Los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura -que componen los senadores nacionales Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, y los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade– cuestionaron este jueves, a través de un comunicado, a la Corte Suprema por la situación de la jueza Ana María Figueroa.

Luego de la aprobación del pliego de la jueza el jueves pasado en el Senado (tras desempatar con el voto de la presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala) y la firma del decreto del presidente Alberto Fernández, los legisladores oficialistas señalaron que “se completó el procedimiento constitucional requerido” para un nuevo nombramiento como vocal de la Cámara Federal de Casación Federal por el término de cinco años de la jueza Figueroa.

“En virtud de ello, la jueza Figueroa se encuentra legitimada para continuar ejerciendo su función jurisdiccional por el plazo y en el Tribunal antes mencionados”, agregaron Recalde, Pilatti Vergara, Siley y Tailhade.

Por otro lado, el comunicado presentado por los miembros del Consejo de la Magistratura por el oficialismo cargó contra el máximo tribunal de justicia: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación es totalmente ajena al procedimiento de designación y de remoción de los jueces”.

Y agregaron: “Razón por la cual la resolución administrativa 2328/2023 de fecha 6 de septiembre pasado, resulta nula de nulidad absoluta por haberse dictado vulnerando los límites de la competencia del máximo Tribunal y las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación”.

En ese tema, aseveraron que “resulta cuanto menos repugnante a la Carta Magna y al Estado de Derecho, y además revelador de su estado de descomposición y decadencia, que la Corte se arrogue la facultad de hacer cesar, por sí y por vía administrativa, a un magistrado judicial en su cargo. Ello resulta una elemental contravención al orden público constitucional”.

Del mismo modo, el comunicado apuntó contra “algunos” medios de comunicación: “Las declaraciones públicas y notas periodísticas aparecidas en el día de hoy, respecto a que el Consejo de la Magistratura ‘dejó de considerar jueza’ a Figueroa, configuran una operación berreta que sólo busca confundir a la opinión pública y continuar abasteciendo in infame ataque que vienen desplegando contra la magistrada desde hace meses”.

Además, explicaron que “solo se trató de una decisión administrativa respecto de un concurso para cubrir vacantes judiciales en la ciudad de Rosario, cuestión que no guarda absolutamente ninguna relación con su nuevo nombramiento por el término de 5 años”.

Por último, el comunicado de los miembros del Consejo de la Magistratura del oficialismo anticipó: “La posición institucional del Consejo de la Magistratura respecto de la situación de la jueza Ana María Figueroa quedará definida en la próxima reunión de la Comisión de Selección, una vez que ponga formalmente en consideración este asunto”.

El decreto 502/2023 oficializó este miércoles lo suscripto por el presidente Alberto Fernández sobre la jueza Ana María Figueroa. El texto refiere al acuerdo prestado por el Senado de la Nación, “y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional” es que el mandatario nombra “por el término de cinco años a partir del 9 de agosto de 2023, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa, quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013”.

Ese es el texto del decreto que fundamentalmente abre a partir de ahora un conflicto de poderes entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, que hace algunas semanas había dispuesto el cese de funciones de la jueza, que el pasado 8 de agosto cumplió 75 años de edad y no había recibido para entonces la habilitación de una prórroga a través del Senado de la Nación.

Eso llegó el jueves pasado a través de una votación que terminó empatada en 35 votos y que fue desempatada por el voto de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, completó este martes el proceso para que la jueza Ana María Figueroa conserve su cargo en la Cámara de Casación Penal de Justicia hasta el 9 de agosto del 2028 tras firmar el decreto, luego de que el oficialismo en el Senado se alzara con su aprobación la semana pasada.

En rigor, la medida termina de abrir las puertas al conflicto de poderes que se planteará con la Justicia, pues la Corte Suprema de Justicia es la que le bajó el pulgar a la jueza.

“El presidente de la Nación Argentina decreta: artículo 1. Nómbrase, por el término de cinco (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa (D.N.I. N 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N 143 del 4 de febrero de 2013. Artículo 2.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”, indica el texto del decreto.

Se espera que la medida aparezca publicada en el Boletín Oficial de este miércoles.

En la sesión del jueves pasado, a la hora de la votación el tablero marcó 35 afirmativos a 35 votos negativos -dos veces- y fue la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala de Zamora – ante la ausencia de Cristina Kirchner en el recinto-, quien desempató a favor.

En la sesión del Senado de este jueves, el kirchnerismo logró que se apruebe el pliego de la jueza Ana María Figuero,a quien cumplió 75 años el 8 de agosto pasado, por lo que la Corte Suprema de Justicia dispuso el 6 de septiembre que deje el cargo.

Pese a ello, el oficialismo decidió insistir con la prórroga de su mandato en el Senado y la votación resultó empatada, por lo que tuvo que ser definida con el voto de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, tras el 35-35 que registró la votación inicial. El tema es que a ese número llegó la principal oposición porque en JxC se ausentó la senadora nacional Carmen Crexell (Cambio Federal – Neuquén), que de haber estado presente hubiese significado que no se aprobara el pliego (aunque algunos especulan que en ese caso sí hubiera estado Magdalena Solari Quintana, misionera habitualmente aliada del oficialismo, que se ausentó en la votación. Pero esa es otra cuestión).

Este viernes, desde la Coalición Cívica – ARI, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic criticaron a la senadora neuquina y señalaron que “esa ausencia es efectivamente una falta a los valores institucionales que nuestro espacio representa y defiende”.

Del mismo modo, manifestaron que “la ausencia de la senadora Crexell en la sesión de este jueves 28 de septiembre significó la ausencia de la representación de miles de argentinos que la votaron para defender sus intereses y los del país”.

“Este acto de irresponsabilidad política permitió que el kirchnerismo vulnere una vez más las instituciones y debe ser juzgado con el máximo rigor”, manifestaron, y añadieron que “la lucha contra la corrupción y la impunidad no es un slogan de campaña”.

También, enfatizaron que “es una causa, una misión y un compromiso irrenunciable para quienes hemos dedicado nuestra vida a terminar, no sólo con el Kirchnerismo, sino con cualquier concepción de poder que pretenda profundizar el inconmensurable daño cultural hecho al país”.

Para cerrar el comunicado, los diputados nacionales del espacio liderado por Elisa Carrió indicaron que “la corrupción mata, y es la contra cara de la pobreza. Entender esto como un imperativo ético y moral nos demanda ser implacables. No hay excusa que pueda justificar su irresponsabilidad”.

Tras una larga sesión en el Senado, la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, se refirió al rechazo de la oposición al pliego de la excamarista Ana María Figueroa y consideró que “se la agarraron” con ella “porque el poder económico no la quiere”.

Al igual que lo hizo en su discurso, la kirchnerista rechazó “la rendición del poder político ante el poder económico, que le da órdenes al Poder Judicial”. Y opinó que la Corte “si hubiera sido varón” no la hubiese apartado luego de cumplir los 75 años.

Por otra parte, la bonaerense celebró la sanción de la ley sobre reforma del impuesto a las Ganancias: “Es una gran noticia para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Es una conquista para los sindicatos, que vienen reclamando hace muchos años”.

“Cuando la oposición chicaneó a mi candidato a presidente (Sergio Massa) para que deje de hacer anuncios y envíe el proyecto al Congreso, que ellos lo iban a votar con las dos manos, bueno… No apareció ninguna mano”, lanzó.

En diálogo con Radio Futurock, la senadora cuestionó este viernes “una falta de pudor un poco extravagante” por parte de Juntos por el Cambio, al recordar la promesa electoral de Mauricio Macri en 2015.

“Tienen una candidata (Patricia Bullrich) que dice que a las provincias no hay que darles plata, y ahora se preocupan por si un impuesto deja de tributar para las provincias”, lanzó y expresó que “se queden todos tranquilos” porque se las va a compensar.

Di Tullio destacó que “todas estas medidas (tomadas por el ministro) son para que el impacto de la devaluación no las sufra el pueblo argentino”. “Creo que todos quieren ver cuáles son los intereses que defiende un candidato”, consideró y, en esa línea, resaltó que Massa “está trabajando para que el FMI y sus políticas no destruyan a los argentinos y argentinas”.

Finalmente, consultada por un eventual balotaje entre Massa y Javier Milei, respondió: “¿Por qué segunda vuelta? Nosotros queremos ganar siempre. Entiendo que es el escenario posible, pero nunca descarten ningún escenario. Falta poco, pero para lo que significa un proceso electoral, falta mucho”.

La senadora neuquina Lucila Crexell quedó este jueves en el ojo de la tormenta al figurar ausente nada menos que en la votación que resultó empatada para definir la suerte de la jueza Ana María Figueroa. En efecto, en caso de haber estado ella en el recinto, Juntos por el Cambio no hubiera terminado perdiendo la votación con el desempate de la presidenta provisional del Senado.

Por tal motivo fue fustigada en las redes sociales, por lo cual ella reaccionó por la misma vía explicando los motivos de su ausencia.

“Como representante y servidora pública, tengo la responsabilidad de aclarar algunos puntos. Esta semana estuve en Bonn, invitada como panelista a una actividad internacional sobre energías renovables, temática que forma parte de mi agenda legislativa”, explicó la senadora neuquina, que dijo estar “convencida de que la decisión de la Corte de formalizar la cesación de funciones de la exjueza Figueroa no puede ser modificada por el Senado, de manera que la maniobra del kirchnerismo es inválida e inconducente”.

Asimismo señaló que “siempre estuve y estaré del lado de la República y la defensa de sus instituciones. Por eso acompaño a Patricia Bullrich y espero que sea la próxima presidente de Argentina”.

Tras un empate, definido a favor por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, el oficialismo en el Senado consiguió este jueves aprobar una serie de pliegos judiciales, entre los que se destaca el de la jueza Ana María Figueroa, quien cumplió 75 años de edad el 9 de agosto pasado, por lo que la Corte Suprema de Justicia dispuso el 6 de septiembre que deje el cargo.

La designación propuesta por el Poder Ejecutivo -que extiende por cinco años su magistratura- resultó con 35 votos a favor y 35 en contra. Durante la votación, la vicepresidenta Cristina Kirchner no estuvo presente en el recinto, por eso definió a favor con su voto la santiagueña Ledesma Abdala de Zamora.

Además de los 31 senadores del Frente de Todos, votaron a favor la riojana Clara Vega -habitual aliada- y sus excompañeros de bancada Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider. No lo hizo así Carlos “Camau” Espínola.

Además de JxC, votaron en contra el rionegrino Alberto Weretilneck y la cordobesa Alejandra Vigo. Mientras que las ausentes fueron la misionera Magdalena Solari Quintana -que también siempre vota con el oficialismo- y la neuquina Lucila Crexell, de JxC. Solari Quintana había estado presente a la hora del quórum, pero no bajó para la aprobación del pliego.

Figueroa era una magistrada considerada clave para el cristinismo, habida cuenta de su presencia en la Cámara Federal de Casación Penal -la cual presidió hasta agosto-, que debía resolver si las causas de Hotesur-Los Sauces y la del Memorándum con Irán, que involucran a la vicepresidenta, se volvían a reabrir o no. Luego de que el máximo tribunal resolviera finalmente apartarla, los restantes camaristas de la Sala I ordenaron que ambas causas fueran a juicio. 

Ahora, la decisión del Senado de aprobar el pliego de Figueroa planteará seguramente una polémica en torno a la validez o no de su continuidad. El paso que sigue es que el presidente Alberto Fernández firme el decreto de designación. La situación, sin dudas, abrirá una situación de conflicto de poderes. 

En sus discursos, los senadores de JxC cargaron duro contra el oficialismo por la insistencia de aprobar la continuidad de Figueroa, pese a la decisión de la Corte, y cuestionaron a CFK. 

Además de ese pliego se avanzó con otros 32 nombramientos -votados por unanimidad con 70 votos positivos- de jueces, fiscales y defensores, pero previamente al tratamiento de éstos, se dio ingreso a casi una veintena de pliegos judiciales y militares.

El debate

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, valoró el trámite que los pliegos tuvieron y destacó la necesidad de que se cubran vacantes, algunas de las cuales en algunas jurisdicciones “llevan años esperando”.

“Si hoy se aprueban estos pliegos, se van a ver beneficiados en un afianzamiento de la justicia”, dijo y reconoció que “mucho se ha escrito y dicho respecto de estos pliego”, pero explicó: “La designación de jueces federales es un acto constitucional complejo que se inicia en el Consejo de la Magistratura, donde los aspirantes a los distintos cargos pasan por un concurso; luego un examen escrito; luego una audiencia oral; necesitan los dos tercios para el orden de prelación y luego se forma una terna que va al Ejecutivo, que elige y vuelve al Senado”.

En esa línea, la vicejefa del interbloque oficialista afirmó que en el caso de estos 33 pliegos “han seguido tanto la manda constitucional, como el reglamento de esta Cámara; se han recibido los antecedentes, todos han venido a la audiencia, han recibido preguntas de los senadores y, por supuesto, la Comisión de Acuerdos ha generado el dictamen favorable para estos 33 pliegos”.

Recordó que el Ministerio Público de la Defensa había sacado un comunicado este miércoles diciendo que era falso lo que se publicaba y lo que repetían los senadores “por falta de información, quiero creer”, apuntó Fernández Sagasti, agregando la referencia a que “el kirchnerismo quiere copar la justicia”.

La camporista negó la versión de que estos 33 pliegos hubieran sido elegidos de listas complementarias. “El Ministerio Público hizo un comunicado en el que expresó su preocupación por la falta a la verdad de esos dichos periodísticos; recomiendo que cada vez que analicen los pliegos lean completo el envío, porque en algunas ocasiones pasa que los jueces, fiscales, defensores, rinden en diferentes concursos, incluso de diferentes provincias, entonces lo que pasa es que cuando por ejemplo un fiscal es designado en Rosario, renuncia en las otras ternas. Entonces la lista complementaria sube, porque se generan vacantes”, relató.

La legisladora mendocina aseguró que eso era lo que había pasado en estos casos y aseguró que lo tenía documentado. “Lamento que los senadores que se acoplaron a estas publicaciones no han tenido la delicadeza de estudiar esta situación que es normal en todos los concursos”, señaló.

Luego se refirió puntualmente al caso de Ana María Figueroa, cuya renovación por cinco años más fue pedida por el Poder Ejecutivo. Remarcó que la magistrada siguió todo el trámite reglamentario en el Senado y “no existió ni una sola oposición a su postulación ni a sus antecedentes”. Apuntó también que al presentarse en la comisión “opinó y contestó con holgura”, para luego remitirse a la Corte Suprema, a la que acusó de “entrometerse con prerrogativas que son exclusivas del Senado. Pero no es la primera vez que en el Senado se aprueba un dictamen luego de que el postulante haya cumplido los 75 años de edad”. 

Sobre ello, indicó que eso ha sucedido tanto durante esta gestión, como en la de Mauricio Macri. “Entendemos que los trámites legislativos no son los mismos que los del Ejecutivo”, y puso dos ejemplos: Silvia Mora y Luis Imas, aprobados ocho meses después.

“Pour la galerie”

Desde la oposición, la senadora Guadalupe Tagliaferri acusó al oficialismo porque “el tema que les desvela es avanzar con la agenda judicial de la vicepresidenta. A pocos meses de terminar este gobierno, saben muy bien que les queda muy poco tiempo, y no sólo entonces están dejando una bomba económica que le va a explotar al próximo gobierno, a todos los argentinos, sino también haciendo los últimos ajustes para su impunidad”.

“Incumplimos los fallos de la Corte Suprema: coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y ahora con el fallo de la exjueza Ana María Figueroa”. La legisladora del Pro recordó que el intérprete máximo y último de la Constitución es la Corte, y chicaneó que “la única verdad es la realidad, ustedes debieran saberlo, y la única realidad es que en la Argentina hay millones de argentinos bajo la línea de pobreza, una inflación galopante de la mano de Sergio Massa, y que la señora Figueroa no es más jueza… Así que no le podemos dar ningún acuerdo. Este relato que quieren armar no es gratuito, nos afecta a todos”.

“Van a avanzar con algo ridículo, que no va a prosperar: no es más jueza, ya lo saben. Es pour la gallerie, es un mensaje. Están siendo extremadamente miopes al desafiar un fallo de la Corte Suprema”, enfatizó la macrista. 

Por su parte, el senador Luis Juez, expresó que “cuando se rompen las reglas de juego es difícil porque hacen que todo sea dudoso y la falta de reglas de juego hizo que otros jueces sean designados en tiempo y forma, y es cierto que acompañamos en el pasado, pero nunca la Corte Suprema de Justicia se había expresado”.

