El senador provincial consideró que reeditar el "Aporte Solidario y Extraordinario" sería "la mejor manera de resolver esta estafa". Aclaró que todavía no lo habló con Máximo Kirchner, impulsor de esa ley.
En una propuesta que promete polémica, el senador provincial Omar Plaini (FdT) consideró que el "Aporte Solidario y Extraordinario" a las grandes fortunas, sancionado en el Congreso en diciembre de 2020, se debería implementar hasta que se termine de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
"Este último endeudamiento de Argentina fue una estafa, una irresponsabilidad, no solamente del gobierno anterior, del ingeniero (Mauricio) Macri, sino también del propio FMI, que violentó su propio reglamento", cuestionó el histórico secretario general del gremio de "canillitas".
Para el legislador, el préstamo de 44 mil millones de dólares "fue una movida geopolítica que hizo el propio (Donald) Trump porque quería convertirlo al ingeniero Macri en el líder de América Latina por las coincidencias ideológicas entre ellos".
En ese sentido, el dirigente enfatizó que "no se puede aceptar una vez más esto; no se puede aceptar que lo pague el pueblo argentino, los jubilados y el pueblo trabajador".
"Esta vez no lo debe pagar el hombre y la mujer de a pie con el esfuerzo de su trabajo; de allí que yo vengo sugiriendo que aquel gravamen a las grandes fortunas, que se les cobró el año pasado, quede en forma permanente hasta tanto se termine de cumplir con el pago de los 44 mil millones de dólares", sostuvo este lunes en declaraciones a radio El Destape.
Además, el senador bonaerense reclamó que se sancione "otra ley para que todos los argentinos que tienen fondos activos y bienes en el exterior también hagan un aporte". "Creo que sería la mejor manera de resolver esta estafa, que paguen los que más tienen. Hay que instrumentarlo a través de leyes, pero por ahí caminaría la solución a este problema", expresó.
Plaini aseguró que todavía no habló "personalmente en particular de este tema" con el diputado Máximo Kirchner, quien fue el impulsor de la ley en el Congreso, pero remarcó que lo viene planteando en diferentes ámbitos, como ocurrió en una reunión del PJ bonaerense, que preside el líder de La Cámpora.
"Todo acuerdo que se ha tomado con el FMI siempre vino con ajuste detrás. Más de 20 acuerdos hemos hecho con el FMI y siempre fueron con ajuste. Por algún lado el ajuste va a venir. Ojalá sea yo el equivocado y tantos otros que planteamos esto", resaltó.
Y completó: "Las grandes fortunas, esos que se beneficiaron con esto, ¿van a tener el mismo compromiso que tiene una persona que no llega a fin de mes con su trabajo? Entonces, hay que buscar como llegar a una correlación de fuerzas".
El "Aporte Solidario y Extraordinario" por única vez se sancionó el 4 de diciembre de 2020. El gravamen alcanzó a los patrimonios de las personas físicas que hubieran declarado en el impuesto a los Bienes Personales más de 200 millones de pesos, con alícuotas progresivas hasta las fortunas de más de 3.000 millones de pesos.
La norma estableció que los recursos extraordinarios iban destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las PyMEs para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%), y apuntalar la inversión energética (25%).
El diputado oficialista celebró las cifras de recaudación del denominado "impuesto a la riqueza" y cargó contra las personas que se niegan a pagarlo.
“El aporte solidario y extraordinario ayuda a reactivar la economía en un contexto muy duro”, destacó el diputado Itai Hagman (Frente de Todos) al celebrar los datos preliminares que indican que ya se recaudaron 223.000 millones de pesos gracias a la ley sancionada por el Congreso el año pasado.
Según se conoció, unas 10.000 personas físicas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos pagaron el tributo que fue dispuesto por única vez con destinos específicos, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.
Esos recursos extraordinarios serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión energética (25%).
Al respecto, Hagman destacó que estos ingresos ayudan a “acelerar el proceso de reactivación económica después de tres años muy duros” para los argentinos.
“La mala noticia es que 220 personas alcanzadas por este aporte iniciaron acciones legales para no pagarlo y estimamos que debe haber unas 2.000 personas aproximadamente que no se presentaron ante los tribunales por el momento, pero tampoco presentaron sus papeles ante la AFIP”, agregó el economista.
En declaraciones a radio Continental, el legislador recordó que el universo total estimado implicaba entre 12.000 y 13.000 personas. “Aspirábamos a llegar a los 300.000 millones de pesos de recaudación, en función del universo estimado. Hasta ahora han presentado las declaraciones juradas y realizado sus primeros aportes unas 10.000 personas”, dijo.
“Es lamentable que tengamos en Argentina personas con semejantes patrimonios que pertenecen al sector más encumbrado de la sociedad y que en un contexto de crisis tan grave como este, producto de una pandemia que afecta al mundo entero, no estén dispuestos a ceder el 2 o el 3% de su patrimonio, según la situación, para tratar de ayudar a mitigar los efectos de esta crisis global”, indicó Hagman.
Por último, el legislador porteño destacó que se seguirá trabajando desde el Estado con las herramientas legales correspondientes “para que todos los alcanzados por la norma votada en el Congreso hagan su aporte y de esta manera Argentina cuente con la mayor cantidad de recursos posibles para asistir a la población y a las pequeñas empresas”.
Alrededor del 80% de los sujetos alcanzados por la ley ya realizaron la contribución. En tanto, 220 contribuyentes fueron a la Justicia para no pagarlo.
El Estado ya logró recaudar 223.000 millones de pesos en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, votado a través de la Ley 27.605, aprobada en diciembre pasado por el Congreso e impulsada por el jefe del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller.
De acuerdo a los datos preliminares, unos 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas por la norma. De esta manera, alrededor del 80% del universo potencial cumplió con lo establecido por la ley, que establecía la contribución "de emergencia" y "por única vez", en el contexto de pandemia.
Por su parte, un pequeño grupo de sujetos, hasta ahora cerca de 220 contribuyentes, iniciaron acciones legales para no pagar el aporte.
La AFIP, comandada por Mercedes Marcó del Pont, inició fiscalizaciones integrales sobre un conjunto de contribuyentes con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que no presentaron sus declaraciones juradas.
Los procedimientos abiertos en todo el país permiten analizar el patrimonio de aquellos contribuyentes incumplidores durante un plazo aproximado de 150 días.
La ley estableció que los recursos extraordinarios serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las PyMEs para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%), y apuntalar la inversión energética (25%).
El diputado del Frente de Todos señaló que el decreto de reglamentación "había que hacerlo con cuidado" para "achicar los flancos atacables" de posibles presentaciones judiciales.
El diputado del Frente de Todos Carlos Heller, quien trabajó en la ley de Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas por pedido de Máximo Kirchner, el jefe de la bancada oficialista, celebró este viernes la reglamentación de la norma.
"Jamás tuve ninguna duda que se iba a promulgar y se iba a reglamentar”, sostuvo el legislador, que explicó que "la reglamentación había que hacerla con cuidado" para "achicar los flancos atacables" de posibles presentaciones judiciales.
En ese sentido, el porteño indicó que el Poder Ejecutivo realizó "un minucioso análisis para evitar conflictos posteriores". "Es impredecible saber cómo va a actuar cada juez ante planteos que hagan personas alcanzadas por el aporte”, resaltó, pero se esperanzó: "No creo que esto vaya a convalidarse en la Justicia al nivel de impedir que esta ley cumpla su objetivo”.
"No ha habido ley que intentó cambiar algo y que no haya tenido proceso de judicialización en el medio", manifestó en declaraciones a radio El Destape.
El oficialista insistió que es "absolutamente optimista que esta ley va a entrar en vigencia y que va a generar los recursos que están previstos. Lo que no puedo decir es que no va haber alguien que intente judicializar".
La ley implica que "el 0,02% de los argentinos tenga que aportar, lo que significa que 99,98% no va a aportar y va a formar parte de los que van a recibir los beneficios de este aporte”, destacó Heller.
El diputado agregó que este tema presentaba un "acompañamiento arriba del 70%" en las encuestas. "Si se consolida, se cobra y distribuye como todos creemos, es un antes y un después que va a quedar para la historia”, completó.
El decreto, que consta de 12 artículos, se publicó este viernes en el Boletín Oficial. La ley alcanza a todos aquellos que declaren un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos.
El Poder Ejecutivo oficializó este viernes la reglamentación de la Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, con el objetivo de "morigerar" los efectos de la pandemia.
Lo hizo a través del decreto 42/2021, publicado en el Boletín Oficial, el cual consta de 12 artículos y lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Economía, Martín Guzmán.
La norma, que se sancionó en el Senado el 4 de diciembre pasado y se promulgó el 18 del mismo mes, establece un aporte por única vez a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a los Bienes Personales más de 200 millones de pesos. La tasa parte de 2% y se va incrementando en relación con el total de la fortuna declarada.
De esa manera, será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones; del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones; y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.
El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las riquezas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y $3.000 millones.
Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%. De esta manera, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes.
Según la ley, que fue impulsada por el jefe del bloque Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, la recaudación estará destinada en un 20% para la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria; en un 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”; y un 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.
También, se utilizará un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares; y un 25% a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural” a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos (…)”.
La reglamentación que se conoció este viernes fija precisiones para calcular el rango de fortuna de aquellas personas que poseen acciones o participaciones en empresas: los sujetos alcanzados podrán contabilizar la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad correspondiente al 18 de diciembre de 2020, conforme la información que surja de un balance especial confeccionado a esa fecha, o el patrimonio neto de la sociedad del último ejercicio comercial cerrado.
Otro de los puntos de la reglamentación está referido a la excepción para las llamadas "actividades operativas" ligadas a lo productivo y no a la valorización de activos financieros: el decreto precisa que las actividades cuyos ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas no podrán definirse como "activos financieros".
En los considerandos se aclaró que “si se verifican variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, y estas variaciones hicieren presumir una operación que configure un ardid”, la AFIP actuará al respecto.
El decreto 42/2021 faculta por otro lado a la AFIP para que se encargue de "instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos" y evitar así las operaciones de evasión impositiva.
La norma impulsada por Máximo Kirchner y convertida en ley el pasado 4 de diciembre, con lo cual ya puede entrar en vigencia.
El Poder Ejecutivo publicó este viernes la Ley 27.605 denominada Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que fue aprobada en el Congreso el pasado 4 de diciembre.
La norma crea con carácter de “emergencia y por única vez” un aporte extrordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° de la ley, según su bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la misma.
Están alcanzados por esta ley “las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la Ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
También quedan alcanzadas aquellas personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”, en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, respectivamente, serán consideradas sujetos residentes a los efectos de este aporte.
Se incluye además a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, “por la totalidad de sus bienes en el país comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
Están exentas de este aporte aquellas personas cuyo valor de la totalidad de sus bienes no exceda de los $ 200.000.000, inclusive. Cuando se supere la mencionada cifra, quedará alcanzada por el aporte de la totalidad de los bienes.
Para los sujetos alcanzados por este aporte, la base de determinación mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Tras establecer las escalas del aporte a ingresar por los contribuyentes indicados, se indica que se entenderá por repatriación el ingreso al país, dentro de los 60 días, inclusive, contados desde la entrada en vigencia de esta ley, de las tenencias de moneda extranjera en el exterior, y los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior, que representen como mínimo un 30 % del valor total de dichos activos. El Poder Ejecutivo nacional podrá ampliar en otros 60 días el mencionado plazo.
Una vez efectuada la repatriación, los fondos deberán permanecer, hasta el 31 de diciembre de 2021, depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular en entidades comprendidas en el régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones, o afectados, una vez efectuado ese depósito, a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
A esos fines, se consideran activos financieros del exterior, aquellos mencionados en el tercer párrafo del artículo 25 del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias.
En la previa de la sesión en la que se convertirá en ley el proyecto impulsado por el Frente de Todos, el sanjuanino remarcó que el impuesto a la riqueza hará "contraer más nuestra economía".
El senador nacional Roberto Basualdo, uno de los legisladores que figura entre los alcanzados por el aporte solidario y extraordinario, consideró que se trata de "un impuesto anti-inversiones, confiscatorio y discriminativo, que lo único que va a producir es más incertidumbre y un incremento irracional a la ya muy elevada carga fiscal de Argentina”.
Muy crítico, el sanjuanino sostuvo que "es un impuesto que perjudica al país, porque va a permitir aumentar la recaudación en el corto plazo, pero la va a contraer en el mediano y largo plazo. Es un impuesto que desalienta las inversiones, y eso es lo contrario a lo que necesita nuestra Nación. Las inversiones son fundamentales para aumentar el nivel de actividad, generar innovaciones y aumentar la producción, lo que redunda en más empleo para los argentinos, y en un círculo virtuoso de crecimiento y más recaudación para el Estado”.
En abril pasado, Basualdo presentó un proyecto de ley titulado “Contribución Extraordinaria para la Inversión y el Desarrollo Productivo de Argentina”, que cuenta con el apoyo de los senadores Humberto Schiavone, Néstor Braillard Poccard, Alfredo De Ángeli, Claudio Poggi, Gladys González, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Juan Carlos Romero.
El opositor recordó que no fue nunca puesto en tratamiento, cuando apunta a "incentivar las inversiones", apuntando a establecer con carácter de emergencia y por única vez, que los grandes capitales argentinos, situados en el país y en el exterior, realicen una contribución extraordinaria para la inversión que surgirá de la aplicación de la alícuota del 2,5% sobre el valor total de los bienes cuyo monto exceda los 200 millones de pesos. Para ello tendrán el plazo de un año, y podrán optar por invertir en diferentes rubros, como la construcción, la mejora o adquisición de bienes inmuebles, la suscripción de títulos de deuda, entre otros.
“Con el proyecto de ley que presenté se busca generar demanda de mano de obra, más empleo, lo que redunda en más aportes vía impuestos que va a recibir el Estado Argentino. Esta propuesta es una acción temprana para la reactivación de la economía, que nos permitirá como país estar mejor parados una vez que pase la pandemia”, afirmó el legislador.
Por el contrario, remarcó que “el impuesto a las riquezas -mal llamado aporte 'solidario y extraordinario'-, es totalmente discriminatorio porque grava a los empresarios locales pero no a los empresarios del exterior que invierten en Argentina. Por lo cual afecta a la industria nacional y beneficia a las empresas de capitales extranjeros, cuyos dueños no tienen que pagar este impuesto. Por lo tanto, no es un impuesto equitativo, y perjudica a los productores locales. Todo al revés de lo que se debería hacer, que es impulsar el crecimiento de la industria nacional para que generen trabajo e incluso lleguen a mercados del exterior, lo que implicaría más recaudación para el Estado”.
Asimismo, Basualdo expresó: “Lamentablemente, en el mundo tenemos muy mala reputación. Somos un país que constantemente cambia las reglas del juego, no somos previsibles, vivimos con incertidumbre y volatilidad, y este proyecto llega justo para generar más confusión e incertidumbre. ¿Será por única vez, como prometía serlo el impuesto al cheque? El impuesto a débitos y créditos bancarios, que se creó en medio de una situación de crisis económica, ya tiene casi 20 años de vigencia ininterrumpida. ¿Será solo para los grandes capitales, los que más tienen, los que más ganan, como prometía serlo el impuesto a las Ganancias? Hoy este tributo alcanza a quienes tienen un sueldo que apenas supera la línea de pobreza".
"La carga tributaria de Argentina es una de las más altas del mundo. En un contexto como el actual, con una situación económica muy compleja debido a la pandemia del Covid-19, hay que buscar alternativas que faciliten la recuperación de la economía en lugar de asfixiar más a los contribuyentes con nuevos impuestos”, consideró.
El senador aseveró que "con la propuesta del Gobierno se castiga a los cumplidores. En nuestro país tenemos una larga historia de blanqueos fiscales a través de los cuales se beneficia a los que evaden, a los que tienen fortunas en el exterior no declaradas, a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales. En lugar de beneficiar e incentivar a los que cumplen, se termina beneficiando a los que no cumplen con sus obligaciones. Tras aumentar recientemente bienes personales, ahora quieren aprobar el impuesto a las riquezas, que de solidario no tiene nada".
"Lo que me pregunto es, ¿qué incentivo tiene un empresario local para seguir apostando por el país, tener su negocio en regla, esforzarse por producir cada día más y generar fuentes genuinas de trabajo? Si seguimos exprimiendo al sector productivo, jamás vamos a poder salir adelante, tener un PBI decente, estabilidad en nuestras principales variables económicas, y un futuro mejor”, concluyó.
También intentará sancionar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego. Será en una sesión especial convocada para las 14.
El Frente de Todos buscará convertir en ley este viernes, en una sesión especial virtual convocada para las 14 en el Senado, el proyecto que crea un aporte solidario y extraordinario a pagar por única vez para contener la pandemia del Covid-19.
Será el tema principal de la sesión citada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde además el oficialismo intentará sancionar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, para prohibir el cambio de uso en tierras incendiadas.
La sesión se da en el marco de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero, tras la corrección del decreto anterior, que ponía como fecha el 11 de diciembre.
El proyecto de impuesto a la riqueza recibió dictamen favorable el pasado 24 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y establece un aporte por única vez a pagar por las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.
La alícuota a pagar irá del 2% al 3,5% y habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del cual sus propietarios quedarían exentos si aceptan repatriar el 30% de esas tenencias.
Según informó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que calculaba el ente recaudador cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.
Con 40 integrantes, el bloque presidido por José Mayans no tendría inconvenientes en sancionar el proyecto, y contaría además con la ayuda de aliados, mientras que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal rechazan la iniciativa.
