Cristina pasó por la Casa Rosada para despedir a Maradona

Llegó pasadas las 14.30, acompañada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, luego de haber dado inicio a la sesión en el Senado.

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Tras haber dado inicio a la sesión en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner asistió al velatorio de Diego Maradona este jueves.

Minutos después de las 14.30, la vicepresidenta arribó a la Casa Rosada, acompañada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque oficialista.

CFK fue recibida por el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Luego se dirigió a saludar a la familia, y se fundió en un abrazo con Claudia Villafañe, la exesposa del ídolo del fútbol argentino.

El paso de la titular del Senado por el funeral se vio, por momentos, a través del canal Senado TV que, en pantalla dividida, continuaba con la transmisión de la sesión en la que se le rendió un sentido homenaje al “Diez”.

Cristina se acercó al féretro y permaneció unos minutos allí, donde dejó apoyado un rosario. Antes de irse, se despidió con unos golpes suaves sobre el cajón.

La expresidenta mantenía una estrecha relación con Maradona, a quien había saludado por teléfono el pasado 30 de octubre en su cumpleaños número 60. Un poco más de 10 años atrás, en el mismo lugar, el jugador la acompañó durante el velatorio de Néstor Kirchner.

Tras despedir al ídolo, la vicepresidenta se retiró hacia la oficina del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, uno de sus dirigentes más cercanos.

Este jueves, más temprano, también había pasado por el velatorio el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

A la derecha, el saludo de CFK y Claudia Villafañe en el velatorio.

Avanzan en la implementación del Código Procesal Penal Federal

Durante una reunión de la bicameral se trató la resolución 1/20 para iniciar un relevamiento y monitoreo a la aplicación de los artículos del CPPF propuesto en la 2/19. El dictamen fue puesto para la firma.

La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que preside la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti se reunió este jueves de manera remota a fin de retomar el proceso sobre la implementación del CPPF, sancionado a fines de 2018.

Fernández Sagasti inició el encuentro explicando que “pondremos a consideración la resolución 1/20 que hemos trabajado con los asesores y asesoras y enviado a todos los senadores y diputados de la comisión”.

Manifestó que “la resolución propone iniciar un relevamiento y monitoreo a la implementación de los artículos del Código Procesal Penal Federal propuesto en la 2/19, y seguir con el proceso de implementación parcial de artículos que no modifiquen en lo sustancial”, como ser la oralidad y publicidad de los juicios y otro relacionado al derecho a la revisión de las sentencias.

La presidenta de la comisión destacó que “tenemos una muy buena noticia que es el amplio consenso en los distintos partidos políticos y operadores de justicia para la aplicación del CPPF”.

Recordó que desde junio de 2019, en Salta y Jujuy se empezó aplicar el nuevo código, luego en las jurisdicciones de Mendoza y Rosario y un artículo en todas las provincias del país.

Anabel Fernández Sagasti aseguró asimismo que “la resolución propone una recomendación para que los organismos que toman exámenes para los ministerios públicos y el Poder Judicial de la Nación incorporen en los concursos los conocimiento sobre este Código”.

Sostuvo que se está realizando el “relevamiento y diagnóstico de cómo ha sido la implementación en Salta y Jujuy”, y “en el transcurso de diciembre vamos a tener la información adecuada para poder hacer una hoja de ruta de los que viene”. “Pretendemos realizar un modelo de relevamiento para avanzar el año que viene en otras jurisdicciones”, completó.

Luego el secretario técnico de la Comisión, Ignacio Mendizábal, brindó un informe con las precisiones de las tareas que se llevan adelante al respecto. Explicó que “la idea es que desde la comisión podamos construir y acercar información que sea fruto de un proceso técnico, abierto y participativo para saber las necesidades que hay que abordar y el estado de situación actual de la implementación”.

“El objetivo es tener una matriz de lo que vamos a ir relevando en el resto del país”, añadió.

La senadora María de los Ángeles Sacnun sostuvo que “este camino de protocolización del monitoreo de la implementación del nuevo CPPF en Salta y Jujuy sirve para trazar el camino para el resto del país”.

La senadora de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez consideró que “en el diagnóstico de Salta podríamos ver las medidas sanitarias que se tomaron en el marco dela pandemia y cómo les ha ido para tenerlo en cuenta en los nuevos lugares”.

A su vez, el senador Roberto Mirabella (FdT) manifestó que “es importante que avancemos a pasos firmes sobre esto. Hay que acompañar esta resolución”.

Desde la oposición urgen tratar el pliego de Rafecas

La senadora Lucila Crexell remitió una carta a la presidenta de la Comisión de Acuerdos para activar con el mecanismo para la intervención constitucional que le compete. Salvo haberle dado ingreso al pedido del Ejecutivo, el Senado nunca puso en marcha los mecanismos para tratar el pliego.

Junto al senador Martín Lousteau, la senadora neuquina Lucila Crexell es protagonista involuntaria de la inédita situación que se está dando en el Senado, donde -contrariamente al pedido de los autores- están debatiendo en comisión proyectos de ambos para modificar la Ley del Ministerio Público, con el fin de modificar los tiempos de mandato y, muy presumiblemente, cambiar las mayorías necesarias para su designación y remoción.

Ahora la legisladora aliada de Juntos por el Cambio tomó la iniciativa enviando a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, una nota en la que le pide activar los mecanismos correspondientes para “la pronta convocatoria de la comisión que preside para la consideración del pedido de acuerdo” de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación.

El pedido de acuerdo fue enviado al Senado por el Poder Ejecutivo el pasado 9 de marzo al Senado de la Nación, y Crexell le recuerda a su par de La Cámpora que las normativas reglamentarias contemplan “plazos específicos en procura de acotar en un tiempo prudencial los procedimientos para cumplimentar los pasos previos que se han considerado necesarios para el ejercicio del Poder Ejecutivo de la atribución en cuestión, de manera que no se dilate en el tiempo de manera indefinida” la situación.

Crexell sostiene que para el caso del cargo que debe ser cubierto “se impone dar una definición a tal situación que actualmente existe, toda vez que la designación definitiva de su titular hace a un efectivo mejoramiento del funcionamiento del servicio de justicia”.

La senadora neuquina se basa en los artículos 22 bis, 22 ter y 82 del reglamento del Senado, que establece que corresponde que la Comisión de Acuerdos convoque al procedimiento de audiencia pública previsto, para activar con ello el mecanismo para la intervención constitucional que le compete.

Tras recordar que al momento y a pesar de la fecha en la que ingresó el mensaje del PEN, salvo su entrada en la sesión del día 12 de marzo de 2020, “no se ha cumplido con los pasos reglamentarios siguientes”, Crexell interpreta que “surge a todas luces como evidente que es política e institucionalmente pertinente y -más aún- necesario, que se avance en la discusión de este tema. Y que se tome una decisión. La ‘no-decisión’ sobre un tema relevante no es neutra institucionalmente. Implica la ‘decisión de no decidir’, con consecuencias sobre las personas involucradas, sobre la seguridad jurídica, sobre la calidad institucional de la Nación y finalmente sobre la sociedad toda, en tanto se trata de decisiones sobre cargos públicos muy importantes para la vida y el desarrollo de las personas”.

En consecuencia, la senadora interpelante considera que “se  impone que este Senado active los procedimientos correspondientes para el cumplimiento del rol que le corresponde al respecto”.

Cabe recordar que días pasados la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Angeles Sacnun, señaló que “nadie nos tiene que considerar en la discusión” sobre ese tema.

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Fernández Sagasti presidirá el PJ mendocino

Por primera vez una mujer lideraría el partido en esa provincia, luego de un acuerdo alcanzado para las elecciones de fin de año.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti encabezará la lista que se presentará en el Partido Justicialista de la provincia de Mendoza, con lo que se convertirá en la primera mujer en conducir el PJ cuyano.

La elección está prevista para el 20 de diciembre y Fernández Sagasti estará secundada en la lista por los intendentes Matías Stevanato (Maipú), Martín Aveiro (Tunuyán), a cargo de las vicepresidencias.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis sería la secretaria administrativa y Fernando Ubieta el de Finanzas.

Entre las  múltiples manifestaciones de apoyo, el diputado nacional Alejandro Bermejo se manifestó a través de Twitter convencido de que “nuestro PJ de Mendoza necesita nuevos aires. Dirigentes con fuerza para construir una provincia pujante. Creo que necesita una mujer. Y q l@s indicados son

@anabelfsagasti y nuestros jóvenes intendentes @MatiasStevanato

@MartinAveiro @MFlorDestefanis para acompañarla”.

Por su parte, el exsenador Adolfo Bermejo celebró “este tiempo de consenso y diálogo en el @PJ_Mza para elegir nuevas autoridades. No me caben dudas que la nueva etapa tiene que ser conducida por @anabelfsagasti junto a @MFlorDestefanis @MartinAveiro @MatiasStevanato. El camino es la unidad”.

También expresaron su apoyo el exgobernador Rodolfo Gabrielli, la diputada nacional Marisa Uceda, el titular del INV Martín Hinojosa, la histórica del PJ mendocino Patricia Fadel y el expresidente de diputados Mendoza Jorge Tanús, entre otros.

La senadora de La Cámpora reemplazaría así a Guillermo Carmona en la conducción del partido.

El Senado aprobó beneficios laborales y previsionales para trabajadores y contratistas de viñas

Un proyecto avalado este jueves les otorga un régimen previsional igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años. También se amplía el pago que reciben los contratistas, de diez a doce meses.

anabel fernandez sagasti sesion 5 noviembre 2020

Dos proyectos de ley de la senadora Anabel Fernández Sagasti (FdT) que otorgan beneficios laborales y previsionales a trabajadores y contratistas de viñas fueron aprobados este jueves en el Senado por unanimidad (65 votos positivos). El debate pasa ahora a la Cámara de Diputados.

