El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad se reunió con los diputados porteños para analizar en detalle la iniciativa, la situación económica del distrito capitalino y responder las consultas de los presentes.
Tal y cómo lo adelantó días atrás parlamentario.com, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé introducir modificaciones en el Presupuesto 2024, a fin de ampliarlo por un total de 4.517.086.453.895 de pesos. Tan es así que el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, se presentó ante los diputados para explicar el alcance de la misma.
Durante el encuentro, el funcionario explicó la situación económica del GCBA y respondió las preguntas de los legisladores. Además, dio detalles acerca del pedido que el distrito capitalino viene realizándole a Nación para que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, a través del cuál se restituyen fondos coparticipables que había sido quitados durante la gestión de Alberto Fernández.
En ese sentido, la legisladora de Vamos por Más (VxM) y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paola Michielotto, aseguró que “mientras la Ciudad continúa a la espera de que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir a la CABA los fondos de coparticipación, y dado el impacto inflacionario sobre los gastos que se deben asumir, desde el Ejecutivo detallaron los objetivos de esta ampliación”.
“Las necesidades de los vecinos no se deben ni se pueden postergar”, completó.
Cabe recordar que el pedido de ampliación presupuestario fue impulsado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y se destaca que los principales gastos serían para educación, salud, seguridad, entre otros puntos.
De esta manera, se propone ampliar en 1.867.147.316.344 de pesos los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en el impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos paritarios”, aclaró en el documento.
Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto 207.517.674.245 de pesos destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud por 165.187.944.786 de pesos; de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación por 9.146.726.991 de pesos; de uniformes para la Policía de la Ciudad por 5.553.168.449 de pesos y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Seguridad por 5.664.382.066 de pesos.
Entre otras cuestiones, se contempla el acrecentamiento de las transferencias por 592.009.767.800 de pesos. “Estas mayores erogaciones corresponden, esencialmente, a la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo por 103.376.911.093 de pesos y al transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 21.714.629.763 de pesos”, agrega el texto.
“En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se contempla 92.011.152.505 de pesos para la provisión de alimentos para programas sociales, 26.241.374.058 de pesos para el subsidio Ciudadanía Porteña, 6.803.410.588 de pesos para la asistencia habitacional y, por último, para otros subsidios sociales y a las instituciones de niñez y adolescencia se incorporan 23.582.543.797 de pesos”, señaló y detalló que además “se incluye 113.823.626.354 de pesos para el subsidio a la educación de gestión privada; asimismo, se incorporan los subsidios a los recuperadores urbanos por 17.387.741.327 de pesos, el destinado al Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan por 12.426.343.773 de pesos y la transferencia correspondiente al Plan Sarmiento por 11.033.448.942 de pesos”.
El jefe de Gobierno porteño remitió un proyecto de ley a la Legislatura, para introducir modificaciones crediticias destinado a la compra de insumos para educación, salud, seguridad, entre otros puntos.
Por primera vez en lo que va del año, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, remitió a la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca introducir modificaciones en el Presupuesto 2024, a fin de ampliarlo por un total de 4.517.086.453.895 de pesos.
En los fundamentos de la medida, el alcalde local explicó los motivos por los cuales necesita realizar esas modificaciones crediticias. Entre los principales gastos se encuentra la educación, salud, seguridad, entre otros puntos.
De esta manera, se propone ampliar en 1.867.147.316.344 de pesos los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en el impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos paritarios”, aclaró en el documento.
Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto 207.517.674.245 de pesos destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud por 165.187.944.786 de pesos; de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación por 9.146.726.991 de pesos; de uniformes para la Policía de la Ciudad por 5.553.168.449 de pesos y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Seguridad por 5.664.382.066 de pesos.
Entre otras cuestiones, se contempla el acrecentamiento de las transferencias por 592.009.767.800 de pesos. “Estas mayores erogaciones corresponden, esencialmente, a la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo por 103.376.911.093 de pesos y al transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 21.714.629.763 de pesos”, agrega el texto.
“En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se contempla 92.011.152.505 de pesos para la provisión de alimentos para programas sociales, 26.241.374.058 de pesos para el subsidio Ciudadanía Porteña, 6.803.410.588 de pesos para la asistencia habitacional y, por último, para otros subsidios sociales y a las instituciones de niñez y adolescencia se incorporan 23.582.543.797 de pesos”, señaló y detalló que además “se incluye 113.823.626.354 de pesos para el subsidio a la educación de gestión privada; asimismo, se incorporan los subsidios a los recuperadores urbanos por 17.387.741.327 de pesos, el destinado al Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan por 12.426.343.773 de pesos y la transferencia correspondiente al Plan Sarmiento por 11.033.448.942 de pesos”.
ProyectodeNorma__Expediente_855_2024.
A 9 días del recambio de gobierno, la medida salió publicada en el Boletín Oficial. El aumento es por 1,8 billones de pesos.
A nueve días del recambio de gobierno, el Poder Ejecutivo dispuso este viernes por medio del decreto de necesidad y urgencia 647/23 una nueva ampliación del Presupuesto 2023, que equivale a un aumento de 1,8 billones de pesos.
En los considerandos de la medida, que salió publicada en el Boletín Oficial, se sostuvo que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.
En ese sentido, se argumentó que el fin es “atender necesidades vigentes en materia salarial incorporando el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año, de gastos de funcionamiento, equipamiento, créditos para pago de subsidios, compensaciones, becas, transferencias a universidades, de servicios financieros de la deuda pública correspondientes a comisiones, otras transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.
Entre las reasignaciones de partidas, se contempla $392.745 millones para transferencias y contribuciones a la seguridad social y organismos descentralizados -Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social-; unos $208.598 millones para la formulación y ejecución de la política de energía eléctrica -Ministerio de Economía-.
También, unos $190.839 millones para el Fondo Nacional de Incentivo Docente -Ministerio de Educación-; una partida de $120.220 millones en concepto de relaciones con las provincias y desarrollo regional -Ministerio del Interior-; y $11.700 millones por servicio de la deuda pública (intereses y comisiones), entre otros.
La petición de Horacio Rodríguez Larreta fue aprobada con 31 votos a favor y 24 en contra. El dinero se destinará al pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad.
En el marco de la primera sesión ordinaria después de tres meses sin actividad en el recinto, la Legislatura de la Ciudad autorizó con 31 votos positivos y 24 negativos una ampliación presupuestaria por un total de 639.467 millones para afrontar el pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad.
La iniciativa había sido impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y contó con el aval de los bloques Vamos Juntos (VJ), Partido Socialista (PS), Unión Civica Radical – Evoluciónj (UCR-Ev) y Republicanos Unidos (RU); mientras que Frente de Todos (FdT), La Libertad Avanza (LLA) y Frente de Izquierda (FIT) lo rechazaron.
Según se desprende del documento unos 273.963 millones de pesos se invertirán en el pago de los salarios; otros 22.343 millones, destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación y de uniformes, combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad. También se destinarán 146.537 millones para los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad, limpieza de hospitales y escuelas, la recolección de residuos, los servicios de transporte del Ministerio de Educación, la seguridad privada, los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, los gastos de los edificios centrales de gobierno y las locaciones de servicios de varios ministerios, entre otros.
Además, se invertirán 91.983 millones para obras y equipamiento de diversos ministerios; también se destinarán 74.089 millones de pesos para la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y subsidios a la educación, recuperadores urbanos, sociales, entre otros.
El debate en el recinto
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y legislador de Vamos Juntos (VJ), Claudio Romero, quien explicó que “la ampliación presupuestaria se hace en un contexto de inflación y su objetivo principal es garantizar el correcto cumplimiento de las paritarias acordadas con los distintos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también la adecuada provisión de alimentos, medicamentos, combustibles, y otros rubros que cuyo precio ha aumentado significativamente en los últimos meses debido al descontrol macroeconómico que estamos atravesando en todo el país”.
“Uno de los pilares fundamentales para el éxito de nuestra gestión ha sido el cumplimiento estricto del presupuesto, teniendo los estándares más altos, alrededor del 99%”, sentenció.
Por su parte, la legisladora de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast aseveró que “el país está viviendo una de la crisis más grande de la historia, no se va a resolver en el corto plazo, independientemente de quien gane las elecciones en octubre” y pidió mejorar las proyecciones para los próximos presupuestos: “hago un llamado a la responsabilidad que nos convoca, propongo que estimemos con mayor precisión las proyecciones macroeconómicas”, completó.
En tanto la diputada del FIT Vanesa Gagliardi señaló que “estamos discutiendo una ampliación presupuestaria en un contexto muy particular para los trabajadores. Nosotros entendemos que parte de este aumento presupuestario va a salarios, pero no podemos dejar de mencionar que seguimos por debajo de la línea de pobreza. Mientras el Gobierno gasta miles de pesos en publicidad, sigue sin aumentar el salario de los enfermeros”.
A su turno el candidato a jefe de Gobierno por La Libertad Avanza (LLA) y diputado por ese espacio, Ramiro Marra, acotó: “para terminar con el tema de la ampliación presupuestaria tengo una solución: se llama dolarización”.
El legislador de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Lucio Lapeña, destacó que “la Argentina de hoy vuelve sobre lo mismo e incluso peor: volvemos al récord inflacionario, volvemos a ampliar presupuesto por mayor recaudación vía inflación y seguimos corriendo detrás de la dinámica inflacionaria” e indicó que “con esta ampliación vamos a distribuir una mayor recaudación producto de la inflación para atender los mismos gastos que crecen al ritmo inflacionario. Para ser más claros: los recursos aumentan un 30% y se amplía en un 30% el presupuesto vigente hasta este momento”.
“El camino que queremos es con responsabilidad en las cuentas públicas, estabilidad, reformas factibles y gobernabilidad para poder afrontar lo que viene. Por eso tenemos la obligación de seguir manteniendo ordenadas las cuentas públicas de la Ciudad para garantizar el ingreso de los trabajadores”, siguió.
Por su parte el peronista Matías Barroetaveña (FdT) aseguró que “no podemos festejar un superávit fiscal cuando hay déficit en política habitacional, déficit en mantenimiento escolar, déficit en el sistema de salud pública, déficit en políticas alimentarias, déficit en políticas productivas”y consideró que “es momento de dejar de pensar en parches para beneficiar a sectores amigos y pensar una reforma tributaria que ponga el foco de la recaudación en aquellos sectores con mayor capacidad contributiva y así quitarles presión a los pequeños comerciantes, a las pymes y a los vecinos de a pie”.
Los legisladores porteños se reúnen desde las 12.07 en el recinto de sesiones para analizar una petición del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para ampliar el cálculo de gastos y recursos por la incidencia de la inflación y de aumentos salariales.
Después de tres meses sin actividad parlamentaria en el recinto, los diputados de la Ciudad de Buenos Aires se reúnen desde las 12.07 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que debatirán la ampliación del cálculo de gastos y recursos del Gobierno local, a pedido del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Se proyecta un incremento total de 639.467.602.048 pesos, que serán solventados en gran proporción por mayores ingresos tributarios y no tributarios y, en menor medida, por transferencias previstas de fondos coparticipables.
En la sesión ordinaria de este jueves también se prevé debatir y votar la adhesión a la ley de creación del “Plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Por otra parte, se producirá la jura y asunción de un nuevo miembro del Consejo de la Magistratura de la CABA, por el estamento de los abogados, y la designación de una nueva jueza penal, penal juvenil, contravencional y de faltas.
Entre un amplio temario de proyectos de leyes, resoluciones y declaraciones, también se definirá la nomenclatura de instituciones educativas, después de haber pasado por Audiencia Pública, y la denominación Callao – Raquel Liberman a la actual estación Callao de la línea D de Subterráneos.
Otros asuntos en consideración refieren a la prórroga o concesión de uso precario de predios y a la desafectación de unos polígonos para resolver las situaciones dominiales de viviendas ya establecidas.
Según informaron fuentes parlamentarias a parlamentario.com, el expediente se debatirá en el recinto de sesiones el próximo jueves. Se prevé introducir modificaciones al Presupuesto 2023 por un total de 639.467 millones.
En medio de la fuerte devaluación que se vivió en las últimas semanas, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió postergar una semana el debate del proyecto impulsado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que busca introducir modificaciones al Presupuesto 2023 por un total de 639.467 millones para afrontar el pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad.
Según le informaron fuentes parlamentarias a parlamentario.com, el texto iba a ser tratado en el recinto esta semana, pero debido a algunas cuestiones administrativas y para poder incorporar al temario otros proyectos se tomó la determinación de posponer su debate hasta el próximo 7 de septiembre.
Se trata de la primera ampliación presupuestaria que remite a la Casa en lo que va del año, la cual prevé utilizar para afrontar el pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad, entre otros puntos.
De acuerdo al proyecto, unos 273.963 millones de pesos se invertirán en el pago de los salarios. “Esta mayor erogación tiene su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad y en la inflación anual estimada”, manifestó Rodríguez Larreta.
Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, pidió una ampliación de 22.343 millones, destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación y de uniformes, combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.
“En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar 146.537 millones en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales y escuelas, la recolección de residuos, los servicios de transporte del Ministerio de Educación, la seguridad privada, los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, los gastos de los edificios centrales de gobierno y las locaciones de servicios de varios ministerios, entre otros. Asimismo, se refuerzan los créditos necesarios para afrontar los gastos relativos al acto eleccionario del corriente año”, añadió Rodríguez Larreta.
Por otro lado, en concepto de bienes de uso, el jefe de Gobierno pidió ampliar las erogaciones por 91.983 millones “destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales, la puesta en valor de establecimientos educativos y del espacio público a través del alumbrado, el plan de veredas y pavimentación, la demarcación y señalamiento y el mantenimiento de los espacios verdes y conservación del arbolado”.
También se destinarán 74.089 millones de pesos para la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y subsidios a la educación, recuperadores urbanos, sociales, entre otros.
La medida del Poder Ejecutivo fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Es “con el objeto de afrontar gastos impostergables”, argumentó.
El Poder Ejecutivo dispuso una ampliación presupuestaria a través del decreto de necesidad y urgencia 436/23, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y todo el Gabinete.
“Corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”, señaló en los considerandos de la medida.
En ese sentido, se explicó que la ampliación es para “el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, incorporando el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año”.
Y también, entre otras cuestiones, para “créditos para pago de subsidios, compensaciones, becas, transferencias a universidades, otras transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”.
En uno de los artículos establece una suma de $112.922.664.874 para transferencias a cajas previsionales provinciales de la ANSeS; mientras que en otro aumenta unos $5.300.000.000.000 el límite para operaciones de crédito público.
Además, en el artículo 6 autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a emitir LELITES por hasta $100.000.000.000.
Otro de los puntos del DNU es que convalida registraciones no presupuestarias por un total de $95.435.628.743,12 y $1.212.686.380,48. Estas registraciones corresponden a intereses a descuento por la colocación de Letras del Tesoro y a comisiones y otros gastos en moneda extranjera.
La Comisión de Presupuesto, a cargo de Claudio Romero (VJ), firmó el dictamen favorable de un proyecto que prevé introducir modificaciones al Presupuesto 2023 por un total de 639.467 millones para afrontar el pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad.
Días después de que ingresara a la Legislatura de la Ciudad el proyecto de Ley impulsado por Horacio Rodríguez Larreta, la Comisión de Presupuesto, presidida por el oficialista Claudio Romero (VJ), firmó el dictamen favorable de la iniciativa que propone ampliación presupuestaria por un total de 639.467.602.048 de pesos.
Al respecto de la reunión en la que se debatió el pedido del jefe de Gobierno de la Ciudad, la diputada Natalia Fidel (VJ) explicó: “hace un año, cuando se elaboró el Presupuesto 2023, se proyectaba una inflación anual del 60%. La realidad fue peor y con una inflación interanual de 113% que afecta ingresos y gastos, nos reunimos en la comisión de Presupuesto para discutir una ampliación presupuestaria que nos permita cumplir con: salarios, inversión, transferencias, deuda, entre otros”.
De acuerdo al proyecto, unos 273.963 millones de pesos se invertirán en el pago de los salarios. “Esta mayor erogación tiene su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad y en la inflación anual estimada”, manifestó Rodríguez Larreta en el texto recientemente presentado en el Parlamento.
Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, pidió una ampliación de 22.343 millones, destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación y de uniformes, combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.
“En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar 146.537 millones en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales y escuelas, la recolección de residuos, los servicios de transporte del Ministerio de Educación, la seguridad privada, los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, los gastos de los edificios centrales de gobierno y las locaciones de servicios de varios ministerios, entre otros. Asimismo, se refuerzan los créditos necesarios para afrontar los gastos relativos al acto eleccionario del corriente año”, añadió Rodríguez Larreta.
Por otro lado, en concepto de bienes de uso, el jefe de Gobierno pidió ampliar las erogaciones por 91.983 millones “destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales, la puesta en valor de establecimientos educativos y del espacio público a través del alumbrado, el plan de veredas y pavimentación, la demarcación y señalamiento y el mantenimiento de los espacios verdes y conservación del arbolado”.
También se destinarán 74.089 millones de pesos para la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y subsidios a la educación, recuperadores urbanos, sociales, entre otros.
“Asimismo, se prevé la incorporación de activos financieros por 4.199 millones en concepto de aporte de capital a la sociedad del estado Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE). Por último, se incluyen los mayores gastos relacionados con los servicios de la deuda por 26.376 millones en concepto de amortizaciones e intereses producto del aumento de la tasa de interés y el tipo de cambio promedio. En particular, se destaca el refuerzo necesario para la cancelación total del préstamo otorgado por el Banco Ciudad de Buenos Aires para la adquisición del edificio de la sede central de Gobierno”, completó.
El jefe de Gobierno pidió introducir modificaciones al Presupuesto 2023 por un total de 639.467 millones para afrontar el pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad.
Después de que haber perdido la interna con Patricia Bullrich en las Primerias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura porteña un pedido de ampliación presupuestaria por un total de 639.467.602.048 de pesos.
Se trata de la primera ampliación presupuestaria que remite a la Casa en lo que va del año, la cual prevé utilizar para afrontar el pago de salarios, así como para gastos en salud, educación y seguridad, entre otros puntos.
De acuerdo al proyecto, unos 273.963 millones de pesos se invertirán en el pago de los salarios. “Esta mayor erogación tiene su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad y en la inflación anual estimada”, manifestó Rodríguez Larreta.
Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, pidió una ampliación de 22.343 millones, destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación y de uniformes, combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.
“En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar 146.537 millones en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales y escuelas, la recolección de residuos, los servicios de transporte del Ministerio de Educación, la seguridad privada, los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, los gastos de los edificios centrales de gobierno y las locaciones de servicios de varios ministerios, entre otros. Asimismo, se refuerzan los créditos necesarios para afrontar los gastos relativos al acto eleccionario del corriente año”, añadió Rodríguez Larreta.
Por otro lado, en concepto de bienes de uso, el jefe de Gobierno pidió ampliar las erogaciones por 91.983 millones “destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales, la puesta en valor de establecimientos educativos y del espacio público a través del alumbrado, el plan de veredas y pavimentación, la demarcación y señalamiento y el mantenimiento de los espacios verdes y conservación del arbolado”.
También se destinarán 74.089 millones de pesos para la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y subsidios a la educación, recuperadores urbanos, sociales, entre otros.
“Asimismo, se prevé la incorporación de activos financieros por 4.199 millones en concepto de aporte de capital a la sociedad del estado Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE). Por último, se incluyen los mayores gastos relacionados con los servicios de la deuda por 26.376 millones en concepto de amortizaciones e intereses producto del aumento de la tasa de interés y el tipo de cambio promedio. En particular, se destaca el refuerzo necesario para la cancelación total del préstamo otorgado por el Banco Ciudad de Buenos Aires para la adquisición del edificio de la sede central de Gobierno”, completó.
Se publicó el decreto este miércoles en el Boletín Oficial. La bicameral encargada del análisis de los decretos del Ejecutivo no se reunió en todo el año.
El Gobierno nacional oficializó este miércoles el DNU 829/22, por el cual amplía en más de un billón de pesos el Presupuesto Nacional 2022.
El decreto debe ser tratado en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que no se reunió en todo el año, por lo cual hay pendientes numerosos decretos del Ejecutivo. La comisión, presidida por el diputado Marcos Cleri (FdT), solo se encontró para designar autoridades el pasado 30 de junio.
En los considerandos del DNU, el Gobierno fundamentó que “resulta necesario incrementar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año para el personal de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.
En ese sentido, argumentó que “se requiere modificar los créditos vigentes de la Auditoría General de la Nación, de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organismos actuantes en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, con el fin de afrontar necesidades específicas”.
Por otra parte, “resulta menester reforzar el Presupuesto vigente del Consejo de la Magistratura, organismo actuante en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, con el objeto de afrontar sus necesidades operativas”.
Entre numerosos destinos a los que irán las partidas, se señaló que “es preciso reforzar los créditos vigentes del Servicio Penitenciario Federal, actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de atender la provisión de alimentos destinada a la población penal alojada en establecimientos penitenciarios, gastos de funcionamiento y becas de los y las cadetes de la Escuela Penitenciaria de la Nación”.
En uno de los artículos se establece una suma de $69.802.050.728 destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y retiradas y pensionados y pensionadas de las fuerzas armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.
A su vez, se destina para transferencias a cajas previsionales provinciales de la ANSeS la suma de $72.577.242.261. Y se incrementa en $5.500.000.000 el límite establecido en el Presupuesto destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley N° 27.260 y sus modificaciones, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cargo de la ANSeS.
Otro de los artículos prorroga el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País por un importe de $48.000.000.000, “con el objeto de continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado Nacional”.
El alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envío a la Legislatura local un proyecto para modificar el Presupuesto 2022 por un total de 77.800 millones de pesos, los cuales se destinarán al pago de salarios, compra de medicamentos, entre otros puntos.
El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en la Legislatura porteña un nuevo pedido de ampliación presupuestaria por un monto total de 77.800 millones de pesos, cuyo principal objetivo es el de dar cumplimiento a los nuevos acuerdos salariales y comprar medicamentos y otros insumos para el sistema de salud, entre otros puntos.
Esta es la segunda ampliación que se solicita para el Presupuesto 2022 en lo que va del año, lo que llevaría el total de gastos anuales del distrito a 1 billón 220.778 millones de pesos.
Según sostuvo en el proyecto el propio Rodríguez Larreta, unos 23.173 millones se destinarán a gastos “en personal de la Ciudad”, para cubrir los últimos acuerdos salariales alcanzados con los gremios. En tanto en concepto de “bienes de consumo”, se incorporarán 2.490 millones de pesos para la compra “de medicamentos y otros insumos para el Sistema de Salud y productos lácteos destinados al Ministerio de Educación”.
En lo que respecta a los “servicios no personales”, el alcalde porteño prevé sumar 12.507 millones para “servicios de comida de hospitales y escuelas”, limpieza de hospitales, recolección de residuos y servicios de transporte del Ministerio de Educación.
Además en concepto de “bienes de uso”, se incorporarán 11.902 millones que irán al “mantenimiento hospitalario, de establecimientos educativos, del espacio público, de la red pluvial y al sistema de seguridad digital y videovigilancia”.
También se incrementarán las “transferencias” por 10.163 millones de pesos para compensación tarifaria a los servicios de transporte de pasajeros, programas sociales y el subsidio a la educación de gestión privada.
Por otro lado, en relación al servicio de la deuda, se prevé un incremento presupuestario de 17.600 millones en concepto de amortizaciones.
Con el objetivo de implementar esta segunda ampliación presupuestaria anual “sin afectar la sustentabilidad de las cuentas públicas”, el proyecto del jefe de Gobierno incorpora al “Cálculo de Recursos 77.838 millones provenientes de la estimación del incremento de la recaudación tributaria, no tributaria y de fuentes financieras”.
En concepto de ingresos tributarios, prevé 56.692 millones y explica el crecimiento de los recursos locales “fundamentalmente por el aumento en la expectativa inflacionaria para el resto del año”. A su vez el texto recientemente presentado estima mayores ingresos en los siguientes impuestos: sobre los Ingresos Brutos, 41.403 millones; de sellos, 5.976 millones; coparticipación federal, 9.313 millones; venta de bienes y servicios, 727 millones.
En tanto a lo que respecta a las transferencias, la iniciativa destaca la incorporación de 2.871 millones “originados por el impacto inflacionario en la actualización prevista en la Ley Nacional 27.606 para las remesas del Gobierno Nacional con destino al financiamiento de las facultades y funciones de seguridad transferidas a la Ciudad de Buenos Aires”.
Asimismo, se incorpora al presupuesto vigente, en concepto de fuentes financieras, 17.547 millones que provienen de la emisión de títulos de deuda en el mercado local.
El diputado porteño del FdT cuestionó con dureza la ampliación presupuestaria de 81 mil millones de pesos que autorizó la Legislatura de la Ciudad autorizó en su última sesión ordinaria.
Luego de que la Legislatura de la Ciudad autorizara una ampliación presupuestaria por más de 81 mil millones de pesos, el legislador del Frente de Todos (FdT) y vicepresidente de la Comisión de Legislación General, Matías Barroetaveña, cuestionó con dureza la introducción de modificaciones al presupuesto general y advirtió que en el distrito capitalino no contempla “inversiones en infraestructura, educación o vivienda”
En ese sentido, el peronista planteó que “Larreta aumenta el endeudamiento de la Ciudad y no hay perspectivas de inversiones en infraestructura, educación o vivienda” y aseguró que “no se asigna ni un peso de más para Obras en Educación y para Espacio Público prácticamente no existen partidas; a esto se suma, la baja ejecución de obras en el primer semestre que alcanza apenas al 21%, cuando por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno Nacional ejecutó más del 50% en igual periodo”.