La oposición sostiene que existe una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales, y advierte además que el tributo podría ser confiscatorio y quedar instalado para siempre, a pesar de que la redacción aclara que es por única vez.
En la sesión también se tratará el proyecto impulsado por el jefe del bloque de diputados oficialistas, Máximo Kirchner, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, con el fin de impedir la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
El proyecto recibió dictamen favorable el 24 de noviembre, con el rechazo de la oposición, que advirtió que el texto no distingue entre incendios intencionales y no intencionales; que avanza sobre facultades provinciales; y que implica un retroceso respecto de leyes vigentes.
Por otra parte, la Cámara alta tratará este viernes la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También figura en el temario un proyecto de Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) sobre creación de un “Programa Nacional de Turismo Seguro”.
Asimismo, se votarán dos acuerdos internacionales: un Acuerdo de Cooperación Mutua para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo con Uruguay; y un Acuerdo de Cooperación en Defensa con Italia.
Su titular, Mercedes Marcó Del Pont, informó que 11.855 personas pagarían este tributo extraordinario, más que las 9.298 estimadas cuando se discutió el tema en Diputados. El proyecto recibió dictamen en el Senado.
El Senado comenzó a debatir el proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que alcanzará a 2.500 personas más de las que calculaba originalmente la AFIP, según reveló su titular, Mercedes Marcó Del Pont, al presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Con la conducción del oficialista Carlos Caserio, comenzó este martes el debate del proyecto y el dictamen finalmente se pasó a la firma, quedando listo para ser tratado en la próxima sesión -el período ordinario finaliza el próximo lunes 30-.
La intención del oficialismo es sancionar la ley lo antes posible, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones.
El proyecto, de autoría de Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados oficialistas, propone gravar las fortunas superiores a los 200 millones de pesos, con un aporte “por única vez” para ayudar a mitigar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
La alícuota a aplicar irá del 2% al 3,5% según el patrimonio declarado en Bienes Personales, y la AFIP espera recaudar alrededor de 307 millones de pesos, que se destinarán a la compra de equipamiento médico, subsidios a pymes, becas Progresar, urbanización de barrios populares y proyectos de gas natural.
“Los fondos van a ser destinados a ampliar la capacidad del fisco para seguir desenvolviendo políticas activas en 2021”, destacó Marcó Del Pont, y aclaró que el proyecto “grava a los empresarios, no a las empresas ni al capital de trabajo”.
La funcionaria reveló que por distintos factores, como la cotización del dólar, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que estimaba la AFIP cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.
Marcó Del Pont informó que “solo el 55%” del patrimonio que hoy está en discusión está gravado por Bienes Personales, dado que “la base imponible es muy superior”, y agregó que “el 3,2%” del total de los individuos alcanzados realizarán el 55% del aporte total.
Además, sostuvo que “no es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos para poder hacer frente a este aporte”, al señalar que “solo el 17% de los que declaran Bienes Personales declaran que tienen inmuebles rurales”, los cuales “representan solo el 2,4% respecto del total del patrimonio”.
La titular del ente recaudador dijo que “en la composición de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera”, y “casi el 93% está fuera de la Argentina”, y se retiró de la reunión virtual con el compromiso de responder preguntas por escrito.
Durante el debate, Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) lamentó que Marcó Del Pont no respondiera en vivo las inquietudes de la oposición, y se preguntó “qué naturaleza jurídica le dan a este aporte: si es un impuesto, una tasa, una contribución, para entender los principios del derecho tributario aplicables”.
Crexell también se preguntó si el aporte “es coparticipable o no” y si podría haber una doble imposición con Bienes Personales.
El radical Julio Cobos -que no integra la comisión-, ante las dudas de Crexell, consideró que se trata de “un impuesto igual al de Bienes Personales”, que además “no es coparticipable porque tiene asignaciones específicas”, y por lo tanto “la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto”.
Cobos también planteó “dudas sobre la progresividad de este impuesto”, ya que quien posea un patrimonio de 199 millones de pesos no lo pagará, y también puso un manto de duda sobre el carácter extraordinario: “Ya sabemos lo que ocurre en nuestro país cuando los impuestos se crean ‘por única vez’”.
También por la UCR, Silvia Elías de Pérez advirtió que “sin duda va a generar una judicialización, porque es el mismo sujeto obligado y el mismo hecho imponible que Bienes Personales”, y agregó: “No estamos yendo contra 10.000 u 11.000 personas, sino contra las empresas que generan trabajo argentino”.
“En 11 meses que llevan de gobierno ya hemos creado o aumentado 15 impuestos. Nuestras empresas no dan más”, lamentó la tucumana.
Desde el oficialismo, Jorge Taiana se refirió a “la necesidad que tenemos de debatir una reforma tributaria completa”, ya que “Argentina tiene una estructura tributaria mala, regresiva, basada en impuestos indirectos y no directos, como en casi todos los países desarrollados, y que ha permitido una evasión fiscal casi permanente durante muchos años”.
“Lo que se está pidiendo es un pequeño aporte”, manifestó Taiana, y sostuvo que se busca que “los que mucho han contribuido a la desigualdad hoy contribuyan a disminuirla y ayuden a salir de la crisis”. “Lamento que hayamos tardado tanto desde que empezamos a discutir el tema hasta tratarlo parlamentariamente”, dijo.
El chaqueño Antonio Rodas, del mismo bloque, pidió que “al menos algunos integrantes de la oposición” acompañen el proyecto -en ese sentido, trascendió que los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo podrían votar a favor a pedido del gobernador Gerardo Morales tal como hicieron sus diputados-.
Asimismo, la correntina Ana Almirón, también del Frente de Todos, resaltó que en países como España, Italia y Chile se están trabajando iniciativas similares frente a la pandemia, y destacó que en Argentina se esté discutiendo una ley en lugar de aplicar la medida mediante un DNU.
Conocido como el impuesto a las grandes fortunas, comienzan a debatirlo en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
A partir de las 15 de este martes, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside el senador cordobés Carlos Caserio, comenzarán a analizar el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas, que la Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado en horas de la madrugada.
La iniciativa crea un aporte por única vez para aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota que irá del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes en el exterior.
La AFIP espera recaudar más de 307.000 millones de pesos -alrededor de un punto del PBI-, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Vencido el viernes pasado el período establecido para la emisión de dictámenes, el proyecto puede ser analizado en comisión, pero el dictamen estará cuando sea incluido en el temario de extraordinarias, que todavía no se conoce.
Con todo, las autoridades de la comisión aclararon que si bien tienen premura para dejarlo listo para que llegue al recinto -cosa que dependerá, reiteramos, del Poder Ejecutivo-, se tomarán su tiempo para analizar el proyecto elaborado en la Cámara baja.
El proyecto aprobado en Diputados será tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta el próximo martes a las 15.
Horas después de que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas fuera aprobado en la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a debatir el tema en el Senado, con el fin de apurar el tratamiento y alzarse con la ley en los próximos días.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), citó a una reunión virtual para el próximo martes a las 15, y ese mismo día podría firmarse el dictamen favorable -si es que el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias, ya que el plazo para dictaminar vence este viernes-.
El proyecto fue avalado en la Cámara baja con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones, tras un debate de 13 horas donde Juntos por el Cambio denunció que se trata de un nuevo impuesto permanente, que además es confiscatorio y que opera como doble imposición con Bienes Personales.
La iniciativa fue impulsada por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y propone gravar los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos con una alícuota que va del 2% al 3,5%, y asciende si se trata de bienes declarados en el exterior.
El aporte sería por única vez, con el objetivo de morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19, y la recaudación -estimada en más de 307.000 millones de pesos- se utilizaría para compra de equipamiento sanitario, subsidios a pymes, becas Progresar, el Fondo de Integración Sociourbana y proyectos de gas natural.
A la hora de la votación en el Senado, la creación de este aporte requerirá una mayoría absoluta (37 votos) y el Frente de Todos tiene 40 senadores propios -José Alperovich sigue de licencia-, los que, sumados a aliados, garantizarían la sanción de la ley.
El presidente celebró la media sanción del proyecto impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller. Negó que se trate de un impuesto y dijo que desde el sector empresario "nunca" presentaron una alternativa.
El presidente Alberto Fernández celebró este miércoles la media sanción del proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, y sostuvo que "no es un castigo a los ricos".
"Tendría que llamarse ley de solidaridad, porque es el aporte de los que más tienen en favor de los que más necesitan", dijo el mandatario en declaraciones al canal A24.
Además, señaló que se trata de una iniciativa que "está en sintonía con lo que se ha hecho en muchos lugares de mundo" y agregó que "el proyecto ha tenido en cuenta a quién afecta y cómo afecta".
"La pandemia obligó a multiplicar mucho la inversión del Estado para ayudar a sectores de la sociedad en esta situación difícil", explicó el presidente, y resaltó que se pudo "pasar la pandemia sin conflictos sociales" en un "enorme esfuerzo que el Estado hizo".
Fernández subrayó que "estamos viviendo situación excepcional y, como tal, hay que buscar soluciones excepcionales, y lo que plantea esa ley es pedirle a los que más tienen, que solidariamente colaboren con los que menos tienen".
También, el jefe de Estado reveló que les propuso a los empresarios que si tenían una mejor propuesta se la hicieran saber, "pero nunca llegó nada"; y que incluso los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller -autores de la iniciativa- "se reunieron con ellos pero al final nunca hubo propuesta" alternativa.
El mandatario consideró que "la Argentina tiene que agradecerle a los que harán este aporte único y extraordinario", e insistió con que debería ser el inicio de "una lógica distinta".
Por otra parte, negó que se trate de un impuesto -como plantea la oposición- y, por lo tanto, opinó que "no tiene sentido" pensar que los afectados puedan concurrir a la Justicia para su impugnación.
"Quisiera que entiendan a los que les toca hacer este aporte que están ayudando a que el país se recupere y que todos argentinos sepamos quiénes son y estemos agradecidos a ellos", añadió.
Y completó: "No es un castigo a los ricos, sino una toma de conciencia a los sectores que en mejor condición están de ayudar a los que están peores".
"No tenemos ningún problema con el sector privado", aseguró el jefe del bloque oficialista al cierre del debate del proyecto que impulsó junto a Carlos Heller. Y dijo que "lo que desalientan las inversiones son los malos gobiernos".
Al cierre del extenso debate del proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner, sostuvo que esta iniciativa debe ser el puntapié para la discusión de una reforma tributaria.
"Este aporte solidario tiene que servir para el fin específico para el que está designado, pero principalmente para ser un puente hacia una reforma tributaria en Argentina, que desburocratice la cantidad de impuestos que hay, que realmente recaude sobre los sectores que tiene que recaudar", sostuvo.
En su discurso, el diputado aseguró: "No tenemos ningún problema con el sector privado. Necesitamos del sector privado actuando en conjunto con el sector público, invirtiendo juntos. Tenemos recursos naturales a los que le podemos dar gran valor agregado".
"No hay antagonismo entre lo público y lo privado. Lo que tiene que haber es una comunión y también entender que muchas veces el Estado articula y regula allí donde el mercado muchas veces excluye y abandona", agregó.
Conectado de manera remota por haberse enterado que tuvo contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19 -aunque más temprano había estado presente en el recinto-, el presidente de la bancada oficialista apuntó contra la gestión anterior.
El hijo de la vicepresidenta criticó al gobierno de Mauricio Macri que "para juntar dos millones de votos más -el año pasado- sacrificó 20 mil millones de dólares de reservas del Banco Central".
"Donde realmente somos top ten y estamos primero es en el endeudamiento con el Fondo Monetario, 44 mil millones de dólares", enfatizó y subrayó también que "uno de los grandes errores de la política de Macri fue dolarizar la deuda en pesos".
Respecto a la crítica al aporte solidario sobre que "desalienta las inversiones", Máximo K. precisó que entre 2003 y 2015 el impuesto a los Bienes Personales representó el 1,3%, mientras que en el gobierno de Macri fue el 0,7%.
"¿La inversión voló y se generó trabajo y no hubo que recurrir a crédito? No. Se redujeron los Bienes Personales entre 2016 y 2019 y terminamos en el Fondo Monetario Internacional, aumentó la desocupación y la pobreza", expresó y lanzó: "Lo que desalienta la inversión son los malos gobiernos".
El legislador señaló que lo recaudado por el aporte irá "al RENABAP, una hermosa ley que hicieron (Elisa) Carrió, (Nicolás) Massot y el diputado preopinante (Mario Negri), pero que no tenía financiamiento". También a "ayudar al sector sanitario, para que los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras sigan contando con todo el material necesario para poder atender".
"No se trata de estigmatizar a nadie", afirmó y destacó que quienes critican el proyecto son "los que se encargaron de estigmatizar a trabajadores y trabajadoras y los que menos tienen".
El principal interbloque opositor se opuso al proyecto, excepto dos diputados de Jujuy, que acompañaron al oficialismo. También votaron en contra Graciela Camaño, Alma Sapag y Beatriz Ávila.
El oficialismo logró alzarse en la madrugada de este miércoles con la media sanción del proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, que recibió 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones.
Además de 114 legisladores del Frente de Todos que votaron positivamente la iniciativa, también lo hicieron nueve miembros del Interbloque Federal: los justicialistas Eduardo "Bali" Bucca y Andrés Zottos; los cordobeses Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez; Alejandro "Topo" Rodríguez y Jorge Sarghini, de Consenso Federal; y los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista).
La única integrante del Interbloque Federal que votó en contra fue la bonaerense Graciela Camaño, de Consenso Federal.
También avalaron el proyecto los seis diputados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo: José Luis Ramón, Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal); Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero); y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro).
La lista de votos a favor incluye al riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, del bloque Acción Federal.
Por el contrario, 112 diputados del interbloque Juntos por el Cambio se inclinaron en contra del proyecto. Pero el dato saliente es que los radicales jujeños Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti acompañaron al Frente de Todos en la votación, a pedido de su gobernador, el radical Gerardo Morales.
Otro voto en contra fue el de la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag, quien suele votar alineada al oficialismo; y el de la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social).
Las abstenciones fueron de los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, quienes argumentaron su postura en defensa de su propio proyecto sobre el tema.
En tanto, hubo dos ausentes sin voto, fueron Cecilia Moreau y Julio Ferreyra (FdT); y cuatro ausentes, Bernardo Herrera (FdT), Juan Martín (UCR), Alejandra Vigo (Córdoba Federal) y José Ignacio De Mendiguren (FdT) -de licencia-.
El proyecto de Máximo Kirchner recibió 133 votos afirmativos, 115 negativos y dos abstenciones, tras un debate de 13 horas donde afloró la grieta. El oficialismo contó con apoyo de bloques minoritarios de la oposición y con el respaldo testimonial de funcionarios que asistieron al Congreso. El tema pasa al Senado.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
Más de siete meses después de instalado el debate, el proyecto que grava por única vez los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos para contribuir a mitigar la pandemia fue aprobado en la Cámara de Diputados y quedó a un paso de ser convertido en ley. El Frente de Todos consiguió avalar la iniciativa con apoyo de bloques minoritarios de la oposición, a pesar del rotundo rechazo de Juntos por el Cambio.
Tras el cierre del debate a cargo de Máximo Kirchner, jefe del bloque oficialista y autor del proyecto, el aporte solidario y extraordinario recibió 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones. La discusión ahora pasó al Senado, donde la bancada liderada por José Mayans tiene una cómoda mayoría para sancionar la norma.
En la Cámara baja, la oposición se dividió: los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo acompañaron en su gran mayoría -con la excepción de Graciela Camaño, de Consenso Federal-, mientras que Juntos por el Cambio se opuso -salvo los radicales jujeños Gabriela Burgos y Jorge “Colo” Rizzotti, que votaron a favor-. También rechazó el proyecto Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), una aliada habitual del Frente de Todos, mientras que el Frente de Izquierda, como había anunciado, se abstuvo.
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El debate dividió aguas entre la posición oficial, basada en que se trata de un aporte por única vez sobre los mayores patrimonios del país para atender la pandemia, y la postura de Juntos por el Cambio, que denunció que se trata de un nuevo impuesto que desalentará inversiones, que además es “confiscatorio” y opera como una doble imposición con el ya existente impuesto a los Bienes Personales.
Al momento del cierre, Máximo tuvo que retirarse del recinto porque, según reveló, estuvo en contacto estrecho con una persona que dio positivo de coronavirus. El resultado de la votación -que superó la mayoría absoluta necesaria- fue celebrado por los oficialistas presentes con aplausos de pie.
La sesión, que arrancó cerca de las 12.30, fue presidida en buena parte por el vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González (Pro), hasta que su titular, Sergio Massa, salió del aislamiento preventivo porque resultó negativo el tercer hisopado de Luis Cubeddu, el integrante de la misión del FMI que originalmente había sido considerado positivo de Covid-19.
Massa arribó al Congreso cerca de las 17, aunque no se sentó en la Presidencia hasta las 21, pues primero recibió a una comitiva de funcionarios que se dieron cita para empujar el proyecto de Máximo. Estuvieron, además del presidente del bloque, los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), además de las titulares de la ANSES, Fernanda Raverta, del PAMI, Luana Volnovich, y de AYSA, Malena Galmarini, junto a intendentes bonaerenses.
“No es un proyecto que vaya contra nadie, no está pensado contra determinadas personas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario, por eso hemos incluido el sentido de solidario y extraordinario, porque estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que da la excepcionalidad”, explicó, al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.
