El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, acompañó al jefe comunal y sostuvo que “es un orgullo haber cumplido con una promesa más de las que hemos tenido y seguiremos trabajando para seguir creciendo en tal sentido”.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, inauguró junto al el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, las nuevas instalaciones de la Base de Comando Unificado, en Ciudad Evita, que fue construida con fondos municipales y dará respuesta a una necesidad de las vecinas y vecinos, lo que significa un cambio radical en la prevención del delito para toda La Matanza.
“Estamos muy felices de hacer realidad un sueño de todo el pueblo de La Matanza, que es tener nuestra Base de Comando Unificado de fuerzas federales para más de 1200 efectivos entre Gendarmería nacional, Policía federal, Prefectura y Policía de seguridad aeroportuaria”, expresó Fernando Espinoza y remarcó: “Seguimos multiplicando esfuerzos y articulando acciones para llevar más bienestar a nuestras vecinas y vecinos”.
“En un trabajo mancomunado y estratégico entre el Gobierno nacional y el Gobierno local, a través de una gran inversión, esta obra cambiará la seguridad y la protección ciudadana de los 2 millones 400 mil habitantes de La Matanza, la quinta provincia argentina demográficamente hablando”, manifestó Fernando Espinoza y remarcó: “Este es un paso más que importante que se suma a todo lo que ya venimos haciendo para aumentar la presencia permanente de las distintas fuerzas de seguridad en La Matanza. Como es el caso de la Policía bonaerense, que quintuplicamos la cantidad de efectivos y patrulleros para maximizar los operativos que realizan en cada una de nuestras 17 ciudades”.
Por su parte, Aníbal Fernández afirmó: “La gráfica que siempre tuvo el intendente y querido amigo Fernando Espinoza sobre su propio territorio y el conocimiento acabado de lo que está sucediendo en cada uno de esos lugares, hace que sea más simple la tarea de juntarse y programar una propuesta de esta característica”. “Es un orgullo haber cumplido con una promesa más de las que hemos tenido y seguiremos trabajando para seguir creciendo en tal sentido”, destacó.
Por último, Fernando Espinoza señaló: “La construcción de esta nueva Base de Comando Unificado llega para dar respuesta a una necesidad de toda la comunidad. Podrán pasar intendentes, ministros de seguridad, y presidentes, pero ya nadie le va a poder quitar al pueblo de La Matanza estos 1.200 efectivos que todos los días protegerán a mis vecinas y a mis vecinos”, y subrayó: “Las fuerzas federales se van a quedar para siempre en La Matanza”.
El jefe del bloque UCR, el diputado Mario Negri, y el misionero Alfredo Schiavoni le respondieron al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al poner en duda las elecciones del domingo tras la muerte de un manifestante en el Obelisco.
A raíz del fallecimiento de un manifestante en el Obelisco este jueves, los ministros de Seguridad y de Trabajo de la Nación, Aníbal Fernández y Diego Giuliano respectivamente, pusieron en duda la realización de las elecciones PASO el próximo domingo 13 de agosto.
Tanto Fernández como Giuliano realizaron un posteo iguales en el que plantearon: “Pero que cosa rara un corte de vías para pedir una reunión con un ministro. ¿No? Mas raro aun, que haya pasajeros del Ramal Roca con gomeras y capuchas. Además, saben que la ministra de Trabajo manifestó la disposición de atender a los trabajadores y así y todo no levantaban el corte. ¿Habrá elecciones el domingo?”.
Al respecto, el diputado nacional y jefe del bloque radical, Mario Negri, manifestó que “el kirchnerismo llega a su final de la peor manera: metiendo miedo a la gente”. En respuesta a ambos funcionarios afirmó: “El domingo se vota. Pero es el Estado quien debe garantizar la seguridad del proceso eleccionario”.
“A dos días y medio de ir a las urnas, los argentinos debemos defender la democracia de los que están sembrando miedo y zozobra. ¿Cómo? Primero: manteniendo la paz social. Segundo: el domingo votemos con firme convicción por reconstruir la Argentina”, agregó en un posteo de la red social X.
En el mismo sentido se expresó el diputado misionero Alfredo Schiavoni quien denunció que “en Misiones operetas mediáticas berretas, en CABA pretenden tirarnos un muerto. La desesperación es total”, y planteó: “Demostración clara de desesperación e impotencia ante el resultado del próximo domingo. No es por ahí muchachos, la democracia va por otro lado”.
EL senador radical pide saber qué acciones de seguimiento y monitorio llevó a cabo el Ministerio de Seguridad por las interrupciones del derecho a la libre circulación en diferentes rutas nacionales en Jujuy.
El senador nacional Mario Fiad (UCR – Jujuy) presentó un proyecto para que el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Aníbal Fernández, informe al Senado de la Nación sobre el accionar de dicha cartera en relación a los cortes de tránsito y las interrupciones a la libre circulación en las diferentes rutas nacionales que atraviesan la provincia de Jujuy.
La iniciativa, que fue acompañada por gran parte del bloque de Juntos por el Cambio, solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Seguridad, y los contactos de dicho ministerio con las autoridades de seguridad de Jujuy.
En este sentido, Fiad expresó: “Está claro que es responsabilidad del Estado Nacional garantizar el derecho constitucional a la libre circulación en las rutas nacionales. Lamentablemente, en la provincia de Jujuy asistimos a la inacción de las fuerzas de seguridad nacionales, a pesar que un Juez Federal autorizara a la gendarmería a garantizar la libre circulación”.
A su vez, el proyecto también solicita que se informe sobre las acciones de seguimiento y monitoreo, respecto de la afectación de derechos, especialmente a la salud y a la integridad de quienes se ven impedidos de circular libremente.
Al respecto, el legislador jujeño manifestó que “son miles los jujeños que cada día se ven impedidos de ir puntualmente a sus trabajos, de transportar su mercadería, de concurrir a servicios de salud para acceder a la atención médica que requieren. También se registraron pérdidas millonarias en la industria del turismo”.
El proyecto fue acompañado por Luis Naidenoff, Pablo Blanco, Silvia Giacoppo, Stella Olalla, Guadalupe Tagliaferri, Carolina Losada, Víctor Zimmermann, Gabriela Valenzuela, Daniel Kroneberger, Edith Terenzi, Beatriz Ávila, Eduardo Vischi, María Belén Tapia, Mariana Juri, Roberto Basualdo y Juan Carlos Romero.
AnyScanner_07_05_20231El senador cristinista defendió a Máximo Kirchner, habló de su absolución por la causa del libro “La década ganada” y criticó al Poder Judicial.
En los últimos días, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, había criticado al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y del diputado nacional Máximo Kirchner. En tal sentido, el senador nacional Oscar Parrilli (UC – Neuquén) le respondió este martes: “Está siendo injusto. Se debe levantar, se mira al espejo y se enoja con él mismo”.
El senador salió en defensa del hijo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y amplió: “¿Qué le pasa a Aníbal Fernández? Ha cambiado mucho. Parece que se olvidó que Máximo y La Cámpora militaron su campaña a gobernador de la provincia Buenos Aires en 2015”, y añadió: “También lo defendían de su acusación de ser “la morsa” y narcotraficante”.
Entrevistado por AM 750, el legislador “cristinista” afirmó que esperaba su absolución de una causa donde se los juzgó por presunta administración fraudulenta a raíz de fondos destinados a publicar el libro “La década ganada”, que nunca llegó a imprimirse de una licitación que había obtenido la Casa de la Moneda.
“Inventaban cosas por la denuncia de un funcionario macrista y la complicidad de la mafia judicial de los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Nos acusaban falsamente, de hacer una licitación que ganó la Casa de la Moneda con el precio más bajo por la impresión de un libro”, explicó. Asimismo, afirmó que “estuvimos siete años sometidos”.
En esa línea, Parrilli cargó contra los medios de comunicación: “Los supuestos periodistas y sus loritos con cerebro de gorrión repetían sus mentiras”. “La condena fue lo que ellos publicaron en los medios de comunicación difamándonos y agraviándonos”, indicó.
Del mismo modo, sostuvo que “han manchado el buen nombre de mi familia” y “han utilizado los medios y el periodismo como un instrumento de acción política”. A su vez, afirmó que “el Poder Judicial es el pelotón de fusilamiento de Héctor Magnetto”.
Sin embargo, aclaró: “Lo que queda claro es que con este fallo como actúan porque investigan cuando las denuncias son contra nosotros, pero cuando son contra funcionarios macristas no investigan. Nunca serán tapa del diario, un siquiera investigados”.
“Estamos viviendo una democracia condicionada por la proscripción a Cristina Kirchner y por la violencia como método institucional porque fogonaron el intento de matarla, pero más tarde o más temprano las difamaciones se terminan”, señaló.
De tal modo, recordó: “En la causa por los bolsos La de José López, investigaron y llegaron a una financiera de Nicolás Caputo y ahí se terminó”.
“Cuando buscaron cuentas en el exterior de Máximo Kirchner, encontraron cuentas de Mauricio y Franco Macri”, añadió.
Respecto a las listas de Unión por la Patria, Parrilli expresó: “Muchos vaticinaron el fin del kirchnerismo, pero la taba está en el aire”. “En UP estamos atrás de la fórmula Sergio Massa – Agustín Rossi conducido por CFK”. “Debemos pensar en la familia argentina porque la situación que nos dejó el macrismo llevó a enfrentar una situación económica muy difícil”, finalizó.
El proyecto es encabezado por los diputados Alejandro Finochiaro y Cristian Ritondo, en el que solicitan que el ministro de Seguridad expliqué qué acciones llevó a cabo antes las “violentas manifestaciones, ataques institucionales y cortes de rutas en Jujuy”.
El titular del Pro en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador bonaerense Alejandro Finocchiaro presentaron un proyecto citando a la Cámara de Diputados al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para que brinde informes sobre la situación que atravesó la provincia norteña a causa de las violentas manifestaciones, los daños a instituciones públicas y los cortes de rutas nacionales y provinciales.
Entre los fundamentos de la iniciativa señalaron que “ante el evidente ataque a bienes e instituciones, que además puso en riesgo a pobladores y turistas en Jujuy, el Ministerio de Seguridad Nacional no cumplió con roles autorizados por el Poder Judicial a los efectos de asegurar la circulación”.
Además, consideraron “de público y notorio conocimiento” que algunos de los mal denominados “manifestantes” son sujetos con delitos y denuncias que circularon sin el debido control por parte de las fuerzas de seguridad a su cargo.
Por otro lado, afirmaron que las declaraciones públicas del ministro Fernández “chocan con la manda constitucional de actuar ante situaciones como las padecidas el pasado 20 de junio”. En ese mismo sentido, también interpelaron al ministro respecto a los ingresos al país por vía terrestre desde Bolivia. En cuanto a esto, los diputados requirieron precisiones sobre el relevamiento de antecedentes penales y las medidas ejercidas para proteger la soberanía en la zona de fronteras.
“Fueron tan evidentes esos ataques, que además pusieron en riesgo a pobladores y turistas, como el incumplimiento por parte del Ministerio de Seguridad Nacional de las funciones autorizadas por el Poder Judicial para asegurar la circulación”, expresó Finocchiaro y agregó: “Consideramos que algunos agresores tenían antecedentes y circularon sin el debido control de las fuerzas de seguridad a su cargo. También preguntaremos por los ingresos por tierra desde Bolivia. Es necesario saber si se cumplieron los protocolos para proteger la soberanía”.
Acompañaron con su firma la iniciativa los diputados Dina Rezinovsky, Juan Martín Musacchio, Mario Barletta, Karina Bachey, Sabrina Ajmechet, Mercedes Joury, José Núñez, Gabriela Lena, Ximena García, Héctor Stefani, Laura Rodríguez Machado, Soher El Sukaria y Lidia Ascárate.
La candidata a gobernadora por Santa Fe sostuvo que “nada de lo que anunció el gobierno sirvió en la provincia”. Además, cuestionó al actual gobernador Omar Perotti y se diferenció: “Estamos trabajando para sacar a los narcotraficantes de Santa Fe”.
La senadora nacional y precandidata a gobernadora de Santa Fe, Carolina Losada (UCR), apuntó contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández: “Se preocupa por pelear conmigo por Twitter en lugar de hacer algo por el país”. Por otro lado, afirmó que “nada de lo que anunció el gobierno sirvió en la provincia”.
En diálogo por CNN radio fue consultada por el ataque a tiros a un colegio en Rosario, respecto de lo cual expresó: “Todo esto tiene solución, sino no estaría siendo candidata a gobernadora de la provincia. Hay algo que está faltando hace mucho en la política que es el sentido común. Cuando vos ves que no se toma absolutamente ninguna medida, los patrulleros no tienen nafta o que no hay patrulleros, vas a las zonas más picantes de Rosario y ves que en una comisaría solo hay dos efectivos nada más y que no llevan ni sus autos… A la ‘poli’ la tienen regalada es una verada, porque cuando vos no entrenas a la policía, no le das las herramientas necesarias y los pones en inferioridades de cantidad de personas. Ni hablar de las armas que tiene el narcotráfico respecto de las armas que tiene la policía”.
“Policías que muchos no tienen entrenamiento en tiro y encima sin el respaldo político. Un policía antes de sacar un arma tiene que pensarlo trescientas veces y sabe el riesgo terrible que corre y un narcotraficante tira sin pensar. El narcotráfico está diversificado”, agregó.
En esa línea, Losada consideró que “hay cuestiones que tienen que ver con sentido común y con decisión política y es lo que ha faltado tanto en el gobierno actual de (Omar) Perotti como en el anterior de Miguel Lifschitz que fue un buen gobierno, pero el problema fue la inseguridad y quien en ese momento era el ministro de seguridad ahora quiere ser gobernador de la provincia diciendo que ahora van por… ¿y por qué no lo hiciste cuando pudiste y dejaste que crecieran los homicidios?”.
“Nada de lo que anunció el gobierno sirvió en Santa Fe. Aníbal Fernández se preocupa por pelear conmigo por Twitter y mirar televisión en lugar de hacer algo por Rosario y por todo el país. Eso muestra lo paupérrima de su gestión. En Rosario no se hace inteligencia artificial ni capacitación de la policía”, fustigó la radical.
En este sentido, se refirió a las propuestas como candidata: “Queremos un gobierno eficiente, transparente y que mire las necesidades de la gente. El gobierno de Perotti directamente no gestiona. El principal problema que tenemos es la inseguridad y deja a los presupuestos sin utilizar, no ejecuta los presupuestos”.
“La política rancia quiere seguir en sus sillones y por eso hoy los tenemos a todos en contra porque somos los únicos que queremos romper con el status quo y cambiar las cosas”, advirtió Losada, quien comentó: “Queremos hacer algo diferente y tenemos equipo para hacer algo distinto y estamos trabajando duro para que la provincia sea liderada con sentido común y sacar a los narcotraficantes de Santa Fe”.
Al respecto, sumó: “Cuando aparece alguien nuevo que quiere cambiar las cosas, esa parte rancia se abroquela todos juntos en contra del nuevo. Quieren mantener los privilegios de la política”.
“A mi no me importa quién se lleve un laurel, lo que se pueda hacer antes para que se frene la matanza de gente y este tranquila voy a aportar todo. Es todo electoral de Perotti igual porque le queda poco de gestión, de nuestro lado no van a tener trabas van a tener empuje y apoyo para que todo se haga porque nos conviene a todos para la sociedad que se frene con las masacres de todos los días”, planteó la senadora sobre la convocatoria del mandatario provincial.
Así, Losada manifestó que “el Estado, quien debería ser el monopolio de la fuerza, se corrió. Así estamos. Cuando alguien quiere venir y cambiar las cosas la política rancia se abroquela para que no llegue nadie nuevo porque a ellos les conviene que las cosas sigan como están”.
Por último, aseguró de cara a los comicios: “Si viene Patricia (Bullrich) la voy a recibir feliz y a Horacio (Rodríguez Larreta) también. Lo mismo con Facundo (Manes). Nos interesa trabajar con todos y cualquiera de ellos puede ser presidente y queremos apostar a que el próximo presidente trabaje en conjunto con nuestra provincia”.
El proyecto es encabezado por la radical Soledad Carrizo y acompañado por una docena de legisladores de la oposición. “La misma autoridad responsable de la crisis de inseguridad que hoy atravesamos es la misma que siembra el temor”, apuntó Carrizo.
Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Soledad Carrizo, presentaron un proyecto repudiando las declaraciones del ministro de Seguridad de la nación, Aníbal Fernández, contra la principal bancada opositora.
El texto cita textual los dichos del funcionario: “Lo que se puede ver es quiénes van a competir contra quiénes. Vemos un grupo de gente que tienen cero formación, con vocación por el agravio y por lastimar, y lo que propone saldría únicamente por represión. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser Gobierno”.
Al respecto, Carrizo retrucó: “La misma autoridad responsable de la crisis de inseguridad que hoy atravesamos es la misma que siembra el temor”.
El proyecto es acompañado por los diputados nacionales Karina Banfi, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Juan Martín, Marcela Campagnoli, Ingrid Jetter, Ricardo Buryaile, Marcela Coli, Germana Figueroa Casas, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Gustavo Bouhid.
El diputado libertario habló de la chance de dejar tercero al oficialismo en las elecciones y criticó al Gobierno por la inflación y el programa Previaje 4.
El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza – CABA) le respondió duramente al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, al afirmar que “es uno de los personajes más nefastos de un gobierno nefasto”.
Además, el economista sostuvo que “es uno de los personajes mas nefastos de este Gobierno que lleva 16 de los últimos 20”, y agregó que “viene hablar de baño de sangre y el país es un baño de sangre. Argentina tiene niveles de inseguridad y violencia aberrantes”.
Entrevistado en Radio Continental, Milei siguió: “Es un responsable directo de esta situación. Debió haber renunciado cuando se manifestó derrotado frente al narcotráfico”. Del mismo modo, afirmó: “Él dice que las políticas que proponemos traen caos, y en todo el mundo las políticas de libre mercado son prósperas”.
En tal sentido, remarcó que “es uno de los más nefastos de un gobierno nefasto”, sostuvo que “eso lo trajo este gobierno de la mano del zafaronismo”, y aseveró que “es obvio que nuestro programa implicará un recorte en todos los parásitos del Estado”.
“Vamos a terminar con esta gente que vive del Estado, y estafa a los argentinos con los negocios de la política, como la obra pública, como las transferencias a provincias, la que se llevan en el pasamanos de los subsidios o las empresas deficitarias del estado”, indicó Milei.
Consultado por los dichos de Aníbal Fernández, el diputado libertario remarcó que “hay que dinamitar los choreos de la política”, explicó: “La obra pública y la empresa pública, que le roban a los argentinos, son todos curros como las transferencias provinciales”.
Por otro lado, se refirió a los grupos sociales y cuestionó: “¿Te parece bien que los piqueteros corten la calle todos los dias? No es reprimir, es hacer cumplir la ley”. Así también, afirmó que “el reclamo piquetero es por plata y lo paga el que labura”.
En esa idea, agregó que los cortes de calle “perjudican a la generación de riqueza”, y enfatizó que “pueden reclamar, pero no violentando los derechos de otras personas”. “Lo que hacen están mal”, señaló.
Respecto a las elecciones presidenciales, expresó que tuvo una valoración del expresidente (Mauricio) Macri, y afirmó: “Eso implica dejar tercero al kirchnerismo”.
Del mismo modo, aclaró: “Gane quien gane, vamos a apoyar a cualquier medida promercado y no vamos a apoyar medidas colectivistas”. El precandidato a presidente adelantó que dará a conocer a su compañero de formula el 24 de junio: “Es mujer y es brillante, y en provincia el candidato es hombre”, aseguró.
En el final, fue consultado por la inflación y expresó que “estos niveles hicieron volar a Martín Guzmán (exministro de Economía)”. Por ultimo se refirió al programa Previaje 4 y cerró: “En vez de poner el dinero donde realmente sirva, lo pone para la joda”.
El diputado de Avanza Libertad criticó en duros términos al ministro de Seguridad por su pronóstico sobre si gana la oposición, y resaltó que “ya hoy las calles están regadas de sangre”.
Durísimo contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien pronosticó que si la oposición gana las próximas elecciones “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos”, el diputado liberal José Luis Espert disparó: “Es una lacra como persona, un psicópata”.
“Ya está anticipando un golpe de Estado. Es el mismo que dijo hace un tiempo que la inseguridad era una sensación, que Argentina tenía menos pobres que Alemania; es el mismo inútil que no le pudo dar seguridad al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, expresó en declaraciones a Radio Mitre.
El líder de Avanza Libertad consideró que “esto de decir que habrá muertos y sangre con un nuevo gobierno, cuando ya está ocurriendo hoy, es antidemocrático y golpista. Todo el arco político y toda la sociedad lo tienen que condenar de manera severa”.
“Todo de lo que se queja Fernández ya ocurre hoy”, insistió Espert al mencionar la pobreza, el narcotráfico y “los muertos en vida” porque “hoy la gente dura hasta mediados de mes”. En esa línea, señaló que “la inflación se ha casi triplicado. En el primer trimestre de 2020, antes que comenzara la cuarentena, la inflación acumulada no llegó al 8%, y este primer trimestre va a estar arriba del 20%. La gente no llega a fin de mes y se muere en vida”.
Además, se refirió a la inseguridad: “Yo me entristezco muchísimo de que ya hoy las calles estén regadas de sangre por un gobierno inútil para luchar contra la inseguridad y un gobierno que ha adscrito una teoría demencial que es la teoría de (Raúl) Zaffaroni para abolir la pena del delincuente y ha provocado la puerta giratoria para los delincuentes y la gente viviendo tras las rejas”.
Por otra parte, consultado por el récord del “dólar blue” a 400 pesos, el precandidato a gobernador bonaerense observó que “es el nuevo piso, va a seguir subiendo a medida que continuemos con la política demencial en materia cambiaria”. “Argentina ha perdido el rumbo en los últimos 20 años en los cuales ha gobernado esta asociación ilícita psicopática que es el kirchnerismo”, agregó.
Desde New York, Espert contó que se reunió con inversores de Manhattan y “académicos como Guillermo Calvo y su esposa Sara, que es brillante, Guillermo Mondino y Martín Uribe”. “Hay tanta decepción con Argentina que para que el nuevo gobierno tenga apoyo, van a querer ver mucho primero. Lo que tenemos que hacer es intentar que Argentina haga lo que hacen los países donde la gente vive bien”, manifestó.
El diputado de JxC aseguró que el kirchnerismo “después de su estruendoso fracaso, promete al país un legado de turbulencias”.
El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – CABA) le respondió este viernes al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por sus dichos sobre “sangre y miedo” en un potencial triunfo de JxC: “Es parte de la táctica de meter miedo diciéndole a la sociedad que los cambios serán impracticables porque explotará la calle”.
Además, explicó que el oficialismo tiene dos planes: “Su ejecución está en marcha y son meter medio, y prepararse bien avituallado para resistir al próximo Gobierno”.
En declaraciones a Radio del Plata Rosario, el diputado opositor señaló que “la amenaza es una de sus anibaladas”, y agregó: “El kirchnerismo está nombrado a su gente en los innúmeros pliegues del gigantesco Estado de modo de no sólo pertrecharse para resistir al próximo gobierno, sino para seguir manejando resortes de poder desde adentro”.
“Esta resistencia está pensada que la financiemos todos los argentinos porque esos ñoquis que están nombrado implican sueldos que no bajan de 500.000 pesos”, siguió Asseff. “El kirchnerismo después de su estruendoso fracaso promete al país un legado de turbulencias”, finalizó.
El diputado de JxC remarcó que el Gobierno “no para de emitir”, y sostuvo que en la provincia de Buenos Aires “se han pedido los estándares mínimos de seguridad”.
El diputado nacional Diego Santilli (Pro – Buenos Aires) le respondió al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por sus dichos sobre un potencial triunfo de JxC y que “habría sangre y muerte” en ese caso. “Es un irresponsable porque agrava el miedo en la sociedad”, aseveró el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Además, Santilli apuntó contra la gestión del Frente de Todos y expresó que “hay inflación y el Gobierno no para de emitir y también hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires”. Respecto al ministro de la Nación, remarcó que “estas palabras no ayudan al momento que vive el país”.
En declaraciones a Radio Mitre, el diputado macrista aseveró que “pareciera que, si les va mal, no quieren que al que los suceda le vaya bien”, con relación a un potencial triunfo de JxC en las elecciones. “Es de un nivel de irresponsabilidad pocas veces visto. En Aníbal Fernández no es pocas veces visto, pero es muy irresponsable”, señaló.
Por último, Santilli manifestó que su propuesta en la provincia es “ir por el sendero del trabajo formal, la salud, las escuelas en la que los chicos aprendan y recuperar la libertad”. “Se han pedido los estándares mínimos de seguridad”, concluyó.
El ministro de Seguridad dio la nota al advertir que las propuestas electorales opositoras necesitan “un enorme nivel de represión”. Las réplicas que recibió.
“Las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” si gana la oposición en las próximas elecciones, adelantó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al que previsiblemente le llovieron respuestas muy críticas.
En declaraciones a C5N, el funcionario dijo ver a “un grupo de gente que tiene cero formación, con vocación por el agravio y por lastimar, y lo que propone saldría únicamente por represión. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser gobierno”, alertó.
No tardaron en contestarle. El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “las amenazas de Aníbal Fernández son una nueva muestra de su accionar violento y brutalidad. Decir que las calles ‘van a estar regadas de sangre y de muertos’ si hay alternancia de poder, son propias de un autoritario, vulgar y violento”.
“Su constante verborragia y ramplonería son una amenaza a la convivencia pacífica en Argentina”, continuó Ferraro, para concluir que “Aníbal es parte de la Argentina que hay que dejar atrás. Un chupamedias del jefe de turno, que solo puede ofrecer palabrería y ocurrencias para la televisión, pero es uno de los responsables del aumento de la violencia, inseguridad y narcotráfico en los últimos 20 años en nuestro país”.
El presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri, sostuvo porp su parte: “Los mismos que dicen que de ‘sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay país’, ahora prometen calles regadas de sangre y muertos si gobierna la oposición”.
“El peronismo se refugia en la violencia cuando se siente perdido.
JxC va a garantizar el orden y la paz social”, advirtió.
“¿Hay que avisarle al Ministro de Seguridad que las calles están regadas de sangre y muertos? Aníbal Fernández siendo Aníbal Fernández: patoterismo, ignorancia y lavado de manos. Más kirchnerista no se consigue”, sintetizó Diego Santilli.
La diputada del Pro Laura Rodríguez Machado planteó que “Argentina sufre la peor crisis de inseguridad, pero Aníbal Fernández no se hace cargo. Hoy las calles están regadas de sangre y de muertos”.
A su vez, la diputada Carla Carrizo expresó su “absoluto repudio a los dichos de Aníbal Fernández, que debería estar más preocupado por la inseguridad, que no para de escalar en todo el país que en hacer apología del odio y campaña del miedo. Instrúyase Señor Ministro, en Argentina ser oposición es un derecho no un delito”.
“Solo con amenazas, alguien como Aníbal Fernández puede seguir siendo funcionario. Los muertos en la calle ya los vivimos y cuando voltearon gobiernos también. Desde JxC vamos a gobernar un pais sin violencia, donde los delincuentes estarán presos y los laburantes tranquilos”, lanzó Paula Oliveto Lago.
Desde la Legislatura porteña, su titular, Emmanuel Ferrario, señaló: “Da pena y enoja leer este tipo de comentarios del kirchnerismo. En vez de llevar paz a la gente, Aníbal Fernández transmite miedo. Los argentinos sufrimos la inseguridad y su falta de gestión todos los días”.
Y concluyó: “Están perdidos y sin rumbo. Hace falta una política de seguridad en…”.
El ministro de Seguridad asistió a la Comisión de Seguridad Interior para responder preguntas sobre todo por la situación en Rosario.
El diputado oficialista llamó a la reflexión a toda la dirigencia política en Argentina y pidió tener “una mirada compartida, objetivos comunes de ver cómo enfrentamos esto”. Por otro lado, solicitó “dejar de pasar factura y de partidizar el narcotráfico”.
El diputado nacional Roberto Mirabella (Frente de Todos – Santa Fe) intervino durante la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de este jueves donde se hizo presente el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. En su alocución, alertó que “el narcotráfico y la narco-criminalidad están poniendo en riesgo la democracia argentina” e invitó al arco político a la reflexión.
