La diputada santafecina alertó que el organismo no tiene presupuesto actualizado, se han despedido a 350 trabajadores y se desactivó el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.
La diputada nacional Mónica Fein (Partido Socialista – Santa Fe) alertó que el ajuste económico y desmantelamiento del Estado que propone el programa del Gobierno nacional, incluye también la desjerarquización y desfinanciamiento de las políticas de discapacidad.
Así, contó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) “actualmente no tiene presupuesto, han cerrado sus oficinas del interior del país y fue trasladada a la órbita del Ministerio de Salud”, y analizó: “Esto implica un gran retroceso en derechos obtenidos porque deben garantizarse condiciones y políticas inclusivas, donde las personas puedan desarrollarse en educación, trabajo, tener una vida digna”.
El organismo encargado de implementar las políticas públicas y proteger los derechos de las personas con discapacidad este año “no tiene presupuesto actualizado, se ha desactivado el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, han despedido a 350 de sus trabajadores de oficinas de todo el país (al menos 16 de ellas con discapacidad), y se ha dado la espalda a una conquista histórica: que los ámbitos de toma de decisiones sean ocupados por las personas con discapacidad, en el marco del derecho a la participación política”, precisó.
“Hemos presentado un proyecto para que se rectifique esta decisión, ya que transferir la ANDIS al Ministerio de Salud implica un abordaje absolutamente médico de las personas con discapacidad, cuando hasta el momento se aseguraban sus libertades e inclusión en todos los aspectos de la vida, yendo en línea con las convenciones internacionales de derechos humanos”, argumentó Fein.
Las organizaciones de personas con discapacidad denunciaron ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU las políticas generales y sectoriales del gobierno de Javier Milei y la ausencia de medidas de protección hacia las personas con discapacidad.
“Los impactos generales de las decisiones económicas, los efectos desreguladores del DNU 70/23 en campos como el de la salud, los ajustes en el sistema de prestaciones y sus consecuencias en las restricciones de servicios y apoyos para las personas con discapacidad, la suspensión de políticas urgentes como el programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y la cobertura de prestaciones y provisión de medicamentos del Programa Incluir Salud, son algunos de los puntos centrales relevados”, sostuvo.
“Este gobierno prioriza el equilibrio fiscal a costa de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y continua con el desguace brutal del Estado. Preocupa que el Director actual de la agencia no tenga ningún vínculo reconocido ni trayectoria pública en el campo de la discapacidad y que solo tiene el mérito de haber sido abogado particular del presidente en diversas causas”, concluyó la legisladora.
El diputado de UP señaló que “trabajamos para que las personas con discapacidad puedan autovalerse”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) se refirió al reclamo que realizaron legisladores de distintos espacios políticos alertando por el decreto provisorio que avanzaría en la desregulación del sistema único de prestaciones para las personas con discapacidad y señaló que "el diálogo es urgente y transversal y no tiene banderas políticas”.
"Estamos haciendo todas las gestiones para evitar esta desregulación, como el viernes que estuvimos reunidos con el director de la ANDIS, Diego Spagnuolo”, relató el legislador.
En declaraciones a El ciudadano news, añadió que “tenemos expectativas con este diálogo, vamos a ver como continúa ahora, pero depende del actual jefe de gabinete Guillermo Francos". En tal sentido, sostuvo que “en todos los espacios hay personas con discapacidad".
Valdés destacó el actual sistema de prestaciones y amplió que “actualmente existe un nomenclador que paga la prestación en igual calidad y con igual precio”. “Este sistema nace al calor de la Ley 24.201 durante el gobierno de (Carlos) Menem y ha sido un ejemplo en el mundo, ahora pretenden desregularla y que cada obra social pague lo que quiera y lo que pueda, lo que genera personas con discapacidad de primer, segundo y tercer nivel”, sumó.
También, expresó que “trabajamos para que las personas con discapacidad puedan autovalerse. La ley 24.901 habla de la educación para el autovalimiento, sería una de las cosas que estaría cuestionadas en ese decreto, por eso es tan importante visibilizarlo”.
Sobre el cierre, el diputado porteño respondió sobre los recientes cierres de talleres protegidos para personas con discapacidad: "Son la gran posibilidad que tienen las personas con discapacidad de llevar adelante actividades productivas, hay que actualizar los valores de estos talleres que tienen una remuneración muy baja”.
El legislador de Unión por la Patria denunció que este intento del Gobierno de avanzar en ese sentido “impactará directamente en las personas más humildes” y las deja afuera del sistema.
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que el proyecto de decreto para desregular las prestaciones especiales dirigidas a esta población “generará desigualdad” porque implicaría “romper con un sistema” creado por ley hace 25 años y que “hasta la actualidad permite el acceso en igualdad de condiciones” a los tratamientos, cualquiera sea la cobertura de salud que se posea.
En sintonía con el planteo del Foro, el diputado nacional Eduardo Valdés se expidió sobre el tema en el recinto de Diputados, durante la sesión que fue convocada para tratar el financiamiento universitario y el Fondo de Incentivo Docente. El legislador llamó a todos los bloques políticos a dejar las diferencias de lado y defender los derechos de las personas con discapacidad. “Este tipo de cuestiones deben atravesarnos a todos”, sostuvo.
Valdés advirtió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por el borrador de un decreto para desregular del Sistema Único de Prestaciones para las personas con Discapacidad.
“Si esto avanza habrá personas con discapacidad de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta”, observo el congresista, quien había hecho pública en el recinto de la Cámara baja su preocupación, e instó a “defender los derechos de las personas con discapacidad”.