Al aseverar que iba a votar  “decididamente en contra”, el cordobés se quejó de que “estamos discutiendo un absurdo” y continuó: “Entiendo que para ustedes sea más importante el relato que la realidad, pero después de la sentencia y la acordada, el pliego de Figueroa no tiene sentido”.

Finalmente, consideró que “perdemos tiempo porque discutimos un abstracto”, y agregó que “necesitamos respetar las reglas de juego; no la conozco a Figueroa, pero así seguimos creyendo que pelearnos con otros poderes nos enaltece y la Corte ya dijo que perdió su status jurídico”.

Desde el oficialismo, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, rechazó las expresiones de algunos discursos: “No me gusta cuando nos llaman mentirosos, farsante. Es inaceptable en un recinto como éste”. Sobre la designación de la jueza, aclaró que “es a nosotros a quien nos confiere la Constitución Nacional la prerrogativa de aprobar o no a un miembro del Poder Judicial”, además de que “nada indica en este artículo (el 99 de la CN, inciso 4) que el día que cumple 75 años se convierte en calabaza”. 

“Hay como una especie de rendición ante un poder, el Poder Judicial, de parte del poder político, del Poder Legislativo”, observó y subrayó que lo dispuesto por la Corte sobre Figueroa “no es un fallo, es una decisión administrativa”. 

En su discurso, la senadora kirchnerista exclamó: “No sé por qué se la agarraron con la jueza Figueroa. Las dos causas de las que tanto hablan ya están abiertas y fueron a juicio oral. ¿Ahora cuál es la excusa? ¿Por qué no votan a Ana María Figueroa?”. “Ustedes quisieron meter por la ventana a dos jueces de la Corte”, le recordó a la oposición y les dijo que “se han rendido frente al Poder Judicial”. 

En el tramo final, antes de referirse a la cuestión Figueroa, el jefe del bloque UCR, Luis Naidenoff, pidió que se retire del temario el pliego de Diego Martín Matteucci, propuesto para  juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, sobre quien “pesan dos cuestiones muy fuertes”. 

El formoseño informó que el postulante “fue parte de una causa” sobre incautación de cocaína, y aunque tuvo sobreseimiento, fue algo que “omitió”. Pero resaltó que lo más “grave” es que tiene una denuncia de acoso laboral y sexual. Por eso, pidió “tiempo al oficialismo, no cometer un apresuramiento”. “Este pliego no merece ser aprobado en función de la solicitud del fiscal en el día de la fecha”, manifestó sobre quien investiga esa causa. 

Su pedido no tuvo éxito, ya que no se retiró, y antes de la votación, el jefe de Unidad Federal, el jujeño Guillermo Snopek, cuestionó que se haya leído el pedido de un fiscal sin decir quién era y afirmó que, tras consultar, “la Fiscalía dijo que no encontró elementos para imputar” al candidato propuesto.

El fuerte cierre de los jefes

Flamante gobernador electo de Mendoza, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, criticó a sus pares del oficialismo porque “los argumentos técnicos no se han querido escuchar”. “Me encantaría que estuviese acá la vicepresidenta de este Cuerpo para poner la cara. Ella es la que ha forzado esta situación vergonzosa, de someter a este Cuerpo y a las instituciones a una cosa abstracta, a una pelea inútil”, arrancó contra CFK, y hablándole directamente le dijo: “Cristina tenés que estar aquí, aquí dando la cara, porque esto es una tozudez tuya. Cristina termina de someter a los argentinos a tus problemas”. 

Sobre el caso, el radical enfatizó que “el caso ‘Schiffrin’ fue categórico y la jueza Ana María Figueroa nunca lo cuestionó. Ese fallo dijo 75 años, si no tiene aprobación, a su casa, jubilada”.  

“¿Por qué la apoyan a Cristina en esta salvajada, no les da cosita, no les hace ruido en la cabeza dar una pelea por una mujer que tiene 75 años y debería estar jubilada?”, le preguntó a los senadores del Frente de Todos y analizó que “mucho más aún cuando están perdiendo las elecciones en todas las provincias, con porcentajes muy bajos, y así y todo ni siquiera los hace reflexionar”. “Parece que les encanta este proceso de antipolítica, en vez de buscar consensos y designaciones que sean armónicas”, agregó.

Tras hacerle leer al secretario parlamentario el el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, el jefe de la bancada oficialista José Mayans subrayó que la designación de los magistrados “es un acto complejo”, al igual que su destitución y, por ende, “no se puede echar a nadie por una resolución administrativa”.

“El grupo Lago Escondido maneja la Justicia en la República Argentina”, denunció, en alusión al encuentro en el sur entre jueces, empresarios y funcionarios del Gobierno porteño y también recordó a “la mesa judicial para perseguir en el gobierno de Macri a los que pensaban distinto”.

El formoseño insistió con que “en ninguna parte de la Constitución dice que la Corte puede dejar sin efecto el nombramiento de un juez, puede destituir a un juez o puede nombrar a un juez. Es gravísimo lo que pasó acá”. “No lo puede hacer, son prerrogativas del presidente y el Senado de la Nación. ¿No tienen vergüenza ustedes de entregar esa prerrogativa?”, interrogó a sus pares opositores y sumó: “¿No les da vergüenza que tengamos el Consejo de la Magistratura basado en una ley que está muerta?”. 

Enfático, y discutiendo con Luis Juez, Mayans habló de “un Poder Judicial corrupto” y la defensa de la oposición a determinados magistrados. “Los que responden a Lago Escondido son jueces independientes, y cualquier fallo que falle en contra de sus intereses son kirchneristas”, manifestó. 

En vísperas del inicio de la sesión especial del Senado de este jueves donde se trató la prolongación de las actividades de la jueza Ana María Figueroa, un tribunal en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó una acción de amparo que perseguía la suspensión del debate en el recinto.

El tema está contemplado en el temario de la sesión, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el cargo de Figueroa cesó el día que cumplió los 75 años, el 9 de agosto pasado.

El abogado Pedro Andereggen fue quien presentó la acción de amparo, que fue rechazada por la jueza Macarena Marra Giménez que, a través de un fallo de doce páginas, sostuvo que “la acción deducida no puede prosperar, por cuanto no se advierte la presencia de un caso contencioso, ya que las condiciones que invoca el actor (“ciudadano” y “abogado”) no resultan aptas para autorizar la intervención de quien ejerce la magistratura”.

“Expedirse sobre la convocatoria a sesión especial formulada por la presidenta de la Cámara de Senadores importaría avanzar en torno a una cuestión privativa de otro Poder del Estado, en un evidente exceso de la función jurisdiccional”, siguió.

También, el fallo desconoció la facultad del abogado amparista para accionar en este caso: “La reacción impugnatoria no pueda ser promovida por quien no se encuentra personal y directamente perjudicado”. “No basta cualquier interés, concretamente no alcanza el interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”, agregó la jueza.

A su vez, el fallo remarcó que “la cuestión resulta ajena a la esencia de la jurisdicción que el Poder Judicial se encuentra facultado a ejercer, que es la de resolver colisiones efectivas de derechos, y no emitir opinión en abstracto acerca de la validez como en caso- de actos llevados a cabo por otros Poderes del Estado”.

Finalmente, la jueza Marra Giménez concluyó: “Mediante la pretensión intentada se estaría decidiendo sobre una cuestión privativa de otros poderes del Estado, encaminada a ordenarle como obrar y decidir, o no, en una determinada materia en lo que pueda corresponder a aquellos en lo pertinente de competencia propia, de acuerdo con el principio Republicano de División de Poderes”.

Tras más de cinco meses sin tratar proyectos en el recinto, finalmente el Senado volverá a abrir las puertas del mismo para tratar una serie de proyectos de singular interés, como sin duda lo son aquel que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y el que modifica la Ley de Alquileres. Pero sin dudas la mayor polémica estará dada en los pliegos que se tratarán en el inicio de la reunión.

No serán 45, como se preveía cuando comenzó a hacérsele dificultoso al oficialismo sesionar; serán 33, pero entre ellos habrá uno muy especial y polémico: el de la jueza Ana María Figueroa.

Para que esta sesión pueda prosperar, el oficialismo necesitará contar con el quórum. Para llegar a los 37 necesarios, el interbloque Frente de Todos aspira a contar con sus habituales aliados y cuatro de sus excompañeros que hoy forman parte del bloque Unidad Federal.

La de este jueves será la segunda sesión del año para tratar proyectos: en lo que va de 2023, sólo se aprobaron iniciativas el día 13 de abril, hace más de cinco meses. En mayo hubo una sesión informativa, con la visita del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y dos convocatorias que fracasaron.

La última de ellas fue el 12 de julio, cuando el oficialismo no pudo avanzar con la extensión por cinco años del cargo de la camarista Figueroa -clave hasta ese momento en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, antes de que cumpliera los 75 años de edad. Sin embargo, ahora, la Corte Suprema ya ha dispuesto que la magistrada cese en sus funciones.

Tras cumplir años, Figueroa pretendía permanecer en su cargo, aunque retirándose de la presidencia de la Cámara de Casación y sin firmar sentencias, a la espera de que el trámite parlamentario se completara, amparada -bajo su criterio- en una resolución del Consejo de la Magistratura. Pero el máximo tribunal ordenó por unanimidad que deje su cargo el pasado 6 de septiembre y, días después, la Sala I de Casación avanzó con la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

De esta manera, si el oficialismo logra aprobar el pliego -hasta días atrás el rionegrino Alberto Weretilneck no se mostraba a favor de votar y los números no estaban-, el Senado, presidido por CFK, irá a contramano de lo dicho por la Corte. El trámite se completará si, en caso de recibir acuerdo, el presidente Alberto Fernández firma el decreto de designación, cosa a la que según se sabe y presiente, está asegurada. Lo que abriría un nuevo conflicto de poderes.

El resto del temario

Por otra parte, la Cámara alta debatirá la iniciativa impulsada por el candidato Sergio Massa sobre eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, a la que se le dio un tratamiento veloz en ambas cámaras. Para este viernes, la CGT convocó a una movilización para festejar ésta y otras medidas que están en discusión en el Congreso -los programas de “Compra sin IVA” y “Empleo MiPyME”-.

El otro gran tema será la Ley de Alquileres: a partir de un acuerdo alcanzado con aliados y sus excompañeros que ahora están en el bloque Unidad Federal, el oficialismo incorporó modificaciones a la media sanción que la oposición había logrado en la Cámara de Diputados. Los principales cambios prevén mantener en tres años el plazo de los contratos, que la actualización sea semestral y que el índice a utilizar sea el de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Afuera del temario quedó un proyecto sobre regulación de los alquileres temporarios, que la UCR había acordado con el FdT, pero que desde el Pro salieron a cuestionar y generó ruido interno en la bancada opositora; y la iniciativa sobre créditos UVA, que recibió dictamen con modificaciones, pero incluso había disidencias dentro del propio oficialismo.

La lista de proyectos a tratar incluye varios temas que ya cuentan con media sanción de Diputados y, de ser aprobados, serán ley: la creación de cinco universidades nacionales; la creación de un programa de prevención y tratamiento de la pubertad precoz; la ley sobre atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal; el régimen de promoción de la producción orgánica; y un proyecto para establecer por ley el Programa de Becas Progresar. Además, volverá con cambios a Diputados la iniciativa sobre incorporar la violencia digital contra las mujeres a la Ley 26.485.

En un gesto al entrerriano Edgardo Kueider (UF), quien en la última sesión no dio quórum molesto por el no tratamiento de su iniciativa, se tratará el proyecto sobre disminución de las tarifas eléctricas. También, de autoría de la puntana Eugenia Catalfamo (UF), se incorporó un proyecto para establecer el Programa “Remediar” por ley.

El temario se completa con una iniciativa de Daniel Bensusán (FNyP-FdT) para establecer por ley el Programa “Conectar Igualdad” y otra de Pablo Yedlin (FNyP-FdT) sobre fluoración de la sal para consumo humano, con el objetivo de prevenir las caries.

Se oficializó finalmente la convocatoria a sesión especial en el Senado para este jueves, a partir de las 14, con un temario abultado y varios “platos fuertes”. Además de proyectos de interés del ministro/candidato Sergio Massa, la lista de iniciativas a tratar incluye cuestiones largamente pendientes y un paquete de pliegos judiciales, entre ellos el de Ana María Figueroa. 

Para llegar a los 37 senadores para el quórum, el interbloque Frente de Todos aspira a contar con sus habituales aliados y cuatro de sus excompañeros que hoy forman parte del bloque Unidad Federal. 

La de este jueves será la segunda sesión del año para tratar proyectos: en lo que va de 2023, sólo se aprobaron iniciativas el día 13 de abril, hace más de cinco meses. En mayo hubo una sesión informativa, con la visita del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y dos convocatorias que fracasaron. 

La última de ellas fue el 12 de julio, cuando el oficialismo no pudo avanzar con la extensión por cinco años del cargo de la camarista Figueroa -clave hasta ese momento en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, antes de que cumpliera los 75 años de edad. Sin embargo, ahora, la Corte Suprema ya ha dispuesto que la magistrada cese en sus funciones. 

Tras cumplir años, Figueroa pretendía permanecer en su cargo, aunque retirándose de la presidencia de la Cámara de Casación y sin firmar sentencias, a la espera de que el trámite parlamentario se complete, amparada -bajo su criterio- en una resolución del Consejo de la Magistratura. Pero el máximo tribunal ordenó por unanimidad que deje su cargo el pasado 6 de septiembre y, días después, la Sala I de Casación avanzó con la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

De esta manera, si el oficialismo logra aprobar el pliego -hasta días atrás el rionegrino Alberto Weretilneck no se mostraba a favor de votar y los números no estaban-, el Senado, presidido por CFK, irá a contramano de lo dicho por la Corte. El trámite se completará si, en caso de recibir acuerdo, el presidente Alberto Fernández firma el decreto de designación. Lo que abriría un nuevo conflicto de poderes.

Por otra parte, la Cámara alta debatirá la iniciativa impulsada por el candidato Massa sobre eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, a la que se le dio un tratamiento veloz en ambas cámaras. Para este viernes, la CGT convocó a una movilización para festejar ésta y otras medidas que están en discusión en el Congreso -los programas de “Compra sin IVA” y “Empleo MiPyME”-.

El otro gran tema será la Ley de Alquileres: a partir de un acuerdo alcanzado con aliados y sus excompañeros que ahora están en el bloque Unidad Federal, el oficialismo incorporó modificaciones a la media sanción que la oposición había logrado en la Cámara de Diputados. Los principales cambios prevén mantener en tres años el plazo de los contratos, que la actualización sea semestral y que el índice a utilizar sea el de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. 

Afuera del temario quedó un proyecto sobre regulación de los alquileres temporarios, que la UCR había acordado con el FdT, pero que desde el Pro salieron a cuestionar y generó ruido interno en la bancada opositora; y la iniciativa sobre créditos UVA, que recibió dictamen con modificaciones, pero incluso había disidencias dentro del propio oficialismo. 

La lista de proyectos a tratar incluye varios temas que ya cuentan con media sanción de Diputados y, de ser aprobados, serán ley: la creación de cinco universidades nacionales; la creación de un programa de prevención y tratamiento de la pubertad precoz; la ley sobre atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal; el régimen de promoción de la producción orgánica; y un proyecto para establecer por ley el Programa de Becas Progresar. Además, volverá con cambios a Diputados la iniciativa sobre incorporar la violencia digital contra las mujeres a la Ley 26.485. 

En un gesto al entrerriano Edgardo Kueider (UF), quien en la última sesión no dio quórum molesto por el no tratamiento de su iniciativa, se tratará el proyecto sobre disminución de las tarifas eléctricas. También, de autoría de la puntana Eugenia Catalfamo (UF), se incorporó un proyecto para establecer el Programa “Remediar” por ley. 

El temario se completa con una iniciativa de Daniel Bensusán (FNyP-FdT) para establecer por ley el Programa “Conectar Igualdad” y otra de Pablo Yedlin (FNyP-FdT) sobre fluoración de la sal para consumo humano, con el objetivo de prevenir las caries. 

Tal cual adelantó hace diez días parlamentario.com, el Senado de la Nación volverá a abrir las puertas del recinto esta semana. La cita aún no está oficializada, pero es un hecho que así será el jueves 28 de septiembre, a menos de un mes de las elecciones generales, y a cinco meses y medio de la última sesión, el 13 de abril pasado. Por cierto, la única que se realizó este año en la Cámara alta para debatir proyectos.

No hay antecedentes de una inactividad mayor en años, en la Cámara alta que solía ser más activa que Diputados, aun en años electorales.

