La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara baja y obtuvo el aval en un plenario. Tiene entre los objetivos crear una red nacional de centros de integración social y brindar el derecho al acceso y uso de infraestructura de los servicios del espacio público.
El Senado cerró su semana de actividades con una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Derechos y Garantías que mantuvo un encuentro de forma virtual en donde obtuvo dictamen el proyecto de ley que garantiza los la protección y los derechos de las personas en riesgo de situación de calle y familias sin techo, el cual obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 191 votos a favor.
“Esta media sanción busca garantizar los derechos de las personas que se encuentra en situación de calle o aquellos que están en riesgo de estar en tal situación”, comenzó la titular de la comisión de Legislación General Ana Claudia Almirón (FdT – Corrientes) y agregó que “también trata los derechos y la interrelación que tiene con los distintos estratos nacionales, provincial y municipal para garantizar los derechos fundamentales. Hay una interrelación que realizan con asociaciones, con sindicatos, con universidades, entre otros”.
En otro sentido, sumó que el proyecto contempla: “Las personas en situación de calle o con riesgo a eso, que residan en establecimientos públicos o privados y no cuenten con vivienda, las personas notificadas de un desalojo, personas que habiten en asentimientos precarios, sin acceso a servicios públicos y en condiciones de hacinamiento”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Julio Martínez (UCR – La Rioja) consideró que “es un tema complejo, importante y necesario que requiere un tratamiento más intenso, creo que hay que tener invitados y no se puede agotar en el día de hoy. Necesitamos lo mismo que en Diputados porque hay advertidas inconsistencias, incompatibilidades. Puede mejorarse para lograr una buena ley”, y ratificó que “es un tema necesario”. En ese contexto, manifestó la “molestia” del bloque por “por el cambio de giro que hubo injustificado, puede ser por una cuestión política, ha sido algo desprolijo y necesitamos una explicación. Se necesita también el impacto económico y la opinión de la Comisión de Presupuesto”.
Por consiguiente, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) manifestó: “La satisfacción de poder avanzar en este tipo de normativas que son importantes. La situación de calle de tantos argentinos requiere del debate en el Parlamento. En este caso entiendo que hay que darle la premura del caso, más allá de que hay que estar abierto a mejorar la normativa”, y agregó: “Comprendo las palabras del senador Martínez, pero debemos avanzar en que tengamos una normativa concreta que regule la situación que padecen tantos argentinos. Hay una necesidad de involucramiento del Congreso y entre los distritos organismos del Estado nacional”.
Por su parte, Silvina García Larraburu (FdT – Río Negro) precisó que “es un día importante porque reconocer los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo amerita premura y que lo pongamos en tratamiento. Es un proyecto que se trabajó con organizaciones muy importantes en materia de derechos”.
“Después de cuatro años de un ajuste más dos de la pandemia que ha puesto en jaque a todo el planeta, sin duda debemos desde el ámbito legislativo atender este problema. Es un día muy importante para darle dictamen”, concluyó la senadora rionegrina.
También hizo uso de la palabra la senadora Cristina López Valverde (FdT – San Juan) quien destacó: “Si bien los derechos de las personas en situación de calle son los mismos que los de todos, no está demás focalizar en estos grupos. Rescato esos aspectos que hacen a la operatividad y abren la posibilidad de programas”.
Lo que el proyecto propone:
A pesar de tratarse de un distrito pequeño, el ganador de noviembre hará diferencia tanto en el Senado como en Diputados, donde los porotos se cuentan de a uno. La elección de este domingo le dio mayor visibilidad.
Por José Di Mauro
No por previsible, dejó de ser impactante el resultado electoral registrado este domingo en la provincia de Corrientes. No es para menos un 76,76% de los votos como el alcanzado por la alianza ECO+Vamos Corrientes que postulaba al reelecto Gustavo Valdés y el senador nacional Pedro Braillard Poccard como vice.
Lo graficaba bien este lunes la diputada nacional radical Dolores Martínez, quien a través de un tuit recordó que en 2017 el gobernador correntino resultaba electo con el 54% de los votos, elevando este domingo ese porcentaje en 24 puntos.
Si bien el resultado de esta elección provincial puede ser reconocido como un revulsivo para las elecciones nacionales, tratándose esta de la última elección provincial previa a las PASO, los analistas de un lado y otro de la grieta sugieren ser cautos.
Esta fue una elección provincial y en las tres anteriores realizadas este año también se impusieron los oficialismos. Que es lo que suele suceder, por eso los gobiernos provinciales acostumbran a despegar sus comicios de las elecciones nacionales, de modo tal de evitar que el comicio local “se contamine” con lo nacional.
En efecto los oficialismos se impusieron este año de manera sucesiva en las provincias de Misiones, Jujuy y Salta. En todos los casos con gran ventaja, aunque en ninguno la diferencia fue tanta como en Corrientes. Pero esta última provincia fue la única donde se eligió gobernador, dato clave.
Desde el oficialismo nacional relativizaban este lunes el impacto de este resultado y, sobre todo, su proyección sobre los comicios de septiembre y fundamentalmente noviembre. “En Corrientes votan oficialismo, y así como en esta elección provincial se premió al gobierno local, a nivel nacional el voto irá para el Gobierno nacional”, concluyó la fuente consultada, apoyada para tal presagio en el resultado de 2019.
Vale eso como antecedente más reciente, pero convengamos que esa teoría no se cumplió entonces, pues en 2019 estaba Cambiemos en el Gobierno nacional, y el Frente de Todos se impuso con el 50,98% de los votos. ECO + Juntos por el Cambio logró entonces 44,01%.
