2022 fue un año que en el Congreso registró un punto de inflexión nada menos que en el último día de enero, cuando pasadas las 18 se conoció una noticia tan inesperada como impactante: la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista.

Una decisión adoptada por “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador”. Así lo escribió el propio hijo de los Kirchner a la hora de cristalizar una decisión que venía madurando, pero que -está dicho- nadie esperaba.

Fue un sacudón, sobre todo para un oficialismo que venía por entonces enfrascado en la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario, un tema que abría aguas en el seno del Frente de Todos, como efectivamente se verificaría a la hora de que el acuerdo llegara al recinto.

Consciente de que le esperaba una tarea intensa en la materia, el Gobierno no demoró en elegir al sucesor de Máximo, y la elección recayó en el santafesino Germán Martínez, un hombre con mucha experiencia legislativa adquirida al lado de Agustín Rossi, quien durante muchos años estuvo a cargo de esa bancada, cuando tenía otros nombres e integrantes. En sus primeras definiciones expresadas en la Casa Rosada tras reunirse el 1 de febrero con el presidente Alberto Fernández,Martínez trató de enviar un mensaje conciliador, sobre todo hacia adentro, convencido de que necesitaba retener a todos en su bloque después de semejante sacudón. “Nos iremos conociendo, no creo que arranque ninguna nueva etapa; vengo a caminar sobre los pasos ya trazados por Máximo. Ni siquiera vengo a reemplazar a nadie, porque sinceramente creo desde lo político que Máximo es irreemplazable”, señaló entonces.

Mientras buena parte de la provincia de Corrientes ardía en llamas y los pedidos de informes y cuestionamientos estaban a la orden del día, se hacían desear las extraordinarias, convocadas oficialmente por el Poder Ejecutivo con 18 proyectos para tratar. Eran días en los que causaba conmoción el caso de droga adulterada que dejó un saldo de 23 fallecidos -generando varios pedidos de interpelación al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández-, y en ese marco fue que diputados del Frente de Todos encabezados por Carolina Gaillard presentaron un proyecto para modificar la ley que establece el Régimen Penal de Estupefacientes, con el fin de despenalizar el consumo personal.

En tanto, y al tiempo que la oposición armaba en ese febrero una marcha contra la Corte Suprema, iban floreciendo proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, atento  a que corrían los tiempos dispuestos por el Tribunal Superior para la implementación de una nueva ley.

El 9 de febrero, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibía al ministro de Agricultura Julián Domínguez y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino en lo que representaba el puntapié inicial para el tratamiento del proyecto de desarrollo agroindustrial. Esa iniciativa, cuyo nombre fue variando en su referencia pública, no alcanzó a tener dictamen en las comisiones en las que se trató. Cuando estaban cerca de hacerlo, la discusión del tema Humedales se coló y alteró los ánimos en la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde cerca estaban de alcanzar un entendimiento para dejar el proyecto listo para llegar al recinto. Finalmente el año transcurrió sin que eso ocurriera.

Con el rumor creciente de una invasión a Ucrania que finalmente sucedió, el presidente Alberto Fernández pasó por Rusia, donde le ofreció a Vladimir Putin que nuestro país fuera para ellos “la puerta de entrada de Rusia” en la región. Entre múltiples críticas de la oposición, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, consideró que el mandatario “se fue de boca en Rusia y eso en política exterior se paga”.

El debate legislativo durante ese segundo mes del año se circunscribió a lo largo de todo el mes a las especulaciones respecto de la actitud del oficialismo sobre el acuerdo con el FMI, y sobre unas sesiones extraordinarias que no se hicieron. En efecto y por primera vez desde 2009, no hubo sesiones extraordinarias a pesar del temario elaborado por el Gobierno que, como dijimos, contenía 18 proyectos, de lo más variados: el Consenso Fiscal; la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura; la nueva Ley de VIH; la ley de cannabis medicinal e industrial, como así también la creación de parques nacionales y universidades nacionales. También figuraban la ley de desarrollo agrobioindustrial; ley de promoción de inversiones en la industria automotriz; ley de compre argentino; y ley de electromovilidad.

La Asamblea Legislativa

El 1° de marzo Alberto Fernández inauguró por tercera vez el período de sesiones ordinarias, con un discurso en el que reconoció a la inflación como “el gran problema de los argentinos”, y definió al acuerdo con el FMI como “el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el Gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí”. Y pidió al Congreso acompañar el entendimiento “para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas”.

En ese discurso de poco más de una hora y media descartó una reforma previsional, lanzó críticas contra JxC entre otras cosas por haber rechazado el Presupuesto el año anterior y cuando volvió a insistir a la Justicia investigar a Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI, los diputados y senadores del Pro se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto mientras el oficialismo le brindaba al presidente uno de sus más cerrados aplausos de la jornada y la vicepresidenta sonreía.

“El relato mentiroso y sesgado sobre la deuda pública en Argentina que desconoce la deuda que heredó el expresidente Macri de las administraciones kirchneristas y las generadas por esta gestión (que ya acumula 65 mil millones de dólares incluyendo la deuda del BCRA) insulta la inteligencia de los argentinos y la investidura de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”, diría más tarde el Pro a través de un comunicado.

Uno de los integrantes de esa bancada -hoy convertido en objeto de un pedido de expulsión desde el oficialismo-, Gerardo Milman, participó de la comisión de recepción del presidente y en ese marco le pidió que iniciara su alocución con un minuto de silencio “por los muertos por Covid y por los asesinados en Ucrania”. El presidente así lo hizo y el diputado del Pro se lo agradeció desde su banca.

Al día siguiente de la Asamblea Legislativa volvieron a presentar en Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales, que había perdido estado parlamentario por tercera vez. Leonardo Grosso había adelantado esa presentación que se hizo con la presencia de diputados, funcionarios y organizaciones ambientales, sociales y científicas.

El acuerdo con el FMI

El 3 de marzo oficialismo y oposición definieron en Diputados el cronograma para el debate del acuerdo. Recién ese día y después de que durante todo el verano se insistiera desde el Gobierno en que la presentación pública del mismo era inminente, se conoció el proyecto. Finalmente el día 7 de marzo arrancó el debate en la Cámara baja, con la presencia del jefe de Gabinete, el ministro de Economía, el titular del Banco Central y otros funcionarios.

En ese tan postergado encuentro del ministro con los diputados, Martín Guzmán no hizo referencias a ningún tipo de herencias y se limitó a detallar la manera como habían llegado al stand by del FMI en 2018. En ese marco repitió muchos de los conceptos vertidos el 28 de enero pasado, cuando junto al presidente de la Nación anunciaron el preacuerdo.

Arrancó planteando que era la primera vez en la historia en que un acuerdo entre el Gobierno y el staff del FMI sería puesto a consideración del Congreso, tras lo cual describió primero qué se buscaba alcanzar con el acuerdo. Y en ese sentido señaló que la Argentina “enfrenta una situación de un gran potencial desestabilizador la deuda, la combinación de la carga y la secuencia de vencimientos”. Advirtió entonces que “la Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos acordados en 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos”.

Desde la vereda de enfrente, el diputado del Pro Luciano Laspina le enrostró a Guzmán: “Usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado, donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante, porque el Gobierno en los dos últimos años, primero con la excusa de la pandemia y después de la post-pandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos. Y quiere asociar a la oposición y hacer responsable político al FMI de un ajuste que ustedes no pueden evitar”.

El 8 de marzo y tras una reunión con Massa, gobernadores pidieron a los diputados la aprobación del acuerdo; lo mismo hicieron ante el plenario de comisiones la CGT el Grupo de los 6. Entre los primeros, sobresalió el radical Gerardo Morales, quien rechazó un default y llamó a “honrar las deudas y actuar con responsabilidad en el Congreso”.

El dictamen se alcanzó en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas el 9 de marzo. No fue sencillo: la reunión comenzó a las 14.13 y tras un cuarto intermedio de más de tres horas, se firmó pasadas las 22. Con la intención de sumar voluntades, el Ejecutivo había atendido los reclamos y modificó el proyecto original, por lo que la redacción final del proyecto presentó tres artículos, siendo el primero el siguiente: “Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del ‘Acuerdo Stand By’ oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

Ese artículo sufrió un cambio de último momento por lo cual se demoró la reanudación del debate. Originalmente decía “para apoyo presupuestario”, lo cual fue modificado por esta frase: “para fortalecimiento de las reservas”. Se quitó el artículo 2 que la oposición exigía que se borrara. El mismo expresaba: “A los fines del artículo 1°, se acompañan el ‘Memorando de Políticas Económicas y Financieras’ y el ‘Memorando Técnico de Entendimiento’, como Anexos IF-2022-20313101-APN-SLYA#MEC e IF-2022-20313142-APN-SLYA#MEC, que componen el Programa de Facilidades Extendidas mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley”.

Era imprescindible que el oficialismo cediera, pues necesitaba los votos de una buena parte de la oposición para compensar los propios que le faltarían. La discusión siempre giró en torno al texto que envió el Poder Ejecutivo y los dos artículos que incomodaban a la oposición. No solo a Juntos por el Cambio, sino también al interbloque Federal, que en conferencia de prensa en la que sus miembros había dejado clara su negativa a votar el programa económico dentro del proyecto de acuerdo con el FMI, en una postura similar a la que plantea Juntos por el Cambio, aunque con una propuesta propia.

Protagonista central de todas las negociaciones, pasado el mediodía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, concurrió a la Casa Rosada para dialogar con el presidente Alberto Fernández. Según trascendió, el diputado le llevó al mandatario tres propuestas de la oposición y una “unificada” del Frente de Todos, que ya se mostraba dispuesto a modificar el texto del proyecto.

Las negociaciones finales se llevaron a cabo en el despacho del presidente del bloque radical, Mario Negri. Allí concurrieron, además de miembros de JxC Germán Martínez y Sergio Massa. A las 19, ambos salieron para regresar 15 minutos más tarde, ya con caras distendidas y a punto de firmar el acuerdo.

La sesión se realizó en Diputados al día siguiente y la aprobación sobrevino luego de más de 13 horas por 202 votos a favor y 37 en contra. El grueso del oficialismo y los bloques de la oposición respaldaron la iniciativa, que rechazaron los diputados de La Cámpora, cuyo líder Máximo Kirchner bajó al recinto recién al momento de la votación, para hacerlo obviamente en contra. No hubo oradores de ese espacio durante la sesión.

Juntos por el Cambio aportó más votos que el oficialismo: 111 contra 76. El resto de los votos favorables correspondió a los del interbloque Federal, Provincias Unidas y los dos de SER. De los 37 que votaron en contra, 28 eran del FdT y solo uno de JxC. Las abstenciones sumaron 37 y los ausentes fueron 4, todas de Juntos por el Cambio.

El ataque al despacho de CFK en el Senado

Durante el debate en Diputados hubo serios incidentes en torno al Congreso de la Nación de quienes rechazaban el acuerdo con el Fondo. Y en ese marco se produjeron destrozos en el despacho de Cristina Kirchner en el Senado. La propia vicepresidenta se encargó de difundir el episodio a través de un video con su voz en off, en el que la exmandataria habló también del regreso del FMI y sus revisiones técnicas trimestrales. Un militante del Movimiento Social Teresa Rodríguez fue detenido por el hecho.

El incidente tomó proporciones a partir de que la vicepresidenta hizo a lo largo del año constantes referencias a ese suceso que los diputados y senadores del FdT repudiaron con dureza. El 14 de marzo Cristina Kirchner difundió un nuevo video a través del cual denunció que el ataque a su despacho había sido planificado.

Un informe elaborado por Presidencia del Senado calculó en 6 millones de pesos el costo de los daños, sin considerar elementos históricos dañados durante la pedrada.

Ese mismo día arrancaba en la Comisión de Presupuesto del Senado el debate sobre la media sanción proveniente de Diputados.

El proyecto tuvo dictamen el 15 de marzo y dos días después sesionó la Cámara alta para rubricar la ley. Eso se consiguió al cabo de un debate de 9 horas, con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.

Tal como se esperaba, el oficialismo se fracturó a la hora de votar: el sector kirchnerista no acompañó al momento de la votación. En esa instancia tampoco estuvo presente Cristina Kirchner.

Igual que en la otra Cámara, Juntos por el Cambio aportó más votos que el propio oficialismo. 32 senadores de ese espacio se manifestaron a favor del acuerdo, y en ese espacio hubo solo una abstención. Del Frente de Todos, 20 senadores acompañaron el proyecto, mientras que 13 votaron en contra y hubo dos abstenciones.

El Consejo de la Magistratura

Faltando poco tiempo para que venciera el plazo de 120 días dado por la Corte Suprema para que el Congreso elaborara una nueva ley, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzó a analizarse el 22 de marzo el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Fue con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, el viceministro Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

En ese marco el titular de Justicia se quejó porque el Congreso estuviera “obligado a legislar bajo presión” y calificó al fallo de la Corte dictado el 16 de diciembre de 2021 como “una extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.

