La iniciativa es del diputado Pablo Carro y es temporario. Busca mitigar el impacto del endeudamiento con el Fondo Monetario.
El diputado nacional Pablo Carro (Frente de Todos – Córdoba) presentó este martes un proyecto de ley de Aporte Solidario y Temporario para mitigar el Impacto del Endeudamiento con el FMI. Tal es la denominación de una iniciativa que tiene una decena de artículos prevé que sea abonado por las personas más ricas de la Argentina por el término de diez años.
En efecto, el legislador cordobés puntualizó al anunciar su proyecto que este aporte deberá ser pagado por 10 años las personas más ricas del país con el objetivo de aminorar la deuda con el FMI.
Esto es, sería pagado por aquellos argentinos que poseen las mayores fortunas, con patrimonios declarados superiores a 320 millones de pesos.
El dipusindical considera necesario este aporte por la necesidad de “garantizar que el peso del endeudamiento no recaiga -otra vez- sobre las y los trabajadores, sobre las y los jubilados”.
“Necesitamos que los sectores más pudientes de la Argentina sostengan un segmento de los esquemas de financiamiento público para recuperar el tejido productivo y de seguridad social en la Nación y en las provincias argentinas”, agregó Carro.
Sostiene el diputado del Frente de Todos que la solidaridad debe ser “la regla”. Y agrega: “Los que más tienen deben hacer un esfuerzo para paliar los efectos de una deuda que no tiene precedentes”.
Acompañan el proyecto los diputados María Rosa Martínez y Hugo Yasky.
El aporte alcanza a aquellos argentinos residentes en el exterior.
El producido de lo recaudado por el aporte establecido en esta ley se distribuirá de acuerdo con la Ley de Coparticipación Federal de impuestos.
Cabe recordar que Pablo Carro se abstuvo en la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el viernes pasado.
LEY-DE-APORTE-SOLIDARIO-Pablo-CarroUn proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial busca que las personas alcanzadas por la Ley Nacional 27.605 y sean proveedores del Estado provincial cumplan con el pago del Aporte Solidario.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial busca que las personas alcanzadas por la Ley Nacional 27.605 y sean proveedores del Estado provincial cumplan con el pago del Aporte Solidario. Así, el diputado provincial del Frente de Todos César Valicenti pretende excluir del registro de proveedores del Estado provincial a las personas físicas y las empresas que tengan como titulares a personas que no cumplieron con el pago del Aporte Extraordinario de las grandes fortunas sancionado por el Congreso de la Nación y reglamentado desde el 1 de febrero de este año.
Al mismo tiempo, la iniciativa “busca promover” que las personas alcanzadas por la Ley Nacional 27.605 y sean proveedores del Estado Provincial cumplan con el pago del Aporte Solidario.
A través de este proyecto, se plantea limitar la contratación por parte de la Provincia de Buenos Aires con las empresas proveedoras actuales y futuras, cuyos titulares, socios, accionistas, gerentes, miembros del directorio y representantes no hayan registrado el pago del aporte de las grandes fortunas.
En ese sentido, el diputado César Valicenti remarcó que “esta iniciativa es una medida ejemplificadora que busca priorizar a los empresarios que cumplieron con el aporte solidario y que frente a la situación de emergencia producto de la pandemia Covid-19 decidieron colaborar para morigerar los efectos de la crisis sanitaria que vivimos los argentinos y argentinas”.
“Es imprescindible contar con mecanismos y herramientas que concienticen sobre el pago del Aporte Solidario y Extraordinario a quienes obtienen su rentabilidad como producto de una relación comercial con la Provincia y que ante esa relación no se puede omitir la responsabilidad social en el pago de este aporte”, consideró el legislador provincial.
Cabe remarcar que el proyecto de ley plantea que la falta de acreditación del pago del Aporte Extraordinario tendrá como consecuencia la finalización del contrato sin posibilidad de prórroga o renovación para las empresas que sean proveedoras del Estado provincial, como así también limitará la inscripción a futuros proveedores.
Además, se invita a los Municipios a adherir a la iniciativa para reproducir el proyecto de ley en los distritos de la Provincia de Buenos Aires.
La legisladora del Frente de Todos celebró que el 80% del universo total de contribuyentes alcanzados por el Aporte hayan contribuido. También abogó por una reforma integral de la estructura tributaria cuyo pilar sea volver más progresivo y eficiente el impuesto a los Bienes Personales.
La diputada nacional Fernanda Vallejos destacó los niveles de recaudación por el pago del Aporte Extraordinario, ley en la que participó en su elaboración y discusión parlamentaria, y que el Congreso aprobó en diciembre de 2020 para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19. Además, llamó a trabajar en una reforma de la estructura tributaria cuyo eje sea mejorar la progresividad del impuesto a los Bienes Personales.
“Esta iniciativa (por el Aporte), fuertemente apoyada por nuestro pueblo, que hoy nos coloca como ejemplo en muchos países, marca, sin dudas, el camino que debemos profundizar. Cuando la desigualdad y la pobreza nos hieren como nunca, la concentración del ingreso y la riqueza es inaceptable”, sostuvo la economista.
Hasta el momento, se recaudaron más de $223.000 millones por el pago del Aporte Extraordinario -informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-, con relación a los $300.000 millones que estimó el oficialismo cuando diseñó el aporte. Esto representa alrededor del 80% del universo total de contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones, unas 10.000 personas que cumplieron con sus obligaciones. “Cumplieron con un imperativo moral: el del esfuerzo compartido, donde los que más tienen más deben aportar”, subrayó Vallejos.
Asimismo, para avanzar en la progresividad del sistema impositivo, Vallejos abogó por “trabajar en una reforma de carácter integral sobre nuestra estructura tributaria”, basada en mejorar el impuesto a los Bienes Personales “para hacerlo mucho más progresivo, efectivo y eficiente”.
En este sentido, remarcó que resulta necesario que aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva, sean quienes hagan el mayor aporte impositivo. “Es algo que nuestra estructura impositiva lamentablemente en general no refleja porque es muy regresiva a pesar de las mejoras realizadas desde diciembre de 2019”, señaló.
Por último, advirtió que son los sectores más concentrados los que más evaden impuestos, a pesar de su mayor capacidad patrimonial. “Mientras los más vulnerables pagan los impuestos más regresivos, como el IVA, los sectores de mayor capacidad contributiva, los más ricos, las corporaciones más grandes que han tenido mayores ganancias aun en pandemia, son los que componen el universo de evasores y elusores impositivos. Este es un tema primordial sobre el que hay que trabajar con mucha fuerza”, concluyó la diputada.
A través de Twitter, Vallejos señaló sobre la recaudación del Aporte Extraordinario que “ayer conocimos la información actualizada respecto de la recaudación por el #AporteExtraordinario. Los datos son realmente alentadores: se recaudaron, hasta hoy, más de $223.000 millones. Nada mal, en relación con los $300.000 millones que estimamos cuando diseñamos el aporte”.
“Alrededor del 80% del universo total de contribuyentes (con patrimonios superiores a los $200 millones), unas 10.000 personas, cumplieron con sus obligaciones. Pero también cumplieron con un imperativo moral: el del esfuerzo compartido, donde los que más tienen más deben aportar”, precisó Vallejos, para quien “esta iniciativa, fuertemente apoyada por nuestro pueblo, que hoy nos coloca como ejemplo en muchos países, marca, sin dudas, el camino que debemos profundizar. Cuando la desigualdad y la pobreza nos hieren como nunca, la concentración del ingreso y la riqueza es inaceptable”.
En declaraciones a Radio Nacional Córdoba, la diputada kirchnerista señaló además que “tenemos que pensar y trabajar, en el marco de una reforma de carácter integral sobre nuestra estructura tributaria, en cómo se mejora el impuesto a los Bienes Personales, para hacerlo mucho más progresivo, efectivo y eficiente”.
“Mientras los más vulnerables pagan los impuestos más regresivos, como el IVA, los sectores de mayor capacidad contributiva, los más ricos, las corporaciones más grandes que han tenido ganancias mayores aun en pandemia son los que componen el universo de evasores y elusores impositivos. Este es un tema primordial sobre el que hay que trabajar con mayor fuerza”, destacó la presidenta de la Comisión de Finanzas.
Por otra parte, la legisladora kirchnerista concluyó: “Que realmente aquellos que tienen la mayor capacidad contributiva sean los que hacen el mayor aporte. Algo que nuestra estructura impositiva en general no refleja lamentablemente porque es muy regresiva a pesar de las mejoras realizadas entre diciembre de 2019 y hoy”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto advirtió que hubo quienes trabajaron para el fracaso de esa ley, pero destacó que “los datos son muy buenos”.
“Se trabajó mucho desde ciertos sectores para que esto fracasara y sin embargo los datos son muy buenos”, sostuvo este lunes el diputado Carlos Heller luego de que se conociera que el Aporte solidario y extraordinario generó ingresos por más de 223.000 millones de pesos. Solo un grupo minoritario se presentó ante la Justicia para no cumplir con la ley, precisó.
“La gran mayoría va a pagar, me cansé de decirlo durante el debate parlamentario donde uno de los argumentos usado por legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio era que esto no lo iba a pagar nadie y que iba a ser un gran negocio para los abogados por la gran judicialización que iba a generar”, manifestó el legislador del Frente de Todos en la AM990.
Según la información dada a conocer por la AFIP, los datos preliminares muestran que 10.000 personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas por la ley.
“Que hayan ya pagado el 80% del universo potencial de contribuyentes es un buen dato sobre todo porque como recordaremos esto tiene destinos de gran importancia en medio de la pandemia”, indicó Carlos Heller.
En relación a las fiscalizaciones integrales sobre un conjunto de contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones que no presentaron sus declaraciones juradas al momento, el diputado destacó que “la ley faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos para ello, fue algo previsto en la norma”.
“Es una muy buena noticia que estos ingresos ya se encuentren en las arcas públicas y que sean específicamente distribuido de acuerdo a los porcentajes fijados por ley a los destinos que tenían estos recursos en un contexto como el actual. Tiene un gran valor y sentido de la oportunidad”, agregó Heller.
Recordemos que el Congreso estableció que los recursos extraordinarios serán destinados en un 20% a financiar la política sanitaria, igual porcentaje a subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo, un 20% se inyectará en las becas Progresar, un 15% para mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares y un 25% será destinado al apuntalamiento de la inversión energética.
“Mas allá de la coautoría del proyecto, se trata de una construcción colectiva”, manifestó Carlos Heller; quien valoró además, el hecho de que el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, “pidió que lo trabaje desde el primer día y me dio ese mandato de llevar adelante el proyecto hasta que diputados le dio media sanción y hoy se refleja el valor de la iniciativa en estos resultados”.
La normativa establece que los sujetos alcanzados por el Aporte deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.
La AFIP reglamentó el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia. El organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont estableció la normativa relativa a la presentación de la declaración jurada, ingreso del aporte y otros aspectos establecidos en la Ley 27.605 y su Decreto Reglamentario N° 42/2021.
Marcó del Pont firmó este viernes la Resolución General con las definiciones sobre el Aporte Solidario y Extraordinario que será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días. La normativa de la AFIP establece que los sujetos alcanzados por el Aporte deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.
El Aporte alcanza a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones de pesos. La fecha a considerar para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, es decir el 18/12/2020.
El decreto reglamentario instruye a la AFIP a instrumentar regímenes de información para detectar maniobras tendientes a eludir el pago del Aporte a través de variaciones patrimoniales.
Con ese fin, el organismo encabezado por Marcó del Pont incorpora un Régimen Informativo a fin de detectar supuestos de variaciones patrimoniales ocurridos durante los 180 (ciento ochenta) días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, que hicieran presumir operaciones que configuren un ardid evasivo o destinado a eludir el pago del Aporte Solidario y Extraordinario.
Los sujetos alcanzados y, en su caso, los responsables sustitutos deben presentar una declaración jurada informativa en la que incluirán los bienes de los que eran titulares al 20 de marzo de 2020.
La Resolución General dispone que el régimen de información también deberá ser cumplido por sujetos no alcanzados por el Aporte cuyos bienes, valuados al 31 de diciembre de 2019, alcanzaban una suma igual o superior a $130 millones, y por aquellos cuyos bienes valuados al 31 de diciembre de 2018 alcanzaban una suma igual o superior a $ 80 millones. En estos casos, deberán declarar los bienes de su titularidad al 20 de marzo de 2020 y al 18 de diciembre de 2020.