La importancia sustancial de esta elección radica en que, a pesar de tratarse de una provincia pequeña, se definen cargos legislativos que hacen la diferencia. Esto es, Corrientes es una de las provincias donde se eligen senadores nacionales, y en cuanto a los diputados nacionales, son tres las bancas que deben ser cubiertas. Esto es, el ganador, en uno y otro rubro, sumará más que el derrotado, y en una competencia electoral como esta en la que las diferencias son tan exiguas, todo tiene una importancia superior.
El Frente de Todos tiene dos bancas por la provincia de Corrientes en el Senado y está en riesgo entonces de perder una. Está bien que en el Senado tiene gran mayoría el oficialismo, pero todo suma. Y en cuanto a los diputados, es Juntos por el Cambio el que arriesga, pues en 2017 se disputaban -como ahora- tres bancas y entonces Cambiemos se alzó con dos de ellas. Sofía Brambilla (Pro) y Estela Mercedes Regidor Belledone (UCR) son las diputadas correntinas cuyos mandatos vencen este año.
En 2017 el entonces oficialismo nacional logró 55,43% y Juntos Podemos Más apenas un 25,58. Pero convengamos que el peronismo fue dividido en esa elección; el Frente Renovador registró esa vez 14,84 puntos.
La atención que el oficialismo nacional le presta a esta elección queda clara con el gesto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -dueña de la lapicera en la confección de casi todas las listas, pero sobre todo las del Senado-, quien aceptó que Carlos “Camau” Espínola encabece la lista de candidatos para la Cámara alta. Pasa que el exmedallista olímpico siempre estuvo en la mira del kirchnerismo por haber sido uno de los que en 2017 bajó al recinto para aquella sesión -que se frustró por falta de quórum- en la que se buscaba autorizar al entonces juez federal Claudio Bonadio a allanar los domicilios de la expresidenta. El episodio es relativizado en el presente por los allegados al senador nacional, que también era mirado desde el kirchnerismo con recelo por considerar que si Mauricio Macri hubiera sido reelecto en 2019, Espínola era uno de los que Miguel Pichetto pensaba atraer al oficialismo en el Senado.
El excompañero de fórmula de Macri nunca dijo ni dirá nada al respecto, así que eso tampoco puede confirmarse esa presunción.
Pragmática al fin, lo cierto es que CFK bendijo finalmente la candidatura de Espínola al frente de la nómina para el Senado, secundada por la otra senadora actual del Frente de Todos por Corrientes, la camporista Ana Almirón. Frustrado candidato a gobernador en 2017, “Camau” sigue siendo el peronista que mejor mide y eso convenció a la vicepresidenta.
La fórmula Espínola – Almirón enfrentará a la conformada por dos radicales, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, la oferta de JxC para el Senado. “Peteco” Vischi es actualmente diputado provincial y entre 2015 y 2013 fue intendente de Paso de los Libres. Valenzuela reemplazó en el Senado provincial a Ricardo Colombi cuando este fue elegido gobernador.
Para diputados nacionales habrá interna en el Frente de Todos. Competirán, por la Alianza Celeste y Blanca 501 el actual diputado nacional Jorge Antonio Romero, que es acompañado por la camporista Marlén Gauna; por Unidos por Corrientes se postula el exsenador radical Eugenio “Nito” Artaza, junto a la concejal Soledad Pérez, y por Ganemos Corrientes compiten Gustavo Silva y Lilian Caruzo.
Juntos por el Cambio presenta las precandidaturas del diputado provincial radical Manuel Aguirre, secundado por la actual diputada nacional del Pro Sofía Brambilla.
La pregunta del millón que se hacen tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio es cuánto esfuerzo pondrá el gobierno provincial ahora en esta elección nacional que tiene por delante. Algunos llegaron incluso a sugerir que el apoyo del gobernador Valdés podría ser “relativo”, habida cuenta del poco interés que podría tener en “levantar figuras del radicalismo que en el futuro le vayan a hacer sombra”. Esa especie fue rechazada este lunes desde el radicalismo, que se entusiasma con las buenas elecciones que han hecho sus gobiernos este año y que esperan completar en la provincia de Mendoza.
“Semejante elección posiciona a Valdés en el plano nacional, y pasa a ser así una figura a considerar para 2023”, señaló un dirigente del partido centenario para reafirmar que la excelente performance de este domingo deberá ser complementada con las elecciones nacionales de septiembre y noviembre.
Los senadores oficialistas correntinos buscarán renovar sus bancas este año en el Senado.
Una de las provincias en donde se renuevan senadores es Corrientes, donde el Frente de Todos arriesga dos bancas y no la tiene precisamente fácil, pues allí el oficialismo local buscará alzarse con los escaños de la mayoría. Esto es, arrebatarle en consecuencia uno al mayoritario oficialismo en la Cámara alta.
Este miércoles se confirmó que el Frente de Todos apostará a los mismos que hoy ocupan las bancas correntinas en la Cámara alta: Ana Almirón y Carlos “Camau” Espínola. “Hay Unidad, tenemos fórmula”, anunció la senadora camporista Ana Almirón, quien señaló que junto a su colega “somos los elegidos para representar al Frente Corrientes de todos en las PASO y las elecciones legislativas generales nacionales”.
“Con esta fórmula que resultó ganadora en el año 2015 volveremos a competir para alcanzar las dos bancas de la Cámara alta de cara a las elecciones generales del mes noviembre”, agregó en su cuenta de Twitter.
La senadora expresó que “en un claro gesto de unidad, el Partido Justicialista Corrientes ratificó el consenso y ya se prepara en la búsqueda de construir un proyecto colectivo como alternativa para Corrientes”.
En la Bicameral del Ministerio Público, a pedido de la senadora Ana Almirón se le remitió una nota al procurador. Cristian Ritondo salió al cruce. También se solicitó información sobre un fiscal que trabajaría desde Miami.