“Hoy lo que está haciendo el narcotráfico, la narco-criminalidad y todo lo que está pasando está poniendo en riesgo la democracia argentina”, advirtió y precisó: “La democracia moderna del mundo tiene tres cosas: no hay democracia sin capitalismo, no hay democracia sin Estado y no hay democracia sin partidos políticos”.
En ese sentido, sostuvo que “no hay democracia sin Estado y el narcotráfico está poniendo en cuestión porque ha ganado la calle, porque está haciendo actos de terror lo que hace que la comunidad tenga miedo de salir a la calle y está generando homicidios sin importar quién sea”.
“En tercer lugar, está poniendo en crisis el sistema político. No me interesa venir acá pasar factura de uno contra otro, los únicos que van a ganar son estas bandas mafiosas. Creo que todos nos tenemos que hacer cargo de los errores que cometimos desde el punto de vista político y habernos pasado factura”, planteó el oficialista.
A su vez, consideró: “Me parece demencial que estamos partidizando las responsabilidades políticas de esa situación. Rosario del 83 hasta acá no la gobernó solo el peronismo, pero sería demencial de mi parte hacer cargo a algún intendente que pasó por Rosario en estos años del avance del narcotráfico”.
“Si no tomamos en cuenta y dimensionamos lo que pasa, va a correr riesgo la democracia argentina. Si no tomamos dimensión que esto nos lleva puesto como sistema republicano y democrático, le vamos a estar pifiando y vamos a ser responsables, con lo que nos costó poder tener un sistema democrático que sufrimos cimbronazos”, alertó.
Y siguió: “Este cimbronazo es inédito. Este delito criminal que estamos sufriendo en Rosario es inédito. Ya se dijeron todas las estadísticas de homicidios, balaceras, actos de terrorismo, el 80% de homicidios son por guerra entre bandos”.
“Llamo a la reflexión a toda la dirigencia política en Argentina en que tengamos una mirada compartida y objetivos comunes de ver cómo enfrentamos esto”, solicitó.
“Es inédito que nos sigamos tirando factura por este tema y que sigamos reclamando por esto, con lo que aporta Santa Fe. Me interesa mirar hacia adelante y al futuro, que nos pongamos de acuerdo, pero tenemos que hacer algo porque no pueden seguir pasándose celulares en las cárceles y que haya extorsiones. No se sostiene más esto, dejemos de pasar los muertos y partidizar el narcotráfico”, cerró.
El titular de la cartera de Seguridad afirmó que “la orden que dimos fue replegarse, nunca ir al frente”, y cuando advirtieron que había una mujer embarazada y dos lactantes “insistimos en que no se las trajeran a Buenos Aires”.
La diputada nacional Romina Del Plá (FIT) le consultó este jueves, en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre lo ocurrido en octubre de 2022 en Villa Mascardi con la comunidad mapuche que derivó a la detención de una mujer embarazada. “Insistimos en que no se las trajeran a Buenos Aires”, aseguró el funcionario.
“El 4 de octubre de 2022 un operativo conjunto de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Especial de Río Negro, armado por su Ministerio, incluso antes de la orden judicial de desalojo de los predios donde residen miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, incursionaron con más de 250 efectivos sobre quienes allí se encontraban”, contextualizó su pregunta la diputada de izquierda y consultó: “¿Cuáles fueron las supuestas amenazas a la seguridad nacional que llevaron a realizar esta incursión?, ¿No era evidente que allí se encontraban mujeres embarazadas y con niños residiendo en tierras que el propio Estado reconoce como parte del reclamo ancestral de este pueblo originario?”.
Al respecto, el ministro le explicó: “Cuando se producen los últimos ataques, donde hubo tres o cuatro casas que fueron incendiadas, la fiscal nos ordena que nosotros cuidemos la última propiedad que se había incendiado, a lo cual nosotros la llamamos y le dijimos ‘mire doctora usted nos está poniendo en riesgo al personal por una casa incendiada’. Lo explicamos y tuvimos que acceder. Vialidad nacional nos facilitó una casilla para poner nuestro personal que esa misma noche fue agredido con un incendio y luego con 6 disparos de arma de fuego”.
Y siguió: “La orden que dimos fue replegarse, nunca ir al frente en ese caso. Hicimos las notificaciones pertinentes y la jueza Silvina Domínguez decidió el desalojo. Lo tratamos de impedir la situación y yo no puedo decir que no a una orden judicial”.
“Tratamos de no raspar a nadie con un cuidado casi de orfebre para mover pieza por pieza para no lastimar a nadie. Sacamos a quienes teníamos que sacar y cuando sacamos a las mujeres de las cuales había una señora parturienta y dos lactantes insistimos en que no se las trajeran a Buenos Aires”, aseguró Fernández y cerró: “Insistimos tanto que volvieron a su lugar, no fue parte de una decisión nuestra”.
Eso le respondió Aníbal Fernández a la diputada de izquierda Romina Del Plá y explicó que los grupos especiales que utilizarán las Taser serán el G1 y el G.E.O.F.
Tras darse a conocer que el Gobierno Nacional autorizó la compra de pistolas Taser, ese tema se coló entre las preguntas que los diputados le hicieron en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de este jueves al titular de la cartera, Aníbal Fernández.
Fue la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, quien manifestó: “Según organizaciones internacionales de Derechos Humanos las pistolas Taser rara vez se usan como alternativa a las armas de fuego, y sí a menudo en circunstancias en las que no hay riesgo de muerte ni de lesiones. Cuando sólo deberían ser utilizadas como último recurso, se utilizan como opción de fuerza habitual contra personas que no representan una amenaza para sí mismas ni para terceros (menores indisciplinados, personas con trastornos mentales o intoxicados y presuntos delincuentes desarmados que no cumplen inmediatamente una orden”.
Ante ese contexto, puntualizó: “¿Qué hizo cambiar la consideración acerca de su utilización por parte del Ministerio con respecto a opiniones emitidas previamente?, ¿Qué trabajos de investigación realizó su Ministerio de Seguridad antes de ordenar la compra de pistolas taser?”.
A la hora de responder, Fernández explicó: “Lo de las Taser es un caso que se presentó ante la justicia y la justicia falló. La autorización va a otorgarse seguramente y hemos tomado la decisión de comprar 100 Taser para que los grupos especiales, y así va a decir el protocolo específicamente, entrenen”.
En ese sentido, precisó: “Los grupos especiales son dos, el G1 y el GEOF – El Grupo Especial de Operaciones Federales. El primero está específicamente dedicado a situaciones muy particulares cuando hay desbordes por problemas mentales o cosas por el estilo”.
“El otro hace entrenamientos, se dedica a los allanamientos. Siempre es preferible, por eso aspiramos a que sea analizada y nadie dice que se vayan a usar, sino que estamos hablando de un análisis de laboratorio, estudiarla, saber qué es exactamente. Si llegara el momento de tener que actuarla porque están dadas las condiciones es preferible que un disparo de un arma de fuego sea una de esta característica, porque cuando irrumpe el GEOF para allanar puede encontrarse con eso nos pasó el jueves pasado. Como irrumpen varios no lo mataron, sino que lo redujeron al agresor”, explayó y cerró el tema.
Para el jefe del bloque radical, esa alternativa permitirá “concentrar y sacar mayor provecho de las acciones de las fuerzas de seguridad”.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, presentó un proyecto por el cual exige al ministro de Seguridad que, en su condición de responsable del Consejo de Seguridad Interior, constituya y convoque al Comité de Crisis contemplado en el artículo 13 de la Ley de Seguridad Interior (Ley 24.059), a los fines de coordinar la intervención y actuación de las fuerzas de seguridad federales y provinciales que conforman el sistema de seguridad interior con motivo de la situación que se verifica en el Gran Rosario.
“Resulta inexplicable que ante una situación que no ha hecho más que escalar y adquirir cada día mayor gravedad y trascendencia, no se haya activado la norma específica para este tipo de situaciones ni constituido el órgano específicamente previsto para la coordinación operacional de las fuerzas de seguridad en situaciones como las que padece el Gran Rosario”, señaló Negri.
El diputado cordobés sostuvo que “la puesta en marcha del Comité de Crisis permitirá concentrar y sacar mayor provecho a las acciones de las fuerzas de seguridad y además permitirá que crezca la angustia de la sociedad por lo que se percibe como una pérdida del control de la calle por parte del Estado ante el avance narco”.
“El narcotráfico es un delito de competencia federal y sin embargo el Gobierno nacional no se involucró en plenitud en el control de la situación descripta y retaceó la ayuda solicitada por las autoridades provinciales hasta que la situación escaló a niveles alarmantes”, agregó el diputado.
En este sentido, el proyecto de Negri sostiene que “más allá del desplazamiento de fuerzas de seguridad federales hacia el lugar, corresponde que esta crítica situación sea tratada en el Consejo de Seguridad Interior previsto en la ley 24.059 y, en ese ámbito, constituir el Comité de Crisis que contempla esa misma norma”.
La misión de dicho Comité de Crisis es “ejercer la conducción política y la supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y provinciales que se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior en cualquier lugar del territorio nacional y estará compuesto por el ministro del Interior y el gobernador en calidad de copresidentes, y los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Si los hechos abarcaren más de una provincia, se integrarán al Comité de Crisis los gobernadores de las provincias en que los mismos tuvieren lugar, con la coordinación del ministro del Interior”.
Aníbal Fernández aseguró que insistirá a la Cámara de Senadores “que resuelva ese tema” porque “esa tarea se va a hacer más ágil”. Por otro lado, afirmó que “es una situación de emergencia”, pero planteó que también “es una responsabilidad de los gobernantes”.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, remarcó ante la reunión de la Comisión homónima de Diputados que “es imperioso que Santa Fe goce de los fiscales y los jueces que están necesitando”, y aseguró que insistirá a la Cámara de Senadores que “resuelva ese tema” de las 10 vacantes que hay en la Justicia Federal de Santa Fe.
Ante la consulta del santafecino Enrique Estévez sobre la infraestructura judicial y las discusiones por la falta de juzgados y de los fiscales y la designación de los mismos, Fernández aseguró que “es imperioso que Santa Fe goce de los fiscales y los jueces que están necesitando porque un juez que falta es la tarea de otro juez que se tiene que dividir en dos y se multiplica por dos el tiempo que le va a llevar adelante para poder llevar una estrategia entonces es imposible. Hay que poner todos los jueces con todos los fiscales entonces esa tarea se va a hacer ágil realmente a partir de ese punto”.
Cabe mencionar que hay 10 vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe, de las cuales, solo tres están en el Consejo de la Magistratura. Las otras siete están en el Poder Ejecutivo o en el Senado. Dos de ellas, se encuentran sobre el escritorio de Alberto Fernández y las cinco restantes, listas para ser votadas en el Senado, que no sesiona desde noviembre del año pasado y tampoco convoca a constituir la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, que aceleraría los procesos judiciales en un 50%.
“Todos los temas que tienen que ver con los juzgados de Santa Fe que no están cubiertos, fiscalías que no están cubiertas es imperioso resolverlo, no tengo muchas herramientas más que insistir a cada una de las cámaras y especialmente al Senado que resuelva ese tema. Un juzgado que no tenga a su juez hace que otros juzgados reparta a sus jueces en dos, esas cosas no son buenas porque no nos dan soluciones de ninguna característica”, insistió.
A su vez, destacó: “El trabajo de la inteligencia criminal que es muy profundo y es casi los dos tercios del personal en superficial. Si no fuera de esa manera no hubiéramos detenido en 2022 a 2.077 personas, eso no sucedió jamás en un año”.
Por otro lado, aseguró que “Rosario no tiene solo un problema de narcotráfico, tiene extorsión, tiene un montón de delitos que tenemos que abordarlos todos juntos y que eso se hace solamente poniéndole garra”.
“No nos estamos quedando quietos, estamos aportando todos los ganchos que podamos tener en información porque es fundamental”, sostuvo y afirmó que la situación dentro de las cárceles “es una realidad. En la semana allanamos Ezeiza, Marcos Paz y Rawson, seguimos metiéndonos en eso con medidas nuevas. Esas cosas se van a cortar, pero aún falta”.
Por último, remarcó: “Estamos tratando de entendernos entre el gobernador y el intendente para llevar a la práctica todo con mucha responsabilidad y seriedad porque es una situación de emergencia, pero también es una responsabilidad de los gobernantes”.
Lo hizo luego de que López Murphy le pidiera la renuncia. El ministro reconoció el valor de la presencia de la UIF en la lucha contra el narcotráfico.
El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, no anduvo con vueltas este jueves y le pidió la renuncia al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien lejos de molestarse, le dio la razón en varias cosas.
En su intervención, coincidió con expresiones del funcionario respecto de la necesidad de interrumpir el circuito del dinero. “Ese es el cuello de botella de la criminalidad, en ese sentido haberle quitado facultades querellantes a la UFI y la Oficina Anticorrupción es el más grave error que se puede cometer”, señaló López Murphy, que dijo recordar perfectamente “cuando el presidente de la UIF decía que había que dejar de combatir la corrupción para combatir la evasión. Si hay un error crucial que se ha cometido es esa concepción que ha demolido los valores morales de los que se empeñan en esta tarea”.
Más adelante la diputada oficialista Mónica Litza le contestó que desde 2008 la UIF tiene la capacidad de ser querellante, a lo que López Murphy replicó recordándole que en su momento “desistieron de la querella en el juicio a la vicepresidenta”.
En su exposición, López Murphy se refirió a “la visión permisiva del Servicio Penitenciario”, cosa en la que diferenció a su titular, la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, del ministro de Seguridad. “Son los que lo acusan a usted de punitivista”, recordó, y atribuyó al Servicio Penitenciario haber convertido a las cárceles en “una estación telefónica”. “En realidad esa doctrina que durante muchos años ha penetrado la mente, la ideología y la visión de que el problema somos las víctimas y no los victimarios, es lo que nos ha llevado a esta situación. Estos vientos causaron estas tempestades”, expresó.
En lo que definió como “la parte áspera de este intercambio”, el diputado de JxC le advirtió al funcionario que “hemos sido votados para que haya un Congreso fuerte, no indulgente o permisivo. Hemos sido votados para traer los temas que nuestra ciudadanía nos demanda. En este sentido, quiero decirle que nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército Argentino desarmado en un lugar tan peligroso”.
Al respecto, sostuvo que las Fuerzas Armadas solo tienen que intervenir cuando las fuerzas de seguridad han sido desbordadas. “Me parece un tremendo error hacer la convocatoria sin planes; en mi opinión, va contra las leyes, carece de planeamiento y los tomó por sorpresa”, afirmó.
Finalmente confesó que “cuando usted expresó que ‘nos han derrotado’, yo me sentí muy perturbado. Hoy lo noté un poco mejor, pero debo reconocer que volvió con eso de que tenemos una fuerza desigual… Si con toda la fuerza del Estado nosotros no podemos, no hay forma. Por eso en aquella ocasión, luego de horas de reflexión, le pedí la renuncia, y se lo vuelvo a reiterar. Si no se siente en fuerza, si tiene un clima derrotista, si cree que no está en condiciones de hacerlo, lo mejor es que deje el cargo”.
Más tarde, a la hora de las respuestas, el funcionario respondió a esa sensación que generó agobio en el diputado López Murphy. “Me pregunta si tengo miedo… Antes de jugar con la palabra, estamos trabajando en este momento con la construcción de un grupo especializado construido con el FBI y las fuerzas de cada provincia. Estamos buscando todos los ganchos que nos aporten información”, aseguró.
Y mostró coincidencias con el diputado al señalar que “lo de las cárceles es una realidad. Allanamos los últimos días las cárceles de Coronda y Piñero por esos problemas”. Citó un caso puntual, cuyo responsable intelectual es alguien que está detenido en el penal de Rawson. “Seguimos metiéndonos en todo esto con un montón de medidas nuevas que la es vamos a contar”, planteó, para admitir luego implícitamente la crítica a haber desarmado el área de Inteligencia Criminal. “Hoy queda una parte, pero es insuficiente, le doy la razón, falta…”.
Y siguió: “Es necesaria la UIF trabajando en esto; sí, es muy importante, y además, que tengan, como dice López Murphy, la posibilidad de querellar, pero se está haciendo, para poder seguir a los que tengan dólares, porque específicamente la droga que se importa para Rosario se paga en dólares en billetes. Ahí es donde tenemos que pegar”.
El ministro de Seguridad argumentó que “cuando se impacta sobre los fondos es más fácil porque una vez que le sacas la plata el producto se termina”. Por otro lado, aclaró: “Yo no me rindo, yo peleo”.
Tras la primera tanda de preguntas en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja de este jueves, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pidió a los diputados que sancionen la ley de lavado de activos porque “cuando se impacta sobre los fondos es más fácil porque una vez que le sacas la plata el producto se termina”.
El primero en abrir la ronda de interrogantes fue el santafecino Juan Martín quien consultó tajante: “¿Es prioridad la seguridad para el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner la seguridad de Santa Fe?”. Al respecto, el funcionario respondió: “La prioridad que tenemos es la de cualquiera de las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 2.780.400 kilómetros cuadrados a los que estamos dedicados”.
Sobre la distribución de partidas, explicó: “Las prioridades en pesos que mostramos son las que salen del Sistema Nacional de Estadística Criminal que la aportan las provincias, no la invento yo ese dato, lo hacen llegar las provincias. No hay nada que haga que nosotros fragüemos la data respecto de lo que puede estar sucediendo en Rosario porque esto es muy simple, lo que está, es lo que está, no vamos a inventar absolutamente nada”.
“Cuando hablamos de lo que representa el impacto en Rosario es pesado y sobre eso tenemos que trabajar, a mí no me asusta. Hay que trabajarlo, hay que meterse, hay que llegar al hueso y trabajar fuertemente. No me preocupa esto de que el dato sea erróneo porque viene de las bases y no las podemos inventar nosotros”, sumó.
Por otro lado, remarcó: “Nosotros asumimos el 20 de septiembre de 2021 y nos tiene acá todos los días inventando y fabricando algo nuevo que nos acerque a esa situación con resultados muy positivos. En Rosario el año 2022 tuvo 2001 procedimientos con 2077 detenidos, eso es imposible de comparar porque trabajamos fuertemente a la par del ministerio público que nos dio elementos para hacerlo”.
“Cuando planteo que esto viene sucediendo hace muchos años y nadie lo miraba, el 11 de diciembre de 2013 balearon la casa del gobernador Antonio Bonfatti, ¿ese día empezaron los problemas? no, hace mucho. Esa situación nos muestra que el dolor de cabeza venia hace mucho”, planteó Fernández.
Y agregó: “Uno puede penetrar en tanto y cuento la provincia lo requiera. No hay una capacidad supranacional del Estado Nacional de meterse en las provincias y tomar decisiones por los que tienen que hacer su papel de policías”.
Ante la consulta del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo: “¿Necesita alguna ley de esta Cámara para modificar y utilizar más elementos en la batalla que hay que dar contra el narcotráfico?”, el titular de la cartera de Seguridad asentó afirmativamente.
“Todos los que quieran participar de esto es bienvenido si el objetivo que tenemos que hacer es ese. Esta la ley de lavado podría darnos una mano y sacar la ley de lavado de activos”, contestó y le pidió al titular del bloque oficialista, Germán Martínez: “¿Ey presidente me podría dar una mano con ese tema de la ley de lavado?”, y explicó: “Eso es una forma de colaborar porque la realidad es que cuando se impacta sobre los fondos es más fácil que sobre el producto, una vez que le sacas la plata el producto se termina”.
Cabe mencionar que dicho proyecto fue tratado el 30 de noviembre de 2022 en un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas en donde oficialismo y oposición avanzaron en consensos y plantearon modificaciones.
Respecto a su polémica frase: “Los narcos ganaron”, Fernández se defendió y retrucó: “Yo no me rindo, salgo a pelear todos los días y no hemos perdido un solo segundo para poder corregir lo que venimos encontrando y para eso hay que meterse en los barrios”.
“El plan rosario es un profundo trabajo superficial, por un lado, pero los 2/3 son por abajo porque la inteligencia criminal que no podemos detenerla un solo segundo es fundamental para resolver el problema”, explicó.
Y cerró reiterando su pedido: “La ley de lavado nos ayudará a meternos más adentro. En todo Rosario hay 4.093 efectivos de las cuatro fuerzas. En todo Santa Fe hay 5.834 efectivos, hay todo un trabajo de planificación”.
En una larga exposición inicial, en la cual repasó todos los temas que aborda su cartera, el ministro de Seguridad dijo que Argentina tiene una “tasa europea” de homicidios, aunque “Rosario es ejemplo de una incidencia negativa”.
En medio de la expectativa por la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández realizó este jueves ante la comisión homónima una larga exposición inicial que, cuando transcurría una hora, se frenó ante la inquietud de los diputados de Juntos por el Cambio que reclamaron pasar rápidamente a las preguntas puntuales.
Si bien el funcionario comenzó haciendo alusión a la situación de Rosario, envuelta en un crecimiento de la violencia narco, luego se explayó sobre numerosos programas y acciones que desarrolla su cartera, con amplia información sobre datos y números.
En el arranque, Fernández contó que cuando asumió en septiembre de 2021 se reunió inmediatamente con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Nos pusimos a trabajar para poder hacer específicamente una presencia inmediata en la provincia, puntualmente en la localidad de Rosario. Desarrollamos una estrategia, presentamos 575 efectivos avezados, no había jóvenes. No llevamos gente recién recibida, sino con experiencia”, señaló.
El ministro valoró que “el esfuerzo fue muy grande y muy contundente” y dio como resultado que “en el transcurso del año 2022 hicimos 2.011 procedimientos con 2.077 detenidos, tarea que no es para nada fácil”.
Además, resaltó que quería “quitar el mito” de que la provincia de Santa Fe estaba entre las últimas en materia de inversión en seguridad por parte de Nación. De esta manera, detalló que de los 17.631 millones de inversión que hubo en 2022, “8.875 fueron a la provincia de Santa Fe, y la inmensa mayoría de esos millones fueron destinados a Rosario”.
Sobre la tasa de homicidios en Argentina, el titular de la cartera de Seguridad precisó que “en el año 2021 ha sido de 4,6 y en el 2022, con mucha presión sobre todos los sistemas, lo hemos bajado a 4,3”. “Hay incidencias de todas características. La incidencia negativa, en este caso, Rosario puede ser un ejemplo”, expresó, sin embargo, calificó de “tasa europea” la cifra registrada, en comparación con países como México (28,4), Brasil (21) o Uruguay (11,3).
Sobre el narcotráfico, Fernández apuntó que hubo 22.196 procedimientos en 2022, y 20.907 detenidos, más de 36,4% de aumento respecto de 2021. También dio detalles sobre incautaciones de cocaína, marihuana y paco, sobre el que dijo: “Esto es basura. Nos conmueve a trabajarlo fuertemente para definitivamente sacarlo de la cancha, conteniendo a todos los pibes que son atraídos por una cosa de estas características”.
“No hay en Argentina prácticamente fábricas de drogas de diseño”, afirmó a continuación y aportó datos sobre incautaciones de éxtasis, LCD, anfetaminas y metanfetaminas.
En su exposición, el ministro destacó que “la política de precursores químicos para nosotros desde un primer momento fue muy importante. Después de 20 años, Argentina salió de la lista de países productores de precursores químicos”.
“En contrabando hicimos 17.083 procedimientos, normalmente trabajando con Aduana o con AFIP, porque nos permite por sus propias investigaciones, concluir en un punto común, donde ellos conocen lo que está sucediendo” y hubo “15.254 personas detenidas”, informó.
Un buen tiempo dedicó a hablar del plan federal de ciberdelitos y ponderó el rol de Argentina en esta temática, además de que en 21 provincias se han capacitado a procuradores, fiscales y jefes de policía, entendiendo que “vamos a una situación donde va ser constante la lucha de defenderse de ciberataques”.
Sobre el delito de trata de personas, sostuvo que se lleva 35% más de víctimas rescatadas, alrededor de 18.000 personas. “Argentina es referencia en el mundo en este tema”, manifestó.
“Es imposible que uno se pueda proyectar en el análisis específico de delito complejo, o de narcotráfico, o de tráfico de armas, o de trata de personas, o ciberdelito, o delito ambiental, o delito de género, o lavado de dinero, que ese es que los cruza a todos, si no hay un trabajo en serio pensado con especialistas para trabajar. Para eso ya hemos capacitado a 6.000 funcionarios decididos a trabajar en la investigación de delitos complejos, con resultados altamente positivos”, reveló.
Por otra parte, el funcionario anunció que “es inminente” la puesta en marcha del llamado “comando unificado conurbano” con cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda.
Respecto de la intervención de fuerzas federales en barrios vulnerables, como La Loma, Carlos Gardel, La Cava, Alto Verde, Barrio 1.11.14 y Fátima, sobre estos dos últimos, ubicados en CABA, relató: “Cuando yo asumí me llamó el ministro (Marcelo) D’Alessandro diciéndome que él había acordado con mi antecesora que, terminado el 2021, los gendarmes se iban a quedar un año más. Hace cosa de dos meses me volvió a llamar para ver cuál era la decisión que íbamos a adoptar, y le dijimos que lo íbamos a sostener de la misma manera, a mantenerlo en 2023, porque los vecinos son los que reclaman la presencia de Gendarmería”.
Además de referirse a la acción en pasos fronterizos, la acción de animales de apoyo profesional, el sistema de búsqueda de personas, entre otros temas, Fernández detalló el Programa de Recompensas y contó que fortalecieron lo que habían hecho en otros momentos, sobre todo con casos de lesa humanidad y de delincuencia de mucha peligrosidad, “con resultados muy positivos”. En ese sentido, precisó que “desde septiembre del 2021 a la fecha se capturaron 20 prófugos con ofrecimiento de recompensa”. De esos 20, apuntó, uno se enfrentó en su momento con la Policía Bonaerense y fue abatido.
Valoró también la línea 134, que recibe denuncias y actúa las 24 horas, y que registró 126.886 demandas atendidas y 2.199 derivadas al Poder Judicial. “Muchos de esos ya están detenidos”, afirmó.
También destacó la importancia del 911, una herramienta que consideró fundamental. “Cuando llegamos estaba en 14 jurisdicciones; nosotros compramos el 911 federal y está en plena instalación para llegar a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró.
Llevaba casi 40 minutos la exposición del funcionario cuando la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade interrumpió para recordar que “hace un año que estamos esperando al ministro, pero sería muy bueno que responda las inquietudes de los diputados”.
El presidente de la comisión, el oficialista Ramiro Gutiérrez, le aclaró que las filminas que estaba brindando obedecían a la mayoría de las preguntas realizadas por los propios diputados y que después irían a las preguntas.
Aníbal Fernández continuó hablando unos minutos más, pero finalmente abrió la posibilidad de escuchar un informe sobre la ciudad de Rosario, barrio por barrio, pero los legisladores de la oposición reclamaron ir directamente a las preguntas y Frade sugirió que les mandaran el detalle por PDF, a lo que la oficialista Mónica Litza replicó que el tema era muy importante como para que todos pudieran escuchar los datos de manera verbal.
Al cabo, el diputado del Pro Javier Chumpitaz planteó que él vive en Rosario y no necesita que le cuenten lo que ve de manera diaria. Fernández replicó que esos datos no eran públicos, así que no podía estar informado de eso, pero finalmente se avino a escuchar las preguntas.
El ministro del área se presenta en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. La situación de violencia que atraviesa Rosario será el eje de la reunión. La oposición lo espera con duras preguntas.
Horas después de haber puesto en marcha un operativo de fuerzas federales para la lucha contra la violencia narco en Rosario, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se presenta por primera vez ante los diputados.
El funcionario expone desde las 13.21 en una reunión de la Comisión de Seguridad Interior, presidida por el massista Ramiro Gutiérrez (FdT). El encuentro se lleva a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
La presencia de Fernández era reclamada desde hace tiempo por la oposición, que lo espera este jueves con duras preguntas. Desde que asumió su cargo, el ministro solo concurrió una vez al Senado, en agosto de 2022.
En la última sesión del 28 de febrero pasado, dos días antes de que la situación de Rosario se instale definitivamente en la agenda mediática a partir de la amenaza contra un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, se anunció que el funcionario estaría en la comisión el 9 de marzo.