El plazo para presentar las declaraciones juradas informativas será entre el 22 de marzo y el 30 de abril de 2021, inclusive.
La normativa también detalla los términos y condiciones para la repatriación del 30% de los activos financieros situados en el exterior, que permite a quienes lo hagan aplicar el método de cálculo del Aporte correspondiente a aquellos que sólo poseen bienes en el país. La AFIP contempló la obligación de los sujetos que realicen dicha repatriación de confeccionar un informe especial extendido por contador público independiente matriculado, con su firma certificada por el consejo profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de la totalidad de los activos financieros situados en el exterior.
La ley estipula que la asignación de los fondos recaudados por el Aporte se realizará de la siguiente manera:
● Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
● Un 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
● Un 20% destinado al programa integral de becas Progresar, para reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.
● Un 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares.
● Un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
La presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados sostuvo que “representa un acto de reparación” y “un sendero a transitar si queremos construir un país más justo”.
Tras la reglamentación del Aporte Solidario y Extraordinario que hizo el gobierno a través del Decreto 42/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la diputada Fernanda Vallejos destacó la medida porque “representa un acto de reparación que señala un sendero a transitar si queremos construir un país más justo”.
La ley 27605 se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre y se promulgó el 18 de ese mes. Establece un aporte por única vez que parte de una tasa del 2% para los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos.
Luego, la tasa sube de acuerdo al rango de fortuna declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75% para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones. El aporte se eleva hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones.
Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%. Así, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes.
Esos fondos serán destinados a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia (20%), apoyar a las PyMEs (20%), urbanizar barrios populares (15%), invertir en la producción de gas natural (25%) y relanzar el Progresar para los jóvenes (20%).
“Para un país en el que, en 4 años de macrismo y un 2020 de pandemia, la desigualdad ha avanzado de manera obscena, el aporte extraordinario de las grandes fortunas es, sin dudas, una bocanada de aire fresco”, señaló la diputada Vallejos a la agencia Télam.
Para la legisladora kirchnerista, “es cierto que no resuelve las raíces profundas de la desigualdad, que exige respuestas estructurales y sostenidas, pero este aporte de las 12.000 personas más ricas de la Argentina representa un acto de reparación que señala un sendero a transitar si queremos construir un país más justo, un país donde el contraste entre la riqueza de unos pocos y la pobreza de millones deje de ser el paisaje habitual, abriendo paso a una Argentina donde el fruto del esfuerzo de los 45 millones de argentinos y argentinas, sea disfrutado por todos y no concentrado en las manos de muy pocos”.
“Entonces, no sólo seremos un país más justo, sino una economía con mejores condiciones para sostener el consumo popular y la inversión privada, una economía con mejores condiciones para sustentar el crecimiento, limitado por una fuga de capitales que torna ocioso el ahorro nacional y nos vacía de las divisas que necesitamos”, agregó.
Para Vallejos, “la mayoría del pueblo argentino celebra el aporte extraordinario, porque expresa el anhelo de construir un país más justo y solidario. Es ese el camino que debe recorrer la política argentina”.
Habló de “pandemia de la desigualdad” y advirtió que el 40% de la riqueza alcanzada en este aporte se encuentra en el exterior.
La senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara se refirió al aporte solidario y extraordinario aprobado en la Cámara alta, señalando que “es necesario que la ciudadanía conozca de qué se trata, debido a la ‘mala prensa’ que esta iniciativa ha recibido”. La senadora explicó que “se trata de un aporte y no de un impuesto”.
Agregó que hay que considerar que, históricamente, los Estados han solicitado a los ciudadanos un aporte contributivo adicional ante situaciones excepcionales. En ese sentido señaló que ya lo han hecho Francia y Alemania, se encuentra en discusión en España, Italia, Rusia, Suiza, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador.
Cabe resaltar que se trata de un aporte solidario en el sentido de que recae sobre las más grandes fortunas del país. El proyecto establece que serán alcanzados solamente los patrimonios que superen los $200 millones. La AFIP calcula que el aporte alcanzaría a 11.855 personas. “El aporte lo realizarían menos del 0,03% de los 45 millones de habitantes del país” manifestó Pilatti Vergara.
Uno de los aspectos menos difundidos del proyecto es que el 40% de la riqueza alcanzada se encuentra en el exterior. “Esto demuestra a las claras que el ahorro de las personas no siempre se convierte en potencia productiva para el país. Vale recordar que u$s86.000 millones se fugaron del país durante la presidencia de Macri”, manifestó la senadora chaqueña.
“La ONU llama a ‘encarar la pandemia de la desigualdad’ a la que ven como un verdadero obstáculo al desarrollo y una amenaza a la paz mundial”, advirtió Pilatti Vergara.
Para la legisladora chaqueña, la actual crisis contribuyó a exacerbar la brecha entre ricos y pobres en todo el mundo. Y Argentina no es la excepción. “Al Estado le toca el rol de árbitro, y debe mediar entre estas vulnerabilidades, expuestas por el Covid-19, que afectan a gran parte de la población y la insensibilidad social de unos pocos”, concluyó la senadora y sugirió siempre tener presente la frase de Paul Farmer: “La idea de que algunas vidas importan más que otras, es la raíz de todo lo que está mal en el mundo”.
Tras la sanción del aporte solidario, Alfredo Luenzo advirtió que “muchos de los que están renegando con hacer este aporte de forma personal son los mismos cuyas empresas han recibido el aporte del Estado para el pago de los salarios”.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que “en esta pandemia se puso en evidencia también la necesidad de dar el debate tanto en la Argentina como en el mundo en torno a una distribución más humanista y más equitativa de la riqueza”. Así, el legislador nacional respaldó al proyecto que crea con carácter de emergencia y por única vez un aporte solidario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia y que fue sancionado este viernes por la Cámara alta.
“El fondo de la cuestión claramente es discutir la redistribución de la riqueza en la Argentina”, afirmó a continuación.
Tras la sesión remota, Luenzo afirmó que “no es cierto que es un aporte que se hace a la fuerza como dicen algunos”, e indicó que es “un aporte que se hace en forma extraordinaria en un momento extraordinario como está viviendo la Argentina en base a un corte de carácter técnico que surge de las declaraciones juradas que cada uno ha entregado como persona física en este último año tomando en cuenta a patrimonios superiores a los 200 millones de pesos”.
En ese sentido, señaló que “de acuerdo a los datos que se han trabajado con el equipo de AFIP durante el tratamiento en comisión del proyecto, serán sujetos del aporte alrededor de 12 mil personas que representan al 1,2% del total de los contribuyentes”.
“Además, en base a los números que aportó la Oficina de Presupuesto del Congreso se podría recaudar en torno a los 400 mil millones de pesos, el 1,5% del PBI”, añadió.
Por otro lado, Luenzo lamentó que “muchos de los que están renegando con hacer este aporte de forma personal son los mismos cuyas empresas han recibido el aporte del Estado para el pago de los salarios” y remarcó que “los recursos van a ir a un circuito virtuoso”.
“Porque no es que esto va a financiar el déficit del Estado sino que va a las Pymes, a los sectores que realmente están necesitando de una ayuda extra para dinamizar la economía”, subrayó.
Finalmente, Luenzo sostuvo que “más allá de esta coyuntura, la igualdad es un tema que tenemos que discutir en el mundo”. No puede ser que 26 personas tengan la misma fortuna que 4000 millones de seres humanos. Hay algo que no está bien”, expresó.
Para la senadora rionegrina, se trata de una contribución “por única vez” cuyos fondos tienen fines ya establecidos y prioritarios.
“La solidaridad es el único camino posible en la post-pandemia. Es el remedio que posibilitará curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual”, sostuvo la senadora Silvina García Larraburu tras la aprobación del Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia.
Sobre la iniciativa argumentó: “Es una contribución que se pide por única vez a quienes tienen mayor capacidad tributaria. Son menos de 12 mil personas que representan el 0,02% de la población. El destino de los fondos tiene fines ya establecidos y prioritarios, como es la compra y fabricación de insumos médicos, principalmente vacunas; subsidios a Pymes; el financiamiento del Programa Progresar y el Fondo de Integración Socio Urbana que permitirá mejorar las condiciones de vida en los barrios populares. También lo recaudado posibilitará incrementar la producción de gas natural y que el servicio llegue a los hogares de millones de argentinos”.
La senadora recordó que “el Frente de Todos asumió en plena recesión económica, con un país quebrado, sin Ministerio de Salud, una deuda impagable y un Estado desfinanciado. Entre 2015 y 2019 los ingresos tributarios y de la seguridad social disminuyeron 3,1 puntos porcentuales del PBI, principalmente por la reducción de gravámenes en sectores de altos ingresos, que no se tradujeron en un incremento de la inversión”.
“En estos meses de pandemia el Estado Nacional hizo un enorme esfuerzo a fin de sostener a las familias más vulnerables, la producción y el empleo. El costo fiscal del paquete de ayuda a hogares y empresas representó el 4,9% del PBI; se invirtieron 213 mil millones en el ATP y 264 mil millones en el IFE. Estos programas se financiaron principalmente con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representa el 48% de la recaudación y es el tributo que proporcionalmente más pagan los sectores de bajos ingresos. Por este motivo, el espíritu de la iniciativa es lograr una mejor justicia distributiva”, señaló.
Concluyó: “Les solicitamos a los más ricos un gesto de humanidad, de solidaridad. Tenemos la oportunidad histórica de construir un nuevo pacto social, centrado en el bienestar y la dignidad de todos los hombres y mujeres”.
La senadora kirchnerista atribuyó a la oposición repetir “mitos” para “justificar” que no acompañan una medida que “tiene gran apoyo popular”.
Esta vez no fue José Mayans el que cerró el debate del aporte solidario y extraordinario. La encargada fue en esta oportunidad la vicepresidenta del bloque, Anabel Fernández Sagasti, quien antes de referirse al proyecto habló de la situación que debió sobrellevar su Gobierno, con una pandemia inédita, pero además “tuvo que afrontar esta crisis con una economía devastada, hiperendeudada, con un 55% de inflación, pérdida de empleo, cierre de PyMEs… Estas son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa en el contexto que tratamos este aporte solidario y de emergencia”.
Luego habló de los compromisos asumidos por el Gobierno de Alberto Fernández. En primer lugar, “darle sustentabilidad a la deuda pública que nos dejaron, este desastre de endeudamiento, un verdadero carnaval de endeudamiento que nos dejaron a los argentinos y las argentinas”.
Luego se refirió a la situación sanitaria y los gastos que insumió hacer frente a la crisis generada por el coronavirus, más las ayudas a las empresas. “Tildar al peronismo de antiproductivista… la verdad que es no estudiar la historia”, se quejó. Y por último, “también nos pusimos a trabajar en la vacuna, porque si hay una virtud que tuvo nuestro gobierno fue involucrarnos con todos los países para que tuviéramos prioridad cuando estuviese la vacuna. Y parece que lo hemos logrado y seremos uno de los primeros países del mundo que vamos a vacunar a nuestra población”, señaló.
Respecto del aporte solidario, dijo que “es extraordinario, porque claramente estamos viviendo circunstancias extraordinarias”. Y advirtió que ese aporte alcanza “a 9.300 personas con grandes fortunas, no a las empresas grandes y pequeñas”. De esos 9.300, 2.300 van a pagar 6 millones de pesos cada uno, afirmó.
“La mayoría de esas fortunas se encuentran en depósitos y acciones que están en el exterior -agregó-. Y para los que hablaban del campo, quiero decirles que ninguno va a tener que vender absolutamente nada, porque de esos 9.300 contribuyentes, solamente los campos representan el 2,7% de sus patrimonios”. Señaló en ese sentido que “la verdad que esas fábulas de vender máquinas, campos, propiedades, es una zoncera y una mentira que repiten por el solo hecho de no poder decir por qué no acompañan” la sanción.
Por el contrario, aseguró que ese dinero “va a ir a la producción”, por cuanto se trata de aportes “inmovilizados en el exterior, que van a ir al plan Progresar, al gas… Este aporte plantea que estamos en una situación extraordinaria y los que tienen la mayor capacidad de contribuir, que ayuden a los argentinos y las argentinas”.
“Pedimos que no tengan dobles discursos y planteen por qué no van a acompañar”, reclamó a la oposición.