El 23 de marzo se firmó el dictamen del proyecto, que se trataría una semana después. Sin embargo esa sesión se cayó, pues el aliado Alberto Weretilneck había presentado un dictamen propio y no llegó a un acuerdo con el oficialismo. Sin eso, no había ley, por lo que el proyecto volvió a comisión. Allí, el 30 de marzo un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia volvió a debatir el tema y el oficialismo aceptó los cambios propuestos por el senador rionegrino, que apuntaban a tener un Consejo de la Magistratura más federal. Con esa medida, el oficialismo se garantizaba la aprobación del proyecto.

Cosa que consiguió el 7 de abril. Ese día en el Senado el proyecto del Poder Ejecutivo recibió modificaciones para garantizar su aprobación por 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.

La media sanción pasó a Diputados, donde tenía muy pocas chances de tratarse antes del 15 de abril, plazo dispuesto por el fallo de la Corte. No se trató hasta entonces, ni después, y volvió a regir la norma de 1996.

¿Llegó a tratarse en Diputados? Con expositores, el debate en comisión arrancó el 17 de mayo, pero nunca se acercó siquiera al dictamen.

Cristina Kirchner y Sergio Massa se tomaron su tiempo para designar a los miembros del Congreso que debían desembarcar en el nuevo Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, un juez de Paraná, a instancias del diputado Marcelo Casaretto, logro frenar la designación de los diputados. Esa instancia no prosperó, pero lo verdaderamente audaz fue la jugada del oficialismo en el Senado para quedarse con un lugar más en la Legislatura. Luego de la presión de Juntos por el Cambio para que Cristina Kirchner y Sergio Massa firmaran las designaciones de la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez, la vicepresidenta de la Nación sacó un as de la manga y parece haberse quedado con el premio mayor: partió en dos el bloque del Frente de Todos, con lo cual pasaba a tener una bancada por la “mayoría” y la otra sería la “segunda minoría”.

Se creó el bloque Frente Nacional y Popular, de 21 miembros, y se reflotó el escudo Unidad Ciudadana, como segunda minoría, con 14 miembros.

Así las cosas, si bien Sergio Massa designó a la diputada de JxC Roxana Reyes, el Senado terminó enviando un senador kirchnerista: Martín Doñate. El tema se judicializó, pero la Corte terminó dando el visto bueno para que ambos juraran, más allá de que hubiera todavía reclamos judiciales pendientes.

La Ley de Alquileres

El viernes 25 de marzo Juntos por el Cambio elevó al presidente de la Cámara una nota solicitando una sesión especial para el 5 de abril venidero, con el objeto de derogar la Ley de Alquileres. La nota incluía proyectos para ayudar a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios.

“El Congreso no puede seguir paralizado, esperamos apoyo de toda la oposición”, reclamó Mario Negri.

La medida surtió efecto y oficialismo y oposición terminaron acordando constituir la Comisión de Legislación General para iniciar el 5 de abril, fecha prevista para la sesión ahora suspendida, un cronograma para debatir cambios en la ley y mejorarla.

En el ínterin comenzaron a aparecer iniciativas alternativas, como la de Gisela Marziotta para crear una Cámara Nacional de Alquileres, un órgano autárquico que se encargara de regular los aumentos de precios de esas rentas; otra del rionegrino Agustín Domingo para volver al plazo de dos años, librar a la voluntad de las partes los ajustes de los precios y liberar la elección de garantía para la operación; y también una del sanjuanino José Luis Gioja, que proponía modificar el plazo de los contratos y el sistema de actualización de los precios.

Cuando el 12 de abril comenzaron las reuniones informativas, quedó expuesto que los inquilinos respaldaban la norma vigente. Las reuniones informativas se extendieron hasta el 26 de abril, y finalmente el 11 de mayo se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría del Frente de Todos, que reivindicó la norma actual, mientras que JxC firmó otro a favor de reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El dictamen fue del interbloque Federal.

Sin embargo, como el despacho de mayoría incluía un capítulo sobre incentivos fiscales para los cuales no tenía competencia Legislación General, se convocó a tratar el tema también en la Comisión de Presupuesto. Recién el 22 de junio se concretó esa postergada reunión en la que el Frente de Todos mantuvo su dictamen de mayoría, pero Juntos por el Cambio y bloques federales terminaron suscribieron uno de minoría, con grandes posibilidades de imponerse en el recinto. Sin embargo, con el correr del tiempo el apoyo que habían dado los rionegrinos en nombre del interbloque Provincias Unidas se diluía, puntualmente por el tema del tiempo de aplicación de los reajustes: mientras el dictamen estableció que fueran cada 3 meses, los rionegrinos preferían períodos semestrales. Pasó el tiempo, e inflación desenfrenada mediante, el tema se complicó cada vez más y el tratamiento de la reforma en el recinto se postergó indefinidamente hasta llegar a esa última y frustrada sesión de Diputados en la que el oficialismo sorprendió proponiendo incluir el proyecto en el temario, cosa que fue rechazada por la oposición, a sabiendas de que el oficialismo conseguiría imponer su dictamen, que ellos consideraban pernicioso.

El fondo para pagarle al Fondo

El 28 de marzo, el bloque del Frente de Todos del Senado presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, y “se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.

Ese mismo día la titular del Senado recibió en su despacho al embajador norteamericano Marc Stanley, con quien entre otras cosas conversó sobre ese tema, solicitándole la “colaboración de su país” con esa iniciativa que contaba obviamente con su beneplácito.

Contra las críticas que surgieron contra esa propuesta, Oscar Parrilli sostenía que “se calcula que hay fuera del país entre 350.000 y 400.000 millones de dólares sin declarar”, y que aquellos que se opongan a esta iniciativa “estarán defendiendo a los evasores”.

El 12 de mayo el Senado aprobaba el proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli para crear un Fondo para pagarle al FMI con dólares fugados. Fue al cabo de un debate de casi cinco horas, y se aprobó por 37 votos a favor y 31 en contra. El proyecto

Comenzó a tratarse el 1 de junio, con la presencia de constitucionalistas y economistas, en Diputados, pero no pudo avanzar.

En plena carrera inflacionaria, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace presentó un proyecto de ley para dolarizar la economía. Ya venía hablando de eso Javier Milei, pero el diputado puntano dio un paso más al plasmarlo en iniciativa. Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto descartó de plano la propuesta al afirmar que “le quitaría al Estado la posibilidad de manejar la política monetaria”, en tanto que el liberal José Luis Espert aclaró que esa alternativa podía ser, eventualmente, “la frutilla del postre. Nunca la punta del ovillo”.

El 29 de marzo se presentó en Diputados la nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). El proyecto, fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, fue presentado por la entrerriana Carolina Gaillard y acompañado por más de 50 diputados y diputadas de todos los bloques políticos. En diciembre de 2021, el proyecto había recibido dictamen de comisiones e incluso formó parte del temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no se trató.

“Hoy volvemos a presentar un proyecto de ley que es el fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta integral al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual”, explicó Gaillard.

Un tema que caracterizó no solo a este 2022, sino a todo el recambio legislativo, fue la demora en constituir las comisiones en ambas cámaras. Fundamentalmente en Diputados, donde recién el 21 de abril se destrabó el tema y comenzaron los llamados masivos a ir constituyendo las comisiones.

El 26 de abril, la diputada radical Jimena Latorre hizo público a través de sus redes sociales que dos meses atrás le habían detectado cáncer de mama y luchaba contra esa enfermedad. Así y todo siguió concurriendo a las sesiones y reuniones de comisión. En la sesión del 5 de mayo, la primera realizada desde que ella hizo su anuncio, Sergio Massa la felicitó por estar presente “dando el ejemplo y sesionando”, despertando un cerrado aplauso espontáneo.

El 27 de abril de 2022 comenzó a debatirse en comisiones del Senado los proyectos para ampliar la Corte Suprema. Se pusieron a consideración ese día iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá, Clara Vega, Alberto Weretilneck y Silvia Sapag.

Boleta Unica en papel

Ese mismo día en la otra Cámara, la oposición pidió una sesión especial para el jueves 5 de mayo para tratar el proyecto de Boleta Unica. La movida estuvo encabezada por el diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo. Y un día más tarde, se repitió la modalidad para pedir una sesión especial también para el jueves 5, para tratar el tema de los créditos UVA. En este caso, la presión surtió efecto, pues oficialismo y oposición llegaron a un entendimiento para darle al tema un tratamiento especial como con alquileres. No obstante y pese a que se realizaron numerosas reuniones -varias de ellas informativas-, pasó el año y el tema quedó irresuelto.

Entre muchas idas y vueltas, el día 5 de mayo Diputados realizó una sesión en la que la oposición unificada logró imponer una moción de emplazamiento de comisiones para comenzar a tratar los proyectos que impulsan la implementación de la boleta única de papel, de cara a las elecciones de 2023. La votación resultó con 132 votos a favor, 116 en contra y 3 abstenciones. Según el cronograma establecido en el recinto, el miércoles 11 de mayo a las 10 debería iniciarse el debate en comisiones, para firmar dictamen el 31 de mayo.

No fue lo único que se votó en esa sesión: también se dio media sanción, en su cuarto intento y tras 9 años de trabajo, la ley de VIH; y fue convertido en ley el Marco Regulatorio del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.

El 6 de mayo senadores oficialistas encabezados por Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde presentaron un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, pudieran cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes. El proyecto tuvo media sanción el 30 de junio, pero en Diputados el tratamiento se demoró y el proyecto no pudo ser tratado en la última sesión del año, que no pudo hacerse por falta de quórum.

En esa sesión del 30 de junio se convirtió en ley la creación del Parque Nacional Ansenuza en la provincia de Córdoba, como así también se aprobó la Ley de Oncopediatría. En esa misma jornada, el Senado convirtió en ley la respuesta integral al VIH.

Por esos días hubo chispazos entre Sergio Massa y el ministro de Economía Martín Guzmán, por un reclamo del entonces presidente de la Camara para volver a actualizar el piso de Ganancias, ante lo cual el titular del Palacio de Hacienda confirmó que así lo harían. Pasaron los días y ante la inacción del ministro, Massa volvió a enviarle una carta para actualizar “de inmediato” el piso. Finalmente el Gobierno elevó el mínimo a $280 mil pesos y el anuncio lo formularon Massa, Guzmán y dirigentes cegetistas en una conferencia de prensa realizada en la explanada de la Casa de Gobierno.

Uno de los proyectos que se debatió a lo largo de buena parte del año fue el de Compre Argentino, en el que oficialismo y oposición no pudieron ponerse de acuerdo y el 24 de mayo emitieron dos dictámenes que nunca llegaron al recinto.

El último día de mayo la oposición logró el dictamen de mayoría sobre boleta única. El oficialismo, con el apoyo del misionero Diego Sartori, firmó un dictamen de rechazo.

El 2 de junio, Juan Manzur se presentó por primera vez en el Congreso para dar su informe como jefe de Gabinete. Fue en el Senado, donde destacó la recuperación económica de 2021, admitió que una baja de la inflación sería gradual y habló de la necesidad de bajar el déficit fiscal.

Dos meses después de iniciarse el debate en el Senado, el 2 de junio Alberto Fernández presentaba a gobernadores un proyecto para agrandar la Corte Suprema. En rigor, originalmente se había dicho que los gobernadores le llevarían un proyecto propio, pero en realidad fue al revés. Fue ahí cuando se habló de elevar a 25 el número de integrantes del Tribunal.

Eran días en los que Javier Milei “derrapaba” manifestándose en una entrevista a favor de la venta de órganos, mientras la vicepresidenta le decía en público a Alberto Fernández que usara “la lapicera”. Al día siguiente, Matías Kulfas era eyectado del gabinete.

El 8 de junio el Poder Ejecutivo mandó al Congreso el proyecto de renta inesperada, una iniciativa fundamentada en las consecuencias de la guerra en Ucrania, que nunca llegó a tratarse siquiera en comisión.

Ese mismo 8 de junio la oposición le asestó una severa derrota al oficialismo al dar media sanción al proyecto de boleta única de papel. Fue por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Nunca se comenzó a tratar en el Senado.

Un día después, los jefes del interbloque Frente de Todos en el Senado presentaron formalmente en el Senado el proyecto para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros.

En la sesión del 15 de junio, la Cámara baja daba media sanción por unanimidad al alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos. En esa misma jornada y tras un debate caliente, el FdT logró sancionar la prórroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales. Quince días más tarde el Senado convertía en ley el alivio fiscal.

