 2023 tuvo un costo productivo de 14 mil millones de dólares. La reciente tormenta en Bahía Blanca se cobró 13 vidas”, apuntó. 

Sobre los cambios del proyecto oficialista, observó que “en un país con incendios recurrentes, que en un 95% son producto de la actividad humana, modifica la Ley de Quemas, flexibilizandola. Hoy por hoy para llevar a cabo una quema intencional se necesita una autorización expresa. Con la modificación, esa quema, si una autoridad no se expide en 30 días, se considera autorizada, independientemente de la catástrofe económica, ecológica y social”. 

Por otra parte, “modifica la Ley de Bosques habilitando el desmonte en zonas que hoy está prohibido por su alto nivel de conservación”, indicó Pombo, quien resaltó que esto “va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional”. 

Además, “cada vez son más las restricciones comerciales que siguen criterios ambientales, incluyendo entre ellos la deforestación, así que esto puede provocar un golpe importante en nuestras exportaciones. Por lo que, no solamente no da respuestas a ninguna crisis económica, sino que profundiza muchísimos otros problemas”, dijo. 

La representante de Jóvenes por el Clima añadió: “También modifica la Ley de Glaciares, eliminando de la ley vigente ‘el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano’, habilitando la explotación de estos ambientes, que son fundamentales para combatir la crisis climática, pero también son grandes reservas de agua dulce”. 

Asimismo, la iniciativa “declara la privatización de empresas que son estratégicas para adoptar políticas productivas y de transición energética como YPF”. 

“Estas modificaciones que van a contramano de la historia y no solucionan ningún problema, sino que los profundizan más. Votar esto, en este contexto, no se puede calificar de otra manera que como tradición a la Patria y traición a nuestra generación, que va a pagar estas modificaciones con su presente y su futuro”, cerró. 

 

Retirarán del proyecto un polémico cambio sobre la Ley de Bosques: “Se incluyó por error”

Así lo informó la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, quien además sostuvo que “nunca los glaciares van a ser tocados para hacer cualquier tipo de actividad”. Qué se dijo sobre turismo. 

Durante la segunda jornada de debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, defendió las modificaciones que se prevén sobre la Ley de Bosques, la Ley de Actividades de Quema y la Ley de Glaciares. 

“Todo nuestro accionar desde la subsecretaría de Ambiente está enmarcado en el artículo 41 de la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que son casi nuestra biblia. Pero estamos con el desarrollo sustentable y eso tiene tres aristas, lo ecológico, lo económico y lo social”, sostuvo. 

La funcionaria afirmó: “Les podemos asegurar que vamos a acompañar todos los compromisos que la Argentina ha asumido durante estos años con el Acuerdo de París y la COP28, así que no hay que tener temor de que no vamos a cumplir con eso”, y entre esos temas mencionó la reducción de los gases de efecto invernadero. 

Luego resaltó el valor del Consejo Federal de Ambiente, al señalar que “los recursos naturales son de las provincias, así que para nosotros es fundamental sentarnos todos juntos y delinear la política ambiental del país”. 

Yendo al proyecto de “ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, Lamas informó que de las modificaciones que se proponen a la Ley de Bosques se eliminará una de ellas. “Por un error se incluyeron las categorías I y II y esto se va a eliminar de la ley”, dijo en referencia a que se quitaban las exigencias previstas en la Ley General de Ambiente sobre la información que deben proporcionar al Estado las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sobre las actividades ambientales que desarrollen en distintas zonas clasificadas como categoría I, de color rojo, que alude a áreas de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”, mientras que la categoría II son “sectores de mediano valor de conservación”. 

Sobre la Ley de Actividades de Quema, la subsecretaria apuntó que “es una actividad permitida” que se realiza “por cortafuego, por gestión de combustibles” y “tenemos que permitir que las actividades productivas soliciten estas quemas”, siempre y cuando “con el control de esto lo hacen las jurisdicciones y con todos los cuidados que hagan falta”. 

En tanto, sobre la reforma de la Ley de Glaciares aseveró que se busca “brindar una definición y una seguridad jurídica respecto a qué estamos hablando”. “Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer cualquier tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos, sólo estamos diciendo que las provincias tienen la facultad, con sus leyes de impacto ambiental, de verificar que sobre el periglaciar que se quiera hacer alguna actividad no haya ningún impacto, sobre todo en los temas hídricos”, expresó. 

Cambios en la legislación de turismo 

A su turno, la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, se refirió a las tres leyes derogadas mediante el DNU 70/23 (Ley de Reglamentación Hotelera, Ley de Agencias de Viajes y Ley de Servicios Turísticos de Tiempo Compartido) y argumentó que eran “leyes vetustas, que no tienen aplicabilidad, que datan de los años ‘70 y ‘60. Conforme a lo que es la actualidad no tienen aplicación”. 

“Todos sabemos que el turismo es una de las actividades económicas y sociales más importantes que tenemos en la Argentina, generadora de 1.200.000 puestos de trabajo, con 23.000 mil empresas del sector”, valoró y dijo que esta actividad “genera arraigo en muchísimas localidades y retiene el talento joven”. En esa línea, prometió: “Vamos a trabajar para que el turismo siga siendo federal y se pueda trabajar con todas las provincias”. 