En el recinto, el santafesino Juan Martín (UCR) presentó un pedido de apartamiento para interpelar al ministro por la situación de inseguridad en su provincia, pero dijo que estaba dispuesto a levantarlo si tenían garantías y fecha confirmada de que fuera a ir.
Así, Gutiérrez le respondió que ya le habían mandado -por tercera vez- un pedido para que asista a la comisión. Al final de la sesión, desde el Frente de Todos confirmaron la presencia del titular de la cartera de Seguridad, por lo que el radical procedió a retirar el pedido.
El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior criticó al Gobierno nacional por disolver la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico y sostuvo que junto al gobernador de Santa Fe “no han sabido abordar el problema en tres años”.
En la previa del inicio de la Comisión de Seguridad Interior que tendrá como invitado al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) opinó del funcionario y dijo que “no puede apañar a los delincuentes porque deja florecer la violencia y la delincuencia”.
Además, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior criticó que el ministro haya estado en Formosa durante la pueblada de vecinos en Rosario: “Es la consecuencia de un Estado fallido que no puede dar respuestas a la sed de justicia de los vecinos que ven morir niños de 11 años en el barrio”.
En declaraciones a parlamentario.com, el santafesino amplió: “Las únicas víctimas son los vecinos de Santa Fe que están desamparados”, y aseveró:
“No pueden, el gobierno provincial o nacionales echarse la culpa. Eso es muy irresponsable”.
Así también, criticó a las gestiones del presidente Alberto Fernández y el gobernador santafesino Omar Perotti: “No han sabido abordar el problema de la inseguridad, no han querido o no han podido”, y recordó: “Se llegó con la promesa de paz y orden y batimos récord de homicidios”.
En esa línea, agregó: “El Gobierno nacional se corrió del problema, recordemos que apenas asumió se disolvió y se dejó sin efecto la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico a nivel nacional”.
“Tres años dicen que perdieron la lucha contra el narcotráfico, parece la crónica de un final anunciado, parece a propósito”, señaló Martín. Del mismo modo, enfatizó: “Necesitamos otra definición política que no sea justificar a los delincuentes”.
Respecto al ministro de Seguridad de la Nación, remarcó: “Aníbal justifica a los delincuentes diciendo que uno es tranza y el otro es delincuente”, y advirtió: “El que vende droga, mucho o poco, es un delincuente. Si apañamos eso dejamos aflorar la violencia, la delincuencia y las muertes”.
Consultado por la situación de Rosario, explicó: “Creemos que en Rosario y en la provincia de Santa Fe debemos ayudar a pacificar una situación de que se salió de control que se ve en los medios de comunicación y tiene que haber de fondo una definición política profunda, de tomar el tema, que sea prioridad en la agenda pública, de destinar herramientas y recursos para resolver el problema en Santa Fe y no perder de vista el mediano y largo plazo de las reformas que requiere el sistema”.
Por último, concluyó: “Hicimos un avance en el sistema acusatorio para que haga un aporte”, y cerró: “En el corto plazo hacen falta herramientas para las fuerzas federales de parte del Gobierno nacional y provincial”.
El ministro de Seguridad concurrirá desde las 13 a la comisión homónima de la Cámara baja. La situación de Rosario se llevará la centralidad de la reunión.
Horas después de haber puesto en marcha un operativo de fuerzas federales para la lucha contra la violencia narco en Rosario, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se presentará por primera vez ante diputados.
El funcionario asistirá desde las 13 a una reunión que realizará la comisión homónima, presidida por el massista Ramiro Gutiérrez (FdT). El encuentro se llevará a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
La presencia de Fernández era reclamada desde hace tiempo por la oposición. Desde que asumió su cargo, el ministro solo concurrió una vez al Senado, en agosto de 2022.
En la última sesión del 28 de febrero pasado, dos días antes de que la situación de Rosario se instale definitivamente en la agenda mediática a partir de la amenaza contra un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, se anunció que el funcionario estaría en la comisión el 9 de marzo.
En el recinto, el santafesino Juan Martín (UCR) presentó un pedido de apartamiento para interpelar al ministro por la situación de inseguridad en su provincia, pero dijo que estaba dispuesto a levantarlo si tenían garantías y fecha confirmada de que fuera a ir.
Así, Gutiérrez le respondió que ya le habían mandado -por tercera vez- un pedido para que asista a la comisión. Al final de la sesión, desde el Frente de Todos confirmaron la presencia del titular de la cartera de Seguridad, por lo que el radical procedió a retirar el pedido.
Eso expresó el diputado radical de cara a la visita que hará el ministro de Seguridad de la Nación ante la Comisión de Seguridad Interior en la reunión de este jueves.
De cara a la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de Diputados de este jueves donde deberá dar explicaciones por las políticas que lleva adelante su cartera, principalmente ante la escalada de violencia que vive Rosario, en la provincia de Santa Fe, el legislador radical Juan Martín (Santa Fe) anticipó que exigirán “que de una vez por todas la seguridad sea prioridad”.
Aníbal Fernández había sido convocado ya dos veces a dar explicaciones, incluso por el oficialismo, y no asistió. Esta tercera citación surgió en la última sesión del 28 de febrero. El impulsor de la citación, con el acompañamiento de sus pares y aceptada por el bloque oficialista, fue el diputado radical.
El legislador de JxC anticipó que se abordarán diferentes temas con el ministro, además de la situación de Rosario, pero indudablemente la aguda crisis que atraviesa la provincia de Santa Fe será central en el temario a tratar.
“A la falta de resultados del gobierno provincial para enfrentar la seguridad en Santa Fe, se suma la alarmante disparidad en la distribución de recursos, que expone con claridad que Nación le soltó la mano a la provincia y la dejó a merced del delito, el narcotráfico y las economías delictivas” denunció Martín.
Y agregó: “No hay más tiempo. Queremos saber qué recursos se asignan a la provincia y que el ministro explique en detalle lo que el presidente anuncio esta semana sin claridad”.
“Cambian los ministros, pero la falta de compromiso y resultados parece ser marca registrada de este Gobierno. En Santa Fe no hay más margen para seguir improvisando. Basta de promesas, exigimos acciones concretas”, finalizó.
El diputado del FdT destacó la gestión de la exministra de Seguridad Bullrich y aseveró que “hace cinco dias que está en Rosario y no ve a las fuerzas federales”.
Tras la pueblada en Rosario por el asesinato de un menor de 11 años en manos de un presunto grupo narco, el diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) habló este martes y opinó que, al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, “le importa poco lo que sucede en Rosario”.
Además, destacó la tarea de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en 2017, al recordar que “cuando se llevó una persecución, se obtuvieron resultados”. “No hay un plan de persecución criminal, hace cinco días que estoy en Rosario y no veo a las fuerzas federales”, indicó.
En declaraciones a AM 830, el diputado frentetodista aclaró: “Voy a tratar de no generalizar porque hay ministros preocupados y ocupados en el tema como el nuevo jefe de Gabinete Agustín Rossi, pero no puedo decir lo mismo del ministro de Seguridad”.
“La verdad es que lo que deberíamos tener es una decisión y vocación política de estar acá y que el Ministerio de Seguridad tenga una sede en Rosario porque es inconcebible que todo esto esté pasando”, indicó, y siguió: “Gobernador, intendente y legisladores continuamos reclamando”.
En esa línea, aseveró: “Es inédito lo que pasa porque el 20 por ciento de la droga de Argentina está en Rosario, más los homicidios y los actos de terror que generan las bandas narco en Rosario”, y enfatizó: “No sé qué más espera Aníbal Fernández para darse cuenta lo que vivimos en la provincia”.
Consultado por el plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal de este miércoles para tratar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia en Rosario, relató: “Todos los diputados de Santa Fe tenemos consenso, en noviembre hicimos una reunión con especialistas y miembros del Poder Judicial provincial”.
A su vez, añadió: “Hicimos las modificaciones que sugirió la Procuración General de la Nación y tenemos la vocación de que esto se apruebe”, y manifestó: “Queremos poner en marcha el nuevo Código Penal Procesal en Santa Fe y así, todo será más rápido, más público y los roles claros”.
Volviendo a la situación de la ciudad de Rosario, Mirabella explicó: “Podes mandar 1.000 personas, pero si no hay planificación no funciona”. “Deberíamos tener cercada esa zona y un control del lugar para realizar allanamientos”, aseveró.
Asimismo, advirtió que “el vecino no puede salir a derrumbar búnkeres”, pero mencionó que “no hay decisión del Gobierno en liderar esa persecución”. “Debemos controlar el uso de celular de los presos que están detenidos por narcotráfico. Necesitamos el ministerio de Seguridad en Rosario”, remarcó.
Tras la amenaza narco en Rosario hacia Lionel Messi y ante los reiterados pedidos por parte de la oposición, finalmente se oficializó la citación del ministro de Seguridad el próximo jueves 9 a las 13.
La amenaza narco a Lionel Messi en Rosario, tras el ataque a un local de la familia de su esposa, fue la gota que rebalsó el vaso en materia de inseguridad, lo que derivó a que finalmente este jueves se oficializara la citación del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a la comisión homónima que preside el oficialista Ramiro Gutiérrez.
Según reza la convocatoria “por expresa indicación del presidente de la Comisión de Seguridad Interior diputado Ramiro Gutiérrez, se cita a la reunión a celebrarse el día jueves 9 de marzo a las 13 en la Sala 1 del 2° piso del edificio Anexo A”, y agrega: “Se solicita que remitan a través de sus correos las preguntas dirigidas al señor ministro. Las mismas se recepcionarán hasta el día 7 de marzo a las 11”.
Cabe destacar que, en el inicio de la sesión del martes, el diputado santafecino y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Juan Martín (UCR), presentó un pedido de apartamiento para interpelar al ministro por la situación de inseguridad en su provincia, pero dijo que estaba dispuesto a levantarlo si tenían garantías y fecha confirmada de que fuera a ir.
Así, Gutiérrez le respondió que ya le habían mandado un pedido para que fuera, y que desde el ministerio no contestaban. Al final de la sesión, desde el oficialismo confirmaron la presencia del titular de la cartera de Seguridad, por lo que el radical procedió a retirar el pedido.
La última visita que hizo Fernández al Congreso fue el 2 de agosto de 2022 cuando expuso ante el Senado por casi cinco horas un informe sobre su gestión.
Tras el ataque mafioso a una pyme de la familia de la esposa del astro argentino, el ministro de Seguridad de la Nación dijo que “los narcos ganaron la guerra”.
Durante la noche del miércoles, un supermercado recibió 14 disparos de dos sujetos en moto. Dicho local, pertenece a la familia de Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi quien fue amenazado en una misma pancarta que el intendente de Rosario, Pablo Javkin
El presidente de la Coalición Cívica – ARI y diputado nacional, Maximiliano Ferraro se solidarizó con Javkin tras el ataque mafioso que acusó al jefe comunal rosarino de ser parte de una banda narco.
Tras esto, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, declaró que “los narcos han ganado la guerra”, lo que despertó un sinfín de críticas desde la oposición.
El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo cuestionó a Aníbal por sus dichos: “¿Alguien se imaginó alguna vez a Patricia Bullrich o a mí diciendo que los narcos ganaron?”, en alusión a que ambos fueron ministros de Seguridad (nacional y provincial respectivamente) en la gestión macrista.
La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro – CABA) salió al cruce del ministro y expresó: “El kirchnerismo es responsable del derramamiento de sangre en Rosario”.
En esa línea el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, se solidarizó con el intendente de Rosario, el futbolista argentino y su esposa. “Me solidarizo con todos los rosarinos que padecen la violencia terrorista del narcotráfico”, indicó.
También se solidarizó el jefe de bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, quien ironizó contra Alberto Fernández por su discurso cuando dijo que “el avance del narcotráfico era culpa de los diputados y de la Corte”.
Fiel a su estilo, el diputado Fernando Iglesias (Pro – CABA) atribuyó el ataque a la cúpula del gabinete nacional, precisamente al ministro de Seguridad por la foto que Messi se tomó con el expresidente Mauricio Macri en la gala de los premios de “The Best”.
La exdiputada nacional Lucila Lehmann cruzó al ministro de Seguridad por sus declaraciones: “Sorpresivamente en cada uno de los avances de los narcos en Argentina, siempre estuvo tu nombre involucrado Aníbal Fernández, efedrina, triple crimen, fentanilo, etc. ¿Ahora te vas a lavar las manos? ¿Ganaron los narcos o los están dejando ganar? Actúe ministro o renuncie. ¡Basta!”, señaló.
Del mismo modo, la diputada nacional Graciela Ocaña (Pro – Buenos Aires) se solidarizó con Lionel Messi y Antonella Rocuzzo y disparó contra el oficialismo: “presidente, usted y su Gobierno le dan la espalda a Rosario. Usó su discurso para cumplir deseos de Cristina Kirchner, atacando a la Corte. Deberían estar trabajando en frenar el avance narco y garantizar seguridad a los santafesinos”.
Los diputados de JxC de la provincia de Santa Fe también se manifestaron. La primera fue Victoria Tejeda (Evolución Radical) quien retuiteó comentario que expresaba “el ataque criminal a la familia Messi Rocuzzo es parte de lo que viven a diario los vecinos en Rosario. En un contexto de descontrol de la calle y las cárceles, se pueden tomar medidas si el gobernador sale de la soberbia y la inacción”.
Desde el Pro santafesino, el diputado nacional Federico Angelini reposteó una noticia sobre los dichos de Aníbal y expresó: “Los narcos vienen ganando y los vecinos vienen resistiendo, todos los días. Mientras ellos no hacen nada. No sé qué están esperando para enviar ahora todas las fuerzas disponibles a Rosario”.
Del mismo bloque, la diputada Germana Figueroa Casas fue contra el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández: “Tienen que dedicarse de una buena vez a resolver la inseguridad en Rosario”.
Así también, la diputada radical Ximena García se sumó a las críticas contra el oficialismo y enfatizó: “No quedan dudas que estos ataques criminales y la inseguridad en Santa Fe no son prioridad para el Gobierno provincial y nacional. Necesitamos medidas urgentes, no hay más tiempo de nada, ¿Qué están haciendo por los santafesinos?”.
Por parte del Interbloque Federal, la diputada nacional Mónica Fein (Socialista) publicó en su perfil su solidaridad con el intendente de Rosario y amplió: “Todos los sectores debemos estar para enfrentar las mafias, exigiendo la presencia del gobernador y el presidente”.
El expresidente Mauricio Macri, quien estuvo junto a la pareja en la premiación FIFA, se solidarizó con ambos y manifestó: “Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar”.
Del mismo modo, el precandidato a presidente de la Nación y jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta -en tono de campaña- expresó: “La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras”.
De manera más contundente, la otra precandidata a presidenta de JxC, Patricia Bullrich, emitió un mensaje contra el ministro de Seguridad de la Nación: “Renuncie ya”.
El diputado del oficialismo, que luego de la Asamblea Legislativa ya se había referido al tema, consideró que el Ministerio de Seguridad debería tener su sede en Rosario y “liderar la persecución criminal”.
A raíz del ataque con balas a un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y la amenaza narco al ídolo del fútbol, el diputado oficialista Roberto Mirabella renovó sus críticas al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
“El ministro de Seguridad de la Nación debería tener instalado el Ministerio, su sede, comandar y liderar la persecución criminal en Rosario, porque es impresionante lo que está pasando”, enfatizó el legislador.
En declaraciones a Radio 10, el santafesino reiteró este jueves lo que había declarado tras la Asamblea Legislativa que encabezó el presidente Alberto Fernández, en relación a lo invertido en seguridad en su provincia.
“El presupuesto ejecutado de 2022 para el Ministerio de Seguridad de la Nación determina que el lugar donde más plata se invirtió por habitante fue Capital Federal, con 49.350 pesos por habitante; y el lugar en el que menos se invirtió fue la provincia de Santa Fe, 22 veces menos, con 2.224 pesos por habitante”, señaló.
Para el diputado, esto “marca claramente que la prioridad hoy del Ministerio de Seguridad de la Nación no está en Santa Fe”, cuando en Rosario “cuadriplicamos la media nacional en homicidios” y el 80% de éstos “tienen que ver con el ajuste de cuentas entre las bandas de narcotraficantes”.
“Balean comisarías, unidades penitenciarias, canales de televisión, restaurantes. Eso en cualquier otro país serían actos terroristas”, advirtió Mirabella y subrayó: “Estamos ante una situación inédita en la Argentina, ante una simplificación del delito, a algunos no les gusta que yo hable de narcoterrorismo”.
Además, opinó que esta diferencia en presupuesto solo se puede explicar en “el centralismo que ha tenido la Argentina que ha sido fenomenal en todos estos años”. “Es el momento de pensar en descentralizar para no deshacerse”, dijo.
El legislador explicó que “estamos en una situación muy complicada con una Justicia que está estructurada igual que hace 40 años cuando este delito no existía”. En esa línea, recordó el proyecto que presentaron los 19 diputados nacionales por Santa Fe, de todos los partidos, para fortalecer la justicia federal.
“Todavía no lo pudimos llevar al recinto. Por eso me enojo y digo que la agenda no contempla al interior”, cuestionó el diputado, que viene mostrando su disconformidad desde hace un tiempo.
Consultado por la propuesta de Patricia Bullrich, presidenta del Pro, de movilizar el Ejército, Mirabella observó: “No sé si las Fuerzas Armadas están capacitadas para controlar la calle, lo que digo es que las fuerzas federales tendrían que estar hoy operando, trabajando, previniendo en Rosario, pero no tienen conducción, no tienen equipamiento”.
“Estamos frente a un delito que excede a la policía de la provincia. Estos tres años hemos estado codo a codo el gobernador (Omar Perotti), el intendente (de Rosario, Pablo Javkin) y los legisladores en intentar combatir un delito que no se soluciona de un día para el otro”, completó.
El diputado radical Juan Martín reclamó la presencia del ministro de Seguridad en la comisión homónima. Sobre el final de la sesión se confirmó que la visita será el 9 de marzo.
A raíz de la compleja situación de inseguridad en la provincia de Santa Fe, el diputado nacional Juan Martín (UCR-JxC) reclamó este martes por la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la comisión homónima de la Cámara baja, de la cual es vicepresidente.
En el arranque de la sesión extraordinaria, el santafesino planteó un apartamiento del reglamento para que se trate un proyecto de resolución para interpelar al funcionario. “A esta altura resulta obvia la razón por la que queremos que venga el ministro a este Congreso”, expresó.
“Estamos viviendo una situación gravísima en la provincia de Santa Fe, una escalada de violencia, una crisis de seguridad”, subrayó el radical, quien mostró gráficos sobre datos de ejecución del presupuesto en seguridad, según los cuales “Santa Fe está número 14 en el ranking de provincias”.
En ese sentido, detalló que “en 2022 apenas se ejecutaron en Santa Fe 6.599 millones”, mientras “en Catamarca 9.212 millones y en una provincia como San Juan, que no tiene los problemas de Santa Fe, se ejecutó por más. Y en San Luis 12 veces más”.
“Se jactan de poner como prioridad a la provincia de Santa Fe y en la ejecución de los números no hay forma de contrastar lo que no se hace”, cuestionó Martín, que advirtió: “Estamos en el peor de los universos. A la falta de resultados del gobierno provincial que encabeza el gobernador (Omar) Perotti, hay un destrato burdo del Gobierno nacional que nos deja a la intemperie”.
El legislador opositor aseguró que “no hay plan en materia de seguridad” y precisó que “ Santa Fe duplica la media en tasa de homicidios, y en Rosario se triplica y cuadruplica la media nacional”. “El año 2022 fue récord en homicidios en Rosario. En lo que va de 2023 llevamos 56 en 57 días, casi uno por día”, continuó.
Y criticó que en medio de ese contexto, Aníbal Fernández “tiene el descaro de ir a la provincia y escupir soberbia”.
Martín dijo que quiere que el ministro responda “qué pasa con los efectivos federales que prometieron y no llegaron; dónde están asignados los que llegaron, qué función cumplen; cómo se articula el trabajo con los municipios y la provincia”.
“No hay más tiempo. Cambian los ministros pero la sarasa parece ser marca registrada de este Gobierno. Y si no se dan cuenta, en Santa Fe la cosa no está para sarasa”, completó el santafesino.
Recogió el guante el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), quien sostuvo: “Tenemos un punto de coincidencia en la relevancia e importancia de este tema. No lo digo como un externo a toda esta situación, vivo en la zona sur de Rosario”. Por eso, consideró que es un tema que hay que “debatir con altura” y “lo peor que podemos hacer ante una sociedad, que está en algún punto muy sensibilizada por todo esto, es devolverle una polémica entre políticos”.
“Hay mucho que se hace y muchísimo que falta”, afirmó e informó que el titular de la Comisión de Seguridad, Ramiro Gutiérrez (FdT), “ya ha enviado la solicitud necesaria para que pueda hacerse presente el ministro”. “Creo que todos estamos tratando de buscar las mejores soluciones posibles”, agregó, pero dijo que se iban a oponer a votar el apartamiento en caso que Martín decidiera sostenerlo.
A continuación, Gutiérrez reveló que al ministro “se lo ha citado dos veces” y “lo hemos vuelto a citar en el día de la fecha, porque no contestó al primer pedido”. “Esperemos que conteste el ministro”, pidió y sugirió que “si fallase cualquier acción para que venga” los diputados puedan “hacer en conjunto todas las preguntas (por escrito) que sean necesarias y enviárselas”.
La presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, pidió entonces postergar la votación del apartamiento y que “trabajen con el diputado Gutiérrez la presencia del ministro”.
“Queremos efectivamente que venga a responder, si tenemos esa garantía en el día de hoy, obviamente estamos a disposición, sino más adelante vamos a pedir la votación nominal”, concedió Martín.
Tras la votación de la moratoria previsional, se fijó como fecha para esta citación el jueves 9 de marzo, en la Comisión de Seguridad Interior. Así se comprometieron en el recinto el presidente de esa comisión, Ramiro Gutiérrez y el presidente del bloque del Frente de Todos Germán Martínez.
El jefe del bloque Pro en Diputados le salió al cruce al ministro de Seguridad de la Nación luego de que le dijera al gobernador de Santa Fe que resuelva con “su policía” el problema del narcotráfico en la provincia.
El presidente del bloque de Frente Pro en Diputados y exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, le contestó a Aníbal Fernández en redes sociales luego de que el funcionario le dijera al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que los problemas contra de narcotráfico los resuelva “con su policía”.
A través de su cuenta de Twitter, Ritondo disparó: “Los delitos federales como el narcotráfico, en manos de organizaciones criminales que operan a nivel regional y global, sólo pueden ser combatidos con toda la fuerza y recursos del Estado. La mezquindad política no puede dejar desamparados a nuestros ciudadanos”.
El funcionario nacional, tras el pedido del gobernador de Santa Fe de mayor ayuda para combatir el narcotráfico dijo: “Resuélvalo con su policía”.
El senador nacional, quien recorre la provincia como candidato a gobernador, aseguró que hace falta “reformar la policía, el Servicio Penitenciario y fortalecer la Justicia” para combatir el delito.
Con el traje puesto de candidato a gobernador, el senador nacional Dionisio Scarpin (UCR) se refirió a la problemática del narcotráfico en Santa Fe y criticó al ministro de Seguridad de la Nación: “Aníbal Fernández no ha hecho absolutamente nada, ni tiene ganas de hacerlo, porque lo único que hace es poner excusas tras excusas”.
Para el radical, “hay que hacer un cambio profundo” para combatir este delito, que pasa por “reformar la policía, el Servicio Penitenciario y fortalecer la justicia”. Al mismo tiempo, “hay que acompañar con planes que brinden oportunidad a los jóvenes; y tiene que haber acompañamiento del Gobierno nacional, por eso la expectativa de ganar la elección nacional”, expresó.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el exintendente de Avellaneda sostuvo que, sin dudas, se necesitan de “fuerzas especiales” que actúen en coordinación con las demás. “Si no se hace un trabajo coordinado, donde todos apuesten a resolver el problema, va a ser imposible”, señaló.
El legislador consideró que hay “cosas sencillas que se pueden hacer, como inversiones que para el Gobierno son dos pesos con cincuenta”, pero para resolver el problema hay que “intentar hacer algo, y eso es lo que no se ve, ni desde la provincia ni desde el Gobierno nacional”.
Por otra parte, en referencia a las elecciones de este año, Scarpin destacó que se trabaja en “un frente amplio” que aglutine varias fuerzas de la oposición para hacerle frente al peronismo.
Consultado por la decisión de su colega Carolina Losada, el senador respondió: “Ella no se ha decidido todavía y por eso yo hoy soy candidato a gobernador de este espacio. Me apasiona estar en la gestión pública, planificar, generar políticas públicas y solucionar problemas”.
“Carolina no se ha decidido, así que yo estoy recorriendo la provincia, como senador y como candidato”, reiteró sobre la periodista que fue la sorpresa en la interna de JxC en las últimas elecciones legislativas, cuando ambos obtuvieron una banca en el Senado.
Los mismos, como así también 13 impulsados contra su vice y ministros, podrán ser puestos a consideración cuando se abra el debate por las denuncias contra los integrantes de la Corte.
Por José Angel Di Mauro
El Gobierno está muy decidido a avanzar con el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Aunque sabe de sus carencias, lo hará este verano, con la certeza de contar con el número -ajustado, pero suficiente- para arrancar con el dictamen de acusación. Bastante para el objetivo de ocupar la primera parte del año en un tema bien distinto a los problemas que acucian a esta gestión en particular y a los argentinos en general. Pura táctica y estrategia.
Lo hará hasta donde puede: los albores de la sesión para la cual necesitaría 2/3 de los votos para llevar el proceso a la instancia del Senado. Esa barrera no la pasan, pero hasta ahí consideran que les alcanza.
La oposición, por su parte, buscará “contraatacar” con armas similares. Esto es, dándole centralidad a los pedidos de juicio político que Juntos por el Cambio ha presentado en estos tres años contra la administración de Alberto Fernández. De hecho, hay más de una docena de pedidos de juicio político presentados por la oposición contra el presidente de la Nación.
No solo eso: hay 3 impulsados contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y casi una veintena contra los ministros de esta gestión. Veamos el detalle puntual de los mismos, que Juntos por el Cambio podría poner a consideración, si lo decide, en la comisión que preside Carolina Gaillard.
El último pedido de juicio político contra el presidente Fernández es “por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, y fue presentado por la UCR, encabezada por Mario Negri. Lleva las firmas de todos los integrantes de esa bancada; se trata del pedido de juicio político que había anunciado el radicalismo ni bien el presidente dijo que no aceptaría el fallo de la Corte Suprema favorable a CABA. Lo dejaron en stand by cuando Fernández pareció reconsiderar su decisión, pero finalmente lo presentaron el 27 de diciembre y el texto alude no solo a la reacción oficial frente al fallo de la Corte, sino también al inicio del juicio político contra el Tribunal Superior. Y en uno de sus párrafos expresa que “es nuestro deber evaluar la falta de idoneidad en el manejo de la cosa pública a más cuando se torna repetitivo el violentar la Carta Magna por parte de quien ejerce uno de los poderes del Estado”.
Un día antes, el diputado Ricardo López Murphy había presentado otro pedido de juicio político contra Fernández, por “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Fue con el acompañamiento de los diputados Martín Tetaz y Fernando Iglesias, “ante el anuncio de un posible alzamiento del presidente de la Nación, de consuno con varios gobernadores de distintas provincias del país, contra un fallo del Máximo Tribunal de la Nación”.
Ese mismo 26 de diciembre y por las mismas causas José Luis Espert (Avanza Libertad) presentó su propio pedido de juicio político contra el primer mandatario, y otro tanto hizo también el diputado del Pro Pablo Tonelli, para quien resulta evidente que “el Congreso Nacional no puede asistir pasivamente ante los hechos de público y notorio conocimiento que denotan el mal desempeño y la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones de, nada más ni nada menos, que el presidente de la Nación”.
Más atrás en el tiempo, los jefes del interbloque Juntos por el Cambio encabezados por Cristian Ritondo, presentaron el 25 de agosto de este año otro pedido de juicio político contra el presidente por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. Fue luego de que Alberto Fernández se refiriera al fiscal Diego Luciani, durante una entrevista en A Dos Voces, diciendoque “Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”.