A partir de un planteo de la senadora correntina Ana Almirón, el oficialismo en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal le envió un pedido de explicaciones al procurador interino, Eduardo Casal, sobre las medidas que se tomaron o no en torno a “visitas secretas” que los fiscales Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo mantuvieron con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el gobierno anterior.
La oficialista leyó la nota remitida al presidente de la comisión, su par Martín Doñate, en la que requiere al procurador “que informe las medidas disciplinarias o de otra índole adoptadas respecto de los fiscales” a raíz “de las reuniones secretas mantenidas con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante los años 2017, 2018, recientemente hechas públicas por una información periodística”.
En ese sentido, Almirón señaló que de acuerdo a una nota del portal El Destape, la ahora presidenta del Pro recibió a los tres fiscales, intervinientes en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, “el 24 de abril de 2017” sin que ese encuentro figure “en el registro de audiencias oficial”. “La gravedad es que todos estos fiscales llevaban causas contra la expresidenta”, enfatizó la senadora, que recordó también que en algunas de ellas la denunciante era la propia Bullrich.
La correntina resaltó la “gravedad institucional” de estos encuentros “secretos”, al detallar los días en que se habrían producido y las resoluciones que luego se daban en las causas.
Al cruce salió el diputado del Pro Cristian Ritondo, quien por ese entonces era ministro de Seguridad bonaerense. “El 24 de abril del año 2017 en el Ministerio de Seguridad de la Nación se hizo una reunión bajo la conducción del fiscal (Santiago) Marquevich, que es el titular de una fiscalía especializada en secuestros extorsivos, donde no solamente participaron estos tres fiscales, sino que participaron muchos más fiscales”, aseguró.
“Estuvo como tema central ese 24 de abril hablar sobre los secuestros extorsivos, sobre cómo resolverlos y cómo trabajarlos; y a los resultados me remito. En el año 2015 hubo 297 secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires y en el año 2019 hubo solo 29”, argumentó el jefe de la bancada macrista en la Cámara baja.
Para concluir, Ritondo observó que “el delito de agenda parece algo común en esta comisión” donde se cuestiona “cualquier reunión de un ministro de Seguridad con un fiscal, que es lo más normal del mundo, porque trabajan con la seguridad y trabajan con la Justicia constantemente, y más cuando es tan público como esto, que uno puede remitirse a los diarios, a las revistas, a la televisión de ese día. Fue público que no solamente estos tres fiscales, sino que hubo mucho más fiscales”.
Pedido de informes sobre un fiscal que trabajaría desde Miami
A pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade también se solicitó a Casal que informe sobre el desempeño del fiscal Marcelo Martín Retes -a cargo de la Fiscalía N°23 en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal-, quien se encontraría “desde principios del mes de mayo en Miami sin que conste que haya pedido la licencia o autorización correspondiente, y que desde allí firma los expedientes mediante el sistema de firma digital”.
Además, el legislador del Frente de Todos indicó que “el incidente de inseguridad informática” que perjudicó días atrás a todas las fiscalías del país “se habría producido a partir de la reacción del sistema frente a numerosos accesos desde el exterior”. “Si esto termina siendo ratificado por el procurador me parece que es una situación muy grave”, aseveró Tailhade.
Otros temas
Entre las varias notas remitidas a la bicameral, sobre las que informó la secretaria de la comisión, se pidió una ampliación -a solicitud de Tailhade- del detalle de la nómina de funcionarios del Ministerio Público Fiscal que estuvo o estaría ejerciendo cargos en el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, se notificó el ingreso del descargo de Casal sobre la reprimenda a un grupo de fiscalas por una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; y se recibió la opinión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios sobre la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público; entre otras.
Defensoría de la víctima en la provincia de Buenos Aires
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, envió a la comisión una propuesta de proyecto de ley para crear una defensoría de la víctima en la provincia de Buenos Aires-
Al respecto, la diputada oficialista Vanesa Siley explicó que esta defensoría “existe en otras provincias como Salta, Chaco, Neuquén”, donde hay un caudal de cuatro o cinco causas actualmente, mientras que en la provincia de Buenos Aires, con la mayor población del país y donde están la mayoría de los centros de detención, “actualmente tiene 75 causas la defensora de víctimas”. “Midiendo y ponderando esas situaciones es que se pide la creación de esta Defensoría”, agregó.
La senadora Ana Almirón destacó el teletrabajo en el marco de la reunión de conformación de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.
La Comisión de Derechos y Garantías del Senado ratificó autoridades este jueves por unanimidad en una reunión remota. Continúa como presidente Julio Martínez (UCR-La Rioja), como vicepresidente Mario Pais (FdT-Chubut) y como secretaria Ana Almirón (FdT-Corrientes).
Los senadores José Mayans (FdT-Formosa) y Mario Fiad (UCR-Jujuy) solicitaron la palabra para confirmar a las autoridades y agradecer por el período transcurrido. “La verdad que esta comisión creo que se conformó recién para septiembre y tuvieron un arduo trabajo en el tema de la Ley de Defensa al Consumidor. Les deseo éxitos para este año parlamentario”, comentó Fiad.
El flamante presidente agradeció por “la ratificación de la confianza” a todos los senadores y opinó que la comisión es “muy importante y con temas pendientes interesantes”.
Mario Pais también dió las gracias y coincidió en que “tenemos muchas iniciativas muy dispersas en materia de modificar y mejorar la legislación de protección a los usuarios y los consumidores”. Además, recordó el pendiente del proyecto en revisión por el cual “se aprobó la necesidad de reconstruir los legajos de aquellos trabajadores que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, que fueron desaparecidos”.
A continuación, la secretaria Ana Almirón mostró su gratitud y aseguró que “en todas las comisiones venimos trabajando muchísimo más que de manera presencial”.
Como días de reunión, Martínez propuso martes y jueves a las 11 horas, aunque con posibilidad de flexibilidad. Luego, dio por finalizada la reunión.
