Se formalizó la convocatoria a reunión de la Comisión de Juicio Político

La Comisión analizará un total de 12 expedientes contra la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales figuran los que fueron presentados por los diputados de la Coalición Cívica.

El pedido de juicio político hacia los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y acompañado por diez gobernadores ya tiene fecha y horario en el que comenzarán a ser analizados los 12 expedientes, debido a que la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la oficialista Ana Carolina Gaillard, oficializó la convocatoria este viernes por la tarde.

“Por expresa indicación de la señora Presidenta de la Comisión, diputada nacional Ana Carolina Gaillard, se lo/a cita a la Reunión de esta Comisión de Juicio Político, a realizarse el próximo día jueves 26 de enero de 2023, a las 11.00 horas, en la Sala 1 del segundo piso del anexo ‘A’, de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a efectos de considerar los expedientes referidos a solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza la convocatoria formal.

En el temario figuran 12 expedientes presentados por diputados tanto del kirchnerismo como de la oposición, especialmente aquellos que responden a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Las presentaciones corresponden a los oficialistas Vanesa Siley, Juliana Di Tullio, Eduardo Valdés, Antonio de Martino, María Rosa Martínez, Antonio La Greca, y Patricia Isasa; y los de la CC-ARI, Paula Oliveto, y Juan Manuel López. Así como a la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir.

Por otro lado, el oficialismo citará a más de 40 testigos, entre ellos los cuatro jueces del máximo tribunal que están citados en carácter de acusados. En suma, pedirán que se libren 13 oficios a diferentes dependencias.

La única vez que la Comisión mantuvo un encuentro fue para su constitución el 24 de mayo del 2022. En esa oportunidad, se eligió como presidenta de la misma a la entrerriana del Frente de Todos Gaillard. En el cargo de vicepresidente primero fue designado el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López; y como vicepresidenta segunda a la entonces diputada oficialista Victoria Tolosa Paz. En tanto, las secretarías quedaron a cargo del jefe el bloque UCR, Mario Negri; el mendocino Omar De Marchi (Pro); y el porteño Álvaro Gustavo González (Pro).

Los demás diputados que son miembros de la comisión son, por el lado de la oposición Manuel Aguirre (UCR), Sabrina Ajmechet (Pro), Ana Carla Carrizo (Evolución Radical), Alejandro Finocchiaro (Pro), Ximena García (UCR), Graciela Ocaña (Pro), Paula Oliveto (CC-ARI), María Luján Rey (Pro), Pablo Tonelli (Pro); y el titular del interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense), quienes ya adelantaron que no darán quórum, pero si participarán de las reuniones.

Por el oficialismo, el jefe del bloque Germán Martínez -vocal de la Comisión- anunció que la massista Vanesa Massetani será reemplazada por el riojano Ricardo Herrera a fin de garantizarse la mayoría. Así los miembros por el FdT son Marcos Cleri, Ricardo Daives, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Francisco Monti, Micaela Moran, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky.

El camino del Juicio Político y los fundamentos

El 1ro de enero del corriente año, el presidente de la Nación convocó a través de su cuenta de Twitter a los gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, “en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.

La reunión con los gobernadores se dio el 3 de enero en Casa Rosada, y solo diez acompañaron el pedido con su firma y fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara baja en la noche del 12 de enero, pero fueron diputados nacionales y no el presidente de la Nación los que le pusieron la firma al texto, a los efectos de garantizar la vigencia del dictamen acusatorio por el término de tres años, cosa que no hubiera sucedido en caso de que quien impulsara el proyecto no fuera integrante del Congreso.

El número de expediente es 6905-D-2022, y lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Varinia Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.

Entre los fundamentos del texto que consta de 410 fojas, se plantea que el jury contra Rosatti es “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”. Asimismo, el texto solicita “se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El proyecto acusa a los integrantes de la Corte de haber “realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.