La mendocina resaltó que se trata de “muchos años de lucha y de reclamo de los contratistas de viñas”, una “figura laboral atípica” que se trata de “una especie de empleado y de socio del dueño de la finca”, presente sobre todo en las provincias con industria vitivinícola.

La vicejefa del bloque oficialista señaló que los contratistas reciben “10 mensualidades al año, no 12 como cualquier trabajador”, con lo cual “en esos dos meses no se le hacen aportes jubilatorios y carece de obra social”.

En ese sentido, explicó que “un contratista de viña entrega la uva en el mes de marzo, de abril, el elaborador se lo recibe sin precio, y recién a partir de junio y julio le empiezan a pagar a él y al dueño de la finca lo que le corresponde”.

Por eso, Fernández Sagasti consideró que “es justo y entendible desde el sentido común que esto en el siglo XXI” se apruebe. “Con estas iniciativas estaremos llevando muy buenas noticias a más de 44 mil trabajadores y más de 3.500 contratistas de viñas”, agregó.

En qué consisten los proyectos

Uno de los proyectos establece un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas, que podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicio con aportes.
De esta manera, la iniciativa equipara a estos empleados con los peones rurales, que también tienen un régimen diferenciado debido al tipo de trabajo que realizan.

Respecto del cómputo de los años de servicios, el proyecto aprobado establece que cuando el viñatero haya alternado con tareas de otro tipo “se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”.

Asimismo, se indica que la contribución patronal será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en un 2% a partir de la vigencia de la ley.

Cabe aclarar que la media sanción también abarca viñas que posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.

El segundo proyecto avalado en la Cámara alta modifica el Estatuto de Contratistas de Viñas y Frutales, señalando que la remuneración mínima se debe abonar distribuida en doce mensualidades iguales y consecutivas -y no en diez, como en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo aconseja.

Sucede que en las viñas existe un contrato laboral atípico por el cual la mensualidad se paga por diez meses aunque los contratistas trabajen los doce meses del año, por lo que ahora el proyecto busca subsanar esa situación.

Además de la mensualidad, al contratista le corresponde actualmente un porcentaje de la producción, de entre el 15% y el 19%, que se mantiene en el proyecto de Fernández Sagasti.

El Senado comienza a tratar la postulación de Raúl Bejas para la CNE

El candidato a ocupar la vacante en la Cámara Nacional Electoral deberá presentarse este miércoles en una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos.

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El Senado comenzará a tratar este miércoles la postulación de Raúl Daniel Bejas para ocupar la vacante en la Cámara Nacional Electoral (CNE), en medio de una discusión por su afiliación partidaria y la decisión del Poder Ejecutivo de saltear a la mujer con mayor mérito para ser designada.

Bejas deberá presentarse en una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, presidida por Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) a partir de las 10.30, para defender su candidatura y responder preguntas de los senadores.

A principios de octubre, el Ejecutivo envió al Senado el pliego de Bejas para completar el máximo tribunal con competencia electoral, que hoy integran Alberto Dalla Via (presidente) y Santiago Corcuera (vicepresidente).

La decisión fue cuestionada por el movimiento de mujeres ya que la primera en orden de mérito para el cargo era Alejandra Lázzaro, actual secretaria de la CNE.

A su vez, el pliego recibió impugnaciones fundadas en que Bejas fue apoderado del Partido Justicialista de Tucumán entre 1984 y 1996.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Máximo Fonrouge, y el diputado nacional Álvaro De Lamadrid (UCR) fueron algunos de los que impugnaron la candidatura de Bejas.

Otros pliegos

En la audiencia pública de la comisión también se abordarán los siguientes pliegos:

  • Héctor Osvaldo Chomer (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala A)
  • Alejandra Quinteiro (jueza de Cámara del Tribunal Oral de Menores Nro. 2 de la Capital Federal)
  • Sebastián Eduardo Russo (vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III)
  • Adriana Claudia Cammarata (vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I)
  • Mercedes Robba (defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación)
  • Laura Matilde D’Arruda (jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 8 de la Capital Federal)
  • María Lujásn Garay (jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 41 de la Capital Federal)

Avanza en el Senado un proyecto que amplía derechos de trabajadores y contratistas de viñas

La iniciativa, que recibió dictamen favorable en comisión, les otorga un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales. También se amplía la mensualidad que reciben los contratistas de diez a doce meses.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado dictaminó este martes a favor de un proyecto de Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) que amplía derechos de trabajadores y contratistas de viñas.

Por un lado, la iniciativa establece para trabajadores y contratistas un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años -con 25 de aportes-, y por otra parte se amplía la mensualidad que reciben los contratistas.

Respecto del segundo punto, Fernández Sagasti explicó que en las viñas existe un “contrato laboral atípico” por el cual la mensualidad se paga por diez meses aunque los contratistas trabajen los doce meses del año, y sin derecho al aguinaldo.

Los contratistas además reciben el equivalente al 15% de la cosecha, pero según advirtió Fernández Sagasti, cuando entregan la uva no se les paga ni en efectivo ni en forma inmediata.

“Cuando entregan la uva no saben cuánto les van a pagar; recién en junio o julio les empiezan a pagar en doce meses la uva que entregaron en marzo o abril”, describió la autora del proyecto, y agregó que “no se le pagan aportes patronales ni obra social”.

Por eso, la iniciativa busca ampliar la mensualidad de diez a doce meses, conservando el pago del 15%.

Por otra parte, el dictamen firmado este martes establece un régimen previsional especial para trabajadores viñateros y contratistas de viñas, igual al que tienen los peones rurales.

De este modo, podrán jubilarse a partir de los 57 años, siempre que acrediten 25 años de servicios con aportes, y recibirán además un adicional del 2% para cubrir la diferencia de años de aportes.

“Todos los trabajadores agrarios tienen un desgaste físico importante porque tienen que trabajar todos los días a sol y a sombra, con frío y calor, los 365 días del año”, fundamentó Fernández Sagasti.

La senadora mendocina destacó que el proyecto beneficiara a “más de 44.000 trabajadores y más de 3.500 familias contratistas del país”.

Julio Cobos (UCR) elogió el proyecto y resaltó que “es un viejo anhelo” del sector y “una asimetría que hay que corregir”.

Por último, dio lugar a una broma: “No sé si Anabel va a ser nuevamente candidata a senadora, pero si se postula a Reina de la Vendimia seguro la van a elegir”.

Aguinaldo de empleadas domésticas

En la reunión presidida por Daniel Lovera (Frente de Todos) también recibió dictamen un proyecto de Cobos que modifica el artículo 27 de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

La modificación consiste en que las empleadas domésticas cobren el aguinaldo el día anterior al 19 de diciembre, al igual que el resto de los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.

Alberto Fernández expuso dichos de Carrió como respuesta a JxC

En su cuenta de Twitter, el presidente publicó un fragmento de una entrevista a la exdiputada en la que comparó a la senadora Fernández Sagasti con “un soldado de Hitler”.

“Sensatez y cordura” es lo que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió a Juntos por el Cambio un día después de que desde ese sector hicieran un llamado al diálogo al Gobierno nacional. “El diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones”, replicó Fernández, publicando como respuesta una declaración de la diputada (MC) Elisa Carrió de este lunes.

“Desde @juntoscambioar han convocado al ‘diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional’”, señaló el presidente a través de Twitter, que agregó: “El diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones que agravian a personas e instituciones y afectan la convivencia democrática. Sensatez y cordura. Decirlo y hacerlo”.

El tuit reproduce un pasaje de la entrevista que este lunes Carrió le brindó a Joaquín Morales Solá por TN, donde criticó duramente a la senadora Anabel Fernández Sagasti. Allí señaló, hablando de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que “ella tiene soldaditas inmorales, por ejemplo Fernández Sagasti. Es una soldada inmoral. ¿Qué quiero decir? Es fanática y carece de conciencia moral. Es joven, me da pena, es de Mendoza. Tiene empuje, pero es fanática”.

Carrió recordó haberla conocido siendo presidenta de la Comisión de Juicio Político. “Es muy modosita, falsedad total, pero es una soldado, cuando lo quisieron inhabilitar por enfermedad a Fayt, era un acuerdo entre Lorenzetti y Zannini para tumbarlo. Al gran maestro argentino de Derecho Jurídico. Tengo todas las pruebas”, recordó, para agregar luego: “Esta chica es cuando yo me acerco no quiere recibirme un escrito el secretario, que era directamente un violento de La Cámpora y ella quiere hablarme y yo le digo: yo no hablo con delincuentes”.

“Guarda que ella puso una fanática, sin conciencia moral, porque el fanático lo que no tiene es emptia con el otro. Esa chica no tiene conciencia, tiene fanatismo y obediencia, es como un soldado de Hitler”, concluyó Carrió, motivando la respuesta presidencial de este martes.

“Ningún argentino puede decir que la justicia no precisa cambios”

Lo afirmó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, en relación al proyecto para reformar la Justicia que se analiza en la Cámara alta.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti afirmó que desde que entró al Senado el proyecto de reforma judicial hace un mes, además de la decisión del presidente de llamar a expertos para ser asesorado y considerar otros aspectos, se está trabajando intensamente.

“En la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos recibido más de 40 expositores de todo el país. Ha sido muy variado y federal. Todos han aportado modificaciones, inclusive superadoras en algunos casos del proyecto de ley y hoy vamos a firmar dictamen. Si es posible lo trataremos la semana que viene en el recinto”, confirmó.

En declaraciones a Radio El Destape, Fernández Sagasti dijo que los senadores tienen la obligación de trabajar y aportar las mejores ideas para tratar de mejorar la justicia. “Creo que ningún habitante de la Argentina puede decir que la justicia funciona bien y no necesita cambios, tenemos la oportunidad en el Congreso de sugerir las ideas para darle herramientas a la Justicia para que brinde un buen servicio”, resumió. 