Junto a Ritondo, Mario Negri, Rodrigo de Loredo, Juan Manuel López, Margarita Stolbizer, y buena parte del interbloque JxC, consideraron “temerarias y amenazantes” tales declaraciones con las que interpretaron que el presidente pareciera querer “limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función con absoluta libertad en el marco de la ley”.
Por esa misma razón la diputada Graciela Ocaña presentó su propio pedido de juicio político contra Alberto Fernández. “El peso de estas palabras cobra mayor gravedad al recordar que lo que conecta a estos fiscales es su trabajo exponiendo los ilícitos de un gobierno del mismo signo político que el del presidente”, señaló la diputada.
También en esos días, el diputado Ricardo Buryaile presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández. Lo acompañaron varios correligionarios, pero también de otros bloques, como José Luis Espert, Margarita Stolbizar y Pablo Torello. Fue por las declaraciones presidenciales en las que salió a respaldar a su vicepresidenta luego de que la fiscalía pidiera 12 años de cárcel para ella en la causa Vialidad. “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, señaló el presidente. Para Buryaile, eso denotaba “un grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada uno de los poderes de gobierno”.
El 25 de julio José Luis Espert presentó su primer pedido de juicio político contra el mandatario. Acompañado por su compañera de bloque, Carolina Piparo, le endilgaban al mandatario haberse sumado a su vicepresidenta en lo que se define como “un constante ataque a uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial y, especialmente, a la Corte Suprema de Justicia. El presidente, señaló Espert, “apoya cada ataque hacia está institución, lo cual conlleva una grave violación al artículo 109 del texto fundamental”, cuestionándole también “la interferencia en el Poder Judicial jujeño por parte del presidente”, por haber definido a Milagro Salas como una “perseguida política” y reclamarle a los tribunales jujeños y a la Corte que empiecen a “enmendar las barrabasadas que se hicieron”.
Más atrás en el tiempo están los pedidos de juicio político que se impulsaron contra el presidente Alberto Fernández por su desempeño durante la pandemia y, sobre todo, la fiesta en Olivos. El 17 de agosto de 2021 el diputado Mario Negri, acompañado por Cristian Ritondo, Gustavo Menna y Omar De Marchi, entre otros, presentaron uno en el que detallaron todos los decretos presidenciales registrados durante la pandemia, hablaron de las fuertes restricciones a la movilidad aplicadas por el Gobierno y terminaron detallando lo que se conocería como el Olivosgate. “La situación desenmascara la hipocresía del presidente -advirtieron-. Para entonces, regía una estricta cuarentena que prohibía reuniones sociales y limitaba la circulación de los esenciales. El, quien ordena cumplir lo que él no cumple ni hace cumplir a su círculo estrecho en el lugar donde vive, muestra una desigualdad ante la ley que agravia a un país republicano. Esta gota rebalsó el vaso”.
El mismo día la entonces diputada Beatriz Avila (ahora senadora) promovió un pedido de juicio político contra Alberto Fernández en el mismo sentido. Con fecha 13 de agosto, el exdiputado Jorge Enríquez, acompañado por Waldo Wolff y Fernando Iglesias, presentaron su pedido de juicio político al presidente por haber “incurrido en mal desempeño en la gestión de la pandemia producto del Covid-19”, reprochándole una política en materia de salud “llanamente mala y cargada de irregularidades que el tiempo y la justicia terminarán por aclarar en los correspondientes tribunales”.
Le endilgaron a Fernández el vacunatorio VIP; la “utilización política de la vacuna”; falta de vacunación de menores con comorbilidades, opacidad en contrataciones del Estado; y “especulación política de la compra de vacunas”, entre otras cosas.
Los restantes dos pedidos fueron hechos por José Luis Patiño (27 de julio de 2021) por el contenido de la carta enviada por la funcionaria Cecilia Nicolini al representante del Fondo Ruso de Inversión Directa Anatoly Braverman que revelaba un interés especial del Gobierno argentino en promover la vacuna Sputnik, como así también “el incumplimiento sistemático ruso”. Asimismo hablaba de “violaciones a derechos humanos”, generadas durante la pandemia.
Finalmente llegamos a lo que en realidad fue el primer pedido de juicio político contra Alberto Fernández. Se presentó el 28 de junio de 2021 y fue contra el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner; lo impulsó Alvaro de la Madrid, quien les atribuyó a ambos haber atentado contra el orden democrático. Para el exdiputado radical, el presidente había demostrado hasta entonces “atentar contra la independencia del Poder Legislativo y Judicial para someterlo a los intereses personales y políticos -especialmente a los de su vicepresidente- menosacabando el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático”.
Fue por un proyecto de ley presentado por el Gobierno que buscaba otorgarle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para tomar y sumar restricciones hasta el 31 de diciembre de ese año. Se trataba del proyecto conocido como “Emergencia Covid”.
Como dijimos, el anterior proyecto incluyó a la vicepresidenta de la Nación, pero el primero impulsado contra ella fue presentado el 17 de diciembre de 2020 por diputados de la Coalición Cívica encabezados por Juan Manuel López. Fue por haber “desarrollado un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento”.
Le atribuían “un plan orquestado por Cristina F. de Kirchner -y ejecutado por funcionarios vinculados a ella- que tiene por finalidad garantizar su impunidad”. Citaban puntualmente la desarticulación del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores; la reforma judicial; y la modificación de la Ley de Ministerio Público.
El tercer pedido de juicio político que la involucró fue presentado el 16 de diciembre pasado por Ricardo López Murphy, con motivo de su condena en la causa Vialidad. “Entiendo que la gravedad de los hechos acreditados, sin disidencias, en la instancia del juicio oral y público, aunque la condena aún no se encuentre firme, justifica plenamente la destitución de la vicepresidente de la Nación, señora Cristina Elizabet Fernández de Kirchner”, argumentó el líder de Republicanos Unidos.
El ministro que más pedidos de juicio político acumula en su contra es el de Seguridad, Aníbal Fernández. Tres de ellos tuvieron que ver con el acto de intimidación cometido contra el humorista gráfico Nik. El primero de los seis pedidos de juicio político que acumula Aníbal fue presentado por ese tema por el senador radical Pablo Daniel Blanco; el segundo es del 14 de octubre de 2021 y lo promovió el diputado Fernando Iglesias junto a otros diputados del Pro por “haber amenazado con metodología mafiosa” a Nik, como así también “haber injuriado al expresidente de la Nación Mauricio Macri”. En un reportaje el ministro se había referido al exmandatario como “el hijo de puta de Macri”.
El tercer pedido de juicio político -de nuevo sobre el caso Nik- fue del diputado de la CC Juan Manuel López.
También desde la CC vino otro pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad, en este caso de la diputada Mónica Frade, por su papel en la seguridad de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el fracasado atentado que la tuvo como blanco móvil. Frade habló de “acciones, omisiones y negligencias configuradas por el ministro de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”.
El 13 de diciembre pasado el diputado del Pro José Carlos Núñez (Santa Fe) hizo otra presentación contra Aníbal Fernández, por sus declaraciones del 7 de diciembre de 2022, en ocasión de la visita que realizó a Rosario, donde atribuyó los gravísimos hechos delictivos que azotan diariamente a esa provincia a “casos entre bandas”, en su mayoría. Para el legislador, “los dichos del ministro ubican a la provincia en una completa indefensión, ya que si quien es el encargado de velar por su seguridad minimiza la actual y real situación, la pregunta obligada es cómo podremos frenarla”.
Por el mismo motivo otro diputado del Pro, Federico Angelini, acompañado por el otros legisladores de JxC de esa provincia, promovió otro pedido de juicio político contra Aníbal por haber evidenciado desconocimiento de “los objetivos del ministerio”, como así también “la articulación necesaria con los funcionarios municipales y provinciales”, además de “faltar a la verdad con sus declaraciones, ya que en cifras, de los últimos años solo se logró contrarrestar el índice de homicidios en el período 2017-2019, según datos del Ministerio Publico de Acusación de la provincia de Santa Fe”.
La antecesora de Aníbal Fernández, Sabrina Frederic, acumuló durante su gestión 3 pedidos de juicio político. El primero es del 3 de enero de 2020 y lo promovió Elisa Carrió, por su posicionamiento respecto del rol del Estado en relación al terrorismo internacional y su financiamiento, en referencia a la agrupación Hezbollah; más la revisión de la actuación de Gendarmería en la pericia judicial del caso Nisman.
El segundo pedido contra Frederic lo presentó el neuquino Francisco Sánchez (Pro-Neuquén) el 1 de septiembre de 2020, por su “no intervención” en el conflicto mapuche en el sur, ante actos de vandalismo y violencia como incendios a propiedades y agresiones a vecinos. Y particularmente por haber presentado la entonces ministra una denuncia penal ante la Justicia contra los organizadores de una manifestación realizada por vecinos de Villa Mascardi contra la ocupación de tierras por parte del lof Lafken Winkul Mapu.
El tercer pedido de juicio político fue presentado el 1 de septiembre por el ahora exdiputado José Luis Patiño por haber declarado ante ocupaciones de terrenos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y el resto del país que “la toma de tierras no es un tema de seguridad, es un tema de un déficit habitacional”.
También acumuló hasta ahora 3 pedidos de juicio político Santiago Cafiero. El primero es del 26 de abril de 2021, cuando era jefe de Gabinete, y lo impulsó el diputado Federico Angelini, por no cumplir con el mandato constitucional de presentar sus informes ante el Congreso. “Ha trascurrido plazo considerable desde el inicio del periodo de sesiones ordinarias de 2021 y no hay estipulada una agenda tendiente a efectivizar la visita del ministro a esta Cámara, lo que resulta preocupante y grave desde el punto de vista institucional”, señaló el diputado del Pro.
Ya en su condición de canciller, Cafiero recibió un pedido de juicio político el 21 de marzo de 2022 por parte del diputado Waldo Wolff, por mostrar “un desinterés absoluto en la búsqueda de la verdad y la justicia respecto de uno de los hechos más trágicos que sufrió nuestro país, que se traduce en un nuevo ataque a las víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA”.
Al respecto, le reprocharon que “por desidia, omisión y/o incompetencia de la Cancillería, otro iraní con pedido de captura internacional por planificar el atentado contra la AMIA DE 1994 salió de su país y no fue preso”, en referencia a Ahmad Vahidi, ministro del Interior de Irán. También mencionaron el caso en el que el embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, asistió al acto de reasunción del presidente nicaragüense Daniel Ortega, ceremonia a la que asistió el vicepresidente de Asuntos Económicos Mohsen Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní durante el atentado a la Embajada y a la AMIA. “El embajador Capitanich, en cumplimiento de su cargo, tenía el deber y la obligación de denunciar, ante el gobierno de Nicaragua, la presencia de un prófugo de la Justicia Argentina con orden de captura internacional y alerta roja de Interpol, acusado de haber participado en el mayor atentado terrorista sufrido por nuestro país, pero no lo hizo. Es decir, ilegalmente omitió o se rehusó hacerlo, a sabiendas de quien era el invitado que él tenía a pocos metros, y en un acto oficial donde representaba al gobierno argentino”, denunciaron los legisladores del Pro.
El tercer pedido contra Cafiero es también de Waldo Wolff, por el caso del exembajador argentino en Israel Sergio Uribarri, quien a pesar de estar renunciado presidió en ese país el acto conmemorativo por el 212° aniversario de la Revolución de Mayo. “Resulta imperdonable el daño que este gobierno le ha generado a nuestro país designando como funcionario para representar a nuestro país internacionalmente a una persona que se encontraba denunciada y procesada, luego imputada, y que, mantienen en sus funciones encontrándose ya condenada por el delito referido”, señaló Wolff.
Uno de los temas que más controversias despertó durante la cuarentena fue la cuestión de la educación, por las escuelas cerradas. Así fue como el 28 de diciembre de 2020, el diputado Alberto Asseff presentó un pedido de juicio político contra el entonces ministro de Educación, Nicolás Trotta, “por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones; atento a considerarlo responsable de desplegar conductas de enorme gravedad institucional alterando la educación y el futuro de nuestros jóvenes”.
Para Asseff, el ministro había desarrollado “un conjunto de acciones y omisiones que atentan contra el correcto ejercicio de sus funciones y al interés supremo de la educación argentina”. En ese marco se quejó porque estaba vacante la Secretaría de Educación de la Nación, que consideró “casi el corazón pedagógico del ministerio nacional”.
Entre otras cosas, le endilgó a Trotta haber defendido “la no apertura de las aulas por el simple hecho de manifestar que resulta una situación compleja”. También justificó su pedido de juicio político en “el adoctrinamiento que el ministro de Educación ha permitido durante su año de gestión”.
“El Gobierno no tiene motivo alguno para utilizar los recursos públicos para hacer propaganda de actos de gobierno y pensamiento partidario”, sostuvo, y consideró además “inadmisible y repudiable que se haya permitido el izamiento de la bandera cubana y entonar una marcha homenajeando a Ernesto ‘Che’ Guevera, en un acto escolar”.
El segundo juicio político contra Nicolás Trotta fue presentado por Maximiliano Ferraro y otros diputados de la CC el 16 de abril de 2021, “por el daño irreparable que su impericia, falta de planificación e irrazonabilidad viene causando en el sistema educativo argentino”. Y como ejemplos pusieron, entre otras cosas, “la irrazonable decisión de cerrar todo el sistema educativo del país sin ningún tipo de distinción y análisis epidemiológico por provincias o localidades durante 2020; que ante la evidencia científica e indicadores educativos no privilegió la modalidad presencial y a la escuela como el lugar más seguro que podemos ofrecer a los estudiantes, docentes, no docentes y familias. También por “la decisión de ceder la gestión y la política educativa en algunos sectores gremiales y corporativos; erráticas, improvisadas e incongruentes decisiones y políticas educativas que agravaron la desigualdad y los niveles de aprendizaje, que le fueron advertidas por diferentes actores del mundo científico y pedagógico y nunca tomó en cuenta; y desconocer que la virtualidad tiene un límite y es complementaria a la presencialidad, y más aún cuando se observa que un 19% de los alumnos de educación primaria no tiene acceso a internet”.
Por supuesto, el exministro de Salud Ginés González García tuvo su propio pedido de juicio político. Fue el 18 de diciembre de 2020 y lo impulsó el radical tucumano José Cano, que reprochó la falta de acuerdo con Pfizer, el único laboratorio que había logrado tener para entonces una vacuna que completara con éxito la fase III de ensayos clínicos; las falencias de la vacuna Sputnik V; y haber incurrido en omisiones graves en su labor en el Ministerio de Salud reflejada en la demora en la que habría incurrido el Estado Nacional en adoptar las medidas relativas a evitar la magnífica propagación del Covid-19 en nuestro territorio y también en las demoras actuales de realizar convenios con otros Estados para la adquisición de la vacuna contra el Covid-19”.
Hubo también un pedido de juicio político conjunto para Eduardo “Wado” De Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta, ministros del Interior y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, presentado el 2 de marzo de 2022 por Gerardo Milman, por la visita oficial que le hicieron el 18 de enero a Milagro Sala. “Reviste de suma gravedad institucional que funcionarios nacionales defiendan delincuentes condenados en tribunales de distintas instancias y desconozcan las sentencias del Poder Judicial, en una clara violación del principio de división de poderes”, señalaba el proyecto, que consideraba “otro botón de muestra del embate al Poder Judicial para lograr la impunidad de los propios y alimentar el sueño de la suma del poder público”.
Por último, no se iba a quedar sin un pedido de juicio político el ministro de Justicia, Martín Soria, a quien el 3 de agosto de 2022 la diputada radical Soledad Carrizo le impulsó un pedido de juicio político por “las graves expresiones vertidas en ejercicio de su función”. ¿Qué había dicho el rionegrino? El día anterior a la presentación del juicio político, Soria había dicho que “hay que ganar las elecciones de manera contundente para tener muchos votos. Ahí se pueden tener mayorías agravadas (dos tercios) para acusar a un juez de la Corte ante el Senado y después echarlo. Sería lindo tener las mayorías”.
“Sin perjuicio de la claridad de estas expresiones, se vuelve necesario interpretarlas en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen: el Ministro de Justicia de la Nación ha puesto de resalto su deseo de destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en una pretensión ideológica personalista”, expresó la diputada radical, para quien “estas expresiones no solo resultan atentatorias contra la estabilidad democrática en nuestro país y debilitan el equilibrio republicano que garantiza el estado de derecho, sino que se vuelven aún más graves en relación a su responsabilidad como autoridad nacional, y el evidente mal desempeño que trae aparejado, con más la posible configuración de una conducta delictual tipificada en nuestro código penal como delitos que atentan contra el orden público y la seguridad de la Nación”.
En definitiva, son 13 pedidos de juicio político contra el presidente de la Nación; 3 contra su vice; 6 contra Aníbal Fernández; 2 contra Santiago Cafiero; uno contra Martín Soria y otro contra Wado De Pedro. 27 presentaciones que podrán ponerse en consideración cuando se ponga en marcha la Comisión de Juicio Político.
Los pedidos presentados contra Sabina Frederic (3), Nicolás Trotta (2), Santiago Cafiero (1) Elizabeth Gómez Alcorta (1) y Ginés González (1) ya devienen en abstracto pues ya dejaron el cargo que ocupaban.
El proyecto fue presentado por el diputado santafesino y apoyado por varios opositores de esa provincia. Además, cuestionó a la vicepresidenta por “sumar gendarmes solamente al conurbano, y dejar a Santa Fe fuera de agenda”.
El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto para interpelar al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por la situación de la seguridad en la provincia de Santa Fe. Además, contó con el acompañamiento de varios diputados santafesinos.
El autor del proyecto afirmó: “En Santa Fe esta situación no se tolera más. Por eso le exigimos al ministro que venga al Congreso y rinda cuentas de una vez por todas. Queremos saber qué están haciendo desde su cartera, que a todas luces no resulta suficiente ni está dando resultados”.
La iniciativa fue acompañada por los diputados santafesinos Federico Angelini (Pro), Mario Barletta (UCR), Carolina Castets (Coalición Cívica), Gabriel Chumpitaz (Pro), Germana Figueroa Casas (Pro), Ximena García (UCR), José Núñez (Pro) y Victoria Tejeda (Evolución Radical).
“Queremos que informe la cantidad real de efectivos federales desplegados en territorio santafesino, especificando lugar de destino y funciones encomendadas y razones por las cuales no ha arribado aún el refuerzo de fuerzas federales anunciado en septiembre de 2021”, señaló Martín.
Del mismo modo, aportó datos del Observatorio de la Seguridad Pública de Santa Fe e informó que “Rosario llegó a 264 asesinatos. Las mujeres víctimas de homicidios registrados a nivel provincial trepó al 19,7 por ciento, cuando a lo largo de todo 2021 su incidencia fue del 9,4”.
Además, afirmó que “Nación dejó a Santa Fe en absoluto desamparo”, y cuestionó que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro Aníbal Fernández “se pelean por ver cuántos gendarmes suman al conurbano bonaerense, mientras que nuestra provincia sigue absolutamente fuera de agenda”.
En el cierre, Juan Martín remarcó su crítica hacia la vicepresidenta y señaló que “poco le importan las muertes, el avance del narcotráfico y las economías del delito que a diario sufren los santafesinos”. Asimismo, cerró: “Los refuerzos los piden para el conurbano, siempre priorizan su bastión electoral”.
Así se lo confirmó el ministro de Seguridad a diputados porteños del Frente de Todos.
El presidente del bloque de legisladores porteños del Frente de Todos, Claudio Ferreño, junto a la legisladora de esa bancada Claudia Neira, se reunieron con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.
Durante el encuentro hablaron sobre la política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.
El ministro confirmó a los legisladores porteños que no retirarán las fuerzas federales presentes en el Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli 1-11-14 del Bajo Flores.
El ministro del Interior sostuvo que la mayoría del FdT “no quiere PASO” y que “están tratando de convencer al presidente”. Su par de Seguridad le retrucó: “¿Por qué no lo convencen de que acompañe al presidente?”.
Eliminar o no las PASO, un tema polémico que se viene dando hace varias semanas y que ha dividido posturas dentro del propio oficialismo. Tal es así, que este viernes el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió a contestarle a su par del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien se mostró a favor de la suspensión de dichos comicios de cara al 2023.
“¿Usted lo ve candidato al presidente?”, le consultaron a Aníbal Fernández en rueda de prensa, a lo que respondió firmemente: “Es candidato”, y le repreguntaron: “¿Aunque La Cámpora no quiera?”, a lo que el exjefe de Gabinete volvió a la carga: “Acá no hay nadie que le pueda decir al presidente que no puede ser candidato”.
En esa línea, el funcionario insistió: “El candidato lo tiene que elegir la voluntad popular”, y le respondió a Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos y quien afirmó que “la sociedad ya le dijo que no al presidente”.
“La quiero entrañablemente. Todo el mundo sabe que trabajamos juntos muchos años, pero ni ella ni yo representamos a la gente como para que ella diga una cosa así”, puntualizó Fernández y remarcó: “Puede (Alberto Fernández) ser candidato. Y seguramente, si las cosas no se dan de otra manera, va a ser el candidato del peronismo”.
Enseguida, le apuntó a De Pedro, hombre fuerte de La Cámpora: “En vez de colisionar al divino botón, lo más importante es encontrarle la vuelta. ¿Por qué no lo convencen a ‘Wado’, le dicen que se deje de joder con esto y lo acompañen al presidente?”.
“¿Cómo le vamos a prohibir a alguien que quiera convencer al presidente? Yo creo conocerlo poquitito hace mucho tiempo y estoy seguro que no lo van a poder convencer porque si no hay una Primaria y no hay una interna ¿cómo van a elegir el candidato? ¿lo va a elegir el congreso el partido? Ni loco. Lo tiene que elegir la voluntad popular y el que gana, gana y el otro tiene que acompañar”, remató.
Las declaraciones de Aníbal Fernández llegaron un día después que el ministro del Interior señalara en declaraciones radiales que “la mayoría del Frente de Todos” está en contra de las primarias abiertas y “busca convencer” al jefe de Estado.
“La mayoría del Frente de Todos, los gobernadores y gobernadoras, intendentes e intendentas se manifestaron a favor que no haya cuatro elecciones en el año que viene. Eso manifiestan la mayoría que quieren convencerlo al presidente de la idea que tienen ellos”, indicó De Pedro y aclaró: “El presidente es el que tiene la definición”.
De cara a las elecciones del año próximo, De Pedro aseguró que “el Frente de Todos no se va a romper, sino que tenemos que convocar. Estoy convencido que se puede armar algo competitivo”.
El último miércoles, Alberto Fernández evitó definir si irá por su reelección en el 2023, pero se mostró a favor de dirimir al próximo candidato a través de una PASO, a las que calificó de “un gran instrumento”.
Otro de los funcionarios oficialistas que se metieron en la polémica respecto a suspender o no las elecciones Primarias fue el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, al expresar que “hoy las PASO están vigentes. En el caso del Frente de Todos pueden ser muy movilizadoras desde las bases de la militancia, desde la participación de todo el país, desde la aspiración a un concejal a un intendente o gobernador”.
Además, resaltó que “son generadoras, es una herramienta que se promovió para eso”, y respaldó la idea de que se posterguen los comicios para septiembre de 2023 lo que consideró como una “idea razonable”.
“Soy amigo (del presidente), y lo que me dice en confianza es que quiere generar condiciones para que nuestro espacio político gane el año próximo, no antepone su candidatura diciendo que quiere ser él el candidato. Como todo presidente está en su derecho constitucional, pero también ha dicho que si es necesario no iría por la reelección”, aclaró.
El diputado del Pro señaló que “es momento de actuar y llevar tranquilidad a la población”, luego de nuevos incidentes en la Patagonia tras las detenciones en Villa Mascardi.
Tras los incidentes en Villa La Angostura, donde grupos mapuches incendiaron maquinarias viales en repudio a las detenciones por los desalojos en Villa Mascardi, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro) comunicó este viernes, a través de su cuenta de Twitter, que “el Gobierno nacional debe dejar de coquetear con estos grupos terroristas”.
El episodio ocurrió mientras la Justicia federal imputaba a las mujeres detenidas en Villa Mascardi en una causa caratulada como “incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación”. Los hombres que ocupaban el predio de 40 hectáreas escaparon hacia el monte y siguen prófugos.
El legislador opositor manifestó que “el grupo terrorista busca liberar territorios de la soberanía nacional”, con relación al conflicto que hay en la región patagónica argentina desde hace meses. Cabe recordar, que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dispuso de operativos con las fuerzas federales de seguridad “por tiempo indefinido”, con los objetivos de que no vuelvan a ser ocupadas y prevención de más ataques incendiarios sobre la región.
“Se está del lado de la ley o se es cómplice”, remarcó Finocchiaro quien, además, subrayó que “hay ejemplos en la región de lo que pasa después, es momento de actuar y llevar tranquilidad a la población”, en alusión a las amenazas por parte de los activistas mapuches en la Patagonia.
Considerando que ese episodio representó “una obra de teatro”, el diputado Gerardo Milman espera explicaciones del ministro de Seguridad.
El diputado nacional Gerardo Milman pidió que se cite al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre el operativo de las fuerzas federales en Villa Mascardi.
Los diputados solicitan saber cuántas personas resultaron detenidas por el mencionado operativo; si se han podido detener a las personas vinculadas a las usurpaciones de tierras, actos vandálicos y atentados a la seguridad pública; si hubo violación de los derechos humanos -como asegura la exministra Elizabeth Gómez Alcorta-, si el Ministerio cataloga el accionar de estos grupos como terroristas, delincuentes ordinarios, o pueblos originarios en reclamo legítimo de sus tierras y hasta cuándo estarán desplegadas las fuerzas de seguridad federales bajo el Comando Unificado, y cuáles son las funciones, misiones y objetivos del Comando Unificado al respecto.
Además, consultaron si desde la órbita del Estado Nacional se tiene pensado asistir y resarcir a los vecinos damnificados por el accionar violento de estos terroristas, por las pérdidas materiales y espirituales que han sufrido los habitantes de Villa Mascardi como de otros zonas.
“Es llamativo, al menos a mi criterio, que habiéndose desplegado 250 efectivos, solo se arrestaron a siete mujeres y cinco menores, según los informes de prensa al respecto, no sabiéndose nada sobre los líderes de la usurpación, ni tampoco se conocieron detalles sobre la presencia de al menos 5 integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización radicalizada mapuche que es considerada terrorista en Chile, bajo el actual gobierno del presidente Gabriel Boric”, explicó Milman.
“Creo que estamos en presencia de otra ‘obra de teatro’, orquestada por el ministro de Seguridad de la Nación, el abogado y contador Aníbal Fernández. Lo dramático de esta situación es la denuncia y renuncia de una ministra que acusó al operativo de haber violado los derechos humanos de las detenidas. Organizaciones de derechos humanos y dirigentes de La Cámpora se expresaron en similar sentido. Todo esto debe ser aclarado, ya que no es un tema menor para la memoria colectiva de los argentinos”.
Acompañan el proyecto Cristian Ritondo, Waldo Wolff, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Francisco Sanchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Federico Angelini, Aníbal Tortoriello, Karina Bachey, José Nuñez, Alberto Asseff, Matías Taccetta y Sabrina Ajmechet.
“Mientras Aníbal Fernández se dedica a tuitear hay chubutenses que tiene miedo de que les tomen sus tierras”, denunció el senador Ignacio Torres.
El senador chubutense Ignacio “Nacho” Torres exigió al Gobierno nacional que “termine de una vez por todas con las usurpaciones y las tomas de tierras en la cordillera de Chubut y Río Negro”, tras los recientes actos de terrorismo que sufrieron los vecinos de Lago Mascardi y que ahora ponen en vilo a los pobladores de la comarca andina.
“No podemos dejar que ganen los violentos. Ya no es una cuestión solamente de violencia: está en riesgo la soberanía nacional. Por eso, vamos a exigirle al Gobierno nacional junto con otros colegas de la Patagonia, que tomen cartas en el asunto de manera urgente, para acompañar a los gobiernos provinciales y terminar con este tema de una vez por todas”, reclamó Torres.
La semana pasada, grupos violentos otra vez quemaron un puesto de Gendarmería, dispararon a las fuerzas de seguridad y destruyeron cabañas, avanzando sobre las tierras de los pobladores de la zona.