Más adelante, hablan de un “asalto al Consejo de la Magistratura” en relación al fallo de la Corte que declaró inconstitucional la Ley sancionada en 2016 y le “exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de ciento veinte días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y que lesionan el principio republicano de gobierno” sobre la integración del Consejo de la Magistratura, “lo que demuestra la clara intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso”.

También refieren al fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por la quita de coparticipación. Señalan los diputados que el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y suspendió la aplicación de la Ley 27.606, sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de diciembre de 2020. El extenso pedido de juicio político incluye una referencia a “incumplimientos y desmanejos relevados por la Comisión de Auditoría de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

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La oposición no participaría de las reuniones de la Comisión de Juicio Político

Así lo adelantaron varios diputados integrantes de Juntos por el Cambio a parlamentario.com

Luego de la reunión que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo con diez gobernadores en Casa Rosada, anunciaron que este miércoles presentarían el proyecto de pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia ante la comisión homónima de la Cámara de Diputados, por “mal desempeño” y por “violar la Constitución Nacional”, haciendo alusión a los últimos fallos que dictó.

La única vez que la Comisión mantuvo un encuentro fue para su constitución el 24 de mayo del 2022. En esa oportunidad, se eligió como presidenta de la misma a la entrerriana del Frente de Todos Ana Carolina Gaillard. En el cargo de vicepresidente primero fue designado el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López; y como vicepresidenta segunda a la entonces diputada oficialista Victoria Tolosa Paz.

Las secretarías quedaron a cargo del jefe el bloque UCR, Mario Negri; el mendocino Omar De Marchi (Pro); y el porteño Álvaro Gustavo González (Pro). En esa oportunidad, fijaron como fecha de reuniones los días martes a las 18.30.

Los demás diputados que son miembros de la comisión son, por el lado de la oposición Manuel Aguirre (UCR), Sabrina Ajmechet (Pro), Ana Carla Carrizo (Evolución Radical), Alejandro Finocchiaro (Pro), Ximena García (UCR), Graciela Ocaña (Pro), Paula Oliveto (CC-ARI), María Luján Rey (Pro), Pablo Tonelli (Pro); y el titular del interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense).

Por el oficialismo, son miembros Marcos Cleri, Ricardo Daives, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Francisco Monti, Micaela Moran, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky.

Como el Congreso está en receso, para que la comisión se ponga en funcionamiento el Poder Ejecutivo debe convocar a extraordinarias a través de un DNU y fijar un temario en el que incluya el tema. Así la comisión quedará habilitada para reunirse.

Según explicó Carolina Gaillard, “con el quórum reglamentario se dictamina la apertura del sumario de investigación que dura 60 días, es el plazo que establece el reglamento interno. Se realiza la investigación y luego se dictamina acerca de si, de dicha investigación, resultó responsabilidad. Va a haber dictamen que se vota por mayoría simple y luego se lleva al recinto y allí, en el pleno de la Cámara, donde se debate la cuestión y se requieren 2/3 para que pase al Senado. Es el Senado quien juzga”.

“Dentro del procedimiento se puede convocar a los jueces, más allá de que no es un proceso judicial, sino un juicio político el procedimiento cumple con el derecho de defensa, todas las garantías necesarias de cualquier procedimiento. Mas allá de que la Comisión puede pedir todo tipo de pruebas lo primero que hace es llamar a quien está acusado”, remarcó.

Si bien el oficialismo cuenta con mayoría simple para avanzar con la apertura del sumario que se necesita para empezar la investigación, la duda recae en la bancada opositora que, si bien ya habían anticipado su rechazo al juicio político, no habían manifestado si participarían o no de las reuniones de Comisión. Según adelantaron a parlamentario.com fuentes consultadas, “la oposición no va a participar de las reuniones de Comisión”.