Respecto a la actitud de la oposición, opinó que “ha querido pararse en el negacionismo como en cada una de las cosas que propone el Ejecutivo Nacional.  Nosotros seguimos avanzando con la comunidad y en este caso con quienes quieran aportar a una reforma de la Justicia. Venimos escuchando a quienes tienen para aportar y hemos recibido a todos los que quisieron opinar. Hasta la semana que viene, recibiremos sugerencias. Ahora, otra cuestión es oponerse por oponerse absolutamente a todo, que es lo que está haciendo la oposición en el Congreso. Por poner un ejemplo, no querían ni siquiera sacar la Ley de Fibrosis Quística”, ejemplificó.

Para la vicejefa de bloque la oposición debería, en un momento de pandemia, colaborar con “un gobierno que está tratando de lograr las transformaciones” que se prometieron en campaña. “Estamos cumpliendo con la palabra de lo que se habló y proyectó el año pasado. Y en esto estamos convencidos de que podemos hacer un aporte a la justicia”, defendió. 

Por otro lado, puso el ejemplo del constitucionalista Daniel Sabsay, quien dijo que no hay artículos que busquen “impunidad” de funcionario alguno. “Lamentablemente ese discurso ha sido una mentira más que se quiere instalar”, sostuvo

Explicó técnicamente que cada una de las causas sobre corrupción, malversación de fondos, y lo que puedan alegar, va a seguir con su juez natural. No hay cambios en eso. “Tergiversan y se opusieron antes de leer el proyecto”, recordó.

Para cerrar, Fernández Sagasti resaltó: “No podemos seguir con esta deuda, en donde las víctimas de los delitos o desean defenderse no encuentran en la justicia esa solución, que es fundamental en el sistema democrático. Y justamente es el Congreso, en democracia, quien hace las leyes para dar las mejores herramientas, en este caso a la Justicia”.

El oficialismo explicó por qué no avanzó el pliego de Alicia Castro como embajadora en Rusia

En un comunicado de la Comisión de Acuerdos firmado por Anabel Fernández Sagasti, el Frente de Todos aclaró que no se debatió el nombramiento este miércoles “por expreso pedido de la propia candidata”.

Luego de que trascendieran versiones acerca de que el Gobierno estaría “revisando” la designación de Alicia Castro como embajadora en Rusia, la Comisión de Acuerdos del Senado explicó por qué el pliego de la exfuncionaria no fue tratado en la reunión de este miércoles, junto con otros tres.

Según indica el comunicado, que lleva la firma de la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, el nombramiento no fue incluido en el temario “por expreso pedido de la propia candidata”.

“Prueba de ello son las recientes declaraciones de Castro a medios de comunicación, donde explicó los motivos de esta inquietud”, se indicó.

Lo que argumentó la diplomática fue que “la misión en la Federación Rusa y cinco países concurrentes precisa de una gran movilidad. Por mi edad pertenezco a un grupo de población en riesgo, razón por la cual permanezco sin salir de mi casa desde marzo”.

Castro aclaró que “son infundados los contenidos de medios que especulan con que el gobierno de Alberto Fernández habría congelado la designación como embajadora en Rusia”.

Tras esta aclaración, la senadora Fernández Sagasti rechazó “de manera categórica la publicación del diario La Nación, que se efectuó sin consultar a las fuentes, es decir, a esta comisión”.

En una nota publicada hace dos semanas, el matutino mencionado informó que la designación de Castro estaba paralizada por los cuestionamientos de la exembajadora hacia el canciller Felipe Solá, puntualmente por la situación en Venezuela.

Sacnun, Parrilli y Sagasti salieron a responderle a JxC

Cuestionaron la comparación que la principal oposición hizo de la reforma judicial con la Corte de los 90. Detallaron además los contactos que mantuvieron con la oposición en el Senado.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun; Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y Anabel Fernández Sagasti, quien preside la Comisión de Acuerdos se refirieron este martes al inicio del debate de la reforma judicial.

Al respecto, Sacnun expresó que “nosotros estamos en dialogo con la oposición desde el mismo viernes pasado, en que ingresó el proyecto de reforma al Senado de la Nación. Personalmente tomé contacto con el senador Luis Naidenoff y con la senadora Laura Rodríguez Machado buscando consenso para el listado de expositores, para garantizar la pluralidad de voces y el debate”. En la misma línea, Oscar Parrilli comentó que habló hasta el viernes con “el senador por Córdoba Ernesto Martínez (de Juntos por el Cambio), coordinando la acción y ellos van a participar y debatir”.

Lea también: Durísimo rechazo de Juntos por el Cambio a la reforma judicial, que compara con la del menemismo

Los tres senadores coincidieron en criticar el comunicado de Juntos por el Cambio y, sobre todo, la vinculación de este proyecto con la reforma de la Corte en los 90.

Fernández Sagasti opinó: “Me parece una barbaridad que justamente Mauricio Macri firme un comunicado que se encabeza como criticando a la Corte menemista. Estamos hablando de una persona que fue muy beneficiada por esa mayoría automática. Sabemos las causas que había. Y de hecho, fue lo que catapultó varios juicios políticos a ex integrantes de la Corte Suprema”.

Oscar Parrilli recordó el contrabando de autopartes de Sevel por el que Macri fue sobreseído gracias a aquella Corte.

Sacnun, por otro lado, explicó que “el funcionamiento de la Corte lo va a analizar el Consejo Consultivo de 11 miembros que anunció el presidente y el que no ha elaborado ningún proyecto todavía. Esta reforma de la Justicia no aborda la problemática o el funcionamiento de la Corte Suprema de la Nación”.

Tonelli mandó a callar a Sagasti y ardió Troya

Una polémica se generó en la Bicameral de Trámite Legislativo luego de un contrapunto entre el presidente de la comisión y el diputado del Pro. Críticas a la opiniones de Marcos Cleri durante el debate.

Santafesino y por lo tanto conocedor del caso Vicentin e interesado particularmente en el mismo, el presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, el diputado Marcos Cleri, no dejó oportunidad de hacerlo durante el debate de este lunes en el que se analizó el decreto 636 que deroga la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo. En ese marco se sucedió un fuerte contrapunto que alteró el debate.

Fue cuando el diputado del Pro Pablo Tonelli concluyó su alocución ponderando la actuación del juez interviniente en el concurso de acreedores de Vicentin y señaló que “lo que el presidente debió haber hecho es decir: ‘Qué bueno, en la Argentina hay jueces honestos que respetan la división de poderes’”.

Antes de darle la palabra a María Teresa González, Cleri no perdió la oportunidad para hacerle una aclaración a Tonelli, señalándole que estaba discutida la competencia del juez de la ciudad de Reconquista: “Le diría que todos y cada uno de los acreedores están pidiendo que el juzgado de Rosario o jueces de la ciudad de San Lorenzo lleven adelante el concurso y quiebra por la imparcialidad (SIC) que demuestra el juez de Reconquista, atento a que cuando era abogado del Banco Nación habilitó la posibilidad de los créditos al grupo Vicentin, y había dado lugar a la intervención, y después los puso como veedores con una medida autoparticipativa que no está en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe y tampoco lo podía haber brindado. Fue una intervención jurisprudencial que hizo para beneficiar a los que en algún otro momento habían sido sus empleadores, con lo cual hay una incompatibilidad ética”.

Tonelli le contestó que el hecho de que estuviera discutida la competencia del juez “en nada afecta sus decisiones, porque está establecido en la jurisprudencia de todos los tribunales del país que los jueces, aun en el caso de ser declarados incompetentes, todas las decisiones que hayan adoptado hasta el momento de la declaración de incompetencia son válidas. De modo que no hay ninguna duda respecto de la decisión del juez, que en ningún momento convalidó la intervención (…) Tenemos que respetar las decisiones de los jueces, nos guste o no nos guste”. Por otra parte le aclaró al presidente de la bicameral que no correspondía que en el ámbito de esa comisión se criticaran las decisiones del magistrado, y sobre todo “de una manera ligera que a mi modo de ver ha hecho usted, señor presidente”.

El diputado camporista insistió en que muchos acreedores se habían sentido vulnerados “por la arbitrariedad del juez”, cosa que recogió el presidente de la Nación en los argumentos expuestos en el DNU en debate. Tonelli pidió contestarle, cosa que Cleri le concedió, diciendo amablemente que “esto es un ida y vuelta”, pero cuando Tonelli arrancó intervino la senadora Anabel Fernández Sagasti para adviertir que “esto no es una charla personal, presidente, dé usted la palabra”, a lo que el diputado del Pro, que había empezado a hablar, replicó: “Dígale a la senadora Fernández Sagasti que se calle, por favor”.

La reacción de la senadora mendocina cuando Tonelli la mandó a callar.

“¿¿¿Quéee???”, reaccionó la senadora mendocina. “No, no, no, espere, espere, espere, diputado Tonelli”, comenzó Cleri, mientras Fernández Sagasti se quejaba: “Esto no es una charla personal, ¿por qué esa agresión? Ay, Dios mío, ya empezamos mal…”.

Cleri le dio la palabra a Tonelli, quien dijo que “así como los acreedores pueden cuestionar al juez, también hubo mucha gente en la provincia de Santa Fe, y en muchas provincias…”, pero la situación estaba desmadrada y el senador Guillermo Snopek reclamó que se respetara la palabra de la presidencia.

“La presidencia tiene que respetarme a mí”, repuso Tonelli, y Marcos Cleri volvió a hablar: “Pensé que iba a pedir el uso de la palabra para pedirle disculpas a la senadora Fernández Sagasti y al resto de los senadores integrantes de la comisión… Pensé que iba a usar la palabra para pedirle disculpas de los modos que usted se expresó”.

“Yo no le voy a pedir disculpas a nadie; yo lo único que defiendo es mi derecho a hablar”, cerró el legislador del Pro.