La cita del jueves fue confirmada por el jefe del interbloque oficialista en la Cámara alta, José Mayans, en contactos con la prensa la semana pasada. Allí adelantó la intención de avanzar con el proyecto sobre Ganancias, aprobado el martes pasado en la Cámara baja por 135 votos a favor y 103 en contra y que tuvo un dictamen exprés el jueves en comisión, de modo tal de quedar listo para llegar al recinto a los 7 días de tal instancia, tal cual es uso y costumbre en la Cámara alta.

También abordarán en esa sesión la modificación de la Ley de Alquileres, que tiene dictamen desde la semana anterior y por eso se especulaba que se llevaría al recinto la semana pasada, pero se suspendió pues al oficialismo le faltaban dos senadores del FdT que -aseguran- estarán esta semana. El dictamen de mayoría sobre Alquileres tiene modificaciones respecto de lo aprobado el 23 de agosto en Diputados, y como se descuenta que ese será el que tenga más votos, volvería entonces a la Cámara baja.

Podrían incluir créditos UVA, otra media sanción de Diputados que recibió la semana pasada cambios en las comisiones, pero no está confirmado que vaya a ser incluido en la sesión. Lo mismo que la creación de tres universidades, también habilitadas el jueves pasado. Todos esos temas podrían formar parte de una sesión en la que se verá si hay tiempo para tratar temas postergados de la sesión caída el 12 de julio pasado, como muerte perinatal, otro tema que tiene media sanción desde hace tiempo.

Pero la cuota polémica estará dada ya no en los cambios que quiera hacer la Cámara alta, sino en el tema que se votará al inicio del debate: los 75 pliegos judiciales que hicieron caer precisamente esa sesión del 12 de julio. 75, no 74,pues entre ellos figura la controvertida designación de Ana María Figueroa, jueza cesanteada por la Corte Suprema de Justicia por haber llegado su edad jubilatoria el pasado 8 de agosto, sin que la prórroga de su mandato fuera aprobada en tiempo y forma por el Senado. Ese desafío del oficialismo en la Cámara alta anticipa un nuevo conflicto de poderes entre el Legislativo y el máximo organismo del Poder Judicial.

Además de Figueroa, hay pendientes en la nómina de postulantes hay jueces, fiscales y defensores, y desde JxC se oponen a avanzar con su aprobación a las puertas de un recambio de gobierno.

Tal cual señalara en su momento parlamentario.com, en el Frente de Todos saben que los números para la aprobación serían ajustados, con el eventual rechazo de, por ejemplo, el gobernador electo de Río Negro. Es decir, a Alberto Weretilneck lo cuentan dando quórum, pero saben que no estaría asegurado su acompañamiento en este caso.

Otros temas pendientes

Entre los proyectos que quedaron pendientes en la frustrada sesión del 12 de julio se encuentra la iniciativa con media sanción para crear de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz.

Además, en las últimas semanas tuvieron también dictamen en comisiones otros proyectos que vienen de Diputados: incorporación de la violencia digital a la Ley de Protección Integral a las Mujeres, instaurar por ley las becas Progresar, régimen de promoción de la producción orgánica y creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios (aprobado el año pasado en la Cámara baja).

Más retrasado, con dictamen desde mayo, se encuentra pendiente el proyecto de “Mono-Tech” para contribuyentes que perciben sus ingresos en dólares.

Por otra parte, en medio de las negociaciones que se dieron en agosto pasado, tuvo despacho un proyecto del entrerriano Edgardo Kueider sobre disminución en las tarifas eléctricas. El FdT reveló que trabajaría en una propuesta similar, pero luego no hubo avances.

Sin dictamen también se encuentra el proyecto de ley para modificar la normativa en la prevención y lucha contra el lavado de activos, un tema que urgía ante la evaluación internacional para el país este año.

Seguirá haciéndose desear una sesión del Senado de la Nación, que este año solo ha tenido una reunión para tratar leyes. Había trascendido que el Cuerpo volvería a reunirse esta semana, entre miércoles o jueves, para tratar la reforma de la Ley de Alquileres, pero la sesión nunca fue oficializada y finalmente fue postergada.

El oficialismo necesita sí o sí contar con sus aliados para poder arrancar esa sesión que considera clave. Y eso implica que no le sobra nada. Por eso, ante la ausencia de dos senadores propios por enfermedad -como llegó a trascender- se postergó la reunión al menos para la próxima semana.

En la reunión estaba previsto que se tratara la modificación de la Ley de Alquileres, donde hay dos dictámenes. Pero también el oficialismo buscaba aprobar los 75 pliegos judiciales que tiene postergados desde hace tiempo. Y entre ellos, el polémico de la jueza Ana María Figueroa, cuya jubilación formal la propia Corte ya formalizó en un fallo conocido hace pocos días, pero que según ha trascendido el kirchnerismo buscaba desoír, planteando con la aprobación de la prolongación de su mandato un conflicto de poderes en ciernes.

Independientemente del caso de la excamarista, están los otros 74 pliegos que el Frente de Todos busca aprobar, como así también dar ingreso de una nueva serie de pliegos que le interesan.

Todo eso es resistido desde Juntos por el Cambio, que tiene posibilidades acotadas por cuanto una vez el oficialismo consiga el quórum, solo podrá protestar desde sus bancas, pues los números no le alcanzan para rechazar nada.

El interbloque del Frente de Todos, que cuenta con 31 miembros, puede alcanzar el quórum a partir del acompañamiento de tres senadores con monobloque (Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega) y cuatro de sus excompañeros de Unidad Federal. Con todos presentes, y sin contar a la cordobesa Alejandra Vigo -que es vice de UF- ni el interbloque Juntos por el Cambio, estarían en 38, uno por encima del número que se requiere para abrir la reunión.

Vale recordar que la Cámara alta presidida por Cristina Kirchner no se reúne para aprobar proyectos desde hace cinco meses, pues la última y única sesión de este año para ese fin se realizó el 13 de abril.

El 12 de julio, antes de las PASO y previo a que la jueza Ana María Figueroa cumpliera los 75 años de edad, fracasó la convocatoria a sesión. Fue justamente a raíz de la polémica por la camarista -a quien la Corte ya ordenó dejar el cargo-, cuyo pliego estaba incluido en el temario. También ese día el oficialismo sufrió un revés con las ausencias de Guillermo Snopek y Edgardo Kueider.

Yendo al tema alquileres, de la mano del dictamen que introduce modificaciones a la media sanción, el temario podría incluir el proyecto para regular los alquileres temporarios, algo que dividió a JxC, ya que fue consensuado entre el oficialismo y la UCR, pero el Pro, con la candidata presidencial Patricia Bullrich a la cabeza, salió a rechazarlo.

Por José Angel Di Mauro

Cuando la jueza Ana María Figueroa se presentó en mayo pasado ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su postulación a permanecer otros 5 años en el cargo, el senador radical Julio Martínez le dijo que después de meses de inactividad, el Senado había vuelto a moverse “gracias a usted y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”. Con cierta ironía, ella contestó: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.

Ahora bien podrían decirle a la camarista que el Senado nacional estaba parado por ella.

En efecto, la Cámara alta no sesiona para tratar leyes desde el 13 de abril pasado: 5 meses. De hecho, esa fue la única sesión que hubo en el año para ese fin, y los temas importantes se van acumulando sin ser sancionados. Entre ellos, la reforma de la Ley de Alquileres. Se está tratando en comisiones y el oficialismo y bloques afines quieren modificarla, por lo que en ese caso volvería a Diputados. El problema hasta ahora era que abrir una sesión significaba habilitar la posibilidad de que el kirchnerismo aprobara el pliego de Figueroa, para lo cual tenía el número suficiente.

Sin posibilidades ya de prorrogar la estadía de esa jueza afín al kirchnerismo, las resistencias de Juntos por el Cambio persisten, pues además del de Figueroa había otros 74 pliegos judiciales, buena parte de los cuales son cercanos a los K. Y el cristinismo no va a hacer semejante concesión: resignar esa aspiración a cambio de que el Senado vuelva a funcionar. Ya bastante malestar les ha provocado que la Corte haya intervenido para bajarle el pulgar a la jueza que debía votar en dos causas muy sensibles para Cristina y su familia: Hotesur y Los Sauces.

El Senado no sesiona desde que Cristina perdió el control del quórum, formalmente desde febrero pasado, aunque el parate viene desde fines del año pasado. Señal de que ya algo intuía la presidenta del Cuerpo. Pero llevar 9 meses en esa condición en la Cámara en la que hacía y deshacía Cristina a gusto y placer, es toda una muestra de su propia debilidad. No por nada ella se ha apartado totalmente de la campaña. No volverá -aunque algunos insistan en afirmar lo contrario-, pues ella percibe que la ola en contra es tan grande que podría dejarla expuesta de manera definitiva.

El parate del Senado es más notorio por sus características inéditas. Desde la vuelta de la democracia, el peronismo solo una vez perdió el control de esa Cámara y fue por breve tiempo (en 2009). Pero en Diputados, donde han sesionado más este año, las cosas son aun peores para el Frente de Todos. La paridad es tal, que hoy el FdT tiene apenas un diputado más que JxC (118 contra 117). Solo consensuando los temas, el oficialismo puede garantizarse sesionar. Así y todo planea un sprint final aprobando cosas que sabe que a partir del 10 de diciembre le serán imposibles.

El paquete de proyectos incluye por ejemplo la creación de ocho universidades, un régimen de promoción para la industria del calzado, o la ampliación de licencias laborales. Desde hace semanas se especula con una sesión inminente, pero las fechas probables se van corriendo. La realidad es que el oficialismo no llega al número necesario para el quórum. Desde JxC avisaron que mientras el Frente de Todos incluya el blanqueo en el temario, no darán quórum. Una de las reglas de la política dice que “a ningún gobierno se le niega tener su blanqueo”, pero desde la oposición aclaran que al actual ya le dieron no uno, sino dos. Y que ni sueñen con tener otro a tres meses del cambio de gobierno.

Estos datos sobre las dificultades para sesionar en ambas cámaras vienen a cuento de las expectativas que podrían corresponderle a un eventual gobierno de Javier Milei. La gran elección que tuvo en las PASO, donde ganó en 16 provincias, le permitiría al libertario consagrarse presidente de no haber mediado hace 29 años una reforma constitucional que eliminó el Colegio Electoral. Con todo, el resultado del 13 de agosto le hubiera permitido en una elección general alzarse con triunfos en tres de las ocho provincias donde se votaban senadores, como así también sumar senadores por la minoría en otras dos provincias. Así y todo, ese número apenas le garantizaría a La Libertad Avanza 8 senadores. Apenas un 11% de un cuerpo de 72 miembros. En Diputados sumaría 42; esto es, el 16% del total.

En ninguno de los dos casos estaría ni cerca del quórum, pero tampoco a tiro del tercio de alguna de las dos cámaras, un elemento clave para todo oficialismo. Porque alcanza, sin ir más lejos para -digámoslo con todas las letras- evitar un juicio político, por ejemplo.

Más allá de esa hipótesis extrema, Milei no tendría número siquiera para habilitar la dolarización que promueve, aunque se desdice permanentemente. Todo lo inherente a la moneda, e incluso el Banco Central, dependen del Congreso de la Nación. Un eventual gobierno de Javier Milei no tendría la mayoría necesaria para imponer ninguna de sus ambiciosas propuestas en los próximos dos años al menos. Ni tampoco en 2025, cuando las elecciones intermedias, así ganara con amplitud. Las renovaciones parciales del sistema vigente en nuestro país hacen que un partido nuevo necesite numerosas y sucesivas victorias para crecer lo suficiente.

Como sea, el líder libertario va consolidando su figura ante una opinión pública donde ya ganó al menos la batalla del relato. Milei sigue creciendo, aunque lo digan encuestas cuyo desprestigio ha sido probado, pero él mismo se arroga hoy un número cercano al 40%. Se verá.

Evitar un balotaje sería toda una novedad, teniendo en cuenta que las primarias apilaron a los tres principales candidatos en un margen de 2,77 puntos. En Juntos por el Cambio sostienen que la presentación de Carlos Melconian y el equipo con el que se instalará en el Palacio de Hacienda si es que gana las elecciones Patricia Bullrich fue un revulsivo que compensó parte de la decepción que dejaron los números de las PASO. Se verá si es suficiente para mantener a esa fuerza en el segundo lugar, con chances de llegar a un balotaje a todo o nada.

Sergio Massa está confiado en que será el oficialismo el que acceda a la segunda vuelta, y para eso hizo una gran apuesta este fin de semana en el norte argentino, desde donde espera comenzar a revertir el resultado del 13 de agosto. Trató allí de comprometer a los gobernadores para esforzarse más en las elecciones de octubre. Como sea, la coyuntura no lo favorece: la semana cerró con una noticia que no por esperada dejó de incomodar al oficialismo: el fallo de la jueza Loretta Preska que condena a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares por la mala estatización de YPF. Una cifra que no pagará el gobierno actual, y quizá tampoco el que venga, pero esa mala praxis le costará a los contribuyentes argentinos un esfuerzo enorme. Tengamos en cuenta que esa cifra es equivalente al rojo de las cuentas del Banco Central en la actualidad.

Todavía resuenan en los oídos las palabras del ministro/candidato el 9 de Julio, cuando la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner -la última vez que estuvieron juntos Alberto Fernández y Cristina Kirchner-, ocasión en la cual Massa agradeció “a quienes en 2012 tuvieron el coraje, a través del liderazgo de Cristina, de recuperar YPF”.

Lo que no está claro es que esta sanción jurídica y económica vaya a perjudicar al gobernador Axel Kicillof, entonces ministro de Economía y artífice del texto de esa expropiación. Estas elecciones están mostrando que la gente tiene una consideración especial a la hora de votar.

Lo sabe Javier Milei, a quien parecieran no entrarle las balas hoy en día. El analista Lucas Romero atribuye esta situación a las características que han adquirido las PASO. Quien supera allí las expectativas, sale potenciado, sostiene el director de Synopsis. Eso ha transformado a Milei en un candidato con las mayores perspectivas para ganar, así lo haya hecho en agosto por una diferencia de apenas 1,86% sobre Patricia Bullrich.

A partir de ese resultado, dice Romero, “la gente comienza a identificarlo como una opción de cambio y tiene una posibilidad más nítida por ser nuevo”. Más allá de las dudas que se plantean respecto de si podrá lograr los cambios que propone.

Ante ello, la gran pregunta es si la gente apuesta en definitiva a que pueda hacerlo quien representa a su juicio realmente lo nuevo, o apuesta a un cambio más posible.

“La dificultad que están teniendo sus rivales es que Milei está hablando desde un lugar muy cómodo, que es ‘la no política’. Cualquiera que se le ponga a confrontar, automáticamente se estará calzando el traje de ‘la casta’. Casi como no hay forma de enfrentarlo”, admite Lucas Romero.

Es lo mismo que plantea el consultor Carlos Fara, para quien “presentar equipos técnicos con gente capaz y proba, es excelente. Exponer la plataforma de gobierno con acciones fuertes, está muy bien. Prometer eliminar impuestos, está fantástico. Pero la mayoría social necesita ver una esperanza que los titulares técnicos no generan, y creer en un personaje. ¿En qué se parecen Massa y Bullrich? Para los votantes del león, ellos son la casta”.

Para Romero, Bullrich tiene la capacidad de representar un cambio y las condiciones de gobernabilidad, dos activos valiosos… Pero le está costando pararse en la escena, porque es difícil confrontar con Milei, y en la medida que la gente no entre a medir y asignarle importancia a este déficit de gobernabilidad del que adolece el libertario, esto lo deposita, de mínima, en la segunda vuelta, donde nadie duda que al menos él estará.

La noticia sobre la acordada de la Corte Suprema de Justicia para ordenar a la jueza Ana María Figueroa el cese de su cargo en la Cámara de Casación a partir del momento en que cumplió 75 años -el pasado 9 de agosto- llegó al plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda del Senado donde Julio Martínez (UCR) habló del tema y fue cruzado por María Eugenia Duré (UC).

La aprobación del pliego de la jueza Figueroa fue el “gran objetivo” del oficialismo durante las últimas sesiones de la Cámara alta, que quedaron truncas por falta de quórum, porque la magistrada era quien debía resolver los expedientes “Los Sauces – Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán en los que está involucrada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

En el plenario sobre la modificación de Ley de Alquileres, el senador nacional Julio Martínez afirmó: “Tuvimos una buena noticia”, y amplió: “La Corte Suprema nos sacó una piedra del zapato y cesó a Ana María Figueroa de su cargo”.