A mediados de año surgió un nuevo debate legislativo, en torno al tratamiento del Salario Básico Universal, una propuesta promovida por diputados de movimientos sociales, con la forma de Itai Hagman. De entrada, el Gobierno aclaró que no había posibilidades de avanzar con ese tema, mientras que la vicepresidenta se manifestó a favor de la iniciativa.

Cambio al frente de la Cámara baja

En ese mes de julio se produjo la renuncia intempestiva de Martín Guzmán, y durante el fin de semana en el que se analizó su sucesión, se anotó el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. Finalmente la elegida fue Silvina Batakis, que duró poco.

Con la economía tambaleando, el 24 de julio los diputados oficialistas denunciaban maniobras golpistas y alertaban sobre “una acción sistemática” en ese sentido. Le apuntaron además a “dirigentes políticos y operadores mediáticos”. Desde Juntos por el Cambio, replicaron que “la desestabilización del Gobierno la infringe el FdT desde el día que muchos legisladores dieron la espalda irresponsablemente al acuerdo con el FMI”.

En ese marco, el 28 de julio se anunciaba finalmente que Sergio Massa dejaría la Cámara de Diputados para asumir al frente de un Ministerio de Economía “reforzado”. “La política no necesita salvadores, sino servidores”, expresó el designado “superministro”.

El primer día de agosto se confirmó el nombre de quien sucedería a Massa al frente de la Cámara: Cecilia Moreau. La primera mujer al frente de Diputados asumió al día siguiente en una sesión de casi dos horas en la que primero se le aceptó a Massa la renuncia como presidente y diputado nacional y luego se votó a su sucesora. Juntos por el Cambio, el bloque Córdoba Federal y la izquierda se abstuvieron a la hora de la votación; el bloque de Javier Milei se opuso; Identidad Bonaerense, el Partido Socialista y el interbloque Provincias Unidas acompañaron el nombramiento junto al oficialismo. Los diputados de Avanza Libertad José Luis Espert y Carolina Píparo estuvieron ausentes.

“Sin abrir un juicio de valor respecto de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener”, anunció Mario Negri al justificar la postura de su espacio, pero aclaró que esa postura tenía que ver con que faltaban también 4 meses para que concluyera el mandato. Y adelantó entonces que verán si en diciembre se renovaba o se incorporaban cambios.

Eran días en los que toda la atención estaba puesta en el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, y el 8 de agosto la defensa de la vicepresidenta pedía que se apartara del juicio tanto a ese fiscal como al presidente del Tribunal y se declarara la “nulidad” de todo lo actuado en el juicio. El pedido sería rechazado.

Ese mismo día la senadora Juliana Di Tullio presentaba un proyecto de ley de refuerzo de ingresos para “reducir la indigencia”. Una iniciativa tendiente a dar una respuesta al pedido de implementación de un salario básico universal.

A un año de las elecciones primarias, sonaba fuerte la posibilidad de que el Gobierno buscara eliminar las PASO, cosa muy resistida desde Juntos por el Cambio. La especie cobró más fuerza cuando el diputado rionegrino Luis Di Giacomo anunció la intención de presentar un proyecto en ese sentido.

La posibilidad de que un proyecto en ese sentido pudiera realmente prosperar duró hasta que finalmente Javier Milei aclaró el 5 de noviembre que no daría quórum para ese debate. Su eventual apoyo a la derogación era lo que inclinaba la balanza hacia el lado del Gobierno.

El intento de magnicidio

El 22 de agosto la fiscalía pedía 12 años de prisión para Cristina Kirchner e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Propenso a los extremos, el diputado del Pro Francisco Sánchez sugería que “12 años por robar impunemente es casi nada” y sugería para esos casos “la pena de muerte”. Hubo fuertes reacciones desde el oficialismo y hasta pedidos de expulsión del neuquino.

Al día siguiente, la vicepresidenta hizo su descargo, en el que aseguró que “absolutamente nada de lo que dijeron fue probado”. En los días posteriores, la casa de Cristina Kirchner se convirtió en una suerte de santuario para los militantes que diariamente se instalaron en esa zona de Palermo, hasta que el Gobierno de la Ciudad decidió poner vallas y ardió Troya. El kirchnerismo reaccionó hablando de “cobarde hostigamiento” contra CFK.

Y fue el 1 de septiembre cuando el país se conmocionó con la noticia del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fernando Sabag Montiel fue detenido luego de gatillarle dos veces en la cabeza a la exmandataria sin que alcanzara a salir ninguna bala.

Oficialistas y opositores salieron a condenar prestamente el atentado y en el Salón Illia del Senado todos los sectores dieron un pronunciamiento contra el ataque.

El presidente Alberto Fernández dio un discurso por cadena nacional en el que anunció un feriado para el día siguiente y cargó contra los discursos del odio.

Ese sábado se realizó una histórica sesión de la Cámara baja en la que se corporizó un enfático repudio al ataque contra la vicepresidenta. Por un lado se expresó un “enérgico repudio” al intento de magnicidio y se exigió un “pronto y completo esclarecimento”.

El Senado realizó su sesión de repudio el jueves siguiente, pero no asistió el interbloque Juntos por el Cambio por no avalar “el uso político partidario del Congreso”.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurrió finalmente a la Cámara de Diputados el 14 de septiembre para brindar por primera vez el informe que le manda la Constitución. Allí llamó al “diálogo” para “fortalecer la paz social”, admitió que nadie podía estar conforme con los niveles de inflación existentes y escuchó el pedido irónico de la oposición para que cumpliera en volver a la Cámara en el mes de noviembre. Nada optimista en ese sentido, Waldo Wolff dio por sentado que eso no sucedería y le deseó “feliz Navidad, feliz Año Nuevo y Reyes”. Y acertó, porque el tucumano no regresó a ninguna de las dos cámaras.

Al día siguiente hubo sesión en Diputados y en ese marco el socialista Enrique Estévez pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales, en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.

En esa sesión, Diputados también aprobó el proyecto de Promoción de la Enfermería y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2021.

El 22 de septiembre, el Senado dio media sanción a la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros. Lo consiguió con aliados que obligaron a que como concesión dejara de lado el oficialismo su idea de elevar el número a 25. La aprobación se consiguió por 36 votos a favor y 33 en contra.

El 28 de septiembre el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentó en la Cámara de Diputados acompañado por sus colaboradores ministeriales. En su exposición, Massa explicó los principales ejes del programa y pidió que “cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”. En ese sentido, recordó fallido Presupuesto 2022 que “lo llevo como una cruz”. También calificó al proyecto como “prudente y realista, planteado con responsabilidad”.

El debate sobre humedales generó controversias entre los diputados, por el interés de la comisión cabecera, Medio Ambiente, por sacar rápido el dictamen. Desde la Comisión de Agricultura se pusieron en guardia y reclamaron realizar reuniones informativas, cosa que rechazaron desde la comisión conducida por Leonardo Grosso. Al final, Agricultura -presidida por Ricardo Buryaile– hizo su propia reunión con invitados y al día siguiente se suspendió el plenario en el que pretendían dictaminar.

La pulseada continuó y el 3 de noviembre en una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, diputados a favor de la iniciativa reclamaron no dilatar más el tema, con duros cuestionamientos a Buryaile por no haberse sumado al plenario. Llamaron a dictaminar la semana siguiente. “A mí no me financia nadie”, se defendió el radical entrerriano.

Finalmente se realizó un plenario el 10 de noviembre en el que JxC obtuvo el dictamen de mayoría, mientras que el de minoría correspondió al FdT. El proyecto que encabezaba Leonardo Grosso contó con el respaldo de las organizaciones ambientalistas y era similar al que obtuvo dictamen en 2021 -solo en esa comisión- pero finalmente no avanzó. En tanto, producto de un consenso entre los proyectos de Maximiliano Ferraro y Ximena García; Jorge Vara; y Gabriela Lena, Juntos por el Cambio puso sobre la mesa un texto unificado, que ya no llegó en el resto del año al recinto.

El 8 de octubre se conoció la información de que el senador nacional José Mayans había sido internado tras sufrir una hemorragia intestinal. Dos días después debió ser trasladado en avión sanitario a un nosocomio de la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció internado dos meses hasta que pudo regresar a su provincia. Se espera que en el transcurso de este 2023 pueda reintegrarse a la actividad política.

En una sesión consensuada del 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares, una iniciativa que generó algunas rispideces en el seno del Pro.

El Presupuesto 2023

El 25 y 26 de octubre se debatió el Presupuesto 2023 en la Cámara baja. El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo una treintena de modificaciones, y obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Fue la aprobación más amplia en esa Cámara registrada en los últimos veinte años.

En la votación particular, el oficialismo decidió retirar el artículo 95 del dictamen del Presupuesto, que prorrogaba hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. Claramente así lo decidió a partir de la certeza de que fracasarían en la votación.

No lo hizo y sí perdió la votación el Frente de Todos en el artículo referido al pago de Ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder judicial. Hubo 134 votos en contra de ese artículo -incluso cinco por parte del propio oficialismo- y 116 a favor.

A fines de octubre el diputado Gerardo Milman fue involucrado en el atentado contra la vicepresidenta, a partir de que un asesor del senador Marcos Cleri dijo haberlo escuchado decir en la confitería Casablanca que “cuando la maten” él iba a estar “en la costa”, horas antes del ataque contra CFK. “Queda bastante claro que es una jugada berreta y desesperada del oficialismo para correr el eje de la conversación e intentar distraernos de la angustiante realidad que atraviesa el país”, se defendió el diputado del Pro.

Sin embargo el diputado Milman terminó bajando absolutamente el perfil y el oficialismo avanzando con un proyecto para excluir al legislador por “inhabilidad moral”.

Lejos de apaciguar esa embestida, la propia Cristina Kirchner publicó un video el 10 de noviembre donde dio por válida la acusación y afirmó: “Aparecieron las primeras pruebas que vinculan a la política” con el ataque, al tiempo que seguía machacando contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, porque “paralizó y boicoteó la investigación”. El bloque Pro salió en defensa de su diputado y habló de “acusaciones infundadas”.

En la sesión del 27 de octubre, el Senado convirtió en ley el proyecto que garantizaba el financiamiento de las industrias culturales por 50  años; la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares; y la ley para expropiar el predio de Cromañón.

El 8 de noviembre la Corte Suprema aceptó el amparo presentado por el Pro contra la maniobra que había dejado afuera del Consejo de la Magistratura al senador Luis Juez. Los senadores del Frente de Todos rechazaron duramente lo que consideraron como un “fallo político” de la Corte, hablaron de “avasallamiento” del Poder Legislativo, de inconstitucionalidad, y como los mandatos de los integrantes del Consejo de la Magistratura ya vencían, decidieron insistir con Martín Doñate para ese lugar en dicho organismo.

En una sesión celebrada el 9 de noviembre, la Cámara baja aprobó la creación del Registro de Deudores Alimentarios, como así también dio media sanción a la Ley Lucio, y un proyecto para flexibilizar la renovación del Certificado Unico de Discapacidad.

El 16 de noviembre se reunió el Senado para tratar el Presupuesto 2023, pero ese debate no tuvo el mismo resultado que en Diputados, donde la oposición colaboró de tal manera que la aprobación obtuvo una abrumadora cantidad de votos. El clima se había enrarecido en los días previos por el tema del Consejo de la Magistratura y en ese marco el oficialismo buscó incluir a todo el cuerpo en el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Así, se puso el decreto a consideración del pleno como primer tema a debatir en esa sesión, por lo que Juntos por el Cambio resolvió no participar de esa sesión. Al cabo, el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo -Martín Doñate incluido- contó con 37 votos a favor. Unanimidad con el Frente de Todos y sus aliados habituales, mas sin la presencia de la principal oposición, que protestó no solo por la designación de Doñate en lugar de Luis Juez, sino porque esas resoluciones de la Cámara alta nunca pasaron por el recinto para ser avaladas por el pleno. Habitualmente, cada cámara informa directamente al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia sobre quiénes son los nominados. Pero esta vez el oficialismo buscó blindar la decisión ante la posibilidad de un nuevo fallo adverso.

Así, mientras el oficialismo y sus aliados refrendaba en el recinto el decreto, los senadores de Juntos por el Cambio brindaban una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias donde anticipaban que continuarían en la Justicia -con la presentación de un nuevo amparo- el reclamo por el lugar que consideran corresponde a Luis Juez (Pro) en vez de Martín Doñate (UC-FdT), en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de días atrás.

Allí explicaron que también se ausentaban del debate del Presupuesto porque su tratamiento tomaba “irrelevancia” ante lo ocurrido con el Consejo.

De tal manera, a media tarde el Gobierno ya tenía el Presupuesto convertido en ley, por unanimidad, mas sin los votos de la principal oposición.

