Dos semanas después de haber concurrido a brindar su informe de gestión en esa misma Cámara, Guillermo Francos se presentó en Diputados para responder preguntas sobre el caso $LIBRA. Fue en el marco de una interpelación, una instancia habilitada por la Constitución, muy común en el mundo, pero infrecuente en nuestro medio, donde alcanzan los dedos de una mano para reseñar los antecedentes, de 1983 a la fecha.

Fue uno de los argumentos que usaron desde el oficialismo, e incluso los aliados del Pro que defendieron al Gobierno: el hecho de que la mayoría de las administraciones anteriores no hubieran tenido que pasar por semejante instancia. Documentado, el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni detalló que “en la época del kirchnerismo hubo 658 pedidos de interpelación”. Un pedido de interpelación y hasta de juicio político no se le ha negado nunca a ningún gobierno, así que tampoco es para escandalizarse; pero es de absoluta lógica que el que es por lejos el oficialismo más débil de la democracia -numéricamente hablando-, sea pasible de interpelaciones. Vale recordarlo una vez más, porque el relativo éxito legislativo de este oficialismo pareciera haber ocultado este dato: La Libertad Avanza tiene apenas el 15% de la Cámara de Diputados y menos del 10% en el Senado. Fin.

Si los gobiernos kirchneristas no tuvieron nunca una interpelación, ni fueron puestos mayormente en apuros en el Congreso es simplemente porque casi todo el tiempo tuvieron mayoría; y cuando la perdieron en ambas cámaras, la dispersión opositora y la habilidad propia relativizó los efectos de ese problema.

Con todo, no la pasó mal Guillermo Francos en la interpelación, y lo máximo que la oposición ha conseguido en esta materia es hasta ahora mantener relativamente vivo el tema, a casi tres meses de acontecida la ¿gaffe? presidencial. Volverá a agitar la cuestión el 14 de mayo, fecha para la cual fueron citados los dos ministros que pegaron el faltazo el martes pasado, aunque no hay garantías de que esta vez concurran. A lo mejor sí Mariano Cúneo Libarona -que ya ha ido a comisiones, aunque pareciera que esta vez le sugirieron lo contrario-, pero mejor no hacerse los rulos con Luis Caputo, quien se ha juramentado no estar cara a cara con los legisladores en el tiempo que esté al frente del Palacio de Hacienda.

El jefe de Gabinete respondió preguntas por unas seis horas.

En cuanto a la comisión investigadora, ahí hay chances de hacer más ruido, pero por lo pronto está empantanada en un empate que impide su puesta en marcha. Tratarán de destrabarla en el recinto, donde la oposición se ilusiona con sacar una ventaja que le otorgue la presidencia de la misma y con ello la iniciativa en las decisiones, como así también tal vez reconsiderar su composición. Se verá.

La interpelación de esta última semana desempolvó archivos, y así quedó expuesto por ejemplo que la primera registrada desde el 83 a la fecha fue al entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli en 1985. Un año clave para la gestión de Raúl Alfonsín, lleno de claroscuros: la pasó mal con la economía y con un clima de desestabilización creciente e inquietante, pero en noviembre ganó bien las elecciones. Precisamente se difundió en 2022 la película “Argentina 1985”, que mostraba un aspecto de esos duros tiempos. Despertó elogios y críticas. Entre estas últimas, muchas referidas a la manera que se muestra a Tróccoli, un prócer dentro del radicalismo que fue pintado de manera un tanto injusta en el filme.

Tróccoli protagonizó también una segunda interpelación en 1986, más recordada porque esa vez el diputado peronista Roberto Digón lo sorprendió con la grabación de una comunicación telefónica del ministro con la esposa del secuestrado Osvaldo Sivak. Pero la primera fue el 30 de mayo de 1985, un mes después de que el presidente Alfonsín anunciara la “economía de guerra”. Obviamente Tróccoli no fue esa vez a responder preguntas de economía, sino a hablar sobre “el estado de la seguridad pública en el país y las manifestaciones de violencia que son del dominio público”, tal la convocatoria oficial de entonces.