También continúan Silvia Giacoppo como vicepresidenta y Juan Mario Pais como secretario.
La Comisión de Legislación General del Senado ratificó a sus autoridades este lunes en una reunión remota. Ana Claudia Almirón (FdT-Corrientes) continúa en la presidencia, Silvia Del Rosario Giacoppo (UCR-Jujuy) en la vicepresidencia y Juan Mario Pais (FdT-Chubut) en la secretaría. Además, se organizaron algunas cuestiones del plan de trabajo de la comisión.
Almirón destacó del año pasado que “estuvimos a la altura de las circunstancias en cada uno de los temas que se han establecido” en “un año sumamente intenso con temas inéditos”. En cuanto al día y hora de reuniones se apeló a la flexibilidad según disponibilidad, al igual que en las demás comisiones. Las reuniones de asesores, por su lado, serán los jueves a las 15 hs.
La senadora Eugenia CatalfaMO (FdT-San Luis) pidió la palabra para expresar la necesidad de “dar pronto tratamiento de la Ley Nacional de Juventudes”. “Es una ley que nosotros hemos presentado en 2019 y que la volvimos a presentar ahora. El objetivo es que nuestro país cuente con una Ley Nacional Federal de Juventudes. La hemos adaptado a los nuevos tiempos respecto de 2019. Le pido presidenta que podamos darle pronto tratamiento”, solicitó la senadora.
Por último, el senador Pais también pidió tratamiento a un proyecto propio. En su caso, sobre la modificación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. “Considero que es muy urgente por los recientes fallos y por la necesidad de que todos los tribunales del país, empezando por la Corte en todos sus fallos, aún cuando aceptan la jurisdicción o cuando la rechazan. tengan una decisión suficientemente fundada. Constituye un derecho constitucional de todos los ciudadanos”, argumentó el senador.
La Cámara alta debatirá este jueves el proyecto de la senadora Ana Almirón. Qué es lo que propone la iniciativa.
La Cámara alta reanuda rápidamente la actividad en el recinto, luego del receso de enero en el que sus autoridades declararon un asueto en el cuerpo. Y en el temario aparecen una serie de acuerdos y un proyecto de la senadora camporista Ana Almirón sobre Defensa de la Competencia.
Puntualmente se tratará una modificación a la Ley de Defensa de la Competencia, respecto de mejorar la conformación de la autoridad de aplicación. El mismo obtuvo dictamen el 17 de noviembre del año pasado, durante un plenario de las comisiones de Legislación General, de Salud y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Entre otros temas, ese día tuvo dictamen un proyecto de ley que declara a la ciudad de Avellaneda capital nacional del fútbol.
Con relación al tema de Defensa de la Competencia, en esa oportunidad fue la propia titular de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón, la encargada de especificar esa iniciativa. La misma propone seguir manteniendo las características de publicidad, el control por parte del Senado, pero “evitar la realización de ese concurso con características tan engorrosas”. Asimismo, establece una mayor agilidad a la hora de designar los miembros de la Autoridad de Aplicación, que se siga el paso de la designación por parte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y que luego esto se realice con una publicidad garantizando la participación de todos aquellos que quieran ser postulantes.
“La competencia hoy es totalmente desleal para las empresas que no pueden competir con los monopolios”, expresó en esa oportunidad la senadora correntina, al tiempo que agregó que también “se establece una mayor participación de las organizaciones de usuarios y consumidores” y “se incorpora un supuesto nuevo que tiene que ver con los acuerdos y contratos asociativos”.
La Cámara alta se reunirá este jueves para tratar acuerdos y un proyecto sobre Defensa de la Competencia.
Luego del receso del mes de enero, en el que declaró asueto, la Cámara alta vuelve a abrir sus puertas esta semana. Y lo hace para volver a sesionar, esta vez en extraordinarias, para tratar en principio un programa acotado.
En efecto, según se desprende del decreto a través del cual la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a la sesión, se pondrán en consideración una serie de dictámenes correspondientes a la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Asimismo se tratará luego el proyecto de ley de la senadora oficialista Ana Almirón, por el cual se modifica la Ley de Defensa de la Competencia, respecto de mejorar la conformación de la autoridad de aplicación.
La sesión se realizará este jueves, tal cual se venían de manera virtual, con la presencia de un número acotado de senadores presentes y el resto conectados de manera remota.
DPP-4-21La senadora correntina del Frente de Todos se manifestó “optimista” de cara a la sesión del 29 y dijo que se buscan los “consensos” con legisladores que en 2018 votaron en contra.
La senadora nacional Ana Almirón aseguró que desde el debate sobre aborto legal en 2018 a la actualidad “las circunstancias cambiaron” y “hoy tenemos a un presidente trabajando codo a codo con los legisladores para que esto efectivamente sea ley”.
“Soy muy optimista y siento que el optimismo nos va a llevar a una buena victoria el 29 y a obtener la ley”, sostuvo este lunes la correntina, que afirmó que el sector “verde” trabaja “día a día” para que “lograr los consensos necesarios”.
La oficialista reveló que buscan la manera de “salvar” las “disidencias” de algunos senadores respecto al proyecto, de modo de ver “si se pueden abordar en reglamentación”.
“Trabajamos en conjunto con varios senadores de la oposición”, resaltó la senadora del Frente de Todos, para agregar que “muchos que quizás no acompañaron en 2018 terminen acompañando el 29”.
Entrevistada en radio Futurock, Almirón consideró que “hoy la sociedad entiende, a diferencia de 2018, de qué hablamos cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo”. “Los legisladores no somos lo mismo, en el sentido de que le dimos un salto de calidad a la discusión”, continuó.
Y destacó: “Tenemos un Poder Ejecutivo que entiende la problemática y que decide hacerse cargo, ponerse al hombro y acompañar en la salud sexual y reproductiva, y en la decisión a una familia deseada o no de la mujer”.
