En la continuidad del debate de las leyes de seguridad, que contemplan el abordaje integral del crimen organizado, el plenario de comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior recibió las visitas del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quienes alertaron sobre un alertaron sobre un “exceso de garantismo” de la norma, y  por eso puntualmente pidieron a los legisladores no “quedarse cortos” con los alcances nacionales que tendrá la ley que vayan a aprobar.

En el inicio del debate, la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anticipó que volverían a reunirse el martes próximo para tratar cinco tratados con repúblicas hermanas aprobados casi por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores,  pero también anticipó que si se ponen de acuerdo en un texto verán la posibilidad de despachar el proyecto de modificación del Banco de Datos Genéticos.

El primero en intervenir fue el ministro de Seguridad de Santa Fe, quien aclaró que compartían los alcances de las iniciativas, fundamentalmente la herramienta de la ley antimafias. “Desde Santa Fe es un imperativo contar con herramientas de persecución amplificada contra este tipo de organizaciones”, dijo Cococcioni, que expresó el apoyo “en términos generales”, pero apuntó algunas cuestiones que sugirió corregir.

A su juicio, “no es necesario vincular la caracterización de las organizaciones al delito que cometen las organizaciones”, e hizo algunas consideraciones puntuales sobre el articulado, que hacen a los medios empleados y la ultrafinalidad perseguida por los  hechos mafiosos.

Sobre el capítulo II del proyecto, referido a la zona sujeta, el ministro consideró que la metodología debería ser similar a la Ley de Seguridad Interior: a requerimiento de la autoridad  provincial, se conforme una especie de comité conjunto entre las autoridades nacionales y locales. “El proyecto dice que los organismos nacionales desplacen totalmente las competencias investigativas de los órganos de la provincia o territorio afectado -explicó-. Una gran proporción de los homicidios estuvieron ligados a la operación de bandas mafiosas”, y se preguntó si es correcto que los organismos nacionales desplacen a las locales. “Preferiría algún tipo de coordinación”, dijo, sugiriendo que sean las autoridades locales las que pidan alguna participación, o bajar recursos para trabajar en conjunto.

Dijo compartir todas las cláusulas procesales, pero alertó sobre herramientas insuficientes, como por ejemplo en materia de detención. Sucede que por las leyes locales, un fiscal puede detener a una persona por un mes, mientras que la norma nacional puesta en discusión el tiempo de detención no puede exceder las 48 horas para un delito mafioso. “Cualquier delito tiene mayor cantidad de días de detención”, advirtió el ministro, que sí aclaró que apoyaban la parte más importante del proyecto, que consideró es la de distintos mecanismos de agravación de penalidades.

Al concluir, insistió en que si cualquier fiscal de Santa Fe puede allanar un territorio con la sola orden dispuesta por él mismo, y detener hasta 30 días, “nos parece que las herramientas procesales que propone la ley antimafia lucen un poco débiles y proponemos amplificarlas”.

A continuación, el gobernador Pullaro aclaró que venían a respaldar la ley. “No tenemos que tener miedo para emprender reformas importantes”, enfatizó, advirtiendo a continuación que “nos parece que esta ley tiene un exceso de garantismo. Tiene algunas instituciones e instrumentos que han sido debatidos mucho tiempo en Santa Fe y hoy los estamos aplicando y están empezando a mostrar resultados importantes, porque cuando uno logra tener las herramientas normativas para poder actuar, claramente los índices de delito y violencia comienzan a retrotraerse y bajar mes a mes”. Prueba de ello es, dijo, los seis meses que lleva al frente de su provincia.

Pullaro retomó el planteo que su ministro había hecho sobre la detención por orden del fiscal por 48 horas. “Nosotros tenemos una detención de 30 días, que fue aprobada en la Legislatura casi por unanimidad. Un fiscal puede ordenar un allanamiento, y esas herramientas pueden permitir ser más ágiles. Ese tipo de instituciones, más otras, y que hemos ordenado en el último tiempo, nos han permitido esclarecer hechos importantes”, aseguró.

Pullaro expresó el deseo de brindarle a los legisladores nacionales “la experiencia de todo lo que nos hemos equivocado en la provincia, para que no vuelva a suceder en otra provincia. Porque al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan muchas herramientas. Una violencia perenne, por más que uno logre encapsular, vuelve a agravarse con el paso del tiempo”.

Luego aportó datos de lo que han logrado con estas leyes de las que hablaba. Rosario, el año pasado fue la zona más violenta del país, contó, y allí tuvieron este año 49 homicidios dolosos, contra 129 del año pasado, a esta fecha, “sin estas herramientas. 80 más, tenemos un treinta y pico por ciento menos de casos”, dijo.