El miembro informante recordó que según la AFIP estarían alcanzadas menos de 10.000 personas humanas, “un número equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre Bienes Personales en 2019, y al 0,02% del total de contribuyentes de la Argentina”.
Por eso, sostuvo que “es una falacia decir que esto va a afectar a las pymes o a la producción”, y además advirtió que “el 42% del total de los bienes declarados son activos y bienes dolarizados, y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior”, por lo cual “lejos está de poder afectar a alguna actividad productiva”.
Heller precisó que aquellas personas con activos en el exterior pagarán una alícuota superior, pero si aceptan repatriar al menos el 30% de esas tenencias quedarán exentas del diferencial. “Muchos de los que blanquearon en su oportunidad dejaron la plata afuera y no la trajeron. Ahora tienen la oportunidad de traer esa plata que blanquearon y ayudar a mejorar la situación del país”, afirmó.
La presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, consideró que es “un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una Argentina con mayor igualdad”, y precisó que -también según la AFIP- de los más de 307.000 millones de pesos que se esperan recaudar, la mitad provendrá del aporte de tan solo 253 personas, “las que están en la cima de la cima de la pirámide”.
Asimismo, el oficialista Marcelo Casaretto indicó que “el Estado necesita financiamiento”, pero la deuda contraída por el gobierno anterior hizo que esté “vedado el acceso al financiamiento del crédito”. Pero aunque exista “la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria”, el legislador dijo que “necesariamente teníamos que reforzar la posibilidad recaudatoria del Estado en los impuestos existentes o en alguna característica de apoyo excepcional” sobre “aquellos sectores que tienen capacidad contributiva”.
Luciano Laspina (Pro) encabezó el rechazo de Juntos por el Cambio y denunció que “este impuesto no tiene un afán recaudatorio, tiene un afán ideológico, y la prueba más grande es que lo estamos aprobando muchos meses después de iniciada la pandemia y con una movilización afuera por el Día de la Militancia”.
El santafesino sostuvo que “la emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional”. “Los principios de la Constitución Nacional deben ser respetados en cualquier circunstancia, independientemente a quiénes afecten”, enfatizó, y en ese sentido consideró que “este impuesto violenta los principios de no confiscatoriedad y de razonabilidad en la tributación”.
Laspina advirtió que “este gobierno desde que asumió ha subido 12 impuestos, en el país más gravoso del planeta”, y en ese contexto “se tira un tiro en el pie” con esta ley. “Vamos a votar en contra aunque perdamos votos, porque cuando este modelo inexorablemente fracase, queremos que el país tenga una alternativa para otro camino que no sea el de exprimir al sector privado ahogando la producción y el empleo”, sentenció.
Asimismo, el radical Luis Pastori subrayó que “este proyecto es uno más de los tantos agravios a la Argentina por parte de un gobierno que recurre a los eufemismos para vestir de épica todo lo que acomete, y en especial aquellas cuestiones cargadas de un absurdo neologismo, con un sesgo claramente anti-empresas y anti-inversiones”.
“No cabe ninguna duda que estamos en presencia de un nuevo impuesto, por cumplir con todos los conceptos que lo integran: surge de la ley, es coactivo, es obligatorio, no es voluntario y está destinado a un fin público”, definió Pastori, e insistió en que “empezamos muy mal si arrancamos pretendiendo engañar desde el título”.
Muy duro, Javier Campos (Coalición Cívica) habló de una “salvajada tributaria” y de “tributarismo populista”. “Si tenemos experiencia internacional que lo desaconseja, si tenemos a gente del propio bloque oficialista que dice que es un impuesto anti-producción, si sabemos que esto va a ser malo para la inversión y el empleo, ¿por qué el Frente de Todos impulsa este impuesto? Lo hacen pensando en las próximas elecciones, para buscar un supuesto rédito político”, planteó.
También en contra el proyecto, la diputada Camaño aseguró que el aporte solidario “presenta algunos inconvenientes tanto jurídicos como técnicos, que permiten sembrar dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad”. “Independientemente del nombre fraternal que se le ha colocado, su propia naturaleza y el articulado da cuenta de que se trata de un impuesto”, coincidió.
La legisladora remarcó que “existe una sustancial correspondencia entre el impuesto a los Bienes Personales y el tributo que se pretende crear”, porque se trata de “los mismos sujetos pasivos, el mismo hecho imponible y sustancialmente es la misma base imponible”.
Camaño advirtió que con este aporte “podrían estar en juego principios básicos del derecho tributario, como la legalidad y la no confiscatoriedad”, y agregó que “están desalentando las inversiones privadas” y generando “inseguridad jurídica y falta de previsibilidad”.
En el debate también intervino uno de los diputados que deberían pagar el aporte, el radical entrerriano Atilio Benedetti -los otros dos son el propio Máximo Kirchner y José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia y se expresó en contra de la iniciativa-.
Benedetti opinó que se trata de “pan para hoy y hambre para mañana” y sostuvo que “a pesar del nombre épico y romántico de esta iniciativa, no hay ninguna duda de que estamos en presencia de un nuevo impuesto, y cada vez que ha venido un nuevo impuesto en Argentina ha venido para quedarse”.
En ese sentido, puso como ejemplo que en 1932 se instauró el impuesto a las Ganancias “por única vez” y persiste hasta hoy, así como en 1995 se aumentó el IVA en tres puntos “solo por un año”, y en 2001 se creó el impuesto al Cheque, que también sigue vigente.
La neuquina Sapag se despegó esta vez del oficialismo y se pronunció en contra del proyecto. “¿Qué prosperidad pueden ver los inversores en un país donde la creatividad tributaria está a la orden del día? ¿Qué atractivo puede tener un país donde los recursos parecen nunca alcanzar y el cambio de reglas es moneda corriente? Si no generamos condiciones mínimas, la huida de inversores se continuará acrecentando”, lamentó.
En tanto, el Frente de Izquierda habló de una “maniobra” para “tapar el ajuste” y defendió su propio proyecto, más agresivo que el que obtuvo media sanción. “El ‘aporte solidario’ viene a encubrir que en este momento se toman todas las medidas del FMI, que representan un ataque brutal a la población trabajadora: una fórmula jubilatoria a la baja y desatada de la inflación, peor que la del macrismo; el Presupuesto 2021, que recorta en salud, educación y salarios; la anulación del IFE; el tarifazo anunciado para enero; y la represión a las familias sin vivienda”, se quejó Romina Del Plá, del Partido Obrero.
El debate dio lugar a algunos cruces inesperados, como el que mantuvo Cristian Ritondo con un aliado de Juntos por el Cambio, el radical José Cano, por una chicana del jefe del bloque Pro hacia el oficialista Leopoldo Moreau: “Espero que con este gobierno termine mejor que con el del ’83. Espero que termine mejor, defendiendo las mismas cosas, las mismas ideas”.
De inmediato, Cano le pidió que se retracte, y Ritondo tuvo que aclarar: “Lo que menos quise es dar algún tipo de insulto al doctor Raúl Alfonsín. Lo que dije es que hay medidas del gobierno que no terminan bien y que esperaba que tengamos otra suerte”.
Al final del debate, Heller informó una pequeña modificación en uno de los destinos que tendrá la recaudación del aporte solidario, el que tiene que ver con la exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Según la nueva redacción, se girará un 25% de lo recaudado a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural” a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos (...)”.
“Somos el país que más hemos intoxicado en impuestos al sector privado en la región. Si no generamos riqueza, gobierne quien sea, no va a haber inversión”, advirtió el titular del interbloque de Juntos por el Cambio.
“Envían a (Martín) Guzmán de paladín del ajuste y ustedes se visten de Robin Hood”, lanzó el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, al cierre del debate sobre el proyecto de aporte solidario y extraordinario.
“Nos ha llevado muchos años de discusión la distribución en Argentina y no hemos puesto la misma energía para discutir cómo generamos riqueza en nuestro país. Estamos en un tobogán y una debacle donde encajan las enormes diferencias que tenemos alrededor de este impuesto”, sostuvo.
El cordobés advirtió que “la Argentina es el país de mayor presión tributaria y además todo impuesto existente que se imaginan en la cabeza de algún hombre de algún planeta lo traemos acá, y le metemos la mayor alícuota, y metemos a todos los impuestos juntos. Eso nos ha llevado a retroceder, no genera confianza ni inversión y desalienta la inversión. En ese contexto estamos debatiendo este impuesto”.
Negri explicó que “no hay inversión directa extranjera en la magnitud que tenemos, pero hemos tenido que asistir con ATP a las empresas en el medio de la pandemia, por una definición que al principio fue acertada pero luego equivocada. Porque la cuarentena era para mantener el sistema de salud y rearmarlo, no para convertirlo en un programa de gobierno. Eso tuvo una fuerte implicancia en la economía que de por sí era vulnerable. Somos top ten en la caída del PBI con un 12%, en el déficit fiscal rayando el 8%”.
“No estamos persiguiendo grandes fortunas ociosas, multimillonarias, esas que no vinieron en el blanqueo y están afuera en los paraísos fiscales. Un centro mecanizado vale un millón de dólares. Si tiene un tambo con 100 vacas y si tiene un tractor le pegan en el poste a este impuesto. En Córdoba, 400 hectáreas de base imponible para 2020 tienen 98 millones de pesos, la mitad para la valuación del impuesto; una cosechadora vale 600 mil dólares cada una. Esos no están en el exterior, están acá, no tendrán el ATP y tienen que dar trabajo a la gente”, describió.
El titular de la principal bancada opositora insistió: “Nosotros somos el país que más hemos intoxicado en impuestos al sector privado en la región. Si no generamos riqueza, gobierne quien sea, no va a haber inversión. ¿De dónde van a venir divisas?”. “Y ahora en el sur ponen el impuesto al viento y luego vendrá el impuesto al sol también”, ironizó.
Negri señaló que “hay incertidumbre por la pandemia, hay incertidumbre económica, y hay incertidumbre tributaria que se aumenta esta noche. Además, hay incertidumbre institucional, y si nos descuidamos habrá incertidumbre electoral. Hay que salir de la incertidumbre, hay que generar confianza y hay que tener un plan”.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo aseguró que existe un sector de la sociedad que "quiere el silencio del Congreso".
En el tramo de los cierres del debate del proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, cargó contra la dirigencia empresaria y lanzó que "el no quiera invertir en el país, que se vaya".
El mendocino señaló que detrás de esta propuesta hay "un tema fuerte, es la puntita de un iceberg que se esconde abajo del agua". Y apuntó que "el verdadero poder de la dirigencia en Argentina" está en "los grandes grupos económicos, los grandes comerciantes, los grandes industriales y los grandes medios de comunicación", a quienes "les incomoda en sobremanera la discusión de estos temas económicos".
Anunciando su voto a favor de la iniciativa, el legislador resaltó que es este sector el que "tiene la posibilidad de poder rendir este patrimonio" de más de 200 millones de pesos, y "no lo son los trabajadores, los consumidores, las miles de familias que tienen dificultades de acceder a una vivienda digna y el ciudadano común".
"Estos dirigentes están escondidos y son los que quieren el silencio de este Congreso", afirmó y consideró que "son estos dirigentes, son los que tienen empresas los que tienen una gran responsabilidad con la sociedad". "Yo quiero el empresario que quiere invertir en el país. Si quiere invertir en otro país, ¿queremos a ese empresario? Que se vaya", lanzó.
Ramón opinó que "la verdadera Argentina se integra con todos, no solamente con los que están mirando su propio ombligo". "Todos los que lograron hacer esta gran fortuna hicieron el patrimonio en Argentina", expresó e insistió que "el que se quiera ir… creo que ha llegado el momento en que se vaya del país".
Cerca de las 2 de la mañana se generó un tenso cruce a raíz de la intervención de un diputado del Frente de Todos que cargó duro contra Mauricio Macri. El jefe del interbloque Juntos por el Cambio terminó a los gritos.
Cerca de las 2 de la mañana de este jueves se produjo un tenso cruce en la sesión de la Cámara de Diputados, que tuvo como protagonista al jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien terminó a los gritos contra legisladores del oficialismo.
En momentos donde se acercaba al final el debate sobre el impuesto a la riqueza, el diputado del Frente de Todos Aldo Leiva, un excombatiente de Malvinas representante de Chaco, cargó duro contra el expresidente Mauricio Macri y sacudió los ánimos del recinto.
Tras mencionar el “orgullo” que siente por el expresidente Juan Domingo Perón en el Día del Militante, Leiva lanzó: “Qué triste debe ser no tener orgullo de Mauricio Macri, qué triste debe ser mirar para otro lado cuando se menciona al domador de reposeras”.
“Como son los herederos del odio, los herederos del bombardeo a Plaza de Mayo, los que atentan contra los gobiernos populares, los que odian a os pobres, los que desprecian a la clase media, hoy se rasgan las vestiduras porque el pueblo les dijo que no”, remató.
Negri pidió la palabra y respondió: “Si alguno de nuestros colegas necesita hacer lo mismo que el anterior (por Leiva), hagamos una ronda ahora, así después terminamos tranquilos. Hagamos un consultorio ahora y que cada uno se saque las ganas…”.
El radical luego levantó la voz: “¡¿A quién más le recomendó el psicólogo?! ¡¿Necesitan un diván?! ¡Acá tienen un diván! ¡Acá tienen un diván!”. Y en medio de gritos se cruzó con el oficialista Leopoldo Moreau: “¡Calláte, caradura!”.
El entrerriano Atilio Benedetti, de la UCR, es uno de los tres que quedarían alcanzados por el impuesto a la riqueza. Advirtió que podría no ser por única vez y que afectará al capital de trabajo.
El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) es uno de los tres que deberían pagar, por única vez, el aporte solidario para morigerar las consecuencias de la pandemia, debido a tener un patrimonio superior a los 200 millones de pesos.
Los otros dos que quedarían alcanzados son el jefe del bloque oficialista y autor del proyecto, Máximo Kirchner, y José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia y se expresó en contra de la iniciativa.
En esta condición, Benedetti criticó en la sesión de este martes el denominado impuesto a la riqueza y aseguró que será “pan para hoy y hambre para mañana”.
El legislador sostuvo que “a pesar del nombre épico y romántico de esta iniciativa, no hay ninguna duda de que estamos en presencia de un nuevo impuesto, y cada vez que ha venido un nuevo impuesto en Argentina ha venido para quedarse”.
Puso como ejemplo que en 1932 se instauró el impuesto a las Ganancias “por única vez” y persiste hasta hoy, así como en 1995 se aumentó el IVA en tres puntos solo por un año, y en 2001 se creó el impuesto al Cheque.
Además, Benedetti señaló que “es un muy mal impuesto porque no va a alcanzar solo a las grandes fortunas, sino también al capital de trabajo de muchísimos propietarios de pymes que dan trabajo a lo largo y ancho del país”.
“Este diseño no distingue entre lo que es una inversión financiera de lo que son inversiones en empresas que generan trabajo y actividad económica”, planteó el radical.
Agregó que “tampoco es cierto que se va a afectar solamente a 9.000 contribuyentes. Nosotros recibimos esta información de boca de la titular de AFIP y fue en base a datos del cierre de 2018 -porque todavía no estaban las declaraciones juradas de 2019- y tenían que ver con las presentaciones de Bienes Personales, que sabiamente separan los montos de los inmuebles rurales y las participaciones en acciones y en pymes”.
“Esto va a generar muchísimos más contribuyentes que estos 9.000 sobre los que se está especulando”, dijo.
En tanto, sostuvo que se trata de “un impuesto confiscatorio porque en muchos casos de muchas empresas que hoy sufren dificultades, van a tener que vender parte de sus activos para hacer frente a esto”.
“Esta es una muy mala señal hacia el futuro, que desalienta y trae enormes preocupaciones a todos aquellos que pueden invertir en el país, generar actividad económica y puestos de trabajo”, advirtió finalmente Benedetti.
Los diputados Nicolás Del Caño y Romina Del Plá cargaron contra el proyecto oficialista y anticiparon su abstención. Cuestionaron la política económica del Gobierno y hablaron de "engaño" y "estafa".
En sus discursos durante la sesión de este martes, los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá aseguraron que el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas es "una maniobra" para "tapar" el ajuste previsto para el año que viene a través del Presupuesto.
Del Caño afirmó que "estamos frente a una maniobra, frente a un engaño" en el que "se intenta tapar un nuevo ajuste contra el pueblo trabajador". Mencionó entonces que el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió que la baja del déficit será más de lo previsto: "Se lo dijo a (Héctor) Magnetto y a otros grandes empresarios de Argentina".
El legislador enfatizó que en 2021 "se termina el IFE", es decir que "diez millones de familias se quedan sin sustento". Además, en el Presupuesto "se reduce el presupuesto en salud un 10%; a las universidades; se recorta en un 36% lo destinado a la Tarjeta Alimentar; y reduce en un 7% en términos reales la Asignación Universal por Hijo", indicó.
"Este es el verdadero plan y lo que hoy se intenta ocultar", continuó. También criticó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, los desalojos en Guernica y el "aumento del 7% a los estatales".
Del Caño señaló: "Ocho meses después traen esta ley que se intenta presentar como un acto revolucionario pero en realidad es el camuflaje del ajuste contra el pueblo".
El diputado reprochó que "tanto la derecha de Cambiemos, que no tiene cara realmente, como el Frente de Todos, rechazaron el 13 de mayo el proyecto del impuesto a las riquezas propuesto por la izquierda, que hubiese aliviado a los sectores populares que son los que más cargaron con esta crisis".