Sobre los cambios que propone la ley ómnibus, Martínez habló que se trata de “una adecuación a la reglamentación existente para poder darle más posibilidades al sector privado y que no tenga restricciones desde el sector público”. 

El proyecto propone la derogación de la Ley 17.752 del año 1968, que “establece la promoción de la construcción de hoteles turísticos de nivel internacional” y ha tenido “casi nula aplicación; establecía ir en desmedro de muchísimos destinos turísticos”. También un artículo estipula la derogación de “otra ley que tampoco tuvo aplicación, o fue muy poca”, en alusión a la Ley 21.056, de Promoción del turismo por medio de líneas de transporte.

En lo que hace a las modificaciones de la Ley Nacional de Turismo, la funcionaria afirmó que se trata de “una mejora” y “darle mayor dinamismo” con “más facultades al Consejo Federal de Turismo”. 

Durante las intervenciones, la diputada Juliana Santillán (LLA) cuestionó que “el programa Previaje en términos económicos fue la peor decisión del gobierno que nos antecedió, porque benefició solamente a 1.500 prestadores de agencias turísticas, pero el sector es mucho más grande que eso”.

Sus palabras generaron el rechazo desde Unión por la Patria y cuando la subsecretaria se retiraba, la diputada Florencia Carignano (UP) lanzó: “Que no se escape, que no se escape, que conteste sobre el Previaje, que lo implementó. Siempre oficialista, da lo mismo cualquier gobierno, siempre están en el cargo, ahí está la casta”. 

“Yo no entendí nada, para mí lo sacó de Yahoo! respuestas”, chicaneó Bregman a Milei

Fue luego de que el candidato liberal explicara sus propuestas en materia de Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente. La referente de izquierda le cuestionó que “defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos”.

Tras explicar el candidato Javier Milei (La Libertad Avanza) sus propuestas en el último tópico Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente del Debate Presidencial, la referente de izquierda Myriam Bregman usó su derecho a réplica y lo chicaneó: “Yo no entendí nada, para mí lo sacó de Yahoo! respuestas”.

En su exposición, Milei comenzó explicando que “acorde al indicador de desarrollo humano, son tres elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano”.

Así procedió a enumerar: “Uno son los ingresos, segundo la longevidad y tercero la educación. Es interesante esto porque dos de los tres están fuertemente vinculados a la libertad económica”.

“En materia de ingresos, aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo a la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par reprimido, sino que está mejor que el 90% de la población del país reprimido. En materia de longevidad, aquellos países que son más libres, las personas viven un 20% más”, explicó con tecnicismo.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la educación señaló que la abordan desde “la lógica del capital humano y para llegar al capital humano de segunda generación, como es este caso, requiere un trabajo previo. En eso nosotros estamos trabajando fuertemente en el área de niñez y familia, proponemos una política de protección efectiva eliminar los intermediarios, mejorar la trazabilidad, dar asistencia descentralizada, mejorar la informática y mejorar sobre todas las cosas las transparencias”.

Por otra parte, en materia de salud contó: “Apuntamos a un seguro de salud con cobertura universal, en una acción coordinada con provincias y municipios para lograr censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud.

Finalmente, agregó que en materia de educación “nuestro compromiso con la alfabetización y también una evaluación y publicación de los resultados permanentemente para que haya competencia entre instituciones y obviamente libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Por lo tanto, abrazando la ansiedad y la libertad y defendiendo el capital humano, alcanzaremos el desarrollo humano”.

En su derecho a réplica, Bregman lo chicaneó: “Yo no entendí nada. Para mí lo sacó de Yahoo! respuestas y lo que le fue tirando lo dijo”, y le planteó: “La destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende. Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera”.

Pero Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos. Y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo”, denunció.

Bregman exigió por la ley de humedales y denunció que “todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon en el Congreso”

La candidata de izquierda acusó a sus pares querer “profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales”. Denunció que el Gobierno Nacional “deja que las multinacionales hagan lo que quieran” y propuso avanzar en programas que “respeten a las comunidades”.

Respecto del último tópico del segundo Debate Presidencial 2023 que fue Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente, la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, exigió por la ley de humedales y denunció que “todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon en el Congreso”.

“El sistema capitalista está destruyendo el planeta. Sequías, incendios, olas de calor, contaminación y más contaminación”, alertó y denunció que “todos los candidatos proponen profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales”.

Bregman lanzó que “en eso están todos de acuerdo, quieren que seamos una mera plataforma exportadora de materias primas, te prometen un modelo de desarrollo, pero ese cuentito ya lo vimos, dejan a las multinacionales hacer lo que quieran incluso llevarse los dólares”. Asimismo, apuntó: “En Jujuy lo dejaron claro, están dispuestos a todo con tal de que avancen las empresas y saqueen el litio”.

“Ese es el secreto económico que hay detrás del llamado a la unidad nacional de Sergio Massa, al gobernador Gerardo Morales y otros gobernadores”, disparó Bregman. También denunció que el Gobierno Nacional “acaba de autorizar la explotación petrolera a las costas atlánticas, a pesar de que ciudades enteras como Mar del Plata se movilizan porque están en contra”.

La candidata planteó: “Necesitamos avanzar en un programa de transición energética que respete a las comunidades, a las poblaciones, a los derechos de los propios trabajadores y que se inicie por la estatización de toda la industria del sector”.