“En la capital provincial, otro sitio con mucha violencia, tuvimos 18 homicidios dolosos, cuando llegamos a tener 50 o 60 homicidios dolosos a esta fecha”, detalló a continuación.

El gobernador santafesino valoró los objetivos de la ley antimafias, basada en leyes de Italia y Estados Unidos, y tras reseñar los mismos reparos que su ministro de Seguridad, reiteró: “Vuelvo con las herramientas. Nos parece que tienen una mirada garantista y tenemos que dar el debate en esto. Un fiscal que tiene el control de constitucionalidad por un juez, tiene que tener las herramientas necesarias para actuar de manera contundente cuando está peleando con el delito organizado. Apoyamos la ley; queremos pedirles que no se queden cortos”.

A la hora de contestar preguntas, el ministro de Seguridad santafesino sugirió dejar claro si todo va a ser federal, o si es un esquema de coordinación. “Porque si yo conservo las competencias provinciales, ya tengo lo que nos da el Código Provincial. En materia de detenciones, tengo 28 días más de lo que proponen. Sino, se advierte la necesidad de un régimen diferenciado; es distinto en algunas cuestiones y el Código se va definiendo sobre la marcha; se va mejorando o empeorando. Se le van haciendo reformas, cuya necesidad se advierte en algunos casos de la propia experiencia práctica”, apuntó Cococcioni.

Ante una observación hecha por el diputado Germán Martínez, respecto de que no había hecho referencias a la palabra “mafias” en sus discursos de asunción y la apertura de sesiones ordinarias, a lo que Pullaro respondió que “tenemos que fijar los bordes para poder utilizar esta herramienta y tenerla tipificada. Es verdad que en los discursos no utilizamos el concepto de mafia, pero utilizamos algún concepto más fuerte: terrorismo. Porque lo que intentaron hacer fue quebrar una decisión tomada por el Gobierno de la provincia que tenían que ver algunas leyes que nos había dado la Legislatura, que nos permitió cambiar las condiciones de detención, que sugiero se puedan discutir a nivel nacional”.

En materia de lavado de activos, el gobernador destacó que “tenemos una ley que se sancionó en 2017, muy importante, que nos permite incautar los bienes del delito cometido a nivel provincial. Señaló que eso les permite sacarles recursos a las organizaciones criminales, y contó que días pasados remataron una gran cantidad de autos de alta gama, y lo recaudado se lo dieron a las víctimas de delitos en Santa Fe. Habló entonces de la importancia de privarlos de recursos para “sacarles poder de corrupción, pero también capacidad de que les paguen a los mejores abogados”.

Ante la consulta referida a la fuga de presos, admitieron el hecho reciente y ambos funcionarios santafesinos lo atribuyeron a no haberse hecho obra pública en materia penitenciaria durante los últimos cuatro años. Prometieron que esta gestión la llevará adelante esta gestión y recordaron que durante la gestión de Pullaro como ministro de Seguridad habían reducido a cero la cantidad de presos en comisarías.

El acompañamiento nacional

En un pasaje, la diputada nacional santafesina Florencia Carignano (UP) observó que a su juicio el gobernador había sido condescendiente con el Gobierno nacional, pues la ministra de Seguridad Patricia Bullrich los había “dejado solos en el peor momento”. Pullaro aclaró que eso no había sucedido, y precisó que durante los tiempos complejos que vivieron en el mes de marzo, “tuvimos el acompañamiento incólume y muy fuerte del Gobierno nacional.

“Patricia Bullrich estuvo presente; Luis Petri estuvo presente; Mariano Cúneo Libarona estuvo presente, respaldando las políticas que se llevaban adelante y colaborando con fuerzas federales –aseguró-. Tenían una dificultad muy grande producto del mismo criterio: desfinanciamiento de 4 años de las fuerzas de seguridad. Fuerzas federales que no tenían móviles, y lo que es peor, no tenían aeronaves, ni helicópteros en funcionamiento. Por eso tuvo que colaborar el Ejército argentino”.

“En ningún momento nos sentimos solos, hubo un acompañamiento profundo. No solo del Gobierno nacional sino también del resto de los gobernadores”, destacó, citando el caso del gobernador Axel Kicillof, con el que firmaron un convenio de inteligencia e investigaciones. “El en función de una delegación de recursos que había tenido. Había adquirido infraestructura y la puso a disposición de las fuerzas de Santa Fe”, dijo, y cerró: la ministra de Seguridad de la Nación se encontró con una flota de vehículos devastada por el Gobierno anterior”.