Por otra parte, admitió que “la presión sobre cada uno de los legisladores es muy fuerte y es muy violenta”, por eso “está bien que quizás se resguarden hasta el 29”, en referencia a quienes todavía no han revelado su voto.
Ambos dictámenes pasaron a la firma en el Senado. También obtuvo dictamen un proyecto de ley venido en revisión que declara a la ciudad de Avellaneda capital nacional del fútbol.
Durante un plenario de las comisiones de Legislación General presidida la senadora correntina Ana Almirón (FdT); Salud, presidida por el senador por el jujeño Mario Fiad (UCR); y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por la bonaerense Gladys González (Pro), obtuvo dictamen el proyecto de ley CD-102/19 venido en revisión que prohíbe la utilización de productos cosméticos y de higiene oral de uso odontológico que contengan micro-perlas de plástico añadidas intencionalmente.
“No solamente afecta al ecosistema sino a lo que tiene que ver con mejorar la calidad del medioambiente y la vida humana que llevamos nosotros”, comenzó afirmando la senadora nacional Ana Almirón al tiempo que señaló que “además estas micro-perlas no se disuelven y por tanto pueden dañar el medio ambiente”. En tanto, su par Gladys González resaltó la importancia de “terminar de prohibir la producción, importación y comercialización de productos cosméticos y de higiene oral de uso odontológico que contengan estas micro-perlas de plástico”. “La mayoría de la industria argentina ha encontrado los materiales para reemplazar esta sustancia en la elaboración de estos productos”, prosiguió “igual la ley le está dando dos años a la industria para poder terminar de adecuarse a lo que vamos a sancionar finalmente”.
Por último, el senador nacional Mario Fiad detalló que “la ANMAT y el ministerio de Salud son las autoridades de aplicación de la normativa” y que “la industria cosmética está en un 100 por ciento de acuerdo con el proyecto y también la industria de plástico”.
Luego, continuó reunida la comisión de Legislación General, oportunidad en la que también pasaron a la firma los dictámenes de otros dos proyectos de ley: el CD-78/19, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, que declara como capital nacional del fútbol a la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires; y el S-2795/20, de autoría de la presidenta de la Comisión, que modifica la ley 27.442 de Defensa de la Competencia respecto de mejorar la conformación de la Autoridad de Aplicación.
Respecto del primero, la senadora nacional Ana Almirón destacó que “la zona de Avellaneda tiene una identidad muy importante respecto del fútbol” y que “para la localidad esto va a traer muchos beneficios turísticos, culturales y educativos”. En cuanto al proyecto de ley que modifica la Ley de Defensa de Competencia, resumió que el mismo propone “seguir manteniendo las características de publicidad, el control por parte del Senado, pero evitar la realización de ese concurso con características tan engorrosas” y “una mayor agilidad a la hora de designar los miembros de la Autoridad de Aplicación, que se siga el paso de la designación por parte del Poder Ejecutivo a través del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y que luego esto se realice con una publicidad garantizando la participación de todos aquellos que quieran ser postulantes”. “La competencia hoy es totalmente desleal para las empresas que no pueden competir con los monopolios”, continuó al tiempo que agregó que también “se establece una mayor participación de las organizaciones de usuarios y consumidores” y “se incorpora un supuesto nuevo que tiene que ver con los acuerdos y contratos asociativos”.
El oficialismo en la Cámara alta avanzó con cambios en el proyecto, que de esta manera vuelve a Diputados. La votación resultó con 41 votos afirmativos y 29 negativos. Qué prevé la iniciativa.
El oficialismo en el Senado aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia en los procesos de concursos preventivos y quiebras, estableciendo que solo alcanzará a las empresas que llegaron a esa situación producto de la pandemia.
La iniciativa fue la única de la sesión de este jueves que terminó en una votación dividida: recibió 41 votos a favor -del Frente de Todos, el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana- y 29 votos en contra, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.
El proyecto había sido aprobado en Diputados el pasado 31 de julio, pero en el Senado el oficialismo demoró su tratamiento para analizar los alcances de la norma, y establecer que el beneficio no abarque a empresas cuyas presentaciones de quiebra hayan sido anteriores a la pandemia.
Las modificaciones refieren, entonces, a ampliar la emergencia hasta el 30 de junio de 2021 -el texto original estipulaba el 31 de marzo-; aclarar que serán beneficiarios quienes se declararon en quiebra a partir del comienzo de la emergencia sanitaria; y exceptuar a quienes cometan ciertas operaciones financieras en el exterior.
La presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón, indicó que las modificaciones fueron pedidas por muchos acreedores de las empresas que ya se encuentran concursadas o con pedidos de quiebra -entre ellos muchos pertenecientes al Estado nacional-, y también por Eduardo Hecker, titular del Banco Nación.
“De ninguna manera se modifica lo sustancial: que las empresas se recompongan, que tengan continuidad y que puedan realizar acuerdos con sus acreedores”, sostuvo Almirón, y afirmó que “muchas de las empresas venían de crisis económicas con anterioridad, pero lo que busca la norma es morigerar los efectos de la pandemia”.
Desde Juntos por el Cambio, la radical Silvia Elías de Pérez expresó un enfático rechazo: “Debemos apoyar la media sanción que viene de Diputados. No más dilaciones, no más vueltas. Estamos llegando tarde, es urgente que esto se transforme en ley”.
La tucumana dijo que su interbloque “no está de acuerdo para nada con los cambios” porque “hay muchos concursos que empezaron antes de la cuarentena, y lo que queremos es que esas empresas no cierren, que puedan cumplir”. “No hay una lógica que diga por qué quieren excluir a estas empresas”, se quejó.