Eran tiempos muy complicados en todos los aspectos, con una democracia frágil y el juicio a las juntas militares en marcha, en el marco de una ola de atentados y amenazas de bomba en las escuelas porteñas. De eso habló Antonio Tróccoli en la primera interpelación de esta era democrática, y fue el propio referente radical quien el 25 de octubre de 1985 anunció el decreto 2049 que declaraba el Estado de Sitio en todo el país, por 60 días, invocando un intento de desestabilización del Gobierno constitucional que si bien no pudo probarse, era totalmente creíble.

El Estado de Sitio le permitía al Gobierno el derecho a arrestar gente, trasladarlas dentro del territorio nacional o darles la opción de abandonar el país. Se ordenó la detención de 12 personas, seis militares y seis civiles. Entre los primeros estaban el tenebroso general Carlos Suárez Mason, y entre los civiles el analista Rosendo Fraga y los periodistas Daniel Horacio Rodríguez (del diario La Prensa) y Jorge Vago (director de Prensa Confidencial).

Este último dato fue rescatado de la historia por los difusores libertarios, que en el marco de la renovada campaña presidencial contra el periodismo que cobró bríos los últimos días, pusieron el ejemplo de las detenciones de periodistas para ilusionarse con una medida “ejemplar” en estos días. Puntualmente el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido por el seudónimo “El Gordo Dan” y líder de las “Fuerzas del Cielo”, posteó el jueves pasado este pedido al presidente: “¿Javo podés meter en cana a algún periodista por decreto como hizo Alfonsín, por favor?”. Hora después insistió, y ya sugirió el nombre de Javier Levinas, como para empezar.

Los seguidores de Javier Milei encontraron en el tema una manera de golpear de paso a su denostado Alfonsín. El portal La Derecha Diario recordó puntualmente cuando “dentro del sistema impuesto por ‘el padre de la democracia’ se hacía la vista gorda ante el encarcelamiento de ciudadanos sin juicio previo ni pruebas concretas”.

La verdad sea dicha, las detenciones durante la gestión alfonsinista se ordenaron tres días antes de la instauración del Estado de Sitio, razón por la cual fue objetada por la propia Corte Suprema. Otra cosa: la desestabilización tendría éxito finalmente, pues Alfonsín debió dejar el poder seis meses antes.

Entre las cosas que llevaron al presidente a mandar a odiar a los periodistas hay supuestos “errores” de la prensa. Por citar un caso, esta última semana le apuntó especialmente al periodista Carlos Pagni, quien -es verdad- comentó en su editorial de La Nación+ que Manuel Adorni evaluaba no asistir al debate de candidatos porteños del día siguiente. Pero durante esa misma emisión aclaró más tarde que desde el Gobierno le anticipaban que sí lo haría. También lo acusó Milei de “banalizar el Holocausto”, aunque en realidad se había tergiversado una parte de ese mismo comentario editorial.

En cualquier caso, un periodista puede equivocarse de buena fe; pero lo cierto es que el Gobierno exige a los demás una rigurosidad que no tiene para sí mismo.

Si hablamos de rigurosidad, habrá que reconocer que este deterioro en materia de libertad de prensa se está dando en todo el mundo, y lo grafica el informe anual de Reporteros sin Fronteras (RSF) publicado este último viernes. En lo que respecta a la Argentina, bajamos muchos puestos por segundo año consecutivo. Durante la gestión de La Libertad Avanza, el país ha descendido del lugar 40° al 87°, entre 180 países. El reporte habla de “giros autoritarios” y cita el caso de nuestro país, donde “el presidente Javier Milei estigmatizó a los periodistas, desmanteló los medios públicos y utilizó la publicidad estatal como arma política”, señala el informe.

El propio periodismo oficialista criticó la actitud de Santiago Caputo que protagonizó el día del debate porteño un incidente con un fotógrafo. En este caso, como otros recientes, el asesor “todoterreno” pareciera intentar “llevarse la marca”, en momentos en que el presidente había atraído demasiado la atención con su discurso de odio. Pero lejos de menguar, el episodio del martes y las críticas que generó exacerbaron la irascibilidad de Milei.