Cabe recordar que en la sesión ordinaria de este jueves, el Parlamento aprobó un proyecto de ampliación presupuestaria por un monto de 81.864 millones de pesos, es decir, un 12,2%. Dicha ampliación se financia en un 80.9% con ingresos propios, y un 19.1% con contratos de deuda.
El dinero de la ampliación se utilizará para el pago de salarios, la adquisición de insumos médicos, servicios de alimentación para hospitales y escuelas, entre otras cuestiones.
La petición del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fue aprobada con 37 votos positivos y 18 negativos. El dinero se utilizará para el pago de salarios, la adquisición de insumos médicos, servicios de alimentación para hospitales y escuelas, entre otras cuestiones.
Durante la sesión ordinaria de esta semana, la Legislatura de la Ciudad sancionó con 37 votos a favor y 18 en contra el pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ampliar el presupuesto general del distrito por un total de 81.764.969.738 de pesos.
La medida contó con el aval de Vamos Juntos, GEN, PS y UCR-Evolución y el rechazo de FIT, AyL y FdT.
El texto recientemente aprobado propone una ampliación de 25.888.999 de pesos en los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad”, explicó el alcalde local en los fundamentos.
Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto vigente 4.812.677.060 pesos principalmente a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el Sistema de Salud, en función de la mayor demanda como consecuencia de la pandemia, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación, y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.
En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar 15.498.454.31 de pesos en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, la seguridad privada y los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, entre otros.
Por el lado de los bienes de uso, se incluye la ampliación de las erogaciones por 4.348.324.324 de pesos, destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. “Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales y la puesta en valor de establecimientos educativos y del espacio público”, añadió Larreta.
Se contempla, además, el acrecentamiento de las transferencias por 15.691.596.241 de pesos. Estas mayores erogaciones se originan, esencialmente, en la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y el subsidio a la educación de gestión privada, para atender el acuerdo paritario del ejercicio.
Finalmente, en lo que respecta al servicio de la deuda, es necesario dar reflejo presupuestario a un incremento de 15.524.918.561. “Este aumento se origina, por un lado, en mayores erogaciones por intereses, generados por los títulos emitidos conforme la Ley N° 6.385, por la mayor colocación de Letras del Tesoro y por la operación de recompra de títulos en el mercado local. Por otra parte, se incorporan nuevas erogaciones en concepto de amortizaciones, originados en la operación de recompra de títulos con vencimiento original en 2022, efectuada en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local, como parte de la estrategia de administración de pasivos y con el fin de mejorar el perfil de vencimientos a corto plazo de la deuda pública”, sentenció.
El debate en el recinto
Al respecto de la medida, la diputada del FIT Mercedes De Mendieta afirmó que “no vamos a acompañar esta ampliación del Presupuesto, nuestra pelea es por la ampliación del presupuesto pero de manera real que se destine a las necesidades reales de la población. No nos parece ampliar el presupuesto para seguir pagando la deuda” e indicó que “en ningún momento de esta ampliación se hace mención o se apunta a ampliar el presupuesto para la crisis habitacional, tenemos gran parte de la población viviendo en villas y eso nos preocupa”.
Mientras que Amanda Martín (FIT) señaló que “uno de los argumentos es el nivel de inflación que fue trazado para el Presupuesto 2021, donde se planteaba que iba a ser del 29%. Desde el año pasado se sabía que esta pauta inflacionaria no iba a ser real, ya ha sido superada y eso que estamos a mitad de año… el único objetivo que tenía era llevar los salarios a la baja”.
A su turno el oficialista Claudio Cingolani (VJ) explicó que “no es la primera vez ni la última que se van a pedir ampliaciones presupuestarias, lamentablemente la Argentina es célebre por su inflación. No se trata de un capricho de la administración porteña, siempre se toma como parámetro la inflación nacional que del 29% pasó al 50% y que se prevé que llegará a un 55%”.
“Esto pasa porque subió la emisión monetaria, la inflación, el déficit, la deuda… se sigue endeudando. Hay una creencia de que la deuda en dólares es deuda y si es en pesos no es deuda, eso es una mentira y hace que aumente la pobreza”, precisó e indicó que “a nivel nacional se amplió ocho veces el Presupuesto 2021”.
Mientras que el diputado del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade destacó que “la realidad es que vemos como argumento principal la modificación que se hizo en materia de coparticipación. Está claro que las proyecciones del Gobierno de la Ciudad siempre está muy lejos de la realidad, la inflación puede tener que ver pero esto sucede siempre, es algo constante en este Gobierno”.
Los legisladores de la Ciudad analizan desde las 11.35 la petición que les remitió Horacio Rodríguez Larreta y que, en caso de ser aprobado, se destinará al pago de salarios, la adquisición de insumos médicos, servicios de alimentación para hospitales y escuelas, entre otras cuestiones.
En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se reúne desde las 11.35 para debatir una iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien pidió ampliar el presupuesto general de gastos y recursos del corriente año 2021 en 81.764 millones de pesos, aproximadamente un 13% más de lo estipulado.
El proyecto cuenta con el despacho de la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, presidida por el oficialista Claudio Romero (VJ).
El pedido de ampliación presupuestaria para la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue fundamentado “en que la inflación anual superará el cálculo original del 29%; la necesidad de afrontar nuevos acuerdos salariales y los efectos del recorte de la coparticipación” de recursos impositivos federales.
Por otra parte, a propuesta de varios legisladores de Vamos Juntos y con dictamen de la Comisión de Tránsito y Transporte, se considerará una cláusula transitoria en el Código de Tránsito y Transporte para permitir un cronograma extendido de vencimientos para la renovación de los automóviles destinados al servicio de taxis. Se busca paliar los efectos de la crisis afrontada por el sector, con plazos hasta el 2025 para el recambio de vehículos que ya pasaron los 10 años de antigüedad.
También se someterá a votación un proyecto para denominar “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” a la nueva autopista conocida como el Paseo del Bajo, que a su vez empalma hacia el sur, con la autopista a La Plata denominada “Dr. Ricardo Balbín”, y hacia el norte, con la autopista “Presidente Dr. Arturo U. Illia”. La propuesta fue del diputado Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev), con despacho de la Comisión de Cultura.
Otro de los proyectos de ley del diputado Facundo Del Gaiso y otros de VJ, que busca crear el Distrito del Vino y todo lo relacionado a esa actividad en un amplio polígono del barrio Devoto (Comuna 11). Se procura favorecer mediante alicientes fiscales la instalación y el desarrollo de comercios y servicios específicos de la vitivinicultura y sus afines.
La Comisión de Presupuesto analizó la ampliación presupuestaria por un total de 81.764 millones de pesos, los cuales se destinarán al pago de salarios y gastos relacionados con la salud, educación, entre otras cuestiones.
Luego de que Horacio Rodríguez Larreta enviara a la Legislatura porteña el pedido de ampliación presupuestaria, la Comisión de Presupuesto –a cargo del oficialista Claudio Romero (VJ)- se reunió con funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, quienes fundamentaron el proyecto que propone ampliar el Presupuesto general de gastos y recursos del 2021 en 81.764 millones de pesos, equivalente a más del 13% de lo inicialmente pautado.
El pedido de ampliación presupuestaria formulado por Rodríguez Larreta fue justificado “en que la inflación anual superará el cálculo original del 29%, en la necesidad de afrontar los nuevos acuerdos salariales y en los efectos provocados por el recorte de la coparticipación” de recursos impositivos federales.
En la reunión estuvo presente de manera virtual el subsecretario de Hacienda, Gustavo Arengo Piragine, que estuvo secundado por varios directores de su dependencia. “Las proyecciones presupuestarias aprobadas en diciembre pasado se ven afectadas por dos motivos principales: por un lado, la inflación anual superará la cifra proyectada del 29%; por otro lado, tras la aprobación del Presupuesto 2021 para la Ciudad, el 28 de diciembre de 2020 se publicó la Ley Nacional N° 27.606, la cual redujo del 2,32 al 1,4% el coeficiente de coparticipación correspondiente a la Ciudad”, explicó el funcionario.
La modificación presupuestaria solicitada es de 81.764.969.738 de pesos, de los cuales 25.888.999.242 estarán destinados a los acuerdos salariales con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad, se explicó.
Además se prevén mayores recursos impositivos por 66.157 millones y otros 15.524 millones de fuentes financieras. El Presupuesto aprobado originalmente era de 612.643 millones.
El proyecto en tratamiento será debatido en comisión el próximo viernes y si obtiene dictamen favorable podría ser votado en la próxima sesión ordinaria.
El jefe de Gobierno porteño presentó un proyecto de ley, a través del cual buscará obtener esa ampliación para destinar el dinero al pago del salario, la adquisición de insumos médicos, servicios de alimentación para hospitales y escuelas, entre otras cuestiones.
Por primera vez en lo que va del año, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual les solicitará a los diputados que acompañen una ampliación presupuestaria por un total de 81.764.969.738 de pesos.
De esta manera, el texto recientemente presentado propone una ampliación de 25.888.999 de pesos en los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad”, explicó el alcalde local en los fundamentos.
Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto vigente 4.812.677.060 pesos principalmente a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el Sistema de Salud, en función de la mayor demanda como consecuencia de la pandemia, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación, y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.
En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar 15.498.454.31 de pesos en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, la seguridad privada y los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, entre otros.
Por el lado de los bienes de uso, se incluye la ampliación de las erogaciones por 4.348.324.324 de pesos, destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. “Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales y la puesta en valor de establecimientos educativos y del espacio público”, añadió Larreta.
Se contempla, además, el acrecentamiento de las transferencias por 15.691.596.241 de pesos. Estas mayores erogaciones se originan, esencialmente, en la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y el subsidio a la educación de gestión privada, para atender el acuerdo paritario del ejercicio.
Finalmente, en lo que respecta al servicio de la deuda, es necesario dar reflejo presupuestario a un incremento de 15.524.918.561. “Este aumento se origina, por un lado, en mayores erogaciones por intereses, generados por los títulos emitidos conforme la Ley N° 6.385, por la mayor colocación de Letras del Tesoro y por la operación de recompra de títulos en el mercado local. Por otra parte, se incorporan nuevas erogaciones en concepto de amortizaciones, originados en la operación de recompra de títulos con vencimiento original en 2022, efectuada en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local, como parte de la estrategia de administración de pasivos y con el fin de mejorar el perfil de vencimientos a corto plazo de la deuda pública”, sentenció.
Cabe recordar que el proyecto será analizado por la Comisión de Presupuesto, presidida por Claudio Romero (VJ), este miércoles a las 13.30.
El decreto fue publicado este jueves en el Boletín Oficial. Se incrementan los gastos para el pago de salarios, jubilaciones y el proceso electoral, entre otros.
El Gobierno nacional dispuso, a través del DNU 489/21, una modificación al Presupuesto Nacional 2021, de modo de incrementar los gastos para el pago de salarios, jubilaciones y el proceso electoral, entre otros.
En los considerandos del decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo señaló que “resulta necesario incrementar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año”.
Asimismo, argumenta la necesidad de “reforzar los créditos vigentes” destinados a la Auditoría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Agencia Federal de Inteligencia y la Agencia Nacional de Discapacidad.
También, el Gobierno indicó que la modificación presupuestaria será para afrontar “el pago de los haberes de los pensionados y las pensionadas no contributivos y no contributivas”, al tiempo de atender jubilaciones, retiros y pensiones de la Policía Federal.
En otro tramo de los considerandos, se resaltó que “es menester adecuar el presupuesto vigente del Ministerio del Interior con el objeto de atender gastos inherentes al proceso eleccionario del año 2021 y afrontar diversos convenios de asistencia a distintos municipios del país”.
En cuanto al plan de vacunación, se subrayó que “resulta imprescindible autorizar los gastos plurianuales relativos a la adquisición de vacunas contra el Covid-19 en la órbita del Ministerio de Salud y modificar las planillas anexas al artículo 11 de la citada Ley Nº 27.591”.
Entre los Ministerios que se mencionan con ampliación de gastos figuran las carteras de Relaciones Exteriores y Culto; Seguridad; Defensa; Transporte; Educación; Salud; Ambiente y Desarrollo Social.
El Poder Ejecutivo observó dos artículos de la norma. Se prevé un incremento de gastos por casi 1,9 billones de pesos.
El Gobierno nacional promulgó la ampliación del Presupuesto nacional para este año, aprobada por el Senado hace dos semanas, a través del decreto 696/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial.
La Ley 27.561 fue promulgada parcialmente, ya que se observaron dos artículos de la misma, el 17 y el 18.
La ampliación del presupuesto prevé aumentar las erogaciones por 1.859.582.000.000 de pesos, de los cuales el 80% será destinado a programas productivos, laborales y sociales con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.
