El oficialismo presentó un proyecto de ley para la amnistía de Milagro Sala

La iniciativa es impulsada por Gisela Marziotta y busca extinguir la acción penal contra la líder de la Tupac Amaru y los otros dirigentes de la organización social detenidos o procesados.

A más de siete años de la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, el oficialismo presentó un proyecto de amnistía para los hechos considerados delictivos relacionados con la actividad política y social de dicha organización.

La iniciativa es impulsada por la diputada nacional por el Frente de Todos Gisela Marziotta y respaldada por referentes de organismos de Derechos Humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y por sus pares de bancada Hugo Yasky, Mara Brawer, Pablo Carro y Rodolfo Tailhade, entre otros, y de sindicalistas como Daniel “Tano” Catalano, líder de ATE Capital.

El texto plantea la amnistía “respecto de todos los hechos considerados delictivos relacionados con la actividad política y social de la organización Tupac Amaru, por los que fueron imputados, procesados o condenados, sus propios integrantes desde el 1º de diciembre de 2015 hasta la publicación de la presente ley”.

Además, precisa que en caso de que se conceda la amnistía “nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o implicado de alguna manera por imputaciones o sospechas de haber cometido uno o más hechos considerados delictivos a los que refiere la presente ley”.

Entre los fundamentos, repasa la historia de lucha de la Tupac Amaru, una organización que surgió en la década de 199 “en un clima de lucha sociales en toda la Argentina”. Con el correr de los años, y en especial durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, “tuvo un fuerte desarrollo de políticas sociales en toda la provincia de Jujuy, en especial con la construcción de barrios”.

El proyecto precisa que la amnistía “decide extinguir la acción penal, haciendo cesar la condena y sus efectos. Es decir que reputa inocentes a los autores de los hechos. Se puede imponer antes del inicio del proceso, durante el proceso o con sentencia firme”.

También denuncian que, tras la llegada de Gerardo Morales al gobierno jujeño, en 2015, “comenzó a urdirse una estrategia de persecución política destinada a acabar con el liderazgo de Milagro Sala y con el activismo político y social de la Tupac”.

“Sala se encuentra detenida desde enero de 2016 y aunque luego se multiplicaron las investigaciones judiciales durante el gobierno macrista, en una primera instancia la detuvieron por llevar a cabo un acampe y escrache a Morales. En los siete años que Sala lleva presa atravesó seis juicios orales y públicos: un juicio en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria provincial y uno en el fuero contravencional”, expresaron.

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“La amnistía es una instancia superadora al indulto”

En diálogo por la AM 750 Marziotta explicó: “Esta es una instancia superadora respecto al indulto en el caso de Milagro Sala. Porque el indulto lo que hace es decir que hubo un delito y el Ejecutivo tiene la facultad de perdonar este delito. En este caso Milagro quedaría en libertad. La amnistía dice que no hubo delito. Lo que hubo es persecución política. Milagro Sala es una presa política al igual que el resto de los presos y presas de la Tupac Amaru”.

Además, la diputada recordó que se trata del primer proyecto de Amnistía que se presenta en los 40 años de la democracia, a pesar de que el recurso se ha utilizado en distintas oportunidades.

“Es fundamental que este proyecto se transforme en ley porque es muy difícil hablar de democracia cuando hay presos o presas políticas, persecución y cuando está instalado y naturalizado el lawfare como mecanismo de disciplina para dirigentes y referentes de proyectos nacionales y populares”, agregó.

En suma, planteó: “Si en el medio de esta situación el presidente Alberto Fernández firma el indulto, bienvenido sea. Ahora, eso no implica que no sigamos adelante con la necesidad de que se sancione la amnistía. Porque mientras se perdona el delito, vamos a tratar de sancionar la ley para decir que no hubo delito. No invalida una cosa a la otra”.

Además, tras reconocer que el dictamen será complicado porque “a la oposición le cuesta sentarse a trabajar y habilitar debates”, apuntó: “Entiendo que la oposición es cómplice de esta persecución política que se lleva adelante en Jujuy. Es claro que hay una complicidad de los diputados y diputadas de la oposición”.

Espert presentó un proyecto de Amnistía de causas penales para la gente que violó la cuarentena para salir a trabajar

Fue luego de que la fiscalía de San Isidro aceptara las ofertas Alberto Fernández y de la primera dama para cerrar la causa contra ambos por violar la cuarentena. “Si el propio presidente no cumplió con las leyes y no tienen ninguna pena, ¿por qué deberían tenerlas los ciudadanos?”, apuntó Espert.

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley de “Amnistía de Causas Penales” para que todos los ciudadanos que violaron la cuarentena para salir a trabajar no tengan que cumplir ninguna pena y les cierren sus causas inmediatamente.