Petri reprendió a Cleri

Más adelante, la intervención de la diputada del Frente de Todos Lucía Corpacci quedó interrumpida porque -luego explicó la propia catamarqueña-  se cortó la luz en su casa. La exgobernadora estaba cuestionando la posibilidad de que el Estado termine “estatizando una deuda de privados, como sucedió durante años…”. Y el presidente de la comisión quiso completar lo que pensó que Corpacci iba a decir: “Se interrumpió… Creo que estaba terminando su argumentación, justo estaba por mencionar la estatización de los privados en la dictadura. Parece que quería mencionar al grupo Macri… Justo tuvo mala conectividad. Perdió conexión justo en ese momento, cuando estaba argumentando lo que sucedió en otros momentos de la Argentina, y cómo el mismo grupo Vicentin se beneficiói también de una estatización durante la dictadura, como lo hizo la familia Macri. Cuando recuperemos, si quiere terminar su argumentación, se la daremos”, señaló Marcos Cleri, dándole la palabra al radical Luis Petri.

Pero antes de referirse al decreto 636, el legislador de Juntos por el Cambio cuestionó al presidente de la comisión al señalarle que, según el reglamento, no podía dar opinión desde su asiento sobre el asunto en discusión, “pero tendrá derecho a tomar parte del debate “invitando a ocupar la presidencia a su vicepresidente”. Ante lo cual, le señaló que “si usted quiere debatir, señor presidente, y está en todo su derecho de hacerlo, no lo haga mientras ejerce la presidencia. Porque se genera un efecto de cancha inclinada, porque usted, cuando quiere contradecir, cuando quiere desdecir, cuando quiere opinar, lo hace como acaba de completar el discurso de la diputada Corpacci… Y usted está ejerciendo la presidencia. Usted tiene que dar la palabra, tiene que ordenar el debate, y si quiere intervenir, y está en todo su derecho, ceda la presidencia y desde una banca dé las apreciaciones”.

Fernández dijo a JxC que la expropiación de Vicentin es una alternativa para evitar el colapso

Participante de la reunión del presidente con la oposición, Anabel Fernández Sagasti contó que la oposición preguntó por la agroexportadora y cuál fue la respuesta del mandatario.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti participó de la teleconferencia que reunió este lunes al presidente Alberto Fernández con legisladores de la oposición. Durante el encuentro, se tocó la situación de la empresa Vicentin, cuya expropiación ella promovía en el proyecto original.

Señaló al respecto que el primer mandatario reiteró ante sus interlocutores que la expropiación es “un instrumento” para evitar que la empresa “colapse”, advirtiendo que hasta el momento “nadie aportó” otras alternativas para rescatar a la agroexportadora.

Entrevistada por radio El Destape, la senadora kirchnerista comentó que “varios miembros de la oposición hicieron comentarios sobre Vicentin con liviandad, y el presidente Alberto Fernández ratificó que la expropiación es un instrumento para que la empresa no colapse”.

“La expropiación de Vicentin es un instrumento respecto del fin último, del objetivo central, que es que la empresa no colapse, ya que su funcionamiento es muy importante para la economía global argentina, principalmente para las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba”, apuntó la senadora mendocina.

Fernández Sagasti apuntó que el salvataje de Vicentin evitará no solo que ni los productores, ni los trabajadores resulten damnificados, sino también que el Banco Nación “pueda cobrar el dinero que prestó”. Y en línea con el presidente, agregó que “nadie trajo alternativas para Vicentin, nada en concreto”.

“El presidente sigue esperándolas, porque lo central es que la empresa siga funcionando”, añadió la senadora del Frente de Todos.

Con relación a la postura de Juntos por el Cambio de exigir ser recibidos de manera individual, sin el resto de la oposición, Fernández Sagasti señaló que “es la tercera vez que (el presidente) convoca a la oposición”, mientras que durante el Gobierno anterior “jamás fuimos convocados a ningún tipo de diálogo”.

Anabel Fernández Sagasti quedó al frente de la Bicameral de Código Procesal Penal

La senadora mendocina abogó por que el nuevo sistema acusatorio “se ponga en funcionamiento de una manera rápida, concreta y efectiva” en todas las provincias.

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La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque Frente de Todos, fue designada este miércoles como presidenta de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

En la reunión constitutiva, el interbloque Juntos por el Cambio se reservó el nombre del vicepresidente -que será de la Cámara de Diputados-, mientras que el oficialismo tampoco propuso al secretario, por el Senado.

La mendocina, legisladora de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que “uno de los desafíos más importantes que tenemos como Poder Legislativo es poder llevar a cabo esta tarea, que ha sido encomendada cuando en 2014 sancionamos estas leyes que fueron muy trabajadas y salieron por amplia mayoría”.

“Las provincias van a ser aquellas que van a tener que colaborar estrechamente con nosotros para que esto sea posible”, señaló y sostuvo que “es una deuda que tenemos con la Justicia extraordinaria que este nuevo Código sea aplicado”.

Fernández Sagasti, quien también es titular de la Comisión de Acuerdos, consideró que con esta cuestión “se juega un derecho muy preciado de los ciudadanos y las ciudadanas, que es el acceso a la Justicia”. Por eso, abogó por que el nuevo sistema “se ponga en funcionamiento de una manera rápida, concreta y efectiva”.

Durante el breve encuentro, el senador Roberto Mirabella (FdT) recordó que en la última reunión de la bicameral el año pasado, “se determinó que las provincias de Santa Fe y Mendoza iban a ser las próximas en la implementación del Código”.

En ese sentido, el santafesino expresó que “sería un avance clave y muy importante” la puesta en marcha de este sistema en su provincia en lo que respecta a “la problemática de la seguridad y la delincuencia vinculada al narcotráfico”. Luego, su par María de los Ángeles Sacnun (FdT) agregó que también lo sería para “los delitos económicos y vinculados a la trata” que existen en Santa Fe. El diputado Albor Cantard (UCR), comprovinciano de ambos, coincidió en la misma línea.

Por su parte, entre los oradores de la reunión, la diputada Gabriela Burgos (UCR) destacó que en la comisión “el año pasado se trabajó muy fuerte” con “numerosas reuniones de capacitación en Salta y Jujuy”, donde ya funciona el Código.

“Creo que a esta altura nadie duda del beneficio que significa implementar el sistema acusatorio dentro de nuestra Justicia federal”, enfatizó y advirtió que, aunque no es competencia de la bicameral, “hay que tener en cuenta algunas vacancias que hay que ir cubriendo”.

Por otro lado, la jujeña pidió “avanzar con el régimen de juicio por jurado, que va a la par y se complementa con el régimen acusatorio”. “La ciudadanía también está pidiendo estos cambios neurálgicos”, añadió.

Conformación de la bicameral

Por el oficialismo fueron designados los senadores Anabel Fernández Sagasti, Roberto Mirabella, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y María de los Ángeles Sacnun; y los diputados Lucas Javier Godoy, Ramiro Gutiérrez, Martín Soria y Marisa Lourdes Uceda.

En tanto, por Juntos por el Cambio integrarán la bicameral los senadores Silvia Elías de Pérez y Víctor Zimmermann; y los diputados María Gabriela Burgos, Eduardo Cáceres, Albor Cantard y Jorge Enríquez. Además, en la comisión estará la senadora neuquina Lucila Crexell, del interbloque Parlamentario Federal.

Fernández Sagasti propuso los días martes a las 10 para las reuniones de comisión.

Sagasti: “A la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores”

La senadora, impulsora de la expropiación de Vicentin, sostuvo que hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.

La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, impulsora de la expropiación de Vicentin, denunció en la sesión de este miércoles que “a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores” y defendió la necesidad de crear una comisión investigadora sobre las deudas con el Banco Nación.

En primer lugar, Fernández Sagasti cuestionó que desde la oposición se argumente que hay que reformar el reglamento con mayoría especial para crear una comisión: “Sacar temas reglamentarios para eludir el fondo del asunto me parece de una bajeza y de una falta de honestidad intelectual que son grave para la institucionalidad argentina”.

La legisladora del Frente de Todos remarcó que la bicameral investigadora es necesaria “porque es necesario levantar la calidad del debate”.

“Podemos tener diferencias acerca de cuál tiene que ser el rol del Estado en la economía, y vaya si las tenemos, pero por esas diferencias no podemos convalidar que se vacíen empresas con fondos públicos y que se deje un tendal de productores  en Pampa y la Vía y que el Congreso haga oídos sordos a eso”, advirtió.

Y continuó: “Necesitamos explicar por qué una empresa que es la sexta exportadora de granos de Argentina pasó de tener solidez financiera en julio de 2019 a recibir, en los últimos seis meses del gobierno de (Mauricio) Macri, 26 créditos del Banco Nación en un mes”. “Calculo que (Javier) González Fraga ha ido hasta los domingos a firmar créditos”, ironizó.

Para Fernández Sagasti, hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.

La legisladora sostuvo que “sobran botones de muestra de que el Congreso ha investigado” aun con causas en trámite en la Justicia, como en el caso de la desaparición del submarino ARA San Juan, algo que “se hizo por ley y se votó por unanimidad”.

“La oposición debería ser la primera en querer esta comisión investigadora. Primero, porque van a participar; segundo, para dejar en claro que no tienen nada que esconder; y tercero, para no ser cómplices de los dirigentes políticos que dicen defender la propiedad privada pero en realidad no quieren que se investiguen las complicidades que hubo entre el gobierno de Cambiemos y los CEOS de Vicentin”.

“Desde que el presidente anunció la decisión estratégica de rescatar a esta empresa, se llenaron la boca hablando de Venezuela”, se quejó la senadora.

Aclaró que, más allá del derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución, “la expropiación es la excepción que tiene el Estado por interés público”, y es “una herramienta constitucional” que está “regulada por una ley”.

En este contexto, y para justificar el plan de la expropiación de Vicentin, aseguró que “los derechos tienen obligaciones”, como por ejemplo las de pagar impuestos. “Parece que a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores”, remató.