Ruptura en Diputados

La última sesión consensuada de la Cámara de Diputados se celebró el 24 de noviembre. Ese día se aprobó por unanimidad el proyecto que reconoce la lengua de señas en todo el país; le dieron media sanción al proyecto de alcohol cero al volante; y la Ley Johanna sobre atención frente a la muerte perinatal.

Pero mientras ya se hablaba de dos señales más en la Cámara baja para cerrar el año, las cosas comenzaron a complicarse en ese Cuerpo. Fue cuando el juez Martín Cormick anuló el 28 de noviembre la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, al hacer lugar de manera tardía a una presentación hecha en su momento por Germán Martínez. Mario Negri calificó el fallo como “arbitrario, político, nulo y extemporáneo”.

Al día siguiente los radicales pidieron a la presidenta de la Cámara apelar el fallo, y el 30 de noviembre Cecilia Moreau lo hizo, pero, en función del conflicto planteado, la titular del Cuerpo resolvió dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la Resolución 1.608/2022 hasta tanto se saldara la cuestión. “Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema”, sostuvo Moreau.

Fue la chispa que incendió la pradera. “Dejó de ser la presidenta de toda la Cámara para militar por los intereses de Cristina Kirchner”, bramó Mario Negri. El interbloque JxC entró en estado deliberativo y emitió un comunicado en el que repudiaban “la determinación del kirchnerismo, a través de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, de dejar sin efecto las designaciones de diputados en el Consejo de la Magistratura”, expresaron, mientras el bloque de diputados oficialistas salía a respaldarla.

Con ese clima se llegaba a la sesión preparatoria para confirmar las autoridades de la Cámara, prevista para el 1 de diciembre. Para ese día estaba prevista también una sesión especial para después de dicha sesión, pero ya la principal oposición se había pintado la cara y anunciaba que no apoyaría la continuidad de Moreau.

Y sucedió lo imprevisto: la sesión preparatoria del 1° de diciembre no alcanzó quórum y por primera vez desde el retorno de la democracia las autoridades fueron habilitadas para continuar en sus cargos por el artículo 37° del reglamento y no la votación de sus pares. Tras el fracaso de la sesión, hubo una sucesión de conferencias de prensa en las que las partes dejaron claras sus posiciones. En el caso de JxC, cuestionaron severamente la suspensión de las designaciones en el Consejo de la Magistratura. “Ojalá nos vaya bien en el Mundial, pero que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones”, advirtió Negri.

“Son caprichosos los de JxC porque cuando los fallos les gustan, los festejan en Twitter y salen en la radio. Ahora cuando les va mal hacen esto y se van a mirar el Mundial”, los criticó Cecilia Moreau.

La sesión especial posterior a la fracasada sesión preparatoria nació con complicaciones. Al oficialismo se le hizo cuesta arriba y sucesivamente fue postergando por notas el inicio, hasta conseguirlo finalmente, mas con mucha demora respecto de la hora original, lo que llevó a JxC a considerar inválida la sesión. Y así lo hicieron saber a viva voz una vez que el oficialismo dio por iniciada la misma. Nunca dejaron de gritar tras el inicio del debate de creación de 8 universidades.

El caos se desató a partir de que la presidencia de la Cámara anunció la decisión de votar el temario de inmediato y a mano alzada, con lo cual postergó la inclusión de cuestiones de privilegio, herramienta con la que la principal oposición tenía como objetivo alargar indefinidamente la sesión. ¿De qué manera? Es que prácticamente todos los diputados de Juntos por el Cambio pretendían anotarse para expresarse y así dilatar in eternum el avance de esa sesión.

La maniobra oficialista desató la ira de la principal oposición, que se dedicó a partir de entonces a protestar a los gritos, tratando de impedir el desarrollo de la sesión. Lo sufrió en carne propia la miembro informante del oficialismo, Blanca Osuna, que arrancó gritando a viva voz su discurso. “Tal cual plantea el reglamento -remarcó al comenzar-, vamos a dar tratamiento de la creación de universidades nacionales para la República Argentina. Estamos haciendo una labor cuya atribución nos otorga la Constitución nacional”, señaló entre aplausos del oficialismo. Ese intento de sesión duró poco más de una hora y media, hasta que Juntos por el Cambio forzó una votación a sabiendas de que no había quórum y la sesión se cayó.

Fue una sesión escandalosa con gestos obscenos al final que motivaron un pedido de expulsión de legisladores kirchneristas contra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo. Como contrapartida, desde Juntos por el Cambio se reclamaría una sanción similar para Rodolfo Tailhade, que antes había hablado de una “sodomización” del radicalismo a manos del Pro durante la gestión de Macri.

A su vez, el jefe del bloque oficialista calificaba la actitud de la principal oposición como “un hecho de golpismo parlamentario”.

Cristina condenada

El martes 6 de diciembre de 2022, los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 condenaron a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por corrupción e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco del juicio por la causa “Vialidad”. Eso sí: desestimaron la acusación por asociación ilícita.

Posteriormente, Cristina realizó un extenso alegato en el que cargó de manera muy dura contra el Poder Judicial de la Argentina, aunque contrariamente a lo que expuso durante años, ya no habló de lawfare, ni de Partido Judicial. Esta vez y de ahora en más eligió el término “mafia y Estado paralelo”, que consideró un sistema vigente en la República Argentina.

En su discurso ella relativizó la prisión, asegurando que el verdadero objetivo de la justicia que cuestiona fue inhabilitarla para volver a ejercer cargos. En ese contexto, al cabo de su discurso de alrededor de una hora, y de una puntillosa explicación referida a los chats que revelan un viaje financiado por el grupo Clarín a Lago Escondido, la vicepresidenta de la Nación formuló un anuncio inesperado: que no será candidata a nada en 2023. Ni a presidenta, ni a senadora, a nada…

El mal clima del oficialismo con la Justicia atravesó todo el año. Sobre el final, el 14 de diciembre, la jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, volvía a apuntar contra la Justicia y afirmaba que “esta Corte (Suprema) es peor que la Corte menemista”, en referencia al máximo tribunal con mayoría automática durante los 90.

El 15 de diciembre, la Corte Suprema dispuso que se les tomara juramento a los diputados designados para la Magistratura, con lo que se especuló que podría destrabarse la situación planteada entre oficialismo y oposición en esa Cámara. La presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, explicó a su vez que “la decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación”. “Hoy la Corte Suprema, a través de la acordada 34, ha resuelto sostener la vigencia de la resolución 1608 y tomar juramento a los cuatro diputados y diputadas que fueron designados para el cargo”, agregó la presidenta de la Cámara, dando por concluido el diferendo.

El 21 de diciembre juraron los nuevos consejeros por la mañana, pero eso no apaciguó los ánimos. Para ese mismo día estaba prevista una sesión y Juntos por el Cambio anticipó que no darían quórum. Como el interbloque Federal anunció que tampoco contribuirían al quórum hasta tanto las partes en disputa no acordaran, no había manera de que hubiera sesión, y se especuló con que aportaran al número algunos diputados de Evolución Radical, habida cuenta de que dos de las universidades que iban a crearse eran impulsadas por legisladores de ese sector. Sin embargo a la hora del quórum nadie de JxC se presentó y la sesión terminó cayéndose.

Hubo un último intento para acercar posiciones, ofreciendo el oficialismo incorporar la ley de alquileres en el temario. No hubo caso: la principal oposición lo consideró “una trampa” y no se sumó.

No hubo sesión de cierre del año, ni tampoco el Senado volvió a reunirse, por problemas para conseguir el quórum.

Ese mismo día la Corte Suprema falló a favor de CABA en el diferendo por el recorte de la coparticipación. Al siguiente el presidente anunció que recusaría a los miembros de la Corte y que no acataría el fallo. Hubo denuncias contra el Gobierno y anuncios de juicios políticos contra el presidente, quien el 26 de diciembre anunció que enviarían un proyecto para reasignar recursos y cumplir con el fallo de la Corte. La Ciudad rechazó el pago en bonos, y el presidente se mostró inflexible respecto de no pagar como la Corte había dispuesto. 

El año terminaría con la denuncia del oficialismo de vinculaciones entre Rodríguez Larreta y Horacio Rosatti, basándose en la difusión de unos chats tomados de manera ilegal que mostraban supuestos diálogos entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, un hombre muy allegado al presidente de la Corte. Para los senadores del Frente de Todos, se trataba del “mayor escándalo judicial de la historia de la democracia”.

Por Melisa Jofré

ENERO: Sin sesiones extraordinarias

El 4 de enero de 2021 arrancaba el período de sesiones extraordinarias, con un temario diseñado por el Poder Ejecutivo que incluía más de una veintena de proyectos. Finalmente, ni la Cámara de Diputados ni el Senado tendrían una sesión durante ese mes.

El primer proyecto del año que presentó el Gobierno fue uno para atender la situación de los monotributistas. Por otra parte, en los primeros días de enero, el presidente Alberto Fernández promulgó la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que habían sido de las últimas en sancionarse durante 2020.

El Senado ya había anticipado que no trabajaría durante enero, y así fue. Mientras en la Cámara baja el oficialismo, junto a otros bloques de la oposición, apoyaban la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto hasta el 12 de febrero. Pero desde Juntos por el Cambio nunca adhirieron al documento. El argumento de la principal bancada opositora era el temor a que el Frente de Todos incorporara temas conflictivos, como reformas en la Justicia. Se barajó la posibilidad de sesionar el 20 de ese mes y también el 27, pero finalmente no ocurrió.

Tanto por parte de senadores oficialistas como del Interbloque Federal en Diputados se hicieron escuchar los reclamos por la no inclusión de la nueva ley de combustibles en el temario de extraordinarias.

A menos de un mes de iniciada la campaña de vacunación, el entonces ministro de Salud Ginés González García se reunía con un grupo de diputados oficialistas para despejar dudas sobre la llegada de dosis y las negociaciones con los distintos laboratorios. Juntos por el Cambio reclamaba que la visita del funcionario sea en el marco de la Comisión de Salud.

Un tema de agenda mediática en ese mes fueron las duras restricciones por la pandemia en Formosa, lo que provocó una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del diputado Mario Negri y del senador Luis Naidenoff.

FEBRERO: Extraordinarias y escándalo por la vacunación “VIP”

El mes más corto del año arrancó con la visita formal de Ginés González García a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En ese marco, el exfuncionario afirmó que Argentina recibiría 62 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 y expresó que el laboratorio Pfizer se había portado “muy mal con nosotros”.

El 4 de febrero tuvo lugar la primera sesión extraordinaria. Fue en el Senado, donde se aprobaron un conjunto de pliegos judiciales -entre ellos el de Alejo Ramos Padilla como juez federal de La Plata- y una modificación de la Ley 27.442, de Defensa de la Competencia.

En el marco por la polémica de Formosa en el tratamiento de las personas contagiadas o sospechosas de tener Covid, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio llegó a la provincia para recorrer in situ el territorio y verificar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Desde allí anunciaron que iban a denunciar al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, por el delito de “encubrimiento”.

Ya por esas fechas se comenzaban a escuchar con más fuerza declaraciones públicas de legisladores de todos los espacios sobre las elecciones y la pandemia: suspensión de las PASO o unificación de primarias y generales dividían las aguas.

El 8 de febrero, Sergio Massa, presidente de Diputados, presentó el proyecto de ley para establecer un nuevo piso del impuesto a las Ganancias a partir de los 150 mil pesos. Diez días después fue incluido en el temario de extraordinarias, pero se trataría recién en marzo, iniciado el período ordinario.

El 11 de febrero hubo una sesión extraordinaria en la Cámara baja en la que se convirtió en ley el proyecto que prevé la autorización del Congreso para los acuerdos con el FMI. Además, recibieron media sanción un proyecto de indemnización para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan; otro sobre incremento en el presupuesto para Ciencia y Tecnología; y una iniciativa para incentivar la construcción privada.

El 14 de febrero, tras haber permanecido internado durante dos meses, murió a los 90 años el senador Carlos Saúl Menem, expresidente de la Nación e ícono de la década de los ’90. Sus restos fueron velados en el Congreso.

Avanzada la segunda quincena del mes, estalló el escándalo por la vacunación “VIP” de dirigentes y funcionarios. Uno de los primeros nombres en conocerse fue el del legislador santacruceño Juan Benedicto Vázquez, aunque los más ruidosos aparecerían un día después: el diputado porteño Eduardo Valdés y el senador bonaerense Jorge Taiana, quienes argumentaron haberse inoculado por ser “personal estratégico” y tener previsto acompañar al presidente a México. El 19 de febrero, Alberto Fernández le pidió la renuncia a González García y en su lugar asumió Carla Vizzotti.