En otro pasaje se valió de filminas para desmitificar que la reducción de impuestos promueva inversiones. Dijo que durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner -“el carnaval populista”, ironizó-, la totalidad de la inversión fue de 6,61%, mientras que durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019 el porcentaje fue negativo: -3,66.
“Se dice también que somos campeones de la presión fiscal. ¿En qué número está Argentina en el ranking? Uruguay, Brasil, España, Holanda, Suiza, Francia, Dinamarca, tienen mayor presión fiscal”, afirmó, para concluir que el impuesto a Bienes Personales era durante la gestión de CFK 1,3%, y Macri la bajó a 0,7%. “Este es uno de los impuestos más progresistas que hay a nivel mundial”, dijo, aclarando que la baja de impuestos de Cambiemos “no tuvo los efectos que iban a tener”.
“Escuchar todo el tiempo repetir y repetir que la baja de impuestos produce inversiones… la evidencia empírica demuestra que no es solamente repetir para defender intereses que no son los propios”, señaló la senadora mendocina, que agregó: “Si quieren seguir repitiendo estos mitos para justificar que no acompañan este aporte que tiene gran apoyo popular…”, y se preguntó: ¿Cómo es posible que este Congreso no vote por unanimidad que quienes pueden contribuir lo hagan?”.
El tercer mito que quiso desmitificar Fernández Sagasti es que ese fue “un capricho” del presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. “La verdad que eso también es mentira: seis países en Europa y cinco en América latina están analizando” ese tipo de impuestos. “La diferencia en algunos casos es simple -advirtió-. Que en la Argentina el proyecto es del oficialismo. Porque está en nuestra doctrina, nuestra esencia, buscar beneficiar a la inversión y el trabajo de los argentinos y las argentinas”.
Al concluir, la senadora de La Cámpora señaló que “claramente este aporte tiende a que este atesoramiento que tienen 9.300 personas que atesoran afuera, puedan trasladarlo, producir, generar trabajo y ayudar a todos los argentinos. Debemos contribuir a encontrar puntos de conexión entre el aparato productivo y los que más tienen para aportar, y los argentinos que necesitan que les den oportunidades”.
Atribuyó la implementación del aporte solidario a la necesidad del “relato”, pero advirtió que “no alcanza con la mística” y será “un engaño” que terminará complicando.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, cuestionó el manejo de la pandemia por parte del Gobierno. Puntualmente la herramienta utilizada: la cuarentena, “inédita también en el mundo por su prolongación”, criticó. En efecto, sostuvo que “el mayor daño fue la prolongación de la cuarentena, porque el Gobierno se equivocó mal, tampoco escucharon otras voces, pensaron que con el encierro se les solucionaba todo”.
“Y en materia económica los números son alarmantes, golpean desde arriba, en el medio y hacia abajo”, afirmó el senador radical, quien enumeró las consecuencias económicas hablando de “parálisis, cierres de más de 60 mil PyMEs y negocios en la Argentina, caída en el Producto Bruto Interno, por lo tanto la conclusión es que no hay sector productivo o social que no se afectó por las medidas que tomó el Poder Ejecutivo, que se tiene que hacer cargo de la extensión dela cuarentena”.
Para Naidenoff, la respuesta del Gobierno fue siempre advertir que quienes rompieran la cuarentena serían responsables de contagios masivos, y “en vez de eso generaron concursos preventivos masivos”.
“La pandemia golpeó con todo, pero de la cuarentena y su prolongación se tiene que hacer cargo el Gobierno”, aseguró el senador de Juntos por el Cambio.
Se preguntó luego si el aporte solidario es la mejor respuesta. “No, no es la mejor respuesta. Y el propio Gobierno lo sabe”, sostuvo, afirmando que ese proyecto había quedado “en un rincón, se la pasó durmiendo todo el año, porque no le cerraba al equipo económico, no le cerraba al Poder Ejecutivo, no le cerraba cuando hablaban con los sectores productivos, en general generaba mayor incertidumbre y todas las recetas que no son recomendables en este contexto”.
¿Por qué lo presentaron? “El Gobierno tiene un problema y no es menor, porque en este debate hay una enorme carga ideológica. Para un Gobierno que dice representar sectores que se identifican con lo nacional y lo popular, ¿cómo se le explica a esa masa crítica que la única respuesta que tienen para la sociedad es un ajuste? ¿Cómo se les explica a los jubilados que la receta es ajuste? ¿Cómo se le explica a los movimientos sociales que 9 millones de personas no van a tener más IFE? ¿Cómo se les explica a los empresarios que están ‘hasta acá’, a los que el Estado les tendió una mano, que hoy es mayor la presión tributaria y el ajuste?”, se preguntó Naidenoff.
Tras mencionar los tarifazos que vienen, el presidente del interbloque JxC agregó que este tema no se discutió en el Presupuesto, “y ahí uno de los autores (del proyecto de aporte solidario) no lo defendió, porque hay que defender un ajuste cuando se creen otras cosas… Entonces hay que compensar a los propios con un relato. ¿Y cómo se compensa? La herramienta de la compensación es ‘vamos por los sectores privilegiados de la sociedad’, que son 12 mil. Pero es tan grotesco el proyecto que no compensan a nadie”.
Naidenoff alertó que “esto termina muy mal, este proyecto termina en la nada. Yo entiendo la historia de los relatos, que puede servir para la tribuna, para cierta mística, pero no alcanza con la mística, es un engaño que termina complicando al colectivo”.
El senador de Juntos por el Cambio aseguró que los alcanzados por el aporte no son 12 mil, sino “muchos más”, tal cual anticipó Mercedes Marcó del Pont. Y agregó que para el Gobierno “hay un sector al que la pandemia no les afectó, el productivo. Parece que no, que trabajaron a full, sin ATP, que no tuvieron las persianas cerradas… Mentira. Golpeó a todos”.
El senador radical aclaró que coincidía con Carlos Casrio en cuanto al rol que debe tener el Estado, pero dijo que deben dejarse de lado los prejuicios, y que “la discusión es qué espalda tiene el Estado, y la espalda se llama recursos. ¿Cómo se generan recursos para sostener a este Estado? Se lo sostiene, a diferencia de lo que se cree, con 11 millones de empleados formales. El 65% trabajan en PyMEs; 3,5 millones en el Estado. El motor, el que enciende y genera expectativas es el privado, nos guste o nos guste.
El Estado sirve con recursos, de lo contrario seguiremos en un círculo vicioso”.
Ambientalistas gioja y beder, nosotos estábamos en famatina defendiendo contra la megaminería, y recibiendo palos y qué hzo el gobierno no ambientalista de cambiemos propuso que famatina sea un parque naiconal para que nos e toque
En su discurso para justificar el aporte solidario, el senador oficialista cargó contra los ricos que históricamente “se beneficiaron con el Estado”.
Sobre el final del debate por el aporte solidario, el senador kirchnerista Oscar Parrilli fue muy duro con los que consideró “privilegiados” que a su juicio se enriquecieron con el Estado y ahora deberán hacer su aporte.
En su discurso, extitular de la AFI se remontó a la historia para afirmar que hubo dos oportunidades en las que se apeló a un aporte extraordinario como el puesto ahora a consideración. El primer caso citado involucraba al general José de San Martín, en 1814, cuando desde Cuyo armó el ejército que después libró a Chile y Perú. En esa oportunidad el libertador pidió un aporte “al sector poderoso, rico de Cuyo, que se negó a hacer aportes. Así que tuvo que recurrir a empréstitos forzosos, e incluso a confiscación de bienes”, afirmó Parrilli.
El otro caso tenía como protagonista a Martín Güemes, quien mientras San Martín se preparaba a cruzar los Andes, defendía el norte frente a la agresión realista. “Las familias acaudaladas también se negaban a contribuir”, reseñó Parrilli, que contó que el salteño le mandó una carta a San Martín contándole que también había tenido que recurrir a empréstitos forzosos ante la resistencia de los ricos.
“No quiero compararlos a ellos con nosotros, ni mucho menos -aclaró-. Pero sí a quiénes se negaban (a pagar). Y ahora tenemos un caso de un empréstito forzoso, de un candidato a presidente que les pidió a los empresarios que contribuyeran con el 1% del patrimonio a su campaña, porque con las políticas de él se iban a beneficiar… Resultó ser al revés, porque con sus políticas salieron endeudados”.
Obviamente se refería Parrilli a Mauricio Macri, a quien menciona en todas las sesiones en las que interviene. Aclaró que quien hacía esa afirmación era el periodista Hugo Alconada Mon -“no van a decirme que es kirchnerista”, apuntó-. Dijo que eso había pasado en 2016 y 2017, cuando el entonces presidente “les pedía que aportaran el 1% de sus patrimonios a la campaña, en blanco, en negro… Todo esto lo dice él -por Alconada Mon-, hay una causa judicial, que duerme el sueño de los justos”.
Parrilli continuó diciendo que “si estamos frente a este proyecto es porque hemos tenido una pandemia y esto ha afectado las finanzas del Estado”.
En ese sentido aseguró que los gastos relacionados con la pandemia ascendieron este año al 20% del Presupuesto 2020; y superarán el 15% en 2021, “así que nos parece razonable que así como todos los sectores han sido afectados por esta pandemia, a esta fuerza política le pareció que a los sectores que menos los ha afectado podrían hacer una contribución”.
En el mismo tono, el senador kirchnerista sostuvo que se trata de “sectores que se quejan del Estado, pero han vivido del Estado”. Afirmó que esas familias con nombres patricios “se adueñaron de la Pampa Húmeda”, soltó apellidos como Martínenz de Hoz, Santa María, Lezama, Alzaga, y hasta agregó sin decir de quién hablaba que “hoy tenemos uno de ellos como compañero en el Senado… Y se hicieron muy ricos gracias al Estado, que les dio tierras en cuotas fijas, largas”.
“Estas familias acaudaladas que hicieron la fortuna gracias al Estado, en la crisis del 30 tenían 500 residencias de más de cinco mil metros cuadrados que no podían sostener y se las empezaron a vender al Estado”, comentó Parrilli, poniendo entre otros ejemplos el Palacio San Martín. “Ese Estado estaba al servicio de ellos”, agregó.
Siguió avanzando en el tiempo para llegar a quienes “a partir de la política aplicada a partir de 1976 hicieron grandes negocios con el estado. Y como vino la devaluación del 81, se estatizó la deuda de esos grandes empresarios. Gracias al Estado se hicieron multimillonarios y consiguieron esas grandes fortunas”. Agregó el senador kirchnerista que también hicieron negocios con las privatizaciones -“cuando se les regaló los bienes del Estado”-, y en 2001, 2002, con la pesificación asimétrica. “Esas grandes fortunas fueron beneficiadas con esa pesificación”, afirmó.
El recorrido de Parrilli llegó, como no podía ser de otra manera, hasta el Gobierno de Cambiemos, con “el blanqueo de Macri, donde estos 10, 12 mil millonarios blanquearon 120 mil millones de dólares en negro que tenían en el exterior. Esos son los que van a pagar”.
“A mí me parece que no tenemos que tener ninguna duda en que si hay una situación de pandemia, aquellos privilegiados, que se beneficiaron del Estado, pongan algo”, remarcó Parrilli.
El senador nacional terminó diciendo que se sentía “muy satisfecho y con mucho orgullo de que estemos votando una ley de estas características, porque no estamos castigando a nadie: estamos poniéndole un tributo a los privilegiados. Por eso además de justo, necesario, me parece muy ético”.
A la hora de votar, tanto el senador Mario Fiad como Silvia Giacoppo, ambos alineados con el gobernador Morales, no estuvieron.
Los senadores jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo estuvieron ausentes a la hora de votar el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. Lo cual podría inscribirse en las actitudes de distanciamiento de la postura adoptada por el interbloque Juntos por el Cambio en iniciativas muy caras al interés oficial, como ya sucediera con el Presupuesto -votaron a favor-, o este mismo proyecto en la Cámara baja, donde los diputados que responden al gobernador radical Gerardo Morales estuvieron ausentes.
Horas antes, a la hora de votar el proyecto que reforma la Ley de Manejo del Fuego, Fiad votó negativo, mientras que Giacoppo no respondió a los dos llamados que hizo el secretario Parlamentario y figuró entonces ausente. Previamente la senadora jujeña sí había estado durante el debate del proyecto de ley de Turismo Seguro, promovido por el senador Adolfo Rodríguez Saá, participando incluso como oradora.
Con mayoría asegurada, el oficialismo se alzó con la sanción del proyecto que establece una contribución “por única vez” a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Rechazo del grueso de la oposición.