“Mientras el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se dedica a tuitear, en mi provincia hay gente que tiene miedo de que les tomen sus tierras y les prendan fuego sus casas”, indicó Torres contra la “inacción” del Gobierno Nacional.
Estas usurpaciones, a cargo de grupos terroristas, cada vez son más frecuentes en la cordillera e infunden temor en los vecinos de Chubut y Río Negro, que hace años que vienen pidiendo respuestas a las autoridades sin que pase nada, sostuvo el legislador chubutense.
En esta línea, Torres cuestionó que “no estamos hablando de grandes terratenientes, estamos hablando de laburantes que son víctimas de estos delincuentes que quieren amedrentar y generar temor para cometer estos delitos”.
En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández reconoció el problema y dijo que está trabajando en el tema. Torres le pidió al Gobierno que termine con las ambigüedades y actúe con todo el peso de la ley contra los terroristas. “No podemos avalar la violencia. Esto está pasando hoy en la Argentina y el gobierno decide mirar para otro lado. La ley tiene que ser la misma para todos”, sentenció.
Gerardo Milman reclamó que el ministro de Seguridad concurra a la Cámara baja. “Discutamos los temas que le interesan a la gente y deje de inventar evasivas a sus responsabilidades”, le expresó.
El diputado nacional Gerardo Milman volvió a exigir la presencia del ministro de Seguridad Aníbal Fernández en la Cámara de Diputados.
“Estamos cansados de invitarlo. Por enésima vez, venga a la Comisión de Seguridad para tener una discusión con altura”, planteó Milman ante las recientes declaraciones del ministro. “No convierta a la seguridad en una charla de café”, agregó.
Aníbal Fernández ya había sido citado para explicar el fallido accionar de la Policía Federal en el intento de atentado a la vicepresidenta. Sin embargo, tampoco se presentó.
Milman también exigió su inmediata presencia en el Congreso luego de las amenazas vertidas contra los fiscales de la causa “Vialidad”. “No se pueden volver a hacer los distraídos como hicieron con Nisman”, afirmó en esa ocasión.
“En junio se le pidieron explicaciones por la presencia del vuelo venezolano-iraní y tampoco apareció”, añadió el diputado. “Discutamos los temas que le interesan a la gente y deje de inventar evasivas a sus responsabilidades”, enfatizó.
Eso le contestó el jefe del bloque Pro en Diputados luego de que el ministro de Seguridad de la Nación lo “mandara a trabajar”.
El jefe del bloque Pro y en su carácter de exministro de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, le respondió al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, con una irónica pregunta: “¿Tu gestión cuándo arranca?”, luego que el funcionario lo “mandara a trabajar” en una entrevista radial.
Ante la amenaza que recibió el juez Jorge Gorini, que se encuentra a cargo de la causa ‘Vialidad’ que tiene como principal acusada a la vicepresidenta de la Nación, Ritondo apuntó contra Aníbal Fernández y lo culpó de ser el “responsable” de lo sucedido, lo que conllevó a que el funcionario lo “mandara a trabajar” durante una entrevista radial.
Lejos de quedarse callado, el diputado del Pro le retrucó a través de las redes sociales: “Es lo que hacemos desde el primer día”, al tiempo que denunció: “Mientras tanto, el narco maneja Rosario, los pseudo mapuches te toman el Sur y en la Provincia te asesinan por un celular. Ah, y casi matan a la vicepresidenta”, y remató con una irónica pregunta: “¿Tu gestión cuándo arranca?”.
La iniciativa es encabezada por la diputada Mónica Frade en motivo de “las acciones, omisiones y negligencias configuradas por el ministro de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones, en relación con el fracasado atentado que tuvo por blanco móvil a la vicepresidenta de la Nación”.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, encabezados por Mónica Frade, presentó este jueves un proyecto de pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por mal desempeño en sus funciones tras el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Acompañaron con su firma los diputados por Pro Ingrid Jetter, Soher El Sukaria y Gustavo Hein.
“Quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de nuestro país”, afirmaron en la iniciativa.
En otro pasaje, mencionan que “el Juez Roberto Gallardo había resuelto que la custodia de la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner quedara a cargo de las autoridades de seguridad federales, por lo que le dio intervención al ministro de Seguridad Aníbal Fernández. También estableció que ´la fuerza federal encargada de la custodia presidencial sería la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso´”.
“La manda judicial le asignó al ministro de Seguridad toda la cobertura de seguridad del sitio donde aconteció el ataque contra la vicepresidente y, por lo mismo, de la propia funcionaria, con prescindencia de su custodia personal”, señala el proyecto presentado por los legisladores.
En ese sentido, plantean: “Las imágenes reflejaron el instante del atentado, pero también los momentos posteriores. Es aquí, por tanto, donde podemos comenzar a evaluar el comportamiento de la red de seguridad federal, responsabilidad y competencia del denunciado”.
“El atentado se produjo en medio de la multitud, momento en el que el agresor, sin obstáculo alguno, empuñó un arma cargada contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes muestran a la vicepresidente y a su custodia, sin registro de la tentativa de homicidio y la gresca posterior. No existió intervención alguna de efectivos de seguridad. No los había”, agregan.
En tanto, explican: “Se observó una muchedumbre rodeando a la vicepresidente y a su vehículo, ausencia de uniformados de la Policía Federal, ausencia de ´adelantados´ o custodios civiles. No se activó el protocolo previsto para ese tipo de hipótesis”.
“La actuación del Ministerio continúa en la etapa judicial, en la que situaciones confusas atribuyen al quiebre de la cadena de custodia del aparato de telefonía celular del agresor a la propia Policía Federal, a cargo de Fernández, quien declaró ‘la Policía Federal lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa Faraday y enviarlo al Juzgado’. Lo cierto es que el aparato llegó al Juzgado reseteado, lo que impidió, hasta la fecha, extraer la información e imágenes contenidos en su memoria. Información que resulta vital para la averiguación de los hechos. La verificación del reseteado del celular fue constatada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, se destaca en el proyecto.
Por último, argumentan que “el mal desempeño del ministro es inocultable e ineludible” motivo por el que solicitan el pedido de juicio político porque “quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación y, como corolario, quien no puede controlar la eventual impericia del personal a su cargo, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de la Nación Argentina”.
jp-AFAdemás, en el proyecto de resolución el jefe de la UCR reclama que el ministro de Seguridad asista a responder qué medidas se tomaron antes y después del atentado.
El jefe de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, con acompañamiento de sus pares, presentó un proyecto de resolución que pide por la interpelación del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a fin de que “responda preguntas sobre las evidentes fallas en la seguridad de la vicepresidenta” Cristina Kirchner, el pasado jueves, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara.
Asimismo, para que informe todo lo referente a la cantidad de efectivos que forman parte de la custodia de la vicepresidenta y las medidas tomadas antes y después del atentado para la protección de la funcionaria, y aquellas tendientes al esclarecimiento del intento de magnicidio y el correspondiente deslinde de responsabilidades.
“Hemos expresado nuestro más firme repudio y condena al atentado vivido por la vicepresidenta, además de haber pedido se activen todos los mecanismos para su pronto esclarecimiento. La sociedad quiere saber de qué se trata. Las ostensibles fallas en la organización de la seguridad de la vicepresidenta deben ser explicadas”, sostuvieron los radicales en los fundamentos.
Para los legisladores, “en este tipo de atentado, un punto es clave: no cejar hasta ordenar las responsabilidades; tanto la Justicia como el Poder Ejecutivo deben, en las competencias que a cada uno corresponda, dar respuestas”.
“La seguridad de la vicepresidenta está a cargo de la Policía Federal. Nadie comparte esa tarea. Además, en la calle Juncal y Uruguay, lugar de residencia de Cristina Fernández en la CABA, la Policía de la Ciudad había sido relegada por orden judicial”, recordaron.
Los diputados de Juntos por el Cambio remarcaron que Sabag Montiel “se acercó a muy corta distancia de la vicepresidenta y disparó un arma de fuego dejando a la vista de todos una serie de graves fallas y errores por parte de su custodia, a cargo de la Policía Federal, que depende del ministro de seguridad de la Nación, Aníbal Fernández”.
“El atentado a la vicepresidenta ha sido un hecho que desafía la vida de las instituciones y de las personas. Por eso exigimos que la máxima autoridad del área de Seguridad de la Nación brinde las explicaciones que amerita este acontecimiento”, completaron.
Además de Negri firmaron el proyecto Karina Banfi, Juan Martín, Miguel Nanni, Soledad Carrizo, Marcela Coli, Gustavo Bohuid, Sebastián Salvador, Pedro Galimberti, Fernando Carbajal, Marcos Carasso, Roberto Sánchez, Roxana Reyes, Ximena García y Gabriela Lena. También adhirieron Mario Barletta, Martín Arjol, Víctor Romero, Lidia Ascárate, Ricardo Buryaile y Manuel Aguirre.
Quieren que el ministro de Seguridad explique el “fallido accionar” de quienes deben resguardar a la vicepresidenta de la Nación.
El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR-Tierra del Fuego) presentará este lunes un proyecto para convocar al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Domingo Fernández, al Senado de la Nación, a fin de ser interpelado en mérito de una moción de censura para que explique todo lo necesario respecto de los hechos ocurridos el día 1 de setiembre del corriente año en el cual un atentado puso en riesgo la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.
En la iniciativa se plantea que “lamentablemente en nuestra historia no es la primera vez que sucede que un alto mandatario de nuestro país sufre un atentado contra su vida. Estos antecedentes tuvieron como blancos a Domingo Faustino Sarmiento, luego Julio A. Roca, más tarde Manuel Quintana, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Raúl Ricardo Alfonsín”.
El legislador afirma que “es innegable que velar por la seguridad del presidente y la vicepresidente es responsabilidad primaria y absoluta del Ministerio de Seguridad de la Nación, por ello este Honorable Senado cita al máximo responsable de esa cartera para que brinde las explicaciones sobre el último caso acecido el 31 de septiembre contra la vicepresidente en funciones Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.
Según Blanco, “ya nos hemos solidarizado con la vicepresidente y repudiado este accionar criminal que, afortunadamente, fracasó. Creemos necesario esclarecer lo sucedido de inmediato en base a un trabajo conjunto de la Policía Federal Argentina, la Justicia y la Agencia Federal de Inteligencia, órganos todos que, hasta el momento están, en absoluto silencio”.
“El silencio del ministro de Seguridad de la Nación aturde. Su mutismo a la hora de brindar algún tipo de explicación sobre el servicio de custodia presidencial y su más que evidente falla, amerita que sea citado a esta Honorable Cámara para que brinde las explicaciones del caso”, agregó en el proyecto el senador radical, quien además a afirmó: “Es increíble la facilidad con la que el agresor llegó a estar a centímetros de la vicepresidenta para apuntarle con una pistola en la cara y que, además, haya sido apresado por civiles simpatizantes de la vicepresidente”.
Finalizando la iniciativa, Blanco aseguró que “estamos convencidos de que la violencia no es el camino a seguir. El pueblo argentino entero está conmovido por lo que ha sucedido y es necesario que el máximo responsable de la seguridad del país concurra a brindar informe pormenorizado sobre lo sucedido. Su silencio al respecto es una falta de respeto no sólo hacia la víctima sino también hacia todos los habitantes del país. ¿Si el ministro de Seguridad de la Nación es incapaz de proteger y asegurarle la seguridad adecuada a la vicepresidente, qué pueden esperar para sí mismos los ciudadanos argentinos?”.
Así lo consideró el senador santafesino tras la exposición del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Además, afirmó que situaciones “extraordinarias” como las que vive Santa Fe necesitan de “medidas extraordinarias”.
Tras la visita al Senado del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el senador nacional Dionisio Scarpin (UCR-JxC) consideró: “Luego de escuchar al ministro quedó en evidencia que no tienen ni un plan, ni decisión de trabajar para tratar de revertir el principal problema que tenemos hoy los santafesinos, que es la violencia y la inseguridad asociada al narcotráfico”.
“Evidentemente lo que Fernández destaca como un buen trabajo de su Ministerio en Rosario, se contrapone a lo que la realidad nos muestra día a día: muertes, balaceras, amenazas y extorsiones que son moneda corriente”, señaló el opositor.
En ese sentido, reclamó que “situaciones extraordinarias como la que vive Rosario, necesitan medidas y recursos necesarios que el Gobierno nacional parece no estar dispuesto a implementar”.
Scarpin, quien estuvo presente en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, lo consultó al funcionario con varias preguntas relacionadas a cómo encaran el trabajo en pos de eliminar la violencia que se vive hoy en Santa Fe, pero puntualmente la ciudad de Rosario. “¿El Gobierno nacional tiene un plan diferente de lo que hizo hasta acá? Evidentemente, éste no está dando resultados”, fue una de sus intervenciones.
Pese a las críticas, el radical destacó que hubo una coincidencia con el ministro en cuanto a la calificación de “extraordinaria” que le dio a la situación que viven los santafesinos a diario. Y, en este sentido, agregó: “Como toda situación extraordinaria, necesita medidas extraordinarias de parte de quien tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos. Necesitamos medidas extraordinarias de parte del Estado Nacional, específicamente del Ministerio de Seguridad; pero también del Gobierno provincial”.
“Es claro que las acciones que se llevan adelante no están mostrando los resultados que los santafesinos necesitan para vivir tranquilos”, completó.
El ministro expuso y debatió sobre su gestión por casi cinco horas en el Senado, recorriendo las principales líneas de acción de su cartera y su proyección.
Mientras todos los ojos estaban puestos en la Cámara de Diputados, el Senado no quiso quedarse atrás y se reactivó con una presencia de peso: el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien se presentó en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.
Fue la primera visita desde que quien fue senador nacional entre 2011 y 2014 ocupa el cargo actual, hace diez meses, y el encuentro se desarrolló en el Salón Illia del Senado, presidido por el fueguino Matías Rodríguez (Unidad Ciudadana).
Antes de iniciar la ponencia del funcionario, la comisión completó sus autoridades luego de que el titular del interbloque de JxC, el radical Alfredo Cornejo, propusiera en nombre de la oposición en el cargo de vicepresidenta a la puntana Gabriela González Riollo (Pro).
Con la asistencia de un video, Fernández recorrió durante casi cinco horas los principales temas que atañen a su gestión.
En ese sentido recordó que en el 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner le pidió que se hiciera cargo de las Fuerzas Federales de Seguridad, respecto lo cual señaló que “esto va cambiando todos los días. Cuando me convocan nuevamente, hay cosas que se parecerán y otras que no, pero vamos a tratar de darle un formato de triples características específicas de la seguridad propiamente dicha en términos operativos, la solución de los conflictos que complican la vida de los agentes que llevan adelante esta tarea y una solución institucional de cómo hacíamos nosotros para multiplicarnos”.
“Esta es la mejor base que se le puede dejar a los que vienen para que pisen sobre ella y puedan seguir construyendo un esquema de la política que se tiene que venir y es lo más sensato y prudente que podemos hacer”, sumó.
Los salarios de las fuerzas y la vida del Hospital Churruca
Así, sobre los salarios de las fuerzas federales comentó que “teníamos que resolver el tema de los salarios y es que las cuatro fuerzas de seguridad no cobraban lo mismo”. Con ese objetivo, dijo, “se destinaron 17 mil millones de pesos para poner a la par los salarios de las cuatro fuerzas y hoy, cobran lo mismo 170.000 agentes”.
Por otro lado, sobre el Hospital Churruca cuestionó a la gestión anterior porque tomaron la institución con 3.650 millones de pesos en deuda por lo cual “era imperioso que resolvamos ese tema porque si uno no resuelve esa deuda, no podes sentarte a discutir con el proveedor”.
“Se firmó una resolución que establece que las cuatro fuerzas acceden al Churruca ante heridos de bala porque es un Hospital de excelencia y de particulares condiciones para ser atendidos que no podíamos dejar de lado sin prestarle la atención debida y ponerlo en el lugar que corresponde”, contó el funcionario.
Al respecto, informó que se propusieron avanzar en la modernización de la sala de Hemodinamia porque “es imposible pensar que en este tipo de actividades no se tengan las condiciones técnicas para que la capacidad médica, que es muy alta y muy buena, pueda cumplir con esas funciones. Son condiciones necesarias para quienes participan de actividades tan riesgosas complicadas como las que están”.
“Hemos adquirido un equipo completo de Hemodinamia integral por 109 millones de pesos y estamos en proceso de licitación de lo que significa la obra civil y la cobertura en plomo 356 millones de pesos. Estamos comprando sillones de diálisis”, contó el ministro de Seguridad y volvió a golpear contra la oposición: “Muchos años de situaciones no cumplidas, muchas situaciones no resueltas y nosotros tenemos que poner en condiciones al Hospital máximo de referencia”.
Los sistemas que se utilizan y el equipamiento
Al referirse la ampliación y actualización de la AFIS de huellas dactilares explicó que “es un sistema que permite escanear las huellas. No aumenta en una Argentina con más de 44 mil millones de habitantes. Seguimos teniendo el mismo que cuando lo compramos nosotros con 21 mil millones de capacidad y lo tuvimos que actualizar a 45 millones. Es un punto fuerte de los elementos con los que estamos trabajando, pero como avanza segundo a segundo, no tiene freno, no permite que pueda ser trabajado y tenga el contacto latinoamericano porque buscamos crecer en la totalidad de los países con la necesidad de entrecruzar información para el narcotráfico y el delito complejo”.
En suma, respecto al Sistema Nacional de Identificación Balística (IBIS) informó que permiten conocer el tipo de munición a utilizar, con ello “podemos saber la calidad y el término de cada una de las municiones que se puede utilizar, deja inexorablemente conforme al arma determinadas identidades que no podemos perderlas a la hora del análisis criminal por lo cual es imperioso tenerlo desarrollado”.
Con relación al equipamiento para las fuerzas policiales y fortalecimiento de los sistemas de información, Fernández contó que “se compraron 22.000 chalecos antibalas y están en proceso de compra otros 35.000”, y explicó que “cuando uno allana un lugar lo único que tiene para hacer es un arma en la mano que es pasible de ser utilizada en tanto y en cuanto las condiciones están dadas, no tenemos allanamientos con un disparo, pero no tiene nada porque lo único que tiene es gritar que es policía, si no tiene un chaleco se lo manda a morir. Es imposible eso”.
En esa línea, sostuvo que son profesiones donde “la persona que sale a trabajar no sabe si vuelve. ¿Cómo no tenemos elementos lo suficientemente serios a esta altura para garantizarles a los miembros de nuestra fuerza? porque en todas las fuerzas participan las mujeres aún en los grupos comandos. Tenemos que tener sus elementos funcionando”.
Las inversiones en los Bomberos Voluntarios
Sobre esto último, el funcionario destacó que el elemento “fundamental” es el entrenamiento a los bomberos voluntarios porque “todas las herramientas que están viniendo son novedosas”, pero señaló que ante situaciones como incendios o sequías requieren de “otros elementos” por lo que optaron por la metalmecánica del país para no tener que importar.
“Todo lo que nos sucedió necesitó forzosamente de herramientas, eran más necesarias las cisternas o los tanques de fácil armado y traslado para poder cumplir con las necesidades en la relación directa entre de los que son bomberos del lugar, los que participan por un conocimiento de la propia provincia y los que son bomberos profesionales como en el caso nuestro”, aseguró.
Según las diapositivas que se mostraron, con las que Fernández se ayudó en su discurso, se adquirieron 73 cisternas de 10 mil litros que fueron hechas en el país, 146 tanques bolsas de 10 mil litros, 100 tanques fijos de 10 mil litros. “Tiene que ver con prepararnos para situaciones futuras”, señaló.
Fortalecimiento de los sistemas de información
Sobre este ítem de su discurso, afirmó que “tenemos 14 jurisdicciones con el 911. No todos en las mismas condiciones. ¿Vamos a seguir esperando que se resuelvan ese tema para tener un sistema nacional para poder incorporar dentro del 911 todas las situaciones que pueden ser utilizadas? No estamos dispuestos a hacerlo, lo charlamos con el presidente de la Nación, pero si me autorizó a que pudiéramos comprar la estructura que nos garantice un 911 completo para las 24 jurisdicciones con el funcionamiento apropiada que permita la incorporación de otras líneas”, explayó.
En otro pasaje fue consultado sobre los precursores químicos y destacó la importancia de la revisión y monitoreo de las empresas que manejan los precursores, con el objetivo de evitar la “filtración”, y agregó que “en el Registro Nacional de Precursores Químicos hemos inscripto más de 5500 empresas que monitoreamos y 8000 establecimientos de todo el país. Nunca, Argentina, tuvo un control tan férreo de los precursores químicos como en este momento”.
A su vez, señaló que es un tema “sumamente preocupante” y recordó que en el 2005-2006 “el registro estaba en el SEDRONAR nació como una falsa DEA porque se quería mostrar como una secretaría de lucha contra el narcotráfico, pero no tenía poder de policía, sin cabeza, sin pensar seriamente y en manos de algún inescrupuloso esto es peligroso”.
Habló también sobre la trata y búsqueda de personas. En este marco, habló del SISTRATA (Sistema Integrado Federal de Información Criminal del Delito de Trata de Personas) del cual remarcó que “tiene una importancia superlativa”. “La Argentina es pionera y una de las más respetadas del mundo en el tema de Trata”, ponderó y sumó: “18000 víctimas han sido rescatadas de la trata”.
En lo que refiere a la protección de derechos de infantes y adolescentes, Fernández informó sobre el fortalecimiento en los procesos de judicialización y detención que les valió un “reconocimiento en Bruselas”.
En otro pasaje, precisó que “en el año 2022, Argentina fue calificada como uno de los países más importantes en el debate contra la trata”, comentando que “el Sifebu es un sistema federal de búsqueda de personas y de 769 que tenemos en búsqueda, 471 han resultado exitosas, hasta ahora”.
“El SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo) nació con el gobierno anterior, estaba ahí y nosotros lo que hicimos fue ponerla a funcionar porque nos permite pensar todo lo que tiene que ver con riesgo y pensar en conjunto cómo atacar ante un problema”, cuestionó el titular de la cartera de Seguridad.
Formación policial
El ministro de Seguridad informó sobre el Instituto de Formación Universitaria de la Policía Federal y detalló las carreras y diplomaturas a la que acceden los efectivos. “Necesitamos hombres y mujeres con más preparación, formados, sabiendo cuáles son las cosas que pueden suceder, cómo se tiene que proteger a sí mismo y a los demás”, detalló y resaltó: “Estamos haciendo constantemente capacitación de todo lo que tenemos porque no existe ninguna forma de multiplicarse si no es a través de la formación”.
También, aseguró que la inversión, en conjunto con el Ministerio de Educación, fue de 39,5 millones de pesos para la preparación de los mismos porque “estamos preparamos hombres y mujeres para que cuiden de la vida de los demás. No es un chiste”.
Sobre la diplomatura en seguridad en fronteras, contó que “es imperioso sentarse a hablar con las Embajadas sobre las fuerzas de seguridad porque una fuerza de seguridad que no tiene contactos con el mundo no existe, sobre todo en delito complejo y narcotráfico”.
Homicidios, terrorismo y ciberdelito
Respecto de los delitos complejos informó que “la tasa de homicidios era de 4.6 cada 100.000 habitantes en 2021 y es una de las más bajas del mundo”.
“Constituye la cifra más baja en los últimos 20 años y son certificadas por Naciones Unidas”, aseguró.
Al referirse a los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, Fernández resaltó el trabajo de las cuatro fuerzas, de policías provinciales, de la Ciudad, entre otras y resaltó, “seguimos trabajando en este tema y no hay nada que debamos obviar en la lucha contra el terrorismo”.
Con relación al ciberdelito, subrayó que “firmamos convenios con las cuatro empresas más importantes del mundo en términos de ciberdelito, porque sino nos quedamos afuera. Hemos frenado muchísimos ataques a nuestras bases de datos y debemos estar preparados para defendernos”.
Asimismo enumeró los 17675 procedimientos contra el narcotráfico desde septiembre hasta el momento, con 15.685 detenciones, 1733 kilos de marihuana y 6222 kilos de cocaína incautados.
Destacó también los acuerdos con la DEA, CIA, FBI, entre otras organizaciones internacionales “para que nos permitan cruzar datos porque si no se trabaja con la búsqueda de datos respecto de lo que sucede en el mundo estamos fritos, no hay forma de poder crecer”.
Seguridad Ciudadana
En este punto se refirió a la situación del Conurbano y a la implementación de las “estaciones seguras”, y explicó que “primero hicimos una revisión profunda donde impactaba más la ausencia de policías como necesitábamos. Se hizo un trabajo medular, pensado para saber dónde y en qué condiciones nos convenía poner a las fuerzas. Son 6 mil efectivos para empezar a buscarle soluciones a problemas que no tenían presencia”.
Rosario, los Mapuches y el Avión venezolano-iraní
Respecto de la situación en Rosario, aseguró que “nuestro personal de fuerza involucrado en tareas específicas son 756 efectivos de los 3.143 que se ocupan de todas las tareas en la Ciudad”. Se realizaron 1.039 operativos y 1021 detenciones”.
También estuvo presente junto al Ministro, Ricardo Castillo, comandante mayor de Gendarmería por Santa Fe y brindó detalles sobre el funcionamiento operacional de la Fuerza de Tareas: “Se elaboró un plan de operaciones en seguridad ciudadana para la provincia de Santa Fe y para Rosario”, informó.
Antes de escuchar las inquietudes de los senadores presentes, el ministro Fernández brindó algunos detalles de lo sucedido con el avión procedente de Caracas con tripulantes iraníes y venezolanos y afirmó, “hay impedimentos legales que no me permiten contar todo, pero se continúa la investigación judicial y policial”.
Respecto de la situación actual de los tripulantes, informó que “se mantuvo la prohibición de salida de cuatro iraníes y tres venezolanos, algunos por información de su identificación y otros en sus celulares que están en investigación”.
Consultado sobre la situación con los grupos mapuches, el ministro de Seguridad afirmó que “lo de Araucanía en Chile es un tema severo porque tienen mucha gente armada. Nosotros no vamos a poner el estado de sitio o militarizar la zona y nuestra posición es muy clara al respecto”.
Otros temas abordados por Fernández sobre su gestión fueron los detalles de las tareas de control realizadas en las canchas de fútbol, las acciones internas de las Fuerzas sobre perspectiva de género, la creación del “Sistema Urge”(sistema único de denuncias sobre violencia de género), el trabajo en conjunto de su ministerio con las organizaciones de derechos humanos y otros organismos estatales, acciones desplegadas en zonas portuarias y aeroportuarias, formación de agentes en seguridad ciudadana, despliegue y labor de efectivos en transporte público y barrios metropolitanos, entre otros.
Este martes visitará la Cámara alta el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El kirchnerismo retomará la discusión sobre cambios a las leyes de consulta e iniciativa popular. Qué otros temas hay previstos tratar.
Luego de un receso invernal de tres semanas, el Senado reanudará la actividad parlamentaria con una serie de reuniones de comisiones, que comenzará este martes a las 15 con la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la comisión homónima que preside el oficialista Matías Rodríguez. El encuentro será en el Salón Illia.
Tres horas más tarde, a las 18, fue citada la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, comandada por la senadora de JxC Beatriz Ávila, a fin de tratar proyectos sobre transferencia de inmuebles; cambios en el modo de selección de los miembros del directorio del ENARGAS y el ENRE; y la iniciativa con media sanción sobre instalación de señalética referida a las Islas Malvinas en organismos públicos, Parques Nacionales y embajadas argentinas en el mundo.
En tanto, el miércoles a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.
La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.
En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.
El otro encuentro que figura en la agenda del miércoles corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin, a las 14.30. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.
Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.
Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.
El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.
Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.
En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.
Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.
Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.
El ministro de Seguridad asistirá a la comisión homónima, que comanda el camporista Matías Rodríguez. La reunión será a las 15 en el Salón Illia.
Culminado el receso invernal, el Senado retoma la actividad en comisiones y la primera reunión de la semana tendrá lugar este martes, a las 15 en el Salón Illia, con la visita de un ministro.
En el marco de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, asistirá por primera vez desde que juró en el cargo -el 20 de septiembre del año pasado- el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Su presencia fue requerida varias veces por la oposición tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ante temas como ataques por parte de grupos mapuches en el sur del país, el avión venezolano-iraní o el caso de la cocaína adulterada durante el verano, entre otros.