“Ley de humedales ya, todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon en el Congreso, tenemos que volver a recuperar la calle para conquistar una ley de humedales, por un mar sin petroleras, no a la megaminería contaminante, el agua se defiende. Me parece muy importante traer esta voz, como la de los pueblos que dicen no queremos seguir siendo pueblos fumigados”, cerró.

Cabandié responsabilizó a las provincias y a los productores rurales por los incendios

El ministro de Ambiente de la Nación señaló que “la ley de Humedales y la ley de Envases serían dos leyes muy importantes”. Por otro lado, comparó: “El Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”.

Tras los incendios en el Delta del Paraná y los focos activos en Córdoba, palabra esperada para escuchar era la del ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, que se hizo presente este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados -a cargo de Carlos Heller- para exponer sobre el Presupuesto 2023.

En su ponencia, el funcionario comparó la gestión del expresidente Mauricio Macri con la de Alberto Fernández y señaló que “el Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”. A su vez, responsabilizó -una vez más- a las provincias y a los productores rurales por los incendios.

En su presentación, Cabandié remarcó que “en cuanto al Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, que es una de las áreas más sensibles del Ministerio, lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”.

En ese sentido, destacó que “en nuestra gestión tenemos la política vinculada a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Estamos en proceso de la creación de 8 centros ambientales en distintas ciudades Quilmes, Chascomús, Concordia, Formosa, Villa María, Valle de Uco, Luján y Moreno. Dos de ellas van a inaugurarse este año la de Formosa y luego la de Concordia”.

“El resto las terminaremos de inaugurar durante el ejercicio 2023. Por otro lado, tenemos una planificación de llegar a 15 centros ambientales porque conseguimos una renovación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y otras fuentes de financiamiento externo”, contó

y precisó: “Hemos creado durante la gestión la Brigada de Control Ambiental que le dimos más competencia a las inspecciones que realiza el Ministerio. Las inspecciones y facultades que tenemos son dos porque son dos leyes anteriores a la reforma del 94. Una es residuos peligrosos y la otra es tráfico de fauna. El resto de las funciones no tienen competencia en el ámbito nacional por el 194 de la Constitución Nacional”.

Sobre la política de cambio climático, el funcionario de ambiente señaló que “es un tema de agenda internacional”, respecto del que “nuestro país se compromete ante el mundo, ante Naciones Unidas, ante la Comisión de Cambio Climático a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, al asumir compromisos de adaptación y de investigación, poner metas”.

“La última contribución ante organismos internacionales vinculado a cambio climático indica que Argentina se compromete para el 2030 reducir un 27,7 menos en relación a lo que presentó el Estado en 2016. Eso es una meta que tiene un cumplimiento que al mismo tiempo estamos llevando a cabo en una mesa de trabajo con las provincias y en un Plan de Adaptación de Cambio Climático”, informó.

En esa línea, indicó que “de no cumplir esas metas, tendríamos serios problemas a futuro en el desarrollo y en la producción”, debido a que “eso nos impediría acceso a créditos, nos quitaría liderazgo y las consecuencias ambientales. Entre la ecuación de producción y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero es una discusión compleja que tenemos que dar entre todos, que tenemos que ponernos de acuerdo, que va a traer discusiones, que conlleva a tensiones, pero es una discusión que hay que dar porque no queda otro camino, porque es la única opción que tenemos”.

“También juegan otras variables que son la posición de otros países del hemisferio sur frente a los países del norte, por eso siempre buscamos ese equilibrio entendiendo que los países que más han contaminado y degradado al ambiente y que nosotros sufrimos esas consecuencias son los del hemisferio norte”, precisó Cabandié

Sin embargo, sostuvo que “los países del sur en desarrollo no somos ajenos a lo que nosotros también contribuimos en términos de la emisión de gases de efecto invernadero, pero son insignificantes frente a la degradación ambiental que produjeron los países centrales como China, Estados Unidos”.

“Nuestro reclamo central es que los organismos internacionales brinden lo que se comprometieron hace años como líneas de crédito para países en desarrollo y eso nunca sucedió y es un reclamo que llevamos a cabo en situación de desarrollo”, denunció y explicó que “al no obtener ese financiamiento se hace difícil alcanzar las metas del 2030 o 2050 porque son dos metas una de carbono-neutralidad y la otra no superar la línea de aumento de promedio de temperatura de 1,5 y ahora estamos en 1,1”.

Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”.

En ese contexto, también hizo referencia a la necesidad de la “captación de esas emisiones de carbono que se da a partir de preservar y cuidar los bosques nativos”. “Tenemos una Ley de Bosques que data del 2009 que ha sido importante porque redujo la cantidad de deforestación anual, pero no alcanza y tenemos que ser más proactivos en términos de conservar los bosques nativos, las ecorregiones que tenemos”.

Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”, comparó el ministro, pero consideró que “no es lo suficiente porque no se llega al 0,3”. “En ejercicios como 2016 y 2017 la transferencia a las provincias fue 0 para la protección de sus bosques nativos”, reiteró.