El titular del interbloque Federal, Alejandro Topo” Rodríguez, a través de una columna de opinión publicada en parlamentario.com ya adelantó su rechazo. Incluso en declaraciones radiales, que hizo en los últimos dos días, planteó que “el oficialismo necesita el 66% de la Cámara de Diputados y tiene menos del 46%; y necesita el 66% de la Cámara de Senadores después y tiene menos del 49%”, por lo que precisó que “es posible, pero altísimamente improbable que esto se apruebe”.

Gaillard: “Es gravísimo para la democracia tener un Poder Judicial que no sea independiente”

La diputada entrerriana lamentó que “estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme”, y aclaró que “la decisión del presidente de enviar el pedido de juicio político es una de las herramientas que establece la Constitución".

La titular de la Comisión de Juicio Político, la diputada oficialista Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos), se refirió al pedido de juicio político impulsado por Alberto Fernández contra los miembros de la Corte Suprema y aclaró que “es una de las herramientas que establece la Constitución”. Además, consideró que “lo que ha ocurrido es gravísimo para la democracia tener un Poder Judicial que no sea independiente, que no sea imparcial, que viole las normas legales”.

En diálogo por el Destape Radio, la oficialista manifestó: “Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme y la decisión del presidente obviamente tiene que ver con esto, con que sumada ya a la discrecionalidad del fallo de la coparticipación, donde se le devolvieron recursos a la Ciudad de Buenos Aires que no correspondían porque eran de las provincias, sumado al tema del Consejo de la Magistratura, donde claramente la Corte se entrometió en las facultades que tenía el Congreso, se conocen estos chats donde claramente hay tráfico de influencias respecto a una persona de mucha confianza del presidente del máximo tribunal sugiriendo estrategias para que se favorable el fallo de la Corte a la Ciudad”.

“Claramente esto me parece que es grave y la decisión del presidente de enviar el pedido de juicio político es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, que tenemos los diputados que establece la Constitución para investigar y determinar responsabilidades y, tal caso, proceder al juicio político que es político y no penal”, opinó Gaillard y remarcó que “lo que hace es apartar del cargo a la persona que se encuentra que es responsable y se procede a la destitución”.

Respecto al proceso para llevar a cabo el juicio político, la diputada del Frente de Todos explicó: “El Ejecutivo tener que elaborar y enviar el proyecto o también, lo que puede ocurrir, es que se convoque a sesión extraordinaria porque, para que la Comisión se pueda reunir de nuevo, se debe hacer un llamado a sesión extraordinaria que eso debe ser por un decreto del presidente así se fija un temario y, si está el juicio político, nosotros tenemos habilitado convocar a la Comisión y con el quórum reglamentario se dictamina la apertura del sumario de investigación”.

“Se realiza la investigación y luego se dictamina acerca de si, de dicha investigación, resultó responsabilidad. Va a haber dictamen que se vota por mayoría simple y luego se lleva al recinto y allí en el pleno de la Cámara donde se debate la cuestión y se requieren 2/3 para que pase al Senado. Es el Senado quien juzga. Van 3 miembros de Diputados que llevan la acusación”, completó.

En esa línea, contó que el bloque del FdT en la Comisión “tiene mayoría que sirve para avanzar en la apertura del sumario que se necesita para empezar a investigar. La investigación dura 60 días que es el plazo que establece el reglamento interno y luego la Comisión tiene que suscribir el nuevo dictamen que es el que va al pleno y se trata en el recinto”.

“Dentro del procedimiento se puede convocar a los jueces, más allá de que no es un proceso judicial, sino un juicio político el procedimiento cumple con el derecho de defensa, todas las garantías necesarias de cualquier procedimiento. Mas allá de que la Comisión puede pedir todo tipo de pruebas lo primero que hace es llamar a quien está acusado”, remarcó.

Además, informó que “hay varios pedidos de juicio político contra los miembros del tribunal de otros diputados como por ejemplo los miembros de la Coalición Cívica presentaron pedidos contra el juez Lorenzetti. Ya muchos pedidos de juicio político presentados. En este caso los hechos ameritaron y motivaron que la máxima autoridad del país sea quien impulse este nuevo pedido”.