Una expropiación que cambió el clima y pone en riesgo relaciones

Por José Angel Di Mauro Sin estridencias, más bien con tono calmado pero rasgado por el dolor, el actor Marcelo Mazarello detalló en el programa de Alfredo Leuco, por TN, la crónica de una muerte anunciada: la de su padre. Octogenario, producto de un accidente doméstico quedó en coma durante 18 días. Al despertar, lo […]

Por José Angel Di Mauro

Sin estridencias, más bien con tono calmado pero rasgado por el dolor, el actor Marcelo Mazarello detalló en el programa de Alfredo Leuco, por TN, la crónica de una muerte anunciada: la de su padre. Octogenario, producto de un accidente doméstico quedó en coma durante 18 días. Al despertar, lo trasladaron a una clínica de cuidados intensivos, adonde él iba todos los días para participar de su proceso de recuperación, algo clave según coincidían los médicos. Pero a los dos meses, ese proceso se vio interrumpido por la pandemia, ya que se activaron los protocolos y él no pudo entrar más.

Ya se sabe que el Covid-19 se ensaña particularmente con las personas mayores, sector donde uno de cada cuatro contagiados muere, según ha descripto el jefe de Gobierno porteño. Por eso en los geriátricos y centros de salud se han tomado medidas tan extremas como la de aislarlos, para reducir la posibilidad de contagios. Sin tener en cuenta las consecuencias mentales para aquellos que, puestos a elegir, preferirían arriesgarse a tener que pasar meses -que para ellos son años- alejados de sus afectos.

Mazzarello terminó sacando a su padre de la clínica: ya estaba muy disminuido y solo vivió una semana más. Pero no murió de coronavirus; las estadísticas no lo sumarán. ¿Ese es el objetivo de una cuarentena tan severa?

Marcelo Mazzarello contó en TN los detalles de lo que vivió su padre.

Las cifras son el dato que desvela las autoridades, fundamentalmente lo que sucede en el AMBA, donde progresivamente ya se ha iniciado la curva ascendente. En una semana se duplicaron los casos y todos hemos aprendido en este tiempo que ese era el dato esperado para activar las alarmas. Por eso el Presidente llegó a advertir la necesidad de volver a la fase 1. Que no es algo que esté pensando seriamente en implementar, según admiten hasta los epidemiólogos que lo asesoran. Sería muy grave después de tantas semanas de aislamiento volver a cerrar todo. En rigor, los protocolos están funcionando, por ejemplo en las industrias, cuyos directivos se ocupan de garantizar el transporte de sus empleados. Los episodios que han desencadenado rebrotes son en general producto de gestos de desatención individual, rayanos en la estupidez. Como la ronda de mate que hizo retroceder a fase 1 a Colón, Entre Ríos; o el baby shower de Necochea.

En función de la cantidad de asintomáticos, el número de contagiados siempre es mucho mayor que el que señalan las estadísticas oficiales.

Lo de Alberto sonó entonces más como revulsivo ante una flexibilización de hecho que se está dando en el ánimo de quienes llevan 3 meses de aislamiento. No es el caso de las autoridades bonaerenses, sobre todo las sanitarias, convertidas en talibanes de la cuarentena. El ministro de Salud y aun más su segundo no pasan día sin alertar sobre la gravedad de lo que se viene, y echar culpas hacia la Ciudad de Buenos Aires. Saben del riesgo enorme que se corre en la provincia, donde ahora se testea más y en consecuencia se detectan más casos. Y donde los barrios populares son un factor de peligro muy serio e inédito: como ya hemos dicho, los países que han atravesado esta pandemia no han tenido que lidiar con semejante componente.

Con todo, situaciones como las planteadas en el Barrio 31 o Villa Azul han sido controladas, lo que ha tranquilizado los ánimos. Pero el testeo es clave. De eso habló el exministro de Salud Adolfo Rubinstein cuando estuvo la semana pasada en una reunión de comisión de Diputados: “Deberíamos estar haciendo 30 mil test diarios y estamos haciendo entre 4 y 5 mil”. Así y todo, esa búsqueda de casos que se está acelerando es la que hace subir el número de contagiados: la positividad es producto de la búsqueda activa de casos, precisó Rubinstein.

Mientras sube el número de contagiados, disminuye el porcentaje de muertes, que se mantiene más o menos constante, según tranquilizó el infectólogo Eduardo López. Hay que tener en cuenta además que en función de la cantidad de asintomáticos, el número de contagiados siempre es mucho mayor que el que señalan las estadísticas oficiales. Rubinstein calcula que “si tenemos 25 mil casos en el país, probablemente podríamos estar en 150 mil casos reales”.

El dato al que hay que auscultar permanentemente es el de las camas de terapia intensiva ocupadas. Ahí Eduardo López también aporta tranquilidad: están no mucho más por arriba del 40%, y en CABA un poco debajo. Un dato que considera tranquilizador.

Sin barbijos, el presidente firmando convenios en La Rioja, ante las sonrisas del gobernador, Wado De Pedro y Daniel Arroyo, luego apartado de la delegación. (Foto: Presidencia de la Nación)

Más allá de sus prevenciones, el Presidente quisiera ir saliendo de la agenda de la pandemia, por eso busca mantener el ritmo de visitas al interior, aunque el viernes tuvo que suspender el viaje a Catamarca, cuando el contagio del intendente Martín Insaurralde encendió las alarmas. Ya había tenido que postergar un día las visitas programadas originalmente para el jueves, cuando debió atender un problema mayúsculo en el que se metió de lleno al anunciar la intervención y próxima expropiación de la empresa Vicentin.

En el gobierno no esperaban la reacción generalizada que desató la medida, luego de que la semana anterior el Presidente tranquilizara al sector empresario al afirmar que el Estado no pensaba quedarse con empresas y sobre todo lo que se conversó durante la reunión que mantuvo en Olivos con los dueños de las empresas más importantes del país. Podía prever, sí, la reacción de la oposición, aunque se ilusionaba conque el tenor del anuncio generara en el Congreso grietas a la hora de votar, atento a antecedentes tales como Aerolíneas e YPF.

Pero el empresariado en general se manifestó crítico, y el frente interno es el que se le agrietó. El propio Eduardo Duhalde, que suele apoyar todo lo que Alberto hace, le pidió rever la expropiación. No era para menos, luego de que Roberto Lavagna -a quien Fernández siempre quiere tener de su lado- expresara sus reparos. Al hacer el anuncio, Fernández sentó a su izquierda a la ascendente Anabel Fernández Sagasti, presentándola como la ideóloga de la medida. Esta senadora mendocina es la predilecta de Cristina Fernández de Kirchner, que la quería presidiendo el bloque oficialista del Senado, aunque finalmente dejó en ese puesto a José Mayans y la entronizó al frente de la Comisión de Acuerdos, clave para CFK pues es por donde pasan los pliegos judiciales.

Al hacer el anuncio, Fernández sentó a su izquierda a la ascendente Anabel Fernández Sagasti, presentándola como la ideóloga de la medida.

Anabel tiene vuelo propio, pero instrumenta lo que piensa y desea Cristina, cuyo rol en el tema Vicentin Alberto Fernández minimizó durante una entrevista con Ernesto Tenembaum, pero está claro que no fue tan así. Desde el término “soberanía alimentaria” aplicado durante la presentación. Por eso sonó extraño cuando el gobernador santafesino Omar Perotti anunció que el Presidente esperaba escuchar “alternativas superadoras” a la expropiación. Sobre todo luego de que el kirchnerismo se abrazara a la bandera de la expropiación.

Está bien que para recibir al CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, ya no convocó a Fernández Sagasti, sino esta vez sí al ministro de Agricultura, Luis Basterra, al gobernador Perotti y a la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, pero lo cierto es que al día siguiente desde Gobierno aclararon que la expropiación sigue firme: “El único recurso jurídico que tengo es la expropiación. Y por eso lo voy a usar”, deslizó Alberto Fernández, aunque desde la otra vereda insisten en que la medida es, como mínimo, inconstitucional.

Si la medida avanza en el Congreso, como todo parece indicar a esta altura que será, entrará por el Senado. Tiene sentido: su promotora es la vicepresidenta del bloque oficialista. Y allí el Frente de Todos tiene mayoría amplia y el proyecto pasará. En Diputados las cosas están más ajustadas: el bloque que conduce Máximo Kirchner reúne 119 votos, una decena menos que el quórum. En realidad necesita 11, pues Sergio Massa no vota.

Más que este tema, en Juntos por el Cambio la embestida K que viene desarrollándose en el último tiempo parecería haber galvanizado espíritus y no se esperaran grietas. Es clave entonces la postura de los bloques que conducen el mendocino José Luis Ramón y el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca. El primero ya ha adelantado su apoyo: son 8 y cercanos al gobierno; del interbloque Federal no puede esperar apoyo el oficialismo de los tres diputados que responden a Lavagna. Probablemente tampoco los santafesinos Luis Contigiani y el socialista Enrique Estévez. Como su gobernador, Juan Schiaretti, los cuatro cordobeses mantienen silencio. Su postura estaría cercana a la de Perotti, que nunca quiso la expropiacio´n y de hecho debe sentirse desautorizado tras lo que dijo el jueves. La suerte de la ley de expropiación estaría atada en ese caso a los dos diputados del bloque Justicialista, Eduardo Bucca y Andrés Zottos. Y así y todo le faltaría al Frente de Todos un voto más para aprobar la ley. Con lo justo.

Juez explotó contra Fernández Sagasti y el oficialismo lo acusó de “violencia política”

El diputado cordobés sostuvo que la senadora “no habla si Cristina no la manda” y que además la vicepresidenta “le dice a Alberto Fernández lo que tiene que hacer”.

El diputado nacional Luis Juez (Pro) encendió la polémica este miércoles cuando, en relación a la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, sostuvo que la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, impulsora de la medida, “no habla si Cristina (Kirchner) no la manda”.

El cordobés advirtió que el presidente Alberto Fernández sufre una “doble personalidad”, al considerar que “una cosa es cuando piensa él y otra cuando le dicen de atrás del biombo lo que tiene que hacer”.