Este será el segundo encuentro que realice la comisión, luego de su constitución el 9 de junio pasado, cuando se designó como presidente al camporista Matías Rodríguez, senador por la provincia de Tierra del Fuego.
El proyecto fue presentado por el radical Pablo Blanco en el marco del “violento ataque” por parte de un grupo mapuche a los dueños de un complejo turístico.
El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto para manifestar su profunda preocupación ante la inacción y ausencia de resultados positivos para detener el accionar terrorista de la agrupación autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche en la región de nuestra Cordillera Andina y para solicitar la presencia del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en el Senado.
“Toda mi solidaridad con el señor Pablo Conti quien resultó víctima del accionar de la RAM el pasado 21 de julio sufriendo quemaduras y el incendio de su propiedad en el paraje Los Repollos cercano a la localidad de El Bolsón. Repudio fuertemente estos hechos”, expresa en la iniciativa.
Acto seguido, señala que “el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández debe venir a dar explicaciones del caso en el seno de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de este Honorable Senado”.
“La RAM ha perpetrado en nuestra Patagonia una innumerable cantidad de delitos contra la propiedad, la seguridad pública, el orden público y las personas. Su accionar es el típico del terrorismo: con rostros cubiertos, armas de fuego, palos, piedras y bombas molotov. Incendian propiedades, dañan instalaciones, roban ganado, cortan rutas, amenazan a vecinos, intimidaban a turistas y transeúntes y toman tierras en nombre de su propia ley. Su propósito es generar y difundir una lucha insurreccional contra el Estado Nacional Argentino cuya jurisdicción dicen no reconocer con la finalidad de crear un estado mapuche en la Patagonia argentina y chilena”, explicó el senador fueguino.
Y sigue: “Las autoridades locales canalizan las denuncias. Los recursos de seguridad provinciales no alcanzan para cubrir los vastos espacios rurales, montañosos y de la estepa en donde se propaga la acción terrorista”.
“Los requerimientos al ministro de Seguridad Aníbal Fernández se encuentran con respuestas cargadas de ideología, cinismo y mentiras”, afirmó Blanco.
Además, entre los argumentos señalan que “la ausencia” del Estado en materia de seguridad en el sur argentino “es vergonzosa y termina siendo cómplice de quienes pretenden separar una parte de la Nación Argentina”. “Los comités de integración interprovinciales para la seguridad supuestamente motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional han fracasado por desidia”, lamentaron.
“La Nación Argentina está hoy amenazada y el Estado Nacional debe responder”, finalizó el senador de cambiemos.
El proyecto fue acompañado por los senadores Alfredo Cornejo; Mercedes Gabriela Valenzuela; Eduardo Vischi; Mario Fiad; José María Torello ; Stella Maris Olalla y Alfredo Luis De Angeli.
Impulsada por los diputados Milman y López Murphy, la denuncia presentada este fin de semana expresa sus sospechas de que lo del avión retenido en Ezeiza “se trató de un viaje tendiente a dar soporte material o de otro tipo a la organización terrorista Hezbollah”.
Los diputados nacionales Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, junto a Franco Rinaldi, presentaron una denuncia para que se impute por encubrimiento al ministro de Seguridad Aníbal Fernández y al titular de la AFI Agustín Rossi, además de que se avance contra la tripulación del avión venezolano con tripulación de ese país y de Irán, por vinculaciones con el terrorismo internacional, según previsto en el artículo 306 del Código Penal.
Según se lee en la denuncia, ingresada en la noche del sábado “está demostrado que el avión es propiedad de la empresa iraní Mahan Air, sancionada por temas vinculados al terrorismo, de acuerdo con los denunciantes. “No caben dudas, por ende, que el leasing a favor de Conviasa (consorcio venezolano) para que la aeronave sea explotada por Emtrasur, enmascara la operatoria de organizaciones terroristas al servicio o patrocinadas por Irán (Fuerza Quds, Hezbollah u otras) con el fin que puedan permear cielos y realizar operaciones que Mahan Air con matrícula iraní, tiene restringidos”, expresa la denuncia.
Además, según los denunciantes, “el comunicado realizado por la embajada de Israel nos permite tener sospechas fundadas de que se trató de un viaje tendiente a dar soporte material o de otro tipo a la organización terrorista Hezbollah por parte de fuerzas Quds e Irán”.
“Ante estos sucesos de extrema gravedad que ponen en jaque la paz y la seguridad de la región y de nuestro país, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, han intentado desde un primer momento no solo ocultar las verdadera dimensión de esta misión en nuestro país, sino que han ensayado excusas con relación a la tripulación del avión con clara intención de encubrir este desembarco, en definitiva, de un avión al servicio de organizaciones terroristas y la identidad de un miembro vinculado directamente con las Fuerzas Quds. En efecto, el comandante del avión, Gholamreza Ghasemi, pertenece sin lugar a duda a la organización terrorista Quds que se desempeña al servicio de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, cuerpo que participa en actividades terroristas en todo el mundo”, continúa la denuncia.
La denuncia concluye expresando que “nuestros funcionarios, no sólo han observado en público un comportamiento tendiente a ocultar toda la operación que tiene vínculos con organizaciones terroristas globales, sino a uno de los miembros de la organización”.
SE-IMPUTE-AL-MINISTRO-DE-SEGURIDAD-Y-AL-JEFE-DE-LA-AGENCIAEn el proyecto de resolución solicitan saber por qué se retuvo la aeronave; que se brinde “la nómina completa de los tripulantes” y si “recibieron alguna alerta, previa, al aterrizaje”, entre otras cuestiones.
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Waldo Wolff (Pro), presentaron en la presidencia de la Cámara de Diputados dos proyectos de resolución para que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y su par de Seguridad, Aníbal Fernández, se presenten en el Congreso para informar sobre el avión venezolano de origen iraní que está retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
La iniciativa lleva la firma de los diputados Cristian Ritondo, Gerardo Milman, María Luján Rey, Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro, Graciela Ocaña, Ricardo López Murphy, Alberto Assef, José Carlos Núñez, Ana Clara Romero, Dina Esther Rezinovsky, Omar De Marchi Omar y Héctor Antonio Stefani.
En el proyecto, los legisladores reclaman que las autoridades señalen los “motivos de retención de la aeronave” en territorio argentino desde el pasado 6 de junio; que “brinden la nómina completa de los tripulantes” y si “tienen antecedentes, y de ser así, los motivos”.
Otro punto que quieren que ambos funcionarios expliquen es “la titularidad de la aeronave, detalle de su itinerario y motivo de su paso por la República Argentina”, y algo no menor, “si es cierto” que el avión Boeing 747-300M matrícula YV3531 “circuló por cielo argentino con el transponer apagado”. Respecto a esto, reclaman que se informe “qué regiones sobrevoló en dichas condiciones, y motivos brindados por los pilotos de la aeronave al respecto”.
Por último, reclamaron que se informe “si recibieron alguna alerta, de forma previa o posterior, al aterrizaje de la aeronave Boeing 747-300M matrícula YV3531″, y si el “Gobierno argentino ha pedido explicaciones respecto de la aeronave a los países de Venezuela e Irán y si los Estados Unidos ha pedido explicaciones o brindada información respecto de la aeronave Boeing 747-300M matrícula YV3531″.
En los fundamentos del pedido los legisladores refieren a que el avión, “estrechamente vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, constituye un hecho que debe ser esclarecido con urgencia por las autoridades nacionales”.
Por otro lado, refieren a que la ex titularidad de la aeronave es de la compañía iraní Mahan Air, que opera desde enero para Emtrasur Cargo -la división de carga de la firma de bandera venezolana Conviasa-, y que usado durante los últimos 15 años por la compañía iraní sancionada por Estados Unidos “ya que consideran que dicha aerolínea es un brazo logístico de Quds, fuerza que responde a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se especializa en guerra asimétrica, además de operaciones de inteligencia militar”. Y que, en relación a esto, sostienen que “los investigadores locales habrían recibido información que indicaba que estas personas podrían tener vínculos con la fuerza Quds, un grupo calificado como terrorista por los Estados Unidos y cuyo jefe de 1994 tiene pedido de búsqueda y captura internacional por el atentado a la AMIA en la Argentina”.
“Exigimos a las autoridades y organismos de control competentes, que brinden con máxima celeridad información precisa al respecto, y conforme los puntos que se detallan en el presente pedido de informes de forma no taxativa”, cierra el pedido de los legisladores.
Pedido-Informes-PEN-Boeing-747-300M-MINISEGAsí lo expresó el diputado radical Juan Martín, que ya había advertido un retaceo de recursos. “Si tan solo se hubiese mantenido el promedio de sobreejecución nacional, a Santa Fe le hubiesen correspondido $3.900 millones”, advirtió.
Tras denunciar públicamente el diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) que la Nación le retaceó al menos 700 millones de pesos a la seguridad de la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, admitió que no está en los planes de la Casa Rosada sumar refuerzos ni recursos. “Veníamos advirtiendo esto que ahora el ministro confirma. Por eso decimos basta de reuniones y de fotos, basta de promesas, basta de excusas: pongan a la seguridad de los santafesinos y santafesinas como prioridad, háganse cargo y cumplan”, afirmó el legislador radical.
Días atrás, el diputado nacional Juan Martín hizo público que, tras analizar la ejecución del presupuesto nacional de 2021, se observa que a la provincia de Santa Fe se le restaron al menos 700 millones de pesos, mientras que en otros jurisdicciones, sin crisis en la materia de la misma magnitud, hubo sobreejecuciones de hasta 600% por sobre lo presupuestado. Al ser consultado al respecto, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández dijo que su cartera “no envía refuerzos” y que él “no tiene nada que ver con los presupuestos provinciales”.
Para el diputado radical, esta declaración del ministro es “la confirmación de que el Gobierno nacional le soltó la mano en materia de seguridad a Santa Fe”, en momentos en que se vive una crisis de enorme magnitud, con el narco en avance, asesinatos, asaltos, entraderas y todo tipo de delitos al orden del día. “Resulta inaudito e indignante que el ministro de Seguridad de la Nación diga que no envía refuerzos de seguridad a nadie cuando él mismo el 28 de septiembre pasado, en medio de la campaña, había manifestado en una conferencia de prensa que la situación que se vive en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia, además de ser un problema local, era un problema donde la Nación también tenía que hacer su aporte”, recordó el legislador.
“Y allí -agregó- anunciaron la llegada de 1.575 efectivos federales que deberían ya estar presentes en la provincia. Se puso como plazo el mes de marzo y eso no sucedió y los efectivos federales hoy no están. Y el ministro lo dice sin ponerse colorado y con mucha liviandad”, remarcó Juan Martín.
El legislador señaló además que “Aníbal Fernández dice que a él no le compete hacer un refuerzo en la provincia de Santa Fe. Entonces, lo que nos preguntamos los santafesinos es, ¿el kirchnerismo cree que puede hacer este tipo de anuncios, jugando con la angustia, la preocupación, y el miedo de los santafesinos y santafesinas, incumplirlos y pasar desapercibidos?”.
Las cifras
La semana pasada, el legislador nacional explicó que la Nación realizó en 2021 una sobreejecución promedio del presupuesto de seguridad en todo el país del 130%, es decir un 30% más de lo proyectado. En principio, esa sobreejecución se debe a que el presupuesto 2021, calculado en 2020, se hizo con proyección de inflación de 29% cuando en realidad fue de 50%. Por lo tanto, hubo que adicionar recursos. Pero al analizar distrito por distrito cuántos fondos nacionales efectivamente llegaron, se ven desigualdades alarmantes. Mientras que a Santa Fe se envió poco más del 100% de lo proyectado, La Rioja recibió recursos en un 659% más de lo originariamente previsto, San Luis 626%, Catamarca 458%, por mencionar sólo algunos casos. Para Tucumán, otro caso paradigmático, se sobreejecutó un 300% el presupuesto y así llegó a un total de 5.000 millones de pesos, cuando el total para Santa Fe fueron 3.200 millones.
“Si tan solo se hubiese mantenido el promedio de sobreejecución nacional, a Santa Fe le hubiesen correspondido $3.900 millones. ¿Y para que hubiesen alcanzado esos 700 millones extra? Por ejemplo, para que en los últimos 3 meses del año 2021 lleguen 2000 efectivos federales aproximadamente. Lamentablemente eso no pasó, y ni siquiera se pudo cumplir con el envío de los 1.575 que prometió Aníbal Fernández en campaña”, planteó el diputado.
La suscriben los diputados Ricardo López Murphy, Waldo Wolff, Pablo Torello, el diputado (MC) José Luis Patiño y el dirigente Yamil Santoro. “Es una afectación de una libertad pública”, advirtieron.
Representantes de Juntos por el Cambio presentaron un planteo judicial para “garantizar” que los tractores que se movilizarán este sábado 23 de abril a Plaza de Mayo, puedan circular de manera libre. El amparo, que lleva las firmas de los diputados Ricardo López Murphy, Waldo Wolff y Pablo Torello, del diputado (MC) José Luis Patiño y del dirigente Yamil Santoro, surgió como respuesta a las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien señaló: “¿Qué van a hacer? ¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen”.
Cabe aclarar que este viernes por la tarde Aníbal Fernández le bajó el tono a sus dichos diciendo que en realidad se había expresado así en referencia a que “nosotros no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires y nos ocupamos de los espacios federales”.
“Nosotros somos responsables de la Casa de Gobierno y de la Catedral. En el caso de la Ciudad somos asistentes y ayudamos en todo lo que nos solicitan en tal sentido”, señaló luego de hablar con las autoridades porteñas que le aclararon que habían autorizado el ingreso de la marcha.
Como sea, la medida cautelar tiene como objetivo “que ninguna fuerza de seguridad le cercene la posibilidad de circular a los vehículos que han anunciado que participarán de una movilización en reclamo de las medidas restrictivas para con el sector del campo a Plaza de Mayo el día sábado 23 del corriente”, remarcaron.
Asimismo, explicaron que “es una afectación de una libertad pública: de expresión y del derecho a manifestarse. Pareciera que hay manifestaciones que sí están permitidas y otras no. ¿Los piqueteros pueden cortar la 9 de julio todos los días -en muchos casos financiados por el propio Gobierno del Frente de Todos-, y una marcha con tractores está mal?”.
“Vamos a garantizarle a todos aquellos que deseen manifestarse en paz, la posibilidad de hacerlo sin que ningún miembro del Poder Ejecutivo se arrogue la facultad de cercenar nuestros derechos”, finalizaron los cuatro firmantes
Los organizadores remarcan que la “marcha de los tractores” se llevará a cabo en un día no laboral, para no impedir ni dificultar la movilización de los trabajadores.
Lidia Ascárate y Roberto Sánchez solicitan saber sobre políticas implementadas para combatir el narcotráfico.
Luego de lo sucedido con la cocaína adulterada que dejó un saldo de 24 personas fallecidas y más de 80 intoxicados que tuvieron que ser internados, los diputados nacionales Lidia Ascárate y Roberto Sánchez, ambos de la UCR, presentaron un proyecto para solicitarle al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, detalles de las políticas implementadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.
En el texto, los legisladores tucumanos piden que se responda a los interrogantes sobre qué políticas se están implementando para reducir la comercialización y distribución de drogas; qué propuestas se abordaron para quienes son víctimas de este flagelo; y cómo se articulan estas medidas con otras instituciones del Estado.
En tanto, advirtieron: “Tucumán está sitiada por los narcos, junto a toda la región NOA del país, es una de las rutas de ingreso más importantes del narcotráfico en el país. En ese sentido, es que pedimos urgente al ministro que nos facilite los informes específicos relativos a las Fuerzas de Seguridad Nacionales apostadas en nuestra provincia, y todas las estadísticas relacionadas al consumo, la distribución y el delito vinculado al narcotráfico”.
El diputado radical expresó en su cuenta de Twitter que “los conflictos personales entre ellos ponen en peligro a los argentinos y sólo benefician a los delincuentes”.
En medio de la problemática del narcotráfico que tomó preponderancia tras la causa de droga adulterada que dejó 24 muertos y más de 80 internados, sumado a los nuevos casos ocurridos en Rosario, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se cruzó enredes con el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. En ese marco, el jefe del bloque UCR en Diputados Mario Negri (Córdoba) criticó la actitud de los funcionarios y advirtió: “Cuando terminen de pelearse se van a dar cuenta de que el narcotráfico se está quedando con el Estado”.
A través de su cuenta de Twitter, el legislador radical cuestionó: “El Gobierno nacional y el de (Axel) Kicillof ya perdieron 2 años en peleas por la falta de política de Seguridad. Primero entre (Sabina) Frederic y Berni y ahora entre Aníbal. F y Berni”.
“Los conflictos personales entre ellos ponen en peligro a los argentinos y sólo benefician a los delincuentes”, precisó Negri y señaló: “Cuando el Gobierno nacional y el bonaerense terminen de pelearse se van a dar cuenta de que el narcotráfico se está quedando con el Estado”.
El pedido fue formulado por la Coalición Cívica, que reclama la presencia de Aníbal Fernández para que informe sobre las medidas en marcha para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Consecuencia de la conmoción generada por el caso de la droga envenenada que causó ya decenas de víctimas en el conurbano bonaerense, el presidente del bloque Coalición Cívica de la Cámara baja, Juan Manuel López, presentó un proyecto de resolución a través del cual pide la presencia en la Cámara baja del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con el objeto de brindar explicaciones sobre la política nacional en marcha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Puntualmente López quiere que el ministro indique los datos que permitan individualizar a quienes se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Precursores Químicos que estén involucrados en la elaboración, distribución y comercialización de la sustancia química fentanilo.
López quiere saber la cantidad de fentanilo importado el último año, indicando datos que permiten individualizar a los importadores y su participación sobre el total de fentanilo ingresado al país. Asimismo quiere conocer las cantidades importadas entre 2017 y 2021.
Entre otras cosas, quieren que Aníbal Fernández informe si ha recibido o informado denuncias de robo o desaparición irregular o excesiva de fentanilo durante los últimos 12 meses, como así también si se han producido decomisos de dicha sustancia durante el último año, detallando las cantidades incautadas.
Proyecto-de-resolucion-interpelacion-Anibal-FernandezPor Mario Fiad. El senador nacional se refirió al impactante caso de la droga envenenada que causó decenas de muertos en el conurbano.
Esta semana se volvió a vivir en nuestro país una trágica situación que dejó, por el momento, más de veinte muertos y alrededor de ochenta internados. Lamentablemente, el consumo de cocaína adulterada en algunas zonas del conurbano bonaerense, dejó este saldo de víctimas, pero también evidenció las falencias de un Estado ausente, que sigue llegando tarde a los problemas reales de la gente.
Esta crisis volvió a poner sobre el tapete la problemática de la inseguridad y el narcotráfico en nuestro país, y aunque parezca mentira, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y su par de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, la utilizaron para profundizar las internas del oficialismo faltando el respeto a las víctimas, sus familiares y a toda la sociedad, sin atender el fondo del problema.
Queda al descubierto la ausencia de la lucha contra el narcotráfico en la agenda pública y en las prioridades del Gobierno. Un claro ejemplo de eso es que, a fines de 2019, la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico bajó al rango de Dirección dentro del área de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.
En ese sentido, debemos revisar y preguntarnos cuáles son las medidas que se han implementado para prevenir y reducir el tráfico internacional por nuestros puertos, aeropuertos internacionales y pasos fronterizos, y cómo vienen actuando las fuerzas de seguridad en territorio, donde en muchos casos se evidencia que hacen la vista gorda o existe connivencia con las organizaciones criminales.
Una de las herramientas fundamentales en esta lucha es contar con un buen sistema de denuncias anónimas, para que quienes puedan aportar datos sobre probables delitos de narcotráfico lo hagan sin miedo a represalias. Hoy, según el portal del Ministerio de Seguridad, la Línea 134 está más abocada a las denuncias por Covid-19 y violencia institucional que a delitos de narcotráfico. Es por eso que me comprometo a volver a proponer que se establezca por ley un número para denuncias anónimas por delitos de narcotráfico y conexos.
Pero, además, esta trágica situación dejó en claro el gran problema de salud pública que significan las adicciones y el consumo problemático de drogas y estupefacientes, agravado por la pandemia donde se generó un aumento del uso y abuso de drogas a causa del aislamiento.
En este sentido, quisiera remarcar la importancia de dos leyes que están abocadas al tratamiento y la prevención de las adicciones en nuestro país. Por un lado, la Ley de Salud Mental, sancionada en el año 2010, y por otro lado, la que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP), aprobada en el año 2014, de la cuál fui autor de uno de los proyectos.
A pesar de ser dos leyes modernas, sancionadas en un contexto y una realidad similar al de la actualidad, está claro que no obtuvieron el resultado esperado, ya sea por fallas en la reglamentación, o simplemente, por falta de gestión por parte del Poder Ejecutivo.
Soy consciente de que no hay una solución mágica para esto, pero también, soy un convencido que la misma tiene que surgir de un abordaje integral de la problemática, que incluya políticas públicas promovidas por el Estado, articuladas con las asociaciones civiles que trabajan día a día en la lucha contra este flagelo, muchas de ellas integradas por familiares y víctimas que aún sufren en primera persona las consecuencias de las adicciones.
Desde mi lugar en el Senado de la Nación buscaré generar los debates necesarios para analizar las leyes de Salud Mental y de Consumos Problemático con el fin de que las mismas se adecuen a las necesidades reales de los pacientes. Debemos acordar una agenda de trabajo que escuche e incluya a todos los involucrados.
Lógicamente, desde el área de Seguridad, tiene que volver a ser una prioridad la lucha contra el narcotráfico. Pero desde el sector Salud, es en estas leyes dónde debemos poner el foco. Siempre priorizando la salud y los derechos de los pacientes, y poniendo como eje principal la prevención.
Lamentablemente, esta vez, volvimos a llegar tarde. Pero tenemos la posibilidad de prevenir otra tragedia. Está en todos, en las asociaciones civiles, en los legisladores y en los funcionarios del Poder Ejecutivo, la posibilidad de trabajar juntos para no volver a escuchar los testimonios de madres y familias destruidas por las drogas. Llegó el momento de dejar de mirar para otro lado, y dar respuesta como Estado.
“Lo que vemos en el conurbano es la consecuencia lógica de más de treinta años de inoperancia y complicidad”, denunciaron desde el bloque y recordaron los proyectos de ley que fueron presentados, pero que nunca avanzaron.
Desde la Coalición Cívica se manifestaron sobre el envenenamiento con drogas adulteradas en el conurbano bonaerense y sostuvieron que “la corrupción y la droga matan. Lo que vemos en el conurbano es la consecuencia lógica de más de treinta años de inoperancia y complicidad”.
“El presidente de la Nación es el responsable exclusivo y excluyente de lo que pase en esta materia por haber designado en el Ministerio de Seguridad a Aníbal Fernández”, señalaron.
En ese sentido, insistieron: “En estos más de treinta de años de administración de la Provincia de Buenos Aires por parte del mismo espacio político, hemos visto candidatos de este oficialismo que, con pasado en prisión por narcotráfico, observamos videos de intendentes explicando su complicidad con la venta de drogas y también nos enteramos de la relación privilegiada de prominentes figuras de la coalición de Gobierno con el narco delito. La consecuencia lógica de estos vínculos los encontramos hoy en la degradación de la salud, la educación y la seguridad en la Provincia”.
“Más allá de las responsabilidades provinciales porque, aunque el narcomenudeo sea un delito local, el narcotráfico es el crimen federal que el ministro Aníbal Fernández no quiso, no quiere y no puede combatir”, aseguraron desde la CC.
En ese marco, recordaron que desde “la Coalición Cívica pidió su Juicio político en el año 2010, cuando era jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, por su relación con el triple crimen narco General Rodríguez, lo denunció penalmente después, y cuando asumió como ministro de Seguridad de Alberto Fernández también pidió su juicio político”.
En tanto, destacaron que “desde el Congreso de la Nación podemos hacer algunas cosas para que las autoridades federales no tengan excusas de no hacerse cargo. Derogar completamente la ley de desfederalización de delitos narcotráfico, crear el programa nacional de prevención y asistencia pública integral de las adicciones. Organizar unidades de desintoxicación, centro de recuperación de las adicciones y revinculación social. Agravar las penas para la comercialización del paco y otras drogas altamente peligrosas. También las penas para las organizaciones del narcotráfico. Establecer medidas curativas eficientes con internación, para facilitar la intervención judicial, y modificar el régimen de precursores químicos”.
Y enfatizaron que “en el año 2016, cuando una sentencia de la Justicia Federal de San Isidro envió al Congreso una escandalosa resolución en el expediente que investiga el Crimen narco ocurrido en el año 2008 en el Shopping Unicenter, Elisa Carrió presentó un proyecto que pretendía retrotraer la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. El tiempo ha demostrado que la norma en cuestión, lejos de ser instrumento para mejorar la lucha contra el narcotráfico, la ha entorpecido e incluso ha facilitado el avance del crimen organizado, lo que se observa en este tiempo en el recrudecimiento de los delitos conexos, como los homicidios por encargo o por venganza”, señalaron.
“Se pretende con este proyecto de ley retrotraer a la situación anterior al 2005, año en el que se sancionó la ley 26.052, oportunidad en la que nuestro bloque advirtió sobre las graves consecuencias que aparejaba su sanción en relación a la política criminal”, dijo Carrió y explicó: “Señalamos que su implementación no lograría más que fraccionar o seccionar las investigaciones, atentando contra el éxito de la pesquisa en cuanto a los delitos de mayor gravedad y de las cabezas del crimen organizado. Se produciría un fraccionamiento de las investigaciones, puesto que la ley 23.737 no establece un parámetro para determinar a partir de qué cantidad de estupefacientes el magistrado debe considerar que se está frente a un caso de comercialización o de tenencia”.
Por consiguiente, desde el bloque narraron: “Nuestro partido ha denunciado también a los magistrados provinciales que fueron parte del delito. Por ejemplo, el titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro, Claudio Scapolán, por la comisión de delitos y mal desempeño en el cargo. Carrió ha señalada en la Justicia y en los pedidos de destitución, que en el Poder Judicial existía un perverso e ilícito esquema de ejercicio de la acción penal diseñado por el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, procesado por encubrimiento de narcotráfico, en el que Scapolán habría sido un operador fundamental a la hora de ejecutarlo”.
“Por otro lado, desde el año 2012, Carrió con el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, viene presentando un proyecto para desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones a estupefacientes en todo el territorio nacional”, destacaron.
Asimismo, afirmaron: “Pero pensar en políticas destinadas a la prevención del consumo problemático, también es pensar en la reducción de daños. Acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de las personas que padecen adicciones, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes”.
“Como sostuvo históricamente la CC, y aún sostiene, el Estado debe coordinar acciones intersectoriales con los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación y las Secretarías de Cultura, Derechos Humanos y Medios de Comunicación y otras áreas relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones que adhieran al Programa Nacional, a fin de desarrollar programas y pautas para un abordaje intersectorial de las adicciones, que puedan ser implementadas por cada una de las provincias, incorporando mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en particular de organizaciones de usuarios y familiares”, plantearon desde la CC;
Y concluyeron: “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe coordinar planes de prevención en el trabajo y de inserción socio-laboral para las personas con adicciones, entre los que deberán incluirse la implementación de convenios con empresas nacionales, para que las mismas incorporen personas en proceso de reinserción social”.
El legislador fueguino Pablo Blanco solicita la presencia del ministro de Seguridad de la Nación a la Comisión de Seguridad de la Cámara alta para que explique qué está haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico.
Ante la causa de droga adulterada que dejó un saldo de 20 muertos -hasta el momento- y más de 70 internados, el senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR -Tierra del Fuego) elevó una nota solicitando la inmediata constitución de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico a fin de que allí sea convocado el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a efectos que informe la situación del narcotráfico en Argentina y las acciones que está llevando adelante el gobierno habida cuenta de los catastróficos hechos de las últimas horas.
“Aníbal Fernández en su carácter de ministro de Seguridad de la Nación debe dar explicaciones sobre los graves sucesos ocurridos por el consumo de cocaína adulterada ya que el narcotráfico es un delito federal”, sostuvo el senador radical.