Los desafíos en el ámbito legislativo

En otro tramo de su ponencia, el funcionario destacó: “Durante estos dos años hemos tenido leyes importantes como la Ley de Educación Ambiental que fue una iniciativa del Ejecutivo, la Ley Yolanda”, y sumó: “La creación de nuevos parques como el Parque Nacional Ansenuza el humedal más grande de Latinoamérica, la creación el Parque Nacional Islote Lobos, la creación del Parque Nacional Federal San Juan, la ampliación del Pre Delta en Entre Ríos, y falta media sanción en el Senado del Agujero Azul sobre áreas marinas protegidas”.

“En la Cámara de Diputados hay dos temas importantes en cuanto a leyes de la agenda ambiental que tienen que ver con la ampliación de Aconquija y la Ley de Jubilación Anticipada de Brigadistas”, consideró.

“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”,

Por otro lado, adelantó que están en proceso de gestión “la creación de otros parques como Arrayanes de Concepción primer Parque Nacional de Catamarca que no tiene, Parque Nacional Laguna del Palmar en Chaco, Parque Nacional Jaaukanigás en Santa Fe. Los Parques Nacionales son clave en una industria limpia y de desarrollo para el turismo”.

“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”, subrayó Cabandié.

Crecimiento Presupuestario 2019-2023

Sobre este punto, el titular de la cartera de Ambiente profundizó las comparaciones entre la gestión anterior y la actual, al señalar que “pasamos a tener un presupuesto más robusto. Al iniciar el ejercicio vigente, el Ministerio de Ambiente era dentro del Gabinete la jurisdicción que menos presupuesto tenía y el Ejecutivo nos posicionó en ser uno de los Ministerios con más Presupuesto 123% de aumento en relación al ejercicio anterior. Tenemos 35 mil millones de pesos de presupuesto y llevamos ejecutados 20 mil millones de pesos”.

“Tenemos cuotas de 3 mil millones de pesos para distribuir en los bosques nativos distribuidos en los meses del último trimestre, para la protección y conservación, además de compra de bienes de uso de parques nacionales”, comunicó y agregó: “La variación real pasó de ser en el 2019 de $4.359 millones de pesos, se duplicó en 2022 a $8.798 millones”.

A su vez, resaltó que “la distribución del presupuesto es equitativa”, y apuntó: “Lo que nosotros hicimos en estos años es pasar de un ministerio de consultoría de documentos a un ministerio de política pública porque no era adecuada esa manera, teníamos que pasar a la acción e hicimos hincapié en la inversión”.

“Hemos incrementado el crédito externo o donación. La agenda ambiental tiene la posibilidad de tener fuentes como donación. Hemos gestionado importantes créditos, una de ellas fue la del Banco Interamericano de Desarrollo”, ponderó y volvió a cuestionar: “Ese crédito que se consiguió a fines del 2015 en el periodo 2016 a 2019 solamente fue usado en un 18%”.

Y continuó: “Cuando nosotros asumimos nos sentamos con representantes del BID nos dijeron que cerraban el crédito porque no se había ejecutado. Les pedimos que confíen en que nosotros que queríamos ejecutarlo porque la política de gestión de residuos es muy importante para el país porque teníamos que saldar deudas vinculadas a esa situación casi medieval, ya que la mayoría de los residuos se destinan a basurales a cielo abierto, en el peor de los casos se conforman montículos y microbasurales en centros urbanos, y esa política tenía una fuerte convicción de construir plantas, centros verdes”.

“Aquellos que quizás piensan que el estilo de nuestra concepción o cosmovisión está alejado del mundo, es muy por el contrario porque incrementamos las fuentes externas de financiamiento con crédito baldo. Nos pasó muchas veces que esos créditos se devolvían, nos pasó con el Banco Mundial, había para protección y cuidado de bosques nativos había un crédito de 64 millones de dólares que la gestión anterior decidió devolver, nosotros no queríamos devolverlo queríamos usarlo”, disparó.

Y remató: “El financiamiento externo que es para la gente no se usa o se devuelve, y el financiamiento que es para la timba financiera se tiran de cabeza para conseguirlo y después nos traen serios problemas”.

Respecto a la ejecución de la Fuente Externa, Cabandié avizoró: “De efectivizarse todas las gestiones que venimos realizando, Fondo Verde para el Clima, BID, Agencia Europea de Financiamiento, vamos a llegar a casi 950 millones de dólares para la agenda ambiental”.

El balance de gestión: El Manejo Nacional del Fuego

Sobre este punto, el ministro indicó que se incrementó 35 veces el Manejo Nacional del Fuego y destacó que “hoy tenemos 7 mil millones de pesos de presupuesto, pero al mismo tiempo y en modo de agradecimiento a partir del ejercicio 2021 quedó establecido un 0,3 por mil de las pólizas de seguro para el Plan Nacional del Manejo del Fuego que era un acto de justicia porque tiene conocimientos, misiones y objetivos específicos que tiene que ver con bosques nativos, pastizales, con los bienes naturales”.

“Eso nos permitió incrementar la cantidad de brigadistas nacionales que de 67 pasamos a 133, 395 que pertenecen a parques nacionales. Estamos en proceso de construcción de 11 bases de fuego de parques nacionales, triplicamos la cantidad de bases para cubrir las distintas zonas”, informó. Asimismo, precisó que “lo presupuestado para el 2023 esta en el orden de los 10 mil millones de pesos”.