Rápidamente, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, pidió “por favor, estamos tratando la Ley de Alquileres”. “Con todo respeto les pido que nos enfoquemos en esto”, con relación al tratamiento de la modificación de la Ley de Alquileres.

En contraposición, la senadora nacional María Eugenia Duré cuestionó a Martínez por retirarse de la reunión y manifestó: “¿Ya se fue? Se llama ser cobarde eso”.

Finalmente concluyó la novela que se había armado en torno a la continuidad o no de la jueza Ana María Figueroa, cuya permanencia en la Cámara de Casación había sido solicitada por el presidente de la Nación, pero sin que el Senado alcanzara a aprobarlo.

Figueroa cumplió el pasado 8 de agosto 75 años y la Constitución nacional establece que cuando eso sucede un magistrado debe dejar el cargo. Solo podría haber continuado si prosperaba un pedido de prórroga expresado desde el Poder Ejecutivo Nacional, pero ante la falta de su aprobación en el Senado finalmente intervino la Corte Suprema de Justicia, que dio por concluido el tema: por unanimidad de sus cuatro miembros, se determinó que Figueroa debe dejar el cargo.

La situación de Figueroa había generado un verdadero parate en la Cámara alta, ya que el  oficialismo no podía conseguir quórum para sesionar y allí votar la aprobación de su pliego.

Cabe recordar que la jueza, considerada como cercana al kirchnerismo, debía votar en causas en las que la presidenta del Senado está involucrada: Los Sauces y Hotesur.

En el fallo suscripto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se estableció que Figueroa ha cesado en sus funciones desde “el 9 de agosto del corriente año”, precisamente el día después de haber cumplido 75 años. Así lo hace saber la Corte al Consejo de la Magistratura “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias”.

La Corte expresó que “al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”.

Agrega el fallo que “la doctora Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió 75 años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.

En su resolución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece finalmente estos tres puntos:

1°) Declarar que la Dra. Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 4 tercer párrafo de la Constitución Nacional.

2°) Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura lo resuelto en la presente a fin de que adopte las medidas que estime necesarias.

3°) Notificar lo aquí decidido a la Cámara Federal de Casación Penal.

5084.2023

La Cámara Federal de Casación Penal se reunió este martes para abordar la cuestión de la continuidad de la jueza Ana María Figueroa, quien integra el cuerpo encargado de resolver casos de corrupción. Según pudo saberse de fuentes judiciales, el plenario continuará este miércoles.

Figueroa, actual presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, ha alcanzado la edad de 75 años, el límite legal para los magistrados. Mientras espera una decisión del Senado sobre si se le permite continuar durante cinco años más, el cuerpo de Casación comenzó a evaluar su futuro en esta reunión plenaria.

La jueza Figueroa aún no ha presentado su renuncia, pero actualmente no está ejerciendo sus funciones. El presidente Alberto Fernández envió su pliego a la Comisión de Acuerdos del Senado, que le otorgó un dictamen favorable. Sin embargo, la Cámara alta aún no ha debatido su designación y, por lo tanto, su permanencia en el cargo sigue pendiente.

Paralelamente se supo que la jueza Figueroa evalúa tomar una licencia extraordinaria por 30 días a la espera de que el Senado se expida sobre su continuidad en el cargo. Fue la propia magistrada la que lo confirmó este  martes, al cabo de la reunión que mantuvo con sus colegas de la Cámara de Casación.

Paralelamente, dentro del propio cuerpo de Casación, cinco miembros informaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sobre el límite de edad alcanzado por la jueza Figueroa. Como resultado, Figueroa optó por no firmar más fallos hasta que se resuelva su situación en el Senado.

En el Senado, el pliego de Figueroa ha enfrentado a la oposición de Juntos por el Cambio, que argumenta que la jueza tiene afinidad con el kirchnerismo. Figueroa, junto con sus colegas de la sala, tiene la responsabilidad de decidir sobre los casos de lavado de dinero conocidos como Hotesur y Los Sauces, en los que están implicados Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. En este contexto, la sala de Casación debe determinar si confirma o revoca los sobreseimientos dictados en este caso por el Tribunal Oral encargado de llevar a cabo el juicio.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli y Álvaro González, presentaron un proyecto de ley relacionado con el retiro de los magistrados al cumplir 75 años. Iniciativa que reglamentaría lo estipulado en la Constitución Nacional, que establece que los jueces cesan en sus cargos al llegar a esta edad, a menos que sean previa y nuevamente designados por el Senado, con un límite máximo de cinco años adicionales. El proyecto busca clarificar este punto y garantizar el retiro efectivo de los jueces al cumplir los 75 años.

A raíz de la situación de la camarista Ana María Figueroa, los diputados del Pro Pablo Tonelli y Álvaro González presentaron un proyecto de ley sobre el cese de los magistrados a los 75 años, reglamentando así lo establecido por el artículo 99 -inciso 4, tercer párrafo- de la Constitución Nacional.

Dicho artículo dispone que los jueces del Poder Judicial de la Nación cesan en sus cargos al cumplir 75 años de edad, salvo que sean previa y nuevamente designados. El nuevo nombramiento requiere el acuerdo del Senado y no puede extenderse por más de cinco años.

La iniciativa de los legisladores de Juntos por el Cambio busca establecer que “los jueces cesarán automáticamente en sus cargos el día que cumplan 75 años de edad o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación; salvo que antes de alcanzar esa edad o de llegada esa fecha hayan sido nuevamente designados por el Poder Ejecutivo con previo acuerdo del Senado”. Además, indica que el cese no estará sujeto a decisión o condición.

Al respecto, Tonelli sostuvo que “evidentemente no basta con lo dispuesto por la Constitución Nacional, ni con el sentido común y la decencia. Hace falta reglamentar el cese de los magistrados a los 75 años para que quede claro que no pueden continuar en funciones luego de cumplir esa edad, salvo trámite completo y previo de prolongación de su designación”.

“Para que quede claro: deben cesar en sus funciones, no deben cobrar más su sueldo, no deben ocupar más sus oficinas, y deben dejar todos los privilegios de jueces en actividad”, remarcó el diputado porteño.

En este sentido, la iniciativa determina en su artículo 3° que el mismo día que el juez cumpla 75 años o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación, si previamente no ha sido nuevamente designado, perderá su condición de magistrado y dejará de percibir la remuneración correspondiente a su cargo. Asimismo, deberá dejar la oficina que utilice y perderá todos los derechos inherentes a su condición de juez en actividad.

Por su parte, González dijo que “este proyecto viene a dejar de forma clara lo que expresa nuestra Constitución en el artículo 99, inciso 4. Queremos con este proyecto evitar interpretaciones especulativas según la conveniencia. Y que, el precepto constitucional, se interprete tal cual fue su espíritu. Es decir, los jueces que cumplen 75 años de edad cesan en sus funciones ese mismo día, salvo que hayan obtenido el acuerdo de Senado para una nueva designación por cinco años más”.

Según los fundamentos del proyecto, los autores consideran imprescindible que la norma prevea que solo el trámite completo de nueva designación, que culmine con el necesario decreto de nombramiento emitido por el presidente de la Nación, permite al juez involucrado continuar desempeñando su cargo.

De manera que quede establecido que la mera petición de acuerdo o aun el otorgamiento de ese acuerdo no bastan si la nueva designación no concluye con el decreto de rigor y el magistrado debe cesar en su cargo de manera automática al cumplir la edad prevista en la Constitución Nacional. También se propicia que, una vez producida la vacante automática, el Consejo de la Magistratura deba convocar de inmediato al concurso de oposición y antecedentes destinado a cubrir esa vacante, a fin de que esta sea cubierta en el menor lapso posible.

La polémica se abrió a raíz de la situación de la jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa -con voto clave en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, quien cumplió 75 años el pasado 9 de agosto, pero hasta ahora el oficialismo en el Senado no ha tenido el número para poder aprobar su pliego enviado por el Poder Ejecutivo, que busca prorrogar su cargo por cinco años más.

El día de su cumpleaños, la magistrada informó a sus pares que dejaba la presidencia de la Cámara y que no firmaría más resoluciones, pero que no se tomaría licencia a la espera del trámite parlamentario -hasta diciembre-, amparada según su criterio en una resolución de 2017 del Consejo de la Magistratura sobre la continuidad de los jueces mayores de 75 años.

Por José Angel Di Mauro

Esta anécdota vale para ejemplificar las características del parate que experimenta este año el Senado de la Nación y el especial interés de sus autoridades por priorizar una serie de nombramientos judiciales. Sucedió el 31 de mayo pasado, durante la segunda reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de esa semana, cuando finalmente le tocó el turno para exponer a la camarista Ana María Figueroa. Integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, el oficialismo en general y la presidenta del Senado en particular tienen especial interés en que se apruebe una prórroga de cinco años para que siga en el cargo más allá de haber cumplido 75 años el pasado 8 de agosto. Cuando le tocó intervenir durante esa audiencia al senador radical Julio Martínez, este le comentó a la magistrada que “el Senado está paralizado”.

Empero, reconoció que “ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”. Hábil declarante, Figueroa contestó con ironía: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.

La realidad es que la Cámara alta ostenta un récord negativo que merece ser detallado. Ha realizado este año apenas una sesión para aprobar leyes. Fue la del 13 de abril, en la que se aprobó el proyecto de Fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe. La presión porque saliera esa ley posibilitó de paso que se aprobaran también la Ley de Alcohol Cero; la exención de ganancias para trabajadores de la salud; el Programa Nacional del Cardiopatías Congénitas; la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y pensionados; el Certificado Unico de Discapacidad; la Ley de Promoción de la Enfermería; el proyecto que reconoce la Lengua de Señas como idioma viso-gestual; y la Ley Lucio. Fue la única sesión de este año en la que los senadores aprobaron proyectos.

Con todo, la estadística dirá que el número de sesiones no ha sido el peor que se recuerde, pero si se analiza bien en detalle se verá que no es así. Veamos: en febrero se hizo la sesión preparatoria, un trámite burocrático que se cumple todos los años para designar autoridades; el 11 de mayo, una sesión informativa con el jefe de Gabinete; y luego hubo dos intentos fallidos para sesionar. El primero, el 30 de marzo, la oposición dejó sin quórum la sesión al cabo de una hora, disconforme con el temario que el oficialismo quería imponer en esa sesión que había sido generada por la oposición en su conjunto -JxC y el debut de Unidad Federal-, que se retiró disconforme cuando la presidencia del Cuerpo exigió que el temario que ellos querían tratar fuera aprobado por una mayoría agravada.

La otra sesión caída fue la del 12 de julio, cuando el oficialismo no pudo reunir quórum para tratar una serie de iniciativas que reunían consenso, pero también y al principio 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la jueza Ana María Figueroa, clave para fallar en torno a las causas Hotesur/Los Sauces, que involucran a la familia Kirchner.

El temario de ese día incluía la autorización del ingreso y salida de tropas. “A ningún presidente de la democracia se le negó el permiso de entrada y salida de tropas”, se quejó ese día el presidente del oficialismo, José Mayans. Pero además había otros proyectos con media sanción que esperan desde hace tiempo su aprobación: la creación del Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz, que tuvo media sanción en Diputados el 19 de abril de este año; y el de muerte perinatal, también conocido como Ley Johanna, con media sanción desde el 24 de noviembre del año pasado.

Los palcos estuvieron poblados esa vez de invitados que aguardaban la aprobación de esas leyes, una manera nada inocente de meterles presión a los senadores. Pero eso no fue suficiente para vencer la resistencia de la oposición para habilitar esa sesión, y con ello los pliegos judiciales.

Una larga lista de proyectos pendientes

La cuestión es que este parate del Senado mantiene más de una veintena de proyectos con media sanción en lista de espera, en muchos casos sin haber sido siquiera tratados en comisión.

A los ya citados, hay que agregar, entre otros:

• Monotributo tecnológico;
• Lavado de activos;
• Becas Progresar;
• Violencia digital contra las mujeres;
• Régimen de Promoción de la Producción de Productos Orgánicos;
• Derogación de la Ley 11.317 sobre prohibición de tareas peligrosas o insalubres para mujeres;
• Plan de refinanciación de deudas de provincias y municipios con el ENOHSA;
• Deudores alimentarios;
• Créditos UVA;
• Alquileres.

En busca de un plan canje

Como se ve, las autoridades del Senado tienen suficientes proyectos que pueden usar como zanahoria para forzar a la oposición a sentarse en sus bancas. Acaba de sumarse el aprobado el miércoles pasado en Diputados, para modificar la Ley de Alquileres.

Por ese tema el viernes pasado el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, presentó un escrito ante la presidenta del Cuerpo para reclamar la urgente constitución de la Comisión de Legislación General, con el fin de tratar “de manera inmediata” la media sanción que reforma la Ley 27.551, de alquileres. El pedido esta vez tuvo efecto y el Senado convocó a un plenario para este martes a las 17, con el fin de comenzar a tratar el tema a fin de habilitarlo para su llegada al recinto.

Pero esa no fue la única novedad. Se habilitó también para el día siguiente, a las 13, el tratamiento de la media sanción sobre créditos UVA en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El pedido que en cambio no tuvo eco fue el formulado por el interbloque JxC sobre la jueza Ana Figueroa para que “la solicitud de prórroga excepcional por fuera de lo que establece la Constitución quede archivada en el Senado”. En la nota enviada a las autoridades del Senado dijeron saber de “la insistencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su agenda judicial, pero este Senado ya rechazó su pedido por Figueroa y exigimos que el tema quede cerrado para permitirnos tratar temas que tienen que ver con la agenda del país, que sufre la inflación, la devaluación y la inseguridad”.

La oposición está ahora en un brete, pues seguirá oponiéndose enfáticamente al tratamiento de los pliegos judiciales, pero lo más probable es que se encuentre con una negativa cerrada de parte del oficialismo. ¿Cederá alguna de las partes? ¿Alcanzará con el eventual apartamiento del pliego de la jueza Figueroa del listado, teniendo en cuenta que entre los 74 pliegos restantes buena parte de ellos tienen vinculación con el kirchnerismo? Cabe destacar que esos nombramientos se aprueban con mayoría simple que el oficialismo tiene asegurada.

Y un dato final para tener en cuenta. El Gobierno necesita iniciar una sesión del Senado para dar ingreso a otra tanda de pliegos judiciales que incluyen más nombres bien cercanos al oficialismo. La oposición lo sabe y es una de las razones por las que no se sienta a sesionar. Pero ahora deberá elegir.

En este contexto, la Cámara de Senadores parece haberse convertido en una suerte de “Chicken game”, donde las dos partes solo aceleran.

Las pocas sesiones que ha habido este año en la Cámara de Senadores se deben fundamentalmente a la intención oficialista de aprobar una serie de pliegos judiciales, en particular uno: el de Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. La citada jueza es una camarista clave en las causas Hotesur y Los Sauces.

Así las cosas, los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado plantearon este martes que “la solicitud de prórroga excepcional por fuera de lo que establece la Constitución quede archivada en el Senado”. En las urnas, continuaron, “hace pocas semanas los argentinos le dijeron basta al kirchnerismo con sus políticas amañadas en favor de la corrupción. Sabemos de la insistencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su agenda judicial, pero este Senado ya rechazó su pedido por Figueroa y exigimos que el tema quede cerrado para permitirnos tratar temas que tienen que ver con la agenda del país, que sufre la inflación, la devaluación y la inseguridad”, opinaron los senadores de JxC.

“Es claro el cambio del clima político que va transitando el país de cara a las elecciones de octubre. Queremos que el kirchnerismo no busque atajos, ni fuerce interpretaciones para volver a insistir con el tema”, afirmaron desde la bancada opositora.

El interbloque de JxC que preside Alfredo Cornejo manifestó su convicción de que “hemos aportado para que la Justicia argentina sea más independiente para dictaminar sobre el futuro judicial de Cristina Kirchner. Ahora buscaremos que este Senado se reencauce para avanzar en proyectos que le mejoren la vida a los argentinos que sufren una tremenda inflación y padecen graves hechos de inseguridad”.

Recordaron los senadores que hubo tres intentos para que el Senado de la Nación apruebe la prórroga a la jueza Ana María Figueroa, miembro de la Cámara de Casación Penal y cercana al kirchnerismo, que el pasado 9 de agosto cumplió 75 años, edad que la obliga a jubilarse.

La camarista integra la sala del tribunal que tiene que resolver si la causa Hotesur y Los Sauces, que tiene como imputados a Cristina y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, debe reabrirse y llegar al juicio oral.