Santiago Caputo envuelto en un nuevo episodio polémico.

Y el periodismo afín lo justificó, justificando el esmero presidencial en confrontar con el periodismo en buscar señalar una nueva “casta”. Ya le trajo buen resultado identificar a la política como la casta, sostienen estos exégetas de los libertarios, que encuentran como argumento a la campaña electoral. Uno de los más encendidos propaladores de la prédica justificó la postura oficial con una encuesta que le atribuye al periodismo político una falta de credibilidad del 80%. Ese comentario editorial fue propalado luego por la maquinaria oficialista en las redes sociales. Así funciona.

En esta estrategia ya conocida suelen participar figuras del propio gobierno, comenzando por el presidente, que inexorablemente las repostea. Y eneste caso se sumó el mismísimo ministro Luis Caputo, que dobló la apuesta, calificando a esa encuesta como “un anticipo de lo que inevitablemente va a suceder a menos que el periodismo tome nota y cambie: es una profesión que tiende a desaparecer”, sostuvo.

Sonó a expresión de deseo.

Las interpelaciones en el Congreso de la Nación son un mecanismo habilitado por la Constitución Nacional, pero totalmente infrecuentes, sobre todo en las últimas décadas. De hecho, solo se recuerdan dos interpelaciones desde 1983 al presente: las que se hicieron a los ministros de Raúl Alfonsín Antonio Tróccoli y Germán López, y en época de Menem a Domingo Cavallo. Son las que ahora vamos a recordar.

El artículo de la Constitución que habilita la posibilidad de interpelar a funcionarios lleva el número 71, y es el que expresa que “cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Se dice fácil, pero no es nada sencillo conseguirlo, pues se trata de un mecanismo que debe ser votado, como sucedió el pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados para forzar la sesión de este martes, aunque no son necesarias mayorías especiales para conseguirlo.

Para imaginar lo que sucederá este 22 de abril en la Cámara baja hay que remontarse a los antecedentes, que por cierto no son muchos. El más lejano está situado en los albores de la recuperada democracia, y tuvo como protagonista principal al entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli, citado a instancias de los diputados peronistas José Luis Manzano y Roberto Digón. Convengamos que Tróccoli ya había visitado el recinto de Diputados en 1985, pero el episodio que más se recuerda sucedió un año después. Fue una sola sesión, pero dividida en varias jornadas, algo que perfectamente podría suceder ahora. En aquella ocasión, la rueda comenzó a girar el 22 de mayo de 1986, en una sesión que fue presidida por Roberto Pascual Silva, un diputado radical santafesino, vicepresidente primero de la Cámara, que reemplazó al frente de la misma a Juan Carlos Pugliese.

La sesión arrancó cerca de las 6 de la tarde, y no tenía a la interpelación como único tema. Por el contrario, en el inicio se le dio continuidad al debate en particular del Presupuesto 1986. A continuación tendría lugar el informe verbal que brindarían ministros y secretarios del Gobierno de Alfonsín sobre el denominado caso Sivak, un empresario secuestrado el 29 de julio de 1985 cuando se dirigía a una sesión de terapia en el barrio de Palermo. Ese día había quedado en pasar a buscar a sus hijas por el colegio, pero jamás llegó. Sus secuestradores pidieron tres millones de pesos para su rescate. Terminaron acordando el pago de 1.100.100 dólares para su rescate, que se efectivizó el 11 de agosto, pero Osvaldo Sivak nunca fue liberado.

Osvaldo Sivak, secuestrado por la mano de obra desocupada, en tiempos de democracia.

Eran tiempos complicados, inicio de la democracia y una mano de obra desocupada dispuesta a seguir haciendo sus negocios. El primer Gobierno de la democracia debió lidiar con eso.

Meses después, la familia de Sivak denunció que agentes de inteligencia que operaban en el Ministerio de Defensa habían intentado extorsionarlos.