La proyección total de gastos para 2020 alcanzará los 7,3 billones de pesos; en tanto, esta ampliación se financiará en parte con recursos de recaudación de impuestos -por 642.844 millones de pesos- y el resto con las rentas del Banco Central y uso de fuentes financieras.
Asimismo, se creó un fondo para el transporte del interior del país por un monto de 10.500 millones de pesos; se destinarán 55.324,7 millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social para la asistencia alimentaria; y el presupuesto de la cartera de Desarrollo Productivo se eleva en 215.000 millones de pesos.
Además, se enviarán a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) unos 90.000 millones de pesos para el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y 80.000 millones de pesos para el Programa de Atención de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Por otro lado, la ampliación del Presupuesto prevé un refuerzo de 50.000 millones de pesos para el Programa de Emergencia Financiera Provincial creado en abril, para atender las consecuencias de la pandemia.
También, contempla que se destinará al PAMI la suma de 11.088 millones de pesos, mediante bonos de consolidación, para abonar las deudas pendientes sobre provisión de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales.
En otro orden, se aumenta en 1.625 millones de pesos el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), para brindar líneas de financiamiento a pequeñas y medianas empresas cooperativas; y se giran 8.879 millones de pesos al Poder Legislativo, y 16.800 millones de pesos al Judicial.
Se aumentan en 1.500 millones de pesos el presupuesto del Ministerio de Educación para el programa “Volver a la Escuela”; el de Seguridad en 45.000 millones de pesos; y se crea el Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (Preimba).
En cuanto a los artículos observados, el 17 estableció que las letras del Tesoro Nacional intransferibles en dólares de colocación directa al Banco Central deberán registrarse en sus estados contables a valor técnico.
Por su parte, el artículo 18 reconoce créditos equivalentes a tres veces la factura media mensual del último año de las transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de los agentes distribuidores que presten su servicio en una provincia o poder concedente que haya adherido al mantenimiento tarifario, en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
El proyecto fue sancionado en el Senado por unanimidad. Los gastos se ampliarán en casi 1,9 billones de pesos. La oposición acompañó en general pero criticó aspectos puntuales.
La ampliación presupuestaria por casi 1,9 billones de pesos para afrontar gastos de la emergencia sanitaria fue convertida en ley este jueves en el Senado por 67 votos afirmativos y solo uno negativo, del salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal).
Fue tras un debate donde la oposición cuestionó dos aspectos del proyecto del Poder Ejecutivo, sobre el monto destinado a universidades y la posibilidad de dolarizar deuda en pesos. Con esas objeciones, Juntos por el Cambio rechazó tres artículos, el 7, 8 y 17.
La flamante ley amplía los gastos totales en 1.859.583 millones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI.
Del total de gastos, el 80% corresponde a prestaciones de la seguridad social; subsidios energéticos y de transporte; los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares y AUH; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.
En el caso del IFE y el ATP, medidas implementadas por el Gobierno para paliar el impacto de la pandemia, se destinarán 90.000 y 80.000 millones de pesos, respectivamente.
Desde Juntos por el Cambio, Martín Lousteau advirtió que el artículo que habilita la dolarización de la deuda en pesos “va a permitir que fondos que invirtieron en Argentina en pesos, tratando de aprovechar las tasas de interés o la estabilidad, o supuesta estabilidad del tipo de cambio, accedan de manera privilegiada a bonos en dólares”.
“Le vamos a permitir a los fondos Templeton y PIMCO canjear al tipo de cambio oficial, una gran diferencia varios millones de dólares van a hacer estos fondos gracias a esta cláusula y naturalmente esto puede ser parte de la renegociación de la deuda”, explicó el senador de UCR-Evolución.
En respuesta, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, aclaró que se trata “simplemente de una cuestión de ordenamiento aprovechando que se ha terminado el canje de la deuda. En estas circunstancias se impone la necesidad de diseñar una medida que permita sanear la composición de los participantes del mercado de deuda pública en pesos, propiciando la salida ordenada de estos inversores externos con comportamientos disruptivos”.
A su vez, el oficialista Oscar Parrilli explicó que “los 1.500 millones de dólares que se pasan de pesos a dólares son el remanente de más de 12.000 millones de dólares que ingresaron en su momento producto del arreglo con los holdouts y la lluvia de inversiones, que en realidad eran inversiones puramente especulativas, que venían en pesos, tenían un alto rendimiento de interés en pesos, se transformaban en dólares y luego se llevaban rentabilidad en dólar excedente, producto de una política equivocada del anterior gobierno de la liberalización total y la ausencia de controles de capitales”.
En cuanto a las universidades, Lousteau cuestionó que recibirán con la ampliación presupuestaria 197.000 millones de pesos, “esto es, 17.500 millones de pesos menos en funcionamiento que lo que reclamaba el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en agosto del año pasado con el gobierno anterior”.
“Insisto: están 17.500 millones de pesos abajo de lo que pedía el año pasado, mientras le damos miles de millones de pesos a Templeton y PIMCO. Esto es muy importante cuando tenemos hospitales y laboratorios universitarios en la lucha con el Covid”, alertó el senador.
Caserio le respondió que “el incremento a las universidades supera el 35%, superior a la inflación, cosa que creo que en el gobierno de Mauricio Macri nunca se hizo, y lo estamos haciendo en un momento de emergencia. No hay que olvidarse que el Presupuesto para el año que viene va a venir el 15 de septiembre, y superada la crisis que nos dejaron y la crisis de la pandemia, seguramente vamos a encaminarnos hacia un Presupuesto más ordenado”.
El jefe del bloque oficialista, José Mayans, retomó el tema al cierre del debate y apuntó al Presupuesto 2019, que fue sancionado durante la gestión anterior y es el que rige actualmente y que se amplía con esta ley.
Mayans recordó que en ese Presupuesto se preveía “una inflación del 23%” que “terminó en un 57%”, por lo que “hubo un error muy grueso de cálculo”, y a su vez se proyectaba un crecimiento del 2,8% del PBI y “cayó brutalmente”, y finalmente se calculaba un dólar a 40 pesos, algo que “se cayó a pedazos”.
“En un Presupuesto que tiene este tipo de diferencias, esto es algo que hace increíble a un equipo económico y hace imposible la creación de cualquier programa económico”, consideró el formoseño, y señaló que ahora “es muy importante salvar la situación del año 2020 y luego ver la forma de conseguir achicar el déficit que tenemos”.
Según el senador, “hay que determinar cuánto se va a destinar para el Presupuesto de la deuda. El trabajo es llevar a la Argentina a un esquema de deuda sostenible y resuelto esto buscar la forma de equilibrar las cuentas del sector público”.
Entre otros aspectos destacados de la ampliación presupuestaria, se incorporaron 10.500 millones de pesos para el Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros. Los recursos serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.
Además, se contemplan asignaciones al Ministerio de Educación por 1.500 millones de pesos para la iniciativa “Volver a la Escuela”, que apunta a garantizar el regreso seguro a las aulas; y 215,5 millones al Ministerio de Salud, para la adquisición de insumos para mitigar la pandemia, entre otras partidas.
Tras la exposición del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, los senadores pasaron a la firma el proyecto, que se trataría este jueves en sesión. La iniciativa amplía los gastos por un monto de 1,9 billones de pesos.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado avanzó este martes con el dictamen del proyecto de ampliación presupuestaria, enviado por el Poder Ejecutivo, en el cual se prevé un aumento de gastos por un monto de 1,9 billones de pesos.
La iniciativa se trataría en sesión este jueves, de modo que para su habilitamiento sobre tablas se deberá contar con los dos tercios de los votos.
Tras la exposición del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, señaló que la ampliación representa un 17% del total. “La presencia de la pandemia alteró todo el esquema económico en cuanto a la recaudación y el gasto”, dijo, en consonancia con las palabras del funcionario.
El formoseño agregó que “hay un impacto fuerte en la economía nacional y hay provincias que tienen problemas por verse afectada su economía y por el endeudamiento en dólares”. “Estamos en condiciones de respaldar esta modificación presupuestaria que es absolutamente racional. Es un año altamente difícil para todos, y para el sector público y privado”, completó.
A su turno, el vicepresidente de la comisión, el macrista Esteban Bullrich, se quejó de que “no estando más la excusa de la negociación de deuda” no asista a la comisión el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Además, el legislador rechazó los números aportados por Rigo sobre la gestión anterior y enfatizó que, en esa información, “para la comparación del déficit de 2015 a 2019 no se toman las consideraciones que se toman para el 2020”.
“Coincidimos en la urgencia del tema”, aseguró sobre el proyecto, aunque alertó por “un ajuste de 8 mil millones de pesos que nos preocupa” a las universidades públicas. “Es casi la deuda que le estamos perdonando a Cristóbal López” en el proyecto de moratoria, consideró. Asimismo, se manifestó en contra de la dolarización de la deuda en pesos sin límites.
Por su parte, el radical Víctor Zimmermann consultó al secretario sobre los criterios de distribución de distintos recursos destinados a las provincias, mientras que el puntano Claudio Poggi preguntó si el financiamiento del Banco Central al Estado es “mediante utilidades o activos que le presta al Tesoro”.
También consultó la tucumana Silvia Elías de Pérez, quien señaló que “el incremento del déficit se financia en un 80% con emisión monetaria” y advirtió que “ya se estaría llegando al máximo de lo que ley permite”.
A su turno, el radical Martín Lousteau remarcó que el rubro de universidades es “de los que menos aumento tienen” y “el déficit que tienen las universidades es cerca de 20 mil millones de pesos”. Respecto a las transferencias a provincias, dijo: “Es cierto que los ATN y otros rubros han sido distribuidos de manera similiar a la Coparticipación, pero en la asistencia financiera 9 de cada 10 pesos se los está llevando la provincia de Buenos Aires”.
Las respuestas de Rigo
En cuanto a la dolarización de deuda en pesos, el secretario de Hacienda sostuvo que “el mercado de deuda doméstica está conformado por numerosos actores, algunos de los cuales han mostrado aspectos no colaborativos” y son éstos los que “expresan una demanda por un bien que es escaso en Argentina, como son los dólares”.
Rigo indicó que el artículo 7 “sí tiene un límite de 1.500 millones de dólares”, que los tenedores podrán suscribir y “esa suscripción se va a hacer a través de licitaciones mediante subastas”. “El Gobierno entiende que esto es una buena alternativa”, defendió.
Bullrich intervino nuevamente y manifestó que entendía “la importancia de la herramienta para resolver el problema; en su momento la sugerimos como una salida y la oposición no la aceptó”. “La pregunta es, ¿por qué no tiene un límite del precio de bono?”, consultó, a lo que el funcionario contestó: “Las condiciones de igualdad (entre tenedores) van a estar garantizadas, por eso no existe un límite en el precio”.
“Sin ánimos de polemizar, el 2019 cerró con un crédito ejecutado de 147 mil millones de pesos” para las universidades, apuntó el secretario, y afirmó que este año los recursos serán de “195 mil millones de pesos, es decir un crecimiento del 33% interanual, que está bastante en línea con la inflación”.
Sobre los criterios de asignación de los distintos fondos destinados a provincias, argumentó que “hay criterios ya existentes, propios de cada caso, con autoridades de aplicación ya definidas”.
En referencia al financiamiento del déficit, Rigo precisó que el Estado “viene recibiendo financiamiento del Banco Central; estamos recibiendo adelantos transitorios. Son préstamos al Tesoro, que tienen vencimiento de 12 a 18 meses”. En tanto, “las utilidades están establecidas en el balance del Banco Central”. “Los montos que están consignados en el proyecto de ley están en consonancia con los límites que están establecidos en las utilidades y los adelantos transitorios”, aclaró.
Finalmente, el presidente de la comisión, el cordobés Carlos Caserio, opinó que “no hay muchas alternativas: la pandemia ha cambiado la economía del mundo. El Estado Nacional no podría seguir funcionando sin esta ampliación presupuestaria”.
El secretario de Hacienda informó en el Senado que la asistencia del Estado Nacional se realizó mediante ATN y préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. En tanto, la ampliación presupuestaria prevé recursos por 50 mil millones de pesos, afirmó.
El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, se presentó este martes ante la Comisión de Presupuesto del Senado, donde defendió el proyecto de ampliación presupuestaria, que el oficialismo buscará convertir en ley esta semana.
En una exposición inicial que se extendió más de una hora, el funcionario repasó cifras de la gestión anterior y justificó la falta del envío del Presupuesto 2020. “La situación económica al final del año 2019 era una situación delicada; la economía presentaba una serie de desequilibrios producto de algunas medidas económicas que no impactaron positivamente”.
“Los indicadores demostraban verdaderos desequilibrios financieros, monetarios y reales”, señaló y resaltó que aunque “las cuentas públicas mostraron un perfil de disminución del déficit primario y del déficit financiero”, ese resultado “mostraba un perfil bastante inestable”.