Consideran desde la principal oposición que “el pliego de la jueza Figueroa se constituyó en una prioridad para el bloque kirchnerista desde hace casi un mes y es la única agenda que propone el oficialismo en la Cámara alta”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) refrescó este viernes la situación de la Causa Cuadernos y afirmó que desde el Tribunal Federal Oral Nº 7, con los jueces Germán Castelli y Enrique Méndez, “amenazaron a Martínez de Giorgi para que se deje de investigar algo que según ellos es privativo de ese tribunal”, en alusión a que este último solicitó las pruebas originales para continuar o no con la causa.

Además, el diputado kirchnerista expresó: “De Giorgi quiere peritar los originales, pero los quemaron y nunca se le permitió contar con los originales, cosa que debió ocurrir hace seis años”. “No se conoce antecedentes de esto y nadie vio los cuadernos salvo los jueces Carlos Stornelli”.

En declaraciones a AM 530, Tailhade agregó: “El Tribunal Oral Federal Nº 7 que tiene la causa, supuestamente tiene los originales que nadie quiere mostrar”, y añadió: “Hay una presión judicial y una manobra extorsiva en contra de Martínez De Giorgi”.

En tal sentido, el legislador amplió: “En la Causa Cuadernos, hubo un policía (Jorge Bacigalupo) que intervino en la caja con cuadernos y fue llevada a un periodista de manera desleal”. “En los últimos cuadernos donde aparecen las tachaduras, los peritos dicen que donde se habla de valijas y dinero, hay una persona que dicta ese texto”.

Asimismo, cargó contra el juez Castelli: “Fue uno de los trasladados a dedo por (Mauricio) Macri, pero la Corte Suprema de Justicia dijo -en su momento- que su cargo era ilegítimo. Entonces sigue haciendo daño desde un lugar que no le corresponde”.

Respecto a la causa, que Tailhade consideró como “trucha”, refirió que “están trabajando sobre copias y eso significaría que se caiga la acusación”. “Debieron peritar los originales, pero como es todo trucho y una gran farsa que se montó tienen que sostenerla. Es grave lo que ocurre como para que se calle la comunidad judicial”, aseveró.

Los pliegos de la jueza Ana María Figueroa

Por otro lado, el diputado Tailhade habló sobre la renovación de los pliegos de la jueza Ana María Figueroa que debe ser tratado en el recinto del Senado para que se le prorrogue el cargo por cinco años más, ya que el 10 de agosto pasado cumplió los 75 años.

“El Poder Ejecutivo tuvo dictamen de comisión hace meses en el Senado, pero por estas maniobras entre los medios, los jueces y las internas, no hay quórum en Senado y no se pudo tratar”, indicó, y agregó: “Trabajan en conjunto estos sinvergüenzas”.

Del mismo modo, relató que, al otro día de vencerse el plazo, el día siguiente al cumpleaños de Ana María Figueroa, “se reunieron los jueces a cargo de la Superintendencia, los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, le pidieron al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que intervenga para desplazar a la jueza”.

En tal sentido, amplió: “Desde dos fundaciones desplegaron denuncias penales contra Figueroa, pero el juez federal, Daniel Rafecas, las desestimó porque hay un proceso constitucional en marcha”. “Hace siete meses que está el trámite en el Senado y ellos están bloqueando para generar desanimo en la jueza, que es la única que le da cierta dignidad a esa Cámara de Casaciones que es un nido de ratas”, concluyó Rodolfo Tailhade.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna duda de que la doctora Ana María Figueroa ha cesado en sus funciones como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal.

Así lo expresó la entidad a través de un comunicado en el que remarcan que “al haber cumplido 75 años de edad el 9 de agosto de 2023 su ministerio ha llegado a su fin. El artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional establece claramente esa edad como tope máximo para desempeñarse como juez Federal. Así lo ha decidido también la jurisprudencia de la Corte Suprema, por mayoría, en el caso ‘Schiffrin’”.

Recuerdan que el Senado de la Nación tampoco le ha acordado una extensión de su estabilidad por 5 años más, como la Constitución autoriza en el artículo citado, pese a lo cual “la doctora

Figueroa no se ha retirado del cargo, permanece en él y declara que continuará en su sitial esperando que ese acuerdo le sea prestado, aspiración insostenible desde que la disposición constitucional opera de pleno derecho al llegar a esa edad sin contar con un nuevo acuerdo senatorial que extienda su estabilidad en el cargo”.

El Colegio de Abogados considera que “su pretensión de permanecer es inadmisible y genera escándalo jurídico al vulnerar un precepto constitucional que no admite más que la interpretación que surge de su claro texto, sin perjuicio de las sanciones penales cuya conducta reticente pudiera generar. Pues, a no dudarlo, los jueces, encargados de aplicar el derecho, son los primeros que se deben someter a él. Es evidente que esta situación, de ser tolerada, además, potenciaría el descrédito de nuestras instituciones, ya bastante transitadas por constantes ejercicios de abuso de poder”.

En este marco y por las razones expuestas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires “urge a las autoridades para que se restablezca el orden constitucional y legal alterado y se convoque a concurso para cubrir la vacante”.

El 31 de mayo pasado, durante la segunda reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de esa semana, finalmente le tocó el turno para exponer a la camarista Ana María Figueroa. Expeditiva, ella se mostró muy dueña de la situación en todo momento e hizo gala de su experiencia al hablar ante los senadores. Cuando le tocó intervenir al radical Julio Martínez, comentó la situación que había antecedido a esa audiencia. “Desde hace 3 años y medio el Congreso, y en especial el Senado, está atravesado prioritariamente por una agenda judicial”, dijo, enfatizando que en la actualidad “el Senado está paralizado”.

Así, le aseguró que “hoy se mueve; ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”. Figueroa contestó: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.

La realidad es que esa semana el Senado había recobrado la actividad para acompañar lo que verdaderamente le interesaba a quien manda en esa Cámara. Tras un mes de junio en el que apenas se reunió una comisión, la actividad volvió en la segunda semana de julio, cuando la fallida sesión del miércoles 12  para aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la jueza Figueroa.

Esta semana circuló la posibilidad cierta de insistir con esa sesión pendiente para tratar los pliegos. Previamente a la fecha prevista, se realizó el miércoles pasado una reunión de comisión: la de Minería, Energía y Combustibles. Su sola convocatoria daba a entender que estaba activa la negociación para realizar la postergada sesión. En esa reunión se trataría solamente el proyecto sobre reducción de tarifas reclamado por el senador Edgardo Kueider. Esa era la condición que ponía el legislador entrerriano para dar quórum: su ausencia el 12 de julio, junto a las de sus pares Guillermo Snopek y Alberto Weretilneck, había provocado que la sesión se cayera.

El tratamiento del proyecto de disminución de tarifas del servicio eléctrico se llevó a cabo la mañana del 2 de agosto. No hubo debate: Kueider contó de qué se trataba; el senador José Mayans expuso sus reparos y coincidencias, y terminó anticipando que acompañarían con disidencias. Luego fue el turno de la radical mendocina Mariana Juri, que advirtió que un tema semejante no podía tener dictamen ese mismo día, sin debate ni invitados que dieran su parecer. Por último, se escandalizó porque a “este proyecto que tiene gran costo fiscal, repentinamente se le quitó giro a la Comisión de Presupuesto. Me parece sumamente imprudente que no pase por ahí”.

En efecto, este proyecto presentado el 7 de febrero pasado fue girado originalmente a las comisiones de Minería y de Presupuesto, pero ahora se le quitó el segundo giro, cuestión de agilizar el trámite.

Semejante esfuerzo no alcanzó, aunque es demostrativo del interés absoluto que despierta en el Senado la aprobación de un tema que parece obsesionar a la titular del Cuerpo.

Doblegada la negativa de Kueider y confirmado Guillermo Snopek luego de que se acordara que pueda llevar su lista los nombres de Sergio Massa y Agustín Rossi en el extremo de su boleta, solo quedaba convencer a Weretilneck para revertir las tres ausencias que habían tenido el 12 de julio. Pero el gobernador electo de Río Negro no parece estar dispuesto a mantener a rajatabla su apoyo al oficialismo en estas circunstancias. De hecho, cabe recordar que el líder de Juntos Somos Río Negro muchas veces fue de poner objeciones a los proyectos oficiales, de modo tal de celebrar después cuando sus correcciones tenían eco, como cuando el tratamiento de la ampliación de la Corte Suprema.

Aunque esta vez no parecía dispuesto a dar el brazo a torcer, tal cual anticipó en su momento parlamentario.com, y -tal cual adelantamos- esta última semana se quedó en su provincia. En determinado momento dejaron de insistirle, porque había otro imprevisto en el seno del oficialismo: la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara no podía venir a Buenos Aires por un problema de salud de un hijo. Esta senadora es de máxima confianza de CFK, de modo tal que a nadie se le ocurrió poner en duda tal imprevisto.

En definitiva, fuentes consultadas por parlamentario.com consideraron “improbable” que pueda llegar a haber sesión este martes, en vísperas del cumpleaños de Ana María Figueroa, pues no ha sido activado el mecanismo de convocatoria de los miembros del oficialismo.

El plan B

Así las cosas, la posibilidad con la que diversos medios comenzaron a especular es la de que el oficialismo no se dé por vencido y trasgreda el obstáculo del cumpleaños de la jueza con el argumento de que su pliego ya tiene dictamen. Esto es, avanzar igual con la aprobación del mismo más allá de la fecha del cumpleaños, habida cuenta antecedentes de los tiempos de Cambiemos en el poder.

El exministro de Justicia de la gestión anterior, Germán Garavano, puso reparos. En diálogo con Radio Rivadavia, el exfuncionario sostuvo que “la Corte estableció, interpretando la Constitución, que lo fija claramente, que cuando un juez cumple 75 años, si no tiene en ese momento un acuerdo del Senado que prorroga su mandato por 5 años más, deja de ser juez”.

“De hecho ha sucedido con muchos jueces durante todo este período -enfatizó Garavano-. Incluso yo dicté como ministro de Justicia una resolución cuando salió el fallo de la Corte, el fallo Schiffrin, de cómo se debía solicitar este período de extensión de 5 años. Y ese pedido termina con la aprobación, no solo del Senado, sino que también se requiere un decreto del Poder Ejecutivo”.

Como antecedente actual, puso lo resuelto por el actual Gobierno con el juez Esteban Righi, estableciendo que el mismo día en que cumplía 75 años era el día en que el juez cesaba. “Y utilizó para ello precisamente la resolución que yo dicté hace varios años, cuando era ministro de Justicia, que sigue vigente”, recordó Garavano.

Respecto de antecedentes como el de la jueza Silvia Mora, esposa del doctor Ricardo Recondo –referente de la Asociación de Magistrados y miembro del Consejo de la Magistratura-, que no fue jubilada al cumplir 75 años y, por el contrario, se aprobó luego su continuidad, respondió: “Sí, se dieron varios supuestos”, mas precisó que originariamente los fallos de la Corte habían establecido que a los jueces anteriores a la Constitución no se les aplicaba esta norma. “Lo cual generó un montón de situaciones paradójicas, porque incluso ya había muchos jueces de más de 75 años que estaban cumpliendo funciones -continuó-. Por eso yo dicté en aquel momento esa resolución para tratar de ordenar ese proceso. Y lo que se viene haciendo en el último tiempo es cumplir el reglamento. El juez, cuando cumple 75, queda sin jurisdicción; cualquier cosa que haga ese juez de más de 75 años, si no tiene ese acuerdo del Senado y el decreto del PEN, sería nulo. No tendría validez”.

Consultado Garavano sobre la posibilidad de que el kirchnerismo avance igual con la confirmación de la jueza Figueroa, éste admitió que “ese conflicto se puede dar; seguramente la interpretación que pueden tomar es que más allá de haber cumplido 75 años, con este nuevo acuerdo, la jueza puede seguir. Lo cual ocasionaría que cualquier persona que tuviera un caso donde intervenga un juez con estas características, probablemente cuestione la intervención de ese juez. Con lo cual vamos a tener un juez que no va a poder ejercer la función, por los planteos que le hagan las distintas partes”.

“Se le pediría el apartamiento al juez; de nuevo Argentina entraría en una situación de crisis institucional severa, porque tendríamos una jueza que no estaría claro si puede seguir ejerciendo esa función, y sobre todo en un cargo como ese, en la Cámara de Casación Penal, que es la que tiene los casos más resonantes: de corrupción, casos de lesa humanidad, casos de crímenes del narcotráfico… Esto volvería a generar una incertidumbre y permitiría a los abogados defensores de los condenados a los que no les guste el fallo que pueda dictar la doctora Figueroa, o cualquier otro juez en esas circunstancias, cuestionar la intervención de ese magistrado”, evaluó.

Tres senadores le faltaron al oficialismo para completar el 12 de junio el quórum necesario para llevar adelante una sesión en la que pretendía debatir cinco proyectos de ley, pero fundamentalmente dar luz verde en el inicio de la reunión a 75 pliegos judiciales. Entre ellos, uno clave: el de la jueza Ana María Figueroa, quien cumplirá 75 años el próximo 9 de agosto y con ello debería jubilarse, razón por la cual el Poder Ejecutivo pidió para ella extender su gestión profesional otros 5 años. Si llega esa fecha sin que el tema se debata en el recinto, la camarista deberá dejar su lugar clave, donde tiene un papel relevante en una causa de sumo interés para la presidenta del Senado: votar si debe ir o no a juicio la causa Hotesur/Los Sauces, donde están imputados Cristina Kirchner y sus hijos.  

Parecía que, ante la imposibilidad de revertir la situación planteada con las ausencias, ese objetivo había sido dejado de lado por parte del Poder Ejecutivo, pero las negociaciones nunca dejaron de avanzar. Con obstáculos, eso sí.

Con el jujeño Guillermo Snopek parecería haber habido acuerdo, luego de que le permitieran llevar en su boleta el extremo principal, con Sergio Massa como precandidato presidencial. Recordemos que Snopek encabeza una lista para diputado nacional por Unión por la Patria, y deberá disputar la interna con otras dos listas.

Si bien tenía otras demandas, como avanzar con un proyecto suyo para pedir la intervención del Poder Judicial jujeño y ser confirmado al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sus resistencias habrían cedido.

El segundo caso corresponde al senador entrerriano Edgardo Kueider, quien fue claro ante parlamentario.com respecto del tratamiento de un proyecto de su autoría para reducir tarifas eléctricas: su postura sigue siendo “la misma” y no la va a cambiar “bajo ninguna circunstancia”, en tanto y en cuanto la iniciativa que él impulsa no se trate. Pues bien, el tema parece haber quedado saldado a partir de la convocatoria a una reunión este miércoles a las 11.30 de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, en el Salón Arturo Illia, para tratar el expediente S-3346/22, que no es otro que el proyecto de Kueider que establece la disminución de las tarifas del servicio eléctrico.

El último senador pendiente es el rionegrino Alberto Weretilneck, quien ya no estuvo presente en la reunión fallida del 12 de julio, a pesar de estar en el Congreso ese día. El argumento para no bajar al recinto fue que sabía que el oficialismo no tenía quórum, de ahí que no tenía relevancia su presencia. Sin embargo, respecto de una próxima reunión, parlamentario.com publicó el 27 de julio pasado que fuentes cercanas al gobernador electo ponían en duda que el senador fuera a acompañar una sesión. El gobernador electo de Río Negro irá, ahora más que nunca, tema por tema. De cara a lo que resta hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá un nuevo gobierno, desde el entorno del senador aclararon que él va a apoyar lo que favorezca a su provincia y se opondrá a ciertos temas, sobre todo los que interprete que perjudican a Río Negro en particular o al  interior en general.

Por lo que pudo saber este medio, Weretilneck no tenía previsto estar esta semana en el recinto, donde el oficialismo querría realizar este jueves la sesión postergada.

Pasado el receso invernal, y ya de cara a las elecciones primarias, se abre en el Congreso una ventana de tiempo de una semana en la que puede suceder lo que tanto viene costando que suceda a lo largo de este año: que sesionen las cámaras. Aunque sea solo una de ellas.

Porque está claro que en Diputados las posibilidades de sesionar son ciertamente escasas, con la mayoría de los legisladores metidos de lleno en la campaña. Tan es así que el pedido formulado por la oposición de Diputados durante la última sesión para tratar en el recinto el tema alquileres, puso como fecha el 23 de agosto. Esto es, se dejará pasar una semana tras las elecciones y recién en la siguiente intentarán conseguir el número para sesionar sobre tan esperado tema.