Eso fue lo que motivó el pedido de interpelación de los ministros del Interior y de Defensa de Alfonsín.

Tras un cuarto intermedio, la sesión se reanudó a las 19.40, pero como no lograban ponerse de acuerdo con la interpelación, volvieron a pasar a un receso hasta las 21.50. Los ministros del Interior, Antonio Tróccoli, y de Defensa, Germán López, ingresarían finalmente recién a las 22.14, acompañados por el secretario del Interior, Facundo Suárez Lastra, y el de Defensa, José Horacio Jaunarena.

Expuso en primer lugar y largamente Tróccoli, quien recordó que Osvaldo Sivak había sido secuestrado en dos oportunidades, la primera en 1979, que atribuyó a una tarea “preparada y urdida combinando el factor ideológico con el negocio, lo cual era muy común en aquellos tiempos en donde, al amparo de una política represiva aberrante y absurda, se unía el delito común de robo o de hurto con el secuestro extorsivo”. En cuanto al segundo secuestro, el funcionario reprochó que la familia Sivak hubiera decidido “puentear” a la autoridad policial y encarar en forma directa las tratativas con los secuestradores.

Después de una extensa alocución de Tróccoli, iba a hablar el secretario de Defensa, y el diputado Adam Pedrini -tío del actual diputado Juan Manuel Pedrini- pidió que se siguiera el orden y escuchar al ministro de Defensa. Quien presidía la sesión aclaró que “en este caso los interpelados han preferido seguir otro orden”. Pedrini repuso que “yo no hablaría de ‘ministros interpelados’, sino de ministros invitados. Y ellos eran los ministros, no el secretario de Defensa. Roberto Silva le contestó que por disposición reglamentaria los secretarios pueden permanecer en el recinto y tienen voz. A continuación se generó un largo debate, al cabo del cual Jaunarena terminó hablando.

Antonio Tróccolli al jurar como ministro del Interior.

A la hora de las preguntas Roberto Digón hizo una larga alocución, tras la cual le preguntó a Tróccoli “qué limitaciones de inteligencia y operación tiene la Policía Federal que obliguen a la intervención de grupos especiales para investigar delitos de tipo común, tales como el del secuestro de Osvaldo Sivak”. El ministro contestó pidiéndole que efectuara todas las preguntas y luego él contestaría. Y ahí se inició un debate interminable en torno a la metodología para formular las preguntas, por cuanto el diputado radical quería efectuar sus preguntas de acuerdo a cómo fuera contestando Tróccoli. Ergo, las formularía de a una, cosa que rechazó el ministro, “porque de esa manera el señor diputado interpelante me va a tener todo el tiempo que se le ocurra repreguntándome sobre la base de preguntas anteriores.

“La interpelación se debe apoyar en un interrogatorio muy concreto al que previamente debo tener acceso, de manera que le ruego al señor diputado Digón tenga la amabilidad de alanzarme su cuestionario, porque como trajo su intervención escrita…”. Y le recordó que gran parte de las informaciones que estaba requiriéndole se las había dado en su exposición del año pasado.

Muchos diputados tomaron parte de esa discusión, entre ellos el peronista Néstor Perl, quien mocionó que las preguntas pudieran hacerse de a una y que si el ministro no quería contestar, que no lo hiciera, a lo que el entonces diputado de la UCR Leopoldo Moreau admitió que el reglamento no contemplaba una metodología a seguir en estos casos, y ante la laguna reglamentaria que se planteaba, hizo una moción en sentido contrario, a lo que José Luis Manzano advirtió que el oficialismo se quedaría solo para hacer la interpelación.

“No sería la primera vez que nos quedemos solos en este recinto en virtud de políticas obstruccionistas que creíamos erradicadas, pero que ayer se repitieron”, replicó Moreau.

Tras la intervención de 16 oradores, el peronismo aceptó formular todas las preguntas juntas, con la condición de que las respuestas fueran minuciosas y no difusas, cosa que Tróccoli terminó aceptando.