En suma, comentó que “el pedido tiene una vigencia de 3 años, hay que ir paso a paso, luego es la apertura del sumario, y así avanzando en los pasos del procedimiento”.

Para Gaillard “lo que ha ocurrido es gravísimo para la democracia, tener un Poder Judicial que no sea independiente, que no sea imparcial que viole las normas legales, que tenga fallos discrecionales. Amerita que utilicemos las herramientas que provee la Constitución para evaluar el mal desempeño y otras causales. En este caso es el mal desempeño, la instancia del recinto falta mucho para llegar a ese momento, es súper importante la etapa del sumario y de la investigación”.

“Las decisiones del Poder Judicial, como lo de la coparticipación afectan a la sociedad, ameritan que los ciudadanos se involucren. Lo que pasó con los chats que una persona de confianza del presidente de la Corte habla con el ministro de Justicia para arreglar un fallo, eso es un escándalo.  Tenemos que tener un Poder Judicial creíble, independiente, prestigioso que ya no lo es”, remató la presidenta de la Comisión de Juicio Político de Diputados.

Diputados del FdT impulsan la despenalización del consumo personal de estupefacientes

La iniciativa se da en el marco de la causa de droga adulterada que dejó un saldo de 23 fallecidos hasta el momento, y propone modificar la Ley del Régimen Penal de Estupefacientes.

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Tras la conmoción y las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición por la causa de droga adulterada que causó la muerte de 23 personas -hasta el momento- un grupo de diputados del Frente de Todos, encabezados por Ana Carolina Gaillard, presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley 23.737 del Régimen Penal de Estupefacientes con el fin de despenalizar el consumo personal.

La iniciativa propone “una reforma de la Ley 23.737, que prevé el Régimen Penal de Estupefacientes, con el objeto de despenalizar el consumo personal de estupefacientes, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que retoma la ya fijada por la misma Corte, en el histórico fallo, Bazterrica y Capalvo que declaró inconstitucional la persecución de personas usuarias de todas las sustancias”.

También, buscar modificar el artículo 5 de la vigente Ley por el siguiente: “Será reprimido con prisión de tres a 15 años y multa de 45 a 900 unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes con fines de comercialización ilegal”.

Y agrega: “Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes con el fin de su comercialización ilegal; comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, estupefacientes, precursores químicos o materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización ilegal, los distribuya, los dé en pago, los almacene o los transporte; entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso”.

“La pena será de 2 a 8 años y multa de veinte (20) a seiscientas (600) unidades fijas, si la entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes se hiciera a título gratuito a una persona menor de edad, por parte de una persona mayor de edad”, señala.

En tanto, también aplica cambios al artículo 9 para que sea reprimido con prisión de dos a seis años y una multa de 20 a 300 unidades fijas e inhabilitación de uno a cinco años, el médico o profesional autorizado para recetar, que prescribiera o entregue estupefacientes en dosis mayores a la necesaria. En caso de que sea con destino ilegítimo la pena se eleva de cuatro a 15 años.

Asimismo, el artículo 10 también presenta modificaciones: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a doce años y multa de 30 a 300 unidades fijas al que facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos, para que se lleve a cabo alguno de los hechos previstos”.

El artículo 12 plantea una presión de dos a seis años y una multa entre 20 a 400 unidades quien difunda públicamente el uso de estupefacientes o indujere a otro a consumirlos. Por último, el artículo 28 quedará redactado: “El que públicamente imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes, será reprimido con prisión de dos a ocho años. En la misma pena incurrirá quien por medios masivos de comunicación social explique en detalle el modo de emplear como estupefaciente cualquier elemento de uso o venta libre”.