“¿Para qué carajo lo votaron a (Alberto) Fernández si la que va a tomar decisiones es Cristina a través de sus representantes, como Máximo Kirchner o la senadora Fernández Sagasti?”, se preguntó el diputado en una entrevista con MDZ Radio.

A raíz de estos dichos, las senadoras del Frente de Todos emitieron un comunicado de repudio y sentenciaron: “No permitiremos bajo ninguna circunstancia que un hombre descalifique ni desacredite la voz de una mujer”.

Desde nuestro espacio político no existen caciques ni mandamás. Nosotras concebimos la política desde un lugar de respeto y lealtad, no como simples ejecutores de decisiones a los que tal vez el diputado esté acostumbrado”, sugirieron.

Las legisladoras manifestaron: “Defenderemos a las mujeres que son atacadas por el simple hecho de ser mujeres. Eso es la violencia y machismo, dos epidemias que no podremos combatir si seguimos teniendo representantes que se encarguen de descalificar a sus opositores”.

“En un contexto de lucha histórica por erradicar todas las expresiones de violencia de género, urge  visibilizar y repudiar estas declaraciones”, concluyeron, y acompañaron el mensaje con el hashtag #EsViolenciaPolitica.

Sagasti aseguró que el precio de los alimentos ya no estará sujeto a la “especulación financiera”

La senadora, autora del proyecto de expropiación de Vicentin, destacó que es una “decisión histórica y crucial”. También dijo que desde la oposición “van a tener que explicar varias cosas”.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FdT) aseguró que la intervención y expropiación de la empresa Vicentin afectará “a la gente en lo cotidiano” en relación a que “los alimentos empiecen a valer lo que valen por producto del trabajo y no por especulación financiera de algunos”.

“Es una decisión histórica y crucial para lo que viene en la nueva normalidad en la Argentina”, sostuvo tras el anuncio junto al presidente Alberto Fernández y consideró se comenzó “un camino para que el Estado cuide el bolsillo de los argentinos”.

En declaraciones a Radio 10, la mendocina resaltó: “Estamos rescatando una empresa que entró en cesación de pagos en diciembre del año pasado, luego en concurso preventivo y hay pedidos de quiebra”.

“Había grupos cerealeros internacionales que querían quedarse con la compañía por un vuelto, pero Vicentin es una empresa que es crucial para la estrategia económica y agroalimentaria de la Argentina”, señaló.

En ese sentido, Sagasti subrayó que la agroexportadora tiene “el 9% del mercado” y, por eso, “Vicentin en manos de la unidad de negocios de YPF Agro nos va a permitir desarrollar un nuevo proyecto agroalimentario y es un gran desafío para el Estado argentino”.

En el caso de que la empresa hubiese pasado a manos de grupos internacionales, la legisladora estimó que “lo que iba a suceder, además de que nunca le iban a pagar ni al Estado, ni los productores ni a los empleados todo lo que se debe, es que se conformaría una mayor concentración del mercado de lo que tenemos ahora”.

Sobre la postura de la oposición, la senadora K dijo que leyó el comunicado de Juntos por el Cambio y “pareciera que no” acompañarán la iniciativa.

“Estamos teniendo una oposición en el Senado bastante irracional, que está poniendo primero la confrontación o la posibilidad de salir por un canal de televisión antes que los intereses de los argentinos, como pasó en el caso de la ley de alquileres”, lanzó.

Además, recordó que el préstamo del Banco Nación a Vicentin “fue un acto de su gobierno”. “Los 18.600 millones de pesos que se le dio a Vicentin sin ninguna garantía se terminaron de dar después de que (Mauricio) Macri perdiera las PASO, y la cesación de pago fue en diciembre de 2019. Por eso van a tener que explicar varias cosas”, advirtió.

Alberto Fernández negó que la idea de expropiar Vicentin haya sido de Cristina Kirchner

El presidente reveló cómo fue que se sumó la senadora Anabel Fernández Sagasti y ratificó que se trata de una “decisión excepcional”. También opinó que hay “una voluntad de demonizar” a la vicepresidenta y, así, “perjudicar al Gobierno”.

Tras el anuncio de intervención y expropiación de la empresa Vicentin, el presidente Alberto Fernández negó que la idea haya sido de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Si algo sale mal, échenme la culpa a mí, pero no a Cristina”, enfatizó.

“Yo escuché que discutían si fue una decisión de Cristina. No fue así. Lo hablé con el gobernador de Santa Fe (Omar Perotti) y (la senadora) Anabel (Fernández Sagasti) se sumó porque tenía un proyecto de expropiación“, reveló en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido, el mandatario contó que se reunió con la legisladora -muy cercana a CFK- porque ella lo fue a ver “por una vieja disputa que hay entre La Pampa, Neuquén y Mendoza y, en ese contexto, salió el tema de Vicentin. Ahí se me prendieron las luces y no le dije nada; 20 días después la puse a trabajar con (el ministro de Producción) Matías (Kulfas) en el tema y ella hizo un gran aporte”.

En respuesta a las críticas, Fernández afirmó que “no está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas” y dijo que se trata de una “decisión excepcional por su naturaleza estratégica”.

El presidente señaló que esta medida implica “un enorme esfuerzo del tesoro nacional”, ya que el Gobierno se está “haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera”.

“Es una decisión de algo que me preocupa a mí porque no estamos hablando de cualquier empresa”, agregó y remarcó: “No nos podemos hacer cargo de la economía privada”.

Sobre la relación con CFK, el jefe de Estado consideró que “hay sectores que son muy reactivos a ella” y tienen “una voluntad de demonizar a Cristina y de perjudicar al Gobierno mostrando a Cristina como lo que no es, ese demonio que no es”.

“Cristina tiene una historia política que me excede políticamente a mí. Con Cristina hablo de todos los temas de gobierno, pero la verdad es que sería muy injusto con Cristina si dijera que impone posiciones”, completó.

El Ejecutivo enviará al Congreso la expropiación del Grupo Vicentín

Lo anunció el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa. También informó que la empresa será intervenida y que la normalización estará a cargo de Gabriel Delgado.

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional en las próximas horas un proyecto de ley para declarar la expropiación del Grupo Vicentín, que además será intervenido por el Estado Nacional por el plazo de 60 días.

El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa en Casa Rosada, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la vicejefa del bloque de senadores del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti; y quien fue designado como interventor de la empresa, Gabriel Delgado.

La intervención, señaló Fernández, se efectivizará a través de un DNU que ya fue firmado, mientras que la expropiación se resolverá a través de una ley -cuya “idea primigenia” fue de Fernández Sagasti– declarando a la empresa “de utilidad pública”.

El presidente destacó que Vicentín es “un grupo cerealero que además tiene intereses y ha desarrollado negocios en el mercado de la carne, en el mercado alimenticio y en el mercado vitivinícola”.

Fernández advirtió que “de un tiempo a esta parte” la cerealera padece una “crisis financiera” y recordó que “el Estado nacional es su principal acreedor a través del Banco Nación”.

Por eso, explicó que se busca “rescatar” a la empresa, “con el propósito no solamente de que la empresa continúe, sino también de que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos, y que alrededor de 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen”.

Fernández detalló que “todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario” que será gestionado por YPF Agro.

Sostuvo que “post-pandemia, esto tiene una relevancia singular” ya que se apunta a “lograr la soberanía alimentaria que la Argentina necesita” para salir de la crisis.

“Se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud”, insistió, y repitió que “es una decisión estratégica para la economía nacional”.

El presidente recordó que la empresa se encuentra en un concurso preventivo de acreedores, por lo que este martes, Kulfas, Delgado y abogados del Estado “se presentarán al concurso para hacerse cargo de la intervención”.

Por su parte, Kulfas coincidió en que “el objetivo central es el rescate de esta empresa que tiene un papel central en el rubro agroindustrial”, e indicó que “productores de Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias, han sufrido las consecuencias de esta cesación de pagos”.

En tanto, Fernández Sagasti expresó que recibió “muchas demandas sobre lo que estaba sucediendo alrededor de Vicentín” y resaltó que la decisión de la expropiación “tiene que ver con la soberanía alimentaria” y que será “una herramienta fundamental para el Estado Nacional”.

Por último, Delgado señaló: “He trabajado toda mi vida en cuestiones de la política agrícola. La decisión histórica es desarrollar un instrumento, como lo va a ser este fondo fiduciario, para un sector que tiene tanto que ver con la Argentina”.

En febrero pasado, el fiscal Gerardo Pollicita imputó al expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, por haber otorgado un préstamo “irregular” a Vicentín, por el monto de 18.500 millones de pesos, en perjuicio del Estado Nacional, siendo esta empresa la principal aportante de campaña de Juntos por el Cambio en 2019.

En esa causa, que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini, también están imputados Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, ejecutivos de la cerealera.

“No vemos que en este contexto podamos avanzar con eso”, admitió Sagasti sobre el pliego de Rafecas

La vicepresidenta del FdT señaló que “no es por los números”, en referencia a los dos tercios que se necesitan para avalar al procurador, sino por la situación de pandemia y las prioridades en la agenda parlamentaria.

La vicepresidenta del Frente de Todos en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que se están buscando “los consensos” en torno a la candidatura de Daniel Rafecas para encabezar la Procuración General de la Nación, pero admitió: “No vemos que en este contexto, o por lo menos en lo inmediato, podamos avanzar con esto”.

“No, no es por los números”, respondió al ser consultada en radio La Red por los dos tercios de los votos que son necesarios para avalar el pliego, que todavía tampoco se trató en la Comisión de Acuerdos, que ella preside. Tras lo sucedido en la sesión virtual de este jueves, la oposición dejó demostrado que, unida, puede frenar esa postulación.

La mendocina aseguró este viernes que el tema no avanzará, en lo pronto, dado que el trabajo remoto es para los temas vinculados a la pandemia.