Amén de ello, no faltarán los oficialistas que intenten gestionar una sesión el miércoles 2 de agosto, habida cuenta de los pedidos que formularon los miembros del III Malón de la Paz que se reunieron en Salta con una comitiva de diputados oficialistas que viajaron al norte del país para analizar el estado de situación en Jujuy, luego de los incidentes y el clima hostil desatado a partir de la aprobación de la reforma constitucional provincial. Los pueblos originarios entregaron un documento en el que les piden a los diputados y diputadas nacionales que gestionen una sesión extraordinaria en la Cámara a realizarse la primera semana de agosto para tratar las diferentes problemáticas que atraviesa la provincia de Jujuy en relación a lo que definieron como “la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT”, que es la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Lo cierto es que la posibilidad de una sesión en Diputados que atienda semejante pedido es más que difícil, habida cuenta de las dificultades del oficialismo de conseguir el quórum para arrancar una sesión.

¿Qué pasará en el Senado?

En la Cámara alta es otra cosa. El oficialismo no puede destrabar la situación que se le ha planteado a partir de haber dejado de tener quórum propio con la salida de cuatro senadores del interbloque que conduce José Mayans. Y viene del fracaso de una sesión el 12 de julio pasado, cuando solo alcanzaron a sentar en sus bancas a 34 senadores.

Ese día, además de un temario de 5 proyectos de ley, en el inicio de la reunión el oficialismo pretendía hacer votar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa, clave en la causa Hotesur/Los Sauces, que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos.

Esa vez faltaron tres senadores para poder arrancar la sesión. La pregunta del millón es saber si esos tres legisladores estarán dispuestos esta vez a sentarse en sus bancas si, como intentan las autoridades del interbloque y el Senado, tratan de realizar una sesión en la primera semana de agosto. Sería también el miércoles 2 de agosto, la única fecha disponible para intentar concretar esa difícil empresa.

Los senadores que faltaron esa vez fueron el jujeño Guillermo Snopek, el entrerriano Edgardo Kueider y el rionegrino Alberto Weretilneck. Los dos primeros peronistas, pero ahora miembros del nuevo interbloque Unidad Federal; el tercero, gobernador electo de su provincia, y un senador confiable para el oficialismo, al que obligó más de una vez a modificar proyectos, pero que en definitiva siempre ayudó.

El 12 de julio, Weretilneck no bajó al recinto, a pesar de estar en el Senado. Se quedó en su despacho. Dijeron que fue porque ya sabía que el Frente de Todos no llegaba al número y no tenía sentido exponerse.

Snopek no fue al recinto molesto porque no accedieron desde el oficialismo a bajar la lista de La Cámpora en su provincia, donde él encabeza una de las nóminas para diputados nacionales de Unión por la Patria y debe pelear la interna. Según dijo a parlamentario.com, la razón de su ausencia era que el oficialismo “incumplió con constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales”, donde él iba a ser ratificado como presidente e iba a plantear su proyecto que propone la intervención del Poder Judicial de Jujuy.

La respuesta del oficialismo, tras su faltazo, fue quitarle a su boleta la posibilidad de llevar a la fórmula Sergio Masssa-Agustín Rossi. Pero al final hubo un entendimiento y Snopek contará con la dupla principal de UP en su boleta. Habrá que ver si Asuntos Constitucionales se puede reunir antes de la fecha de la eventual sesión, pero la realidad es que en líneas generales las asperezas se habrían limado.

El caso de Kueider está relacionado con el tratamiento de un proyecto de su autoría para reducir tarifas eléctricas. El día anterior a la fallida sesión hubo gesto para atraerlo, al constituirse la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, pero si bien trataron el proyecto del entrerriano, no se avanzó con el dictamen. Y según confió a parlamentario.com el propio senador Kueider, su postura sigue siendo “la misma” y no la va a cambiar “bajo ninguna circunstancia”. Así se mantendrá en tanto y en cuanto el proyecto sobre reducción de tarifas eléctricas que él impulsa no se trate.

La última duda que resta gira en torno a Alberto Weretilneck. Fuentes cercanas al gobernador electo pusieron en duda que el senador vaya a acompañar esa sesión. Hábil tiempista, el senador de Juntos Somos Río Negro irá, ahora más que nunca, tema por tema. De cara a lo que resta hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá un nuevo gobierno, desde el entorno del senador aclararon que el mismo va a apoyar lo que favorezca a su provincia y se opondrá a ciertos temas, sobre todo los que interprete que perjudican a Río Negro en particular o al  interior en general.

Con este panorama, las chances de que pueda haber una sesión en el Senado antes de las PASO -y sobre todo, antes de que la jueza Figueroa cumpla 75 años, el 9 de agosto- son muy escasas, y solo un vuelco inesperado -y por lo visto improbable- haría posible una sesión antes de las elecciones.

La política es una actividad que debería estar al servicio del pueblo; sin embargo, en ocasiones parece que los intereses personales de los políticos están por encima de las necesidades colectivas. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos en el Senado de la Nación.

Mientras que la Cámara de Diputados se prepara para tratar el tema urgente de la ley de alquileres en una sesión programada para el próximo mes, en el Senado se busca otorgar un nuevo acuerdo a la Juez Ana María Figueroa en una clara maniobra para favorecer intereses personales. ¿Dónde quedan las necesidades del pueblo?

Es lamentable que, ante la posibilidad de un cambio en la composición del Senado después de las elecciones, la vicepresidente se apresure a otorgar un acuerdo a una juez que cree que la favorecerá. ¿Acaso la economía en crisis y la proximidad de las elecciones no deberían ser prioridades más importantes?

Es evidente que esta impostura de apariencia veraz queda al descubierto, y que solo se busca resolver casos personales alejándose de las necesidades colectivas. ¿Qué ha pasado con el liderazgo que se sacrificaba por el pueblo?

Los políticos deberían estar al servicio del pueblo, y no al revés. La verdad siempre es mejor que una mentira con apariencia agradable. Solo aceptando la verdad se puede realizar acciones positivas que mejoren la situación. El pueblo tiene que conocer cuáles son las prioridades de las personas que se postulan para representarlos.

El pueblo tiene ahora a la vista cuáles son las prioridades de las personas que se postulan para representarlos. A 40 años de la recuperación de la democracia como forma de gobierno, es lamentable constatar que la política sigue siendo una actividad en la que los intereses personales están por encima de las necesidades colectivas. Es hora de que los políticos recuerden que su deber es servir al pueblo y no a sí mismos.

Cuando el miércoles 12 de julio la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, confirmaba que “no habiendo quórum para la sesión convocada” para ese día procederían a las manifestaciones en minoría, todos concluyeron en que se habían caído todas las chances para sesionar antes de las elecciones primarias del 13 de agosto. Así las cosas, las expectativas de sobrevida en la actividad judicial de la camarista Ana María Figueroa se dieron por perdidas, habida cuenta de que su cumpleaños 75 el próximo 9 de agosto marcaría su inexorable jubilación. Una situación solo salvable a partir de alguna argucia que incluya una eventual licencia, con final feliz improbable.

Pero como en política nunca hay que dar nada por perdido hasta que se agoten los tiempos, las posibilidades persisten. Aunque ciertamente las chances son muy bajas. Veremos.

La elección del miércoles 12 para la fallida sesión del Senado, en cuyo temario fueron incluidos cinco proyectos y un menú de 75 pliegos judiciales para ser aprobados, fue porque era la única fecha de julio aprovechable para una sesión. Esa fue la última semana disponible de ese mes, pues la segunda quincena del séptimo mes del año está destinada a las vacaciones de invierno. Así los legisladores quieran sesionar, eso se complica por estar la mayoría del personal licenciado.

La ventana que se abre para una eventual sesión es la de la primera semana de agosto, más precisamente el miércoles 2. El domingo previo habrá elecciones en Chubut, las últimas antes de las elecciones PASO del 13 de agosto. Pero esa semana estará dedicada a la campaña; es más que improbable pensar en una sesión a once días de las primarias.

Por eso en Diputados se pidió sesionar el 23 de agosto. Será diez días después de las elecciones, y así y todo nada garantiza que se vaya a alcanzar el quórum. En el caso del Senado, algunos piensan en la primera semana de agosto precisamente para hacer un último intento con los pliegos judiciales, particularmente el que más interesa en el despacho principal de la Cámara, habida cuenta de que la jueza Figueroa debe resolver en el tema Hotesur/Los Sauces, donde hay que definir si la causa que involucra a Cristina Kirchner y sus hijos va o no a juicio.

Orejeando las cartas para el quórum

Las elucubraciones comenzaron a hacerse a partir de un hecho que involucra a uno de los ausentes clave de la sesión fallida: el senador jujeño Guillermo Snopek. Al resolver el oficialismo reponer la adhesión de la lista encabezada para Carolina Moisés (para el Senado) y Guillermo Snopek (para Diputados) a la de la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi, a más de uno se le encendió la imaginación.

Porque el jujeño que además preside el interbloque Unidad Federal fue uno de los tres senadores que le faltaron al oficialismo para llegar al quórum en la sesión del 12 de julio. La decisión de dejarlo sin la fórmula presidencial principal de Unión por la Patria fue una represalia por su ausencia. Esta reposición, que obedeció a otros factores que tienen que ver con la competitividad oficialista en esa provincia, fue vinculada por muchos a un eventual favor de Snopek como contrapartida en el Senado. Lo cierto es que el detonante para el “resfrío” del jujeño el miércoles pasado fue lo que él consideró un incumplimiento oficialista al no haberse constituido la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde estaba acordado que él sería ratificado como presidente.

No era su única condición: también pretendía plantear en esa reunión tratar su proyecto para intervenir el Poder Judicial de su provincia. En ese sentido, otra señal que podría interpretarse como parte del “operativo seducción” fue la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir al PJ jujeño.

Como sea, con la eventual presencia de Snopek en esta posible sesión no alcanza; le seguirían faltando dos senadores al oficialismo. Por ejemplo el entrerriano Edgardo Kueider. También integrante del bloque Unidad Federal, fue otro de los ausentes del miércoles 12. El día anterior se había constituido la Comisión de Minería, Energía y Combustibles para comenzar a tratar una serie de proyectos que proponen una reducción en las tarifas eléctricas para el norte del país. Una de esas iniciativas es de Kueider, que viene insistiendo hace rato con tratarla.

Sin embargo no hubo dictamen ese día, ni nada indica que se pueda hacer algo antes del 2 de agosto. En el oficialismo varias voces han expresado sus reparos respecto de un tema que debe ser abordado en profundidad, pues “no es solo bajar el IVA”, reconociendo además la imposibilidad de sacar un despacho, “porque muchos compañeros no están de acuerdo”. Si bien le ofrecieron a Kueider “pulir” su proyecto y trabajarlo con la Secretaría de Energía, porque “así como está no sale”, su ausencia en la sesión del Senado sería una señal de que lo han convencido.

El tercer ausente de ese miércoles fue el rionegrino Alberto Weretilneck. Aliado habitual del oficialismo, llamó la atención su ausencia, sobre todo porque estaba en el palacio. Trascendió que a partir de la certeza de que no alcanzaría para el quórum, decidió no ir al recinto, pero las dudas vuelven respecto de una eventual sesión en la previa de las PASO. Sucede que Weretilneck es un gobernador electo que debe pensar en lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre. Por eso debe estar reconsiderando su alineamiento con el FdT para este tema puntual, en tiempos en que en el propio oficialismo no son pocos los que dan como muy probable la pérdida del poder.

“Sino que me expliquen el proyecto de Máximo Kirchner de bloquear una privatización de Aerolíneas Argentinas”, deslizó con ironía ante este medio un legislador equidistante de los principales bloques.

Con este panorama, son pocos los que se hacen los rulos con las posibilidades de una eventual sesión “pre-PASO” en el Senado.

Por José Angel Di Mauro

Los últimos dos días de mayo, el Senado de la Nación salió del letargo que había mantenido a lo largo del año. En ese 30 y 31 de mayo de este año se conformaron numerosas comisiones y hasta dictaminaron proyectos importantes. La de Salud, dejó listos para mandar al recinto los proyectos de muerte perinatal y de pubertad precoz, muy esperados por las personas y organizaciones que tanto pugnaron por su aprobación y se entusiasmaron ante la media sanción en Diputados, pero se amargaron al ver inmovilizadas esas iniciativas en la Cámara alta.

Pero también pasó a la firma un proyecto reclamado por el ministro de Economía y precandidato oficialista para la presidencia, Sergio Massa: el monotributo tecnológico, que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario especial, a fin de permitir que esas personas que cobran sus servicios en moneda extranjera puedan liquidarlos en la Argentina y tributar aquí. Ese proyecto también fue aprobado en Diputados hace tiempo y dormía hasta entonces el sueño de los justos en el Senado. Ahí sigue.

La actividad principal de esos dos días fueron las dos audiencias realizadas en la Comisión de Acuerdos, por donde pasaron 47 jueces, fiscales y defensores, aspirantes a cubrir vacantes en diversos puntos de todo el país. Entre ellos, Ana María Figueroa, titular de la Cámara Federal de Casación Penal para la que el Poder Ejecutivo pidió ampliar por cinco años su magistratura, atento a que el 9 de agosto cumplirá 75. Una figura clave para la vicepresidenta de la Nación, pues ella debería decidir si Cristina Kirchner va o no a juicio por la causa Hotesur-Los Sauces.

Durante el interrogatorio al que fue sometida -y del que, hay que decirlo, salió bastante airosa-, el senador radical riojano Julio Martínez le comentó que el Senado estaba “paralizado”, pero que ese día y el anterior había vuelto a moverse. Y le preguntó si se daba cuenta de que había habido “mucha actividad gracias a usted, y el interés que tienen el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”.

Hábil declarante, Figueroa se manifestó orgullosa de ser en ese caso responsable de haber generado la vuelta a la actividad en esa cámara.

La realidad es que después de ese día el Senado volvió al letargo y durante el mes de junio solo se reunió una comisión tan solo para ratificar sus autoridades. Recién volvió la actividad esta última semana, donde tal cual había sucedido a fines de mayo volvieron a ser convocadas numerosas comisiones y hasta se convocó a una sesión especial para tratar cinco proyectos de ley… y los nombramientos judiciales pendientes. Entre ellos el de Ana María Figueroa. Otra puesta en escena para tratar lo que más le interesaba a la presidenta del Cuerpo.

El intento oficialista de sesionar fracasó, tal cual había sucedido el 30 de marzo pasado, cuando el FdT no consiguió quórum. Como el miércoles pasado, las autoridades del Senado habían incluido esa vez en el temario temas de especial repercusión pública, como la Ley Lucio y Alcohol Cero, propiciando también -y sobre todo- la presencia en los palcos de los abuelos de Lucio Dupuy y miembros de organizaciones interesadas en esas leyes, con la intención de dejar expuesta ante ellos a la oposición en caso de fracaso. El mismo modus operandi aplicaron el miércoles pasado, cuando invitaron a Johanna Piferrer -inspiradora de la Ley Johanna de muerte perinatal- junto a otras madres y organizaciones que promueven la aprobación del Programa Pubertad Precoz. A esas personas les pidió perdón la senadora Anabel Fernández Sagasti luego de que se cayera la sesión, aunque cabe recordar por ejemplo que el proyecto de ley de muerte perinatal cuenta con media sanción de la Cámara baja desde el 24 de noviembre del año pasado y nunca el oficialismo mostró premura por tratarlo.

Ya no hay chances de que el Congreso vuelva a sesionar sino hasta después de las PASO. En Diputados hay un pedido para reunirse el 23 de agosto para tratar la Ley de Alquileres, sobre la cual y ante la falta de acuerdos, lo más probable es que terminen derogándola. En la Cámara alta es imposible imaginar cuándo podrán ponerse de acuerdo para volver a abrir el recinto, pero lo único seguro es que la jueza Figueroa cumplirá 75 años sin haber conseguido la luz verde para seguir en el cargo y deberá iniciar los trámites para su jubilación. Tampoco pudieron avanzar por ahora las 75 designaciones judiciales incluidas en esa sesión fallida. Esa es una “victoria” que ya celebra la oposición y una muestra más del poder debilitado de la presidenta del Senado, que ya había debido recurrir a la teoría de la proscripción para justificar su ausencia en las listas, cuando la realidad concreta es que no tiene chances de ganar un balotaje.

Como su némesis Mauricio Macri, hoy en el exterior para evitar participar del tramo final de una campaña en la que prefiere evitar tener que decir a quién votará, aunque esté muy claro cuál es su deseo para el 13 de agosto. El expresidente se reserva el papel de consejero para el caso de que Juntos por el Cambio vuelva al poder, como imagina, aunque la verdad es que mucho no se han atendido sus recomendaciones por ejemplo en el cierre de listas.