Por otro lado, explicó: “Nuestro país alquila aviones para combatir el fuego, el Estado Nacional nunca ha tenido medios aéreos propios y estamos haciendo esfuerzos para comprar, pero las licitaciones internacionales son complejas. Cerramos este lunes la compra con Canadá de dos helicópteros de gran porte de 15 mil litros de disparo que se multiplica por 5”.

“Recién para 2026 hay entrega de aviones hidrantes y eso es una dificultad. No abocamos a dos helicópteros. Al mismo tiempo para este verano vamos a tener 2 helicópteros uno de Francia y otro canadiense de gran porte, también en modo de alquiler para complementar los medios aéreos que tenemos 22”, manifestó.

Además, señaló que “esto es responsabilidad de Nación, triplicamos las bases, superamos la cantidad de brigadistas”, pero remarcó que “los recursos naturales les pertenecen a las provincias es el 124 de la Constitución Nacional y tienen la responsabilidad, además de tener el beneficio de hacer uso de sus recursos naturales, eso conlleva obligaciones y derechos”.

Y se preguntó: “¿Por qué la Nación es la única responsable contra el fuego y no las provincias? siendo que en Jujuy el litio es de Jujuy, el fuego también”. Por consiguiente, sostuvo que “así como hay provincias que en el último tiempo han alcanzado un nivel optimo de conformación de combate de fuego, hay provincias que están en proceso y otras todavía tiene que mejorar para tener combatientes”.

“¿Quién rige el accionar? Existen las normas, la 26.815 es la que rige y establece que la Nación solo actúa en requerimiento de las provincias”, subrayó Cabandié.

Asimismo, resaltó que “estamos en contextos de aumentos de temperaturas, de sequías, que el combustible de los pastizales de bosques esta acumulado, ante situaciones de extremidad es complejo por eso estamos realizando inversiones, entregando 50 millones de pesos a las provincias, vamos a mandar 50 aviones a demanda de insumos específicos para el combate de fuego a cada provincia, un camión autobomba, un camión volcador”, y destacó: “La inversión del manejo nacional del fuego a las provincias representa el 30%”.

“El 95 % de los incendios son por causas humanas. La que tiene que cambiar es la justicia, porque ninguno de los gobiernos ejecutivos, tenemos poder de policía para perseguir, imputar y dar con aquellos que prenden. ¿Dónde esta la justicia? es lo que nos preguntamos en la situación del Delta”, denunció.

Al cierre de su presentación, apuntó contra la oposición y los reiterados mensajes en Twitter: “Más allá de los 124 caracteres que tienen para escribir lo que quieran, tienen que entender que la situación del Delta es estacional y que tiene que ver con algo productivo. Les guste o no les guste pueden escuchar declaraciones de la sociedad rural del 2018 donde ellos decían lo que estaban haciendo que queman pastizales para ampliar la zona de pastoreo”.

“La actividad agropecuaria es estructurante para la economía del país, pero tenemos que pedir que no se haga de esa manera, es ahí donde tenemos que reclamar que la justicia actúe”, cerró el ministro de Ambiente responsabilizando, una vez más, a los productores.

Caravana cívica federal de la CC ARI en Corrientes sobre el Ambiente

El partido de Elisa Carrió realizó este fin de semana encuentros en esa provincia para buscar aportes respecto de temas ambientales.

Más de 300 personas de todo el país, entre militantes, dirigentes y especialistas en materia ambiental participaron del Encuentro, cuya primera jornada se realizó en el Auditorio Juan Zini, donde hubo cuatro paneles con 14 expositores sobre distintos temas ambientales. Este domingo compartieron un almuerzo en Paso de la Patria. 

La apertura del encuentro contó con la presencia del diputado nacional y presidente de la CC ARI, Maximiliano Ferraro,  el presidente de la CC ARI Corrientes, Cuqui Calvano y el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano.

Participaron el legislador porteño de la CC ARI Hernán Reyes, que brindó una charla sobre Economía circular, la exdiputada nacional de la CC ARI Fernanda Reyes, quien expuso sobre la preservación y gestión del recurso hídrico, y la ex diputada radical Brenda Austin, cuyo tema fue Manejo del fuego.  Y también asistieron los legisladores provinciales de la CCARI, Sebastián Julierac por Santa Fe y Karina Montesinos de Neuquén.

Maximiliano Ferraro sostuvo en la apertura que “el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible son condición más que necesaria para que nuestro país pueda crecer con equidad y oportunidades”. Y llamó a “trabajar en nuestra normativa ambiental y en una gestión eficiente y responsable de nuestros bienes naturales para poder posicionarnos a nivel mundial, desde una mirada federal, inclusiva e innovadora”.

Por su parte, Cuqui Calvano dijo que “tenemos que seguir apostando a estos espacios de formación” y que “es necesario lograr un cambio cultural en materia ambiental para el desarrollo y crecimiento del país”.

Durante las dos jornadas los asistentes participaron de espacios de intercambio y capacitación con diputados, referentes y especialistas de todo el país en materia ambiental. El cuidado de nuestros bienes comunes y el desarrollo sostenible han formado parte de los valores y la militancia de la Coalición Cívica desde su fundación.