"No solo nos oponemos porque es un proyecto (el oficial) que recauda realmente muy poco y por los destinos que tiene, sino porque es un engaño", añadió y anticipó la abstención porque "no vamos a votar en contra como hace la derecha de Cambiemos que claramente defiende a los ricos".
A continuación, la diputada Romina Del Plá sostuvo: "Este proyecto ha salido del cajón donde estaba guardado hace bastante tiempo cuando crece y crece el descontento popular por las medidas de ajuste que está tomando el Gobierno. Cuando el río suena es porque al ajuste ya no hay manera de disimularlo".
También con críticas hacia el Presupuesto 2021, la legisladora rechazó la cifra de inflación estimada para este año, del 32%, cuando "hasta los más conservadores dicen que no baja del 38%; sin embargo, el Gobierno en las paritarias de los estatales nacionales y de los docentes universitarios ofreció un 7% de aumento. ¡Eso se llama depreciación del salario! Ese es el famoso ajuste fiscal con el que Guzmán dice que va a mejorar los índices para contentar al FMI".
Por otra parte, Del Plá consideró que "lo de las jubilaciones es un escándalo" porque "efectivamente con esta nueva fórmula que quieren imponer las jubilaciones siempre van a retroceder, no hay manera que avancen, porque los salarios no avanzan y la recaudación menos".
A pesar de su manifestación a favor del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo, advirtió que "también la presentación hoy del proyecto de aborto legal forma parte de esta maniobra distractiva".
Para la diputada de la izquierda, el 45% de lo recaudado por el aporte solidario "va al sostenimiento y subsidio de los capitalistas. Lo que le sacan por una ventanilla se lo devuelven por la otra". "Es falso que en el resto de los rubros vayan a atender los efectos de la pandemia", resaltó y diferenció que en el proyecto de la izquierda se estimaban recursos para "la contratación de mayor personal de salud", mientras que en el oficial "los trabajadores de la salud no están".
"Estamos frente a una estafa con todas las reglas, ante una maniobra distrativa, para disimular que estamos frente a un ajuste", concluyó.
El “lilito” Javier Campos fue muy duro contra el impuesto a la riqueza, que calificó como “pésimo”. “Esta ley puede convertirse en un cementerio pymes y empleo”, dijo.
“Este es un pésimo impuesto porque va a alejar todo atisbo de inversión en la Argentina. Esto que proponen es una salvajada tributaria”. Con esas palabras, el diputado de la Coalición Cívica Javier Campos rechazó de plano el aporte solidario que el oficialismo busca aprobar en la sesión de este martes.
“Si tenemos experiencia internacional que lo desaconseja, si tenemos a gente del propio bloque oficialista que dice que es un impuesto anti-producción, si sabemos que esto va a ser malo para la inversión y el empleo, ¿por qué el Frente de Todos impulsa este impuesto?”, se preguntó Campos.
En respuesta a su propia pregunta, consideró que “lo hacen pensando en las próximas elecciones, para buscar un supuesto rédito político”.
Según el legislador de la Coalición Cívica, el oficialismo “no ha evaluado que estamos en otro país políticamente hablando, algo está cambiando en la Argentina”.
“Por primera vez, una parte sustancial de la política va a votar en contra de un impuesto por su nefasto efecto a mediano plazo. Si se aprueba esta ley va a ser una fenomenal creadora de pobreza y puede convertirse en un cementerio de pymes y empleo”, advirtió Campos
Por último, señaló: “Hoy la Coalición Cívica y todo Juntos por el Cambio, con su rechazo, cumplen en emitir una señal de esperanza a toda la sociedad con la mirada en el largo plazo. Este bloque se opone y se planta frente al tributarismo populista”.
El jefe del bloque Consenso Federal anticipó el voto a favor de la mayoría de los miembros del Interbloque Federal. Pidió que los fondos se gasten una vez que sean ejecutados los previstos en el Presupuesto.
El jefe del bloque Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, advirtió sobre la administración de los recursos que se vayan a recaudar a partir del aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas.
En su discurso en la sesión de este martes, el diputado anunció que la mayoría del Interbloque Federal acompañará la iniciativa. Además, cuestionó los "rótulos" puestos hacia su espacio por el apoyo al proyecto impulsado desde el Frente de Todos. "Nosotros sabemos bien dónde estamos y por qué", expresó.
El bonaerense sostuvo que "este es un instrumento que, basado en una filosofía solidaria, viene a traer un acompañamiento parcial para ir saliendo del pozo en el que estamos, que es social, económico y productivo".
"Topo" Rodríguez pidió que "la discusión no termine solo con la eventual aprobación de la norma, porque las políticas públicas son lo que se termina implementando, no solo lo que se aprueba en términos legales".
En ese sentido, el legislador se preguntó: "¿Estos fondos que eventualmente resulten de la recaudación de este nuevo tributo van a ir de inmediato a formar parte de los recursos que ya están previstos en el Presupuesto?".
"Porque si vamos a canjear estos recursos recaudados por lo que ya hemos aprobado en el Presupuesto vamos a estar haciendo ahorro o ajuste. Ojo al piojo", advirtió y por eso aseguró que "estos recursos deben permanecer blindados, indisponibles, embargados y solo ejecutarse de manera automática cuando se termine de gastar el último peso previsto para cada una de estas finalidades previstas".
El presidente de Consenso Federal insistió que esto "es esencial para no confundir recursos adicionales con recursos que terminan sustituyendo lo que el Presupuesto tiene previsto". "Si así no se hiciese se desnaturalizaría en la práctica el espíritu de este proyecto", añadió.
También opinó que el aporte solidario y extraordinario "tiene que ir acompañado de otros esfuerzos y de políticas bien claras", por lo tanto pidió que no se continúe dolarizando deuda en pesos a los fondos especulativos.
Y finalmente dijo que "este proyecto no sería completo si a la par no discutiésemos de inmediato, si es posible antes de fin de año, un impulso para los verdaderos generadores de empleo en Argentina, que son las PyMEs: cero impuesto a las Ganancias a todas las PyMEs que reinviertan sus utilidades en equipamiento o bienes de capital y creen trabajo".
“Vamos a votar en contra aunque perdamos votos”, anunció el diputado del Pro al fundamentar el rechazo al aporte solidario. Sostuvo que “la emergencia no habilita a violentar la Constitución”.
El diputado del Pro Luciano Laspina encabezó el rechazo, en la sesión de este martes, al aporte solidario y extraordinario, al sostener que “este impuesto no tiene un afán recaudatorio, sino ideológico”, y que el Gobierno “se tira un tiro en el pie”.
“La emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional. Los principios de la Constitución Nacional deben ser respetados en cualquier circunstancia, independientemente a quiénes afecten”, enfatizó, y en ese sentido consideró que “este impuesto violenta los principios de no confiscatoriedad y de razonabilidad en la tributación”.
Al profundizar en esos aspectos, dijo que “opera como una doble imposición respecto al impuesto de Bienes Personales: estamos hablando del mismo sujeto imponible, la misma base imponible y una sobrealícuota respecto a esa base imponible”.
“Es confiscatorio porque se considera confiscatorio cuando el Estado absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad”, explicó Laspina, y precisó que “el aporte llega al 7,5% en el caso de la alícuota máxima para activos en el exterior”, lo que “va a gatillar una avalancha de juicios”.
El legislador de Juntos por el Cambio cuestionó que “se gravan activos que alientan el ahorro nacional: a diferencia de Bienes Personales, donde los títulos públicos están exentos, acá se gravan los depósitos, los campos, los bienes rurales y los activos empresarios. Es decir, es un impuesto a la inversión en Argentina, independientemente de a quiénes alcance”.
“¿Cuál es la lógica económica de subir impuestos en el medio de una recesión? Se habla de ‘no al ajuste’, pero es la misma inconsistencia conceptual de cuando se critica el endeudamiento y no se quiere bajar el déficit fiscal”, planteó.
El santafesino advirtió que “este gobierno desde que asumió ha subido 12 impuestos, en el país más gravoso del planeta. ¿Cuál es la lógica de pegarle un tiro en el pie a los empresarios que tienen que empujar el carro a la salida de esta enorme recesión gatillada por la pandemia?”.
También señaló que “en un mundo donde los países compiten para atraer inversiones, nosotros nos damos el lujo de crear nuevos impuestos. Los argentinos necesitan que seamos creativos en generar riqueza, no aumentando impuestos”.
Laspina calculó que “este sería el impuesto número 166”, y criticó que “en medio de una emergencia sanitaria, con un 45% de pobreza, destinamos el 25% a financiar a ENARSA”, según uno de los destinos que establece el proyecto para la recaudación.
“Este impuesto no tiene un afán recaudatorio, tiene un afán ideológico, y la prueba más grande es que lo estamos aprobando muchos meses después de iniciada la pandemia y con una movilización afuera por el Día de la Militancia”, lanzó.
El diputado observó que “por primera vez el kirchnerismo, en su cuarto gobierno, se enfrenta a una situación donde se han agotado los recursos, similar a la que recibió Mauricio Macri en 2015: reservas negativas, el FGS vaciado y sin capacidad de emitir moneda”.
En ese contexto, opinó que el aporte solidario es “una bomba de humo que le va a generar un enorme perjuicio al propio Gobierno, que se tira un tiro en el pie” ahuyentando inversiones, y a su vez “es un daño enorme a todos los argentinos”.
“Vamos a votar en contra aunque perdamos votos, porque cuando este modelo inexorablemente fracase, queremos que el país tenga una alternativa para otro camino que no sea el de exprimir al sector privado ahogando la producción y el empleo”, finalizó.
El oficialista negó también que sea "inconstitucional" y "confiscatorio" como plantea la oposición, y resaltó que "necesariamente tenemos que reforzar la posibilidad recaudatoria del Estado".
El diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto defendió este martes el proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, y afirmó que "no descapitaliza a las empresas y no afecta las inversiones".
En su discurso, el entrerriano destacó el rol del Estado en la pandemia y la inversión de "casi 7 puntos del PBI en sostenimiento de las empresas, de los empleos, de las provincias y de los municipios". "Muy pocos antecedentes de que un Estado apoye la iniciativa privada y al que invierte, a conservar las fuentes de trabajo", agregó.
El oficialista subrayó que "el Estado necesita financiamiento" y recordó que la deuda contraída por el gobierno anterior hizo que esté "vedado el acceso al financiamiento del crédito". Pero aunque exista "la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria", el legislador dijo que "necesariamente teníamos que reforzar la posibilidad recaudatoria del Estado en los impuestos existentes o en alguna característica de apoyo excepcional" sobre "aquellos sectores que tienen capacidad contributiva".
En ese sentido, el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social indicó que alcanza a personas con un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos, y que hay "una expectativa de recaudación de más de 300 mil millones de pesos", con una "aplicación de sentido federal".
Casaretto cuestionó a quienes manifiestan que "el Gobierno no tiene un plan económico". "Por supuesto que tiene plan económico, y por supuesto que este aporte solidario se inscribe en nuestra concepción de plan económico. No es tener un plan económico liberal, un plan económico de ajuste, no es tener una carga impositiva menor para los sectores más poderosos", enfatizó.
Y añadió: "No es lo que hizo (Mauricio) Macri al inicio, que fue bajarle el impuesto a los Bienes Personales, bajar el impuesto a las Ganancias, bajar retenciones a los sectores más poderosos de la sociedad. Esa no es la única manera de gobernar, nosotros tenemos otros valores, otros principios, otros conceptos".
Para el oficialista, el aporte solidario y extraordinario "es de estricta justicia" y "no descapitaliza a las empresas, esto no afecta las inversiones, esto no es un impuesto sino un aporte solidario. No es inconstitucional y no es confiscatorio".
Finalmente, aseveró que se trata de "pedir un esfuerzo a los sectores más poderosos de la sociedad para poder invertir en los trabajadores y los sectores que menos tienen".
Al iniciar el debate del denominado impuesto a la riqueza, el presidente de la Comisión de Presupuesto remarcó que será “por única vez” y que alcanzará a menos de 10.000 personas.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, abrió el debate sobre el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y aclaró que “no es un proyecto que vaya contra nadie” sino una medida excepcional en el marco de la pandemia del Covid-19.
Heller indicó que, como su nombre lo indica, será un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, y que se aplicará “por única vez sobre los patrimonios de las personas humanas” superiores a los 200 millones de pesos.
“No es un proyecto que vaya contra nadie, no está pensado contra determinadas personas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario, por eso hemos incluido el sentido de solidario y extraordinario, porque estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que da la excepcionalidad”, explicó.
El legislador del Frente de Todos señaló que “es por única vez porque se pretende, con sustento en los principios constitucionales de solidaridad, alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas de manera que la solidaridad se exprese en la cantidad de personas que en el otro extremos serán las beneficiarias de este aporte, y que podrán a través de él morigerar los efectos de la pandemia”.
“Los esfuerzos que se han hecho para enfrentar la emergencia sanitaria son enormes, pero siempre falta más”, dijo el porteño, y añadió, ante las objeciones sobre la presión tributaria, que “en Argentina los impuestos que se cobran son más bajos que los que se cobran en la OCDE, es decir, en los países centrales”.
El diputado puntualizó que el proyecto indica cuáles serán los destinos de lo recaudado. “Se ha dicho que hay quienes tendrán que vender sus bienes para hacer frente a este aporte, pero es falso de toda falsedad: según la AFIP estarían alcanzadas menos de 10.000 personas, un número equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre Bienes Personales en 2019, y al 0,02% del total de contribuyentes de la Argentina”, precisó.
Por eso, sostuvo que “es una falacia decir que esto va a afectar a las pymes o a la producción”, y además advirtió: “El 42% del total de los bienes declarados son activos y bienes dolarizados, y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior… qué lejos está de poder afectar a alguna actividad productiva”.
Heller también afirmó que “los activos rurales representan en promedio el 2,4% de sus bienes declarados, pero los activos monetarios y financieros de esas personas son en promedio 25 veces lo que tendrían que pagar de aporte si esta ley es sancionada”.
El titular de la Comisión de Presupuesto también se refirió a la posibilidad, para quienes tienen activos declarados en el exterior, de no pagar la alícuota diferencial si aceptan repatriar al menos el 30% de esas tenencias.
“Muchos de los que blanquearon en su oportunidad dejaron la plata afuera y no la trajeron. Ahora tienen la oportunidad de traer esa plata que blanquearon y ayudar a mejorar la situación del país”, destacó.
Respecto de la recaudación, calculó que serán más de 300.000 millones de pesos, y que esa cifra “va a crecer porque casi la mitad de los bienes en el exterior está en valores dolarizados”.
Por último, concluyó con críticas a la oposición más dura: “No quieren aceptar el precedente de que el Estado legisle a través de este Congreso estableciendo que es legítimo, y sobre todo en una situación de emergencia, solicitar un aporte extraordinario para atender a los que menos tienen. Es de estrictita justicia y por eso esperamos la media sanción”.
El debate del aporte solidario y extraordinario para quienes tengan un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos durará alrededor de 14 horas. Se sancionará el Presupuesto. También tratarán modificaciones a la ley de Manejo del Fuego y la "Ley Yolanda".
La Cámara de Diputados arrancó a las 12.26, con 187 diputados presentes, una sesión maratónica, en la que se debatirá el proyecto de aporte solidario y extraordinario, más conocido como impuesto a las grandes fortunas, un tema que insumirá nada más y nada menos que 14 horas de debate, de acuerdo a los oradores anotados.
De esta manera se espera que la votación sea de madrugada, pese a la expectativa que genera la iniciativa con movilizaciones frente al Congreso y en las calles porteñas, en el marco del Día de la Militancia.
La sesión, que durará entre 22 y 24 horas, es presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, el macrista Álvaro González, en ausencia del titular de la Cámara, Sergio Massa, quien se encuentra aislado de manera preventiva -el hisopado le dio negativo- por haber tenido contacto estrecho con Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI con la que estuvo reunido.
El oficialismo necesita una mayoría absoluta (129 votos) para aprobar el proyecto y girarlo al Senado, algo que tiene garantizado gracias al apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.
También acompañarían la votación el nuevo bloque de dos denominado Acción Federal, encabezado por el riojano Felipe Álvarez, y la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
Juntos por el Cambio, la bancada que lidera Mario Negri, votará en contra por considerar que se trata de un impuesto que podría ser “confiscatorio” y que implica una doble imposición para aquellas personas que ya tributan Bienes Personales, además de desalentar la inversión.
En tanto, el Frente de Izquierda, representado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, se abstendrá y defenderá su propio proyecto, como adelantó parlamentario.com el viernes.
La iniciativa crea un aporte por única vez para aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota que irá del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes en el exterior.
La AFIP espera recaudar más de 307.000 millones de pesos -alrededor de un punto del PBI-, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Otro de los proyectos que se tratará en la sesión, también presentado por Máximo, es el que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.
Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Asimismo, se debatirá la denominada “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en medioambiente para funcionarios de los tres poderes del Estado, y que lleva su nombre en honor a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica.
Además, se sancionará definitivamente el Presupuesto 2021, luego de que, en un hecho imprevisto, el Senado devolviera el texto en segunda revisión por la omisión de planillas que contenían el detalle de obras a ejecutar en las provincias.
El impuesto a las grandes fortunas será el principal tema de la sesión, convocada para las 12, donde también se tratarán la “Ley Yolanda”, una modificación de la Ley de Manejo del Fuego y el Presupuesto 2021. Un diputado de Juntos por el Cambio podría presidir la sesión.
Con dudas sobre la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el oficialismo intentará aprobar este martes el proyecto de ley que crea un aporte solidario y extraordinario sobre las grandes fortunas para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.