A su vez, Esteban Bullrich (Pro) opinó que “no hay ninguna racionalidad en esta decisión de modificar y limitar el alcance del proyecto de ley que se aprobó por unanimidad en Diputados”.
El legislador puso como ejemplo que “una empresa que el 19 de marzo acordó su concurso, ya con la pandemia declarada y algún atisbo de la cuarentena, está excluida de este proyecto”, y del mismo modo, “una empresa que el 11 de diciembre cerró una serie de pagos pensando que la actividad iba a ser normal, también la agarró la pandemia”.
El oficialista Oscar Parrilli denunció que la oposición, al reclamar la sanción de la ley tal como vino de Diputados, “en realidad lo que están diciendo es que hay que suspender la seguridad jurídica y no aplicar la Ley de Concursos y Quiebras porque gobernó el macrismo” y “no hay empresa que haya podido aguantar” en ese período. “Si las políticas que aplicaron desde 2016 generaron esta situación, ¿por qué insisten?”, se preguntó.
Hacia el final del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sentenció que la nueva redacción “es una herramienta que poco sirve desde marzo en adelante, por la feria judicial”.
“No sirve al mundo que queremos proteger. Las pymes significan en Argentina 11 millones de puestos de trabajo. ¿Qué culpa tienen las pymes de los errores económicos? En política se pagan; nosotros los pagamos y ahora somos oposición. Pero, ¿qué tienen que ver las pymes?”, cuestionó Naidenoff, presente esta vez en el recinto.
Por el contrario, José Mayans, titular de la bancada oficialista, recordó que “en 2019 el 61% de las empresas entraron a concurso preventivo, y eso fue consecuencia del desastroso programa económico que teníamos. Era un show de concursos. Y ahora dicen que están preocupados por las empresas que ellos mismos fundieron”.
Según la nueva redacción del artículo primero, se declara “hasta el 30 de junio de 2021” la emergencia “de los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite, cuya formulación se hubiese solicitado o peticionado a partir de que el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia sanitaria por medio del decreto 297/20, así como también de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos que se peticionen y en los trámites de quiebra que se inicien” desde la vigencia de la ley hasta el fin de la emergencia.
Quedarán exceptuados “los sujetos que entre el período de sospecha que fija el artículo 16 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras y hasta dos años siguientes de la entrada en vigencia de la ley realicen” una serie de operaciones, como “giros o transferencias al exterior en concepto de atesoramiento, o por cualquier otro motivo, mediante las cuales los beneficiarios sean sus propios accionistas, socios, integrantes o entidades (empresas, fideicomiso o similar) vinculadas directa o indirectamente y dichos fondos no hayan sido repatriados”.
También quienes realicen “erogaciones a países categorizados como no operantes o de nula o baja tributación” de acuerdo a lo descripto en la Ley de Impuesto a las Ganancias; “adquisición de títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, o adquisición de títulos en pesos para su posterior liquidación de compras en el extranjero”; y “constitución de cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período”.
La iniciativa indica que durante el plazo que dure la emergencia se suspenderá el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley 24.522, en lo dispuesto al denominado “período de exclusividad” previsto en el artículo 43 de esa norma.
Se establece, además, que “en cada proceso, el juez del concurso deberá fijar fundadamente un nuevo cronograma para dicho período contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma”.
En el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley, el plazo previsto en el artículo 43 de la Ley de Concursos y Quiebras será de 180 días, pudiendo el juez a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.
También se suspenden “los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia”.
Y se contempla la suspensión de “la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean”, al tiempo que se prohíben “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.
Se trata del proyecto aprobado en Diputados en noviembre del año pasado. Desde el propio oficialismo sugirieron modificaciones.
El proyecto de ley de alquileres recibió este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Ana Almirón (Frente de Todos), y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque no se descarta que reciba modificaciones.
Se trata de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, que extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Según este proyecto, el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad de inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o fiador solidario, o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
Si bien el texto dictaminado fue el mismo de la media sanción, hubo planteos por parte de los propios senadores oficialistas, entre ellos el chubutense Mario Pais, que apuntó al artículo 14 del proyecto, el cual establece el mecanismo de actualización de los montos.
Allí se indica que en los contratos de locación de inmuebles para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.
“Como está redactada la norma, se establece que el valor del alquiler debe mantenerse por doce meses y al año se puede actualizar. Se puede interpretar que el primer año se mantendría el valor, pero luego se permitiría establecer una cláusula gatillo mensual”, dijo Pais.
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Por otra parte, Ernesto Martínez (Pro) apuntó que “socialmente, hoy estamos bien cubiertos por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo que evitan los desalojos” por falta de pago del alquiler.
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) coincidió en que “los términos del DNU expresan la comprensión de la particular situación por la que están atravesando los inquilinos”, pero consideró que “hay que acompañar con legislación”.
La rionegrina Silvina García Larraburu, autora de un proyecto que se aprobó en el Senado en 2016 pero que la Cámara baja nunca debatió, aportó: “Es lamentable que el proyecto estuviera tanto tiempo en Diputados. Esta ley no es la ideal pero sí hay que darle dictamen para proteger a las 9 millones de personas que vienen bregando por una ley de alquileres”.
En tanto, las senadoras del Frente de Todos Eugenia Catalfamo y Beatriz Mirkin, así como la misionera Magdalena Solari Quintana, plantearon la necesidad de incluir en el Programa de Alquiler Social a los jóvenes, ya que en el proyecto se contempla solo a adultos mayores y víctimas de violencia de género.
En la reunión virtual de la Comisión de Legislación General también obtuvo dictamen favorable un proyecto de ley del oficialista Oscar Parrilli que suspende por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La iniciativa modifica una ley aprobada durante la gestión de Mauricio Macri destinada a agilizar la conformación de empresas. El objetivo, explicó Parrilli, es “no permitir que un mecanismo de la promoción del capital emprendedor sea mal utilizado y tergiversada la voluntad del legislador”.