Por eso, insistió que “resultaba muy complejo en el contexto fiscal de diciembre de 2019 poder hacer proyecciones con certeza o seguridad respecto del desenvolvimiento de las principales variables macroeconómicas”, sumado al “problema de la deuda y las restricciones para el acceso al mercado de capitales”.
Rigo defendió que las primeras medidas económicas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández buscaron “recomponer el poder adquisitivo de la sociedad” y “tranquilizar la economía”.
En referencia a la aparición de la pandemia, el secretario de Hacienda subrayó que “todos los países sufrieron consecuencias” porque “todo se desplomó” y hubo un “impacto económico a nivel planetario”. “La pandemia produjo un empeoramiento de los principales indicadores fiscales”, agregó.
En ese sentido, detalló que “durante el primer semestre” de 2020, es decir, hasta el 30 de junio, el déficit primario “trepó al 3,3% del PIB”. “A partir de febrero-marzo la recaudación se desplomó, y a partir de ese mismo período los gastos treparon”, expresó.
El funcionario sostuvo que “los gastos treparon para atender las políticas de asistencia y de fortalecimiento sanitario”, tales como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), distintos programas del Ministerio de Desarrollo Productivo, etc..
Con respecto a la asistencia a las provincias, Rigo dijo que “desde el Estado Nacional se ha hecho un esfuerzo importante para tratar de compensar la pérdida de recursos de origen nacional sufrida por las provincias en el marco de la emergencia por Covid-19”, la cual alcanzó los “160 mil millones de pesos”.
Sobre esto, informó que la compensación se realizó a través de los ATN y también de préstamos mediante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. “Tenemos pendiente de distribuir 20 mil millones de ATN” y “18.200 mil millones” en diferentes créditos.
“Sin considerar que este proyecto de ley prevé la ampliación de los fondos por 50 mil millones de pesos para continuar con esta política de asistencia”, añadió.
El secretario de Hacienda afirmó: “Necesitamos contar con la aprobación de la ampliación presupuestaria para continuar con la ejecución de todas las políticas de contención económica, sanitaria y de promoción”.
Ya en el tramo final de su presentación, detalló que la ampliación presupuestaria “propone incrementar los gastos en prácticamente 1,9 billones de pesos”, de los cuales el 80% de las partidas están distribuidas en prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.
“IFE y ATP se llevan 170 mil millones de pesos. Gran parte de lo que se ha concedido ya está en el presupuesto vigente”, apuntó, pero aclaró que este monto es para cubrir “los períodos que se proponen continuar” con la asistencia.
La iniciativa del Gobierno prevé un aumento de gastos por 1.859.583 millones de pesos. El texto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, se debatirá este martes desde las 11.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside el cordobés Carlos Caserio (FdT), tratará este martes desde las 11 el proyecto de ley de ampliación presupuestaria, en el se prevé un aumento de gastos por 1.859.583 millones de pesos, cifra equivalente al 6,5% del PBI.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, recibió media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, donde obtuvo 228 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones.
El 80% de las partidas estarán destinadas a prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.
Por pedido de la oposición, en la Cámara baja el oficialismo aceptó incorporar 10.500 millones de pesos para el Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros. Los recursos serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.
Además, el Frente de Todos avanzó con la eliminación de la suba del 10,5% del IVA para la leche común, como así también la rebaja del 21% del IVA al 10,5% para las leches aditivadas, un punto que había despertado polémica y rechazo.
No obstante, el oficialismo sí avanzó con una medida criticada por la oposición, referida a la posibilidad de que tenedores de bonos pueda dolarizar deuda en pesos.
La legisladora nacional del partido por la Justicia Social acompañó al proyecto de ampliación de Presupuesto del Ejecutivo, pero reclamó una distribución más justa de los recursos municipales.
La diputada nacional del partido por la Justicia Social Beatriz Ávila manifestó su acompañamiento del proyecto de ampliación de Presupuesto del Ejecutivo, pero reclamó la implementación de una distribución más equitativa de los recursos entre los municipios. Además, expresó sus reparos ante la posibilidad de pasar deuda en pesos a dólares.
En su intervención por el proyecto de ampliación presupuestaria, la legisladora manifestó su acompañamiento en general al proyecto “requerido por el Gobierno nacional, sino también por los gobernadores, los intendentes, por el impacto que ha tenido la crisis y la pandemia, y también por el área de salud”.
Aunque le reclamó al Gobierno nacional que “debería ser mucho más equitativo en la distribución de los recursos para las provincias y los municipios”, y dio como ejemplo al municipio de San Miguel de Tucumán, que “no ha recibido ninguna ayuda económica nacional desde que este Gobierno se hizo cargo, a pesar de la crisis, de la recesión, y desde marzo la pandemia incluida”. En este sentido, retomó el reclamo del diputado Romero, e indicó que está convencida de que “también sucede en otros municipios pequeños a lo largo y ancho del país, y creo que esta inequidad hay que corregirla”.
La legisladora advirtió la importancia de crear un programa de emergencia municipal, ya que “los municipios, dentro de la sociedad, son la primera trinchera, y para cumplir el régimen municipal, deben contar con los recursos necesarios”.
Asimismo, se refirió a los reclamos por más recursos de legisladores de la provincia de Buenos Aires, e indicó que “si somos verdaderamente un país federal esta ayuda debe ser para todos los municipios sin excepción, no solamente para la provincia de Buenos Aires. Ya bastante el interior tiene inequidades con la distribución de los subsidios de transporte entre el AMBA y el interior, ya bastante tenemos el interior con la asimetría con el costo de la energía, y creo que esto también debemos subsanarlos”.
Por otro lado, anunció que no acompañará los artículos 7 y 8: “Pasar deuda de pesos a dólares nos hace mucho ruido. Me parece que eso es inadmisible, cuando tenemos que recuperar la credibilidad del peso, y tampoco se puede favorecer este tipo de medidas arbitrarias que alienten la inseguridad jurídica”.
El radical Alejandro Cacace advirtió que se buscaba excluir a la empresa de la “órbita de control de la AGN”. Finalmente el oficialismo cambió la redacción.
Durante el debate de la ampliación presupuestaria, el diputado radical Alejandro Cacace advirtió que en el proyecto se había incorporado un artículo “que no fue discutido en comisión” y tiene como objetivo excluir de la “órbita de control de la AGN” a Aerolíneas Argentinas.
“El artículo dice que no será aplicable a Aerolíneas Argentinas el control a las empresas con participación del Estado”, señaló, y recordó que esa redacción “es la misma que se incluyó en la ley de expropiación de YPF”, y que se intentó imponer sin éxito en el Presupuesto 2016.
El puntano alertó entonces que se estaría introduciendo “una cláusula que es inconstitucional”.
Tras su discurso, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, quien dijo que “desconocía que había una polémica alrededor de esto”, leyó una nota enviada por el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.
En la misiva, el presidente de la compañía sostuvo: “Se supone que hay una discusión alrededor de que el Gobierno quisiera sacar del control de AGN a Aerolíneas Argentinas, nada más alejado de la realidad, nada tiene que ver ni con el dictamen ni con la decisión de la compañía”.
“Hemos acordado el plan de auditoría y balance para todo este año, y para el año siguiente, a pesar de que en el año anterior no se hizo nada. Además de la certificación de fondos que se transfieren, le mando la nota original del pedido de la AGN para que nos auditen, por si algún diputado pregunta”, agregó Ceriani.
Más tarde, durante la votación en particular, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, mencionó el planteo realizado de que “se pretendía burlar el control de la AGN y que ese era el propósito de este artículo”. “De ninguna manera es ese el espíritu”, afirmó y leyó una nueva versión del artículo 17, a los fines de “lograr un acuerdo”.
Finalmente, Cacace expresó: “Siendo que esta redacción que propone ahora el presidente de la comisión elimina aquellas frases que excluían del control de la AGN, en el caso de Aerolíneas, y siendo que ha dejado a salvo las facultades constitucionales de este organismo, nosotros aceptamos esta redacción y la acompañamos”.
Además, votaron en contra del proyecto el macrista Luis Juez y los diputados de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá. Todos los nombres.
El proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Poder Ejecutivo fue aprobado en la Cámara de Diputados este martes por una amplia mayoría. Sin embargo, hubo un puñado de legisladores que rechazaron la iniciativa, mientras que más de una docena optó por la abstención.
Los nueve votos en contra fueron de los radicales Carla Carrizo, Álvaro de Lamadrid, Jimena Latorre, Dolores Martínez, Luis Petri y Emiliano Yacobitti. Este último aclaró durante el debate que el sentido de su voto se debía a que “este presupuesto tiene un ajuste en los gastos de funcionamiento de casi el 80 por ciento para todo el sistema de universidades públicas”.
“No puedo acompañar un presupuesto que tenga este déficit en el sistema de educación superior”, insistió el porteño, que además pidió darle “las herramientas necesarias al ministro de Educación (Nicolás Trotta)”.
Los votos negativos también fueron del macrista cordobés Luis Juez, y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.
En tanto, se registraron 16 abstenciones de los diputados Héctor Baldassi y Omar De Marchi, del bloque Pro; y de toda la bancada de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Javier Campos, Laura Castets, Maximiliano Ferraro, Héctor “Toty” Flores, Mónica Frade, Lucila Lehmann, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman, Alicia Terada y Mariana Zuvic.
En la votación en general, la iniciativa recibió 228 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones. El proyecto deberá ser tratado ahora en el Senado.
Por Melisa Jofré
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado el proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Gobierno nacional. La oposición acompañó al oficialismo en la votación en general de la iniciativa, que resultó con 228 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones.
La modificación del Presupuesto, fundada en el marco de la pandemia de Covid-19, estima un aumento de gastos por 1.859.583 millones de pesos, equivalente al 6,5% del PBI. De este monto, el 80% se origina principalmente en las prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.
Tras pedidos de distintos bloques, el Frente de Todos aceptó modificaciones al texto original. Entre ellos -y tras una reunión de diputados oficialistas con el ministro de Economía, Martín Guzmán-, se eliminó la suba del 10,5% del IVA para la leche común, como así también la rebaja del 21% del IVA al 10,5% para las leches aditivadas, un punto que había despertado polémica.
Otro de los cambios fue la incorporación de 10.500 millones de pesos para el Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros. Los recursos serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.
Una cuestión que el oficialismo no aceptó eliminar fueron los artículos 7 y 8, referidos a la posibilidad de que tenedores puedan dolarizar deuda en pesos. En la votación en particular, el 7 se aprobó con 129 votos afirmativos, 125 negativos y 0 abstenciones; y el 8 con 129 afirmativos, 123 negativos y 0 abstenciones.
Acompañaron al Frente de Todos en esta votación los diputados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón, Pablo Ansaloni, Luis Di Giacomo, Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach; los legisladores de Córdoba Federal Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo; el justicialista Andrés Zottos y la neuquina Alma Sapag.
De acuerdo al proyecto, se destinarán 90.000 millones de pesos para cubrir el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y otros 80.000 millones para el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), medidas de asistencia implementadas en medio del parate económico provocado por la emergencia sanitaria.
Además, se contemplan asignaciones al Ministerio de Educación por 1.500 millones de pesos a la iniciativa “Volver a la Escuela”, que apunta a garantizar el regreso seguro a las aulas; y 215,5 millones de pesos al Ministerio de Salud, para la adquisición de insumos para mitigar la pandemia; entre otras partidas.
El debate
Abrió el debate el miembro informante del oficialismo, Carlos Heller, quien destacó que “una parte sustancial” de la ampliación -el 80%- “se corresponde con la agenda de contención y reactivación contra los efectos de la pandemia”.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda enumeró las modificaciones que se realizaron en el proyecto original, a pedido de la oposición, tales como 10.500 millones de pesos para subsidios al transporte en el interior; 300 millones de pesos destinados al Hospital Posadas; y la eliminación del 10,5% del IVA para la leche común, entre otros.
Además, señaló que se incorporó un artículo para que “el subsidio destinado a Cammesa se distribuya de una manera más equitativa y llegue tanto a los generadores como a los distribuidores de energía”; y otro que “aclara el régimen legal que regula la actividad de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas”.
También, el oficialista precisó facultades otorgadas al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para efectuar modificaciones presupuestarias en tres situaciones en particular (programa Intercosecha, un plan de cloacas en General Roca y el cumplimiento de las condenas firmes a favor de la provincia de San Luis); y explicó y defendió el artículo referido a la posibilidad de dolarizar deuda en pesos.
En tanto, la legisladora Lucía Corpacci justificó que a raíz de la pandemia, el Gobierno “tuvo que salir a comprar equipamiento para todos los hospitales, ropa de trabajo, invertir sumas inmensas en infraestructura sanitaria” y “salir a atender situaciones críticas de la población más vulnerable”.
Asimismo, “empezar a sostener también nuestra industria nacional, nuestras PyMEs, y por eso es que se destinaron fondos para el IFE, el ATP”. “El Gobierno ha demostrado claramente los esfuerzos que hace para lograr la estabilidad social”, ponderó la catamarqueña.