Sobre el bloqueo de la oposición a las leyes de alquileres y de educación a distancia, la legisladora señaló que “no estaban de acuerdo con que trataramos” el DNU de los “superpoderes” a Santiago Cafiero y dos DNU del expresidente Mauricio Macri -sobre escuchas judiciales-, “por eso decidieron castigar a más de 9 millones de argentinos, dejándolos sin la ley de alquileres”.

“Es inentendible y creo que la oposición se ha equivocado. Necesitábamos más solidaridad en Argentina, pero ellos decidieron pensar en sus propios intereses y trabar esta cuestión”, se quejó la oficialista.

Y agregó: “Sabemos cuál es su relato y los nerviosos que se encuentran, sobre todo los legisladores (de la oposición), los que no tienen la obligación o responsabilidad de gobernar y sacar el país adelante en esta terrible situación de pandemia. Porque si uno lo escucha a (Horacio Rodríguez) Larreta o a (Gerardo) Morales, no tienen esta línea”.

También cuestionó que JxC critique el hecho de revisar la deuda durante el gobierno anterior, al sostener que “el Congreso de la Nación tiene que revisar los actos del gobierno actual y del anterior”. “Claramente los argentinos queremos saber qué pasó con todo el endeudamiento de Macri y por qué se fugó, dónde está la plata. Para eso está la división de poderes”, completó.

En soledad, el oficialismo avanzó con el rechazo al DNU que traspasó las escuchas telefónicas

El decreto firmado por Macri pasó ahora a la Cámara de Diputados para su anulación definitiva. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se retiraron de la sesión virtual.

Por Carolina Ramos

En ausencia de la oposición, el Frente de Todos logró dar el primer paso en el Senado para anular el DNU 256/15, firmado por el expresidente Mauricio Macri, que traspasó la oficina de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.

A su vez, el oficialismo también rechazó el DNU 102/17, que modificó el anterior estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial estaría cargo de dos camaristas -fueron nombrados Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra-.

La votación se realizó sin la participación de los senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal, que se desconectaron de la sesión virtual para no convalidar ese tratamiento, luego de haber bloqueado, también, el debate de las leyes de alquileres y de educación a distancia.

El oficialismo solo contó con el apoyo extra de los monobloquistas Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).

Para que los decretos sean anulados definitivamente, deberán ser rechazados ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá buscar acuerdos con otros bloques de la oposición.

sesion virtual senado 4 de junio
Laura Rodríguez Machado y Martín Lousteau, del interbloque Juntos por el Cambio, al retirarse del recinto. (Foto: Comunicación Senado).

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, denunció que los decretos son “inconstitucionales” porque abarcan materia penal, y rechazó la crítica de la oposición acerca de que ya habían sido dictaminados -el primero el 16 de febrero de 2016, y el segundo, el 21 de marzo de 2017-.

“No existe ninguna norma expresa que impida dictaminar nuevamente sobre DNU que no han pasado por ninguna de las dos Cámaras del Congreso”, aclaró Fernández Sagasti.

Sobre la cuestión de fondo, expresó: “Venimos a saldar una deuda con la institucionalidad, a poner en orden aquello que nunca debió ser desordenado”.

“Después de que el DNU se puso en marcha -relató-, la Corte dijo que iba a hacer un sorteo para derivar el sistema de escuchas, pero antes de ese sorteo se supo quién sería el juez que iba a estar a cargo, (Martín) Irurzun”, a través de notas publicadas en los diarios Clarín y La Nación.

A partir de esto, “no solo se filtraron escuchas, sino que se pasó de un dispositivo legal que tiene que estar destinado a cuidar a los argentinos del delito organizado, a un sistema de espionaje a opositores, empresarios, y ahora nos anoticiamos que también a los propios miembros del gobierno de Macri”.

“El mismo organismo que tenía que controlar que el sistema de escuchas no violara las libertades individuales era el que estaba interviniendo los teléfonos y filtrando las escuchas en los medios”, insistió Fernández Sagasti, y aseveró: “Por medio de estos DNU volvimos a los sótanos del poder”.

Sobre la decisión de la oposición de no convalidar el debate de los decretos, expresó que “esperaba que tuvieran la valentía de estar a la altura de las circunstancias”. “Tenemos la oportunidad de saldar el desastre vergonzoso que hicieron con el sistema de libertad y de intimidad de la Argentina”, concluyó.

En tanto, el chubutense Mario Pais aseguró que el oficialismo actuó “conforme a derecho y a la Constitución” dictaminando los DNU por segunda vez y luego, llevándolos al recinto.

Además, recordó que si bien el protocolo de funcionamiento remoto del Senado indica que se tratarán temas vinculados a la pandemia, no les otorga “exclusividad”, y además señaló que por encima está el reglamento de la Cámara alta, que se dicta sus propias normas.

Oscar Parrilli, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denunció que “hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, (Gustavo) Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa  judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.

El senador recordó que denunció penalmente al juez Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota ante la Corte Suprema para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo” en el que supuestamente fue electo el camarista Irurzun. “Si fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.

En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”, de las cuales él mismo fue víctima.

Antes de que Juntos por el Cambio se desconectara de la sesión virtual, el jefe del interbloque, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de llevar adelante “una hoja de ruta de la venganza”.

El senador sostuvo que las escuchas telefónicas “no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal” como era originalmente, ya que “los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba, y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias”.

“En Argentina se ha implementado el sistema acusatorio, donde el fiscal puede pedir pruebas, como un allanamiento, una escucha o una extracción de sangre compulsiva. No puede el Ministerio Público Fiscal tener bajo su poder semejante herramienta judicial. La Corte es el mejor órgano encargado”, consideró.

Asimismo, el legislador cuestionó el decreto de la intervención de la AFI, el 52/19, al señalar que el oficialismo “tiene el número en la Comisión de Acuerdos” para designar en ese ámbito al nuevo titular del organismo.

Naidenoff afirmó que “el espionaje es una deuda institucional que atraviesa a todos los gobiernos, de los ’90 a la fecha”, y agregó que esta actividad se aplicó en forma “grotesca, burda, infame” y que “afectó a todos” ya que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, empresarios, personalidades de la cultura y hasta el propio papa Francisco.

“Todo esto sirvió para apretar, para extorsionar, para degradar. Este es un agujero negro”, dijo,y si bien indicó que “las denuncias de espionaje se resuelven en la Justicia”, advirtió que “en materia de servicios de Inteligencia, la Justicia argentina no es parte de la solución, sino parte del problema”.

Sagasti denunció una “maniobra espuria” de la oposición para no tratar las leyes de educación y alquileres

Fue porque no cedieron los dos tercios para tratar ambos proyectos sobre tablas. Para la oficialista, esa actitud “resulta muy cara para la democracia”.

anabel fernandez sagasti sesion virtual 13 de mayo

Luego de que la oposición bloqueara el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia en el Senado, la oficialista Anabel Fernández Sagasti denunció una “maniobra espuria” de Juntos por el Cambio y otros bloques y lamentó: “Me avergüenza tener colegas que, por solo oponerse por oponerse, le niegan derechos a los argentinos”.

Así se expresó la vicejefa del bloque del Frente de Todos luego de que el oficialismo no alcanzara los dos tercios necesarios para tratar las dos iniciativas consensuadas, cuyos dictámenes no contaban con los siete días de vigencia reglamentarios.

La votación resultó con 42 votos afirmativos y 29 negativos, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, quienes tomaron la decisión a modo de reproche al oficialismo por promover la votación conjunta de varios DNU, incluyendo dos de la gestión macrista y el que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“Que la oposición se niegue a tratar un tema que salió por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y que no fue una imposición porque lo veníamos hablando, resulta muy caro para la democracia”, advirtió la mendocina.

Recordó que “hace menos de un mes, senadores y diputados lanzaban una ‘caravana por la democracia’ pidiendo que el Congreso sesione con temas importantes para la Argentina”.

“La ley de alquileres es un tema que venimos debatiendo hace mucho. Muchos argentinos esperaban alivianar su situación con los contratos de alquiler”, lamentó Fernández Sagasti, y lanzó: “Ese llamado a la democracia, a que sesionemos, a que las instituciones se abran, y todo lo que hicieron con el titular de la ‘infectadura’ es lo que quieren hacer de nuestras instituciones”.

Finalmente, la oficialista insistió: “Lamento mucho que el Senado no quiera tratar las leyes de educación y alquileres. Me avergüenza tener colegas que, por solo oponerse por oponerse, le niegan derechos a los argentinos”.

Legisladores K impulsan denuncia contra exfuncionarios judiciales macristas

Senadores y diputados del Frente de Todos le apuntan en Tribunales a la “mesa judicial” del Gobierno anterior.

Siguen dando que hablar las declaraciones de la camarista Ana María Figueroa, que en un reportaje reciente dijo haber recibido “presiones” de parte de un exalto funcionario del Ministerio de Justicia de la gestión de Cambiemos. Ya se sabía desde que la propia Cristina Fernández de Kirchner se hizo eco de esos dichos ese tema sería explotado fuertemente  por el kirchnerismo y así fue.

Asi es que un grupo de legisladores nacionales del kirchnerismo presentó esta semana una denuncia pidiendo que se investigue a funcionarios judiciales del macrismo por el cargo de “asociación ilícita agravada” y “tráfico de influencias”, precisamente a partir de los dichos de la jueza Figueroa en AM750, hace tres sábados.

Firman la denuncia los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Martín Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorge Taiana, Guillermo Snopek, María Teresa González, Ana Claudia Almirón y Mariano Recalde; y los diputados José Luis Gioja, Josefina Gónzalez, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodríguez Saá, María Graciela Parola, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

Los exfuncionarios señalados como “responsables de los hechos” a investigar son el propio Mauricio Macri, su jefe de asesores José Torelo; el exministro de Justicia Germán Garavano; el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo Juan Bautista Mahiques; el anterior Procurador General del Tesoro Bernardo Saravia Frias; el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el expresidente de Boca Daniel Angelici.