 “No puede ser que mucha gente que la estaba pasando mal y que violó la cuarentena para salir a trabajar hoy tenga que enfrentar algún tipo de causa penal mientras que el propio presidente de la nación que redactó el decreto de confinamiento se la paso de fiesta en fiesta en Olivos festejando cumpleaños y recibiendo amigos”, disparó Espert.

Cabe mencionar que este lunes, la fiscalía de San isidro aceptó las ofertas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de la primera dama, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa contra ambos por violación de la cuarentena por el festejo de un cumpleaños, a cambio de un total de 3 millones de pesos.

En el proyecto de Avanza Libertad se añade que en “razón de la amnistía concedida nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a compadecer o molestado de manera alguna por imputaciones por sospechas de haber cometido uno o más delitos a los que se refiere la presente ley”.

Según Espert, su proyecto tiende a proteger a la gente de laburo. “Si el propio presidente de la nación, Alberto Fernández, no cumplió con las leyes y no tienen ninguna pena o sanción, ¿por qué deberían tenerlas los ciudadanos de bien que salieron a trabajar?. Acá, una vez más, queda demostrado como la corpo política abusa de sus privilegios”, dijo el diputado.

El proyecto deja afuera de la amnistía a quienes son funcionarios públicos en consonancia con los tratados anticorrupción que la Argentina firmo y es solo para ciudadanos comunes.  “La Justicia debe investigar verdaderos delitos y no a ciudadanos que salieron a trabajar o a visitar a algún pariente”, concluyó Espert.

Menna propone una ley de amnistía para personas a las que se les abrieron causas por circular

Tras el “Olivosgate”, el diputado radical presentó un proyecto en este sentido, aunque aclaró que exceptúa a funcionarios públicos, a quienes rompieron aislamientos u organizaron fiestas clandestinas.

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) presentó este martes un proyecto de ley de amnistía para las personas a las que, durante el ASPO, se les abrieron causas judiciales por el hecho de circular.

Tras el escándalo por el “Olivosgate”, motivo por el cual Juntos por el Cambio impulsa un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, el radical aseguró que “objetivamente están las causales, habría que ver cómo se desenvuelve un juicio”.

“La Cámara de Diputados es la acusadora, el rol de juzgar le corresponde al Senado”, explicó el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien agregó que “el hecho tiene gravedad” porque “se trata de reglas que remiten a sanciones penales”.

En diálogo con radio Futurock, el chubutense recordó que durante la cuarentena estricta “hubo gente que la pasó muy mal, le secuestraron el auto” y “se fueron abriendo miles de causas penales”, mientras que “el mismo funcionario que escribía las reglas, no las cumplía”.

Menna consideró que un pedido de juicio político “no es temerario”, sino “un mecanismo previsto por la Constitución”, que “será discutible”. Al reconocer que la oposición no cuenta con los votos para que prospere, dijo que se trata de “poner en agenda la discusión”.

A continuación, el legislador anunció “un proyecto de ley de amnistía” porque “hoy la Justicia Federal está sobrecargada con decenas de miles de causas por si una persona circulaba bien o mal, con autos que se están deteriorando secuestrados”.

En ese sentido, apuntó que sería para “los casos vinculados a la circulación, quien iba a trabajar, quien iba a visitar a un pariente enfermo”.

En declaraciones a Radio 3 de Trelew, el diputado ahondó que “la amnistía que proponemos no abarca a los delitos contra el ASPO cometidos por funcionarios públicos, ni las fiestas clandestinas, ni a quienes incumplieron cuarentenas por infección, contacto estrecho o viajes”.

El proyecto de ley

El proyecto del legislador chubutense otorga una amnistía a todas las personas con causas penales abiertas por quebrar el aislamiento y el distanciamiento social decretados durante la pandemia.

Las excepciones a la amnistía son los casos en los cuales los imputados sean funcionarios públicos; las reuniones o fiestas clandestinas, y las personas que quebrantaron la cuarentena por estar contagiadas, haber sido contactos estrechos de un infectado de Covid-19 o por un viaje del exterior o de otra zona del país.

La iniciativa busca la igualdad ante la ley frente a la transgresión del presidente Alberto Fernández, tras conocerse por fotos su participación en un cumpleaños en Olivos cuando estaban vigentes las medidas de prevención que el propio mandatario había decretado.

La propuesta “permitirá restablecer un sentido de justicia e igualdad ante la ley y evitará incurrir en la incongruencia de sancionar penalmente a los particulares por reglas que las autoridades incumplen, a sabiendas de lo que están haciendo”, explicó Menna.

“Tras el dictado de las medidas de prevención hubo en todo el país controles férreos que afectaron las libertades personales previstas en la Constitución. La persecución penal no discriminó entre los hechos que implicaban situaciones confusas de circulación por la vía pública a pie o en auto, de otras más graves como reuniones o fiestas clandestinas o el no cumplimiento de cuarentenas dispuestas para quienes estaban infectados, contactos estrechos o personas que arribaban de un viaje”, consideró Menna.