Con mayoría asegurada en el Senado, el Frente de Todos logró en la sesión de este viernes la sanción del proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, que establece una “contribución por única vez” a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el objetivo de “morigerar los efectos de la pandemia”.
Al oficialismo lo acompañó en la votación el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. En tanto, con fuertes críticas, votaron en contra los senadores de Juntos por el Cambio y del interbloque Parlamentario Federal. La iniciativa obtuvo 42 votos positivos y 26 negativos.
Los senadores jujeños de Juntos por el Cambio Mario Fiad y Silvia Giacoppo estuvieron ausentes a la hora de votar.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, fue el miembro informante del oficialismo y como tal afirmó que lo que estaba en discusión es un aporte “único, por única vez, en una situación trágica que tiene el mundo, y evidentemente en una situación excepcional comparada con los grandes momentos que tuvo el mundo. Estamos saliendo de esta pandemia como salimos de algunas de las guerras mundiales: con miles y miles de muertos en el mundo y también con las economías y las posibilidades de un mundo que estaba para crecer, suficientemente desgastadas”.
Antes de ponerse a detallar las características del proyecto, el diputado oficialista se preocupó por realzar el valor del Estado. Habló de la necesidad de tener “un Estado justo, solidario, que esté al servicio de la gente, porque los pensamientos neoliberales atacan siempre al Estado. El Estado tiene una obligación para el ciudadano, y para eso recauda recursos y tiene la responsabilidad de optimizar todo eso que recauda para el bien de la gente”.
El 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte. No estamos persiguiendo a nadie”.
Tras dejar claro cuál es a su juicio el rol del Estado se adentró en el proyecto en discusión, señalando que “esta ley es un aporte que solicitamos a los altos y grandes patrimonios del país”, y aclaró que el mismo está direccionado a las personas humanas, no a las empresas. “Esto es aplicable a las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos”, agregó.
El aporte solicitado abarca el patrimonio de las personas, reconoció, “es lo que generalmente en el país tributariamente hacen los que pagan bienes personales”. Y a continuación precisó que “si tomáramos a las personas alcanzadas, tendríamos que el 0,02% son los que tienen que hacer este aporte. Para que sepa la gente que no se deje engañar, porque pareciera que estamos persiguiendo a los ricos, que no tiene nada de malo ser rico. El 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte. No estamos persiguiendo a nadie”.
El senador nacional Martín Lousteau afirmó que “este no es el mejor esfuerzo que podemos hacer”, afirmando que el proyecto “tiene un montón de falencias y no va a resolver nada de lo que decimos que queremos resolver”.
Criticó incluso la utilización que se le dará a lo recaudado a través de esta ley. “Por ejemplo, el 25% en proyectos gasíferos, y vamos a incentivar a YPF que creo que va a generar un problema de litigiosidad: estamos creando un impuesto para darle fondos a YPF que es mixta, privada y pública y va un 15% al fondo de integración socio urbana y otro porcentaje a las becas Progresar”, sostuvo, planteándose luego si este aporte será solo por un año.
“Y digámoslo de una vez: esto no es un aporte, es un impuesto extraordinario por única vez, y no entiendo cómo vamos a seguir financiado esas cosas si el aporte es solo por un año y ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en Argentina”, alertó.
El economista de Juntos por el Cambio sostuvo que “tenemos que ver cómo hacemos un mejor Estado, que funcione bien, que le resuelva la vida a los argentinos y de manera sustentable para generar crecimiento real. Un Estado moderno y de iguales. Un Estado que de la certeza que la próxima generación va a estar mejor que la actual”.
Y digámoslo de una vez: esto no es un aporte, es un impuesto extraordinario por única vez”.
Esteban Bullrich afirmó que este tipo de impuestos “no es el camino” y detalló la manera como puede impactar en los inversores. Si uno lee los fundamentos del proyecto, dijo, se afirma que el FMI y el Financial Times avalan este impuesto, pero aclaró al ir a esos artículos se advierte que indican lo contrario. “Además, otra ironía: uno de los autores es alguien que escondió el banco en una cooperativa para no tener que pagar impuestos, y crea este impuesto, y el otro es un evasor fiscal, que le debía 4 millones de pesos a la AFIP y se acaba de sumar a una moratoria”, disparó en referencia a los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner.
“Falta un acuerdo político, que no se hace creando más impuestos: lo que tenemos que hacer es dejar de lado las camisetas políticas y pensar en serio qué Estado queremos, qué Argentina queremos. Coincido con el presidente: no vamos a bajar este 44% de pobreza si no damos caminos claros a esos empresarios que inviertan y dén trabajo. Este impuesto hace exactamente lo contrario: hace que esos empresarios no inviertan y por ende no se genere trabajo. Así, la pobreza solo va a subir”, concluyó el senador de JxC.
Julio Cobos expresó que “estamos tratando un nuevo impuesto, considerado como un aporte solidario, pero en definitiva es el impuesto número 14 que se ha creado en esta gestión de Gobierno. Argentina tiene en total 165 impuestos, 41 son nacionales, 39 provinciales y 85 son municipales. Ayer escuchaba al Presidente hablar ante los empresarios, ante el sector industrial, y decía que de la pobreza no se sale con planes, se sale con trabajo genuino, en un verdadero capitalismo donde los empresarios arriesguen e inviertan. Pero para eso, el Estado debe generar las condiciones, en el sistema tributario, en el sistema bancario, en la transparencia publica, en la simplificación en el sistema impositivo, porque esto también impacta en las condiciones o en las decisiones que toman los empresarios para invertir. Pero para invertir tienen que ganar, aquí pareciera que aquel que gana el premio que recibe es un nuevo impuesto”.
El senador Jorge Taiana sostuvo por su parte que lo que está en discusión “se está discutiendo en todo el mundo: cómo se transita la pospandemia”. “Ese debate que está presente -dijo-, ya tiene algunas conclusiones. La primera es que se revaloriza el rol del Estado, que es el único capaz de enfrentar una situación como es la pandemia. Y para eso el Estado se muestra como una herramienta imprescindible”.
Tras aclarar que el Estado debe tener un buen nivel de eficiencia, remarcó que el sistema de salud ha sido revalorizado a partir de esta crisis. Y muchos de los problemas observados, dijo, fueron por la desatención que tuvo ese sector. “Estamos enfrentando un desafío grande, con un principio de solidaridad, de responsabilidad colectiva, de sentimiento de pertenencia a una comunidad, donde unos y otros tenemos responsabilidades por el desarrollo del conjunto. Y esa comunidad debe actuar a favor de un principio de equidad”, señaló.
Taiana recordó que “la Argentina estaba en emergencia antes de llegar la pandemia”, necesita recursos. Y la pandemia se ha llevado, dijo, “no menos del 5,5% del producto bruto; 3,5% en políticas sociales y 2% en facilidades financieras. Se ha llevado mucho de lo poco que tenemos. Y sin embargo sabemos que esa ayuda no ha alcanzado. Por eso esta propuesta del aporte solidario por única vez”.
El senador Claudio Poggi habló del “Estado vip”, y advirtió que “momentos extraordinarios requieren de medidas extraordinarias; y creo que el Estado vip tiene que hacer su aporte. Los salarios jerárquicos del sector público de la Argentina estuvieron al margen de la crisis. Los nuestros, los legisladores; los de los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo nacional; de los jueces y funcionarios de la Justicia; de los directores de los entes autárquicos; fondos fiduciarios, sociedades del Estado, los gobiernos provinciales y sus empresas estatales; los municipios grandes y sus empresas municipales… En los tres poderes y en cada nivel de gobierno, estuvieron al margen de la solidaridad con origen salarial en relación a esta crisis. Ninguna de las instituciones o niveles de gobierno dejó de cobrar el sueldo por la pandemia”.
“Aunque se le ponga un nombre pomposo, este gravamen no va a ayudar a morigerar absolutamente nada: espantará inversiones, esas que tanto necesitamos los argentinos, y desalentará cualquier intento de inversión. Se está creando un impuesto de dudosa constitucionalidad que de solidario no tiene nada, y que le pega a las pymes agroindustriales, fabriles, industriales y de servicios. Justamente sectores fundamentales para el mantenimiento y la generación de empleo”, expresó a su turno el radical Juan Carlos Marino.
El senador de Juntos por el Cambio Roberto Basualdo es uno de los dos senadores que estarían alcanzados por este aporte -el otro es el salteño Juan Carlos Romero-, y recordó que en el inicio de la pandemia, junto a una decena de senadores de ese interbloque empezaron a trabajar en un proyecto que nunca se trató, y que avanzaba de una manera distinta en el sentido de que el que más tiene hiciera un esfuerzo en esta crisis. “Pedíamos que invirtieran el 2,5% del capital, sino el Estado les cobraba una multa. Tenían que hacer inversiones productivas; les dábamos la posibilidad de que hiciera el esfuerzo, pero invirtiendo, que es lo que sabe hacer”, explicó, con lo cual “generábamos así un círculo virtuoso: si alguien no quería invertir, podía donárselo a la Cruz Roja, por ejemplo, y si no lo hacía pagaba una multa”.
En cambio, dijo, el proyecto puesto en consideración “espanta a las inversiones”. El senador sanjuanino explicó que es “lógico y natural” que así suceda, pues si una empresa está dispuesta a hacer una inversión, pero en estas circunstancias “va a frenarla, porque tiene que pagar este impuesto”.
“Los que presentamos este proyecto lo hacíamos para generar trabajo, para entrar en un círculo virtuoso, y que el año que viene paguemos más”, pero de otro modo, explicó. Pero aclaró que el proyecto fue presentado el 24 de abril y “ni lo trataron”.
El senador Basualdo recordó que él tiene que pagar ese aporte y dio gracias a Dios por tener que hacerlo. “Si no tuviera que pagar sería porque no tendría nada, gracias a Dios tenemos que pagar impuesto, pero quiero hacerlo generando trabajo. El problema es ver cómo hacer para generar trabajo”.
Estos gastos extraordinarios que le han significado al Estado afrontar la pandemia ameritan cuestiones que debemos resolver con herramientas excepcionales como este aporte solidario”.
A su turno, la senadora María de los Angeles Sacnun consideró que este proyecto cumple con los requisitos constitucionales, y consideró que lo que estuvo en discusión para muchos es la propiedad privada. “No es un derecho absoluto en la Constitución”, aclaró al respecto, aclarando que “claramente hay que respetarla”, pero en momentos de crisis como este, planteó “el principio de la solidaridad y la justicia social”, que hacen que se deba avanzar en este aporte.
Invocó en ese sentido al papa Francisco y a la doctrina justicialista, y planteó que la emergencia era previa a la pandemia, pero esos efectos se han profundizado. “Estos gastos extraordinarios que le han significado al Estado afrontar la pandemia ameritan cuestiones que debemos resolver con herramientas excepcionales como este aporte solidario”, puntualizó, aclarando que se tenía en cuenta la capacidad contributiva de los aportantes.
“Si queremos hacer efectivos los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales necesitamos un Estado que sea capaz de recaudar, pedimos un aporte excepcional que creemos cumple con los requisitos de solidaridad y de justicia tributaria”, expresó la legisladora santafesina.
Rechazó que el aporte sea confiscatorio. La misma, en todo caso, “tendrá que ser probada”, aclaró. “La verdad que durante el gobierno de Mauricio Macri le sacaron a los pobres para darle a los ricos y no llegó nunca la lluvia de inversiones”, criticó sobre el final.
La senadora Silvia Elías de Pérez enumeró los catorce impuestos creados o aumentados por el actual Gobierno. Entre ellos, el impuesto PAIS, el que gravó los servicios digitales, la suba de alícuotas de Bienes Personales o la vuelta del IVA a trece alimentos de la canasta básica. También mencionó las subas a los impuestos a los autos de alta gama, que luego se extendió a los autos de gama media, el congelamiento de las reducciones de las cargas previsionales y la suspensión del Pacto Fiscal que le permitió a las provincias frenar las bajas acordadas en los impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos. La senadora también se refirió al aumento de las retenciones y, más recientemente, el alza a los impuestos internos a los bienes electrónicos.
Sobre el final del debate por el aporte solidario, el senador kirchnerista Oscar Parrilli fue muy duro con los que consideró “privilegiados” que a su juicio se enriquecieron con el Estado y ahora deberán hacer su aporte.
“A mí me parece que no tenemos que tener ninguna duda en que si hay una situación de pandemia, aquellos privilegiados, que se beneficiaron del Estado, pongan algo”, remarcó Parrilli.