Grabación y escándalo

Roberto Digón formuló a continuación todas sus preguntas. Fueron 12, tras las cuales le pidió al ministro que, por último, dijera si la grabación que escucharían correspondía a una conversación que él había tenido con la esposa de Osvaldo Sivak.

En el audio, el ministro, que hasta había negado haber hablado con Marta Oyhanarte, confirmaba la participación de agentes de inteligencia en el secuestro. Visiblemente nervioso, Tróccoli reaccionó diciendo que no entendía el significado de esa grabación, “ni mucho menos el mal gusto que significa traerla al recinto, porque cuando uno habla por teléfono lo que menos se puede imaginar es que del otro lado lo están grabando”.

En plena discusión, el ministro insistió en que la Policía Federal estaba en condiciones técnicas y de inteligencia como para resolver estas cuestiones. Y agregó: “En ningún momento se le encomendó ninguna investigación -ni en forma deliberada ni en forma elíptica- a ningún grupo o persona que estuviera fuera del esquema de la Policía Federal. Dije también que la propia familia Sivak, aconsejada por amigos…”.

“¡No mienta!”, le gritó desde un palco Jorge Sivak, hermano del empresario secuestrado, a lo que Tróccoli reaccionó pidiendo que retiraran del palco a quien le había gritado. El presidente Silva ordenó desalojar la sala, y ante el desbande que sobrevino, pasaron a un cuarto intermedio. Luego de unos instantes, concluyeron en que no estaban dadas las condiciones para continuar esa noche, y pasaron a un cuarto intermedio hasta el miércoles venidero.

El debate se reanudó a la semana siguiente, a las 20.45 del 28 de mayo de 1986, con una cuestión de privilegio presentada por el diputado Jorge Vanossi, en nombre del bloque radical, contra lo sucedido al final de la reunión anterior, tras lo cual volvió a hablar Antonio Tróccoli, que esta vez había concurrido acompañado solo por Facundo Suárez Lastra.

A las 23.50, se pasó a un cuarto intermedio hasta la 1 del 29 de mayo, y a las 3.05 se pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta las 16 de ese mismo día.

En realidad, la sesión se reanudó a las 19.55, nuevamente con la presencia de Tróccoli y Suárez Lastra. Fue otra jornada intensa, en la que surgió el nombre de Raúl Guglielminetti, un miembro del grupo de tareas que había operado en Automotores Orletti, bajo el mando de Aníbal Gordon, y que en democracia llegó a formar parte de la custodia presidencial de Alfonsín. Pasada la medianoche, se pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles 4 de junio.

Ya con Juan Carlos Pugliese al frente del cuerpo, ese día ya no asistieron funcionarios y en el inicio se votó -ante las protestas de la oposición- una moción de orden propuesta por el presidente del bloque oficialista, César Jaroslavsky para cerrar el debate.

Dos días antes Germán López había presentado su renuncia por razones de salud. El comisario general de la Policía también renunció en esos días, y Tróccoli lo haría en 1987, cuando el caso Sivak todavía no había podido ser cerrado.

El 5 de noviembre de 1987 fue hallado el cuerpo del empresario, luego de que un inspector llamado Héctor Salcano confesara la participación de un grupo de tareas en el secuestro. Su cuerpo fue encontrado en la zona de Abasto, al costado de la ruta 2. Lo habían matado de un tiro en la cabeza luego del pago del rescate. En el descampado donde apareció Sivak, encontraron otros cuerpos: el de Benjamín Neuman, raptado en 1982, y más tarde Eduardo Oxenford, también secuestrado en 1978.

Por el secuestro y asesinato de Sivak fueron detenidos ocho policías. Dos se quitaron la vida y el resto fueron condenados.

La interpelación a Domingo Cavallo

Casi una década más tarde, el Congreso fue epicentro de una nueva interpelación a un alto funcionario. También sucedió en la Cámara baja y en este caso no fue un diputado opositor el que la pidió, sino el propio funcionario.