A su turno, el macrista Luciano Laspina anticipó el voto a favor -en general- de Juntos por el Cambio y sostuvo: “No estamos dispuestos a evitar que el Gobierno cuente con las herramientas que necesita para enfrentar la pandemia y, sobre todo, para que los argentinos no pasen hambre y las empresas no quiebren”.
No obstante, el santafesino advirtió que con esta ampliación el déficit fiscal escalará a 42 mil millones de dólares y criticó que el Gobierno no haya contemplado “ninguna medida de austeridad”. También dijo que “un programa de gastos no es un plan económico”, y reclamó que “hace falta esa discusión”.
Anticipando el rechazo a los artículos 7 y 8, el legislador cuestionó que no se le ponga “ningún tipo de restricción a la posibilidad de tomar a valor técnico algo que a valor de mercado vale mucho menos”, y se logre la creación de “un mecanismo para la salida elegante de los fondos PIMCO y Templeton”, cuando “no merecen un trato diferencial”.
En su intervención, el radical Luis Pastori solicitó que se tenga en cuenta la distribución proporcional de las partidas destinadas a las universidades públicas, a fin de evitar “la discrecionalidad” y porque la forma en que estaba planteado había “generado mucha incertidumbre”. Más tarde, Heller aclaró que se hizo lugar a ese cambio.
Por el bloque Córdoba Federal, Paulo Cassinerio detalló que “antes que comience el aislamiento obligatorio, un colectivo que funcionaba en el Área Metropolitana tenía un aporte mensual de 382 mil pesos por parte del Estado Nacional; mientras que para un ómnibus en el interior el aporte del Estado Nacional era de 132 mil pesos”.
Si bien celebró el aumento para los subsidios al transporte del interior, el legislador alertó que “sigue la misma lógica distributiva”, donde “el 71% del dinero queda en el AMBA y el 29% es para las provincias”.
“Acompañamos plenamente esta ampliación del presupuesto”, dijo Jorge Sarghini y expresó que “el aumento del gasto tiene que ver con una necesidad que acompañamos, de un Estado presente”. Sin embargo, el diputado de Consenso Federal afirmó que el artículo 7 “pone una suerte de nube negra en el Presupuesto”.
Sobre esto, el bonaerense manifestó que este punto “dispone de un privilegio, porque dolariza en pesos” y, además, “determina la excepción al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que plantea tres condiciones” respecto a las operaciones de crédito público.
En contra de la iniciativa, el diputado Nicolás Del Caño (PTS-FIT) criticó que el Gobierno haya subordinado “todo su plan económico al acuerdo con los especuladores, con los acreedores externos de la deuda argentina, una deuda completamente fraudulenta”. “Estamos debatiendo una ampliación sobre la base del Presupuesto 2019, es decir, del ajuste diseñado por el macrismo, que inclusive la por entonces oposición del Frente para la Victoria votó en contra”, resaltó.
En el mismo sentido, su par Romina Del Plá (PO-FIT) recordó que “el Presupuesto que estaba vigente es el Presupuesto votado en noviembre de 2018 de ajuste macrista, con el cual sigue gobernando este Gobierno que dijo que iba a cambiar la orientación económica”. “Por eso le quiero decir al diputado Laspina que no se preocupe: el ajuste está presente en todo este proyecto”, lanzó.
Hacia el cierre, tras un debate de cuatro horas, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, pidió que se incorpore 5.000 millones de pesos para un fondo de infraestructura municipal para la provincia de Buenos Aires. “Cuando la pobreza pega, en nuestra provincia pega más; cuando hay desocupación, en nuestra provincia pega más”, sostuvo y consideró que el distrito más grande del país necesita “reactivarse rápidamente”. La propuesta fue aceptada por el oficialismo y aprobada a mano alzada durante la votación en particular.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda afirmó que se trata de “una buena medida” aunque “parezca una contradicción”.
Al comienzo de la sesión de este martes, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, explicó y defendió el artículo 7 del proyecto de ampliación presupuestaria, que permite dolarizar deuda a acreedores con bonos en pesos, y es rechazado desde la oposición.
El miembro informante del oficialismo sostuvo: “Los que nos dicen que esta desdolarización es inaceptable lo que no tienen en cuenta es que el Gobierno viene cajeando, en lo que va de este año, títulos en dólares por títulos en pesos por un total de 7.839 millones de dólares”. “En el primer trimestre de este año se logró refinanciar el 61%”, añadió.
El legislador del Frente de Todos resaltó que “la estrategia consiste en hacer licitaciones programadas para que titulares de bonos en pesos puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera” y “es una operación abierta para todos los propietarios de títulos en pesos”.
Además, el diputado enfatizó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le transmitió a la bancada que preside Máximo Kirchner que este era un tema que quería “fuera adecuadamente entendido”.
“Se trata de una subasta por un monto fijo”, expresó y detalló, tal cual dice la iniciativa, que es por 1.500 millones de dólares. “Los que entrarían en este canje recibirían un bono en dólares que comenzaría a vencer en 2025, el más corto; y el más largo sería del 2028 al 2037”, continuó.
En ese sentido, destacó que “en los primeros cinco años nadie cobraría absolutamente nada”. “Creemos que se trata de una buena medida, que ayuda, aunque parezca una contradicción, al objetivo de ordenar la deuda y eso está más claro hoy en el ámbito del acuerdo que se ha llegado con los acreedores externos”, señaló.
“Nos parece que debemos dotar al Ministerio de Economía porque las intenciones y los objetivos están claros”, manifestó y completó que, desde la cartera que dirige Guzmán, se busca “seguir avanzando en este proceso de normalización para convertir en sostenible el estado insostenible que tenía el endeudamiento” en Argentina.
Es porque el proyecto de ampliación presupuestaria el control y seguimiento legislativo sobre la distribución del monto total en las universidades.
El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, cuestionó duramente el proyecto de actualización del presupuesto universitario que el Poder Ejecutivo nacional elevó al Congreso por considerar que “lesiona el principio básico de la autonomía universitaria porque aumenta la discrecionalidad en la distribución de recursos”.
Las universidades públicas mantuvieron las partidas presupuestarias del año 2019, ya que se prorrogó el presupuesto de ese año para el período 2020, pero en el Congreso tratan este martes una reforma a ese presupuesto que supone una ampliación de partidas en todas las áreas. Pero ese proyecto elimina un instrumento de control y seguimiento por parte del Poder Legislativo de cómo se distribuye el monto total entre las distintas universidades.
“Esto deja a criterio del Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, la decisión de cómo se va a distribuir el presupuesto, lo cual coloca a las universidades en una situación crítica, porque dependerá de la voluntad política del gobierno la asignación de fondos, lo cual daña gravemente la autonomía universitaria”, explicó Abad.
Frente a ello, la Fundación Alem, referentes políticos, organismos universitarios, legisladores y miembros de la academia solicitan que se restablezca el procedimiento de distribución que se tenía hasta ahora, a través de una planilla anexa al presupuesto que era tratada en el Congreso y así “evitar discrecionalidad en el manejo de los fondos por parte del Ejecutivo y mejorar la posición de nuestras universidades nacionales”, sostuvieron en un comunicado.
“Atentar contra la autonomía de las universidades no un buen punto de partida para el desafío que tenemos en nuestro país, que es generar un debate de fondo sobre la educación pública y su rol en la construcción de nuestro futuro. En vez de estar pensando en eso, estamos denunciando un retroceso a partir del avance del poder político sobre las universidades. Este no es el camino para pensar seriamente en el porvenir de nuestra educación”, concluyó Abad.
Tras una reunión por videoconferencia, el ministro Martín Guzmán y el bloque de diputados del Frente de Todos acordaron dejar esa discusión para más adelante. La reforma había sido criticada por la oposición.
La suba del IVA al 10,5% para la leche común, que había despertado críticas de la oposición, finalmente será eliminada del proyecto de ley de ampliación presupuestaria que recibió dictamen favorable el jueves pasado y se tratará este martes en sesión de la Cámara de Diputados.
Tras una reunión por videoconferencia, el ministro de Economía, Martín Guzmán y el bloque de diputados del Frente de Todos acordaron dejar para más adelante la discusión sobre esa reforma, como así también la rebaja del IVA del 21% al 10,5% para le leche aditivada.
“Acordamos eliminar del Presupuesto la modificación al IVA en relación a lácteos. Las medidas impositivas se tratarán en otras normas”, informó el diputado Marcelo Casaretto, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En el mismo sentido, Itai Hagman, también integrante de esa comisión, confirmó: “Acordamos dejar las discusiones vinculadas a cuestiones tributarias a un debate profundo que se dará con el próximo Presupuesto. Una reforma tributaria integral que la argentina necesita hace mucho tiempo. La medida puntual del IVA y la leche quedará para ese momento”.
Si bien el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, había negado que el IVA del 10,5% sobre la leche tenga un impacto en el precio del producto, desde la oposición reclamaban no avanzar con esa modificación, y finalmente el Frente de Todos cedió.
La decisión se tomó en una reunión virtual donde Guzmán explicó a los legisladores del bloque presidido por Máximo Kirchner los alcances del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda externa bajo legislación argentina, que obtendría dictamen este mismo lunes en un plenario de comisiones.
La Cámara baja sesionará desde las 15. La ampliación presupuestaria, que ya cuenta con dictamen, quedó para la semana que viene.
Por primera vez en mucho tiempo, la Cámara de Diputados sesionará un viernes. Será para aprobar dos proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19: la moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo, y una reforma al proceso de concursos y quiebras.
La sesión virtual fue convocada para las 15 y quedó afuera del temario el proyecto de ampliación presupuestaria, que a pesar de haber conseguido dictamen favorable se tratará la semana próxima en una nueva sesión.
El proyecto de moratoria apunta a ampliar el régimen actualmente vigente con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando a todos los contribuyentes -tanto personas humanas como jurídicas- y apuntando a regularizar una deuda total de 534.000 millones de pesos, según datos de la AFIP.
La iniciativa establece que se podrán regularizar deudas contraídas hasta el 30 de junio, se podrá adherir al régimen hasta el mes de octubre y los primeros pagos serán a mediados de noviembre, con un plan que llega hasta 120 cuotas.
Juntos por el Cambio se opuso en la Comisión de Presupuesto el dictamen del oficialismo, en rechazo a la decisión de incorporar a empresas en proceso de quiebra y a la posibilidad de incluir el impuesto al juego y a los combustibles. El interbloque presidido por Mario Negri denunció una “amnistía” para OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Souza.
Sin embargo, el oficialismo avanzó con el proyecto, con el acompañamiento de representantes del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que espera reunir los votos para aprobar la iniciativa en el recinto y girarla al Senado.
Por otra parte, se tratará en la sesión la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de diciembre de 2020. El tema se discutirá previamente, a las 11, en la Comisión de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), donde la aspiración es lograr una redacción unificada entre múltiples proyectos.
El oficialismo incorporó $9.500 millones adicionales que serán transferidos a las provincias para compensar pérdidas en el transporte. Se mantiene el IVA del 10,5% a la leche y la dolarización de deuda en pesos.
Con algunas modificaciones respecto del proyecto original, el Frente de Todos se alzó este jueves con el dictamen favorable de la ampliación presupuestaria, que será debatida este viernes en sesión especial de la Cámara de Diputados.
Con 27 firmas, la iniciativa fue avalada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en una breve reunión donde el presidente, Carlos Heller, repasó los cambios introducidos, aunque aclaró que se mantendrá tanto la suba del IVA a la leche común como la dolarización de la deuda en pesos.
Esos eran dos de los puntos más criticados por Juntos por el Cambio, que se inclinó por el rechazo, mientras que el misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia) acompañó el dictamen y el schiarettista Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) firmó en disidencia.
La principal modificación consistió en asignar al Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros la suma de 9.500 millones de pesos, que serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.
A su vez, se asignarán 300 millones de pesos al Hospital Posadas “para complementar la cobertura de sus necesidades operativas”, puntualizó Heller, y agregó que el jefe de Gabinete estará facultado para reasignar partidas con el fin de cumplir con estas modificaciones.
En nombre de Juntos por el Cambio, José Cano, titular de la Comisión de Transporte, consideró insuficientes los 9.500 millones adicionales que se otorgarán hasta fin de año, al considerar que “no se contempla la caída de recaudación de las empresas” por la merma de pasajeros producto de la pandemia.
Sin embargo, Heller explicó: “Todos somos conscientes de que todo va a ser insuficiente. Le estamos sacando jugo a las piedras para tratar de resolver la situación”.
El diputado reconoció que “es comprensible” el planteo de la oposición, pero advirtió que “podríamos hacer una lista interminable de necesidades a cubrir”, aunque no descartó que el Gobierno acepte nuevas modificaciones de aquí a la sesión.