La denuncia pide investigar las “presiones e interferencias” supuestamente hechas para “direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por Mauricio Macri”.

“Los hechos relatados han puesto en crisis los principios básicos que hacen al Estado de Derecho”, señala el escrito donde se advierte que de comprobarse los mismos habría existido los delitos de asociación ilícita, asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En el escrito se pide proceder a librar oficios a todas las empresas telefónicas que operan en la Argentina, a los efectos de informar “los abonados utilizados entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019 por (el fiscal general de la Ciudad) Juan Bautista Mahiques”, uno de los apuntados por ejercer las supuestas presiones a los jueces.

Reclaman que se realicen pesquisas sobre “los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia que permita establecer si entre el 10 de diciembre de 2015 y el de diciembre de 2019, magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, visitaron la residencia de Olivos; la Casa Rosada; la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); y la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

La denuncia original recayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado y agregaron dichos de la jueza de San Martín Martina Forns, quien en declaraciones periodísticas habló de “numerosos operadores” dentro del Ministerio de Justicia y dio por sentado la existencia de una “mesa judicial del macrismo”. También pidieron sumar la declaración del expresidente  provisional del Senado Federico Pinedo, quien reconoció la existencia de “muchos casos donde la administración le dice a los jueces no haga tal cosa y después el juez hace lo que quiere”.

Sagasti destacó que las decisiones del Gobierno por la pandemia se tomaron “con liderazgo, sensatez y rapidez”

La senadora oficialista ponderó los DNU emitidos por el Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus y defendió el aislamiento. Además, le respondió a la oposición que “es una falacia” instalar el debate por la caída de la economía.

anabel fernandez sagasti sesion virtual 13 de mayo

Primera oradora de la primera sesión virtual del Senado, la mendocina Anabel Fernández Sagasti destacó las decisiones tomadas por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus y dijo que las medidas se dictaron “con liderazgo, sensatez y rapidez”.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos señaló que los 20 DNU en tratamiento “cumplen con todo y cada uno de los requisitos formales” establecidos en la Constitución Nacional y, además, consideró que “desde 1994 hasta la fecha nunca ha estado tan acreditada la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo de dictar DNU”.

Para la oficialista, los decretos “tienen una mirada integral” y “no solamente intentan salvaguardar la vida y salud de los argentinos” sino también garantizar “los derechos sociales y económicos”.

La legisladora ponderó la rapidez con la que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y defendió que el Gobierno ha hecho “un enorme esfuerzo” para “repatriar al 90 por ciento” de los argentinos en el exterior.

Sobre este tema, Fernández Sagasti afirmó que la cantidad de varados sigue “ampliándose” porque hay “argentinos que han decidido volver a vivir a Argentina” producto de la pandemia.

La mendocina subrayó que en países como Estados Unidos “que nunca decretó el aislamiento”, hay hasta la fecha “80 mil muertos por esta pandemia” y, si bien tiene una población en un 7,5% superior a Argentina, “hay 272 veces más fallecidos de lo que tenemos en Argentina”. La misma comparación realizó con Reino Unido y con Brasil, país del cual “muchos opositores decían que teníamos que seguir el rumbo”, expresó.

En otro tramo de su discurso, la senadora cuestionó la “falacia que intentan desde algunos sectores de la oposición imponer en el debate de la opinión pública” respecto de la economía.

Basada en datos del Fondo Monetario Internacional, la kirchnerista mencinó que el organismo “proyecta una caída de la economía argentina del 5,3%” mientras que para Estados Unidos estima “5,9%” y para Brasil “5,3%”, países que “no decretaron nunca el aislamiento”, remarcó.

En cuanto a la pérdida de empleo, el FMI pronostica una caída de “1,2% para Argentina; 4,2% para Brasil; y 4,6% para Chile”. “Ningún país del mundo que haya declarado o no el aislamiento va a salvarse del desatre económico que va a producir la pandemia”, advirtió.

Con impulso de Sagasti, presentan un proyecto en Mendoza para que los bancos paguen más Ingresos Brutos

La legisladora Laura Soto presentará la iniciativa en la Legislatura local. Estiman una recaudación de 1.600 millones de pesos, que proponen para asistencia a las PyMEs de la provincia.

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Con el impulso de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, los bloques del Frente de Todos en la Legislatura mendocina impulsarán un proyecto de ley para ampliar la alícuota del impuesto por Ingresos Brutos a los bancos, mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, y sin que esto se traslade a ningún usuario de estos servicios.

La iniciativa, que será presentada formalmente por la diputada provincial Laura Soto, plantea incremento del 100% de este tributo para bancos u otras instituciones financieras, y estima que lo recaudado por este aumento se destine en asistencia a las PyMEs.

A través de una videoconferencia, Fernández Sagasti y Soto conversaron sobre la propuesta con los jefes del bloque FdT en la Legislatura mendocina, Germán Gómez (Diputados) y Lucas Ilardo (Senado); y los economistas Amalia Granata y Nicolás Aroma.

La senadora nacional dijo que se trata de “una herramienta que la ponemos a disposición del Ejecutivo provincial, tal como me comprometí personalmente desde el primer día a colaborar con el gobierno de Mendoza, sobre todo en esta crisis que estamos atravesando todos los argentinos y las argentinas”. “Comercios y productores de la provincia se pueden ver beneficiados con estos recursos que se van a poder recaudar mediante este proyecto, que debe servir para reactivar la economía de Mendoza”, añadió.

“Entendemos que no hay razones ni éticas, ni políticas, ni económicas para estar en contra de este proyecto”, consideró la vicepresidenta del FdT en el Senado de la Nación. Y completó que espera que la iniciativa sirva “no solo para reactivar la actividad económica, sino también para todos los mendocinos y las mendocinas que más están padeciendo la crisis actual”.
Según indicaron los economistas, con esta iniciativa se estima una recaudación anual de 1.600 millones de pesos.

Por su parte, la diputada Soto apuntó: “Analizamos el presupuesto provincial de Mendoza 2020 y vemos que la recaudación de Ingresos Brutos está prevista en alrededor de 44 mil millones de pesos, de los cuales 1.600 millones corresponden a las entidades financieras -esto teniendo en cuenta el valor bruto de las entidades financieras representa el 3,5% del PBG de Mendoza-. Este proyecto aumentaría al 100% esa recaudación”.

A su turno, Lucas Ilardo planteó que “esto puede ser el inicio de un planteo más profundo, porque la estructura impositiva, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sabemos tiene un alto grado de injusticia y es un debate que nos merecemos dar. Nadie puede dudar que han sido los bancos las instituciones que más han ganado en los últimos años, no solo durante la pandemia por la bancarización sino también en el último tiempo”.

Germán Gómez aclaró, a su vez, que se trata de un “impuesto extraordinario mientras dure la pandemia. Esto pasa a la comisión de hacienda y se trabajará con los distintos bloques, la idea es generar recursos que den una herramienta para fomentar el trabajo, las PyMEs y no afecta a los particulares porque no los comprende. Esto no va a trasladarse, es importante aclararlo, a los consumidores que hacen uso del servicio bancario”.

Sobre este último punto, tanto Fernández Sagasti, como Granata y Aroma llevaron tranquilidad. “La Resolución A6912 del Banco Central congela las comisiones bancarias por 180 días, por lo tanto los bancos no podrán trasladar el incremento de Ingresos Brutos a los servicios financieros y a ningún cliente”, aclaró la senadora.

Fernández Sagasti gestionó 27 millones de pesos para el Hospital Universitario de Mendoza

Los detalles técnicos y administrativos se conversaron por videoconferencia entre la senadora, autoridades del nosocomio y representantes del Ministerio de Obras Públicas.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) gestionó ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a cargo de Gabriel Katopodis, una partida de 27 millones de pesos para el Hospital Universitario de Mendoza.

Los detalles técnicos y administrativos se dialogaron, a través de una videoconferencia, entre la legisladora; el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel Pizzi; y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil. Se trata de la primera inversión nacional en infraestructura hospitalaria, para la región de Cuyo, durante la pandemia.

El pedido, que se dio en el contexto de la propagación del Covid-19, tiene como objetivo finalizar el proyecto “Hospital Universitario”, en plena ejecución de obras, para habilitar el sector de internación, existiendo la posibilidad de expandir la capacidad operativa incorporando áreas de internación y sus servicios, equipando y poniendo en funcionamiento un sector ubicado en el primer piso ala sur que se encuentra en fase de construcción avanzada.

En concreto, se planteó la posibilidad de disponer, a corto plazo, de 15 habitaciones con baño, y 29 camas de mediana complejidad, equipadas con servicio de gases especiales en cabecera, dispuestas en el primer piso del ala sur del edificio.

En una carta dirigida a la senadora, Pizzi planteó que la institución desea “reforzar el compromiso social con la comunidad y la salud pública, y quiere ofrecer a la sociedad los recursos con los que cuenta el Hospital Universitario para la atención de la población afectada por esta patología, sin desatender las otras necesidades sanitarias del resto de la sociedad mendocina”.

En otro apartado, el documento especificaba que, para afrontar los costos de terminación de la obra civil en el plazo de un mes, se estima una inversión aproximada $26.960.000, sin incluir los costos de los recursos necesarios para luego mantener operativos los servicios médico-hospitalarios que se estimen brindar en el área referida.

Fernández Sagasti celebra su cumpleaños

La joven senadora mendocina festeja este viernes sus 36 años de edad.

En circunstancias muy especiales, pues los legisladores también deben respetar las pautas de aislamiento obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo, así celebra este viernes su cumpleaños la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Premio Parlamentario 2019, la legisladora mendocina festeja este 3 de abril sus 36 años, y recibirá sin dudas el saludo de sus pares y seguramente también el de la presidenta de la Cámara alta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya se sabe que tiene la mejor consideración por la vicepresidenta del bloque Frente de Todos del Senado.