Y cuestionó: “Resulta inadmisible su actitud pasiva y burlona frente a hechos que ya han costado una veintena de vidas y más de 70 personas internadas bajo extremos cuidados de emergencia”.
“Es patético que ante una situación de semejante gravedad el ministro Nacional y el de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se hagan chicanas mutuas cuando la circunstancia es desesperante y requiere un esfuerzo conjunto”, criticó fuertemente Blanco en relación al cruce que mantuvieron los funcionarios en redes sociales tras un ‘meme’ que posteó en su red social de Twitter Fernández burlándose de Berni.
En ese contexto, el legislador fueguino sentenció: “Aníbal Fernández debe acudir al Senado a dar explicaciones y a rendir cuentas con datos de lo que está haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico. Por lo visto no hay política contra el narcotráfico, la ministra anterior disolvió la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y el avance narco criminal parece imparable en la provincia de Buenos Aires”.
“Acá hay un dejar hacer cómplice o una ineptitud absoluta. El ministro debe brindar respuestas y soluciones en vez de actuar socarronamente burlándose de su colega provincial y de las víctimas”, finalizó el senador radical.
Luego que la diputada se refiriera al vídeo en el que exfuncionarios de su gobierno hablan de una “Gestapo” antisindical, dirigentes kirchneristas la criticaron duro.
Luego que la diputada María Eugenia Vidal (Pro) rompiera el silencio en torno al vídeo -que forma parte de una denuncia de la AFI- en el que exfuncionarios de su gobierno en la provincia de Buenos Aires hablan sobre una “Gestapo” antisindical, dirigentes del Frente de Todos salieron a criticarla fuerte.
En su cuenta de Twitter, la senadora Juliana Di Tullio, quien se refirió al hecho en la última sesión del Senado y recibió una denuncia por sus dichos, además de cuestionamientos por parte del Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores, escribió: “Habló Vidal. Aceptó que la reunión que vimos y escuchamos en vídeo, encontrado en la AFI y filmado por la AFI, donde se está organizando una persecución a un sindicalista (que tenía conflictos con la Ley) era de ‘trabajo’ e ‘institucional'”.
“En el vídeo se ve y escucha vulnerar desde la primera línea de poder estatal (AFI, Ministros, vicemin, Senador pcial, intendente de Vidal) el Estado de Derecho argentino. En la reunión de ‘trabajo/institucional’ su Ministro dice que es decisión política de Nación, PBA y municipios”, señaló.
Además, la legisladora K recordó que “unos días antes de la reunión, el Ministro de Trabajo estuvo en la Rosada con Macri y la AFI. Además, Villegas dice tener ‘todo arreglado’ con el procurador de Vidal, Conte Grand, y con agentes ya preparados para provocar delitos que sumarían ‘volumen’ para denunciar a Medina”.
“Vidal y quizás parte de sus votantes, aprueban vulnerar derechos que tienen las personas en democracia. Quienes no deben aprobar este accionar que vimos y oímos todos y todas son los poderes de la República; perseguir judicial e ilegalmente desde el poder a sindicalistas”, continuó.
La bonaerense dijo que le da “vergüenza” que “luego de 38 años de democracia ininterrumpida un hecho de esta gravedad institucional inusitada sea tratado con tanta liviandad, en el canal de Macri y con una entrevista que no fue tal”.
“Vidal es o se hace?”, se preguntó Di Tullio y subrayó que “el Banco Provincia es territorio bonaerense aunque esté a dos cuadras de Pza. de Mayo y ella lo sabe; por lo tanto el juzgado de La Plata es absolutamente competente”.
Finalmente, disparó: “La diputada Vidal dijo que se enteró de la reunión por los medios y que habló con su exministro de Trabajo para reconstruirla. Vidal no contradijo a Villegas y aceptó todo lo que en el vídeo de la AFI vimos y escuchamos qué sucedió. Vidal habló y confesó”.
Por su parte, la vicejefa del Frente de Todos en Diputados, Cecilia Moreau, cuestionó los argumentos de Vidal en su demora para referirse al tema. “Arrancó mintiendo. No tenía anginas, estaba en la playa armando la defensa de Macri que hizo anoche”, apuntó en diálogo con AM750.
La diputada expresó que “las explicaciones de Vidal dan vergüenza ajena pero hay que entender que son un grupo mafioso con distintas patas, la económica, la judicial, el FMI”. “Los organismos de inteligencia no están para espiar y perseguir a ciudadanos o dirigentes opositores, sean políticos, sociales, sindicales. Como también ocurrió con los familiares del ARA San Juan. Ellos montaron un aparato paraestatal”, añadió.
Para Moreau, “el vídeo muestra claramente que esta mesa judicial funcionó bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. En esa mesa de trabajo estaban sus ministros, el subsecretario de justicia, un senador provincial, el intendente de La Plata y varios altos cargos de la AFI”.
Otro de los que cuestionó a Vidal fue el porteño Leandro Santoro, quien sostuvo que “Vidal se quiso defender sin diferenciarse de Macri y de Villegas y se hundió. Hasta sus votantes se dieron cuenta que mentía. Que el Pata sea horrible y que ella no sea K no justifica lo que se vio. Su ministro estaba con la AFI armando una causa y el vídeo ilegal lo filmaron ellos”.
En tanto, la bonaerense Victoria Tolosa Paz manifestó: “Anoche nos enteramos que para la exgobernadora María Eugenia Vidal, un encuentro entre ministros, legisladores, intendente, empresarios y funcionarios de inteligencia, que en conjunto planean cómo denunciar a civiles para llevarlo tras las rejas, es una reunión de trabajo”.
“Cuesta entender esta participación mediática de la diputada nacional, que lejos de aclarar el grave hecho institucional, termina confirmando lo que vimos, e intenta desvincular con un evidente nerviosismo la responsabilidad de Mauricio Macri, jefe y amigo personal de Arribas”, enfatizó la diputada.
En un hilo de tuits, la oficialista recordó que “su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, no banalizó la Gestapo sino que ponderó sus formas y lamentó no poder replicarlas porque, por suerte, en la Argentina hay leyes que lo impiden, y que también condenan estas persecuciones propias de otros tiempos en nuestro país”.
“Las oficinas del Banco Provincia en Caba es jurisdicción bonaerense, es jurisdicción de la pcia. en la que no inauguró un sólo hospital, ni sola escuela. Ahora vemos cuáles eran sus prioridades, y comprendemos porqué no volvió a presentarse aquí en las últimas elecciones”, lanzó.
Por último, Tolosa Paz dijo: “Como platense repudio fuertemente la participación del intendente de La Plata, Julio Garro, que sentado entre funcionaros de inteligencia pide hablar ‘con la bala en la mesa’ y ofrece protección a empresarios para que declaren lo ya pactado con parte del poder judicial”.
Quien tampoco se quedó callado ante las declaraciones de Vidal fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que arrancó ácido: “Que horror los dichos de la inútil de Vidal: cuestiona competencia del juez federal de La Plata. Dice reunión institucional de autoridades provinciales en Banco Provincia (status constitucional) grabada ilegalmente por autoridades federales, ¿es competencia de juez federal de Py?”.
“Sigue sin explicar por qué, autoridades provinciales, se reúnen con directores de inteligencia (AFI) para hablar de causas penales que involucran a civiles”, reprochó el funcionario, que mencionó que “el artículo 7 del Pacto de San José de Flores, del 11 de noviembre de 1859, estableció que ‘Todas las propiedades de la Provincia que se dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase y género que sean, seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos Aires y serán gobernadas y legisladas por la autoridad de la Provincia'”.
Nuevamente llamándola “inútil”, Fernández remarcó que “la mesa judicial ilegal técnicamente lo hacía bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, pese que se juntaba recurrentemente en las oficinas que el Banco de la Provincia tiene en Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El presidente aseguró que “la violencia siempre altera la convivencia democrática”, mientras que la agrupación que lidera Máximo Kirchner aprovechó para recordar otro atentado.
En medio de las duras críticas de la oposición al Gobierno nacional por el ataque de un grupo de nueve personas que arrojaron bombas molotov contra el edificio del diario Clarín, en el barrio de Barracas, pasado el mediodía de este martes salieron voces oficialistas a repudiar el hecho.
“Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Alberto Fernández. Y agregó: “Esperamos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados a partir de la investigación que está en curso”.
En tanto, en un hilo de tuits, La Cámpora expresó que “la convivencia democrática, que se ve severamente afectada por la promoción de los discursos de odio, debe ser cuidada por todos los argentinos y argentinas”.
“Por ello, repudiamos y condenamos firmemente el ataque perpetrado por encapuchados contra la sede del Grupo Clarín, registrados por un vídeo en la noche del lunes 22 de noviembre a las 23 horas según hizo saber la propia empresa, en plena Ciudad de Buenos Aires”, se publicó desde la cuenta de la agrupación que lidera el diputado Máximo Kirchner.
Pero además, se recordó que “en mayo de este año la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca sufrió un atentado con un artefacto explosivo, afectando edificios vecinos. No hay registro audiovisual. Pasaron 183 días, no hay avances en la causa y el hecho permanece impune”.
“Una gran cantidad de unidades básicas han sido atacadas desde hace años con consignas similares a la que muchas veces se promueve irresponsablemente desde diferentes lugares”, resaltó La Cámpora y reclamó: “Es imperioso que la Justicia investigue, exponga y condene a los promotores y responsables de todos estos hechos, como venimos reclamando sin eco mediático desde hace mucho tiempo”.
Anteriormente también había repudiado el atentado el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien repudió “el ataque, al Grupo @clarincom en la sede de la calle Piedras, con bombas molotov, producido el lunes por la noche, donde al menos nueve personas encapuchadas arrojaron explosivos a las oficinas”. “Confío que se identifiquen los autores y se los sancione”, añadió.
A través de su cuenta de Twitter, como lo hace habitualmente, el diputado electo le contestó a Aníbal Fernández quien lo cuestionó por enarbolar durante su campaña la “mano dura” para los que cometen actos delictivos y convertirlos en “queso gruyere”.
El asesinato del joven futbolista de 17 años Lucas González a manos de efectivos policiales de la Ciudad generó una ola de fuertes críticas. Uno de los focos estuvo puesto sobre el diputado nacional electo José Luis Espert por Avanza Libertad, ya que durante su campaña ponderó la utilización de “mano dura” a todo aquel que robe, mate o viole, motivo por el cual utilizó su cuenta de Twitter para responderle al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y al periodista Pablo Duggan.
El titular de la cartera de Seguridad, al referirse al crimen del joven deportista, recordó las declaraciones que Espert había tuiteado tras el homicidio del kiosquero en la localidad de Ramos Mejía: “Transformemos en un queso gruyere a un par de estos delincuentes”, ante lo que cuestionó: “Yo escuché a varios de los tontos que hablan del queso gruyere y tirar tiros. Todos estos fachos redomados y que les encanta ese gesto, porque hay un segmento de la sociedad que los acompaña, se van a tener que dar cuenta que para convivir tiene que ser en otros términos”.
Por consiguiente, Espert salió a contestarle a través de su cuenta de Twitter: “Ratifico lo que dije. Es simple y no merece dobles interpretaciones, salvo para malas leches como Aníbal Fernández, Duggan y otros. Para los delincuentes, es cárcel o bala. Eso vale también para los policías que mataron a Lucas”.
“El asesinato de Lucas no fue de ‘gatillo fácil’, sino de policías actuando peor que delincuentes comunes. Todo el rigor de la ley para ellos”, remarcó el referente de Avanza Libertad.
Además, el diputado opositor arremetió duro contra Sergio Berni y Aníbal Fernández porque “no tienen ni idea de lo que pasa por debajo de la sociedad”, en relación al asesinato del kiosquero en Ramos Mejía.
La inseguridad se metió como tema de debate en el último tramo de la campaña electoral de cara a los comicios legislativos tras el homicidio del kiosquero Roberto Sabo en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Sobre eso habló el diputado nacional Héctor “Toty” Flores (Coalición Cívica – Buenos Aires) quien aseguró que “La Matanza se convirtió en una radiografía de lo que es el conurbano en general”, y por eso “la gente se hartó” lo cual se “expresó en las PASO”. En ese sentido criticó fuertemente al ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, porque “va a los programas de televisión y habla como periodista”, y calificó al titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, como “un impresentable”.
“La Matanza es un distrito que ha estado dominado por el kirchnerismo por varias décadas y ha expresado una forma de hacer política que hoy la gente se hartó”, afirmó el legislador que integra la coalición de JxC en declaraciones por Radio CNN AM950 y definió: “Es tener controlado por vía del miedo el clientelismo y la mentira, lo que más enoja a la gente es que le sigan mintiendo”.
En esa misma sintonía, consideró: “Creo que la dirigencia política, principalmente del Frente de Todos, ya no controla a la sociedad a partir de lo que les dicen porque hay una herramienta fundamental que ha democratizado, sin lugar a dudas, la información que son las redes sociales, la gente se entera inmediatamente lo que sucede. Aparecen algunas cosas que son increíbles”.
“En La Matanza, por ejemplo, una maestra adoctrina a los chicos, un chico que estaba en una feria de innovación se quemó y no había matafuegos, eso se conoce ahora, antes pasaba y no se conocía y eso hace que la gente tenga bronca. La otra cuestión es que el Estado no cuida la vida, todo eso genera un hartazgo y bronca y se entra en una situación peligrosa es la dirigencia política no toma en cuenta estas cosas”, expresó Flores.
En esa misma línea, señaló que “La Matanza se convirtió en una radiografía de lo que es el conurbano en general. Ahora el hartazgo es transversal en toda la sociedad y esa pérdida del miedo se expresó en las PASO y se derramó en toda la sociedad”, y relató: “Hay otros problemas en el conurbano más profundo donde en muchas villas hay asentamientos y se instaló el narco y el Estado no llega y la gente tiene terror”.
La Matanza se convirtió en una radiografía de lo que es el conurbano en general. Ahora el hartazgo es transversal en toda la sociedad y esa pérdida del miedo se expresó en las PASO y se derramó en toda la sociedad”.
“Todo esto está pasando de forma generalizada en los últimos años y el Estado político no llega, con la pandemia se vio claramente que esto del Estado presente no existe y se da el quiebre entre la dirigencia política del kirchnerismo y la gente y se le ha perdido el miedo”, advirtió el diputado nacional.
En relación a las expectativas para el domingo aseguró: “Creo que esos son los problemas centrales por el cual en estos lugares se empieza a votar a otros que no sean del Frente de Todos, es evidente que han perdido el control que antes tenían agarrado por vía del clientelismo”.
Asimismo, explicó que “hay confusión de lo que es el clientelismo, se cree que es lo que prometen los políticos que les van a dar después de las elecciones, en realidad es lo que le dan un poquito y después hacen toda una campaña que les van a sacar, y la gente a veces una bolsa de comida o un plan es lo único que tenían, pero con la pandemia eso lo han perdido porque no han estado presente en esto”.
Y continuó: “Los punteros que estaban en los barrios y cumplían una función social tenían un mecanismo, conseguir algo para la gente y luego los llevaban a los actos, a pintar y a votar. Primero les conseguían las cosas, hoy que se han tercerizados las ayudas sociales, primero deben dar fe de que son de ellos y luego le dan los planes sociales y eso a la gente le produce mucha bronca y creo que han expresado en las lecciones”.
“Lo de Ramos Mejía pegó muy fuerte en todo el ámbito de La Matanza”, afirmó el candidato a concejal por ese distrito y cuestionó a los ministros porque “no tienen ni idea de lo que pasa por debajo de la sociedad. No tienen idea lo que es salir a las 4 o 5 de la mañana a trabajar y estar pendiente si llegó o no, el drama de lo que significa vivir en estos barrios es tremendo, no es solo una cuestión de clases bajas. No tienen idea”.
A su vez, enfatizó: “Las declaraciones son ofensas a la gente. Berni declarando en televisión cada vez que ocurre un hecho policial como si fuese un periodista y en Ramos Mejía no lo quieren para que venga a relatar los hechos, sino que la policía debería tener una política preventiva”, y calificó al ministro de Seguridad de la Nación como “un impresentable”.
Por último, apuntó contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, porque “subejecuta los presupuestos y los pone en plazos fijos, es lo que desde hace mucho tiempo sucede acá. El último balance tiene 18 mil millones en plazos fijos más cuentas corrientes y la no ejecución de programas necesarios para la tranquilidad de la población, incluso el mismo dinero que le sacaron a la ciudad, en el conflicto policial, no está ejecutado y la develación de la prologando de las cámaras, que ponen carteles para controlar la seguridad, están en Haedo”.
Los legisladores criticaron al ministro de Seguridad, quien expresó que la inseguridad es algo que “sucede en todos los lugares del mundo”.
Diputados nacionales de la UCR cuestionaron al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en relación al asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, partido de La Matanza.
Al ser consultado por la prensa por el crimen del comerciante, el funcionario señaló que la inseguridad “sucede en todos los lugares del mundo, en algunos más y en algunos menos”. “Si miramos estadísticas son otras cosas, cuando uno las revisa son nada, estamos hablando de una vida humana truncada por nada”, agregó.
En ese sentido, el diputado Luis Petri consideró que “el ministro Aníbal Fernández miente o está desinformado. Según las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal, la cantidad de presos disminuyó durante su gobierno. De 14.067 en el 2019 a 11.470 en el 2020”.
“Y a nivel país se repite el descenso en el 2020. Con la excusa de la pandemia liberaron presos pese a que se demostró que en las cárceles las tasas de contagio eran de las más bajas. Hoy pagamos la consecuencias con mayor inseguridad”, resaltó el mendocino en alusión a las liberaciones ordenadas el año pasado durante la pandemia.
Para el opositor, “hubo una política de liberación de presos avalada por el Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires que arrancó en diciembre del 2019 cuando asumieron el Gobierno” y “la pandemia fue la excusa perfecta para implementarla”.
Por su parte, la diputada Carla Carrizo sostuvo: “Lamentable que el ministro de Seguridad Aníbal Fernández se ofusque, ironice, cuando tiene que brindar explicaciones a la sociedad. ¿Con qué mapa del delito toma decisiones? No tienen plan. Es el basta más triste a 5 días de las elecciones”.
“Lo que no sucede en otras partes del mundo es que un ministro de Seguridad de la Nación, como Aníbal Fernández, mire a las víctimas de inseguridad como simples números o estadísticas. Las buenas políticas surgen de la empatía señor ministro”, escribió la tucumana Lidia Ascárate.
En tanto, la legisladora Dolores Martínez lamentó “la angustia y el dolor de una familia frente a un Estado provincial que no se inmuta, prioriza un cierre de campaña, riñas internas, y malgasta recursos coparticipables redireccionados a dedo”.
“Así funciona el relato en La Matanza y muchos lugares del país sujetos a esta lógica perversa, de esto pasó un año ya. Mucho vídeo, mucho anuncio, pero nada en la realidad”, observó la bonaerense Josefina Mendoza.
Otro de los diputados que se expresó fue Gonzalo Del Cerro, quien subrayó que “las estadísticas en criminalidad sirven para mostrar la barbarie, no para negarla y justificar la incapacidad, ineficiencia y la complicidad de la corrupción con el delito”. “Son cómplices los que liberan delincuentes, eso no se esconde con cifras, la moral no es matemática”, añadió.
El senador Leavy y diputados provinciales se reunieron con los ministros del Interior, Wado de Pedro, y de Seguridad, Aníbal Fernández.
Con preocupación por la seguridad de la provincia de Salta y el estado de los controles de la frontera norte, legisladores salteños encabezados por el senador Sergio Leavy, se reunieron con los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la mañana, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández recibió a Leavy, junto a los diputados provinciales, Coky Juárez, Iván Mizzau y Ramón Villa, entre quienes se planteó el estado de situación de la seguridad provincial a raíz del incremento de hechos delictivos y con manifestaciones de gran violencia.
El ministro expresó estar al tanto de todo lo ocurrido, del cambio de autoridades provinciales, y puso a disposición su cartera para generar políticas conjuntas de prevención y acción contra delitos federales que redunden en mayor resguardo de aquellos bienes jurídicos de interés para el salteño y salteña.
Además los legisladores que son referentes de las comunidades de San Martín, Orán y Rivadavia y tienen conocimiento de la zona de frontera, manifestaron interés en fortalecer los sistemas de control, extendiendo su capacidad y mejorando los radares y cámaras de seguridad existentes, para combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.
En el Senado de la Nación, el senador Leavy se reunió con el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el subsecretario de Relaciones Municipales, Tato Giles, para interiorizarse sobre la apertura de los pasos fronterizos de la provincia que limitan con Bolivia, Paraguay y Chile.
En tal sentido, los funcionarios señalaron que se encuentra muy avanzada la apertura del Paso de Yacuiba – Salvador Mazza y que resta acordar cuestiones logísticas con Migraciones. Asimismo, adelantaron que faltan los últimos ajustes para habilitar la apertura del Aeropuerto Martín Miguel de Güemes para vuelos internacionales.
Fue por las “amenazas” que a su juicio cometió el funcionario contra el humorista Nik, semanas atrás.
El diputado nacional Fernando Iglesias pidió este martes un apartamiento del reglamento para promover el juicio político contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por mal desempeño y presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones. Fue por “haber amenazado con metodología mafiosa a un dibujante y haber injuriado al expresidente de la Nación Mauricio Macri”.
A la hora de su presentación, el legislador se refirió también a los graves sucesos registrados en el sur. “Mientras todo esto sucede y nadie se ocupa de brindar seguridad, ¿de qué se ocupa nuestro ministro de Seguridad?”, preguntó el legislador, tras lo cual leyó el tuit que le dirigió hace unos días al humorista Nik.
Al respecto, se preguntó “¿desde cuándo hace el ministro inteligencia interna para saber dónde estudian los hijos de los periodistas y humoristas?”. Y tras contar que había vivido en Sicilia y también en Calabria, advirtió que “la mafia es así como te amenaza. Te manda una foto de tus hijos en la escuela”.
Fue aún más lejos al acusar de “antisemita” la actitud del ministro Fernández por haberle contestado también a la DAIA cuando intervino en esa polémica.
La medida fue impulsada por diputados de Juntos por el Cambio contra el presidente y su ministro de Seguridad, por “avalar la violencia terrorista” en la Patagonia.
El diputado nacional Jorge Enríquez presentó junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, una denuncia penal para que se investigue a Alberto Fernández, Aníbal Fernández y otros funcionarios nacionales por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita calificada, usurpación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y sedición, ya sea en calidad de autores, cómplices y/o partícipes, con relación a los hechos de terrorismo provocados en la Patagonia por un grupo autodenominado RAM.
La actitud del Gobierno nacional fue por lo menos pasiva al rechazar irresponsablemente el pedido de auxilio formulado por la gobernadora de Río Negro, pero podría ser también de mayor entidad si se comprueba que se facilitó el accionar terrorista de personas que usurpan la identidad mapuche para sembrar la violencia en el sur argentino, desconocido la soberanía nacional y la Constitución.
“El hecho excede los parámetros de una política equivocada para ingresar en el terreno penal”, sostiene Enríquez, para quien resulta “imperioso que la justicia actúe con firmeza y celeridad antes de que el avance terrorista se extienda como una mancha de aceite sobre vastos sectores de nuestro territorio, alentado por un kirchnerismo en retirada que quiere dejar tierra arrasada”.
El radical presentó un proyecto para solicitarle al ministro Aníbal Fernández que el Gobierno nacional muestre un “urgente involucramiento” con la situación en la Patagonia.
El diputado nacional Luis Petri (UCR), acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para solicitar al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que en su carácter de presidente del Consejo de Seguridad Interior convoque al Comité de Crisis -previsto en el artículo 13 de la Ley 24.059-, “a los efectos de ejercer la supervisión política y operacional de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad federales, y de garantizar la seguridad interior en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén”, a raíz del conflicto con un grupo de mapuches.
“El Poder Ejecutivo Nacional no tiene excusas para no actuar, y se encuentra obligado a hacerlo por mandato de la Ley de Seguridad Interior, que en su Título IV deja claramente estipulado el mecanismo a emplearse por cuerpos policiales y fuerzas de seguridad frente a la situación como la que se está atravesando. Se lo está requiriendo la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por lo que la ayuda que debe enviar la Nación no es una opción ni una concesión, es una obligación” aseguró el mendocino.
Según indica la iniciativa, la convocatoria al Comité de Crisis se encuentra previsto en la ley para “dotar al Estado Nacional de los instrumentos legales necesarios para realizar el despliegue de las fuerzas de seguridad y hacer frente a una crisis en un lugar determinado, a solicitud de la gobernadora, como ha sido este caso”.
La convocatoria al Comité de Crisis, como parte del Consejo de Seguridad Interior, es el que desarrollará el planeamiento y dispondrá las acciones que correspondan, y para ello cuenta con el Centro de Planeamiento y la Dirección de Inteligencia Interior, que procesa la inteligencia de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y policías provinciales.
“La grave situación que se encuentran atravesando las provincias mencionadas y sus poblaciones requiere el urgente involucramiento del Gobierno nacional, quien hasta este momento ha demostrado una sorprendente pasividad frente a los hechos violentos, a la vez de ser más proclive a tolerar y apañar a estos grupos violentos, que a proteger la vida y propiedad de los ciudadanos patagónicos”, concluyó el legislador radical.
El proyecto fue acompañado por sus pares Waldo Wolff, Pablo Torello, Omar de Marchi, Julio Sahad, Álvaro de Lamadrid y Carla Piccolomini.
Es por la situación planteada en el sur argentino con los sectores mapuches, y la pasividad expuesta por el propio ministro de Seguridad.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco pidió citar a Aníbal Fernández a la Cámara alta a dar explicaciones respecto a los atentados perpetrados por la Resistencia Ancestral Mapuche, en las provincias patagónicas.
El proyecto de resolución fue acompañado por los senadores Víctor Zimmermann, Claudio Poggi, Gladys González, Pedro Braillard Poccard; Humberto Schiavoni, Martín Losteau, Carolina Vucasovich, Mario Fiad, Pamela Verasay, María Belén Tapia y Esteban Bullrich.
“El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, debe brindarle al pueblo de las provincias el porqué de su pasividad y qué planes tiene en mente para detener el accionar de este grupo terrorista, aunque todo indica que poco y nada hará”, afirmó el senador fueguino.
“Desde sus inicios la RAM le ha declarado la guerra al estado argentino y también al chileno en la pretensión de establecer en territorio de ambos países una nación escindida. Esto no sólo es un disparate en términos prácticos sino también en términos políticos. Es el sueño violento de una agrupación que nada tiene que ver con la cultura Mapuche sino con una minoría terrorista infiltrada que pretende desestabilizar, promover el miedo, abolir la propiedad privada y afectar la institucionalidad”, expresa el proyecto presentado.
Agrega Blanco: “En las últimas semanas se registraron varios atentados en la provincia de Río Negro; uno de ellos fue el ataque incendiario en el centro de información turística de la ciudad de El Bolsón. El último, y solo para referirme a hechos próximos, fue incendiado el Club Andino Piltriquitrón en el centro de la misma ciudad. Nuestro gobierno debería preocuparse por la situación que viven nuestros compatriotas patagónicos desprotegidos, llenos de miedo y sabedores de que el estado nacional los desprotege en vez de entrometerse en cuestiones judiciales de un país soberano”.
Para el legislador de JxC, “es importante destacar que el Gobierno nacional pocos días atrás, avaló y evidentemente ordenó al embajador argentino en Chile a asistir a una audiencia judicial donde al condenado líder de RAM Facundo Jones Huala se le podía otorgar el beneficio de la libertad condicional. Esto resulta absolutamente inadmisible ya que un embajador tiene prohibido inmiscuirse en asuntos judiciales de otro país y asistirlos en los tribunales”.
“La presencia del embajador (Rafael) Bielsa en esa audiencia muestra a las claras que el gobierno argentino se solidariza con los victimarios en lugar de atender las necesidades y vicisitudes de las víctimas”, finalizó el senador Pablo Daniel Blanco.
Así se lo aseguró el ministro Aníbal Fernández a la senadora nacional Silvina García Larraburu.
Luego de varias comunicaciones con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, la senadora nacional rionegrina Silvina García Larraburu (Frente de Todos) logró garantizar la presencia de patrullaje de Gendarmería Nacional en la región andina de Río Negro.