En el lapso de seis meses, las SAS que ya fueron creadas deberán ratificar su inscripción ante la IGJ (Inspección General de Justicia) cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias tienen sus propios registros de sociedades.
El neuquino advirtió que las empresas así constituidas “tenían un capital social irrisorio, un objeto social vago y general, no había garantías de respaldo o funcionamiento, ausencia de legalidad, no tenían obligación de presentar balances ante la IGJ y hasta podían hacer oferta pública de sus acciones”.
“Lo que ocurrió desde 2017 fue una catarata de inscripciones que no tienen que ver con la actividad de los emprendedores”, expresó.
Además, aseguró que las SAS “se usaron con fines diferentes a los que decía la ley, como compra de inmuebles” y deslizó que “no sabemos si fueron para blanquear dinero porque grupos narcos habían constituido estas sociedades en la provincia de Santa Fe”.
Los senadores de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y pidieron una semana más para estudiarlo, alegando que las modificaciones anunciadas por Parrilli fueron dadas a conocer minutos antes del inicio de la videoconferencia.
La reunión se realizará este martes desde las 15. Se tratará el proyecto que tiene media sanción de Diputados y otras iniciativas vinculadas al tema.
La Comisión de Legislación General del Senado, que preside la correntina Ana Almirón (FdT), se reunirá de manera remota este martes, a partir de las 15, para analizar la nueva ley de alquileres que cuenta con media sanción de la Cámara baja desde noviembre pasado.
El temario del encuentro incluye otras iniciativas vinculadas al tema, entre las que se encuentra una presentada por Silvina García Larraburu (FdT), quien fue autora de un proyecto aprobado en la Cámara alta en 2016, pero que se trabó en Diputados, donde finalmente -tras varias idas y vueltas- se sancionó un nuevo texto.
El proyecto, avalado en el recinto de la Cámara baja el pasado 20 de noviembre por amplia mayoría, extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos, en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).
También indica que la inscripción de los contratos deberá realizarse a través de la AFIP; amplía el menú de garantías que el inquilino podrá presentar al empleador (garantía propietaria, seguro de caución, aval bancario, recibo de sueldo o certificación de ingresos); y establece que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario; entre otros puntos.
Además, en la reunión se tratará un proyecto del senador Oscar Parrilli que propoe suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La iniciativa avanzó en un plenario de comisiones del Senado y será tratada en la sesión virtual de este jueves. La ley actual data de 1.893 y la propia institución pidió una nueva normativa.
Con acuerdo de todos los bloques, obtuvo dictamen favorable en el Senado un proyecto de ley que actualiza la regulación de la Cruz Roja y su vínculo jurídico con el Estado Nacional, en momentos donde la tarea de la institución cobra una especial relevancia por el combate al Covid-19.
La iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados el 4 de julio de 2018 por amplia mayoría y este martes fue avalada en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto del Senado, por lo que quedó en condiciones de ser sancionada en la sesión virtual del jueves.
El jefe del bloque oficialista, José Mayans, confirmó que ese día se tratarán, sobre tablas, la ley de la Cruz Roja junto con los dos proyectos que aprobó la Cámara de Diputados: la “Ley Silvio” de protección al personal de salud, y la exención del impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales.
Ana Almirón, presidenta de la Comisión de Legislación General, explicó que la Cruz Roja “es una asociación civil sin fines de lucro que presta tareas de auxilio a los poderes públicos en el ámbito humanitario, y en época de pandemia es una de las sociedades que más viene ayudando”.
La senadora del Frente de Todos indicó que la institución “realiza colaboración no solo con el Gobierno nacional, sino también con los gobiernos provinciales y la CABA, siempre que se la convoca”.
Entre los beneficios de la nueva normativa, mencionó “la gratuidad de su actuación siempre que se presente como persona actora en procesos judiciales; la asignación de espacios gratuitos de publicidad; la exención del pago de peajes tanto para vehículos como para ambulancias; y la eximición del pago de derecho de importación” para adquirir equipamiento.
Almirón recordó que se trata de “la organización humanitaria más antigua, con más de 120 años de trabajo y la mayor cobertura en el país, con más de 65 filiales”, y consideró que la ley es una “deuda histórica” del Congreso.
En la misma línea, otro oficialista, Mario Pais, opinó que es “urgente” y “pertinente” la sanción de esta ley, dado que la regulación actual -que ahora será derogada- es del año 1.893. De todos modos, el chubutense remarcó la necesidad de trabajar para que las provincias puedan adherir.
“Esta es una entidad que, en el marco de la pandemia, es de alta utilidad para los intereses de la Nación y de la población”, destacó Pais.
Desde la oposición, Esteban Bullrich (Pro) adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio al proyecto, y en el mismo sentido se expresó Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), aunque el salteño realizó una objeción.
“Habíamos acordado tratar temas relacionados a la pandemia. Si bien se trata de una institución muy valorada, es muy tangencial la relación de esta sanción con lo acordado. Prueba de esto es que el proyecto es muchísimo anterior a la pandemia”, planteó Romero.
Y agregó: “No traigamos a la mesa de sesiones temas que tangencialmente puedan estar adentro de lo acordado, porque sino no habría límites. Quiero creer que la reforma judicial no tendrá nada que ver con la pandemia”.
Minutos después, Martín Lousteau (UCR) recogió el guante y aclaró que “la capacidad de respuesta financiera de la Cruz Roja se ve afectada” por la situación de emergencia sanitaria, por lo que “es estrictamente pertinente a lo que decidimos ajustarnos en las sesiones virtuales”.