Durante el encuentro, se analizó la importancia del agua como bien común estratégico, se conoció el Plan Hídrico de la Ciudad de Corrientes, y los desafíos para la gestión hídrica de la Mesopotamia y el Litoral. Además, se analizó la situación de las quemas autorizadas para la producción y la normativa para el manejo del fuego. Se debatió sobre la acción climática y la transición energética, comentando algunos ejemplos de normativa clave para un cambio de paradigma, en temas como eficiencia energética y soluciones basadas en la naturaleza.

Cerraron la primera jornada con un intercambio de experiencias locales seguido de un taller en temas como economía circular, gestión integral de residuos sólidos urbanos, gestión menstrual sostenible y la importancia del rol de los municipios en la lucha contra el cambio climático.

También se hizo un homenaje al 397 Cuartel de Bomberos de la Ciudad de Corrientes por los esfuerzos desplegados en los últimos incendios que azotaron la provincia.

En los próximos meses la CC ARI realizará otras caravanas cívicas federales a distintas provincias con los temas: Justicia,  Educación y Producción y política social.

Presentan un proyecto sobre la huella de carbono, con el fin de reducir los gases de efecto invernadero

La diputada radical Brenda Austin es autora de la iniciativa que tiene como objetivo potenciar la acción climática.

brenda austin

La diputada nacional Brenda Austin (UCR) presentó este lunes un proyecto de ley para promover, a través de un régimen de incentivos, la medición, reducción y compensación de la huella de carbono en todo el territorio nacional, a fin de contribuir con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer las políticas climáticas en el marco de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Desde un proceso de construcción colaborativa y de apertura a la ciudadanía, el anteproyecto de esta propuesta fue compartido en el Portal de Leyes Abiertas de la Cámara de Diputados. En esta plataforma y durante el lapso de un mes, se recibieron 31 aportes y 43 apoyos, que fueron evaluados para integrarlos a la versión final, la que recolectó además el apoyo de más de una veintena de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio.

La propuesta busca, a partir de incentivos fiscales y crediticios, fomentar la participación voluntaria del sector privado en la gestión de su huella de carbono, alentando para ello la transformación de actividades hacia el uso sostenible de los recursos y el desarrollo neutro en carbono, como parte de una estrategia de largo plazo que potencie la acción climática.

En ese sentido, se apunta a impulsar el compromiso climático a nivel individual y corporativo partiendo de la medición y el reporte de la huella de carbono que generan, a través de un registro y un sistema de monitoreo, para así promover la reducción y la compensación a través de diversas alternativas.

“El contexto climático global exige una respuesta sistémica, urgente y decidida. En la Argentina, las emisiones per cápita se encuentran por encima de la media de países del G20, por lo que es imperativo fortalecer las políticas climáticas nacionales y potenciar aún más los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el corto plazo, como una verdadera oportunidad para acompañar una recuperación postpandemia con bajas emisiones y respaldar nuestros compromisos internacionales”, advirtió Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

La Argentina, de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo de París, presentó a fines de 2020 su segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), por la cual se comprometió a emprender acciones para estabilizar y reducir de manera progresiva las emisiones de cara al 2030 y a elaborar en 2021 el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, además de reafirmar la meta de carbono neutralidad para 2050. Más allá de reportar un avance en términos de su ambición, la nueva NDC es calificada como “insuficiente” para limitar el aumento de temperatura muy por debajo de 2°C y preferiblemente a 1,5°C, como plantea el Acuerdo de París.

“Es necesario y urgente que los compromisos climáticos enunciados en palabras se traduzcan en el corto plazo en acciones concretas y ambiciosas en todos los ámbitos de toma de decisiones públicas. Toda política que pensemos hoy debe considerar los objetivos globales de limitación del aumento de temperatura, abrazando una estrategia de desarrollo que integre el bienestar social, el progreso económico y el cuidado del ambiente desde una perspectiva de equidad intergeneracional”, enfatizó la legisladora cordobesa.

La huella de carbono es un indicador que mide las emisiones de gases de efecto invernadero que generan directa o indirectamente personas, instituciones, organizaciones o empresas en un período determinado. La medición representa un paso fundamental para conocer el impacto que se genera a nivel individual y así evaluar posibles medidas de reducción.

A su vez, esta iniciativa promueve la compensación como último eslabón para equilibrar aquellas emisiones que no pueden reducirse, bajo un enfoque de carbono neutralidad. Desde ese marco, se alienta el desarrollo de proyectos de compensación en la Argentina mediante la conservación y regeneración de ecosistemas que absorben emisiones, como los bosques nativos, y la reducción de emisiones significativas por medio de energías renovables.

El proyecto prevé el establecimiento de un sistema uniforme de medición de emisiones de GEI, basado en estándares internacionales; etiquetas de huella de carbono como una herramienta informativa para reconocer los esfuerzos voluntarios; el diseño de incentivos fiscales y crediticios para la inversión en tecnología, procesos y productos de baja generación de GEI; metas obligatorias de gestión de la huella de carbono del Estado junto a metas de medición para los sectores de mayor participación de emisiones a nivel nacional, entre otras medidas.