El 24 de febrero el Senado realizó su sesión preparatoria, donde ratificó sus autoridades y juró el reemplazo de Menem, Ricardo Guerra. Luego realizó otra reunión en la que convirtió en ley el resarcimiento a familiares de tripulantes del ARA San Juan; la iniciativa para incrementar gradualmente el presupuesto de Ciencia y Tecnología; y el régimen de incentivos para motorizar la construcción privada. Además, tuvo media sanción la ratificación del Consenso Fiscal 2020.

MARZO: Asamblea Legislativa y el debate sobre Ganancias

El mes comenzó con la Asamblea Legislativa encabezada por el presidente Alberto Fernández, quien en su paso por el recinto de la Cámara baja cargó duro contra la gestión anterior y el Poder Judicial. Incluso llegó a plantear que el Congreso ejerza un rol contralor sobre jueces y fiscales, cuestión que generó bastante revuelo. Días después, la entonces ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, renunció. La reemplazó Martín Soria.

Durante marzo la Cámara baja se abocó al debate del proyecto sobre el impuesto a las Ganancias. En ese marco, Sergio Massa mantuvo reuniones con sindicalistas que respaldaron la iniciativa. El 18 de ese mes, obtuvo dictamen en comisión.

El 11 de marzo el Senado realizó su primera sesión del período ordinario, durante la que aprobó pliegos judiciales.

El 22 de marzo se hizo presente en la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados el secretario del área, Darío Martínez, quien dejó sentada la posición del oficialismo de debatir un nuevo régimen de promoción de los biocombustibles.

Hacia fines de mes, el día 25, la oposición en la Cámara baja no reunió quórum para tratar la prórroga de la ley de biocombustibles, con media sanción del Senado. Otra convocatoria que fracasó fue la citada para debatir Ganancias en día de semana y no sábado, como había convocado el Frente de Todos.

También el 25 de marzo el Senado realizó una sesión, en ese caso para dar media sanción a la suspensión de dos causales de caducidad de los partidos políticos; una emergencia por los incendios en la Patagonia; una serie de acuerdos internacionales y declaraciones no conflictivas. En esa jornada, el entonces senador Esteban Bullrich confesaba: “Tengo que aprender a hablar de nuevo”; y revelaba que padecía un trastorno denominado disartria, que había aparecido durante la cuarentena.

Como no pasaba desde 2002, la Cámara de Diputados sesionó el sábado 27 de marzo -y culminó el domingo 28-: se dio media sanción al proyecto sobre Ganancias; a otro que facilitaba la transición del monotributo al régimen general; a la ley sobre Educación Ambiental Integral; y se convirtió en ley la emergencia por los incendios en la Patagonia.

El mes cerró con una reunión en la Casa Rosada, que tenía como fin un acto por la puesta en marcha del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (Preimba), pero donde se dio el primer acercamiento entre la oposición y el oficialismo en las negociaciones para postergar el cronograma electoral. Participaron en ese encuentro el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo; y el exintendente de Vicente López, Jorge Macri.

ABRIL: Segunda ola de Covid y acuerdo sobre las elecciones

El cuarto mes del año comenzó con un incremento importante de casos de coronavirus que inauguraban la segunda ola. Mientras tanto, el trabajo remoto de comisiones continuaba. El 6 de abril se realizó la última ronda con especialistas en un plenario de cuatro comisiones sobre el proyecto de etiquetado frontal de alimentos. En tanto, ese mismo día asistió a la Comisión de Salud la ministra Carla Vizzotti, quien sostuvo que las vacunaciones de privilegio fueron “una situación excepcional” y aseguró que el Gobierno trabajaba “permanente” con distintos proveedores para “seguir recibiendo vacunas en forma sostenida”.

En lo que al calendario electoral respecta, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio rechazó un “cambio de reglas del juego”. Dos días después, el 8 de ese mes, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se reunió en el Congreso con los jefes del Pro, la UCR y la CC-ARI y los notificó de la intención del Gobierno de enviar un borrador de proyecto para mover las PASO al 12 de septiembre y las elecciones generales al 14 de noviembre. Pasar un mes frío como agosto y ganar 30 días más en la vacunación eran los principales argumentos del oficialismo. Llegando al cierre de abril, Juntos por el Cambio aceptó postergar las PASO, con la condición de incorporar una “cláusula anti-suspensión”.

El 8 de abril el Senado sancionó la ley de alivio a monotributistas que pasan al régimen general y la reforma en Ganancias. Un día después el Congreso adhirió a las nuevas restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo y se analizó no volver a sesionar hasta mayo.

El 22 de ese mes el Gobierno presentó el proyecto de la nueva ley de biocombustibles, que despertó duras críticas por parte de representantes del sector en la Comisión de Energía de Diputados. También por esos días, el oficialismo blindaba en la Bicameral de Trámite Legislativo una serie de DNU’s relacionados a la pandemia. Uno ellos, el 241/21 levantó cuestionamientos por parte de la oposición e incluso la Ciudad de Buenos Aires acudió a la Corte Suprema porque disponía la suspensión de clases presenciales.

El 13 de abril sobreseyeron a Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la causa dólar futuro. El 26 de abril, el ministro de Justicia, Martín Soria, se presentó ante las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de Diputados y defendió el proyecto -con media sanción- de reforma del Ministerio Público Fiscal, anunciando también modificaciones.

Mediante un comunicado, a fines de abril, Esteban Bullrich informaba públicamente que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pero que continuaría con su banca como senador, además de trabajar por las personas con esa misma enfermedad.

Al anunciar la extensión de restricciones hasta el 21 de mayo, el presidente Alberto Fernández afirmó que enviaría al Congreso un proyecto de ley sobre parámetros sanitarios y epidemiológicos que lo faculten a él y a los gobernadores a tomar medidas por la pandemia. Sin conocerse el texto, Juntos por el Cambio salió a alertar por una iniciativa con “superpoderes”.

MAYO: Polémica por DNU y “superpoderes”

Al comienzo del quinto mes, la vicepresidenta Cristina Kirchner extendió las sesiones mixtas por 60 días en el Senado, mientras que en la Cámara baja el protocolo de sesiones remotas se renovó el 11 de mayo con acuerdo de los jefes de bloques.

El oficialismo volvió a valerse de su mayoría para blindar los DNU relacionados con la pandemia en comisión, aunque el 4 de ese mes la Corte falló a favor del reclamo porteño.

El 5 de mayo hubo acuerdo entre el Gobierno y la oposición para que las PASO se realizaran el 12 de septiembre y las elecciones el 14 de noviembre. El proyecto para postergar los comicios fue enviado el 10 de mayo a la Cámara de Diputados.

También ese día fue girado, pero a la Cámara alta, el proyecto para gestionar la pandemia según criterios sanitarios y epidemiológicos, compuesto por 34 artículos. Dos días después, en solo una jornada de debate, y tras la visita de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y abogados constitucionalistas, el Frente de Todos pasó a la firma el dictamen de la iniciativa.

En cuanto a biocombustibles, vencida la antigua ley, el Gobierno la prorrogó por decreto por dos meses. El 13 de mayo, el secretario de Energía, Darío Martínez, defendió la propuesta ante diputados.

El 13 de mayo el Senado ratificó DNU’s del presidente; dio media sanción a la creación de una Bicameral sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay; convirtió en ley el proyecto sobre Educación Ambiental Integral; y aprobó, a instancias del senador K Oscar Parrilli, una declaración que le pedía al ministro de Economía, Martín Guzmán, no utilizar los DEG del FMI para para pagar deuda.

Por su parte, en Diputados, el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, presentaba un proyecto sobre “zonas frías” para la reducción en las tarifas de gas en más de una decena de provincias y 54 municipios bonaerenses.

El 18 de mayo, el Frente de Todos emitió dictamen del proyecto de biocombustibles, mientras que un día después haría lo mismo con el proyecto sobre el Ministerio Público Fiscal, tras un debate largo y caliente, con protestas en las afueras del Congreso. Por esos días, el candidato a procurador general, Daniel Rafecas, amenazó con bajar su postulación si se modificaba la mayoría necesaria para su designación -una cuestión incluida en el proyecto que quedaría congelado, al igual que su pliego-.

El 20 de mayo, la Cámara baja aprobó nuevas alícuotas del impuesto a las Ganancias para empresas y, por amplia mayoría, dio media sanción al proyecto para postergar las elecciones, además de convertir en ley la iniciativa sobre caducidad de los partidos políticos. Por su parte, en el Senado recibieron media sanción la nueva ley ovina; un proyecto para establecer el Régimen de Promoción y Participación de las Mujeres y Diversidades en el sector pesquero; otro para fortalecer la Red Nacional de Centros de Recolección de Leche Humana. Y, además, se aprobó el proyecto para gestionar la pandemia, que también quedaría cajoneado en Diputados por falta de apoyos.

JUNIO: Visita de laboratorios y Cafiero

Junio comenzó con una sesión en la Cámara alta, durante la que -sin debate- se aprobó la ley para postergar las elecciones; las modificaciones del impuesto a las Ganancias para empresas; una ley sobre beneficios para bomberos voluntarios; y el oficialismo impuso su mayoría una vez más para ratificar un paquete de decretos presidenciales sobre la pandemia.

Un día después acudió al Senado el exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuya visita estuvo marcada por los cruces con la oposición centrados en la gestión de la pandemia y el plan de vacunación. “Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos”, le lanzó a los senadores de Juntos por el Cambio en referencia a Pfizer.

Ante las dudas por la adquisición de vacunas, el 8 de ese mes se organizó en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja un encuentro entre autoridades, jefes de bloques y representantes de Pfizer Argentina y el Laboratorio Richmond -a cargo de producir la Sputnik V-. En ese encuentro, Pfizer negó pedidos de coimas y afirmó que ofreció al Gobierno 13 millones de dosis. Se dijo que se haría otra reunión con AstraZeneca y el Fondo COVAX, pero nunca se concretó.

En una extensa sesión que arrancó el 10 de junio, Diputados dio media sanción al proyecto de “zonas frías”; convirtió en ley el Consenso Fiscal 2020; dio media sanción a la ley de cupo laboral trans; y sancionó con polémica la ley de equidad de género en los medios de comunicación públicos. A fines de junio, el Senado daría aprobación final a “zonas frías” y la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, de cupo laboral travesti-trans.

JULIO: Últimas sesiones en Diputados antes de la campaña y cierre de listas

El séptimo mes del año arrancó con una sesión en la Cámara baja en la que se aprobaron proyectos relacionados al régimen de monotributo; la eximición de Ganancias a los intereses provenientes de depósitos de cajas de ahorro y plazos fijos en moneda nacional destinados a inversión productiva; un proyecto sobre contracepción quirúrgica para personas con discapacidad; y una modificación del Código Procesal Penal de la Nación, respecto de los plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación. También, tras un extenso debate, tuvo media sanción la nueva ley de biocombustibles.

En cuanto al trabajo en comisiones de Diputados, avanzaron dictámenes sobre la nueva ley ovina; el régimen previsional especial para trabajadores viñateros; y un proyecto sobre violencia institucional; entre otros. En tanto, en el Senado se avaló -con cambios- el proyecto enviado por el Ejecutivo sobre un marco regulatorio para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

El 7 de julio, el senador Carlos Reutemann falleció a los 79 años de edad, luego de permanecer varias semanas internado en una clínica de la capital de Santa Fe.

El 8 de julio, Santiago Cafiero asistió a Diputados, donde cruzó chicanas con los legisladores de Juntos por el Cambio y, al ser consultado por varios temas, respondió con cifras del gobierno de Mauricio Macri. “Tenemos que continuar con la campaña de vacunación, y tiene que ser más importante la campaña de vacunación que la campaña electoral”, sostuvo en esa oportunidad. Luego de esa sesión informativa, el recinto de la Cámara baja se cerraría por tres meses.

El 13 de julio, el proyecto de etiquetado frontal de alimentos tuvo dictamen en Diputados, atravesando las distintas posiciones al interior de todos los bloques.

El 15 de julio, el Senado ratificó la validez del DNU por el cual el Gobierno modificó la Ley de Vacunas -con el objetivo de alcanzar un acuerdo con Pfizer-; sancionó las leyes económicas aprobadas días antes en la Cámara baja; y dio aprobación final al nuevo régimen de biocombustibles.

El 16 de julio la vicepresidenta Cristina Kirchner expuso ante el Tribunal Oral Federal N° 8 para pedir el cierre de la causa del Memorándum con Irán, a la que calificó como “disparate judicial, institucional y político”.

El sábado 24 de julio se cumplió la fecha límite para el cierre de las precandidaturas. Sin mayores sorpresas, se oficializaron todas las listas. Las internas más calientes las protagonizarían el Frente de Todos en Santa Fe y Juntos por el Cambio en Córdoba.