El denominado “impuesto a la riqueza” será el principal tema de la sesión, convocada para las 12, donde también se tratarán la “Ley Yolanda” de capacitación en medioambiente y una modificación de la Ley de Manejo del Fuego para evitar el cambio de uso de tierras incendiadas.
Además, se sancionará definitivamente el Presupuesto 2021, luego de que, en un hecho imprevisto, el Senado devolviera el texto en segunda revisión por la omisión de planillas que contenían obras.
La incógnita que aun no terminó de develarse es si Massa podrá presidir la sesión, ya que continúa con aislamiento preventivo luego de realizarse un hisopado -que dio negativo- debido al dudoso contagio del jefe de la misión del FMI en Argentina, Luis Cubeddu.
El primer hisopado de Cubeddu dio positivo, pero el segundo dio negativo, por lo que se realizará un tercer estudio para determinar si efectivamente se contagió de coronavirus o no.
Massa espera que ese tercer resultado dé negativo, o que en su caso resulte positivo el test de anticuerpos, para poder conducir la sesión desde el recinto, pero si ninguna de esas dos cosas sucede, continuará aislado y el debate quedará a cargo del vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González (Pro).
Los detalles de la sesión se definirán a las 11 en una reunión de Labor Parlamentaria y se espera una jornada extensa dado el tenor de los temas, sobre todo el proyecto de aporte solidario impulsado por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, en tándem con Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El oficialismo necesita una mayoría absoluta (129 votos) para aprobar la iniciativa y girarla al Senado, algo que tiene garantizado gracias al apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.
También acompañarían la votación el nuevo bloque de dos denominado Acción Federal, encabezado por el riojano Felipe Álvarez, y la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
Juntos por el Cambio, la bancada que lidera Mario Negri, votará en contra por considerar que se trata de un impuesto que podría ser “confiscatorio” y que implica una doble imposición para aquellas personas que ya tributan Bienes Personales, además de desalentar la inversión.
En tanto, el Frente de Izquierda, representado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, se abstendrá y defenderá su propio proyecto, como adelantó parlamentario.com el viernes.
La iniciativa crea un aporte por única vez para aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota que irá del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes en el exterior.
La AFIP espera recaudar más de 307.000 millones de pesos -alrededor de un punto del PBI-, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Otro de los proyectos que se tratará en la sesión, también presentado por Máximo, es el que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.
Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Asimismo, se debatirá la denominada “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en medioambiente para funcionarios de los tres poderes del Estado, y que lleva su nombre en honor a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica.
Se trata de una contribución por única vez para morigerar los efectos de la pandemia. Detalles de la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner.
El Frente de Todos buscará aprobar este martes el proyecto de ley presentado por el presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, que crea un aporte solidario, extraordinario y por única vez para morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19.
A continuación, un repaso por los puntos principales de la iniciativa, que es acompañada por los bloques de la oposición a excepción de Juntos por el Cambio:
La escala de cuánto deberán pagar los sujetos alcanzados según su patrimonio es la siguiente:
En el caso de bienes situados en el exterior las alícuotas son mayores:
-Un 20% para la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria.
-Un 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”.
-Un 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.
-Un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares.
-Un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.
El diputado sanjuanino expresó que "se debería estar debatiendo" antes de que termine el período ordinario. Por otra parte, aseguró que la suspensión de las PASO "no está por ahora en la agenda parlamentaria".
El diputado nacional José Luis Gioja (Frente de Todos) dijo que están "todas las expectativas" para que el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas "salga este año". "En sesiones ordinarias, antes de que termine este período, se debería estar debatiendo", sostuvo este lunes.
Consultado sobre si en el verano el Congreso sesionará, el sanjuanino respondió: "Creo que (el Congreso) va a sesionar y trabajar; que sea más o menos presencial depende de la evolución de la pandemia".
Además, destacó la "legitimidad y legalidad" de la labor parlamentaria durante estos meses, y aunque "no es lo mismo", en referencia al sistema virtual, "el Congreso nunca ha dejado de funcionar", valoró el legislador.
Por otra parte, en declaraciones a radio Futurock, el oficialista aseguró que "no está por ahora en la agenda parlamentaria, por lo menos de acá a fin de año" el tema de la suspensión de las PASO del año que viene.
Gioja consideró que la implementación de las elecciones primarias fueron "un paso más que significativo", por eso apuntó que "es un tema que hay que analizar, verlo con tranquilidad". Sin embargo, manifestó que en esta situación de crisis a él "no" le "convence" el hecho de que "implica gastos". "Pero el Ejecutivo es el que va a tener que tomar la decisión", agregó.
Sobre las diferencias entre algunas voces del oficialismo, sobre todo en temas judiciales, el presidente del PJ Nacional opinó que "son absolutamente normales", porque "frentes como estos son frentes muy dinámicos, muy activos, y es bueno que haya miradas distintas y se pueda discutir".
El Presupuesto volverá a ser discutido el próximo martes, pero podría retrasarse el dictamen por pedidos de la oposición y el propio oficialismo. Los bloques deben informar a Sergio Massa cuántos presentes habrá en la sesión, que se haría en el recinto.
Por Carolina Ramos
Mientras el bloque oficialista analiza con el Poder Ejecutivo si acepta cambios pedidos en el proyecto Presupuesto 2021, avanzan las tratativas en la Cámara de Diputados para ultimar detalles de la próxima sesión y se encamina el acuerdo para renovar por última vez el Protocolo de Funcionamiento Remoto, que caduca el miércoles próximo.
En los despachos de los jefes de bloque ya circula un modelo de acta para revalidar el protocolo hasta el 30 de noviembre -día en que termina el período ordinario-, en los mismos términos que la última renovación, es decir, con la posibilidad de sesionar con mayoría presencial a pedido de los bloques, tomando los recaudos sanitarios necesarios.
Con la intención de marcar la cancha, Juntos por el Cambio presentó una nota a fines de septiembre solicitando formalmente al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que tanto el Presupuesto como el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -los dos temas que generan mayor discusión- se traten en modo presencial.
Lo cierto es que la posibilidad de sesionar en otro sitio que no sea el recinto es cada vez más lejana: si bien los bloques todavía no informaron a Massa cuántos diputados asistirán, fuentes consultadas aseguraron que con el acondicionamiento de las bandejas superiores bastaría para realizar la sesión en su ámbito natural.
En Juntos por el Cambio, la bancada más numerosa, estiman que concurrirán “no más de 90 diputados”; la última versión del protocolo permite a aquellos diputados que integran grupos de riesgo a participar de modo remoto, así como a aquellos que lo soliciten expresamente por razones fundadas.
La incógnita que se abrió estas horas es si el Frente de Todos terminará demorando la votación del Presupuesto: si bien la comisión presidida por Carlos Heller volverá a reunirse el martes a las 11 para retomar el debate, fuentes consultadas aseguran que el dictamen podría demorarse unos días más por el volumen de los cambios que se analizan.
Uno de los puntos que despiertan más inquietud es la distribución de subsidios al transporte, que según el proyecto será de 65.000 millones de pesos para el AMBA y 13.5000 millones para el interior, que este año, gracias a la ampliación presupuestaria sancionada a mediados de agosto, recibió 17.000 millones.
“Este es el talón de Aquiles del Presupuesto”, definió un diputado de la oposición, al señalar que los propios oficialistas hicieron este reclamo, que Heller se comprometió a analizar con el Ejecutivo. “Hay muchas dudas. Estamos a tiempo, no habría razón para apurar el dictamen”, consideró la fuente consultada.
En tanto, el aporte solidario de las grandes riquezas ya está en condiciones de ser tratado porque recibió dictamen favorable el 25 de septiembre, pero en este caso la principal preocupación del Frente de Todos es asegurarse los 129 votos necesarios para la aprobación en el recinto, por tratarse de la creación de un impuesto.
El último tema de la agenda económica es la prohibición de ayuda estatal a empresas radicadas en guaridas fiscales, un proyecto que fue dictaminado el último lunes tras volver a comisión, sin el apoyo de Juntos por el Cambio, que rechazó las modificaciones introducidas.
Con este escenario, el bloque encabezado por Máximo Kirchner deberá definir si finalmente unificará el debate del Presupuesto con los otros dos temas -tal como preveían en el plan original- o si desdobla el debate en función de las negociaciones, lo que tendería a descomprimir los tiempos de una posible sesión “extralarge”.
Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Carlos Fernández se solidarizaron con el legislador, quien sufrió amenazas en su carácter de presidente del Banco Credicoop.
Diputados del Frente de Todos volvieron a repudiar, en la sesión de este miércoles, la agresión de la que fue víctima Carlos Heller en su carácter de presidente del Banco Credicoop, por haber presentado el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas.
Leopoldo Moreau (Frente de Todos) presentó una cuestión de privilegio por entender que el honor de Heller como diputado se vio afectado, luego de que en las redes sociales sufriera un escrache donde se llamaba a cerrar las cuentas en el Credicoop en rechazo al impuesto a la riqueza.
“No recuerdo que haya habido una extorsión tan concreta, tan específica, sobre la labor y los derechos de un diputado como la que ha sufrido Carlos Heller. Ha sido amenazado por ejercitar su profesión, su actividad comercial, su actividad laboral, por presentar un proyecto de ley en el Parlamento”, advirtió Moreau desde el recinto.
Y continuó: “Es una vergüenza si no somos capaces de defender los fueros de un diputado en estas circunstancias”.
En tono duro, el diputado alertó que “los mismos que salieron a defender a Vicentin son los que ahora salen a atacar a Heller, que preside una entidad cooperativa que atiende a chacareros y agricultores de infinidad de pueblos”.
“Yo sé que los señores de la Sociedad Rural nunca van a poner sus fondos en el Credicoop, pero si los chacareros y agricultores”, insistió Moreau, y repitió: “Un diputado ha sido agraviado extorsionado y amenazado por ejercitar sus funciones”.
A la cuestión de privilegio en defensa de Heller adhirieron Hugo Yasky y Carlos Fernández, también del bloque oficialista.
Al inicio del plenario de comisiones convocado por el proyecto de economía del conocimiento, representantes de todas las bancadas se solidarizaron con el diputado.
Diputados de todos los bloques políticos repudiaron este martes un escrache llevado adelante en las redes sociales contra el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, por encabezar el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas.
Al inicio del plenario de comisiones de Presupuesto y de Comunicaciones e Informática convocado para tratar el proyecto de ley de economía del conocimiento, representantes de todas las bancadas se solidarizaron con Heller, quien fue agredido en su calidad de presidente del Banco Credicoop.
El origen del ataque fue un llamado de un grupo de productores rurales a cerrar las cuentas bancarias en esa entidad financiera, en rechazo al impuesto a las grandes riquezas.
“A lo largo de la mañana sucedieron algunas cuestiones que no pueden pasar desapercibidas. Carlos Heller está siendo víctima, en términos personales y como presidente del Banco Credicoop, de una furiosa maniobra de desprestigio y descalificación en las redes sociales”, advirtió el santafesino Germán Martínez (Frente de Todos).
Martínez señaló que “lamentablemente estas prácticas, atadas al manejo de los famosos trolls, están multiplicándose en Argentina”.
“(Heller) está siendo atacado por ser una de las caras visibles del proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas”, manifestó el diputado.
En nombre de Juntos por el Cambio, el radical Atilio Benedetti también expresó su repudio a “cualquier tipo de escraches contra instituciones o personas”, aunque aclaró que “esto no significa convalidar” proyectos como el del aporte solidario, que el interbloque rechaza.
Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) habló de un “escrache autoritario” y consideró que “Argentina tendría que sentirse orgullosa de tener una banca cooperativa”.
En tanto, José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sumó su solidaridad con Heller y afirmó que el diputado “no necesita demostrar cómo es su aptitud y su capacidad de trabajo”.
Además, Ramón pidió que el proyecto del impuesto extraordinario se vote finalmente en la Cámara baja. “Cuentan con todo nuestro apoyo para seguir dando esta discusión”, garantizó.
Waldo Wolff también expresó su repudio y hasta comentó que “desde hace muchos años” tiene cuentas “personales y empresariales” en el Credicoop, pero advirtió sobre la “hipocresía” de no repudiar otros ataques y se puso como ejemplo.
El diputado del Pro recordó que cuando Sergio Massa recibió llamados y mensajes con amenazas de muerte en su celular, el legislador provincial del Frente de Todos Jorge D’Onofrio lo acusó de haber difundido el número del presidente de la Cámara baja.
También mencionó que el oficialista Leopoldo Moreau lo calificó como “agente del Mossad” y no recibió solidaridad de sus pares, y por último, sostuvo que quienes profieren las agresiones “no son trolls, son gente que se aglutina en las redes de un lado de la política”.
Por su parte, Graciela Ocaña envió por escrito su solidaridad con Heller y reveló: “Soy socia del banco desde 1980. Gracias al crédito del banco he podido adquirir mi casa. Conozco su crecimiento y lo que ha representado para la economía del país”.
Al cerrar el tema, el propio Heller agradeció las muestras de apoyo y opinó que lo sucedido “excede lo personal y tiene que ver con una responsabilidad colectiva que tenemos”.
El titular de la Comisión de Presupuesto dijo que se trata de “una forma de actuar que repudiamos, le toque a quien le toque”, ya que “en democracia nunca podemos estar de acuerdo con ninguna forma de escrache”.
“Las discusiones se ganan con argumentos y las votaciones se ganan con acumulación de apoyos”, afirmó.
Por último, subrayó que lo que se difundió fueron “groseras mentiras”. “No es una expresión en contra de un proyecto: son falsedades, provocaciones, intentos desestabilizadores, como son los de querer provocar una corrida bancaria”, concluyó.
La vicejefa del Frente de Todos pronosticó "operaciones y especulaciones" hasta el día en que se debata el proyecto, que aseguró "tiene un número importante de votos".
La vicejefa del bloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, dijo que le "cuesta creer" por su "origen radical" que haya "algunos radicales que no van a acompañar este aporte" solidario y extraordinario a las grandes fortunas, proyecto impulsado por el oficialismo.
"Vamos a seguir trabajando en buscar consensos alrededor del proyecto, pero creo que sí, que va a ser un proyecto con acompañamiento transversal", sostuvo este lunes y aseguró que la iniciativa "ya tiene un número importante de votos".
Además, la legisladora pronosticó que "de acá hasta que se trate va a haber una carrera de especulaciones y de operaciones terrible", porque "no solo es un dolor de cabeza para el macrismo en términos políticos y económicos para muchos de ellos, sino también para muchos grandes lobbistas empresariales -opinó-".
Consultada en radio Futurock por el pedido del interbloque Juntos por el Cambio -que presentó un dictamen en minoría- de debatir el tema en una sesión presencial, Moreau cargó que en las distintas "caravanas" que se hicieron al Congreso por parte de la oposición, "terminan viniendo menos de 114 diputados".
Y lanzó que algunos legisladores "a las 21 se van (de la sesión) porque empiezan los programas en los que empiezan a tirar veneno, mientras nosotros nos quedamos sentados trabajando. Hay todo un show detrás".
No obstante, la oficialista afirmó que si las condiciones sanitarias permiten que la sesión se haga en recinto, "se hará dentro del recinto". "(Desde Juntos por el Cambio) tienen una obsesión con el tema del (Teatro) Colón. Le tienen miedo a sesionar lejos de Recoleta", agregó.
Finalmente, reiteró que el Frente de Todos pone "a disposición" sus bancas: "No necesitamos la banca para sentirnos más altos, importantes o elocuentes".
Luego de que los diputados del interbloque votaran un dictamen de minoría sobre el proyecto para grandes fortunas, la diputada les endilgó ir “contra el interés de la mayoría”.
La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos destacó el dictamen de mayoría que obtuvo este viernes el proyecto de aporte extraordinario y solidario de los más ricos del país para ayudar a mitigar los impactos de la pandemia. Y cargó contra la oposición de Juntos por el Cambio por “defender los intereses” de esa minoría de contribuyentes.
“Debatimos el proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas. Son las 9.300 personas más ricas de la Argentina. Y una contribución para morigerar los impactos de la peor crisis de toda la historia del Capitalismo, a la que Argentina llegó después de la tragedia macrista. Queremos un país más justo”, expresó la diputada kirchnerista.
Ante la postura adoptada por la principal oposición, Vallejos sostuvo que “algunos eligieron defender a 9.300 millonarios, en contra del interés de la mayoría. Se oponen al aporte para fortalecer el sistema de salud, construir viviendas, acompañar a las pymes y a los jóvenes. Son Juntos por los Ricos. Nosotros, elegimos defender el interés de todos. Para eso hacemos política”.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen de mayoría este viernes al proyecto de “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los impactos de la pandemia”, con 27 acompañamientos. La iniciativa establece el pago obligatorio, extraordinario y por única vez de las personas físicas de mayor patrimonio declarado, que posean bienes en el país y en el exterior iguales o superiores a $200 millones en el ejercicio 2019, con alícuotas progresivas que van de 2 a 3,5%. La ley se aplicará sobre los bienes personales desde la fecha en que entre en vigencia.
Según el informe que AFIP presentó el lunes en la comisión, se espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año), que alcanzaría a un universo potencial de 9298 personas. De ese total, 7438 ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1860 todavía no lo hicieron. Además, se estima que 253 personas con patrimonios de más de $3000 millones -los más ricos, que integran la escala más alta del aporte- podrían aportar el 50% de esa recaudación potencial.
Esos fondos serán destinados a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia (20%), apoyar a las PyMEs (20%), urbanizar barrios populares (15%), invertir en la producción de gas natural (25%) y relanzar el Progresar para los jóvenes (20%).