El senador nacional terminó diciendo que se sentía “muy satisfecho y con mucho orgullo de que estemos votando una ley de estas características, porque no estamos castigando a nadie: estamos poniéndole un tributo a los privilegiados. Por eso además de justo, necesario, me parece muy ético”.
En este proyecto se repite el concepto de la leyenda de Robin Hood, donde un grupo de muchachos del bosque le quitaba a los ricos para repartir a los pobres”.
Otro de los senadores que estarán alcanzados por la ley aprobada, el salteño Juan Carlos Romero, habló en los cierres del debate, calificándolo como un “paquete de revancha, de venganza”. Sumaba en ese sentido el proyecto de reforma de la ley del manejo del fuego. Aludió al senador Parrilli, que acababa de hablar criticando a los que se hicieron ricos a costa del Estado, señalándole que “se olvidó de Cristóbal López, de los Kirchner”.
“Este tipo de medidas, acá y en el mundo, no conducen a los objetivos”, afirmó, pronunciándose en cambio a favor del proyecto de Roberto Basualdo para que los empresarios hicieran inversiones productivas. “En este proyecto se repite el concepto de la leyenda de Robin Hood, donde un grupo de muchachos del bosque le quitaba a los ricos para repartir a los pobres. ¿Y cuál es el trasfondo psicológico de este concepto? Lo está practicando el Gobierno quitándole dinero a la Capital Federal para darle a la provincia de Buenos Aires. Lo está practicando ahora con los ricos”, ejemplificó, afirmando que “la justificación es la saco a uno para darle a otro; eso no es justicia, es revancha”.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sostuvo que “el Gobierno tiene un problema y no es menor, porque en este debate hay una enorme carga ideológica. Para un Gobierno que dice representar sectores que se identifican con lo nacional y lo popular, ¿cómo se le explica a esa masa crítica que la única respuesta que tienen para la sociedad es un ajuste? ¿Como se le explica a los jubilados que la receta es ajuste? Cómo se le explica a los movimientos sociales que 9 millones de personas no van a tener más IFE? ¿Cómo se les explica a los empresarios que están ‘hasta acá’, a los que el Estado les tendió una mano, que hoy es mayor la presión tributaria y el ajuste?”, se preguntó Naidenoff.
Tras mencionar los tarifazos que vienen, el presidente del interbloque JxC agregó que este tema no se discutió en el Presupuesto, “y ahí uno de los autores (del proyecto de aporte solidario) no lo defendió, porque hay que defender un ajuste cuando se creen otras cosas… Entonces hay que compensar a los propios con un relato. ¿Y cómo se compensa? La herramienta de la compensación es ‘vamos por los sectores privilegiados de la sociedad’, que son 12 mil. Pero es tan grotesco el proyecto que no compensan a nadie”.
Naidenoff alertó que “esto termina muy mal, este proyecto termina en la nada. Yo entiendo la historia de los relatos, que puede servir para la tribuna, para cierta mística, pero no alcanza con la mística, es un engaño que termina complicando al colectivo”.
La vicepresidenta del bloque, Anabel Fernández Sagasti, fue esta vez la encargada de cerrar el debate, en lugar de José Mayans, y antes de referirse al proyecto habló de la situación que debió sobrellevar su Gobierno, con una pandemia inédita, pero además “tuvo que afrontar esta crisis con una economía devastada, hiperendeudada, con un 55% de inflación, pérdida de empleo, cierre de PyMEs… Estas son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa en el contexto que tratamos este aporte solidario y de emergencia”.
Respecto del aporte solidario, dijo que “es extraordinario, porque claramente estamos viviendo circunstancias extraordinarias”. Y advirtió que ese aporte alcanza “a 9.300 personas con grandes fortunas, no a las empresas grandes y pequeñas”. De esos 9.300, 2.300 van a pagar 6 millones de pesos cada uno, afirmó.
Al concluir, la senadora de La Cámpora señaló que “claramente este aporte tiende a que este atesoramiento que tienen 9.300 personas que atesoran afuera, puedan trasladarlo, producir, generar trabajo y ayudar a todos los argentinos. Debemos contribuir a encontrar puntos de conexión entre el aparato productivo y los que más tienen para aportar, y los argentinos que necesitan que les den oportunidades”.
El aporte será “con carácter de emergencia” y por única vez, y recaerá sobre personas humanas residentes en el país con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, incluyendo bienes en el país y en el exterior. También quedarán alcanzados los residentes en el exterior por sus bienes en el país.
Del mismo modo, deberán pagar el aporte las personas de nacionalidad argentina que tengan domicilio en paraísos fiscales -definidos como “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”-.
La ley establece sumas fijas en base al valor total de los bienes, más un porcentaje sobre excedentes que va con alícuotas desde el 2% hasta el 3,5%.
Respecto a los bienes en el exterior, si dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley la persona acepta repatriar, como mínimo, el 30% de esos bienes, quedará exenta de pagar el diferencial.
La recaudación estará destinada en un 20% para la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria; en un 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”; y un 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.
También, se utilizará un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares; y un 25% a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural” a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos (…)”.
La AFIP será el organismo encargado de aplicar la ley y de dictar las normas complementarias determinando plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte.
Si en los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley, la AFIP detecta variaciones en los bienes sujetos al aporte “que hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago”, podrá disponer que esos bienes queden gravados.
Según informó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas. En tanto, se calcula que el Estado recaudaría unos 307 millones de pesos.
Al pronunciarse contra el proyecto de aporte solidario, la senadora tucumana afirmó que esa iniciativa “va a contramano de lo que necesita el país. Hay una incertidumbre inmensa y con esto se aumenta más”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio – Tucumán) anticipó su rechazo al proyecto de ley que crea el impuesto a las grandes fortunas con un duro discurso en la sesión de este viernes de la Cámara alta.
“Nos quieren mostrar una épica, nos quieren mostrar que les sacan a los ricos para darles a los pobres. Pero lo único que vemos acá es un nivel de improvisación nunca visto. Hace poco se aprobó el Presupuesto 2021 y no se tuvo en cuenta este proyecto, que sin embargo se anunció muchos meses antes”, sostuvo la legisladora radical.
La legisladora radical afirmó que “este proyecto tiene fallas que hará aumentar la litigiosidad, porque es claro que plantea una doble imposición”.
Por otra parte, Elías de Pérez sostuvo que “en ningún país se lleva adelante una cosa como esta. Cuando se habla de otros países hay que mirar los sistemas tributarios de los países emergentes, que ponen el acento en el consumo, lo que sería el IVA. Los países desarrollados ponen el acento en los impuestos a los ingresos de las personas, lo que sería el impuesto a las Ganancias. Bueno, nosotros tenemos todos. Súmenle, además, la enorme carga tributaria por Ingresos Brutos y tantos otros impuestos provinciales. Tenemos impuesto a todo. Y cada vez que se puede, generamos un nuevo impuesto con la excusa de que serán transitorios, y ahí lo tenemos, al impuesto al Cheque, por ejemplo, más vivo que nunca. Prorrogado eternamente. Queremos cobrar todo, por todo y en todo momento”.
En otro pasaje afirmó que “este proyecto va a contramano de lo que necesita el país. Hay una incertidumbre inmensa y con esto se aumenta más. ¿Cómo pretendemos invertir y producir si no le sostenemos las reglas básicas con las que se van a los empresarios, productores, emprendedores? ¿A quién se le ocurre en medio de la pandemia vamos a poder recuperar confianza para invertir y producir con un impuesto que no se animan a llamar impuesto? En Argentina hay 166 impuestos, ¿no es hora de que nos preguntemos en qué se gasta lo que se recauda? Ha llegado la hora de que hagan balance del primer año de gobierno, porque en doce meses han creado catorce impuestos y éste será el número quince. Son los abanderados del aumento de la presión tributaria”.
La senadora Silvia Elías de Pérez enumeró los catorce impuestos creados o aumentados por el actual Gobierno. Entre ellos, el impuesto PAIS, el que gravó los servicios digitales, la suba de alícuotas de Bienes Personales o la vuelta del IVA a trece alimentos de la canasta básica. También mencionó las subas a los impuestos a los autos de alta gama, que luego se extendió a los autos de gama media, el congelamiento de las reducciones de las cargas previsionales y la suspensión del Pacto Fiscal que le permitió a las provincias frenar las bajas acordadas en los impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos. La senadora también se refirió al aumento de las retenciones y, más recientemente, el alza a los impuestos internos a los bienes electrónicos.
“No estamos defendiendo a los ricos, defendemos a la Argentina que invierte y productiva. Defendemos la Argentina previsible y confiable, que abra caminos. Tenemos un país sin rumbo, hay un gasto sin control, que se aumenta en todos los niveles del Estado. En Tucumán, una provincia pobre, se gastó 1.000 millones en publicidad”, agregó la senadora tucumana.
Finalmente, Elías de Pérez cuestionó directamente al presidente Alberto Fernández: “Aumentó la pobreza a nivel del 45 por ciento de la población. Estos argentinos tienen rostro, tienen nombre, sufren. El Presidente de la Nación dijo que venía a llenar las heladeras, que volvían los asados de los domingos, que venía a encender la economía, pero lo único que logró es arrodillarnos y dejar a una enorme cantidad de ciudadanos con estómagos vacíos”.
El nombre del astro fallecido hace pocos días volvió a sonar este viernes en el Senado, a partir de dichos expresados por él hace más de dos décadas.
Sobre el final de su discurso durante el debate del aporte solidario, el senador oficialista Mariano Recalde pidió terminar con “ese mito de que para que le vaya bien al país hay que ayudar a los ricos, en vez de ayudar a los que más necesitan; que hay que bajarles impuestos a los ricos en lugar de subirles el salario a los trabajadores”.
Dijo entonces que “hay un millonario que se expresó en el mismo sentido, y le creo que fue por generosidad, por su origen popular, por sus experiencias de vida y por su gran cariño por el pueblo. El 2 de enero de 1996, hace ya mucho tiempo, un millonario dijo -era de Boca, pero millonario-: ‘Creo que el Gobierno debería sacarle más plata a los que más tienen. A mí, por ejemplo, y usarla para darle a los que están más abajo’. Ese millonario era Diego Armando Maradona”.
“Así que creo que hoy va a ser muy bueno que ese proyecto de ley se convierta en ley, porque sin ninguna duda va a ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, se ha impuesto un tributo razonable, justo, equitativo, y es además un pequeño homenaje a Diego Armando Maradona”.
Adelantó que el aporte solidario no resolverá nada de lo que se quiere resolver y puso en duda que sea solo por un año.
Particularmente crítico con el proyecto del aporte solidario, el senador nacional Martín Lousteau afirmó que “este no es el mejor esfuerzo que podemos hacer”, afirmando que el proyecto “tiene un montón de falencias y no va a resolver nada de lo que decimos que queremos resolver”.
Criticó incluso la utilización que se le dará a lo recaudado a través de esta ley. “Por ejemplo, el 25% en proyectos gasíferos, y vamos a incentivar a YPF que creo que va a generar un problema de litigiosidad: estamos creando un impuesto para darle fondos a YPF que es mixta, privada y pública y va un 15% al fondo de integración socio urbana y otro porcentaje a las becas Progresar”, sostuvo, planteándose luego si este aporte será solo por un año.
“Y digámoslo de una vez: esto no es un aporte, es un impuesto extraordinario por única vez, y no entiendo cómo vamos a seguir financiando esas cosas si el aporte es solo por un año y ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en Argentina”, alertó.
El economista de Juntos por el Cambio sostuvo que “tenemos que ver cómo hacemos un mejor Estado, que funcione bien, que le resuelva la vida a los argentinos y de manera sustentable para generar crecimiento real. Un Estado moderno y de iguales. Un Estado que de la certeza que la próxima generación va a estar mejor que la actual”.
Para Lousteau, “no es con solidaridad forzada sin discutir con nadie y además la solidaridad es la adhesión circunstancial, pero no queremos algo circunstancial sino algo permanente”.
“Cuando uno quiere un Estado más grande, el compromiso para administrarlo bien, debe ser mayor. Eso es lo que hacen los países nórdicos que todos admiramos, pero lamentablemente la pandemia reveló el estado de nuestro Estado”, cuestionó, postulando en cambio “recuperar una épica de recuperación del Estado para la ciudadanía. Tenemos la necesidad de definir un rumbo y un compromiso colectivo con esa épica nueva de tomar el Estado entre todos y hacer colectivamente uno con el que se pueda progresar y con el que se sueñe con un futuro mejor”.