AGOSTO: Olivos Gate

Agosto comenzó con la polémica al conocerse una lista de visitantes a la Quinta de Olivos durante la cuarentena de 2020. Entre ellos figuraba la actriz Florencia Peña, a quien indirectamente y con ironías se refirió en sus redes sociales -y en TV- el diputado del Pro Fernando Iglesias. La actitud del macrista y su par Waldo Wolff le valieron numerosas críticas por parte de diputadas oficialistas y una denuncia de la popular artista. Pero a los pocos días de centrar los ojos en Iglesias, la bomba estalló para el Gobierno: se revelaron fotos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, mientras regía el aislamiento social preventivo y obligatorio. El “Olivos Gate” acaparó toda la agenda mediática mientras se sucedía la campaña electoral. Desde Juntos por el Cambio hubo dos presentaciones de juicio político contra el presidente.

Durante ese mes, el hasta entonces jefe del Interbloque Federal en Diputados, Eduardo “Bali” Bucca, formalizó su incorporación al Frente de Todos. Por otra parte, el senador Jorge Taiana pasó al Poder Ejecutivo, para reemplazar a Agustín Rossi -lanzado como precandidato a senador- en el Ministerio de Defensa.

En la sesión de la Cámara alta del 19 de julio, Juliana Di Tullio juró en reemplazo de Taiana; el oficialismo dio media sanción a dos proyectos para limitar la tasa de interés por mora de los servicios públicos, las tarjetas de crédito, la medicina prepaga y las empresas de seguros; y aprobó un proyecto sobre reciclado de neumáticos fuera de uso. En relación a “Olivos Gate”, el exjefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, denunciaba: “Olivos era una puerta giratoria y una especie de fiesta en fiesta”.

El 25 de agosto falleció el diputado catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral a los 77 años, producto de una neumonía bilateral.

Tratando de dar un giro en la agenda, y con la mira en las PASO, el Frente de Todos instaló en el Congreso el debate sobre la política económica del expresidente Mauricio Macri. Así, en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas rechazó -con un dictamen de mayoría- la Cuenta de Inversión 2016; mientras que en la Bicameral de Seguimiento de la Deuda asistió el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien defendió la renegociación de la deuda y apuntó a la oposición.

SEPTIEMBRE: PASO y crisis en el Gobierno

El 1ro. de septiembre se recibió en el Senado al excanciller Felipe Solá, quien asistió para exponer sobre el conflicto originado con Chile por la plataforma continental argentina. La reunión se realizó de manera remota y, ese mismo día, Cristina Kirchner volvió a prorrogar por dos meses las sesiones mixtas, con habilitación de un puñado de senadores dentro del recinto. En medio de una baja de casos de Covid y ciertas reaperturas, la oposición reclamó por la presencialidad plena.

Los primeros días de ese mes la recta final de la campaña acaparó el tiempo de los distintos espacios políticos. En las PASO, el oficialismo sufrió una dura derrota: ganó solamente en 7 provincias, mientras que en 15 se impuso Juntos por el Cambio, y en Río Negro y Neuquén, las fuerzas gobernantes locales se ubicaron primeras. El más inesperado revés fue la provincia de Buenos Aires, donde las listas que encabezaron Diego Santilli y Facundo Manes reunieron en total cinco puntos más que la del Frente de Todos, liderada por Victoria Tolosa Paz. En Córdoba, Luis Juez-Rodrigo de Loredo se impusieron sobre Mario Negri-Gustavo Santos, dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Carolina Losada fue la sorpresa de la pelea opositora en Santa Fe, mientras que el gobernador Omar Perotti triunfó con su lista sobre la de Agustín Rossi.

Envalentonados con el triunfo, distintos dirigentes de Juntos por el Cambio -entre ellos María Eugenia Vidal– comenzaron a hablar de la posibilidad de convertirse en primera minoría en la Cámara de Diputados y reclamar la presidencia del Cuerpo. Los resultados de las primarias ya anticipaban que en el Senado el Frente de Todos perdería el quórum propio.

A tres días de los comicios, estalló la crisis en el Gobierno nacional: ministros y funcionarios del ala K pusieron a disposición su renuncia. Entre ellos estaban el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Ambiente, Juan Cabandié; la titular del PAMI, Luana Volnovich; y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta. Ese mismo día por la noche, el Ejecutivo cumplió con el trámite formal de enviar el proyecto de Presupuesto 2022 (que no se debatiría hasta diciembre).

El 16 de septiembre se viralizó un audio explosivo de la exdiputada Fernanda Vallejos, calificando de “ocupa”, “enfermo” y “mequetrefe” al presidente Alberto Fernández. Horas después llegaría una carta pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que advirtió que “se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales”.

Finalmente, el viernes 17 de septiembre por la noche se revelaron los cambios en el Gabinete, destacándose la entrada de Juan Manzur como jefe de Gabinete -mencionado en la epístola de CFK- y el regreso de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Los nuevos funcionarios juraron el 20.

Con la llegada de la primavera, el presidente de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para favorecer con condonación de deudas a clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONG’s y sociedades de fomento. Por esos días, además, renunció la secretaria parlamentaria del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, quien se fue como ministra de Gobierno bonaerense.

Tratando de retomar la agenda, el oficialismo puso en marcha el debate sobre la ley de hidrocarburos, anunciada al día siguiente de las PASO. El 22 de septiembre el secretario de Energía, Darío Martínez, asistió a una reunión informativa en comisión del Senado. Fue el único encuentro formal que se realizó para discutir esa iniciativa.

Tras acordar con la oposición la vuelta a la presencialidad en Diputados, Sergio Massa firmó una resolución sobre “Recinto Protegido”, que dispuso un nuevo protocolo. Ofuscados por asegurar que ese no había sido el acuerdo, sino que el presidente de la Cámara baja se había “cortado solo”, Juntos por el Cambio denunció que la decisión se tomó “unilateralmente” y “excediendo las facultades que tiene la Presidencia”.

OCTUBRE: Sesiones y debates de cara a las urnas

A los 5 días del mes de octubre, el oficialismo en la Cámara de Diputados fracasó en la sesión para debatir el etiquetado frontal de alimentos. La convocatoria realizada un día viernes y la confección de los temas de manera unilateral levantaron el enojo de la oposición que, empoderada por los resultados electorales, decidió no dar quórum. Y, el Frente de Todos, tampoco aceptó ampliar el temario.

El 6 de octubre sí sesionó el Senado, donde el oficialismo rechazó la Cuenta de Inversión de 2016, primer año de la gestión de Mauricio Macri; y aprobó un conjunto de proyectos, entre ellos la declaración de rechazo a los cambios en la plataforma continental realizado por Chile.

El 7 de octubre el Tribunal Oral Federal N°8 sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán.

En la previa de las elecciones generales, los candidatos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se midieron en debates televisivos, organizados por el canal TN. El 13 de ese mes fue el turno de los porteños María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Javier Milei y Myriam Bregman; mientras que una semana después debatieron los postulantes bonaerenses Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Del Caño, José Luis Espert, Cynthia Hotton y Florencio Randazzo.

La última semana de octubre la agenda parlamentaria estuvo recargada: Diputados dio dictamen de comisión a varios proyectos y, además, recibió la visita de los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), quienes expusieron sobre la iniciativa de creación de “Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.

El 26 de octubre, la Cámara baja sesionó. En la jornada juraron cuatro nuevos diputados; recibieron media sanción el alivio fiscal; una iniciativa sobre los derechos de las personas en situación de calle; la ley de oncopediatría; y dos convenciones internacionales contra la discriminación y el racismo. En tanto, tras un debate de ocho horas, se convirtió en ley el etiquetado frontal de alimentos, con el objetivo de promover la alimentación saludable. La votación resultó con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones. También recibieron la última aprobación la entrada y salida de tropas; un régimen previsional especial para viñateros; y la nueva ley ovina.

Al día siguiente hubo sesión en la Cámara alta, donde rápidamente y por unanimidad se convirtió en ley el alivio fiscal para entidades, miniPyMEs y monotributistas. Asimismo, se aprobaron modificaciones en el mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales; se avalaron más de 180 ascensos militares; se sancionó la ley de trayectorias escolares y se dio media sanción a la prórroga de la Ley 26.160, de emergencia territorial indígena, entre otros temas.

En el cierre del décimo mes del año, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, junto a Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista en Diputados, presentaron en el Salón Pasos Perdidos el proyecto de ley de gestión de envases.

NOVIEMBRE: Elecciones y mucho trabajo de comisiones

En materia judicial, el mes arrancó con la indagatoria del expresidente Mauricio Macri en la causa de presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; y culminó con un nuevo sobreseimiento en favor de Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces, donde también resultaron favorecidos sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

En las elecciones del 14 de noviembre, el Frente de Todos revirtió la derrota de las PASO solamente en dos provincias: Chaco y Tierra del Fuego. Juntos por el Cambio ratificó sus buenos resultados en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y mantuvo la victoria en la mayoría de los distritos, con buena performance también en Entre Ríos y Corrientes. Con 25 puntos, el Frente de Izquierda dio sorpresa en Jujuy, donde ganó una banca. La noche de los comicios se confirmó que el oficialismo en el Senado había perdido el quórum, al pasar de 41 a 35 miembros a partir del 10 de diciembre. Días después, con los resultados oficiales de los escrutinios definitivos, se confirmó que el Frente de Todos seguiría como primera minoría en Diputados, tan solo dos diputados arriba de Juntos por el Cambio.

Con un mensaje grabado, el presidente Alberto Fernández aseguró que iba a convocar al diálogo a la oposición tras las elecciones y anunció el envío, para la primera semana de diciembre, un proyecto de ley titulado “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”. Ninguna de ambas cosas pasaron hasta el cierre del año.

Luego del test electoral, el oficialismo en la Cámara baja puso en marcha las comisiones con la firma de varios dictámenes, lo que hizo pensar en una sesión antes del recambio legislativo. Las iniciativas se despacharon, pero finalmente no hubo sesión en noviembre. Entre los temas que avanzaron se destacaba el marco regulatorio del desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo y una nueva ley de VIH. Además, tras un debate caliente y dividido, se avanzó con la prórroga de la Ley de Tierras Indígenas, que vencía el 23 de ese mes. El Poder Ejecutivo terminaría extendiéndola por DNU. También, solo con el aval del Frente de Todos, avanzó en comisiones la ley de envases, duramente cuestionada por Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición.

Antes del recambio parlamentario, el oficialismo aprobó en la Bicameral de Trámite Legislativo la validez de 116 decretos -de los cuales 70 eran de necesidad y urgencia- firmados por el presidente Alberto Fernández durante 2019, 2020 y 2021, y que estaban pendientes de discusión.

Como consecuencia de la derrota de Mario Negri en la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba, diputados de su bloque que responden a Martín Lousteau comenzaron a objetar su continuidad como jefe de la bancada UCR y también del interbloque. El primero en revelar su aspiración de conducir fue el porteño Emiliano Yacobitti. La tensión radical escaló rápido y, por esos últimos días de noviembre, Negri salió a ventilar que contaba con los avales necesarios para continuar al frente del bloque. El sector Evolución reclamaba cambio en las “vocerías” y “renovación”.

DICIEMBRE: Recambio y el Presupuesto rechazado

Un día antes de la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados se confirmó la ruptura del bloque radical: Rodrigo de Loredo se transformaría en el nuevo presidente de UCR Evolución, integrado por 12 legisladores; mientras que Negri se mantendría jefe de la bancada UCR compuesta por 33 miembros. En tanto, la conducción del interbloque Juntos por el Cambio quedó sin definir.

El 7 de diciembre juraron los nuevos diputados nacionales y se ratificó a Sergio Massa como presidente del Cuerpo. El único cambio en las vicepresidencias fue la entrada de Julio Cobos por Alfredo Cornejo -que pasó a la Cámara alta.

El 9 de diciembre prestaron juramento los nuevos senadores nacionales y, luego, se realizó una última sesión con la conformación anterior. Antes de perder la mayoría, el Frente de Todos blindó un paquete de decretos de Alberto Fernández, aunque fueron 48 de los 116 que habían tenido dictamen. También convirtió el ley el proyecto sobre personas en situación de calle y el referido a la contracepción quirúrgica para personas con discapacidad. Y media sanción recibió un proyecto de formación en Malvinas para funcionarios públicos; la incorporación del sistema braille en los medicamentos; y una iniciativa sobre educación inclusiva, a pedido de Esteban Bullrich, quien precisamente en esa sesión se despidió de su banca. Muy afectado por el avance de su enfermedad, acompañado por su esposa y con sus hijos presentes en los palcos, el dirigente del Pro dio uno de los discursos más emotivos de los que se tenga memoria.