Señaló que “las normas dieron lugar a situaciones de violencia institucional muy graves, que en algunos casos implicaron la pérdida de vidas en circunstancias no esclarecidas como las de Facundo Astudillo Castro, Nahuel Gómez, Federico Rey, Alan Maidana, Lucas David Barrios, Ezequiel Corbalán, Ulises Rial, Augusto Oscar Iturralde, Lucas Nahuel Verón y Raúl Dávila, en provincia de Buenos Aires; Luis Espinoza y Walter Nadal en Tucumán; Mauro Coronel y Franco Isorni en Santiago del Estero; Florencia Magalí Morales y un adolescente de nombre Franco en San Luis; Facundo Scalzo en CABA y Valentino Blas Correas en Córdoba”.

Destacó que “el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por DNU fue el primero en incumplirlas”, y que esta situación “se contrapone con el principio de igualdad ante la ley”.

Las causas abiertas “generan una sobrecarga al atraso que afecta a la Justicia Federal, y la desenfoca de las causas más relevantes que demandan rapidez como las vinculadas al narcotráfico, corrupción, trata de personas, lavado de activos y evasión tributaria, entre otros”, concluyó Menna.

Acompañan esta iniciativa los diputados Mario Negri, Alfredo Cornejo, Ricardo Buryaile, Juan Martín, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Claudia Najul, Atilio Benedetti, Alejandro Cacace, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Mario Arce, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Luis Pastori, Gonzalo del Cerro, Dolores Martínez, Karina Banfi, Ximena García y Brenda Austin.

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“No creo ni en la amnistía ni en el indulto”, afirmó Moreau tras la solicitada a favor de Boudou

El diputado oficialista sostuvo que existe una “persecución política” contra dirigentes kirchneristas pero consideró que “hay que seguir insistiendo por la vía judicial”.

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau aseguró este lunes que no cree “ni en la amnistía ni en el indulto” y se mostró a favor de “seguir insistiendo por la vía judicial” en las causas que involucran a dirigentes del kirchnerismo.

“No creo ni en la amnistía ni en el indulto. Hay que seguir insistiendo por la vía judicial”, sostuvo Moreau sobre la solicitada con más de 5.000 firmas publicada el fin de semana, en la que dirigentes del oficialismo y personalidades internacionales denunciaron la existencia de una “persecución política” contra exfuncionarios kirchneristas y reclamaron la libertad del exvicepresidente Amado Boudou.

En la solicitada publicada en varios medios nacionales, los dirigentes aseguraron que “la persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”.

Al ser consultado sobre ese texto, Moreau consideró que además de presentar planteos ante la Justicia argentina se debe hacer el reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En declaraciones a Radio Con Vos, el diputado nacional coincidió en que se trata de “una persecución política” contra exdirigentes del kirchnerismo y dijo que la Corte Suprema “eludió su responsabilidad” en cuanto a atender las “irregularidades dilatorias y violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso” en las causas que involucran a exfuncionarios.

“El problema de que en Argentina no haya justicia es la Justicia”, aseveró el diputado, que preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

Alberto aclaró que un eventual perdón a personas procesadas depende del Congreso

El presidente reiteró que no otorgará el perdón a exfuncionarios condenados a pesar de tener la facultad constitucional para hacerlo, y agregó que en el caso de los procesados define el Parlamento.

El presidente Alberto Fernández reiteró este miércoles que no otorgará indultos a funcionarios de la gestión anterior que se encuentran condenados, tal como pidieron algunas voces del kirchnerismo como el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Y aclaró que en el caso de personas procesadas, no le corresponde a él, sino al Congreso.

“Yo a la palabra le asigno un valor central. Yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más sus remedios y lo cumplí. Hice campaña diciendo que iba a promover una ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo, y lo cumplí. E hice campaña diciendo que yo no iba a dictar indultos, y lo voy a cumplir”, ratificó en diálogo con Radio con Vos.

Y agregó: “El indulto para mi es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonan a quien había sido condenado, y en esos mismos términos se transfirió a la Constitución argentina”.

El presidente aclaró que “en la Constitución argentina aparecen algunas limitaciones a los indultos: dice que el presidente puede indultar a los que han sido condenados, con lo cual no borra la condena. Si quieren indultar a gente que está procesada, no existe ese instituto. Eso se llama amnistía y es algo que depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto tiene que haber alguien condenado. El indulto es un perdón que da el presidente”.

Fernández insistió: “Cuando la Justicia actúa, no tengo por qué perdonar. Yo no soy quién para perdonar, aun cuando tengo esas facultades”.

De todos modos, consideró que “en estos últimos cuatro años hubo muchos procesos -no digo todos- que han sido desarrollados en términos procesales de modo muy irregular. Lo que le pido a la Justicia es que revise lo que pasó en estos cuatro años porque hay cosas que no están bien”.