“Mejoremos la AFIP si queremos construir un mejor Estado”, concluyó.
El miembro informante del oficialismo valoró el papel del Estado en esta pandemia y afirmó que del universo de aportantes 380 representan el 55%. Se espera recaudar 420 mil millones de pesos.
Miembro informante del proyecto del impuesto a las grandes fortunas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, remarcó en el inicio de su discurso que se trataba de un aporte “único, por única vez, en una situación trágica que tiene el mundo, y evidentemente en una situación excepcional comparada con los grandes momentos que tuvo el mundo. Estamos saliendo de esta pandemia como salimos de algunas de las guerras mundiales: con miles y miles de muertos en el mundo y también con las economías y las posibilidades de un mundo que estaba para crecer, suficientemente desgastadas”.
Antes de ponerse a detallar las características del proyecto, el diputado oficialista se preocupó por realzar el valor del Estado. Habló de la necesidad de tener “un Estado justo, solidario, que esté al servicio de la gente, porque los pensamientos neoliberales atacan siempre al Estado. El Estado tiene una obligación para el ciudadano, y para eso recauda recursos y tiene la responsabilidad de optimizar todo eso que recauda para el bien de la gente”.
Se preguntó entonces qué haríamos sin Estado, qué haríamos si el Estado no invirtiera en salud. “Porque la salud en la Argentina es pública, no es privada, como en otras partes del mundo”, recordó, precisando que a su juicio “el Estado es una herramienta fundamental y demostró su presencia en este año ante la trágica situación de la pandemia que por suerte pareciera que estamos saliendo”.
“Pregunto: si el Estado no hubiera tenido la inversión que tuvo en la estructura sanitaria del país, si el presidente no hubiese tomado la decisión inteligente y valiente de tratar de aplanar la curva, ¿cómo estaríamos hoy?”, expresó el senador cordobés, afirmando a continuación que esa determinación de este Gobierno “permitió no ver esa trágica foto de nuestros ancestros en Europa, que se morían por la calle, porque a pesar de ser tan adelantados, no tenían para atender a la gente tan afectada”. Y advirtió que con el rebrote “parece que están peor que antes. Es increíble que no se hayan preparado, porque nadie estaba preparado para eso”.
“Si no hubiésemos tenido el IFE, ¿qué hubiese sido de esos 9 millones de argentinos que recibieron esa cifra mínima de 10.000 pesos, que les permitió sobrevivir a esta pandemia?”, se preguntó Caserio. También insistió en que el Estado argentino se ocupó del aparato productivo, con las ATP, y por eso consideró que “las críticas al estado no son justas”.
Tras dejar claro cuál es a su juicio el rol del Estado se adentró en el proyecto en discusión, señalando que “esta ley es un aporte que solicitamos a los altos y grandes patrimonios del país”, y aclaró que el mismo está direccionado a las personas humanas, no a las empresas. “Esto es aplicable a las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos”, agregó.
Caserio recordó que el Gobierno anterior “hizo un gran esfuerzo para que entremos dentro del mundo de los países de la OCDE”. Señaló al respecto que “la renta personal gravada que tienen los patrimonios en estos países es del 24%. Hay todavía ejemplos superiores, en Sudáfrica es del 34%. Argentina tiene gravado el 7%. Es la decisión del Estado. Pero tampoco esto significa una erogación extraordinaria”.
El aporte solicitado abarca el patrimonio de las personas, reconoció, “es lo que generalmente en el país tributariamente hacen los que pagan bienes personales”. Y a continuación precisó que “si tomáramos a las personas alcanzadas, tendríamos que el 0,02% son los que tienen que hacer este aporte. Para que sepa la gente que no se deje engañar, porque pareciera que estamos persiguiendo a los ricos, que no tiene nada de malo ser rico. El 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte. No estamos persiguiendo a nadie”.
El senador oficialista señaló a continuación que la recaudación aproximada, según la Oficina del Congreso de la Nación será de 420 mil millones de pesos, si todos contribuyeran. Eso significaría el 1,5 del PBI. “De este universo de aportantes, 380 son los mayores y representan el 55%”, comentó.
El 40% de estos posibles aportantes tienen bienes declarados y sus activos están dolarizados. El 92,4% de este 40% que tiene sus activos en dólares los tienen declarados en el exterior, agregó.
Caserio concluyó señalando que “tenemos que tener país con menos pobres, ¿y saben qué sería malo? Que los pobres sean solidarios y los ricos no”.
En una reunión iniciada a las 14.19, también buscará sancionar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego.
El Frente de Todos se propone convertir en ley este viernes, en una sesión especial virtual que arrancó a las 14.19 en el Senado, el proyecto que crea un aporte solidario y extraordinario a pagar por única vez para contener la pandemia del Covid-19.
Ese es el tema principal de la sesión citada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde además el oficialismo intenta sancionar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, para prohibir el cambio de uso en tierras incendiadas.
La sesión se da en el marco de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero, tras la corrección del decreto anterior, que ponía como fecha el 11 de diciembre.
El proyecto de impuesto a la riqueza recibió dictamen favorable el pasado 24 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y establece un aporte por única vez a pagar por las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.
La alícuota a pagar irá del 2% al 3,5% y habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del cual sus propietarios quedarían exentos si aceptan repatriar el 30% de esas tenencias.
Según informó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que calculaba el ente recaudador cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.
Con 40 integrantes, el bloque presidido por José Mayans no tendría inconvenientes en sancionar el proyecto, y contaría además con la ayuda de aliados, mientras que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal rechazan la iniciativa.
La oposición sostiene que existe una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales, y advierte además que el tributo podría ser confiscatorio y quedar instalado para siempre, a pesar de que la redacción aclara que es por única vez.
Otros proyectos
En la sesión también se tratará el proyecto impulsado por el jefe del bloque de diputados oficialistas, Máximo Kirchner, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, con el fin de impedir la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
El proyecto recibió dictamen favorable el 24 de noviembre, con el rechazo de la oposición, que advirtió que el texto no distingue entre incendios intencionales y no intencionales; que avanza sobre facultades provinciales; y que implica un retroceso respecto de leyes vigentes.
Por otra parte, la Cámara alta tratará este viernes la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También figura en el temario un proyecto de Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) sobre creación de un “Programa Nacional de Turismo Seguro”.
Asimismo, se votarán dos acuerdos internacionales: un Acuerdo de Cooperación Mutua para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo con Uruguay; y un Acuerdo de Cooperación en Defensa con Italia.
Como en 2018 rechazará la legalización, expresó ante las especulaciones de que pudiera revertir su posición de entonces. Votará a favor del aporte solidario.
El proyecto de legalización del aborto está en Diputados, aunque todavía no ha sido determinado cuál será su recorrido legislativo hasta llegar al recinto. Así y todo, a sabiendas de que el escollo para el proyecto que impulsa el Gobierno nacional está en el Senado, donde hace dos años fue rechazado, todos los ojos están puestos en cómo votarán los senadores que no estaban en 2018, o bien algunos que podrían llegar a cambiar su parecer respecto de aquel debate.
Algunas versiones señalaron al senador nacional por Misiones Maurice Closs como un voto negativo que probablemente podría mutar a positivo. Consultado por parlamentario.com, el senador del Frente de Todos fue enfático: votará en contra. Esto es, no cambiará su voto respecto de 2018.
El vicepresidente primero de la Cámara de Senadores fue más allá del tema del aborto, al anticipar que votará en general en contra del proyecto del aborto, pero que, en cambio, sí votará a favor en particular en los artículos que hagan referencia a la despenalización.
El exgobernador misionero consideró que, al igual que en 2018, su voto ahora será negativo, no por cuestiones religiosas, sino porque no considera al tema de prioridad para la salud pública, más aún si se tiene en cuenta que los hospitales son provinciales y no de la Nación. Asimismo sostuvo que la mayoría de los misioneros rechaza el aborto y él representa a la provincia.
Con respecto al impuesto a la riqueza, adelantó que su voto será positivo, más aún ya que él se encuentra alcanzado por el mismo. Siempre que existe algún tipo de colisión entre el interés privado y el público, debe prevalecer siempre este último, remarcó.
“En Argentina los recursos están asignados injustamente. Los que menos tienen son los que más aportan y los que más tienen son los que menos aportan”, sostuvo el senador para justificar ese pago.
El senador nacional Mariano Recalde aseguró que el oficialismo reúne los votos necesarios para la aprobación del llamado impuesto a la riqueza, tras la media sanción de la norma en Diputados.
“Los votos están. El bloque del Frente de Todos tiene mayoría propia”, dijo el legislador del Frente de Todos, para luego explicar que el aporte solidario y extraordinario, que grava los patrimonios de más de 200 millones de pesos, será ley “salvo que pase algo raro”.
“Estuvimos revisando nuevamente los números”, señaló en diálogo con “Hora 10”, por CNN Radio. Según el cálculo inicial, se recaudarían, sopesó, “307 mil millones de unas 9.300 personas físicas por única vez, como lo dice la ley”.
El legislador “no cree” que el año que viene se intente reflotar la propuesta y evaluó que “hay que discutir una profunda reforma tributaria”.
“En la Argentina los recursos están asignados injustamente. Los que menos tienen son los que más aportan y los que más tienen son los que menos aportan”, acotó.
“Hay que gravar la riqueza, los Bienes Personales, que hoy son apenas el 0,6 % de la recaudación. No es un invento argentino ni del Frente de Todos. La carga tributaria en el país es mucho más baja que en otros lugares como el Reino Unido, Holanda, Bélgica, Finlandia o Luxemburgo”, resaltó en otro pasaje de la entrevista.
Recalde señaló que “tenemos que combatir la economía en negro, la fuga de capitales y los mecanismos de evasión”, y estimó que Máximo Kirchner “de acuerdo con lo que leí”, deberá pagar el impuesto a las grandes fortunas.
“Hay que seguir apostando al país y a la producción. Por algo se quedan los empresarios. Si no, ya se habrían ido”, deslizó.
Recalde puntualizó que entre 2003 y 2015, cuando gobernó el kirchnerismo, se crearon “300.000 empresas”. Y evaluó que “la presión tributaria no tiene que ver con el hecho de que no haya nuevas empresas. Tampoco los derechos de los trabajadores”.
Después de 2003, insistió, “el país se despertó y se puso a trabajar. La gente tenía ingresos suficientes como para no tener que abrigarse para no morirse de frío, como decía (Mauricio) Macri”.
Finalmente, el senador manifestó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, “está de acuerdo” con el impuesto a la riqueza. “Lo veo en los gestos políticos”, concluyó.
Igual que sucedió con los diputados de esa provincia, los dos representantes de Jujuy en la Cámara alta se alinearían con la postura del gobernador Gerardo Morales, que se manifestó públicamente a favor.
Llamó la atención en la madrugada del miércoles que los diputados de Juntos por el Cambio de la provincia de Jujuy se diferenciaran del resto de su bancada al votar a favor del proyecto de aporte solidario y extraordinario. Aunque no tanto si se tenía en cuenta que ya en ocasión del debate del Presupuesto 2021 ya lo habían hecho, igual que los diputados correntinos. En ambos casos a pedido de sus gobernadores radicales.
Pero en esa oportunidad Juntos por el Cambio se había abstenido -no todos, los de la Coalición Cívica votaron en contra-; en cambio con el aporte solidario la posición fue de rechazo. Como sea, en el Senado, tanto los jujeños como los correntinos repitieron la postura adoptada en la Cámara baja.
¿Qué pasará ahora con los senadores jujeños de JxC? El propio gobernador Gerardo Morales se ha pronunciado a favor y anticipó que en el Senado los legisladores de esa provincia que le responden acompañarán.
En el marco de la presentación de un programa provincial, Morales señaló tras la media sanción que “hemos acompañado la media sanción de la ley aporte extraordinario a las grandes fortunas a través de los legisladores jujeños y seguramente en el Senado de la Nación también va a ser acompañado, porque los programas sociales y las políticas nacionales tienen un anclaje” en esa iniciativa.
“Si lo que más tienen no van a hacer un aporte adicional por única vez para generar un fondo, ¿en qué país vivimos”, se preguntó Morales, valorando “que nuestros legisladores hayan votado esa ley”. Y cerró: “La vamos acompañar en el Senado de la Nación”.