En las conversaciones mantenidas, García Larraburu le informó en detalle la compleja situación que atraviesa su región de origen y el ministro se comprometió a enviar -a la brevedad- patrullaje de Gendarmería Nacional, que actualmente presta tareas en la provincia de La Pampa.
Así lo informó la senadora oficialista luego de que un voraz incendio destruyera este miércoles por la madrugada las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón de la localidad rionegrina de El Bolsón. El episodio fue atribuido al conflicto que se vive con sectores mapuches.
A raíz del episodio del ministro de Seguridad con el historietista Nik, los legisladores referenciados en Elisa Carrió pidieron remover al funcionario por “mal desempeño de sus funciones” y “las amenazas a un ciudadano que criticaba al Gobierno nacional”.
El bloque de la Coalición Cívica-ARI en la Cámara baja presentó un pedido de juicio político al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “Resulta evidente que el Sr. Fernández es moralmente insolvente o indigno para ejercer el cargo que ostenta. Es decir, moralmente insolvente o indigno no en términos de creencias o convicciones individuales, sino de aquella causal de exclusión de la que habla nuestra Constitución Nacional para el caso de los legisladores nacionales en el artículo 66”, sostuvieron los diputados.
La bancada presidida por Juan Manuel López elevó el proyecto de resolución para remover al funcionario por “mal desempeño de sus funciones” y “las amenazas a un ciudadano que criticaba al Gobierno nacional”, en referencia a su mensaje en Twitter revelando información de la vida privada del dibujante Nik.
“Aníbal Domingo Fernández efectuó declaraciones públicas en la red social Twitter que se dan de bruces con las funciones que la ley le asigna y que, incluso, podrían tratarse de hechos subsumibles en tipos penales (tal es así que ya se encuentra tramitando una investigación penal por estos hechos)”, plantearon los legisladores de la CC.
En la iniciativa, afirmaron que “la persona a cargo del Ministerio que tiene como función asesorar al presidente de la Nación, en todo lo concerniente ‘…a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático’ amenaza públicamente a un ciudadano”.
“No sólo el tono amenazante de las declaraciones constituye una explícita causal de mal desempeño de sus funciones, sino que además el hecho se agrava con el tono antisemita de las mismas. Vale recordar en este punto que la escuela ORT es una institución judía, y el significado de su nombre deviene de una expresión rusa que en español se traduce como ‘Sociedad para la promoción de oficios y trabajo agrícola para los judíos’. En este contexto internacional, el señalamiento público de una institución judía, por parte del Ministro de Seguridad de la Nación, adquiere una gravedad inusitada”, advirtieron.
Y recordaron que desde el partido que comanda Elisa Carrió “se denunció en reiteradas oportunidades a Aníbal Fernández por sus vínculos con personas y causas judiciales asociadas al narcotráfico e incluso por interferencias del poder político en la investigación sobre la muerte del fiscal (Alberto) Nisman. La Coalición Cívica y Elisa Carrió también advirtieron vinculaciones de Aníbal Fernández con los hechos asociados al Triple Crimen de General Rodríguez y también al accionar del exfiscal de San Isidro, Julio Novo”.
En ese sentido, mencionaron que este pedido de juicio político contra Aníbal Fernández “no es el primero que impulsamos”. “En efecto, en el mes de febrero de 2010, luego que la entonces diputada Carrió tomara más conocimiento e investigara distintas circunstancias, los legisladores provinciales del bloque de la Coalición Cívica, presentaron un pedido de juicio político contra el entonces jefe de Gabinete por su responsabilidad en el funcionamiento del Sedronar y Renar y sus vinculaciones con el Triple Crimen de General Rodríguez. El mismo fue suscrito y presentado por los legisladores provinciales bonaerenses de la CC Maricel Etchecoin Moro, Liliana Piana, Javier Mor Roig y Daniel Expósito”, señalaron.
A través de sus respectivas cuentas de Twitter los dirigentes de la oposición expresaron su dolor ante el brutal asesinato de un adolescente en Quilmes y apuntaron fuertemente hacia Aníbal Fernández.
Tras conocerse el brutal asesinato del joven de 17 años Lucas Cancino, que fue apuñalado en para robarle el celular y su bicicleta mientras se dirigía al colegio en el partido de Quilmes, la red social de Twitter una vez más fue el medio por el que los dirigentes de la oposición expresaron su dolor y apuntaron con fuertes y duras críticas hacia el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.
Patricia Bullrich, presidenta del Pro, calificó a Aníbal en un tuit como “el ministro de Inseguridad que se ocupa de amenazar gente”, y apuntó contra el ministro de Seguridad la provincia, Sergio Berni porque se encarga de “comentar las noticias”. En este sentido, remarcó que “a Lucas lo mató un delincuente con antecedentes”, y les sugirió que “continúen nuestra política de seguridad y sean firmes. Que no les tiemblen las manos para defender a los ciudadanos”.
Por su parte, el diputado nacional y presidente del bloque de la UCR Mario Negri (Córdoba) escribió: “Aníbal Fernández amenazó a Nik, puso en riesgo a su familia y al colegio de las hijas haciendo abuso de poder desde el Estado. Mientras, en Quilmes, la ciudad que él gobernó, asesinaron a un chico que iba al colegio por robarle la bicicleta”, y arremetió: “No hay Gobierno, hay desgobierno”.
También se expresó la diputada nacional y presidenta de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, quien posteó: “Lucas tenía 17 años, salió de su casa para ir al colegio en bicicleta. Unos delincuentes le quitaron la vida. Murió en los brazos de sus abuelos. Mi hija tiene la misma edad. Los argentinos necesitamos educación, seguridad, trabajo y vivir en paz. No nos acostumbremos a esto. Triste”. En otro tuit, agregó: “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Que tanto dolor no sea en vano. Demos vuelta la historia”, y finalizó con el hashtag ‘Basta’ y ‘Justicia por Lucas’.
El candidato a diputado nacional Luis Petri manifestó: “La desidia, la falta de un plan de seguridad y las injustificadas internas del Gobierno nos terminan costando vidas inocentes. En menos de 24 horas asesinaron a un joven de 17 años para robarle la bicicleta y el celular, a un policía para robarle la moto y a un empresario de 32 años”, y denunció en otro posteo: “El Gobierno es responsable de la escalada de inseguridad que vivimos, es consecuencia directa de la liberación de 4500 presos peligrosos con la excusa de la pandemia, pese a que quedó demostrado que se contagiaban menos en las cárceles”.
A su vez, el candidato a diputado nacional José Luis Espert por Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, tuiteó de forma breve y concisa la noticia del medio Infobae con la palabra “Bala”, en relación a los delincuentes.
Además, el candidato a senador y exintendente de Morón Ramiro Tagliaferro cuestionó: “Mientras el ministro de Seguridad aprieta ciudadanos por Twitter, los delincuentes tienen piedra libre y los argentinos seguimos llorando muertos”.
Se sumó a los reclamos el candidato a diputado nacional y exsecretario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman quien apuntó contra Fernández, Berni y la intendenta del partido Mayra Mendoza al manifestar: “Lucas salía para el colegio cuando intentaron robarle y lo mataron. Cayó muerto en la puerta de su casa en Quilmes. Mientras tanto, Aníbal Fernández ocupado agrediendo ciudadanos, Berni arruinando operativos y Mayra Mendoza derrochando en festivales. No hay perdón”.
“Mataron a un chico de 17 años que iba a estudiar en Quilmes. ¿El ministro de Seguridad? Apretando gente por Twitter. ¿Mayra Mendoza? Gastando 9.000.000$ en recitales. Ni olvido ni perdón. Kirchnerismo nunca más. Justicia por Lucas. QEPD”, expresó el candidato a diputado nacional por Neuquén Carlos Eguia.
La reacción de Juntos por el Cambio por la actitud del ministro de Seguridad con el dibujante Nik sumó varias iniciativas en el Congreso.
Al pedido de un grupo de radicales se sumaron diputados nacionales del bloque Pro, que también reclamaron interpelar al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para que explique sobre el uso de información privada del ciudadano Cristian Dzwonik, conocido artísticamente como “Nik”.
A su vez, en la iniciativa solicitaron que el funcionario explique “las injurias a dirigentes de la oposición”, entre otras cuestiones referentes a su labor.
“Hay un uso del aparato del Estado y de datos privados para amedrentar a los ciudadanos que no aprueban el curso de este Gobierno, una conducta sumamente antidemocrática y peligrosa”, resaltaron.
El proyecto fue firmado por el jefe de la bancada, Cristian Ritondo, y los legisladores Soher El Sukaria, Adriana Ruarte, Gisela Scaglia, Martín Grande, David Schlereth, Ingrid Jetter, Dina Rezinovski, Martín Medina, Carmen Polledo, María de las Mercedes Joury y María Lujan Rey.
El diputado radical Fabio Quetglas quiere que el ministro de Seguridad asista a explicar sus declaraciones intimidantes contra Nik.
El diputado nacional Fabio Quetglas (UCR) presentó un pedido para que se cite a la Cámara de Diputados al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a fin de que responda sobre sus respuestas intimidantes al historietista Nik en la cuenta social Twitter, y sobre las que pidió disculpas.
“El conocimiento de parte del señor ministro de Seguridad de información sensible de las y los ciudadanos y el tono amenazante de su intervención, no se corresponden con lo esperable de un funcionario nacional cuya tarea principal es la de brindar seguridad”, señaló el radical, en relación a los tuits del funcionario haciendo referencia al colegio al que asisten las hijas del dibujante, quien se mostró crítico con medidas económicas del oficialismo.
Para Quetglas, “los dichos del ministro Fernández sólo siembran miedo y motivan preguntarse cómo obtuvo la información referida a los hijos del Sr. Dzwonik”.
“Erradicar la violencia de la conversación pública es esencial. La intimidación funciona la mayoría de las veces anulando las voces disidentes, obturando el debate y sembrando el miedo. El ejercicio de nuestros derechos cívicos no debería requerir de valentía”, completó el legislador de Juntos por el Cambio.
Desde JxC presentaron un proyecto para que Diputados impulse juicio político al ministro de Seguridad.
El senador fueguino Pablo Blanco (JxC) presentó un proyecto solicitando a la Cámara de Diputados que promueva el juicio político al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para determinar si ha incurrido en un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones ante el acto de intimidación perpetrado contra el humorista gráfico Nik.
“Los dichos de Aníbal Fernández contra el humorista Nik en las redes sociales es una conducta que merece no sólo nuestro repudio, sino que las instituciones accionen los resortes previstos por la ley”, dijo el senador Blanco y agregó: “Agredir y victimizar a un ciudadano por sus opiniones políticas haciendo pública información personalísima sobre su familia es un hecho temerario que no debe tener lugar en la democracia argentina, máxime cuando dichas revelaciones y amenazas fueron realizadas por el máximo responsable de velar para que este tipo de situaciones jamás sucedan y tiene a su cargo no sólo el mando de las Fuerzas Federales sino la Dirección de Inteligencia Criminal”.
Al respecto, el legislador radical apuntó: “No espero retractación alguna por parte del ministro que tiene un frondoso historial de actitudes similares, pero sí esperaba su pronto relevamiento por parte del señor Presidente de la Nación, quien al no hacerlo avala con su silencio esta actitud peligrosa, despreciable y antidemocrática”.
“Callar frente a semejante hecho nos acerca peligrosamente hacia un modelo de país que no queremos: una Argentina crecientemente autoritaria, amordazada y con miedo. Los argentinos merecemos un país con una orientación distinta. Una argentina donde primen la tolerancia, el diálogo, la seguridad y el respeto hacia quienes no comparten los lineamientos del gobierno cualquiera fuere su signo político”, finalizó el senador fueguino.
La candidata de JxC habló sobre las medidas llevadas a cabo por parte del FdT para revertir lo que dejó las PASO y aseguró que “están haciendo política de la peor”. También le pegó a Cristina Kirchner por las restricciones al campo y a Aníbal Fernández.
La candidata a senadora nacional Carolina Losada por Santa Fe por Juntos por el Cambio se refirió a las diferentes medidas que el bloque oficialista impulsó desde que perdió en las urnas en las PASO de lo cual manifestó que “no creo que lo den vuelta” porque “la gente va a mantener ese voto”. Además, arremetió contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre las restricciones a la exportación de maíz y aseguró que “metió mano para generar otro conflicto”. También cuestionó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
En diálogo por la AM 630 Radio Rivadavia, Losada habló sobre la probabilidad de que, ante el clientelismo, el Frente de Todos de vuelta la elección en los comicios generales del 14 de noviembre: “Yo no lo creo, además porque están haciendo política de la peor. Lo que hicieron ahora con las nuevas restricciones a las exportaciones de maíz, mientras la gente esta sembrando, le cambian la voz otra vez porque el campo estaba pidiendo previsibilidad”.
“Creo que lo que quiere hacer Cristina, porque acá metió mano ella seguramente, es generar otro conflicto con el campo para echarles la culpa”, advirtió la periodista y precisó que “Santa Fe es una provincia que tiene mucho campo, mucha ganadería, agricultura”
En este sentido, señaló que “no puedo ver nada con lo que puedan darlo vuelta, no están haciendo anda para darlo vuelta, no están haciendo nada para generar empleo, tampoco por la inseguridad porque que venga Aníbal Fernández y te traiga 500 gendarmes no cambia nada. Están dando manotazos de ahogados”.
“Estoy 100 porciento consciente de que el voto de la gente en septiembre fue un voto de esperanza y van a mantenerlo para cambiar las cosa y la oposición va a tener una agenda que hagan de la Argentina un país viable, no creo que puedan da vuelta eso”, ratificó la candidata de JxC.
Respecto a la designación de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad afirmó que es “tremendo” que él sea “la persona que cuida la seguridad de los rosarinos justo con los problemas de narcotráfico que tenemos. Además, salió con que venia con 500 gendarmes ni siquiera fueron precisos en los lugares, en el tiempo”, y cuestionó que “la gendarmería pide papeles en zonas céntricas a los automovilistas cuando ese no es la tarea que deben hacer cuando esta en un lugar caliente donde tenemos 17 homicidios por cada 100 habitantes, tiene que hacer algo profundo con decisión política”.
Por último, calificó al gobernador Omar Perotti como el “nuevo caballo de Troya de Cristina” que lo quieren “vender como moderado no hizo nada durante toda la gestión”. “Ahora de repente se acordó de que los santafecinos necesitamos que nos cuiden, en contra de la inseguridad, del narcotráfico. Es tan burdo el relato y creo que no puedan darlo vuelta por más que regalen cosas”, concluyó Losada.
El candidato a diputado nacional por el FdT en la Ciudad reveló que no pudo hablar con el ministro de Seguridad, a quien llamó, y aseguró que “caer en la personalización no ayuda a la política”.
El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro se refirió al cruce tuitero que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tuvo con el dibujante Nik y sostuvo que “cualquier referencia directa o indirecta a los hijos, me parece que no corresponde, es inaceptable”.
Consultado en radio La Red por la respuesta intimidante -haciendo alusión al colegio al que asisten sus hijas- que el funcionario tuvo para con el dibujante, quien criticó medidas del Gobierno en el contexto de campaña electoral, Santoro reveló: “Yo lo llamé a Aníbal para preguntarle qué había querido decir y no pude hablar con él”. “Y no”, respondió cuando le preguntaron si le había “gustado” la actitud del ministro.
“La personalización en la política es horrible, yo trato de no personalizar, de hecho trato de tener buena relación con todos los dirigentes aunque no militen en mi espacio”, expresó el dirigente oficialista y agregó que “caer en la personalización es una tentación que en el debate público, mucho más en las redes sociales, tenemos todos”, pero “no ayuda a la política”.
El legislador porteño afirmó en la campaña trata de “defender y explicar ideas, contextos”. “Esta es una elección muy difícil no solo para este Gobierno, sino para los gobiernos del mundo. Casi todas las elecciones que se dieron en los últimos 18 meses los oficialismos perdieron en un 95%”, resaltó.
Respecto a la economía, para el candidato a diputado “empiezan a aparecer, después de meses horribles, signos que nos dan la sensación de que en muy poco tiempo las cosas pueden estar mejor y la verdad que me agarro de eso para tratar de convencer a la gente que lo importante es reafirmar un rumbo socio-económico”.
“Este año y medio de pandemia fue muy duro, no solamente para Argentina, sino para todos los países del mundo y el estado de ánimo se vio muy afectado”, respondió cuando le preguntaron por los jóvenes que quieren irse del país.
E insistió que “en los últimos meses hay un cambio de tendencia: esta idea de que no hay futuro, que todo es oscuro, a partir de las aperturas, de las flexibilizaciones, de que han bajado los casos (de Covid) y que la actividad económica empieza a repuntar, se empieza a modificar la tendencia”.
Además, señaló que los argentinos que se van al exterior “son muy pocos los que encuentran realmente un futuro de prosperidad afuera. En general muchos argentinos se van con un sueño y terminan haciendo trabajos que acá no quisieran hacer, o terminan subsistiendo en otros países alejados de sus afectos”. “La mayoría de la gente que se va está pensando todo el tiempo en volver”, aseguró.
Un entredicho tuitero del ministro de Seguridad y el dibujante concluyó con un mensaje del funcionario que desencadenó una ola de críticas desde la oposición.
En el marco de las repercusiones que desencadenó la propuesta de Axel Kicillof de brindar viajes de egresados, como así también otras medidas claramente orientadas a reorientar en noviembre el voto a favor del oficialismo, el dibujante Nik escribió un mensaje crítico en su cuenta de Twitter: “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuezo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”.
Una respuesta vino nada menos que de parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pero de un modo inaceptable: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés. O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito. ¿Lo conocés?”, escribió Aníbal Fernández en lo que el dibujante interpretó como una amenaza. Al cabo, el funcionario terminó borrando el tuit y pidiendo disculpas, pero la oposición no se la dejó pasar.
El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio repudió lo que interpretó como una amenaza. “Quien debe garantizar la seguridad de cada ciudadano utilizó las redes sociales para dar información personal y familiar del colegio al que asisten los hijos de Nik. Esta conducta del señor Aníbal Fernández no es otra cosa que un acto intimidatorio”, consideraron los diputados nacionales de JxC.
“Aníbal Fernández acaba de traspasar un límite delicadísimo. No sólo amenazó a un ciudadano por sus críticas al Gobierno, sino que puso en peligro a sus hijos”, añadieron los diputados nacionales. “El ministro de Seguridad no está a la altura del cargo para el que fue recientemente designado. Un funcionario que ostenta tamaña responsabilidad no puede amenazar -ni siquiera veladamente- a un ciudadano. Esta práctica no se condice con la democracia y pone en peligro la convivencia de los argentinos”.
“Exigimos al Gobierno nacional que frene estas conductas intimidatorias. El ministro de Seguridad debería no solo pedir disculpas públicas sino poner a disposición del Presidente su renuncia indeclinable”. Por último, los diputados del Interbloque de JXC esperan la palabra oficial en este tema “Frente a un hecho de tamaña gravedad consideraron que el silencio del oficialismo es aún más preocupante”, finalizaron los diputados.
“Tenemos un ministro de Seguridad q amenaza x tw a un ciudadano. Todo muy normal en un país donde la patota y el insulto son usados x el gobierno para amedrentar al que piensa distinto. El Presidente y Cristina son responsables de este violento. Mi solidaridad con Nik”, tuiteó por su parte la diputada Paula Oliveto.
También se pronunciaron candidatos, como Javier Milei, quien le expresó al ministro: “Repudio total y absolutamente tu actitud patotera. Así es la casta política, usan el monopolio de la violencia del Estado para perseguir a individuos que piensan distinto. Mi absoluta solidaridad con @Nikgaturro contra este atropello”.
En el mismo sentido se pronunció María Eugenia Vidal: “El ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, como respuesta a una crítica de @Nikgaturro le avisa que sabe a qué escuela van sus hijos. Con los chicos no. #VolvieronPeores”.
“Volvieron peores”, también dijo Graciela Ocaña, que agregó: “No solamente es un machirulo, también amenaza a un ciudadano que sólo dijo lo que pensaba. Mi solidaridad con @Nikgaturro, vamos a presentar un proyecto repudiando la actitud del Ministro de la Inseguridad y el apriete, Aníbal Fernández. #ConLosChicosNo”.
A su vez, la UCR bonaerense que conduce el diputado provincial Maximiliano Abad emitió un comunicado en el que expresó: “Repudiamos absolutamente, y no encontramos justificación alguna, respecto de la respuesta que el Ministro Aníbal Fernández dio a un tuit del dibujante Nik referido algunos aspectos puntuales de la gestión de gobierno. Es impropio de un servidor público apelar a frases amenazantes y dar a conocer datos que hacen a la intimidad de los ciudadanos”.
“La discusión en torno al uso de los recursos públicos es algo natural en una democracia, y pueden sostenerse puntos de vista alternativos. Lo que constituye un acto de gravedad es el abuso de poder y el patoterismo”, agregaron.
Además, el exministro de seguridad de la provincia apuntó fuerte contra el gobernador: “Habla de luchar contra las mafias, pero se reúne con Aníbal Fernández que es amigo de Moyano”.
Tras el anuncio que realizó desde Casa Rosada el ministro de seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre el envío de fuerzas federales a Rosario para aplacar la situación de inseguridad, homicidios y narcotráfico que caracterizan a la ciudad, el diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR – Santa Fe) aseguró que la presencia del gobernador santafecino, Omar Perotti, fue un “mensaje pésimo, solo hace todo se empeore” y remarcó que el Gobierno Nacional y Provincial “tienen muchas contradicciones”. También, cuestionó la gestión de Cristina Kirchner en 2013 porque “tomó la decisión política de abandonar Santa Fe”.
Con la palabra autorizada, el exministro de seguridad de la provincia dialogó por Radio Dos 99.3 y se refirió al destacamento que tenía Gendarmería en varias provincias y recordó que “entre en un debate en 2013 fue cuando se llevo a cabo un operativo en el Conurbano Bonaerense y se llevaron gran parte de los gendarmes que teníamos en Rosario, se llevaron a 160 que estaban en el destacamento de Rosario – Victoria, 34 de Rafaela, 64 de Venado Tuerto y un sin números que teníamos para trabajar en la prevención”.
“El kirchnerismo en el 2013 abandonó a su suerte a la provincia de Santa Fe y después vinieron con un gran operativo de seguridad que llevo adelante Sergio Berni que no se mantuvo ni se sostuvo en el tiempo y eso impactó de forma negativa en la seguridad pública, pero en la provincia de Santa Fe hubo una decisión política de abandonarla y dejarla sola cuando había muchos problemas fue en el Gobierno de Antonio Bonfati, que Raúl Lamberto era el ministro”, cuestionó el diputado provincial.
En esta línea, agregó: “El comandante general Omar Gustavo Pereyra estuvo en ese momento cuando tomó la decisión el Ministerio de Seguridad de la Nación de sacar los gendarmes de la provincia de Santa Fe, fue mi secretario de seguridad pública”, y subrayó: “Estuvo cuando Cristina tomo la decisión que, llevada a adelante por Berni, donde se realizó un operativo muy importante de gendarmes en el Conurbano que salieron de las provincias con un rol específico que era control de rutas y de fronteras, por lo que aumento el ingreso de drogas a la República Argentina por la falta de controles”.
“Se cambiaron las prioridades de las fuerzas de seguridad, porque no controlaron lo que tenían que controlar e hizo explotar la seguridad pública de la ciudad de Santa Fe”, apuntó Pullaro
A un año del día que Alberto Fernández anunció el envío de 3 mil millones de pesos a la provincia que no están ejecutados, afirmó que eso “depende de tener un equipo y un apoyo permanente del gobernador de Santa Fe”, y opinó: “Creo que Omar Perotti es una persona que siempre les tira el poder a sus ministros y no los deja llevar adelante la gestión pública, en ese sentido los ministros tienen poca capacidad, el equipo termina siendo un equipo que no le responde a él. Hay un doble comando en el ministerio de seguridad. Eso hace lo que sucede hoy”.
“Es difícil la gestión pública, armar equipos si el gobernador no te ayuda y no te da la capacitación para llevar a cabo esta situación es difícil que el ministro lleve bien adelante su trabajo”, expresó el diputado radical.
En relación al anuncio del ministro de seguridad de la Nación y las reuniones previas que tuvo aseguró que “es un mensaje pésimo, quien tiene que tener el poder para gestionar la seguridad pública es el ministro de seguridad, que se reúna antes con funcionarios de segundo grado, es un muy mal mensaje porque la policía lo lee y no sabe quién está conduciendo y cuando hay doble comando lo que hacen las fuerzas de seguridad no tienen presencia en las calles y es algo que se ve hace tiempo”.
“Ese mal mensaje hace que todo se empeore en la provincia de Santa Fe”, ratificó Pullaro y concluyó fuertemente: “Muchas contradicciones tienen el Gobierno Provincial y Nacional, Aníbal Fernández habla de la lucha contra las mafias y es amigo de Moyano, Perotti habla de la lucha contra las mafias y es recibido por un ministro que es amigo de Moyano cuando sabemos la relación que tiene el sindicalismo y los vínculos con las barras bravas, los violentos y las drogas. Todas estas contradicciones hacen que las fuerzas de seguridad no tengan el trabajo sobre el territorio”.
Luego de que el candidato a diputado de JxC asegurara que “hay que cambiar las reglas laborales de Argentina”, el ministro de seguridad de la Nación lo cuestionó: “Modificar el orden público laboral por el derecho privado”. La respuesta de Tetaz.
La raíz de la discusión se originó luego de que el candidato a diputado nacional Martín Tetaz por Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, respondiera en un tuit que “hay que cambiar las reglas laborales” tras los dichos del exdiputado Héctor Recalde, quien aseguró que “por la inconstitucionalidad del proyecto impulsado por la oposición, es imposible que prospere”. Ante esto, el ministro de seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le salió al cruce al economista, pero la situación no quedó allí y Tetaz le contestó.
“Los dueños de la industria del juicio no quieren que se termine. Lógico. Por eso hay que cambiar las reglas laborales de argentina. YA”, enfatizó en un principio el candidato oficialista en su cuenta de Twitter.
Por ese motivo, Fernández lo cuestionó desde su cuenta y le escribió: “¿La Unión Cívica Radical está de acuerdo con esta apreciación de su candidato a legislador? ¿Que pretende Tetaz? ¿Modificar el orden público laboral por el derecho privado, considerando a la relación laboral como una relación entre iguales?”, y agregó en otro tuit: “Si el contrato de trabajo pasa a ser una locación de servicio como propone Tetaz, se terminan las remuneraciones por convenio, la protección contra el despido arbitrario, las vacaciones pagas, los aguinaldos, licencias por maternidad, todas las conquistas de los trabajadores”.
Sin embargo, el referente de JxC no se quedó de brazos cruzados y le remarcó que “en el único lugar donde el 50 por ciento de los trabajadores no tienen protección contra el despido arbitrario, vacaciones pagas, aguinaldos y licencias por maternidad es en Argentina” y lo mandó a “estudiar”.
Además, el funcionario oficialista destacó que “las reglas laborales argentinas no sirven” porque “surgieron de una argentina industrial que ya no existe más; hoy el empleo es PYME y todos los productores sin excepción dicen que contratarían más trabajadores con otro esquema”.
En esta línea, comparó: “En Dinamarca hay plena libertad para entrar y salir de la relación laboral y se protege al trabajador con un muy buen seguro de desempleo, cuya contrapartida es capacitación y entrevistas gestionadas por el estado para facilitar la rápida reinserción”, por el contrario “en Argentina, el seguro de desempleo es indigno y se busca ‘incluir’ a los desocupados con planes sociales que profundizan el problema”, y avizoró que “en estas elecciones tenemos que elegir entre lo que defiende Aníbal, o un sistema moderno, basado en el empleo y en la protección al trabajador”.
Además, Tetaz manifestó que “los libertarios creen que la mecánica de expropiación del articulo 17 de la CN la agregó Perón”, e ironizó: “Cuando lean Sistema Económico y Rentístico, de Alberdi, se caen de espalda”. Por consiguiente, el ministro de seguridad de la Nación enfatizó que tiene “una confusión mental” porque “proponía la derogación del orden público laboral y hoy, nos habla de la función social de la propiedad, concepto propio del Estado social de Derecho y piensa que el Artículo 17 de la CN lo cobija” y concluyó que “no entiende nada”.