“En el Cottolengo de Don Orione están internadas 1200 personas en doce sedes de todo el país. Son de una población con una discapacidad aguda y severa, la mayoría no tiene familia. Si el Estado las deja de asistir, ¿quién lo hará?”, planteó.
El diputado de Unión por la Patria detalló que el último censo establece que “el 12% de las personas del país tienen algún tipo de discapacidad”, y llamó a reflexionar antes de avanzar con la idea de la desregulación “no todos pueden acceder al Certificado Único de Discapacidad”, y cuestionó a las autoridades porque el ANDIS porque cierra “oficinas en todo el país”.
“No todos pueden acceder al Certificado Único de Discapacidad porque a veces les es muy difícil realizar los trámites, muchos de ellos no tienen familiares o personas que los asistan. Ante esa realidad, ANDIS cierra oficinas de todo el país, donde las personas más humildes que no pueden trasladarse a Buenos Aires, tienen la posibilidad de tramitar el certificado”, sostuvo.
El legislador de Unión por la Patria realizó un pedido de informe por los despidos en la ANDIS.
El diputado nacional Eduardo Valdés mostró su preocupación por la ola de despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo cual motivó a un pedido de informe en la Cámara de Diputados.
La Dirección Ejecutiva de la ANDIS, que tiene como titular al abogado Diego Spagnuolo, llevó adelante el despido de 163 trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Discapacidad de todo el país, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad, mujeres embarazadas, delegados sindicales y personas con discapacidad. Estas desvinculaciones se suman a las 135 que ya habían sido anunciadas a fines de febrero.
Entre las consultas del pedido de informe presentado por el diputado Valdés están las razones de los despidos, además de precisar si alguno de los trabajadores despedidos eran personas con discapacidad y contaban con el Certificado Único de Discapacidad (CUD); si estas personas ingresaron a desempeñarse como trabajadores del ANDIS en el marco del cupo laboral para las personas con discapacidad y si estas desvinculaciones impactan en las misiones y funciones llevadas adelante por el organismo, y en las políticas públicas planificadas en favor de las personas con discapacidad.
La Agencia Nacional de Discapacidad fue creada en el año 2017 y a partir del 2023 pasó a la órbita de la Jefatura de Gabinete, entre sus funciones se encuentran el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, como así también de las acciones necesarias para promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, desde una perspectiva social y dinámica, de acuerdo con las determinaciones emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, tiene a su cargo la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones no contributivas por invalidez en todo el territorio nacional.
1101-D-2024Así lo expresó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Espósito, al exponer por videoconferencia ante una comisión.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Claudio Espósito, explicó este jueves que las prestaciones de esa índole fueron suspendidas de acuerdo con un “criterio epidemiológico” por la pandemia del Covid-19, aunque se mantuvieron aquellas brindadas en hogares y residencias.
Espósito expuso por videoconferencia ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica-Córdoba), y estuvo acompañado por la directora de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y el director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel López.
Durante la reunión virtual, la diputada Gisela Scaglia (Pro-Santa Fe) advirtió que “es un momento más que difícil para las personas con discapacidad y los papás y mamás que tienen hijos con discapacidad”, ya que “en el medio de la cuarentena se tuvieron que cerrar centros y eso ha generado un montón de interrogantes”.
En ese sentido, la legisladora consultó cuándo se van a restablecer servicios como fonoaudiología, kinesiología y terapia ocupacional.
Espósito señaló que se utilizó un “criterio de suspensión epidemiológica” y aclaró que “las prestaciones que se mantuvieron son las de hogares y residencias”.
“Lo primero que tratamos es que si se puede evitar el contacto, que lo eviten. Nos preocupa mucho más una persona con discapacidad con Covid-19 que por una cuestión particularmente ontológica”, dijo.
Asimismo, indicó que “se han abierto otras opciones, como la visita al domicilio”, y reiteró que “la protección tiene que ver, en primer lugar, con el distanciamiento social” como medida preventiva de contagios.
Por otra parte, explicó que en el Directorio de Prestaciones Básicas “se unificaron criterios a nivel nacional” respecto de las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga, quedando afuera las obras sociales provinciales, que son autárquicas.
Ese Directorio, puntualizó, se atiene a los protocolos de salud de la Nación y de las provincias, y a su vez elaboró una guía para cada prestador, para evacuar consultas.
En otro orden, el funcionario informó que “las prestaciones tienen los mismos valores que se venían pagando con anterioridad” a la pandemia.
Al inicio de su exposición, Espósito explicó que el “lineamiento” de la ANDIS es “trabajar la autonomía, la independencia y la calidad de vida de las personas con discapacidad”.
El director ejecutivo de la entidad mostró a los diputados, a través de la pantalla, barbijos transparentes hechos por personas con discapacidad “que permiten que se puedan leer los labios para los intérpretes de lengua de señas”.
A su vez, destacó la “transversalidad de las políticas de empleo, salud, trabajo y educación con los distintos ministerios”, y precisó que según el Censo 2010 hay “5 millones de personas” con discapacidad, que “necesitan el acompañamiento del Estado”.
En ese sentido, resaltó “la voluntad del presidente de poner en la agenda pública la discapacidad” y de “visibilizar” esa problemática.
Por otro lado, informó que dentro de la ANDIS hay un cupo del 8% de personas con discapacidad, y puso como ejemplo que el subedirector ejecutivo, Fernando Galarraga, es una persona ciega.