Los senadores radicales jujeños son Mario Fiad y Silvia Giacoppo, quien sucedió al propio Morales cuando en 2015 el entonces senador se convirtió en gobernador. Ahora bien, lo curioso es que Giacoppo se pronunció en vísperas del tratamiento en Diputados decididamente en contra, anticipando que el proyecto “no va a salir porque es inconstitucional y confiscatorio, pero lo que busca es instalar un relato de estar a favor de los pobres atacando a la riqueza”.
“Por más que se vote, se va a judicializar. Necesitamos crecimiento y esto afecta a la producción, atenta contra la seguridad jurídica y expulsa productores de todo tipo a instalarse en países vecinos. Estamos expulsando el capital”, razonó Giacoppo.
Como sea, parlamentario.com pudo saber que los senadores jujeños terminarán votando en sintonía con lo que hicieron los diputados, más allá de alguna declaración anterior, tal cual deslizó una fuente consultada. Tendrán en cuenta el pedido del gobernador, como así también las necesidades e intereses de la provincia y de los jujeños.
El resto del interbloque de senadores nacionales deberán entenderlos.
La diputada Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, sostuvo este martes que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas es “un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una Argentina con mayor igualdad”. Vallejos aseguró que es “mentira” la “supuesta […]
La diputada Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, sostuvo este martes que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas es “un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una Argentina con mayor igualdad”.
Vallejos aseguró que es “mentira” la “supuesta asfixiante presión tributaria”, ya que “se está soslayando el hecho de que no estamos debatiendo un impuesto sino un aporte, por única vez, un aporte extraordinario, en una circunstancia que, probablemente, sea la más extraordinaria que le haya tocado vivir, por lo menos, a mi generación”.
“La presión tributaria en la Argentina se ubica cerca de 10 puntos por debajo de los niveles que existen en los países de la OCDE y cerca de 15 puntos por debajo de los europeos”, precisó.
También rechazó otro argumento de la oposición más dura, con respecto a que la iniciativa atenta contra las inversiones: “El aporte no recae sobre el patrimonio de las empresas, sino sobre las fortunas personales acumuladas por las menos de 9.300 personas humanas más ricas de la Argentina, en función de sus patrimonios declarados”.
“Esto también es mentira. Durante el anterior gobierno, las reformas tributarias que se instrumentaron, entre las que resalta el aplanamiento de las alícuotas de Bienes Personales, el impuesto que grava la riqueza en nuestro país, implicó que la tasa de recaudación por ese impuesto sobre el total cayera desde el 1,36% promedio durante 2003-2015, hasta el 0,74% durante 2015-2019. Cayó prácticamente a la mitad. Y, sin embargo, ¿creció la inversión cuando se redujeron los impuestos que pagan los ricos? ¡No! Mientras los ricos pagaron menos impuestos, la inversión cayó: desde una tasa promedio de 21,1% a una de 19%. Dicho de otro modo, cuando los impuestos a los ricos eran más altos, había más y no menos inversión en la Argentina”, retrucó.
La legisladora del Frente de Todos sostuvo que “iniciativas como el aporte extraordinario que estamos debatiendo son un intento de paliar en algo los vergonzantes niveles de injusticia que lastiman a nuestra sociedad”.
Según Vallejos, “tal es el nivel de concentración en pocas manos que este aporte recae sobre menos de 9.300 personas, el 0,02% de nuestra población. Pero de los aproximadamente 300.000 millones de pesos que esperamos recaudar, cerca de la mitad será aportado por solo 252 personas, las que están en la cima de la cima de la pirámide”.
La neuquina Alma Sapag rechazó el proyecto en duros términos, por considerar que el mismo va “en el sentido opuesto de la salida que pienso que este país necesita”.
Habitualmente aliada del oficialismo, esta vez la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag no acompañó el aporte solidario y extraordinario. En su discurso, la legisladora señaló la necesidad de crear “valor y empleo”, y para eso dijo que “debemos alinearnos detrás de la iniciativa e inversión privada”.
“No podemos pedirle más a un Estado enorme, deficitario y adicto a las fuentes de financiamiento. Necesitamos apoyarnos en la iniciativa del sector privado, inversión nacional, pero sobre todo extranjera; capital que invierte, que produce y que genera empleo”, sostuvo, y agregó: “El capital no pide mucho para invertir, solo algunas reglas y acuerdos básicos: pide seguridad, certidumbre y reglas claras. Y cuando no las encuentra se retira en búsqueda de lugares más seguros”.
“El capital no va a cualquier lugar, ni pierde el tiempo, busca lugares prósperos donde poder desarrollarse. Así funciona la economía y el desarrollo de los países”, razonó la diputada.
“Y entonces -se preguntó-, ¿Qué prosperidad pueden ver los inversores en un país donde la creatividad tributaria está a la orden del día? ¿Qué atractivo puede tener un país donde los recursos parecen nunca alcanzar y el cambio de reglas es moneda corriente? Si no generamos condiciones mínimas, la huida de inversores se continuará acrecentando”.
Para la neuquina, “debemos atraer inversiones en vez de repelerlas; debemos crear empleo en vez de destruirlo”. Así las cosas, interpretó que “la salida no es sector público contra sector privado; es sector público con sector privado”.
Con relación al proyecto, Sapag hizo fuertes cuestionamientos. Lo consideró un impuesto y criticó además que no fuera coparticipable. Habló de un proyecto “erróneo e inoportuno en su fondo, y a su vez lleno de debilidades en sus formas”.
Anticipó que “este impuesto va a traer más costos políticos y sociales que beneficios económicos, y además se va a judicializar”. Así será, dijo, porque “es inconstitucional cuando se vuelve confiscatorio”.
“La pandemia ha tenido un impacto inconmensurable sobre la economía en su conjunto -añadió-. Y en este marco me llama la atención pedir un aporte solidario a un sector que ha hecho un esfuerzo enorme y muchas veces invisible por mantener los puestos de trabajo y las empresas en marcha”.
En este marco, consideró que “es imprescindible que todos los funcionarios políticos realicemos nuestro aporte solidario. Este proyecto debería incluirlo; debemos pedir y dar, acompañar el esfuerzo. Es ético y moral, es justo”. Y concluyó confirmando el no acompañamiento al proyecto “porque va en el sentido opuesto de la salida que pienso que este país necesita. No voy a traicionar mis convicciones, ni ser demagoga”.
Para el diputado radical misionero, “no cabe ninguna duda que estamos en presencia de un nuevo impuesto, por cumplir con todos los conceptos que lo integran”.
El diputado radical Luis Pastori fue particularmente duro contra el aporte solidario y extraordinario propuesto por el Gobierno, al que consideró lisa y llanamente un impuesto.
Arrancó parafraseando a Marta Nercellas, exabogada de la DAIA en el juicio por el atentado a la AMIA, al señalar que “este proyecto en tratamiento es uno más de los tantos agravios a la Argentina por parte de un Gobierno que recurre a los eufemismos para vestir de épica todo lo que acomete, y en especial aquellas cuestiones cargadas de un absurdo neologismo, con un sesgo claramente antiempresas y antiinversiones”.
Para Pastori, “no cabe ninguna duda que estamos en presencia de un nuevo impuesto, por cumplir con todos los conceptos que lo integran: surge de la ley, es coactivo, obligatorio, no es voluntario y está destinado a un fin público”. Así las cosas, concluyó que “es un impuesto, no le busquen la vuelta, es un impuesto”.
“Empezamos muy mal si arrancamos pretendiendo engañar desde el título: que esto no sería un impuesto, sino un pariente cercano que vino de visita por única vez y al que tenemos que cobijar tolerando sus buenas intenciones”, ironizó, remarcando que “estamos ante un actuar malicioso y tramposo” de parte del Gobierno.
Además, el misionero agregó: “Siendo un impuesto de tipo directo, cuya potestad originaria corresponde a las provincias -artículo 75, inciso 2 de la Constitución nacional-, en este caso todo lo recaudado, contrariando el principio general de que todo impuesto es coparticipable va a ir a Nación, Es un impuesto grosero, mal diseñado, con serias falencias de técnica legislativa tributaria, que grava capital de trabajo”.
Asimismo, el diputado de Juntos por el Cambio adelantó que “para las PyMEs y el empleo, este impuesto es una segunda pandemia: le pega de lleno a las PyMEs agroindustriales, fabriles, industriales y de servicios, motores fundamentales de la generación de empleo. Le pega al campo, al gravar los inmuebles rurales sin mínimo no imponible que quede exento, y sin desgravar tampoco las viviendas de uso familiar”.
“¿Qué están buscando? ¿Qué se sigan yendo las empresas y los empresarios de la Argentina? ¿No se dan cuenta que están conspirando contra el éxito de su propio Gobierno, al que dicen defender, ralentizando la recuperación económica?”, se preguntó el legislador.
Para el Foro de Convergencia Empresarial, el aporte extraordinario a los grandes patrimonios no debe ser aprobado.
El Foro de Convergencia Empresarial observa con gran preocupación el avance, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley de Aporte Extraordinario a los grandes patrimonios.
“Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso, y que, cuando es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduzca una discusión que vuelve a dividir a los argentinos”, expresaron a través de un comunicado.
El foro habla del “dislate” de este impuesto, que considera “tan evidente, que sorprende su sola discusión”. Y agregan: “Se trata de una iniciativa que es confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes y desconoce la realidad económica de los individuos, generando transferencias de recursos entre regiones productivas, centralizando aún más el poder en el ámbito nacional”.
“En efecto, al ser un impuesto no coparticipable se originan nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales hacia el ámbito federal, generando una relación costo-beneficio negativo para las provincias. Además, apenas el 20% del producido del impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia”, señaló el foro empresarial, para el cual este aporte “no impactará solo en las ‘grandes fortunas’, como se pretende hacer creer, dado que este impuesto grava a los activos que también están afectados a la producción, sin tener en cuenta, además, la existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio”.
Finalmente, agregan, “afecta directamente a la creación de trabajo y obliga a quiénes deban tributar el impuesto a vender parte de sus bienes para poder hacerle frente”.
Los empresarios consideran que “el país necesita del esfuerzo de todos, incluido el sector público que, hasta ahora, no ha evidenciado ninguna medida de redimensionamiento o racionalización, como sí lo ha tenido que hacer el sector privado. La presión tributaria en Argentina ya es una de las más altas del mundo y la creación de nuevos impuestos para financiar un gasto público creciente en los tres niveles del Estado no va a permitir que salgamos de la prolongada recesión en la que estamos inmersos desde hace mucho tiempo. Pensar que el aumento de impuestos no tiene límites ni consecuencias en la inversión y en la actividad económica es desconocer las leyes más elementales de la economía”.
“Por eso, convocamos al Congreso de la Nación a que retire la discusión de este mal impuesto y convoque a las distintas organizaciones sociales a una mesa donde se pueda discutir las políticas de estado que nos permitan salir de esta difícil situación todos juntos”, concluye el comunicado.
Así lo expresó el titular de UpsAFIP, Julio Estévez, quien consideró “justo gravar a los que más tienen”.
El secretario general de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAfip), Julio Estévez, defendió este martes y consideró “justo y apropiado” el proyecto oficial de aporte solidario y extraordinario que será tratado en el Congreso y que grava a los poseedores de grandes fortunas.
Estévez, en un comunicado, señaló que “es justo gravar a los que más tienen cuando son los trabajadores los que siempre soportan la carga tributaria”, por lo que evaluó que es “apropiado pedirle un esfuerzo a los que mas tienen en una crisis descomunal como esta”.
“Gravar con un 35% a los trabajadores mes a mes es absolutamente legal pero tocar una pequeña parte de patrimonio de los ultra millonarios por única vez es irrazonable, injusto, ilegal o arbitrario?”, se preguntó el titular del gremio del personal jerárquico de la Afip.
“Si los señores diputados nacionales que han avalado año tras año el impuesto al sueldo –mal llamado impuesto a las ganancias- y la justicia lo ha ratificado, no entiendo qué tiene de injusto gravar por única vez a las fortunas mayores a 200 millones, teniendo en cuenta el contexto internacional de la pandemia y las necesidades propias del Estado”, agregó.
Estévez sostuvo que “en otros países como España, Italia, Suiza y Rusia, y en los sudamericanos como Brasil, Chile, Perú y Ecuador el tema se planteó con total serenidad, y en Argentina pareciera que los que más tienen consideran que existe un derecho divino que los excusa de hacer un esfuerzo fiscal extra, como hace toda la sociedad al pagar un impuesto regresivo como el IVA o soportar un impuesto al sueldo de nada más y menos que del 35% que soportamos todos los empleados”.