Al cabo de cinco reuniones de trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario consiguió este viernes 27 firmas y está listo para ser debatido en el recinto.
El bloque del Frente de Todos avanzó este viernes con el dictamen de mayoría del proyecto de aporte solidario y extraordinario, anunciando los cambios introducidos a la iniciativa desde su presentación, entre ellas la confirmación de que no serán gravados las tenencias en el país de los no residentes.
El dictamen de mayoría obtuvo 27 firmas: las de los miembros del Frente de Todos y los representantes de Córdoba Federal y el Frente Renovador de la Concordia, de Misiones.
El interbloque de Juntos por el Cambio, por su parte, presentó un dictamen de minoría que plantea directamente el rechazo al proyecto del oficialismo.
En el inicio de la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, confirmó haber recibido este mismo viernes un análisis de la estimación del impacto recaudatorio del proyecto. El informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en líneas generales convalida el contenido del informe de la AFIP, estimando que efectivamente la recaudación probable de este aporte estaría en el orden de los 307.000 millones de pesos, equivalente a 1,1% del PBI.
Al detallar las modificaciones aplicadas al proyecto, Heller explicó que modificaron el criterio de la fecha de aplicación del cálculo para determinar el valor del aporte, originalmente fijado en el 31 de diciembre del año pasado. “Lo hemos puesto a partir de la promulgación de la presente ley -aclaró Heller-. En función de eso hemos agregado en el artículo 8° cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hiciera presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinado a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.
“Esto es para no tomar un valor retroactivo sino a partir de esta ley, pero como hace 6 meses que venimos discutiendo esta ley, y podría haber generado situaciones individuales de actitudes no ajustadas al cumplimiento de las obligaciones impositivas, para evadir el pago del tributo, entonces resolvemos así la cuestión”, explicó el presidente de la comisión.
Por otra parte, Heller anunció que “descartamos el tema de los no residentes, circunscribiendo solamente a los residentes; y también descartamos la posibilidad de que las empresas multinacionales que actúan en el país pagaran por las personas supuestamente dueñas que en algún lugar de la tierra están. Creímos conveniente no incluir esa ampliación”.
Por consiguiente, Carlos Heller sostuvo que “están perfectamente limitadas las personas alcanzadas y las características”. Así las cosas y con la información disponible enviada por la AFIP, sobre la base de las declaraciones juradas ya presentadas al 19 de septiembre, se podría llegar a una recaudación superior a los 300 mil millones de pesos.
Según las propuestas del proyecto oficialista y sobre la base de la proporción de los fondos que están afuera y que algunos podrían estar interesados en repatriar, la estimación alcanzaría presuntamente a 9.298 personas. “Porque hay 7.438 declaraciones juradas con bienes superiores a 200 millones, y 1.860 que con las proyecciones sobre las declaraciones juradas de 2018 se estima que deberían estar alcanzados”, indicó Heller, que estimó que eso daría 307.897 millones de pesos de recaudación prevista.
Al detallar la composición del aporte, el presidente de la comisión explicó que en la escala más alta, la que ocupan quienes tienen más de 3.000 millones, hay
253 personas humanas, que aportarían 153.855 millones de pesos: casi la mitad del total estimado que produciría este aporte. Si se le suma el tramo que va de 1.500 a 3.000, se sumarían 372 personas más, con lo que se llegaría a 625 personas, que estarían aportando casi 180 mil millones de pesos, delos 307 mil estimados.
En el extremo inferior de la pirámide, quienes tienen bienes de hasta 400 millones, entre 200 y 400, son 4.178 personas las que aportarían 30.100 millones de pesos del total. “Efectivamente el aporte estaría soportado en su principal tramo, el 60%, por un universo de seiscientas y pico de personas”, informó Heller, quien luego remarcó que este aporte “es por única vez, está dicho en todos lados, con fines determinados, específicos, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que no sea por única vez”. Y concluyó: “Un reducidísimo grupo contribuiría a llevar un enorme alivio a una gran cantidad de personas que tendrían alivio a través de los beneficios que podrían obtener con este aporte”.
A continuación, el diputado radical Luis Pastori anunció que Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría que aconseja el rechazo del proyecto del oficialismo. “Aunque reconocemos que el dictamen final ha mejorado varios aspectos, como por ejemplo lo que tenía que ver con la retroactividad, y algunos otros aspectos, sin embargo subsisten otros servicios que nos obligan a ir con otro dictamen. Primero, la denominación de aporte, intenta privar a la obligación de su naturaleza tributaria para dejarla al margen de las garantías y principios constitucionales que imperan en la materia”, señaló.
Dictamen-de-MAYORIA-Proyecto-4534-D-2020El diputado misionero agregó que “el propio informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso nos da la razón, cuando al comienzo, en su introducción, habla claramente que se trata de un impuesto”. Y si bien aclaró que los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso “no son vinculantes, claramente esta comisión está para asesorarnos. Eso me exhime de mayor abundamiento del tema”.
Pastori aclaró a continuación que subsisten algunas cuestiones que no nos satisfacen”, y mencionó en primer lugar “la confiscatoriedad que se puede dar por la múltiple imposición; los bienes gravados son los mismos, unido esto al impuesto sobre Bienes Personales, sobre la totalida de los bienes en el exterior. La acumulación de ambos gravámenes puede tornar manifiestamente confiscatoria”.
Para Pastori, este proyecto del oficialismo “también afecta el principio de igualdad en lo que tiene que ver con los bienes en el exterior, ya que por el solo hecho de estar en el exterior tienen una alícuota superior. Esta discriminación no se da en función de la mayor capacidad contributiva, porque a igual capacidad contributiva, por el solo hecho de tener un bien en el exterior, ya tiene una alícuota muy superior. Es como un castigo, por más que estén lícitamente hechos, sin embargo van a tributar una alícuota superior”.
Pastori observó además el criterio de nacionalidad, que no veía que hubiera quedado salvado, porque insisten con gravar aquellos ciudadanos argentinos que están viviendo por ejemplo en un paraíso fiscal. Para no ir tan lejos, puso el ejemplo de Paraguay y Bolivia, países no cooperantes y de baja tributación. Se los considera como si fueran residentes y eso es, a juicio de Pastori, “una ficción que crea la ley, una mentira legal”.
Va a ser además, afirmó, “de muy difícil cumplimiento en la práctica, porque ¿qué facultad tiene la AFIP para perseguir a alguien que no vive en la Argentina. Me parece que aquí se está equivocando el dictamen de mayoría”.
El legislador radical dio entonces una serie de consejos: “Me parece que deberían corregir los 200 millones de pesos de base, que eran equivalentes a 3 millones de dólares cuando ustedes anunciaron el proyecto, a principios de abril, con un dólar a 65,75 pesos. Hoy está casi a 80, y estos ya no son 3 millones, son unos 2,5 millones. Para tener una relación razonable, esa base tendría que estar al menos en 240 millones para arriba”, sugirió.
Además, continuó, “la tabla también tiene problemas, porque superando los 200 millones, paga 2%; hasta 200 millones paga 0. El que tenga 200 millones y un peso, por un peso más va a pagar el 2%, o sea 4 millones de pesos… Por un peso de diferencia”. Eso se podría solucionar, dijo, estableciendo un mínimo no imponible que sea razonable a partir del cual comiencen a tributar.
“Y no me queda claro si las empresas del exterior que sean accionistas por ejemplo de una sociedad argentina, si quedan afuera o adentro del impuesto, porque no tiene nada que ver y eso sería gravar la inversión extranjera, por si algo le faltaba a la inversión extranjera encima la estemos gravando con un impuesto… Si alguno todavía tiene la intención de invertir en el país con este impuesto lo vamos a estar definitivamente corriendo”, concluyó.
El presidente de la comisión aclaró que el proyecto no alcanza a las acciones de empresas extranjeras que estén en el país. Y en cuanto a los consejos, los agradeció, pero aclaró que eso vale para “cuando estamos construyendo consenso. Cuando usted nos anuncia que van a presentar un dictamen de minoría, le diría que deje que los contenidos lo resolvamos entre quienes vamos a firmar el dictamen de mayoría… Es medio contradictorio pretender que cambiemos el dictamen de mayoría presentando otro”.
Uno de los oradores que tuvo la reunión fue el diputado Paulo Cassinerio, de Córdoba Federal, quien anunció el acompañamiento del proyecto, confirmando así el apoyo clave de los diputados de esa bancada, que serán fundamentales para garantizar la aprobación de la iniciativa en el recinto. No obstante, hizo una objeción al hablar de una situación de “inequidad” entre empresarios argentinos y la situación de los empresarios de las multinacionales. Dijo entender que se busca “no asustar a futuros capitales, que necesariamente vamos a necesitar que vengan a nuestro país, pero es una situación que nos inquieta y la vamos a plantear en la Cámara, debido a que es una inquietud que nos han hecho llegar empresas de Córdoba”.
El diputado radical sostuvo que "el volumen de lo que se prevé recaudar" con la iniciativa impulsada por el oficialismo "no va a resolver absolutamente nada".
El diputado nacional José Cano (UCR) pidió dejar la "discusión ideológica de ricos y pobres" al referirse al proyecto de aporte solidario, y sostuvo que "el volumen de lo que se prevé recaudar" con la iniciativa impulsada por el oficialismo "no va a resolver absolutamente nada".
"No tiene nada de solidario, porque claramente es un impuesto, por eso ingresa por la Cámara de Diputados. Además no es voluntario", señaló este martes el tucumano, que agregó que la propuesta presenta "contradicciones" y opinó que "a eso se debe que todavía no se haya sacado dictamen".
En diálogo con radio Futurock, el legislador de Juntos por el Cambio cuestionó que lo recaudado no vaya a coparticiparse y que un 25% se destine a inversiones de gas, "y no vaya el 100% a las provincias para salud".
"¿Por qué no lo coparticipan, por qué el Estado Nacional sigue teniendo centralidad en la distribución de los recursos?", se preguntó y fustigó que "650% más de recursos en lo que va de la gestión de Alberto Fernández se le dio de manera discrecional a la provincia de Buenos Aires".
Cano argumentó que "hay sectores que vienen ya haciendo aportes, porque en el mes de diciembre se aumentaron las alícuotas de Bienes Personales". "El Gobierno cree que el camino es seguir gravando a los sectores que hoy tributan en Argentina", agregó.
Para el radical, hay que "sentarnos en una mesa a discutir medidas de corto, mediano y largo plazo que hagan que la economía se reactive", y recordó la propuesta de campaña de Alberto Fernández de crear un Consejo Económico y Social.
El diputado insistió en debatir sobre "de qué manera generamos desarrollo, y que el sector privado invierta y se genere empleo". "Tiene que haber un ámbito donde todos los sectores estén convocados", completó.
La AFIP envió un informe a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados donde estimó que 9.298 personas deberían hacer la contribución.
Por Carolina Ramos
Menos de 10.000 personas pagarían el aporte solidario sobre las grandes fortunas, según el informe que la AFIP envió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Son en total 9.298 personas que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez para afrontar gastos de la pandemia, entre otros fines.
El documento fue leído en la reunión de este lunes por el presidente de la comisión, Carlos Heller, ante la ausencia de la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar de la videoconferencia.
La AFIP estimó cuántas personas físicas deberían pagar el aporte solidario según la base del impuesto sobre los Bienes Personales, pero dado que “no todos los contribuyentes presentaron en tiempo y forma sus declaraciones juradas”, se realizó una actualización del patrimonio declarado en años anteriores para tener un cálculo más acabado.
Informe-AFIP-Comisión-de-Presupuesto-y-Hacienda-de-la-HCDN-sobre-el-alcance-del-proyecto-de-ley-de-Aporte-solidario-y-extraordinarioAsí, se concluyó que el universo potencial total es de 9.298 contribuyentes, de los cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.
Los bienes y activos declarados están valuados en 15,7 billones de pesos, indica el informe leído por Heller.
Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.
La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.
El aporte promedio sería de 33 millones de pesos. Para las 2.774 personas con patrimonios entre 200 y 300 millones, el aporte promedio sería de 6,1 millones, mientras que las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones realizarían una contribución promedio de 600 millones, esto es, la mitad del aporte total.
Vuelven a reunirse este lunes a partir de las 15, con el objetivo declarado del Frente de Todos de dejar el proyecto listo para su tratamiento en el recinto.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, que preside Carlos Heller, volverá a reunirse de manera virtual este lunes, para reanudar la reunión que el miércoles pasado pasó a un cuarto intermedio, con el fin de seguir analizando el proyecto que crea un aporte extraordinario a las grandes fortunas.
Según confiaron fuentes legislativas, el objetivo del oficialismo es firmar este mismo lunes dictamen, de modo tal que pueda tratarse en el recinto en cuanto el oficialismo lo disponga, a sabiendas de contar con los votos necesarios para su aprobación, a pesar de que Juntos por el Cambio adelantó su postura contraria.
El presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció el miércoles pasado que el Frente de Todos buscará firmar dictamen este lunes, como así también que citarían a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
En la discusión del miércoles pasado, a lo largo de casi cuatro horas, Juntos por el Cambio -y con mayor énfasis, el radicalismo- criticó la iniciativa del Poder Ejecutivo, al sostener que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto” que, a juicio de los diputados de esa bancada, es inconstitucional y no servirá para reactivar la economía, sino para aumentar la presión tributaria.
“Sabíamos desde el principio que iban a estar los temas jurídicos. No hay ninguna ley que afecte intereses que no haya generado amparos o demandas. Habrá que ver si el Poder Judicial estará dispuesto a decir que no es constitucional una ley que tiene más del 70% de apoyo de la opinión pública, que afecta al 0,02% de las personas y que beneficia a muchos millones de personas”, señaló el miércoles el diputado Heller.
También está previsto que continúe el tratamiento del proyecto que prohíbe que las empresas radicadas en paraísos fiscales o que cometieron delitos probados de evasión fiscal puedan ser beneficiarias de programas de ayuda estatal. En este caso, Juntos por el Cambio anticipó que respaldará la iniciativa impulsada por el diputado kirchnerista cordobés Pablo Carro.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda dio inicio al debate sobre la contribución de las grandes fortunas. El oficialismo buscará firmar dictamen la semana próxima, tras una exposición de la titular de la AFIP. Fuertes críticas de Juntos por el Cambio.
Con fuertes críticas de la oposición, el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia comenzó a ser debatido este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará firmar dictamen la semana próxima.
A lo largo de casi cuatro horas, Juntos por el Cambio -y con mayor énfasis, el radicalismo- criticó la iniciativa del Poder Ejecutivo, al sostener que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto” que, a juicio de los diputados de esa bancada, es inconstitucional y no servirá para reactivar la economía, sino para aumentar la presión tributaria.
A pesar de los cuestionamientos, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que el Frente de Todos buscará firmar dictamen el próximo lunes, en una nueva reunión convocada para las 16.30, a la que se citará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
“Estamos hablando de un aporte extraordinario en una situación extraordinaria. Estamos hablando de solidaridad frente a los sectores más afectados. Hemos buscado la mejor ecuación, que afecte a la menos cantidad de personas humanas posible, permitiendo la mayor cantidad de ingresos probables”, explicó Carlos Heller, presidente de la comisión.
Y agregó: “Sabíamos desde el principio que iban a estar los temas jurídicos. No hay ninguna ley que afecte intereses que no haya generado amparos o demandas. Habrá que ver si el Poder Judicial estará dispuesto a decir que no es constitucional una ley que tiene más del 70% de apoyo de la opinión pública, que afecta al 0,02% de las personas y que beneficia a muchos millones de personas”.
En el debate sobresalieron las críticas de Juntos por el Cambio, como así también el silencio de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo: ningún diputado de las bancadas presididas por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón hizo uso de la palabra.
“Anticipo nuestro rechazo a la creación de este impuesto, y uso la palabra ‘impuesto’ porque contiene todos los elementos que lo configuran: es una ley; es de carácter coactivo; está expresado en dinero; ayuda a solventar el gasto público; y no tiene una correlación directa con un beneficio para el contribuyente”, arrancó el radical Luis Pastori.
Además, Pastori aclaró que “los impuestos pueden ser ordinarios o extraordinarios, por un tiempo limitado, como en este caso, que es por única vez”, y remarcó que “al ser un impuesto” y no un aporte, “le caben todas las garantías constitucionales”.
El misionero sostuvo que el proyecto “lesiona” distintos principios, entre ellos el de legalidad, con el riesgo de caer en “una doble imposición, que pude devenir en confiscatoria cuando sustrae una parte importante de la renta”.
También advirtió que se “viola” el principio de igualdad, porque aquellas personas con bienes declarados en el exterior deberán pagar una alícuota un 50% más alta, más allá de que -a partir de un cambio introducido por el oficialismo-, quedarán exceptuadas de ese diferencial si aceptan repatriar el 30% de esos bienes.
“Este impuesto atenta contra el crecimiento económico, contra la inversión y el ahorro, empeora las expectativas empresariales y es un factor de beligerancia social”, resumió Pastori, y pronosticó que la ley tiene “serias posibilidades de ser declarada inconstitucional”, tras lo cual pidió “dar una batalla seria” contra la evasión en lugar de avanzar con un nuevo impuesto.
Otro radical, Ricardo Buryaile, pidió “poner sobre la mesa la oportunidad, la necesidad y la conveniencia de este impuesto”, y por otro lado apuntó que “lo que estamos viendo en Argentina es un enorme esfuerzo del sector privado, que la está pasando muy mal”.