Hablamos de Domingo Felipe Cavallo, y se recuerda esa presentación como la última interpelación realizada en el Parlamento, aunque en realidad hubo otra, al año siguiente, pero que no tuvo la misma trascendencia, razón por la cual cuando se habla de la interpelación al ministro Cavallo, la memoria se remonta solo al 23 de agosto de 1995.

El entonces superministro de Economía promovió esa interpelación para tratar de frenar la privatización del Correo, que ya contaba desde noviembre del año anterior con media sanción del Senado y era para Cavallo “un traje a medida para Alfredo Yabrán”. Hasta entonces, Yabrán era un empresario desconocido para la sociedad, pero muy poderoso, dueño de correos privados, que controlaba los depósitos fiscales de Ezeiza, las rampas de los aeropuertos y los free-shops. En esa interpelación que se extendió más de once horas, lo sacó abruptamente del anonimato.

El ministro habló de “mafias enquistadas en el poder”, y de hecho presentó a Yabrán como el jefe de la mafia, dueño de casi todos los correos privados: OCA, OCASA, Andreani, Skycab… Denunció métodos mafiosos para eliminar a las empresas de la competencia y puso un ejemplo inquietante: Abel Cuchietti, exadministrador del correo estatal, había denunciado manejos oscuros y fue amenazado por eso. Al renunciar, lo esperaron a la salida de su casa y a palazos le quebraron las piernas.

Todo eso y mucho más dijo Domingo Cavallo en esa interpelación en la que no dejó títere con cabeza. Le apuntó a periodistas como Bernardo Neustadt y Daniel Hadad, y hasta se malquistó con los jefes de bancadas del oficialismo.

Dijo que si Yabrán se quedaba con el Correo, dominaría monopólicamente el circuito para el ingreso y salida de mercaderías, al ser el dueño además de los depósitos fiscales de Ezeiza, rampas y los correos privados.

La semana anterior Diputados había estado cerca de aprobar la ley, pero tras las denuncias del ministro, la Cámara baja no trató el tema.

Esa interpelación le valió, entre otras cosas, una querella por haber formulado en el recinto denuncias contra particulares. La Justicia se tomó su tiempo, pero en octubre de 2004, la Corte Suprema de Justicia marcó un precedente que bien podrán tener en cuenta los funcionarios que expongan este martes en Diputados: cuentan con tanta libertad para expresarse como quienes los interrogan.

La Corte Suprema sostuvo en ese fallo de hace una década que si el Congreso puede obligar a los ministros a presentarse en el recinto para interpelarlos, no puede someterlos a la desventaja de debatir con otros funcionarios que tienen inmunidad para decir lo que quieran, como es el caso de los legisladores.

“Las disposiciones del artículo 68° (de la Constitución) están destinadas a garantizar la independencia funcional de la Cámara legislativa, de modo tal que el contenido de las discusiones quede al margen de toda persecución posterior contra quienes participaron de ellas”, expresó el Tribunal Supremo, con las firmas de Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni. Enrique Petracchi y Augusto Belluscio se excusaron por haber sido alguna vez querellantes de Cavallo.

La querella que motivó ese pronunciamiento de los cortesanos fue promovida por Angel Pozzoli y Héctor Colella, entonces presidente y vice de la empresa OCA, que habían sido agraviados por Cavallo durante esa tempestuosa interpelación.

La última interpelación

Con menos repercusión que las otras mencionadas, el último registro de una interpelación tiene como protagonista también a Cavallo, y data del 24 de abril de 1996, cuando el ministro de Economía fue convocado para dar detalles de las últimas medidas adoptadas en materia tributaria, luego de que los decretos sobre impuestos internos y un proyecto del Ejecutivo para prorrogar el Pacto Fiscal que obligaba a las provincias a dejar de cobrar esos tributos.

Tres meses después Cavallo dejó el ministerio. El embate contra Yabrán había sido un “parteaguas” para su gestión y duplicó sus enemigos internos y externos. Prueba, en definitiva, que las interpelaciones pueden dejar profundas marcas en los funcionarios que se someten a las mismas.