Respecto del IVA en la leche común -cuyo gravamen pasará de 0% a 10,5%-, Heller reiteró el informe oficial que explica que esa reforma “no debería tener un efecto en el precio final de la góndola ya que los comerciantes deberían dejar de cargar como costo el crédito fiscal que no podían descargar por la excepción del IVA en la venta al consumidor final”.
Por eso, el oficialismo decidió mantener esa propuesta, como así también la posibilidad de dolarizar la deuda en pesos.
En ese sentido, el titular de la comisión indicó que se busca “normalizar una anormalidad preexistente” y que “los nuevos títulos que se están ofreciendo son por una pequeña porción de la cartera”.
“Los tenedores son gente que entró en la época de las Lebac a hacer calesita; no eran inversores genuinos, sino que venían a hacer especulación financiera”, justificó el legislador, y remarcó la posibilidad de que esos tenedores “que hoy ejercen una gran presión en el contado con liqui encuentren una solución razonable” con “títulos que vencen en 2030”.
Por otra parte, el oficialismo modificó el artículo cuarto del proyecto, que contempla una asignación de 7.100 millones de pesos para La Rioja y 340 millones para los municipios de esa provincia.
De ese último monto, 170 millones se destinarán a la ciudad de La Rioja y el monto restante se repartirá entre el resto de los municipios según un determinado criterio.
La ampliación presupuestaria será por un monto de 1.859.583 millones de pesos, un aumento de gastos equivalente al 6,5% del PBI.
De este monto, el 80% se origina principalmente en las prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares y AUH.
Si se sanciona la ley de ampliación, el incremento de recursos (corrientes y de capital) será del 17,2%, y el de los gastos será del 33,6%. A su vez, habrá un crecimiento del 53,9% en las transferencias corrientes y del 41,6% en los gastos de capital.
Luego de postergar ayer la firma del mismo, trata de consensuar posiciones para conseguir llevar al recinto el proyecto este viernes.
Luego de que este miércoles pasara a un cuarto intermedio, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados buscará a partir de las 14.30 los acuerdos suficientes para poder firmar el dictamen que permita el tratamiento del proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Gobierno, que el oficialismo aspira a aprobar en el recinto este viernes.
Tras un debate de tres horas, donde hubo pedidos de la oposición e incluso el oficialismo para incorporar modificaciones a la iniciativa, el presidente de la comisión, Carlos Heller, propuso el miércoles postergar la firma del despacho 24 horas más.
“Tendría la aspiración que tengamos un dictamen único”, dijo y apostó por tratar de “ver qué cosas de las que aquí se han planteado pueden tener solución o acuerdo, o encontrar un punto intermedio”.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pasó un cuarto intermedio hasta este jueves a las 14.30, antes de la visita del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El oficialismo quiere aprobarlo en sesión el viernes.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio para este jueves a las 14.30, antes de la visita del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. De esta manera se retrasó el dictamen del proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Gobierno, que el oficialismo aspira a aprobar en el recinto el próximo viernes.
Tras un debate de tres horas, donde hubo pedidos de la oposición e incluso el oficialismo para incorporar modificaciones a la iniciativa, el presidente de la comisión, Carlos Heller, propuso postergar la firma del despacho 24 horas más.
“Tendría la aspiración que tengamos un dictamen único”, dijo y apostó por tratar de “ver qué cosas de las que aquí se han planteado pueden tener solución o acuerdo, o encontrar un punto intermedio”.
Al comienzo de la reunión, Heller defendió los cambios en el IVA respecto a la leche y detalló que la ampliación es por un monto de “1.859.583 millones de pesos”, un aumento de gastos “equivalente al 6,5% del PBI”.
“El 80% de las modificaciones presupuestarias tienen que ver con aumento a la seguridad social -que ocupa una parte sustancial-; con subsidios económicos; con el IFE y el ATP; asignaciones familiares; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud”, precisó.
El oficialista consideró: “Tenemos que hacer un esfuerzo todos por entender que estamos en una situación no solo inédita, sino que a veces es indescifrable, porque cualquier plan que se plantea tiene la incertidumbre de cuánto va a durar esto”.
“Estamos en el peor de los cruces, una drástica caída de los ingresos fiscales producto de la menor actividad económica y un notable incremento del gasto producto de la pandemia”, agregó y remarcó que “no tenemos margen, porque si no lo apuramos con celeridad habría dificultades operativas para agosto para poder cumplir con cosas que hacen al sostenimiento social de Argentina”.
Durante el debate, el oficialista Jorge Romero planteó su inquietud respecto a los subsidios al transporte para el interior y pidió que se tenga en cuenta “la posibilidad de contemplar el achicamiento de la asimetría que existe con el AMBA y el resto del país, porque realmente es muy grande”.
En el mismo sentido coincidió el radical José Cano, quien anticipó que desde Juntos por el Cambio iban a proponer “la creación de un Fondo Federal de Transporte, un fondo compensador para los últimos meses del año que ponga equidad”.
También se refirió al tema el diputado de Córdoba Federal Paulo Cassinerio, quien resaltó que “para cubrir el déficit de transporte del AMBA hay subsidios y para el transporte del interior hay préstamos. Esto marca sin lugar a dudas una desigualdad”.
Por eso, solicitó que se incorpore al proyecto una partida de “13 mil millones de pesos adicionales” para “continuar con el mismo sistema de subsidios hasta el mes de diciembre”, más “4 mil millones de pesos para poder compensar los déficit de las empresas de transporte”, que registran una pérdida de pasajeros a raíz del aislamiento.
Otro de los puntos donde puso el foco la oposición fue el artículo 7 del proyecto, el cual “permite dolarizar deuda en pesos”, subrayó Jorge Sarghini, y advirtió que “es absolutamente negativo desde todo punto de vista y es absolutamente innecesario”.
“Es negativo para fortalecer el mercado doméstico, para la discusión que se está dando con los bonistas en dólares y para la macro. Además es discrecional y genera una terrible distorsión”, añadió el diputado de Consenso Federal.
En esa línea, el macrista Luciano Laspina cuestionó el artículo que “incluye la posibilidad de dolarizar bonos en pesos” y “se dice que se le quiere dar salida a inversores poco colaboradores”. “¿Cómo va a hacer el Ministerio de Economía para discriminar entre un inversor poco colaborador y uno que se llama Juan Pérez? Nos preocupa que exista esta discrecionalidad”, señaló.
Por su parte, el radical José Luis Riccardo pidió que en la ampliación presupuestaria, donde se destina una partida de 196 mil millones de pesos para las universidades públicas, se realice una distribución detallada de los recursos que le corresponden a cada una de las casas de estudios, algo que no está contemplado. También pidió que, de ser posible, esa partida se aumente a 216 mil millones de pesos.
Desde la oposición insistieron en que esa medida, contemplada en la ampliación presupuestaria, traerá aparejado un aumento en el precio del producto.
Uno de los temas más polémicos del proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Gobierno al Congreso es el que propone la aplicación del 10,5% del IVA para la leche común, cuestión sobre la que salió a alertar la oposición, mientras que el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, negó que esa medida vaya a tener un efecto en el precio final del producto.
Durante este miércoles, en la reunión que se citó para dictaminar la iniciativa, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió este punto, basado en un informe del Ministerio de Economía.
El legislador del Frente de Todos leyó el documento -en formato de preguntas y respuestas-, donde se afirma que el precio de la leche “no subiría y en un contexto normal incluso podría llegar a bajar”. También señala que la medida “no aumenta la recaudación tributaria” y “de hecho tiene costo fiscal, ya que hay leches que pasan de tributar 21% a 10,5%”.
Para la cartera que dirige Martín Guzmán, esta propuesta “corrige iniquidades en el sector lácteo, generadas por el gobierno anterior”. “Dichas iniquidades se reflejan en los eslabones de la cadena láctea que afectan el precio al consumidor”, remarca el texto, al tiempo que niega que vaya a peligrar “el consumo de leche en los sectores más vulnerables” y, asimismo, destaca que “el Estado destina recursos a suplir el consumo de leche en estos sectores”.
“Cuando se produjo la rebaja del IVA en el eslabón final, que es el consumidor, el sector industrial siguió pagando el 21% en la compra del insumo a los tambos, pero comenzó a acumular créditos fiscales sin poder descargarlos en otros eslabones de la cadena productiva”, explicó Heller, siempre haciendo referencia al informe.
Y amplió que en enero de este año volvió el IVA del 21% para las leches con aditivos, pero “mediante el decreto 418/2020 se estableció la compensación de IVA a las ventas por menor en hipermercados, supermercados y autoservicios para mantener estable el precio al consumidor”.
“Hoy en día existen distintas variedades de leches que están exentas de IVA; para estos casos el aumento de 0% al 10,5% no debería tener efecto en el precio final de góndola, ya que los comerciantes deberían dejar de cargar como costo el crédito fiscal que no podían descargar por la excepción del IVA en la venta al consumidor final”, se argumentó en el documento del Ministerio.
En ese sentido, el diputado indicó que “el comerciante recibía el IVA y no lo podía poner como IVA, lo ponía como precio”. “No es una medida para aumentar la recaudación o que tiene como objetivo una meta fiscal”, insistió y precisó que el costo fiscal es de “1.800 millones de pesos por año”.
“La medida que importa es la reducción del IVA de las leches que sí pagan el 21%, pero que el Estado Nacional complementa con compensaciones”, dijo el titular de la Comisión de Presupuesto y completó que la medida servirá para “evitar las distorsiones de acumulación de crédito fiscal, eliminar el régimen de compensación y mantener el precio al consumidor”.
En contra de este tema, el radical Luis Pastori enfatizó que “la leche común, en polvo o fluida, está exenta desde siempre”, por lo cual el año pasado “nunca podría haber bajado de precio, porque simplemente no hubo ningún descuento; no era así con las llamadas leches aditivadas”.
“No es cierto que la leche común sea menos consumida que las leches aditivadas, que seguramente las consume un sector de la población, pero no es el consumo más generalizado de los sectores populares”, expresó el misionero, quien planteó que un comerciante tendrá dos opciones: “Con el 10,5%, o absorbe el impuesto o lo carga al consumidor final”. “Lo va a trasladar al consumidor final porque es lo que todo el mundo hace”, pronosticó.
El legislador pidió entonces que “no nos mientan, no nos traten de engañar” y lanzó: “No nos parece que un Gobierno que venía a gravar con un impuesto a los recontra, recontra ricos de la Argentina termine gravando la leche común”.
“Quédese tranquilo diputado, dentro de pocos días va a tener la posibilidad de opinar, espero que a favor, de ese gravamen que le vamos a poner a los ricos, recontra ricos, de la Argentina y su ansiedad como la de tantos otros se va a ver satisfecha y espero que un sentido positivo”, le respondió Heller, autor de esa iniciativa -hasta ahora no presentada- junto al jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner.
Por su parte, durante el debate, el radical José Cano recordó las propuestas de campaña del presidente Alberto Fernández en relación al hambre y citó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cuando declaró: “Bajó el consumo de leche porque a las familias no les alcanza la plata, hay que bajar el IVA a los productos de la canasta básica”.
El tucumano consideró que “es muy difícil interpretar o creer que los precios vayan a bajar a partir de gravar con el 10,5%”. Y mencionó “números del INDEC” que indican que “en marzo las leches de larga vida tuvieron una caída interanual del 30,1%, frente a una baja del 3,3% de la leche en sachet”, además de que, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, el precio de la leche “se incrementó en un 31,5%”.
Ante una inquietud de Juntos por el Cambio sobre el proyecto de ampliación presupuestaria, el secretario de Hacienda sostuvo que la leche que más se consume es la aditivada, cuya alícuota bajará.
Ante la polémica generada en torno a la aplicación del 10,5% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la leche común, actualmente exceptuada de ese tributo, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, negó que esa medida “tenga un efecto de incremento del precio” y dio las razones del Gobierno.
Durante el debate del proyecto de ampliación presupuestaria en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Rigo respondió a un planteo de Juntos por el Cambio, expresado por el radical Luis Pastori, acerca del artículo 7 inciso “f” de la iniciativa oficial.
Pastori advirtió que mediante esa modificación se busca eliminar del IVA “la exención de la cual hoy goza la leche, ya sea en polvo o fluida, entera o descremada”, que es “la leche de consumo masivo de los sectores populares”, para sumarla al lote de productos gravados con el 10,5%.
Paralelamente, señaló, todas las leches aditivadas pasarán del gravamen actual del 21% al 10,5%. “En eso estamos de acuerdo, pero no así en que la leche común pase del 0% al 10,5%. Será un impuesto que impactará directamente en el precio del producto”, alertó el misionero.
Pero al momento de responder, Rigo contradijo a Pastori y aclaró que “la mayor parte del consumo de leche en el país es de leches aditivadas y fortificadas”, y destacó que “para esa porción se está promoviendo una reducción” de la alícuota.