Después de tres meses sin tan solo una reunión formal, el oficialismo impulsó un tratamiento exprés del Presupuesto 2022 en la Cámara baja. El 13 de diciembre expuso durante seis horas el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuya presencia había sido fuertemente requerida por la oposición desde la llegada del proyecto al Congreso. Al otro día arribaron Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas; Alexis Guerrera, ministro de Transporte; y funcionarios del Ministerio de Salud. El 15 de diciembre se reunió en el recinto la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuyo presidente, el porteño Carlos Heller, arrancó el encuentro anunciando una veintena de modificaciones. Tras un extenso cuarto intermedio, el Frente de Todos avanzó con la firma del dictamen, obteniendo el de mayoría con el apoyo del misionero Diego Sartori.

El 16 de diciembre comenzó la sesión para tratar el Presupuesto 2022, que no reunía los votos necesarios para su aprobación. La jornada comenzó con homenajes, cuestiones de privilegio y pedidos de apartamiento del reglamento. En el debut de la nueva composición, el oficialismo sufrió su primera derrota: la oposición se unió y consiguió aprobar una moción para emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y forzar el tratamiento del proyecto sobre Bienes Personales, con media sanción del Senado. Tras 21 horas de debate intenso, en una sesión que pasó a cuarto intermedio durante la tarde y tuvo negociaciones frenéticas, la intervención de Máximo Kirchner en la mañana del 17 de diciembre provocó la ira de Juntos por el Cambio, que cambió su postura en minutos y decidió no acompañar la vuelta a comisión de la iniciativa. El Presupuesto 2022 resultó rechazado por 132 votos negativos frente a 121 positivos y una abstención. En vísperas de la Navidad, el Ejecutivo oficializó por decreto la prórroga del Presupuesto 2021.

El 21 de diciembre, el Frente de Todos evitó una nueva derrota en menos de 7 días. Con el respaldo del interbloque Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, sumado a los ausentes que tuvo Juntos por el Cambio, logró imponerse por un voto en la votación del proyecto de Bienes Personales y lo devolvió con modificaciones al Senado, que al día siguiente le dio dictamen en comisión.

Antes de Año Nuevo, la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia se reunió y, a instancias del oficialismo, resolvió presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes revocaron los procesamientos de los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa sobre presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Asimismo anunciaron la creación de una subcomisión para investigar sobre la denuncia de la AFI en relación a un vídeo en el que aparecen exfuncionarios bonaerenses -durante la gestión de María Eugenia Vidal-, exfuncionarios de la AFI y empresarios conversando sobre el supuesto armado de causas contra sindicalistas.

En la última función del año, el 29 de diciembre la Cámara alta sancionó la ley sobre Bienes Personales con la ayuda de aliados. Cuando el quórum se vio en riesgo por el caso de Covid positivo de un senador oficialista, quien facilitó el número fue una exCambiemos: la riojana Clara Vega. Al comenzar la sesión diez minutos después de los 30 que ya habían pasado desde el horario de la convocatoria, Juntos por el Cambio denunció que la sesión era “inválida” e incluso presentó una acción de amparo ante la Justicia. En la jornada, los senadores también dieron media sanción a un proyecto para declarar la Patagonia zona de emergencia forestal y aprobaron a mano alzada un repudio contra los dichos del exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en el vídeo que originó la denuncia de la AFI.

Por Carolina Ramos

Enero

El Congreso venía de sancionar, en diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la primera del gobierno de Alberto Fernández, que declaró nueve emergencias en distintas áreas y delegó amplias facultades en el Poder Ejecutivo. Fue la herramienta que le permitió al presidente iniciar su gestión en un marco de excepcionalidad, aun sin haber comenzado la pandemia.

En su primera sesión del año, el 29 de enero, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de la deuda externa y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2019, el pacto entre la Nación y los gobernadores por el cual se suspendieron hasta el 31 de diciembre algunos de los compromisos asumidos en los acuerdos de 2017 y 2018, como la rebaja de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos “distorsivos”.

En enero además juró como diputada Gisela Marziotta en reemplazo de Daniel Filmus, quien  asumió como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Febrero

Dos días antes de la apertura de sesiones, el Senado sancionó la denominada “ley de góndolas”, que había permanecido cajoneada tres meses. A pesar del apuro por tratar la norma en el período extraordinario, el Gobierno recién la reglamentó el 15 de diciembre para su entrada en vigencia.

En esa misma sesión, la Cámara alta saldó una deuda de 15 años y aprobó la designación de Marisa Graham como defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estaba vacante desde su creación. La abogada recibió aval por 47 votos a favor y 21 en contra, tras un debate donde se coló la cuestión de la legalización del aborto.

Por otra parte, el oficialismo contó con un amplio respaldo de la oposición para sancionar, el 6 de febrero, la ley de sostenibilidad de la deuda externa regida por ley extranjera. Un gesto de apoyo institucional hacia las negociaciones que tenía por delante el ministro de Economía, Martín Guzmán, que días después se presentó ante la Cámara de Diputados. El funcionario asistió a una sesión informativa inédita en el recinto, con características similares a la presentación del jefe de Gabinete.

Pero una de las sesiones más recordadas en Diputados es la que se celebró el 27 de febrero, cuando se desató un escándalo en el recinto por la presencia de Daniel Scioli, avalado como embajador en Brasil. Juntos por el Cambio denunció una maniobra irregular del oficialismo para conseguir el quórum y tratar el proyecto que modificaba los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos, sancionado finalmente el 12 de marzo en el Senado.

En la misma sesión de la polémica prestaron juramento dos nuevas diputadas: Liliana Schwindt, en reemplazo del canciller Felipe Solá; y Adriana Cáceres, en lugar de Guillermo Montenegro, electo intendente de Mar del Plata. Ambas asumieron tras librar sendas batallas en la Justicia por la Ley de Paridad de Género, que en sus casos no se aplicó.

Por otra parte, el Senado avaló las designaciones de los embajadores Rafael Bielsa (Chile), Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Tomada (México), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Sergio Urribarri (Israel), Carlos Raimundi (OEA) y también de Fernando “Pino” Solanas (Unesco), quien falleció ocho meses después en París.

Marzo

El presidente Fernández inauguró por primera vez el período de sesiones ordinarias, en el marco de una movilización en la Plaza de los Dos Congresos. En un discurso de una hora y veinte, repasó los ejes de su gestión y anunció el envío de varios proyectos, como la reforma judicial -congelada desde septiembre en Diputados-, la legalización del aborto y la creación del Consejo Económico y Social.

Dos días después de la Asamblea Legislativa se conoció el primer caso de Covid-19 en Argentina y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, marcando un punto de inflexión en la historia del país y el mundo. El presidente decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir del 19 y el Congreso adhirió a la medida. En un gesto de colaboración, Diputados giró 32.700.000 pesos al sistema de salud, en concepto de subsidios y de pasajes no utilizados por las restricciones en la circulación.

Recién a fin de mes, tras una discusión sobre cómo mantener la actividad durante la emergencia sanitaria, se realizó la primera reunión virtual en la Cámara baja: la Comisión de Educación escuchó al ministro del área, Nicolás Trotta, convocado a raíz de la suspensión de clases presenciales. Fue el puntapié inicial para una seguidilla de reuniones informativas con funcionarios.

En otro orden, el Senado dio ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas, que nunca fue tratado. El Frente de Todos dejó de lado su tratamiento al no contar con la mayoría de votos necesaria para la designación, y en cambio impulsó, tiempo después, una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La Cámara alta también discutió en comisión, justo antes del inicio de la pandemia, un proyecto de Guillermo Snopek (Frente de Todos) para intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que finalmente no prosperó.

Abril

Fue un mes dominado por nuevos cruces entre oficialismo y oposición por la modalidad de funcionamiento de ambas cámaras. El 17 de abril, el presidente mantuvo una videoconferencia con los líderes parlamentarios, que ya habían respaldado el dictado de la cuarentena en una reunión en Casa Rosada.

En Diputados, las negociaciones finalmente llegaron a buen puerto y se aprobó en comisión el Protocolo de Funcionamiento Remoto que le permitió al cuerpo, a través de sucesivas prórrogas, funcionar durante todo el año, con algunas modificaciones a medida que se relajó el aislamiento.

En cuanto al Senado, la Corte Suprema rechazó un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner y evitó expedirse sobre la validez de sesiones remotas. El máximo tribunal consideró que la Cámara alta tiene facultad para fijar e interpretar su propio reglamento, y de esa forma dio vía libre al funcionamiento virtual.

Ya se empezaba a hablar, para ese entonces, del denominado “impuesto a la riqueza”, aunque llegaría al Congreso mucho tiempo después.

Mayo

Diputados realizó el 6 de mayo la capacitación obligatoria de género de la Ley Micaela, con la presencia de la ministra de área, Elizabeth Gómez Alcorta. El encuentro se utilizó como simulacro para las sesiones virtuales y arrojó un resultado desalentador por fallas técnicas, sumadas a la falta de experiencia. Por el contrario, las primeras pruebas del Senado fueron exitosas.

Finalmente, el 13 de mayo se concretaron las primeras sesiones virtuales de la historia. El Senado avaló una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia vinculados a la pandemia -entre ellos, la prohibición de despidos y suspensiones- y Diputados aprobó la exención del pago del impuesto a las Ganancias para el personal esencial y la denominada “Ley Silvio”.

En esa sesión también juraron como diputados José Luis Patiño, Claudia Bernazza y Lisandro Bormioli, en reemplazo de Elisa Carrió -renunció a su banca-, Daniel Scioli -asumió como embajador en Brasil- y Andrés “Cuervo” Larroque –fue nombrado ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense-.

Ambas cámaras volvieron a sesionar paralelamente el mismo día, el 21 de mayo. El Senado convirtió en ley los dos proyectos aprobados en Diputados y también una nueva regulación para la Cruz Roja, y la Cámara baja avanzó con la receta médica digital y la incorporación de la educación a distancia para casos excepcionales.

La armonía reinante comenzó a quebrarse a fin de mes, cuando el Frente de Todos avanzó con un dictamen de rechazo al DNU firmado por el expresidente Mauricio Macri que transfirió las escuchas telefónicas desde la Procuración General a la Corte Suprema. También hubo chispazos en otra bicameral donde el oficialismo pidió informes sobre la toma de deuda y la fuga de capitales en el gobierno anterior.

El mes cerró con la designación de la periodista Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y una sesión frustrada convocada por Juntos por el Cambio con el fin de derogar el DNU 457/20, que amplió las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin control parlamentario. A la bancada presidida por Negri le faltaron cinco legisladores para el quórum.

Junio

El Frente de Todos empezó el mes aprobando en el Senado una nueva tanda de DNU, entre ellos el de los “superpoderes” del jefe de Gabinete. También avanzó con la anulación del decreto referido a las escuchas telefónicas. La relación con la oposición, que ya venía algo resentida, empeoró: Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal denunciaron que el bloque de José Mayans se desviaba del acuerdo original de tratar solo temas vinculados a la pandemia.

En ese clima caldeado el Senado volvió a sesionar y, tras la sanción de la ley de educación a distancia, la oposición se desconectó y dejó al oficialismo votando en soledad la ley de alquileres -retomada tras meses de cajoneo- y otro proyecto de Oscar Parrilli que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS).

Una semana después, la Cámara alta recibió por primera vez en el año a Santiago Cafiero, quien brindó su informe de gestión desde el recinto ante las autoridades presentes y la gran mayoría de los senadores conectados desde sus provincias.

En el Congreso también se coló, con voces a favor y en contra, el tema de la expropiación de Vicentin, anunciada por el presidente y luego descartada. Lo que sí avanzó, aunque a medias, fue la creación de una comisión bicameral para investigar las deudas de la empresa con el Banco Nación. El proyecto, de Oscar Parrilli, fue aprobado en el Senado y nunca más se volvió a hablar de él.

También en junio comenzaron a conocerse los primeros contagios de coronavirus en el mundo de la política. En el caso de Diputados, el sindicalista Walter Correa inauguró el listado, que luego se ampliaría con Carlos Selva, Federico Fagioli, Miguel Bazze y Julio Sahad, entre otros que transitaron la infección sin mayores complicaciones.

Julio

Fernández volvió a escuchar los planteos de la oposición parlamentaria en una nueva videoconferencia, aunque primero dialogó con el Pro y la UCR y luego con el resto de los bloques. La Coalición Cívica no participó de ninguno de los dos encuentros, que sirvieron para aflojar la tensión política justo antes de que el Gobierno anunciara una nueva fase de la cuarentena, con aperturas escalonadas.

El 22 de julio, Massa le tomó juramento a Miguel Pichetto como auditor general. El excompañero de fórmula de Macri fue elegido por Juntos por el Cambio para completar hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular de la AGN.

Al día siguiente, el Senado convirtió en ley la Campaña Nacional de Donación de Plasma de pacientes recuperados de Covid-19, un proyecto de Máximo Kirchner. Y se sancionó otra iniciativa reclamada por la primera dama, Fabiola Yáñez, y otras personalidades, para la atención de la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que no tiene cura y requiere un tratamiento de por vida. También se aprobaron en esa jornada la ley de receta digital y dos proyectos sobre promoción de ingreso a carreras estratégicas y penas para la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual o erótico.