El proyecto especifica una reforma del Régimen Penal de Estupefacientes con el objeto de:

  • Ajusta la política de drogas en relación al cannabis, otorgándole un estatus jurídico proporcional y comprensivo de su dimensión medicinal.
  • Armoniza la ley penal con la protección de la Salud Pública y Ley de Salud Mental, Nº 26.657 eliminando la criminalización y los tratamientos compulsivos que no cumplen y, por el contrario, obstruyen los objetivos de salud pública.
  • Despenaliza y se da más certeza en la redacción a las personas usuarias de cannabis para la salud acompañando los avances de la Ley 27.350.
  • Se despenaliza la siembra y cultivo de cannabis para uso personal.
  • Se fija un umbral de dosis, hasta 40 gramos de flores y/o semillas y la cosecha o cultivo de hasta 9 plantas de cannabis de efecto psicoactivo.
  • Se reconocen las circunstancias de vulnerabilidad de género y pobreza como atenuantes de responsabilidad (mujeres y personas trans).
  • Así se obliga al sistema a hacer foco en la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes a escala, y no conductas privadas o que no significan un daño grave a la salud pública.
  • Se reducen las penas del narcomenudeo cuando se trata de cannabis.
  • Se excluye de responsabilidad criminal a médicos y profesionales que receten cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo, a fin de evitar que la criminalización se contraponga a la ley de cannabis para la salud y su acceso.
  • Se brindan pautas para discernir entre personas usuarias medicinales de cannabis y quienes hacen uso adulto y personal a fin de no criminalizar.
  • Da pautas para proteger los cultivos presuntamente medicinales.
  • Se promueve que tanto los Ministerios de Seguridad, como las policías, Justicia y Ministerios Públicos Fiscales instruyan en sus respectivos ámbitos lineamientos criminológicos que incorpora el proyecto.
  • Se derogan figuras que impiden y criminalizan el desarrollo del conocimiento, la investigación, la difusión y la reducción de daños tales como la preconización.

Acompañan la iniciativa con su firma los diputados Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itaí Hagman, Mabel Caparrós, Lucila Masin y Mara Brawer.

5167-D-2021

Ana Carolina Gaillard

“Es urgente una reforma de la ley de estupefacientes para lograr armonizarla con la protección de la salud pública y en particular con nuestra ley de Salud Mental. Esto va a permitir, además, implementar otras formas de cuidado de la salud en línea con las políticas de reducción de daños. Para lograrlo, el proyecto hace foco en que la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes, y no a conductas privadas de usuarios y usuarias que no significan un daño a la salud pública y cuya persecución, en cambio, significan sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”, remarcó Gaillard.

Y agregó: “Tenemos que priorizar un abordaje desde el derecho a la salud de los usuarios y usuarias, no su penalización, porque ese paradigma ya demostró su fracaso en todo el mundo: los consumos aumentan y también los riesgos asociados a la clandestinidad -con el problema de salud pública que eso implica, como vimos estos días en nuestro país-, obstaculizando el acceso al sistema de salud por temor a ser criminalizado. El proceso penal contra personas que consumen y pequeños eslabones de la cadena de comercialización no es efectivo para erradicar el narcotráfico y sí para castigar grupos sociales vulnerables como mujeres y personas trans en situación de extrema vulnerabilidad que, ni se llevan las principales ganancias, ni son quienes producen el daño en la salud pública a gran escala”.

Según Gaillard: "El actual abordaje del modelo prohibicionista-abstencionista, que criminaliza a usuarios y usuarias por consumo y posesión de drogas para uso personal, obstaculiza la efectividad de las políticas de salud. La ley 23.737 no comprende el universo real de la problemática e instala la prohibición y la abstinencia desde un abordaje represivo y compulsivo que ha demostrado su ineficacia en todo el mundo”.

En su carácter de presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Gaillard trabajó el tema durante todo el año 2021 junto a distintas organizaciones de la sociedad civil y especialistas, pero se presentó este año para que no pierda estado parlamentario, debido al cambio de composición de la Cámara en diciembre de 2021. Según explicó la diputada, “los hechos de público conocimiento, que generaron la muerte de decenas de personas por consumo de una sustancia adulterada en el mercado ilegal, precipitaron la necesidad de legislar sobre la problemática”.