Entre los cofirmantes figuran Maximiliano Ferraro, Mario Arce, Federico Zamarbide, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Gonzalo Del Cerro, Albor Cantard, Ana Carla Carrizo, Gabriela Lena, Lidia Ascarate, Camila Crescimbeni,Mariana Stilman, Mónica Frade, Victoria, Morales Gorleri, Alberto Asseff, Ximena García, Federico Frigerio, Mariana Zuvic, Gerardo Cipolini, Diego Mestre, Jorge Enríquez, Claudia Najul y Alicia Terada.

Diputados del Frente de Todos lanzarán un “Foro Legislativo Ambiental”

Será este miércoles, a partir de las 17, en un encuentro que contará con la participación del ministro Juan Cabandié.

Con la participación del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, un grupo de diputados del Frente de Todos lanzará este miércoles, a partir de las 17, un “Foro Legislativo Ambiental”, en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que entre sus principios establece como fundamental la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y desarrollo de políticas ambientales.

Según explicó la diputada Daniela Vilar, este Foro “busca impulsar un ámbito innovador de cooperación, discusión y participación, que sea abierto, amplio, inclusivo y diverso, que incorpore las voces de distintos actores especializados, organizaciones territoriales, militantes y de la ciudadanía, en el diseño de una agenda legislativa ambiental y en la construcción de proyectos en conjunto”.

Además, la iniciativa se concreta en la semana del Día Mundial de la Tierra. “Se realizarán diversas iniciativas para fomentar la conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales”, agregó la legisladora bonaerense.

Fuentes del bloque oficialista informaron que el Foro constará de mesas de participación con temáticas específicas y otros espacios de intercambio. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica vinculada a la pandemia, la modalidad será virtual, lo que en este contexto permite garantizar la participación federal.

“Es fundamental que abordemos la crisis climática colectivamente. Tenemos una historia de militancia ambiental con una gran variedad de actores a lo largo y ancho del país, sumemos todas esas experiencias y luchas colectivas de las militancias para diseñar más y mejores políticas públicas ambientales”, abogó Vilar.

Por su parte, el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, consideró que el Foro será “un dispositivo participativo federal para trabajar una agenda ambiental conjunta y construir proyectos colaborativamente”. “Esta semana entra en vigor el Acuerdo de Escazú y redoblamos nuestro compromiso de co-crear políticas públicas involucrando a las organizaciones territoriales y especializadas”, añadió.

El Acuerdo de Escazú, que entra en vigor este jueves 22 de abril, tiene tres lineamientos clave: el derecho a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de las decisiones sobre política ambiental a través de dispositivos participativos; y el derecho a acceder a la justicia cuando estos derechos u otros derechos ambientales que afecten su salud son vulnerados.

Sobre el Foro Legislativo Ambiental

Los temas que serán abordados se enmarcan en cuatro grandes ejes: Ordenamiento Ambiental del Territorio, Soberanía Alimentaria, Gestión de Residuos y Justicia Ambiental.

Habrá distintas formas de participar en el Foro, destacándose la posibilidad de realizar comentarios y sugerencias por medio del Portal de Leyes Abiertas. Las reuniones serán transmitidas por el canal de Youtube de la Cámara de Diputados.

Se podrá participar de las mesas de discusión virtuales de formas sincrónica con inscripción previa.

En la apertura de este miércoles estarán presentes desde el Congreso, y regidos por protocolos vigentes, los legisladores Leonardo Grosso, Daniela Vilar, Florencia Lampreabe, Gabriela Estévez, Gabriela Cerruti, Federico Fagioli. Además, participará el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.

Cobos propone la inclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica

Es con el fin de “mejorar las decisiones públicas en materia ambiental”, señaló el senador radical, que presentó un proyecto de ley en ese sentido.

El senador Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley que propone la inclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica en la Ley 25.675, de Política Ambiental Nacional, como “instrumento esencial para el logro de sus objetivos”.

El mendocino explicó que “la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es una herramienta que permite instrumentar los principios y objetivos de la Ley General de Ambiente porque es una herramienta de evaluación previa y complementaria a las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos individuales”.

“En nuestro país se estudia el impacto de un proyecto individual mediante las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) sin existir un marco de referencia para la autorización de proyectos sometidos a estudio, cuya sumatoria puede generar impactos no contemplados en el análisis de casos individuales. Esta carencia legal es lo que fundamenta la necesidad de instrumentar en forma conjunta e integrada a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, señaló.

El legislador radical sostuvo que “la EAE genera un marco de protección ambiental de mayor alcance territorial y temporal, posibilita una planificación estratégica en políticas, planes y programas gubernamentales. Es muy importante incluirla porque direcciona los recursos disponibles en el largo plazo y contribuye a la toma de decisión informada, consensuada y participativa. También, la participación pública en el proceso proporciona mayor transparencia en la toma de decisiones”.

“Entendemos que la EAE es fundamental para fortalecer los procesos de planificación y toma de decisiones gubernamentales con identificación de opciones de desarrollo más sustentables a lo largo del tiempo, brindando respuesta a los principios que rigen la política ambiental y constitucional de nuestro país”, finalizó Cobos.

El Senado se sumó a las reuniones informativas por la ley de humedales

En paralelo a Diputados, un plenario de comisiones de la Cámara alta escuchó este miércoles a once especialistas en el tema.

En paralelo a Diputados, un plenario de comisiones de la Cámara alta escuchó este miércoles a once especialistas en medioambiente en el marco del debate por la ley que establece presupuestos mínimos para la protección de humedales.