Como sea, quien dejará de criticarlo es Horacio Rodríguez Larreta, atento a las encuestas donde se ha verificado que cada vez que el jefe de Gobierno descalifica a su mentor, él baja 3 puntos. El jefe de Gobierno paga en los últimos tiempos pasos en falso como el intento fallido de ampliar JxC con Schiaretti en vísperas de las elecciones cordobesas.

El, que desde los 8 años dice que va a ser presidente, se ilusiona con dar un campanazo este domingo, con Maxi Pullaro en Santa Fe. El tercer distrito más poblado del país es el único donde los precandidatos presidenciales de la principal oposición compiten con candidatos distintos. Respaldada por Patricia Bullrich, Carolina Losada derrotó en 2021 a Pullaro en la interna, siendo luego ella la ganadora de las legislativas santafesinas. Ahora compite con el mismo contrincante, que la aventaja en estructura partidaria; por eso dicen que las chances de la periodista crecen cuanta más gente vote. Las encuestas auguran un final cerrado, con ventaja para el varón tras una campaña electoral descarnada. Imposible que no queden heridos tras semejantes acusaciones cruzadas. Por eso, a pesar de que se descuenta que la sumatoria de JxC dará más alto este domingo, hay dudas respecto de lo que vaya a suceder en las generales del 10 de septiembre, y se ilusiona un peronismo que hasta ahora la daba por perdida.

Es lo que sucede con un oficialismo que se sabe complicado, pero dispuesto a dar batalla. Y a tomar ventaja de una interna sumamente competitiva como es la de Juntos por el Cambio, pero demasiado encarnizada. No solo a nivel de los precandidatos presidenciales. En la Ciudad hubo una muestra concreta, con la eyección de Franco Rinaldi del primer lugar de la lista de legisladores porteños de Jorge Macri. Martín Lousteau jugó fuerte a partir de que trascendieron los videos de un pasado no tan lejano en el que el fallido candidato hablaba sin filtros en las redes. El radicalismo no tuvo contemplaciones y pidió su exclusión; tras un primer embate en el que Jorge Macri aguantó las presiones, una nueva tanda de videos terminó con la resistencia del standupero, que dio un paso al costado. No conforme con eso, y revelando que el verdadero objetivo era erosionar a su rival para la Jefatura de Gobierno, Lousteau insistió en rayar a Macri. Pero tampoco se la llevó gratis, pues esa jugada le generó el efecto contrario con un contraataque de videos sobre el autor de la 125 que van desde su jura como ministro de Cristina -saludo con Néstor Kirchner incluido-, a declaraciones suyas reclamando por Santiago Maldonado…

La pregunta es cómo lograrán convivir las partes a partir del 14 de agosto tras semejante interna virulenta. Pero sobre todo, cómo harán para que los votantes de uno y otro confluyan en el mismo objetivo en las elecciones de octubre.

La campaña sucia está a la orden del día, y el oficialismo ha mostrado ya sus cartas. Lo de la IGJ interviniendo la fundación de Patricia Bullrich es un límite sorprendente que refiere peligrosamente a Venezuela. Dicen que la novedad -que fue instrumentada por el titular de Ricardo Nissen, el titular de la IGJ que hasta antes de asumir era apoderado de los hijos de Cristina Kirchner en Hotersur, y anunciada por el ministro de Justicia Martín Soria, cristinista de segunda generación que es además precandidato a diputado en estas elecciones- habría sorprendido al candidato oficialista. Y que no habría contado con su beneplácito, pues termina victimizando/favoreciendo a la precandidata del Pro. Igual, él tiene lo suyo en esta campaña. Decidido a asegurar el voto duro propio, Massa ha dejado claro que no transitará la avenida del medio en la campaña: arrancó con un video alertando a jubilados sobre un supuesto objetivo de JxC de liquidar el PAMI y siguió citando un incomprobable diálogo en el que gente del FMI alertaba supuestamente sobre pedidos opositores para hacer caer un acuerdo con el Fondo. En línea con lo que se sabe que sí hizo el peronismo a través de Domingo Cavallo con Raúl Alfonsín, o Alberto Fernández cuando Mauricio Macri yahabía perdido las PASO. 

El Frente de Todos no logró alcanzar el quórum necesario para sesionar este miércoles y aprobar 75 pliegos de jueces, camaristas, fiscales y defensores. Entre ellos, el de la camarista Ana María Figueroa, el más destacado de todos los puestos a consideración.

A continuación, detallamos los nombres de los pliegos que este miércoles no alcanzaron a tener luz verde en la Cámara alta:

Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17 de la Capital Federal al doctor Maximiliano Alberto Leandro Callizo;

Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7 de la Capital Federal, a la doctora Constanza Borghini;

Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal a la doctora Paula Ximena Morales;

Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal al doctor Marcos Sebastián Wenner;

Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Capital Federal al doctor Sergio Alejandro Echegaray;

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 24, a la doctora María Ángeles Ramos;

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 24, a la doctora María Ángeles Ramos;

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 9, al doctor Leonardo César Fillia;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 22, al doctor Pablo Amalio Zalazar;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7, al doctor Rolando Boris Vela;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 13, al doctor Gonzalo Agustín Freijedo;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, al doctor Mariano Gabriel Juárez;

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 5, a la doctora María Candelaria Migoya;

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 12, a la doctora María Lucrecia Sammartino;

Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 1, al doctor Adrián Norberto Martin;

Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 7, al doctor Fernando Gabriel Bellido;

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, al doctor  Germán Luis Artola;

Defensor Público Curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N° 12, al doctor Agustín Rivero;

Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal a la doctora Mariana Salduna;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de la Capital Federal al doctor Gabriel Emilio Vandemberg;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo

Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, al doctor Mariano Gabriel Juárez;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal al doctor Nicolás Grappasonno;

Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 de la Capital Federal a la doctora Paula Diana Marinkovic;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, al doctor Enrique Nicolás Baronetto;

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a la doctora Alfonsina Bava; Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 2, al doctor Agustín Carrique;

Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a la doctora Verónica Raquel Escribano;

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta, al doctor Luis Francisco Valencia;

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la doctora María José Bonifacino;

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 4, al doctor Alejandro Marcelo Arguilea;

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 7, a la señora doctora Mirta Sonia Álvarez;

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 3, a la señora doctora Mónica Sirounian;

Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal a la señora doctora Lucila Califano;

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Capital Federal al señor doctor Leonardo Raúl Vittola;

Juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal al señor doctor Pablo Glanc;

Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal a la señora doctora Natalia Noel Le Pera;

Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero a la señora doctora Ana Carina Farías;

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 2 de la Capital Federal al señor doctor Carlos Gabriel Mallo;

Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a la señora doctora Rosana Leonor Marini;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, al señor doctor Román Pablo Lanzón;

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº 1, a la señora doctora Lucía Romina Orsetti;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo

Criminal y Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 9, al señor doctor León Gordon Avalos;

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja al señor doctor José Nicolás Celestino Chumbita;

Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 4, a la señora doctora Paula Norma Gorsd;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Manuel Maximiliano Baillieau;

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía N°2, al señor doctor Matías Felipe Scilabra;

Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones y los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la señora doctora Rosario Muñoz;

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a la señora doctora Marcela Silvina Lamas;

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 3, al señor doctor Ramiro Dillon Villamayor;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 6, al señor doctor Pablo Rovatti;

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero a la señora doctora Silvina Soledad Leal Castaño;

Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al señor doctor Juan Manuel Domínguez;

Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de Corrientes a la señora doctora Patricia Isabel Kenny;

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 4, al señor doctor Carlos Alberto Pietragalla;

Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a la señora doctora Paula Susana Muniagurria;

Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe al doctor Pablo Andrés Vacani;

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 4, a la señora doctora Analía Isabel Cascone;

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Salvador de Jujuy a la doctora María Victoria Nager;

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía Nº 1, al doctor Rodrigo Nicolás Sánchez Terlizzi;

Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 4, a la doctora Laura Isabel Ayala;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy al doctor Diego Martín Matteucci;

Defensor Público de Víctima con asiento en la Provincia de Jujuy al doctor Gonzalo Stordeur;

Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, al doctor Marcelo Alejandro Cardozo;

Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Jujuy a la doctora Carina Inés Gregoraschuk;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Roberto Fernando Minguillón;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 20 de la Capital Federal al doctor Juan Manuel Mejuto;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Martín Luciano Poderti;

Fiscal General Adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al doctor Germán Helvio Queipo;

Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al doctor Fernando Luis Rodolfo Poviña;

Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa;

Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, al doctor Mauricio Gabriel Zambiazzo;

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 77 de la Capital Federal al doctor Federico Pablo Notrica;

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza, al doctor Omar Abdón Bittar;

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº2, al doctor Sebastián Gabriel Jure;

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “C”, al doctor Hernán Diego Papa;

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 102 de la Capital Federal al doctor Eduardo Guillermo Roveda;

Juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal al doctor Gerardo Agustín Pettigiani.

Por segundo día consecutivo, la Comisión de Acuerdos del Senado realizó este miércoles una audiencia pública en la que expusieron aspirantes a jueces, fiscales y defensores públicos propuestos por el Gobierno nacional.

Toda la expectativa por las rispideces que pudiese generar su presencia para defender su pliego estaba puesta en la figura de Ana María Figueroa, para quien el Poder Ejecutivo pidió ampliar por cinco años su magistratura, atento a que en agosto cumplirá 75 años.

Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal -clave para el oficialismo, en general, y la vicepresidenta de la Nación en particular, por cuanto ese cuerpo debe decidir si ella va o no a juicio por la causa Hotesur-, la jueza recordó al iniciar su exposición que justamente doce años atrás ese mismo Senado le prestaba acuerdo, un 29 de mayo de 2011. “Me da mucha alegría poder estar aquí”, señaló, aclarando que no era tarea sencilla resumir sus 50 años de ejercicio profesional de la profesión.

Recordó haberse recibido en el año 1973, época que definió como “muy especial” y contó que inmediatamente después de recibirse recibió a víctimas y familiares de la represión, y más tarde se convertiría en abogada de organizaciones de derechos humanos.

Figueroa destacó las 1.042 sentencias que ha emitido Casación en materia de cuestiones de género, recordando a su vez que en 2011 “prácticamente no había sentencias de género en el país”. Celebró también “que se haya avanzado tanto en tan poco tiempo”.

Al referirse a las cuestiones de lesa humanidad destacó los números registrados en nuestro país en la materia: 1.425 condenas; 1.126 personas condenadas; 171 absueltas; 297 juicios; 70 en trámite; 717 detenidos. Datos que, contó, llevó a La Haya, sorprendiendo a todos. “En el juzgamiento de personas de lesa humanidad somos ejemplo mundial”, enfatizó, recordando también que cuando la Corte Suprema tuvo el fallo del 2×1, Casación Federal “fue el organismo que no aplicó el fallo”.

Llegó entonces el momento de las preguntas y tomó la posta desde la oposición la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro-JxC), quien leyó lo que ella había declarado ante un medio de comunicación el 18 de diciembre pasado, diciendo que “hubo ensañamiento judicial contra la vicepresidenta”, al tiempo que llamó a confiar en los tres poderes. Por eso consideró que esa declaración le sonaba contradictoria. Y planteó las dudas que le generaban la demora de la jueza en emitir su voto sobre la causa Hotesur/Los Sauces, toda vez que sus dos colegas ya lo habían hecho. 

Figueroa contó que podía haber expresado que había habido ensañamiento, pero eso tenía que ver exclusivamente con que “no es habitual que en Argentina a una persona la citen a 8 indagatorias el mismo día. No es razonable eso, no hubo ningún otro caso en la historia”. Y cuestionó también que se hubieran elegido fechas especiales para ella para indagarla. “No me parece correcto contra la vicepresidenta, ni contra cualquier ciudadano”, dijo.

La camarista agregó que en ese momento estaban en “un período de debate con los dos colegas. Hasta el lunes estuvimos charlando del tema”, remarcando que siempre buscan “llegar a consensos en temas tan graves. No es tan sencillo como con un tema simple. Con ellos estamos permanentemente debatiendo”, y aclaró que estaban “en el secreto del debate” y no podía referirse al tema. Habían resuelto además no seguir anotando las circulaciones dentro del sistema Lex100 “para que no haya presiones, pero estamos llegando a buen consenso”.

“Pierda cuidado que no tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para dar mi fallo según me den el acuerdo o no”, aseguró.

El otro legislador opositor que hizo preguntas fue el riojano Julio Martínez (UCR-JxC), quien arrancó enmarcando la situación en la que se había llegado a esta audiencia. Subrayó que “desde hace 3 años y medio el Congreso, y en especial el Senado, está atravesado prioritariamente por una agenda judicial”. Y ahora, destacó, “el Senado está paralizado”. Pero advirtió que “hoy se mueve, ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted, y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”.

“¿A qué cree que se debe el interés del oficialismo? ¿A que su pliego sea tratado? ¿Por cuál de todas estas causas hay interés en que usted siga?”, preguntó, y enumeró luego casos como el de los jueces Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco, en los que el oficialismo y el kirchnerismo habían estado siempre en contra de que siguieran en sus cargos más allá de haber cumplido la edad jubilatoria. “Ahora están a favor. ¿Por qué cree que están a favor de su continuidad? -insistió-. ¿Por su posición sobre la Ley del Arrepentido, que la consideró inconstitucional? ¿Será porque está en Hotesur y Los Sauces? ¿Será porque usted manifestó que hubo un ensañamiento contra la vicepresidenta? ¿Será porque criticó a (Claudio) Bonadio por las citaciones en un mismo día, o porque denunció aprietes de la mesa judicial macrista, algo que tiene el beneplácito de la bancada oficialista?”.

Y concluyó advirtiendo “mucha desprolijidad” en cómo se estaba dando la situación, que podía llevar a algunos a pensar que ella estuviera demorando su voto sobre CFK en función de si le daban o no el acuerdo para continuar en el cargo.

Figueroa contestó que a los jueces no les gusta que los conflictos de la política se judicialicen. “Pero cuando los tenemos en nuestras manos, asumimos nuestra responsabilidad. Lo hacemos siempre ajustados a derecho”, sostuvo. 

“Nadie puede objetar de mi persona mi imparcialidad”, aseveró, y puso como ejemplo a los imputados de crímenes de lesa humanidad, que por haber sido ella abogada de organizaciones de derechos humanos podían haberla puesto en duda. Sin embargo, aseguró que “más de un defensor oficial me dice que condenados a perpetua han dicho ‘la doctora Figueroa es justa’”.

Respecto de los dichos de Zaffaroni a favor de que los jueces no continúen en sus cargos más allá de los 75 años, señaló con ironía: “Después se consideró muy idóneo, porque estuvo después 5 años al frente de la CIDH”. Aclaró además que la ley establece que toda persona puede pedir acuerdo nuevamente al cumplir los 75, y lo que viene después es  “un proceso complicado”. Pero enfatizó que “realmente es atribución de todo el sistema institucional establecer si alguien está en condición física, intelectual, de formación, si puede o no continuar en el cargo”.

“Yo creo que estoy en condiciones, sino no lo hubiera hecho”, aseguró y, ante la pregunta de por qué creía que este mismo oficialismo le había negado a otros lo que ahora pedía para ella, respondió: “Es un tema de discrecionalidad del presidente de la Nación. Esto se lo debe contestar el presidente”. “Y la vice…”, retrucó Martínez.

Por último, ante la pregunta referida a la reactivación del Senado, Figueroa dijo: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.

Al momento de repreguntar, el riojano le consultó a Figueroa si “en esta nueva etapa va a pagar impuesto a las Ganancias” y “si ha conversado con miembros del Ejecutivo, del Legislativo, del Instituto Patria o de alguien cercano al oficialismo” sobre su postulación. 

“No cree pertinente, debido a que hay un fallo que depende de usted, que afecta o favorece a la vicepresidencia de la Nación y su familia, ¿no cree oportuno apartarse de este tema?”, insistió el senador y apuntó que su apartamiento sería “para darle una mayor credibilidad” al eventual fallo. 

De forma acotada, la camarista le respondió: “No conozco ni donde funciona el Instituto Patria, ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo de ninguna índole”. 

Finalmente, tomó la palabra el jefe del interbloque oficialista, José Mayans (FNyP-FdT), quien hizo una larga intervención en la que cuestionó la Corte Suprema y fustigó a sus pares de Juntos por el Cambio. “Usted hizo que toda esta gente venga”, lanzó, y aunque destacó la participación habitual del radical Pablo Blanco y la macrista Guadalupe Tagliaferri en las audiencias, criticó que los opositores “aparecen para hacer dar la nota. Después se van, no queda ni el loro acá”. 