A fin de mes, Cafiero tuvo su debut ante Diputados, donde volvió a defender las medidas tomadas durante la pandemia y habló de un “esfuerzo sin precedentes” desde el Estado. Paralelamente, el Senado sancionaba la ley de teletrabajo sin apoyo de la oposición.

La Cámara baja también avanzó con la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras; y la moratoria impositiva, previsional y aduanera para todos los contribuyentes con deudas vencidas al 31 de julio. Fue tras un debate picante donde Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” para el empresario Cristóbal López.

El mes de julio tuvo otros dos datos salientes: Marisa Graham expuso por primera vez ante la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes; y el presidente anunció en Casa Rosada el esperado proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal, más conocido como reforma judicial, aunque luego Cristina Kirchner negó que lo fuera.

Agosto

El mismo día que el Gobierno anunciaba un acuerdo con acreedores, Diputados convirtió en ley por amplia mayoría la reestructuración de la deuda bajo legislación argentina. La Cámara baja también sancionó la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

El 13 de agosto, el Senado avaló la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España y convirtió en ley la moratoria universal, a la vez que dio media sanción a un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia. La Cámara alta sancionó además la ampliación presupuestaria por 1,9 billones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI- para afrontar gastos derivados de la emergencia sanitaria, como los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo).

La reforma judicial fue aprobada el 28 de agosto con 40 votos a favor y 26 en contra, tras dos semanas de tratamiento en comisiones con la participación de funcionarios y especialistas y un fuerte debate en el recinto. El texto tuvo idas y vueltas y a último momento sufrió numerosos cambios que hicieron estallar a la oposición, entre ellos la creación de nuevos juzgados y cámaras federales. Parrilli tuvo que dar marcha atrás con una polémica cláusula que obligaba a los jueces a denunciar presiones de los “poderes mediáticos”.

En la misma sesión, se renovó hasta el 31 de diciembre la licencia del tucumano José Alperovich, investigado por presunto abuso sexual.

Septiembre

El primer día del mes se vivió otra de las jornadas parlamentarias más calientes del año: Juntos por el Cambio congregó a la mayoría de sus diputados en Buenos Aires para sesionar presencialmente a pesar de la continuidad de la pandemia, mientras que el Frente de Todos y otros espacios de la oposición pretendían continuar con el funcionamiento virtual. Las negociaciones en Labor Parlamentaria se extendieron por siete horas y finalmente no hubo acuerdo: el interbloque conducido por Negri anunció que impugnaría la sesión por la supuesta invalidez del protocolo, que fue renovado sin su aval. Más de 90 diputados de ese espacio coparon el recinto y denunciaron que el quórum fue irregular. La discusión llevó otras seis horas de duros cruces. Finalmente, durante la madrugada, se aprobaron los dos proyectos del temario: el aumento de multas por pesca ilegal y la ley de reactivación del turismo.

En el Senado, el Frente de Todos convalidó el DNU 690/20, por el cual se declaró como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. También se aprobó el decreto que dejó sin efecto la intervención de Vicentin.

La Cámara presidida por Cristina anuló en otra sesión los controvertidos traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante el gobierno anterior. Los pliegos impulsados por el macrismo fueron rechazados por unanimidad, ya que la oposición se había retirado, esgrimiendo argumentos reglamentarios contra una nueva prórroga del protocolo virtual. A principios de noviembre, la Corte puso fin al entuerto y dispuso que los jueces permanezcan en los cargos a los que habían sido trasladados hasta que se realice el concurso para designar a los ocupantes definitivos.

Tal como indica la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo envió al Congreso el Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Fernández. El ministro Guzmán expuso los lineamientos el día 22 en el Salón de Pasos Perdidos, donde definió al proyecto como un “puente” hacia la estabilidad económica post-pandemia.

El 24 de septiembre asumió como diputado el neuquino Guillermo Carnaghi en reemplazo de Darío Martínez, designado como secretario de Energía. Aquella sesión tenía como tema principal el proyecto de protección de los activos del Fondo de Garantía De Sustentabilidad (FGS), pero un escándalo inesperado pasó a ocupar el primer plano: un diputado del Frente de Todos, el salteño Juan Ameri, fue sorprendido en una escena erótica con su pareja en plena sesión virtual, y tras haber sido suspendido de inmediato por Massa, finalmente ofreció su renuncia.

En esa misma sesión, Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú sobre medioambiente. Otro proyecto sobre prohibición de ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales también estaba listo para ser aprobado, pero cambios de último momento impulsados por Fernanda Vallejos provocaron su regreso a comisiones. La iniciativa volvió a recibir dictamen, pero no llegó al recinto.

En otro orden, obtuvo luz verde en el Senado la creación del Fondo Nacional de la Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas.

Octubre

En su primera sesión del mes, el Senado introdujo cambios al proyecto de economía del conocimiento, que volvió a Diputados. También dio media sanción al recorte de la coparticipación de la Ciudad, en función de los gastos por el traspaso de la Policía Federal.

Juntos por el Cambio, que rechazó ese proyecto, además sufrió otro revés: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 1 rechazó el amparo presentado por el interbloque para declarar la invalidez de la sesión del 1 de septiembre en Diputados. Un fallo que convalidó el funcionamiento virtual de la Cámara, tal como había sucedido en el Senado meses atrás.

El 7 de septiembre, Diputados aprobó una resolución de repudio a la conducta del salteño Ameri y juró su reemplazante, Alcira Figueroa. Luego se aprobó el proyecto que fijó condiciones en los contratos para la adquisición de vacunas contra el Covid, y se sancionaron tres leyes: la prórroga de la emergencia citrícola en ocho provincias; la regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología; y el régimen de economía del conocimiento, con las modificaciones impuestas en el Senado.

El mismo día, Cafiero volvió al Senado para brindar su tercer informe del año. La Cámara alta también aprobó, en otras sesiones, el etiquetado frontal de alimentos; la equidad de género en los medios de comunicación; la regulación de la “telesalud”; y una iniciativa sobre cuidados paliativos. Además, recibió aval el pliego de Roberto Carlés como embajador en Italia.

Otro hecho destacado fue la presentación de Miriam Lewin ante la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. La funcionaria defendió ante los legisladores la creación del Observatorio NODIO contra las fake news.

También recibió dictamen un polémico proyecto de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) con el fin de crear una bicameral para el tratamiento de un nuevo Código de Defensa del Consumidor.

El 28 de octubre, Diputados sesionó por primera vez con mayoría presencial desde el inicio de la pandemia, gracias a un acuerdo entre los bloques. Tras un debate de 17 horas, se aprobó el Presupuesto 2021 con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones -de Juntos por el Cambio-. El mes cerró con la sanción, en el Senado, del proyecto para proteger los activos del FGS, habilitando paralelamente a las provincias a renegociar sus deudas con la ANSeS.

Más allá de la agenda parlamentaria, ambas Cámaras aprobaron sendas resoluciones para prohibir a legisladores nacionales que compren dólares para atesoramiento.

Tampoco faltaron los movimientos políticos: el riojano Felipe Álvarez abandonó Juntos por el Cambio y conformó un bloque de dos junto al santacruceño Antonio Carambia. Días después, la tucumana Beatriz Ávila conformó un bloque unipersonal. Con ella y Carambia, el interbloque presidido por Ramón pasó de ocho a seis integrantes.

Noviembre

El candidato del Ejecutivo para completar la Cámara Nacional Electoral (CNE), Daniel Bejas, recibió el visto bueno en el Senado con los votos del oficialismo y el rechazo de buena parte de la oposición. En la misma sesión avanzaron otros proyectos acordados, entre ellos beneficios laborales y previsionales para trabajadores y contratistas de viñas, y una corrección sobre el pago del aguinaldo a empleadas domésticas.

En Diputados comenzaron a tratarse, por impulso de Juntos por el Cambio, los proyectos de “ficha limpia”, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos.

El 11 de noviembre, el interbloque comandado por Negri intentó sesionar para tratar diversos proyectos de su agenda -como la emergencia educativa y un protocolo nacional de circulación-, pero solo reunió 85 diputados presentes. Massa declaró fracasada la sesión y comenzó otra donde se votaron la declaración de 24 capitales alternas; la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la acreditación inmediata de los pagos con tarjeta de débito para comerciantes; una iniciativa contra la deserción escolar; y una campaña contra el grooming.

El mes de noviembre también estuvo marcado por un suceso inédito: en el Senado se descubrió que al proyecto de Presupuesto le faltaban planillas y tuvo que volver a Diputados para su sanción definitiva, el 17 de noviembre. Ese día también se aprobó el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, un tema del que se habló durante meses pero recién ingresó a la agenda parlamentaria hacia fin de año. El proyecto, que creó un gravamen por única vez sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos, fue convertido en ley el 4 de diciembre.

Mientras Diputados trataba el aporte solidario, el presidente anunció, tras meses de incertidumbre y presión por parte del movimiento feminista, el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. El debate empezó al poco tiempo en las cuatro comisiones intervinientes con la participación de alrededor de 70 expositores, entre funcionarios y especialistas, muchos de los cuales ya habían desfilado por el Congreso en 2018.

A diferencia del Senado, donde el oficialismo no tuvo inconvenientes en extender el funcionamiento virtual hasta marzo, en Diputados Juntos por el Cambio opuso mayor resistencia: en una sesión caldeada, legisladores de ese espacio denunciaron una convocatoria irregular y pidieron un sinfín de cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento. La razón que se escondía detrás de esa maniobra era la de dilatar el tratamiento del proyecto sobre la coparticipación porteña, que finalmente fue aprobado, aunque con cambios.

Otro de los temas picantes del mes fue la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El oficialismo logró aprobar el proyecto en el Senado con toda la oposición en contra, tras una serie de reuniones informativas en comisiones y en medio de un intento indisimulado por desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, a través de distintas acciones en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. El Frente de Todos eligió tomar ese camino en lugar de avanzar con el pliego de Rafecas, que no reunía los dos tercios necesarios. Por ese motivo se estableció que el procurador podrá nombrarse con mayoría absoluta -la mitad más uno- y que su mandato ya no será vitalicio sino que durará cinco años. El debate continuará en sesiones extraordinarias.

La agenda medioambiental también estuvo presente: se sancionó la “Ley Yolanda” de capacitación a funcionarios de los tres poderes del Estado, así como la modificación de la Ley del Manejo del Fuego, y recibió dictamen favorable en Diputados la ley de humedales, aunque no llegó al recinto.

Finalmente, la muerte de Diego Maradona tuvo su eco en el Congreso: el Senado realizó una sesión exclusiva de homenaje y en Diputados también se recordó al ídolo futbolístico.

Diciembre

El último mes del año arrancó con la ratificación de Massa como presidente de Diputados y la renovación de las restantes autoridades, a excepción del vicepresidente primero, Álvaro González, que fue reemplazado por otro hombre del Pro, Omar De Marchi.

Horas después de la sesión preparatoria, se firmó el dictamen a favor de la legalización del aborto, en un plenario de comisiones que se realizó en el recinto para respetar el distanciamiento social. El texto del Ejecutivo recibió cambios y se trató al día siguiente, en un clima de expectativa por el voto de alrededor de una veintena de indefinidos. El debate, más calmo que el de 2018, duró 20 horas y media y fue seguido de cerca por varios funcionarios del Gobierno que se acercaron al Congreso para respaldar la ley. El final fue todo festejo “verde”: el proyecto se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, con una movilización en las calles a pesar de la pandemia. Acto seguido, recibió aval el “Programa de los Mil Días”, que establece distintas medidas de asistencia para acompañar a las mujeres con embarazos deseados y a sus hijos durante la primera infancia.

Mientras se desarrollaba en Diputados esa jornada histórica, el Senado sesionó en un segundo plano, aunque con un proyecto no menos importante: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que reemplaza a la que rigió en la gestión anterior y que combina recaudación de la ANSeS y variación salarial, sin contemplar la inflación.

En la última semana del año, el 29 de diciembre fue un “supermartes” en el que se invirtieron los debates en ambas cámaras: el Senado debatió el tema del aborto, mientras en Diputados el oficialismo convertía en ley la nueva fórmula jubilatoria. Fue en el marco de un debate de 10 horas, que concluyó con la aprobación por 132 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención.

El debate sobre el aborto duró 12 horas y concluyó poco después de las 4 de la madrugada con la histórica aprobación por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. A continuación, en un breve debate se convirtió en ley el Plan de los Mil Días, iniciativa complementaria de la ley de IVE impulsada también por el Ejecutivo para acompañar el embarazo y la crianza de niños y niñas hasta los tres años.