Buryaile aclaró que en Europa solo “España, Dinamarca y Suiza” cobran un impuesto similar, pero el resto de los países desistieron, más allá de propuestas de “partidos minoritarios”.
Asimismo, el diputado recordó los impuestos que se crearon en nuestro país por única vez y siguieron vigentes hasta hoy, como el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios -más conocido como impuesto al Cheque- en 2001, y la suba del IVA.
El formoseño además alertó: “Estamos asemejando un tractor a una Ferrari. Estamos asemejando un campo a un piso en Puerto Madero. Estamos gravando activos productivos, cuando lo que tenemos que gravar son las exteriorizaciones de riqueza”.
Otro de los discursos más fuertes fue el de Javier Campos (Coalición Cívica), quien expresó: “Para un rico no solidario, que no quiere aportar, esto evidentemente sería malo, pero la pregunta es si esto que es malo para los ricos, es bueno para los pobres. Yo les digo con una mano en el corazón, y sin ponerme colorado, que esto es malo para los más necesitados”.
Respecto de las medidas de asistencia por la pandemia, el diputado se diferenció: “Yo no veo ningún esfuerzo del Estado: lo único que está haciendo es apretar un botón e imprimir dinero. Para mi, el esfuerzo es la gente que está manteniendo a sus empleados y sigue pagando impuestos con las puertas cerradas”.
Campos reveló que según encuestas -de las que no dio detalles-, “el 50% de la gente no apoya este impuesto”, aunque Heller lo interrumpió para responderle que otros sondeos hablan de una aprobación del 70%.
Por el Pro el único en hablar fue David Schlereth, quien advirtió que “pareciera que estamos hablando de megamillonarios, y no es así. Estamos hablando de gente que trabajó muchos años, que pudo crecer, que apostó al país, a sus empleados, a la inversión local, y le fue bien. Y tenemos que seguir trabajando para que le vaya mejor. Gente que hoy está utilizando sus ahorros para sostener el trabajo de sus empleados, y que de pagar este tributo, los pondría en serio riesgo”.
Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto observó: “A nadie le va a interesar aportar más recursos al Estado, pero tampoco le preguntan a un trabajador o a un jubilado cuando tiene que pagar el IVA, o le descuentan el impuesto a las Ganancias. Tenemos un esquema donde la carga cae sobre el consumo y no sobre los patrimonios, y eso lo tenemos que cambiar”.
Casaretto subrayó que quienes pagarán el aporte “son los que están en la pirámide de la sociedad”. “Es de estricta justicia este aporte solidario y obligatorio por única vez. Es legal, es constitucional, no hay doble imposición, no va a llevar a ninguna empresa a la quiebra ni atenta contra la inversión. No sé si es un buen o mal momento, pero es necesario”, enfatizó.
A su vez, Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó que “con esta contribución estamos fortaleciendo las respuestas del Estado ante la emergencia y la posterior reconstrucción de la economía”.
“El 80% de la riqueza declarada por el universo de contribuyentes abarcados por el aporte extraordinario está en el exterior. Significa que los 12.000 más ricos de Argentina mantienen el 80% de la fortuna que declaran fuera del país”, informó la titular de la Comisión de Finanzas, y reforzó: “Nadie de esas 12.000 personas va a ver afectado su standard de vida”.
También intervino Itai Hagman, quien confesó estar “sorprendido” porque creía que “este proyecto, que es de sentido común, iba a contar con el acompañamiento de la gran mayoría de esta Cámara”.
Hagman aclaró que “este aporte es sobre la riqueza personal” y que no quedarán alcanzados “los activos productivos o los pequeños productores, como se dijo en varios ejemplos”. “Si esto fuera así, esta contribución alcanzaría a 500.000 o un millón de personas”, retrucó.
“Me llama la atención que se critique este impuesto pero no se presente ninguna propuesta alternativa de cómo hacemos para recaudar. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para seguir asistiendo a la población? ¿De la clase media? ¿De los trabajadores? ¿De los sectores populares? Es obvio que lo tenemos que hacer sobre los sectores de mayor riqueza acumulada”, analizó el economista.
Nicolás Del Caño (PTS) cuestionó que “este debate llega casi seis meses después de las medidas de aislamiento, que agravaron la crisis económica que dejó el gobierno de Macri, y quienes más soportan esta carga son los trabajadores”.
“Este proyecto llega tarde y además es muy pobre. Plantea recaudar 3.000 millones de dólares con un impuesto que afecta solo el patrimonio y deja afuera las ganancias de los bancos, de las grandes empresas, de los grandes terratenientes”, planteó, y agregó que “el monto de lo recaudado es inferior a lo que se pagó este año en concepto de deuda a los acreedores extranjeros y a los organismos de crédito internacional como el FMI”.
Su colega Romina Del Plá (Partido Obrero) defendió el proyecto del Frente de Izquierda, que también plantea un aporte extraordinario por única vez, pero gravando las ganancias extraordinarias de empresas y bancos, propiedades terratenientes de más de 5.000 hectáreas y viviendas ociosas de más de 30 millones de pesos, con una recaudación estimada de “entre 15.000 y 20.000 millones de dólares”.
Las personas que declaren bienes en el exterior pagarán un diferencial del 50%, pero si aceptan repatriar el 30% quedarán exceptuadas de ese diferencial. Se aclarará que el aporte es “obligatorio”. Estiman que alcanzará a 10.000 personas, y no a 12.000.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció en la reunión de este miércoles que el proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas sufrirá cambios sobre las tenencias en el exterior, y se aclarará que la contribución es “obligatoria” para evitar la interpretación de que sería voluntaria.
“Todos somos conscientes de los enormes esfuerzos que el Estado nacional viene haciendo desde el inicio de la pandemia”, arrancó Heller, quien habló de “entre 850 y 900 mil millones de pesos en erogaciones extraordinarias”, y además vinculó la caída de la actividad “a la pandemia, y no a la cuarentena”.
En ese sentido, sostuvo que “en todos los países se ha producido una enorme caída de la actividad económica” más allá de las medidas de aislamiento, y ejemplificó que “Europa calcula que va a demorar entre dos y tres años en recuperar los niveles de actividad previos a la crisis”.
En este contexto, el oficialista explicó que la idea del aporte “se apoya básicamente en la situación extraordinaria” más allá del estado en que se encontraba el país al asumir Alberto Fernández. “Nadie en este país ni en el mundo podría negar que estamos ante un fenómeno impensado que ha alterado todas las previsiones y las expectativas”, acotó.
Heller señaló que se buscó “encontrar el punto ideal entre la menor cantidad de personas alcanzadas y la mayor expectativa de recursos a obtener”, y reveló que la cantidad de personas obligadas a realizar este aporte “va a estar más cerca de 10.000 que de 12.000”, como se estimaba en un principio.
De todos modos, el diputado aclaró que “eso tal vez no modifique demasiado las estimaciones que tenemos de ingresos, porque probablemente haya habido un proceso de desconcentración de riqueza personal en los niveles más altos de estas escalas”.
El titular de la comisión recordó que se tomará el patrimonio declarado al 31 de diciembre de 2019 a partir de los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2% que asciende gradualmente hasta llegar al 3,5% para quienes tienen declaraciones de Bienes Personales superiores a los 3.000 millones de pesos.
El proyecto establece que en el caso de los bienes declarados en el exterior, las alícuotas se incrementan en un 50%, pero a partir de un agregado que sufrirá el texto, las personas alcanzadas quedarán exceptuadas de pagar ese diferencial “si aceptan repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior”.
En cuanto al destino de lo recaudado con el aporte solidario, Heller especificó que un 20% será para equipamiento médico; un 20% para subsidios a las MiPyMEs; un 20% para el programa Progresar; un 15% para la urbanización de barrios populares; y un 25% para la exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Por otra parte, ante un planteo de Ricardo Buryaile (UCR) acerca de que “si es un aporte, puede ser voluntario”, el presidente de la comisión anunció: “Vamos a ponerle la palabra ‘obligatorio’, para terminar con la interpretación de algunos de que como es un aporte, podrá ser voluntario”.
Por último, Heller anunció que habrá “una cláusula para intentar captar a los residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas residentes en el país”. “Hemos escuchado comentarios y críticas respecto de que había un tratamiento desigual con aquellos que habían cambiado de residencia y que podían no quedar alcanzados por la ley”, señaló.
A pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo citará a la titular de la AFIP, aunque Heller aclaró que “hay que respetar la confidencialidad de la información” del ente recaudador.
Al comienzo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y a pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó convocar para la próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que explique los alcances del proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas.
Fue el radical Ricardo Buryaile quien solicitó la presencia de Marcó del Pont para que informe sobre “la cantidad de contribuyentes y el estimado de la recaudación del impuesto”, aunque, de entrada, Carlos Heller le aclaró que no se trata de un impuesto.
“No es un impuesto, es un aporte, diputado, disculpe que lo corrija…”, comentó el presidente de la comisión, aunque Buryaile aclaró que “no lo iba a convencer” y que “en la legislación tributaria no existe el concepto de aporte; sí existen impuestos, tasas y contribuciones”.
“Si es un aporte, puede ser voluntario”, insistió el radical, por lo que Heller anunció, minutos más tarde, que se corregirá el proyecto aclarando que el aporte será “obligatorio”, para evitar distintas interpretaciones.
Además, el oficialista especificó que “este no es un gravamen de Bienes Personales, sino que toma como base la declaración de Bienes Personales, que es otra cosa”.
Respecto de la información solicitada por Buryaile y la presentación de Marcó del Pont, Heller explicó: “Hemos trabajado sobre estimaciones porque no tenemos acceso a la información de la AFIP, que tiene una confidencialidad que debemos respetar”.
El presidente de la comisión dijo que se hicieron “proyecciones sobre declaraciones de años anteriores”. “Según la información que yo tengo, ni siquiera todavía se han completado las presentaciones de las declaraciones juradas de 2019”, añadió.
Por su parte, Javier Campos (Coalición Cívica) pidió consultarle a Marcó del Pont “cuál es el registro de contribuyentes que han abandonado la residencia fiscal del país desde diciembre del año pasado” y que ahora se verían impactados por la suba en Bienes Personales y, además, por el aporte solidario.
Sin embargo, Heller respondió que la AFIP no estaría en condiciones de brindar esa información. “No creo que ese dato esté disponible”, dijo.
Luego de que se extendiera más de lo previsto el plenario de comisiones donde se trató el proyecto sobre el FGS, Carlo Heller, titular de Presupuesto, decidió pasar a un cuarto intermedio.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), postergó para este miércoles el tratamiento del proyecto del aporte solidario sobre las grandes fortunas.
Heller decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 15, luego de que se extendiera más de lo previsto el debate sobre el proyecto sobre los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en conjunto con la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
En efecto, esa discusión se demoró porque, a las 18.30, el oficialismo pidió un cuarto intermedio de una hora para consensuar con la ANSES una serie de modificaciones al proyecto original, a pedido de la oposición.
Cuando el dictamen terminó de pasarse a la firma eran cerca de las 20.30, por lo que Heller anunció que la comisión volverá a reunirse este miércoles.
El proyecto del impuesto sobre las grandes riquezas busca establecer una contribución, por única vez, sobre los patrimonios de las personas físicas superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota a partir del 2%.
El Gobierno busca recaudar así 300.000 millones de pesos para atender la pandemia del Covid-19, especificando que los fondos serán destinados a equipamiento de salud, asistencia a las pymes, urbanización de barrios populares, equipamiento para producción y envasado de gas natural en YPF, y el relanzamiento del plan Progresar.
Por otra parte, la Comisión de Presupuesto también tratará un proyecto de Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) para que aquellas empresas domiciliadas en paraísos fiscales o con “evasión fiscal probada” tengan prohibido acceder a ayuda estatal en el marco de pandemias, epidemias u otras catástrofes.
Comienza el tratamiento del Régimen de Defensa de los Activos del FGS, el impuesto a las grandes fortunas y un proyecto que prohíbe la asistencia a empresas asentadas en paraísos fiscales.
Arranca este martes el debate de los proyectos económicos de más peso para esta segunda parte del año. Todo previsto para el mismo día de la presentación del proyecto de Presupuesto 2021. Esto es, paralelamente para este “supermartes” en la Comisión de Presupuesto y Hacienda está previsto a partir de las 15 el inicio de la discusión sobre el proyecto de ley presentado el 20 de agosto pasado, por el cual se crea un Régimen de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA. Para ello, ha sido incorporado al debate también la Comisión de Previsión y Seguridad Social que encabeza el entrerriano Marcelo Casaretto.
Está previsto para este debate que será de manera remota la participación de funcionarios de la ANSeS.
Luego continuará la reunión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, donde se iniciará el esperado debate del proyecto de ley que aplica un impuesto sobre las grandes fortunas, que lleva las firmas del citado Heller, Máximo Kirchner, Lucía Corpacci, Alicia Aparicio, Fernanda Vallejos, José Luis Gioja, Juan Carlos Alderete, Ariel Rauschenberger, Elda Pertile, Hugo Yasky, Itai Hagman, Leonardo Grosso, Gabriela Cerruti, Martín Soria y Marcelo Casaretto. Pero además se agregó al temario el debate sobre una ley que prohíbe la ayuda económica a empresa domiciliadas en paraísos fiscales, o aquellas con probada evasión fiscal, que impulsa el cordobés Pablo Carro.
En el caso del proyecto de aporte solidario y extraordinario, el gravamen alcanza a unas 12 mil personas, y correrá también para los argentinos que residan en el exterior y se encuentren en “países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
De acuerdo con la iniciativa, la alícuota será del 2% y se irá incrementando a medida que el patrimonio declarado sea mayor. También, para los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.
Según estima el oficialismo, con la medida se podría recaudar una suma de 300 millones de pesos, que serán destinados en: un 20% para la compra de insumos y equipamiento de salud para atender la pandemia; un 20% para apoyo a las PyMEs mediante subsidios y créditos; y un 15% para urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos.
Otro 25% restante se utilizará para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural; y un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar, dirigido a jóvenes estudiantes.
En cuanto al proyecto de “Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, la iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior.
Así, se busca “transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas” y así “quitarle esa responsabilidad” al FGS.
En tanto, el FGS asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia de Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.
Entre otros puntos, se establece un plazo de 90 días para negociar los préstamos a las provincias, con un monto que tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación, y que el plazo será de ocho meses. Además, se indica que el capital se cancelará íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán a un 1% anual y se calculará sobre el capital, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados tratará la iniciativa a partir de las 15. Además, asistirán funcionarios de la ANSES para exponer sobre el proyecto que busca defender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El próximo martes 15 de septiembre, fecha en la que justamente vence el plazo legal para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2021, comenzará el debate de la iniciativa que propone la creación de un aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, impulsado por el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el porteño Carlos Heller -quien trabajó en la redacción de ese texto-, se reunirá desde las 15. Además, el temario incluye el proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para el cual asistirán a explicar funcionarios de la ANSeS.
El proyecto de aporte solidario y extraordinario tiene por objetivo "ayudar a morigerar los efectos de la pandemia" y se trata de una contribución por única vez para quienes posean una riqueza declarada -al 31 de diciembre de 2019- superior a los 200 millones de pesos.
Se estima que alcanzará alrededor de 12 mil personas. Y correrá también para los argentinos que residan en el exterior y se encuentren en "países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias".
De acuerdo a la iniciativa, la alícuota será del 2% y se irá incrementando a medida que el patrimonio declarado sea mayor. También, para los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.
Según estima el oficialismo, con la medida se podría recaudar una suma de 300 millones de pesos, que serán destinados en: un 20% para la compra de insumos y equipamiento de salud para atender la pandemia; un 20% para apoyo a las PyMEs mediante subsidios y créditos; y un 15% para urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos.
Otro 25% restante se utilizará para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural; y un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar, dirigido a jóvenes estudiantes.
El otro punto del temario es el proyecto de "Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino", enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 19 de agosto pasado.
La iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior.
Así, se busca "transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas" y así "quitarle esa responsabilidad" al FGS.
En tanto, el FGS asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia de Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.
Entre otros puntos, se establece un plazo de 90 días para negociar los préstamos a las provincias, con un monto que tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación, y que el plazo será de ocho meses. Además, se indica que el capital se cancelará íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán a un 1% anual y se calculará sobre el capital, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central.
Por Elda Pértile. La diputada del FdT por Chaco explica la necesidad de avanzar con un aporte solidario de los sectores más ricos a fin de afrontar las consecuencias de la pandemia.
Es un momento donde se necesita solidaridad social y desterrar los egoísmos personales. Nosotros desde hace ocho meses en el marco de nuestras posibilidades lo hicimos; hemos congelado nuestras dietas y los montos de pasajes, subsidios, becas y otras economías del presupuesto de la Cámara de Diputados se destinan a la salud pública.
Las personas que tuvieron resultados exitosos en sus negocios en el territorio de nuestro querido país y en cuyo camino muchas contribuyeron a su éxito empresarial, son llamadas a la solidaridad.
Nada se hace solo y se necesita del trabajo de muchos, no se quita mérito a su esfuerzo y sacrificio personal ni a la sabiduría aplicada para sus logros obtenidos, pero hoy estamos atravesando una situación crítica económica, social y de salud incomparable e inigualable a través de los tiempos.
Todos los gobiernos en sus distintas jurisdicciones tanto nacional, provincial o municipal hacen frente con la incertidumbre de lo desconocido en esta pandemia tratando de abordar las consecuencias que todos conocemos.
El análisis de este aporte no puede circunscribirse a si es o no un impuesto confiscatorio porque no es un impuesto.