El formoseño aprovechó para cuestionar que “hasta ayer uno de los heroes del sistema era (el fiscal Guillermo) Marijuan, que se dedicaba a hacer pozos”, en alusión a los allanamientos años atrás en propiedades de Lázaro Báez, pero “desde ayer, que dice que no tiene pruebas”, al pedir el sobreseimiento de CFK, “pobre Marijuan… le dan de mañana, tarde, noche; ahora es el fiscal más corrupto”. 

“La vergonzosa actuación de miembros de la Corte es lo que está poniendo en peligro la institucionalidad argentina”, consideró y, por el contrario, elogió a Figueroa: “Para nosotros es un honor tenerla a usted acá en el Congreso por lo que ha hecho en su trabajo en el Poder Judicial y la verdad que el papa (Francisco) tiene 80 años, y el presidente de los Estados Unidos (Joe Biden), que ahora se va a postular de nuevo tiene 80 años, y Fayt tenía 95 y decían ‘qué brillante Fayt’, que ya ni hablaba, se manejaba por señas”. Entonces, observó que a la jueza se la ve “plena, con ganas de seguir aportando y con una trayectoria indiscutible. Y eso la hace digna a usted”. 

“Necesitamos personas como usted en el Poder Judicial, que no se dejen presionar por el poder mediático ni por la mafia que amenaza a los jueces que no responden a sus intereses, ni por los sectores políticos que están arrodillados ante esos poderes”, completó el presidente del FdT.

Otra veintena de candidatos defendieron sus pliegos

La audiencia de este miércoles se extendió por más de seis horas y por el Salón Illia desfilaron 23 postulantes, en su mayoría candidatos a cubrir vacantes en fiscalías y juzgados de la Capital Federal, en el fuero laboral, en el civil y comercial y en lo criminal y correccional. 

Las preguntas de los senadores giraron en torno a la postura de los aspirantes sobre el pago del impuesto a las Ganancias, la capacitación en Ley Micaela y también la cuestión del traspaso de la justicia nacional a CABA. 

Sobre este último tema, Juan Manuel Domínguez, propuesto como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, advirtió que “la competencia de la justicia nacional del trabajo no solamente cumple una función de justicia ordinaria”, sino que “es aparte competente cuando está demandado el Estado Nacional, sus reparticiones autárquicas y las empresas públicas con componente nacional”. Asimismo, puede “revisar materia sindical del Ministerio de Trabajo”. 

Por eso, “más allá de la opinión que podría merecer el traspaso, al momento en que se hagan los acuerdos debería tenerse en cuenta esa situación. No podría trasladarse la totalidad de la justicia del trabajo sin rediseñar ese aspecto de la competencia”, sugirió. 

Por su parte, Pablo Glanc, propuesto como juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de la Capital Federal, fue consultado por la senadora Tagliaferri sobre “la necesidad de generar una ley procesal penal-juvenil” y si cree que eso “sería de utilidad para no estar dentro del modelo de tutelaje, entendiendo que muchas veces los niños y adolescentes vienen con situaciones de vulnerabilidad, que terminan lamentablemente en situaciones de delito”.

“Considero fundamental y más que necesaria la reforma del régimen penal juvenil, que data de la última dictadura. El 95% de la biblioteca dice que hay que modificarlo”, afirmó el candidato, que recomendó que el tema de la edad se podría dejar “para otro momento” y avanzar de una vez “en lo que la mayoría está de acuerdo” porque “la ley actual permite mucha discrecionalidad y eso nunca es bueno”. 

Tagliaferri también consultó por una serie de impugnaciones que recibió Hernán Diego Papa, candidato a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. 

En el arranque de la sesión de este jueves, tomó estado parlamentario el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para dar continuidad en su cargo a la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal.

La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.

Por otra parte, dentro del extenso paquete de pliegos, también fue girado el de Ana Clara Alberdi, quien fue designada como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia luego que Agustín Rossi asumiera como jefe de Gabinete.

Alberdi es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y en la actualidad se encuentra cursando una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella, informó el Gobierno en febrero pasado cuando se la nombró interventora.

De la mano de Rossi, Alberdi se ha desempeñado como jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa. Además, fue asesora y jefa de despacho de bloque en la Cámara de Diputados de la Nación.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió sobre la denuncia de presiones que deslizó a principios del mes de mayo la camarista Ana María Figueroa respecto de la causa del memorándum con Irán. En esa oportunidad la jueza habló de presiones de parte del Gobierno macrista y Cristina señaló al actual jefe de los fiscales de CABA, Juan Bautista Mahiques, como quien la había presionado en diciembre de 2015 en nombre del Poder Ejecutivo. Si bien la jueza, que había hecho esas declaraciones en una entrevista radial, luego aclaró que no había dado nombres, habría ratificado ahora por escrito ante la justicia el nombre de Mahiques.

La causa se activó a partir de una denuncia presentada por legisladores kirchneristas, y según ahora habría trascendido periodísticamente, Figueroa habría señalado allí a Mahiques como quien la habría presionado entonces.

“¿Vieron? Una vez más Clarín mintió, y van… Intentaron ocultarlo pero al final era cierto lo que dije”, apuntó este sábado la expresidenta a través de una cadena de tuits en la que sumó la información publicada en su momento por el citado matutino en el que se consigna una “fallida jugada judicial de la expresidenta”, en una nota titulada: “Tras los tuits de Cristina: una jueza aclaró que un fiscal no la presionó”.

¿Vieron? Una vez más Clarín mintió, y van… Intentaron ocultarlo pero al final era cierto lo que dije: pic.twitter.com/3UCyrgSz1m

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 6, 2020

Por eso Cristina Kirchner se pregunta entonces si “llegará el día en que todos los jueces y fiscales del país se animen a sacar de arriba de su escritorio el último ejemplar del diario Clarín para volver a poner la Constitución Nacional cuando tengan que decidir acerca de la vida, la libertad y el patrimonio de sus compatriotas?”.

“¿Que hay muchos y muchas que nunca sacaron la Constitución Nacional de arriba de su escritorio? Por supuesto que sí… Pero todos y todas saben de lo que estoy hablando”, concluye la titular del Senado.

Siguen dando que hablar las declaraciones de la camarista Ana María Figueroa, que en un reportaje reciente dijo haber recibido “presiones” de parte de un exalto funcionario del Ministerio de Justicia de la gestión de Cambiemos. Ya se sabía desde que la propia Cristina Fernández de Kirchner se hizo eco de esos dichos ese tema sería explotado fuertemente  por el kirchnerismo y así fue.

Asi es que un grupo de legisladores nacionales del kirchnerismo presentó esta semana una denuncia pidiendo que se investigue a funcionarios judiciales del macrismo por el cargo de “asociación ilícita agravada” y “tráfico de influencias”, precisamente a partir de los dichos de la jueza Figueroa en AM750, hace tres sábados.

Firman la denuncia los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Martín Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorge Taiana, Guillermo Snopek, María Teresa González, Ana Claudia Almirón y Mariano Recalde; y los diputados José Luis Gioja, Josefina Gónzalez, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodríguez Saá, María Graciela Parola, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

Los exfuncionarios señalados como “responsables de los hechos” a investigar son el propio Mauricio Macri, su jefe de asesores José Torelo; el exministro de Justicia Germán Garavano; el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo Juan Bautista Mahiques; el anterior Procurador General del Tesoro Bernardo Saravia Frias; el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el expresidente de Boca Daniel Angelici.

La denuncia pide investigar las “presiones e interferencias” supuestamente hechas para “direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por Mauricio Macri”.

“Los hechos relatados han puesto en crisis los principios básicos que hacen al Estado de Derecho”, señala el escrito donde se advierte que de comprobarse los mismos habría existido los delitos de asociación ilícita, asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En el escrito se pide proceder a librar oficios a todas las empresas telefónicas que operan en la Argentina, a los efectos de informar “los abonados utilizados entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019 por (el fiscal general de la Ciudad) Juan Bautista Mahiques”, uno de los apuntados por ejercer las supuestas presiones a los jueces.

Reclaman que se realicen pesquisas sobre “los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia que permita establecer si entre el 10 de diciembre de 2015 y el de diciembre de 2019, magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, visitaron la residencia de Olivos; la Casa Rosada; la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); y la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

La denuncia original recayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado y agregaron dichos de la jueza de San Martín Martina Forns, quien en declaraciones periodísticas habló de “numerosos operadores” dentro del Ministerio de Justicia y dio por sentado la existencia de una “mesa judicial del macrismo”. También pidieron sumar la declaración del expresidente  provisional del Senado Federico Pinedo, quien reconoció la existencia de “muchos casos donde la administración le dice a los jueces no haga tal cosa y después el juez hace lo que quiere”.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) consideró que las declaraciones de la jueza Ana María Figueroa, que denunció sufrió presiones del gobierno anterior para votar a favor de la reapertura de la causa del Memorándum con Irán, confirman que “es necesaria una reforma judicial muy profunda en Argentina”.

El neuquino señaló que los dichos de la magistrada “han mostrado en boca ya de una funcionaria, una jueza nada menos, lo que todo el mundo sabía que venía pasando estos años durante el gobierno de Macri”.

En ese sentido, acusó a la gestión de Cambiemos de “utilizar los servicios de inteligencia para hacer espionaje interno; a jueces y fiscales para hacer persecución política; y a los medios para difamación y mentira” con el fin de “eliminar a dirigentes políticos opositores”.

En diálogo con radio AM530, el legislador recordó que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de los jueces, Diego García Sayán, “denunció que el gobierno de Macri había utilizado el sistema judicial y mediático para realizar persecuciones políticas”.

Parrilli mencionó también parte del discurso del presidente Alberto Fernández, el pasado 1ro. de marzo ante la Asamblea Legislativa, cuando dijo que había que “terminar” con “los sótanos de la democracia”.

“Esto es lo que estamos esperando, que la pandemia nos ha demorado, pero no nos tenemos que olvidar: es necesaria una reforma judicial muy profunda en Argentina”, afirmó sobre el proyecto de ley que el Gobierno iba a enviar al Congreso este año, pero la emergencia por el Covid-19 frenó.

El oficialista agregó que “la reforma a los sistemas de inteligencia ya se está llevando adelante” por parte de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño; mientras que, respecto a los medios de comunicación, opinó que “no sirve salir a pelearse” sino “contarle a la sociedad lo que los medios dicen y cómo son las mentiras”.

Este miércoles, diputados y senadores del Frente de Todos realizaron una presentación ante la Justicia para que se investigue la denuncia de Figueroa sobre presuntas presiones de funcionarios macristas. La vicepresidenta Cristina Kirchner, al igual que Parrilli, le atribuyeron directamente este accionar al exconsejero Juan Bautista Mahiques, actual procurador de la Ciudad de Buenos Aires.

Diputados y senadores del Frente de Todos pidieron este miércoles que la Justicia investigue la denuncia de la jueza Ana María Figueroa sobre supuestas presiones recibidas por parte de funcionarios macristas sobre la investigación del memorándum de entendimiento con Irán.

El fin de semana, la jueza reveló en declaraciones a AM750: “En el gobierno anterior un funcionario que estaba por debajo del exministro de Justicia, Germán Garavano, entró a mi despacho para presionarme por la causa sobre el memorándum con Irán”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner atribuyó este accionar a Juan Bautista Mahiques, aunque luego la magistrada aclaró que no había mencionado al exconsejero de la Magistratura, y finalmente el propio aludido le pidió una rectificación.

Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 2, 2020

Ahora, legisladores del Frente de Todos solicitaron que se investiguen estos hechos, que “dan cuenta de presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por el ingeniero Mauricio Macri”.

Los demandantes solicitaron que se habilite la feria judicial y que el caso se trate “con urgencia” dada “la enorme gravedad institucional del caso, el cual compromete la forma republicana de gobierno, y en particular, el principio de división de poderes”.

La presentación recayó en el Juzgado Federal Nro. 2, de Daniel Rafecas, quedando a cargo del fiscal Federico Delgado.

Los firmantes fueron los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Martín Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorge Taiana, Guillermo Snopek, Teresa González, Ana Almirón y Mariano Recalde, y los diputados José Luis Gioja, Josefina González, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodríguez Saá, Graciela Parola, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

Me gustaría que la jueza Ana María Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho, y que no existió el intercambio que se insinuó hoy en @tomaydacaradio. Lamento que se falte a la verdad en un contexto como el que estamos viviendo.

— juan bautista (@jbmahiques) May 2, 2020

Según los legisladores, desde la asunción de Macri “fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y direccionar el trámite de causas que le resultaban funcionales a sus intereses políticos”.

Esas maniobras “fueron planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada ‘mesa judicial’, integrada nada más ni nada menos que por el expresidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales”, advirtieron.

Más aun, le pusieron nombre y apellido a los integrantes de esa “mesa judicial”: el mencionado Mahiques; el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el extitular de la AFI, Gustavo Arribas; los exsecretarios de Estado José Torello y Pablo Clusellas; el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; y los abogados Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

El escrito presentado ante la Justicia adjunta una transcripción textual de la entrevista radial a la jueza Figueroa, para luego solicitar que se cite a declaración testimonial tanto a la magistrada como al periodista que realizó la nota, Mariano Martín.

Otro de los pedidos es que “se oficie a todas las empresas telefónicas del país a fin de que informen los abonados utilizados entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019 por el doctor Juan Bautista Mahiques”.

Asimismo, los legisladores solicitan que “se obtengan, por los medios pertinentes, los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia que permita establecer si entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación visitaron “ la Casa Rosada, la residencia de Olivos, la sede de la AFI o la del Ministerio de Justicia.

Luego de que la jueza Ana María Figueroa dijera el sábado por AM750 que fue “presionada” durante el Gobierno de Cambiemos, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le puso nombre y apellido al funcionario del Ministerio de Justicia que entonces conducía Germán Garavano, que había sido supuestamente el autor de esas presiones. Sin embargo más tarde la jueza, que durante la nota no quiso decir de quién hablaba, negó que se tratara de Juan Bautista Mahiques.

Ante ello, el senador nacional Oscar Parrilli se preguntó este domingo quién la había presionado entonces. “La jueza Ana María Figueroa dice que en el gobierno anterior había presiones a los jueces, que en este momento no hay presiones”, señaló este domingo por C5N, y agregó: “Le preguntan si fue Juan Bautista Mahiques que era el representante de (Mauricio) Macri en el Consejo de la Magistratura y deja a entender que efectivamente era él y que la presionaba en la causa del memorandum con Irán, que era una causa que se había archivado y que se reabrió con el voto de Figueroa”.

Parrilli recordó este domingo la votación en la Cámara Federal de Casación Penal: “Cuando se leen los votos, hay dos que están a favor, pero está el de Figueroa que cuando se lee parece que va a votar en contra de reabrir y termina votando a favor”.

“Si no fue Mahiques, ¿quién la presionó?”, se preguntó el senador kirchnerista, para agregar luego: “Ella reconoce que Macri la criticó en público, las presiones existieron y eran parte de lo que Alberto Fernández denunció como la cloaca judicial con servicios de inteligencia en relación con jueces y fiscales”.

“Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán”, tuiteó este sábado la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al iniciar un hilo en el que la emprendió contra el citado funcionario judicial y mencionó también al actual jefe de Gobierno porteño.

En sus declaraciones periodísticas, la jueza Figueroa recordó en el programa radial Toma y Daca que en tiempos de Germán Garavano al frente de la cartera judicial, un funcionario de ese ministerio le preguntó en su despacho “cuánto iba a demorar en sacar un fallo”, poniéndolo como ejemplo de las “muchísimas presiones” que dijo haber sufrido en tiempos de Macri. No obstante, Ana María Figueroa dijo no haber denunciado nunca ese episodio.

La magistrada no quiso dar el nombre de quién le había preguntado por ese fallo -“Prefiero no hacerlo, porque ya eso conforma parte del pasado”, expresó-. Solo dijo que había sido “un miembro del Ministerio de Justicia, quien estaba por debajo del ministro Garavano”, a quien, contó, “invitó” a que “se retirara”.

Sobre la causa en cuestión, señaló que le parecía que había sido “por la inconstitucionalidad del memorándum con Irán”.

Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 2, 2020

En su cuenta de Twitter, Cristina Fernández respondió el interrogante señalando a Juan Bautista Mahiques, y le apuntó entonces al jefe de Gobierno de la Ciudad. “¿Qué imagen… Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterándose que Juan Bautista Mahíques, a quien propuso y designó como Fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?”, se preguntó la vicepresidenta.

Y en un tercer tuit insistió: “¿Veremos mañana, en las principales tapas del domingo, esta gravísima e inédita denuncia? ¿Vos decís que son muchos interrogantes? Bueno… confieso que la cuarentena me ha puesto un poco existencial… Igualmente, apuesto mil a uno a que no”.