El secretario de Hacienda reconoció que “es verdad” que en el caso de la leche hoy exenta se incrementa la alícuota al 10,5%, pero consideró que la decisión de no gravar esa leche (efectivizada a través de un decreto en 2019) “no logró un efecto de reducción de precios, sino más bien un incremento”.
Además, observó que “la medida también tenía dificultades técnicas” ya que “al tener que trabajar en la última etapa de la cadena con el producto exento, esto produce en las empresas comercializadoras una acumulación de crédito fiscal, que no puede aplicado justamente por esa razón”.
“Al llevar la alícuota al 10,5%, va a ser posible para esas empresas descargar esos créditos fiscales y eso evitará presiones”, señaló Rigo, y agregó: “No compartimos que esta medida tenga un efecto de incremento en los precios”.
“Consideramos que es un paso que avanza en mejorar y perfeccionar técnicamente una medida (la tasa cero) que se tomó de manera apresurada y que también tuvo planteos de inconstitucionalidad”, concluyó.
Raúl Rigo dio detalles del proyecto oficial y precisó que amplía los gastos totales en casi 1,9 billones de pesos. Destacó que se destinaron casi 690.000 millones para atender la pandemia.
El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, detalló este martes en qué consiste la ampliación presupuestaria propuesta por el Poder Ejecutivo y sostuvo que este proyecto de ley “pone de manifiesto la importancia del rol del Estado Nacional y de las políticas públicas que está implementando para paliar los efectos de la crisis económica preexistente y de la pandemia”.
Rigo expuso en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller (Frente de Todos), de cara a la firma del dictamen, que podría ser este mismo miércoles.
El proyecto del Ejecutivo amplía los gastos totales en 1.859.583 millones de pesos
El funcionario explicó que el Presupuesto Nacional está en un nivel de ejecución “elevado”, y “dada la necesidad de continuar con algunas de las políticas” aplicadas en el primer semestre, “es necesario ampliar” la ley de gastos y recursos, ya que de prosperar esta ampliación, el nivel de ejecución al 30 de junio estaría “más próximo a una ejecución estacional”.
Rigo puntualizó en ese sentido que el nivel de ejecución presupuestaria actual total es del 57,1%, y si se amplía el Presupuesto este indicador bajará al 42,8%, sumando Administración Gubernamental, Servicios de Defensa y Seguridad, Servicios Sociales, Servicios Económicos y Deuda Pública.
El secretario de Hacienda precisó que el proyecto amplía los gastos totales en 1.859.583 millones de pesos, de los cuales el 80% (alrededor de 1,5 billones) se originan principalmente en las prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte, para poder mantener estables las tarifas); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares y AUH, en ese orden.
El funcionario agregó que si se sanciona la ley de ampliación, el incremento de recursos (corrientes y de capital) será del 17,2%, y el de los gastos será del 33,6%. A su vez, habrá un crecimiento del 53,9% en las transferencias corrientes y del 41,6% en los gastos de capital.
Rigo defendió la decisión de prorrogar el Presupuesto 2019, al sostener que “en un contexto de altísima incertidumbre” por la emergencia sanitaria “se hacía muy difícil plantear un escenario macroeconómico verosímil a partir del cual formular una ley de Presupuesto sostenible para el año 2020”.
Para atender la pandemia, se destinaron refuerzos presupuestarios por casi 690.000 millones de pesos
Tras señalar la caída interanual en la mayoría de los sectores de la economía, detalló que hasta el 31 de junio se destinaron casi 690.000 millones de pesos en refuerzos presupuestarios para atender los distintos programas implementados por el Gobierno, como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), el ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) y el FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo).
Además, destacó que la pérdida de recaudación de origen nacional fue de 160.000 millones de pesos, y fue compensada por distintas asignaciones financieras a las provincias, entre ellas los más de 48.000 millones de pesos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional).
Por su parte, el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Marcos Makón, resaltó que hay un solo antecedente de una ampliación presupuestaria enviada al Congreso, la Ley 26.175, aprobada el 29 de noviembre de 2006.
“Es una ampliación muy grande, incluye partidas de diversa naturaleza y por lo tanto requiere un tratamiento en profundidad”, dijo, y lamentó que la OPC aun no tuvo tiempo de elaborar un informe sobre la iniciativa oficial, que fue remitida al Parlamento el viernes.
En tanto, este martes a partir de las 15 expondrán funcionarios del Ministerio de Economía ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.
El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará dictaminar este miércoles el proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Poder Ejecutivo el fin de semana, y llevarlo al recinto este viernes. Así lo informó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.
Al comienzo de la reunión de este martes, el legislador dijo que a partir de las 15 expondrán funcionarios del Ministerio de Economía -entre ellos el secretario de Hacienda, Raúl Rigo- y el titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón.
“La propuesta de trabajo es muy acotada para la complejidad del tema”, enfatizó el radical Facundo Suárez Lastra, que además planteó la falta de tiempo para poder “evaluar” el proyecto. “No hemos tenido el tiempo de reflexionar como para saber qué preguntas vamos a hacer a los funcionarios”, agregó y reclamó “más tiempo para el tratamiento de la ampliación presupuestaria”.
En tanto, Heller respondió: “No es propósito de esta presidencia apurar el tratamiento, pero sí quiero decirle que esta ampliación presupuestaria tiene urgencia desde el punto de vista de las necesidades del Poder Ejecutivo”.
El titular de la Comisión de Presupuesto remarcó que el Gobierno necesita de esta ampliación “para poder enfrentar las obligaciones del mes de agosto” referidas “al IFE, al ATP”, entre otros gastos en el marco de la emergencia sanitaria.
Finalmente, el diputado del Frente de Todos le pidió a la oposición que acepten “el criterio” y “entre mañana (miércoles) y la sesión del viernes nos podamos permitir debatir y analizar las cosas que tengamos que analizar”.
Así lo afirmó el diputado radical Ricardo Buryaile, quien rechazó de plano el aumento del IVA a la leche y dijo que si el oficialismo quiere avanzar este viernes con la aprobación, desde la oposición tendrán que “votar en contra”.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) afirmó que desde Juntos por el Cambio solicitarán al oficialismo en la Cámara de Diputados que el proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Poder Ejecutivo sea tratado en sesión la semana próxima, y no ésta misma, como pretende el Frente de Todos.
El formoseño recordó que el proyecto “de 128 páginas” ingresó “el fin de semana” y “lo que están haciendo es mandarnos un presupuesto”, más que una ampliación. “Técnicamente está mal hecho, porque no se pueden incluir cuestiones de impuestos permanentes en las leyes de presupuesto”, señaló.
En ese sentido, el legislador adelantó que si se busca “votar a libro cerrado una ley tan importante, tendremos que votar en contra”. Asimismo, enfatizó que el interbloque opositor no aceptará “la suba de la leche”.
En declaraciones a radio La Red, el exministro de Agroindustria explicó que “el sachet de leche por ley estaba exento del IVA; siempre estuvo al 0%”, mientras que “las leches aditivadas tenían un IVA del 21,5% y (el expresidente Mauricio) Macri las bajó al 10,5%”. Pero lo que hace ahora el Gobierno es “llevar la leche de consumo masivo del 0% al 10,5%”.
“Es decir, las leches que compra la gente que tiene muchos más recursos van a bajar”, apuntó y remarcó: “La leche de consumo masivo va a tener un aumento de precio, por más que digan que no. Esto ya lo había hecho Néstor Kirchner en 2006 cuando gravó el pan francés”.
El radical consideró que “lo que pueden” argumentar desde el Gobierno “es que en la cadena comercial tratan de unificar las alícuotas del IVA”. Sin embargo, resaltó: “Los impuestos indirectos, como es el IVA, son los impuestos más injustos porque no identifican la capacidad contributiva de la persona”.
“A la leche, por la importancia que tiene en la canasta básica, por lo que se necesita en los chicos, y por los que menos tienen, no se le puede subir el IVA”, aseguró Buryaile. Y completó: “Lo que hay que hacer para una buena política social y tributaria es devolver parte del IVA a los consumidores con menos recursos”.
Ambos temas se tratarán este martes a las 11 en la Comisión de Presupuesto de Diputados. Habría sesión especial el miércoles.
El oficialismo buscará firmar este martes en la Cámara de Diputados el dictamen favorable sobre el proyecto de ley de moratoria universal, y también buscará avanzar con una ampliación presupuestaria para atender la pandemia del Covid-19.
Ambos temas serán abordados en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (Frente de Todos), a partir de las 11, y podrían ser tratados en sesión especial este mismo miércoles.
La moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo apunta a incorporar tanto a empresas como a personas humanas que quedaron afuera de la moratoria vigente, pudiendo incluir deudas contraídas hasta el mes de junio.
Los deudores podrán adherir el régimen hasta el mes de octubre y pagarán la primera cuota a mediados de noviembre, con diferentes planes de pago según el tipo de deuda. Según cálculos de la AFIP, la deuda total alcanzada es de 534.000 millones de pesos.
Durante el debate de la semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal advirtieron sobre la posibilidad de incorporar a la moratoria a empresas en quiebra, en procesos iniciados con anterioridad a la pandemia.
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la inclusión de los impuestos al juego y a la Transferencia de Combustible (ITC), motivo por el cual Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” para la firma OIL Combustibles, de Cristóbal López y Fabián De Souza.
A raíz de estos y otros cuestionamientos, el Frente de Todos decidió postergar una semana el dictamen y abrió un período de consultas y negociación cuyos resultados se conocerán en la reunión de este martes.
El otro proyecto a tratar en la comisión es la readecuación de los recursos y gastos del Presupuesto vigente -que es una prórroga de la ley de 2019-, en el contexto de la emergencia sanitaria.
Según el proyecto enviado este viernes, los recursos totales -corrientes y de capital- aumentarán un 17,2%, mientras que los gastos totales tendrán un incremento del 33,6% respecto del Presupuesto vigente.
Por otra parte, como complemento a la moratoria, la oposición puja para avanzar este martes con un proyecto consensuado de modificación de la Ley de Concursos y Quiebras, para brindar mecanismos excepcionales a las pymes.
ANSES: Se destinarán 90.000 millones de pesos para cubrir el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y otros 80.000 millones para el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).
Ministerio de Desarrollo Productivo: Tendrá un incremento de 1.625 millones de pesos con destino al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), para brindar líneas de financiamiento a empresas, MiPyMEs, cooperativas e instituciones de investigación y desarrollo que contribuyan a la emergencia sanitaria.
Ministerio de Educación: Se contemplan asignaciones por 1.500 millones de pesos en el marco de la iniciativa Volver a la Escuela, que apunta a garantizar el regreso seguro a las aulas.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Se refuerza la necesidad de crédito en la Prestación por Desempleo en 5.000 millones de pesos. Adicionalmente, se prevén créditos por 250 millones para brindar ayudas económicas destinadas a trabajadores de actividades afectadas por la emergencia sanitaria, las medidas de aislamiento y distanciamiento vigentes.
Ministerio de Salud: Se contemplan asignaciones para la adquisición de insumos para mitigar la pandemia por 215,5 millones de pesos.
Poder Legislativo Nacional: Se propician incrementos por 210 millones de pesos destinados a la Dirección de Ayuda Social (DAS), la obra social del personal legislativo.
En su artículo 17, el proyecto del Poder Ejecutivo enviado a la Cámara baja elimina la exención del IVA a la leche fluida o en polvo, entera o descremada.
El diputado radical Luis Pastori advirtió que el proyecto de ampliación presupuestaria incluye en uno de sus artículos la propuesta de eliminar la exención de IVA a la venta de leche en polvo y fluida, entera o descremada. De tal manera, dijo, la lleva del 0% al 10,5%, “lo cual impacta directo en el precio a consumidor final”.
“Ya otro gobierno K, el de Néstor, había hecho lo mismo con el pan común o francés, gravándolo de 0 al 10,5% a partir del 1/11/2006”, agregó el diputado misionero.
A través de una serie de tuits, el legislador de Juntos por el Cambio agregó: “Encarecen los productos de consumo popular masivo cuyo fin -el de estar exentos- es no dificultar su acceso a los sectores de menores ingresos. Y esto, en medio de la pandemia. Les queda solo ir por el agua y medicamentos”.
“Le pedimos al Gobierno que revea su proyecto, la recaudación de impuestos no puede ser de cualquier manera y menos afectando los consumos populares básicos”, concluyó.
Por su parte, el diputado José Cano afirmó que “la gente tiene hambre y no tiene trabajo. Y la respuesta que se le ocurre al Gobierno en el proyecto de ley de ampliación del Presupuesto es ponerle IVA a la leche, como en 2006 que gravaron el pan. Catorce años después hacen lo mismo. Desde Juntos por el Cambio no vamos a permitirlo”.
En tanto, la diputada Claudia Najul señaló que “ayer ponían frases de Evita en twitter y hoy mandan al Congreso una ley para subirle el IVA a la leche. Nunca los juzgues por lo que dicen, mirá antes qué es lo que hacen”.