El aporte extraordinario obligatorio y por única vez sobre el patrimonio alcanza aquellos cuyas declaraciones juradas al 31 de diciembre de 2019 superan 200 millones de pesos y de manera progresiva en una escala razonable.
Esta realidad descolocó al mundo entero y caminos semejantes al de este aporte se transitan en México, España, Chile, Estados Unidos, Dinamarca, Italia en búsqueda de una salida parecida para obtener ayudas.
Hoy el Estado Nacional lleva 960.000 millones en gastos atendiendo los efectos de la pandemia y son insuficientes para las necesidades que afloraron.
Excedió la posibilidad de lo que el Estado administra y recauda normalmente, por eso, se acude a un requerimiento de solidaridad en el seno propio pueblo.
Se ha explicado con suma claridad los fines específicos que tendrá la suma extraordinaria a obtenerse y será para atender:
El análisis de este aporte no puede circunscribirse a si es o no un impuesto confiscatorio -discusión que no cabe - porque no es un impuesto, es un aporte obligatorio y por única vez.
Tampoco frenaría el desarrollo y crecimiento de la clase media Argentina, ya que justamente es la clase media y los sectores vulnerables los más afectados y a atender junto a los demás que también se consideran.
La economía no se deprimiría por este aporte, la economía está afectada por la pandemia.
Todos alguna vez tenemos en nuestras vidas la posibilidad de hacer algo por la sociedad en la que vivimos y devolver algo de lo tanto que recibimos, a veces no es en dinero sino en oportunidades de desarrollarnos y crecer como personas, como profesionales, en nuestros oficios o en nuestras familias.
Hoy lo que se pide es un acompañamiento extraordinario para una circunstancia extraordinaria, que supera a toda la humanidad y en la que nosotros argentinos y argentinas no escapamos.
Todas nuestras vidas están expuestas, bien lo dicen las autoridades y en particular nuestro presidente: “De esta pandemia saldremos adelante todos juntos”, por lo que las soluciones deben estar en manos de las autoridades más el pueblo.
El llamado es a quienes hoy pueden contribuir y ayudar más, en un compromiso humanitario para un escenario que involucra absolutamente a todo el pueblo argentino.
*Diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Chaco
El diputado nacional del Frente de Todos cuestionó las críticas a favor de “un pequeño sector tan poderoso”.
Economista y diputado del Frente de Todos, Itai Hagman explicó los alcances del proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas que será debatido en el Congreso de la Nación.
El legislador dijo que “lo que hemos hecho en este proyecto es buscar cómo recaudar una cantidad importante de dinero para que el Estado pueda seguir financiando políticas de asistencia en la pandemia con un aporte de la menor cantidad de gente”, y añadió que “establece entonces que este aporte alcanza a aquellos que tienen declarados ingresos por más de $200 millones y son cerca de 12 mil personas”.
“En situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Reino Unido, Rusia, España y en Estados Unidos hay un movimiento de los millonarios pidiendo pagar más impuestos. Siendo un país donde los ricos pagan pocos impuestos me parece importante que hagan este aporte”, aseguró en declaraciones al programa “La Mecha”, de Radio Provincia.
Para finalizar cuestionó las críticas de ciertos sectores y advirtió que “hasta hace unos días pensaba que lo iban a votar todos los bloques. Me parecía difícil que alguno se pusiera a defender a un pequeño sector tan poderoso y me sorprende escuchar ahora cierta oposición”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda estimó que habrá una reunión informativa sobre el proyecto y otra para dictaminar esta misma semana.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, aseguró que el Frente de Todos buscará "ir lo más rápido posible" con el proyecto de ley de aporte solidario extraordinario y "avanzar esta misma semana en comisión".
El oficialista estimó que habrá una reunión informativa y otra para dictaminar la iniciativa, presentada el viernes pasado. "La idea es impulsarlo rápidamente, pero hay que compatibilizarlo con el conjunto de las prioridades", señaló en diálogo con AM 990.
El legislador defendió que el proyecto "está orientado a encontrar la ecuación óptima entre la menor cantidad de gente alcanzada y el mayor potencial de ingresos posible".
Heller, quien trabajó en la iniciativa a pedido del jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, explicó que la iniciativa "toma un punto de partida de 200 millones de pesos como bienes declarados al 31 de diciembre de 2019 por cada una de las personas humanas que resulten alcanzadas por este aporte extraordinario".
Asimismo, el titular de la Comisión de Presupuesto precisó que el proyecto establece que "aquella porción de bienes que esas personas humanas tengan declarados en el exterior tiene un recargo del 50 por ciento" y aclaró que si la persona repatría el 30 por ciento de sus tenencias financieras "en el exterior, el diferencial desaparece y paga por todo como si tuviera todo en el país".
"No tenemos nombres y apellidos, ni datos actuales. Se ha construido sobre la última base de datos conocida que es de diciembre de 2018. Suponemos que durante 2109 no varió demasiado la cantidad de millonarios", añadió.
Lo aseguró al sostener que no se trata de un impuesto. Criticó a quienes resisten la reforma judicial: “Quieren que la Justicia siga como hasta ahora”.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, negó que el proyecto presentado por el Frente de Todos el viernes pasado en la Cámara de Diputados, denominado Aporte Solidario y Extraordinario, sea un impuesto: “Es una contribución”, afirmó.
En ese sentido, el mandatario sostuvo que “la responsabilidad y el compromiso social debería obligar a ciertos sectores a entender que hace falta contribuir” en circunstancias como las que estamos viviendo, con pandemia.
Entrevistado en el programa “Sobredosis de TV”, de C5N, Fernández puso a otros países como ejemplo, donde se aplicó ese mismo gravamen. “En Alemania y en otros países -citó-, pero ellos tienen empresarios más solidarios que en Argentina. Acá afecta a 12 mil personas sobre un total de 44 millones”.
Asimismo aclaró que ese aporte “tiene fines muy específicos” establecidos en el mismo texto de la norma. “No es que el Estado va a hacer lo que quiere”, enfatizó.
Con relación a la reforma judicial, Fernández reiteró que quienes se oponen al proyecto aprobado en el Senado “quieren que en la Justicia todo siga como hasta ahora”. El presidente sostuvo que no se pretende con esa reforma “perseguir opositores, como hicieron otros cuando fueron gobierno”.
“Nosotros no vamos a utilizar este proyecto para perseguir a los opositores. Esa es la mejor garantía que pueden tener, no les vamos a hacer a ellos lo que nos hicieron a nosotros”, sostuvo.
“No es sacar o poner jueces”, afirmó el presidente y tildó de “cínicos” a quienes criticaron la iniciativa afirmando que “hubo políticos y medios de comunicación que se sirvieron de los jueces y de los servicios de inteligencia”. Y agregó: “Hay sectores que en realidad se oponen porque quieren seguir direccionando a los jueces”.
En otro pasaje cuestionó las marchas opositoras. “En la pandemia no se critica con manifestaciones, prefiero que salgan a los balcones y golpeen las cacerolas”, dijo, criticando de paso al expresidente Mauricio Macri: “No me parece feliz que un presidente celebre la salida a la calle de la gente en plena pandemia”.
“Cada vez que hubo una marcha, quince días más tarde crecieron los contagios”, aseguró.
El diputado nacional del Frente de Todos sostuvo que el proyecto presentado el viernes se aprobará en un “momento justo porque hace mucha falta”.
El diputado nacional por el Frente de Todos Hugo Yasky brindó detalles del articulado del proyecto de ley de “contribución extraordinaria a las grandes fortunas”,
El legislador indicó que “se va a aplicar para aquellos que posean declaraciones de bienes por más de $200 millones” y agregó que “está previsto que las personas físicas que tengan bienes declarados en el exterior pagarán un 50% más de lo que correspondería”.
En declaraciones a “Con Quién Hay que Hablar” por Radio Provincia, Yasky aseguró que el tratamiento positivo de este proyecto generaría un punto porcentual del PBI para Argentina y que “eso es muy importante para la pospandemia”.
En ese sentido, indicó que “hace tres meses que estamos discutiendo este tema públicamente, en este tiempo no conocí ni un solo poseedor de esas fortunas que son grandes empresarios, otros grandes banqueros, otros son ex presidentes como Mauricio Macri, que hayan levantado la mano para decir yo acompaño”.
Yasky detalló que la aprobación de este proyecto de Aporte Solidario Extraordinario “tiene asignación específica: 20% a equipamiento médicos; 5% a subsidios para micros y medianas empresa; 20% para programas educativos; 15% para que los habitantes de barrios populares se puedan agregar a programas de trabajo y 20% para un programa para exploración y producción de gas natural”.
En otro aspecto, afirmó que “las encuestas de opinión no bajan del 70 por ciento de aquellos que creen que los millonarios tienen que hacer este aporte por única vez”.
Por último, Yasky sostuvo que “en un mes se dará el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y será un momento justo porque hace mucha falta. Cuando empecemos a dejar atrás la pandemia hay que reactivar la economía y ahí va a ser clave el proyecto aprobado”.
Desde ambos bloques legislativos del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires manifestaron apoyo al proyecto de Ley que propone el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas.
Luego de la presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley que propone el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, desde ambos bloques legislativos del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires manifestaron su enfático respaldo.
"La crisis económica que se ha desatado a nivel mundial como consecuencia de la pandemia de Covid-19 requiere respuestas concretas con el objetivo de paliar los efectos de la misma sobre el pueblo argentino", comenzaron describiendo los legisladores bonaerenses.
Y puntualizaron que el proyecto, presentado por el bloque de diputados nacionales del FdT establece "un aporte por única vez que afecta sólo a las personas humanas que posean un patrimonio declarado superior a los $200 millones, lo que en la práctica involucra a 12.000 individuos que detentan las fortunas más grandes del país".
“En ese sentido, el proyecto presentado se enmarca en el contracto electoral que desde el FdT firmamos con la ciudadanía el pasado 27 de octubre de 2019”, manifestaron los legisladores del oficialismo y agregaron que “en efecto, a lo largo de la campaña nos comprometimos a volver a poner a la Argentina de pie entre todos y todas, pero siempre fuimos claros al expresar que necesitábamos un mayor compromiso y esfuerzo por parte de aquellos y aquellas que más tienen”.
“Ocurre que, a los impactos negativos de la pandemia, los argentinos y las argentinas debemos añadir las demoledoras consecuencias del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, que en apenas cuatro años causó un daño sin precedentes sobre la economía nacional”, continuaron.
“Ante ese escenario, somos conscientes de que no podemos pedirles más esfuerzos a los sectores postergados durante la administración macrista”, adviertieron y sostuvieron que “por lo tanto, el Aporte Solidario y Extraordinario se basa en un estricto principio de solidaridad entre argentinos, a partir del cual, aquellos que están en una posición claramente privilegiada colaboran con los y las compatriotas que menos tienen”.
“Con este proyecto, se estima recaudar aproximadamente $300.000 millones, que se destinarán a: comprar equipamiento de salud; apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos; terminar con los asentamientos y urbanizar los barrios populares; hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural; y relanzar el plan PROGRESAR para que los y las jóvenes puedan seguir estudiando”, según precisaron.
Para los diputados y senadores del oficialismo en el principal distrito de la república “la reconstrucción del país una vez que haya finalizado la pandemia será un proceso muy arduo, que requerirá de mucho trabajo y colaboración por parte de todos y todas”.
“Para eso, entendemos que -en consonancia con el modo en que los costos de la pandemia se están afrontando en todo el mundo- el Estado debe actuar generando y consolidando los equilibrios necesarios, con el fin de asegurar que las cargas y las responsabilidades se distribuyan de manera justa y equitativa”, agregaron en la comunicación conjunta.
Y concluyeron “ese es el objetivo. No se trata de una medida contra nadie, sino de la cooperación y la solidaridad entre todos y todas”.
Así justificó Máximo Kirchner el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario. A los que harán este aporte no les cambiará la vida, garantizó Carlos Heller.
“Este aporte extraordinario es una herramienta para acompañar al Gobierno nacional, en consonancia con todas las medidas que se vienen tomando para que la Argentina pueda salir adelante”, sostuvo este viernes el jefe del bloque Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner, a poco de que fuera presentado el proyecto de ley que lleva el nombre de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.
El hijo de los Kirchner explicó que “la idea fundamental del proyecto es traer equilibrio en una sociedad que se fue desequilibrando durante los últimos cuatro años a través de beneficios que el anterior gobierno les fue dando a los que más tienen, y nunca sirvieron al conjunto de la gente”. Y de cara al futuro, anticipó que “será la plataforma para que podamos discutir una reforma tributaria que la sociedad argentina claramente necesita”.
Por otra parte aclaró que “el proyecto no es en contra de ningún argentino ni ninguna argentina, si no a favor del conjunto. Es una buena oportunidad para estar todos juntos en pos de la transformación de la Argentina que necesitamos para salir adelante. Que sea un mensaje claro de la dirigencia política argentina para poder sacar adelante al país”.
Por su parte, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, sostuvo que “Argentina tiene un sistema tributario regresivo. Pesan más los impuestos en beneficios sociales y salarios que en dividendos. Tenemos que construir un sistema progresivo. El esfuerzo debe tener relación con el ingreso. El que menos puede es el que menos paga. El que más puede más paga”.
A su vez, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, señaló que el proyecto “se trata de un aporte solidario extraordinario que alcanza a personas humanas, de patrimonios elevados, por única vez y con fines específicos”.
“Será destinado a la compra de insumos, medicamentos y vacunas para atender los problemas sanitarios vinculados a la pandemia; al apoyo a las PyMEs y a sostener el empleo; al fortalecimiento del programa de becas para contribuir al desarrollo educativo y académico; a la mejora de las condiciones de hábitat y de vida de los habitantes de barrios populares; a inversiones para mejorar la producción en el país de gas natural”, apuntó el legislador del Frente de Todos.
Agregó Heller que “a los que van a hacer este aporte no les va a cambiar la vida, pero a los que reciban sus beneficios la vida les va a ser un poco mejor”, y apuntó además que “el aporte será realizado por un grupo reducido de personas que tienen la mayor capacidad de contribución”.
“En un momento en el que las demandas de recursos del Estado están en un punto muy alto y los ingresos del Estado están en un punto muy bajo como consecuencia de la pandemia, el aporte extraordinario y solidario viene a revertir esa tendencia al generar nuevos ingresos”, concluyó.
El Aporte Solidario Extraordinario será por única vez, alcanzará a alrededor de 12.000 personas y se estima que permitiría recaudar unos 300 mil millones de pesos.
Finalmente se presentó este viernes en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario, una iniciativa del presidente del bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner y el diputado Carlos Heller.
Se trata de un aporte que harán por única vez quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos y que alcanza a alrededor 12.000 personas.
Se trata de un aporte “por única vez” que va a alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial y consistirá en una alícuota del 2%, que se incrementa a medida de que el patrimonio es mayor.
Alrededor de la mitad de las doce mil personas alcanzadas por este aporte tienen entre 200 y 400 millones de pesos, informaron fuentes parlamentarias, que precisaron que la mayor tasa alcanza a menos de 300 personas.
El proyecto detalla que para los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.
APORTE-SOLIDARIO-Y-EXTRAORDINARIO¿Cuál es la suma estimada para recaudar? Aproximadamente 300.000 millones de pesos, que serán destinados a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, como así también urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos de cada barrio.
También se utilizará lo recaudado para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural, y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que los jóvenes puedan seguir estudiando.
Cabe recordar que este proyecto trascendió en marzo pasado, en el marco de una entrevista que el periodista Horacio Verbitsky le hizo al presidente de la Nación, para su blog El Cohete a la Luna, en la que se anticipó que el proyecto sería presentado al día siguiente por parte del jefe del bloque Juntos por el Cambio, Máximo Kirchner. La elaboración del proyecto quedó en manos del diputado Carlos Heller, y su presentación se fue postergando.
Se estima que el gravamen es clave para la reconstrucción de la economía en el post pandemia. En rigor, la pandemia de coronavirus no hizo más que agravar una situación económica que ya venía muy complicada a partir de la herencia dejada por la administración de Cambiemos. Voceros del oficialismo advierten que la gestión anterior dejó “ocho trimestres de caída interanual del PBI de 3,4% en promedio, incluido el primer trimestre de este año”.
Para comparar, aseguran que entre 2005 y 2015 el promedio de ese valor fue positivo de 3,82%.
El consumo privado también tuvo ocho caídas trimestrales significativas desde el segundo trimestre de 2018, que promediaron 5,7%; en el caso de la inversión, la caída fue de 14% en el promedio de esos ocho trimestres.
El cuadro se completa, según los economistas del oficialismo, con el dato de que la caída del producto anual fue en 2019, comparando con el 2015, de 4%; del consumo privado 5,6% y de la inversión de la economía, 15,65%.
Las fuentes consultadas afirman que en los cuatro años de gestión de Macri se dejaron de cobrar impuestos a personas y a empresas de mayores patrimonios por el equivalente acumulado de 7 puntos del PBI. Este aporte, afirman, “permitirá recuperar más de uno de esos 7 puntos para financiar la recuperación de la economía”.
Con las previsiones del mes de agosto, los gastos e inversiones que tendrá que realizar el Estado nacional para atender las consecuencias de la pandemia suman $870.000 millones. Las fuentes ejemplificaron diciendo que esa suma equivale al equipamiento de salud, los hospitales modulares, el IFE, el ATP, los bonos a las personas jubiladas, la asistencia financiera a las provincias, la asistencia financiera al PAMI y el refuerzo de los planes alimentarios.