A su vez, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) opinó que “no es más oportuno el momento” para sancionar esta ley, y recordó que “una de las primeras instituciones que llevó a cabo una campaña para recaudar fondos fue la Cruz Roja”, a través del “teletón” realizado el domingo 5 de abril, donde se recaudaron casi 88 millones de pesos.
La senadora oficialista defendió el proyecto de ley de góndolas afirmando que “nos conecta con una demanda real de usuarios, consumidores, pymes y la gran mayoría del pueblo argentino”.
En su condición de presidenta de la Comisión de Legislación General, la senadora Ana Almirón fue la miembro informante del proyecto de ley de góndolas, y en esa condición recordó la aprobación por amplia mayoría del proyecto en Diputados.
Sostuvo que esta iniciativa viene a atender un reclamo de las pymes, y aseguró que la norma “viene a cumplir una deuda pendiente que tiene el Poder Ejecutivo Nacional de lo establecido en la Ley de la Competencia, que establece justamente la creación de una comisión revisora de un anteproyecto para la defensa de la competencia minorista”.
La senadora camporista sostuvo que este es “un momento muy complejo del país” en el que el precio de los alimentos tiene un impacto muy fuerte en las economías nacionales, y así es que “esta norma hoy nos conecta con una demanda real de usuarios, consumidores, las pymes y la gran mayoría del pueblo argentino”.
“Cuando hay una situación económica grave, como la situación actual, sabemos que se incrementa la vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad se termina trasladando a los usuarios y consumidores”, señaló, para agregar luego que “en el caso de la compra de alimentos, siempre es muy preocupante la gran concentración que existe en muy pocas manos. Pero no solo por eso, hoy las estadísticas hablan que del 60% del consumo minorista que se realiza en nuestro país, el 70% está concentrado en las ventas de seis grandes cadenas de supermercados de nuestro país”.
Por eso consideró importante la sanción de esta norma, que establece una regulación de las marcas que se exhiben en las góndolas, para tratar de evitar “el ejercicio abusivo de las posiciones dominantes del mercado”, afirmó.
La senadora del Frente de Todos señaló que entre un 74 y un 78% de los productos que se comercializan en nuestro país “están en manos de las seis cadenas grandes de supermercados”. Por eso consideró necesario regular el sistema estableciendo “reglas claras y justas”, para que “más productores puedan crecer y producir, y permitir acceder a productos más justos y más baratos”.
Recordó la senadora correntina que la norma establece la limitación para exhibir un producto en no más del 30% de la góndola, como así también un mínimo de ese producto debe tener al menos cinco proveedores, “lo que hace sin duda una mayor posibilidad de competencia y de acceso a los pequeños productores, como así también la posibilidad de una mejor elección por parte de los consumidores”.
La senadora oficialista dijo que “hoy la prioridad para nosotros debe ser que no exista más hambre y pobreza”.
El Frente de Todos firmó en soledad el despacho, ya que Juntos por el Cambio pidió más tiempo para escuchar a los actores involucrados. El debate en el recinto será después del 1ro. de marzo.
A pesar de que Juntos por el Cambio pidió más tiempo para escuchar a los actores involucrados, el Frente de Todos avanzó este martes, en soledad, con el dictamen favorable de la ley de góndolas, que será tratada en el recinto una vez que inicien las sesiones ordinarias.
El oficialismo firmó el despacho tras una breve reunión de la Comisión de Legislación General, que se constituyó previamente y designó como presidenta a la kirchnerista correntina Ana Almirón, secundada por Silvia Giacoppo (UCR).
Si bien Juntos por el Cambio acompañó la votación en la Cámara de Diputados, en noviembre pasado, los senadores de ese interbloque advirtieron ahora que algunos aspectos del proyecto son de difícil cumplimiento, y decidieron no aportar su firma.
“El espíritu de la ley es muy bueno, pero sabemos que se puede mejorar”, planteó la radical Pamela Verasay, quien pidió posponer el dictamen una semana, “no de manera caprichosa, sino para aportar al proyecto”.
Verasay pidió citar a representantes de supermercados, productores y pymes, pero Almirón aclaró de entrada que la decisión del oficialismo era avanzar con el dictamen. “Es muy difícil discutir los temas cuando la única regla es el número”, se quejó la legisladora de la UCR.
Además, señaló que el cambio en el giro a comisiones -originalmente eran tres, pero el oficialismo pidió reducirlo a una comisión- debe ser votado en el recinto, por lo que advirtió sobre una violación al reglamento.
En nombre del oficialismo, María de los Ángeles Sacnun recordó que la iniciativa “fue votada ampliamente en Diputados” -recibió 182 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones-, por lo que consideró que “la discusión está absolutamente saldada”.
Precisamente Sergio “Oso” Leavy, quien votó la ley siendo diputado, opinó que “es muy importante darle esta herramienta al Gobierno” y que “es imperioso que esta ley salga pronto”.
En el mismo sentido se expresó Mario Pais, que si bien hizo objeciones de redacción, subrayó que “hay que dotar al Poder Ejecutivo Nacional hoy de las herramientas para mejorar la competitividad, que se verán en su impacto en términos más ventajosos para el consumidor”.
En la previa de la reunión, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, informó a la prensa acreditada que la votación de la ley de góndolas en el recinto será durante el período ordinario y no en extraordinarias, a pesar de que forma parte del temario elaborado por el presidente Alberto Fernández.
Mayans aclaró que se convocará a una sesión especial para debatir exclusivamente esta iniciativa, que busca frenar conductas monopólicas en las góndolas de los supermercados, favoreciendo la participación de pequeños productores y pymes.
En diálogo con parlamentario.com, la radical Giacoppo adelantó que Juntos por el Cambio votará a favor en el recinto, pero aclaró que “hasta último momento” buscarán consensos para introducir cambios, sobre todo en los que tiene que ver con algunas sanciones, que consideró “excesivas”.