La reunión informativa se realizó en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por Gladys González (Pro), y de Agricultura, Ganadería y Pesca, conducida por Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos).

La primera oradora fue la coordinadora del Área Humedales del Taller Ecologista de Rosario, Laura Prol, quien instó que la normativa “contenga una visión ecocéntrica y consagre los principios de prevención precautorio y de no regresión, los principios in dubio pro natura, in dubio pro aqua, y de interculturalidad”.

“Una ley con enfoque de derechos, operativa, que incluya la diversidad de humedales del país con una moratoria que pueda ser efectivamente implementada y que prohíba actividades contaminantes y destructivas en los humedales y con partidas presupuestarias a la altura del desafío”, pidió.

También solicitó que la futura ley “permita avanzar con el desarrollo de un inventario nacional de humedales y que establezca que a partir de su sanción y promulgación las provincias incorporen los humedales a su ordenamiento territorial”.

Acto seguido, el diputado por Corrientes y exministro de Producción de esa provincia Jorge Vara (UCR) destacó la importancia de la definición de humedales, además de resaltar la importancia de la realización tanto de un inventario como de un ordenamiento territorial.

Por su parte, el exdirector nacional de Gestión del Agua y Ecosistemas Acuáticos Javier García Espil recordó que “estamos hablando de ambientes que sostienen producciones como arroceras, otras agropecuarias, pesca continental y también en algunos casos son importantes sostenes de economías regionales” y que “están sometidos a una enorme presión”.

García Espil consideró “clave” la definición “porque es lo que determina el alcance de la ley” y, en relación a los instrumentos de ordenamiento y evaluación de actividades, dijo que “es importante contar con criterios específicos para los humedales y que habiliten proceso de participación ciudadana”.

En cuanto al financiamiento, sostuvo que “es importante que haya recursos para estas actividades y que los fondos lleguen al destinatario final”.

A continuación, Marco Vermaasen, de la Fundación Humedales, consideró que “tiene que ser una ley que promueva la conservación, en un sentido amplio, de humedales” y que “hay que promover y planificar el desarrollo sostenible asumiendo que la naturaleza tiene ciertos límites”.

“Proponemos que se utilice en los textos de ley la definición adoptada a nivel nacional por las instituciones a través del Ministerio de Ambiente de la Nación que permite diferenciar a los humedales de otros ambientes que no lo son”, añadió, y también pidió “un esquema de gobernanza amplio y equilibrado entre la Nación, las provincias y las comunidades”.

Vermaasen opinó que “es indispensable que exista un consejo participativo como un ámbito consultivo”, así como la realización de estudios de impacto ambiental y el avance del inventario nacional de humedales.

En tanto, el coordinador de Recursos Naturales del INTA, José Volante, apuntó que “los 12 proyectos de ley están enfocados en aproximaciones de ecosistema” y que “ese abordaje es distinto al que INTA viene desarrollando”, que tiene que ver con el “socio-ecosistema” ya que “introduce a los actores sociales en el espacio geográfico y en el territorio”.

“Deberíamos ir a una normativa de ordenamiento integral del territorio donde el enfoque sistémico del socio-ecosistema se aborde para el desarrollo sustentable teniendo en cuenta aspectos de la calidad ambiental, de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, pero también de la salud, de la producción, de la equidad social”, consideró Volante.

A su turno, el miembro de la Comisión Asesora de Innovación Institucional dependiente de la Dirección Nacional de INTA Gerardo Mujica señaló que la ley “va a abordar más de 30 millones de hectáreas del territorio nacional, dependiendo mucho de la definición que se adopte”.

Mujica advirtió que “van a quedar involucradas por la ley siete cadenas agroalimentarias e industriales nacionales y más de una docena de economías regionales, decenas de sistemas productivos agropecuarios basados en la productividad primaria de los humedales y el manejo de agua de riego y de drenaje, de almacenaje y de protección contra inundaciones”.

También recordó que “muchas de estas actividades agropecuarias son sujeto de programas y leyes provinciales y nacionales de fomento agropecuario”, y finalmente afirmó que “el proyecto debería contemplar actividades productivas tradicionales e innovadoras y promover el uso de buenas prácticas”.

“Proponemos incluir planes de asistencia técnica y financiera para los pequeños productores y también que el Fondo de Humedales incluya como destinatario el desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias para el uso sustentable de humedales”, prosiguió Mujica.

Por último, recomendó “incluir compensaciones y pagos por servicios ambientales para los propietarios de los predios alcanzados por las áreas de preservación”.

El presidente de la Cooperativa Agrícola de Villa Paranacito, José Jacobsen, alertó que “el proyecto, de llevar al rumbo que lleva, nos dejaría marginados, ya que no se tienen en cuenta nuestras actividades productivas, o de hacerlo, sería con tantas limitaciones y burocracia que nos desalentaría a todos, principalmente a los pequeños productores, que seríamos los más afectados”.

En la reunión también expusieron Luis Traba (docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral), Betina Laurenzano (coordinadora de las comisiones de Legislación y de Aguas Subterráneas del COHIFE), Soledad Ferrería y María Paila Ruiz (representantes de la ONG Taller Flotante).