Al expresar su rechazo, el diputado de Juntos por el Cambio rechazó el impuesto a las grandes fortunas y puso en duda su excepcionalidad.
El diputado nacional Jorge Enríquez afirmó que el llamado “impuesto a las grandes fortunas” que impulsa el Gobierno podría ser confiscatorio y puso en duda su carácter “excepcional” al anticipar su rechazo al proyecto que comenzará a debatirse esta semana en la Cámara baja.
“No se trata de ningún aporte solidario, como lo denomina el kirchnerismo, sino de un nuevo impuesto porque quienes estén alcanzados deberán hacer una contribución obligatoria, aunque se lo disfrace con otro nombre”, subrayó Enríquez, quien advirtió además que “los impuestos directos casi siempre han nacido como gravámenes de emergencia, que luego de pasada la referida emergencia, se instalan de manera permanente en el sistema tributario”. En ese sentido recordó el impuesto a los Réditos, que se creó en 1932 como un “gravamen de emergencia” y que sigue hasta hoy con la denominación de impuesto a las Ganancias, así como el impuesto sobre los bienes personales de 1991 y el impuesto a los débitos y créditos bancarios del 2001, implementados bajo una supuesta temporalidad que no se cumplió.
El diputado consideró, además, que de aprobarse este impuesto supondría una doble imposición tributaria, ya que el objeto imponible, el patrimonio, ya se encuentra alcanzado por el impuesto a los bienes personales. “Esta doble imposición puede llevar a la confiscatoriedad, ya que absorbería una parte sustancial de la renta o del patrimonio gravado –estimó Enríquez, y agregó–. Ambos tributos tendrán el mismo efecto nocivo sobre la inversión, el ahorro y además alentará la fuga de emprendedores con capacidad de generar empleo”.
Por otra parte, Enríquez cuestionó firmemente que el proyecto del Gobierno “de manera novedosa y llamativa introduce como elemento adicional de capacidad contributiva el de nacionalidad, ya que se establece que también estarán alcanzados, por sus bienes en el país o en el exterior, aquellas personas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de la ley de impuesto a las Ganancias”.
Por último, el diputado opositor objetó que se gravarán las acciones y participaciones societarias de empresas argentinas, desalentando así la inversión en momentos en que ésta resulta indispensable para superar la gravísima crisis que atraviesa el país y que ha disparado los índices de pobreza e indigencia a niveles sin precedentes.
Con el poder que entiende le brinda ser el dueño de la mayoría de los votos que llevaron al FdT al poder, el kirchnerismo sigue ganando lugares, pasando facturas, e imponiendo debates, como el del aporte solidario, que el Gobierno venía postergando. Sorpresa con el debate sobre el aborto.
Por José Angel Di Mauro
Cuando la vicepresidenta mencionó en su tan comentada carta pública a “los funcionarios y funcionarias que no funcionan”, comenzaron a circular listas con los nombres que podía incluir semejante referencia. En todos figuraba María Eugenia Bielsa, la ya renunciada ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Propios y extraños pensaban en ella, más allá de ser muy ponderada por el propio presidente, al que le dolió mucho eyectarla. Pero cuando en los días previos a esa salida quien esto escribe le preguntó a una figura del Gobierno sobre los funcionarios que funcionan, nuestro interlocutor dijo que para él la manera de verificarlo es siempre analizar el gasto del presupuesto de cada área.
Era innegable de quién estaba hablando, pues a la hermana del técnico del Leeds le reprochaban la falta de ejecución de sus partidas presupuestarias, lo que es decir que un área clave como es vivienda no estaba rindiendo lo esperado. Hay explicaciones para semejante mora, la mayoría atribuibles a la pandemia, que entre otras cosas puso un freno a la construcción. Pero la suerte de la exvicegobernadora de Santa Fe estaba echada, para muchos desde que la carta de Cristina Kirchner vio la luz.
En su lugar asume Jorge Ferraresi, quien es intendente de Avellaneda, pero a partir de que se confirmó que era el elegido para reemplazar a Bielsa se hizo más hincapié en su cargo cuasi honorífico: vicepresidente del Instituto Patria. Pareciera entonces una regla no escrita que todo funcionario renunciante sea reemplazado por un cristinista. En efecto, a Alejandro Vanoli lo sucedió al frente de la ANSeS la camporista Fernanda Raverta; a Sergio Lanziani lo reemplazó en la Secretaría de Energía Darío Martínez, primer denunciante de Mauricio Macri por los Panamá Papers.
¿En quién pensará Cristina si terminara yéndose Marcela Losardo?… La referencia encuentra un rechazo rotundo en Olivos -donde el presidente cumple riguroso aislamiento luego de que el positivo de Gustavo Beliz dejara fuera de circulación a medio gabinete-, pues la ministra de Justicia es socia y amiga de Alberto Fernández y entregar su cabeza sería una capitulación que no está dispuesto a conceder. Pero lo cierto es que cerca del mandatario tomaron como una señal muy negativa la fuerte crítica que días pasados lanzó otro muy allegado a CFK como Leopoldo Moreau, que le reprochó a la ministra que “haya aparecido solamente para esto”, en referencia a su defensa de la postulación de Daniel Rafecas, cuando “hace seis meses estamos debatiendo cuestiones judiciales como el caso de Stornelli, la situación del procurador Casal y la reforma de la Justicia, nada más y nada menos”.
No hay una oposición… hay cada vez más oposiciones. Hay falta de personería jurídica en la oposición”, ironizó una fuente.
A propósito, salvo esa referencia, casi no se habla ya de la reforma judicial. El presidente ha dicho que sigue esperando que la Cámara de Diputados “se digne” a tratarla, pero no sonó como un reproche hacia Sergio Massa, sino a una oposición que en este caso logró reunir una masa crítica suficiente para que el oficialismo no se arriesgue a tratarla y perder. “Estamos esperando una propuesta de la oposición respecto de qué cosas está dispuesta a reformar y qué no, entendiendo que la justicia está en deuda con la sociedad argentina”, señaló a este medio alguien del Gobierno. El problema, razonó, es que “no hay una oposición… hay cada vez más oposiciones. Hay falta de personería jurídica en la oposición”, ironizó la fuente.
Esa propuesta no llegará, como tampoco quieren en Juntos por el Cambio complicarse con el tema Rafecas: “Hace 8 meses que el pliego está en el Senado y no lo mueven, así que es el Gobierno el que debe resolver qué quieren hacer con él”, explicó a este medio uno de los jefes de la oposición parlamentaria.
Precisamente en el plano legislativo es donde los últimos días el oficialismo mostró fisuras. Son conocidas las diferencias entre los presidentes de ambas cámaras, preexistentes a la llegada del Frente de Todos al poder. Así y todo conviven. Pero la vicepresidenta no es de olvidar rencores, y lo dejó escrito en la carta del 26 de octubre en la que recordó lo que su par de Diputados decía de ella en el pasado. La crítica esta vez no la expresó ella, sino los senadores, que se quejaron en privado del jefe de la Cámara baja y el papel que tuvo con el Presupuesto, en cuyo debate -recordemos- no hubo discurso de cierre de Máximo Kirchner. En la sesión del jueves no fue CFK la que hizo público el error al omitir el envío de un anexo con planillas de obras proyectadas, sino el miembro informante por el oficialismo, que al concluir su exposición sorprendió al anunciar que el proyecto volvería en revisión a Diputados.
¿Le habrán avisado al ministro de Economía que la sanción del Presupuesto se iba a retrasar, o se enteró al escucharlo desde uno de los palcos del Senado?
Pero aún faltaba una sorpresa más para ese jueves cargado. Cuando el debate por la ley de leyes llegaba a su fin, desde el propio Senado el kirchnerismo anunció que el oficialismo de la otra Cámara había pedido una sesión especial para el martes venidero, para tratar el postergado impuesto a la riqueza. El proyecto de “aporte solidario” estará acompañado por otro proyecto de Máximo Kirchner no menos polémico: el que prohíbe por 60 años los desarrollos inmobiliarios en tierras incendiadas, y también cualquier uso diferente al que tenía antes de un incendio.
El tema es que el proyecto conocido como “impuesto a la riqueza”, anunciado a poco de iniciada la pandemia por el periodista Horacio Verbitsky en un reportaje que le hizo al presidente -quien puso cara de enterarse ahí-, sufrió mil postergaciones. Su presentación se fue dilatando, y su dictamen se alcanzó recién a fines de septiembre; pasaron casi dos meses sin que llegara al recinto. Es que Alberto Fernández nunca estuvo convencido de esa iniciativa de Máximo K que redactó Carlos Heller, y todo indica que prefería cajonearla. La semana anterior una encumbrada fuente del oficialismo había confiado a este medio que la demora en el tratamiento del proyecto tenía que ver con la necesidad de aguardar a la presentación de la reforma tributaria, “para que no se pisen” en sus artículos. “Lo mejor para trabajar es tener terminado el proyecto de reforma tributaria y ahí Heller y Máximo puedan comparar y ver entre especialistas tributaristas que no se produzca ninguna distorsión en el sistema”, confiaba nuestra fuente.
Toda una sorpresa debe haber sido para el presidente, Martín Guzmán y Sergio Massa, enterarse el jueves del pedido para tratar en sesión especial ese tema este martes. Una señal muy impactante respecto de lo parcelado que está el poder dentro de la coalición gobernante, con intereses que se contraponen entre los propios poderes.
En tren de dar señales, la sanción del Presupuesto tuvo una demora imprevista ante los ojos de los representantes del Fondo que por estos días nos visitan, y será aprobado el mismo día en que se trate un proyecto que es visto con preocupación por los inversores. Cierto es que al FMI no le incomoda que el Estado recaude más con nuevos impuestos, pero sí que haga los ajustes a los que se comprometa.
Comenzó a cumplir el Gobierno con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se anunció esta semana y se debatirá en los próximos días en el Congreso. A diferencia de la fórmula aprobada bajo catorce toneladas de piedras, esta no contempla a la inflación, aunque sus auspiciantes aseguren que “es absolutamente reparadora”. Cálculos que expuso el diputado Luciano Laspina (PRO) en el debate en comisión determinan que el Gobierno se ahorró 100 mil millones con el cambio de fórmula.
Y en este marco es que el Gobierno anunció a través de Vilma Ibarra que mandará antes de fin de mes el proyecto para legalizar el aborto. Fue una verdadera sorpresa para propios y extraños, aunque no faltan quienes vinculen su impulso con el ajuste en ciernes. Cerca de Massa confiaban hace pocos días que al menos este año el tema sería postergado: en medio del estrés sanitario que representó la pandemia, poner otro tema de política sanitaria en discusión sería cuanto menos complejo, razonaban.
Pero los problemas para aprobarlo no están en esa Cámara, sino en el Senado, donde el rechazo se impuso 38 a 31 hace dos años y desde entonces la composición del cuerpo no ha variado sustancialmente. Se juega mucho el Gobierno, que apuesta a la aprobación. Dependerá de Cristina Kirchner, que manda en la Cámara alta y en cierta forma será su responsabilidad conseguir los votos.
¿O acaso es una devolución de atenciones para con la exmandataria, que se ha mostrado ajena a cualquier responsabilidad en esta coyuntura crítica? ¿Tendrá que ver que el anuncio lo haya hecho Vilma Ibarra, otra de las apuntadas en la carta pública de la vicepresidenta?
Consideró que “el Gobierno está ajustando en forma inequitativa y es culposo”, y afirmó que no hay un plan.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, consideró “coercitivo” el aporte solidario, al que lisa y llanamente consideró “un impuesto”. Sostuvo que el Gobierno “ha cambiado la agenda” y le advirtió que “debe saber que no siempre están llegando por primera vez”.
“Nadie se hace cargo del pasado”, aseveró.
Entrevistado por CNN Radio, Negri consideró que es necesario “un acuerdo político”, aunque relativizó que sea lo que sugirió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su carta de hace dos semanas. “No descubrió la pólvora”, aclaró sobre la expresidenta.
Para Negri, “hace años se necesita un acuerdo político, económico y social. La carta (de Cristina Kirchner) se la mandó al presidente, que no convocó a nadie”.
Con relación al aporte solidario que se tratará en el Congreso el próximo martes, lo consideró “coercitivo”, afirmando que se trata de “una doble imposición a quien ya paga Bienes Personales”.
El diputado radical sostuvo que “el Gobierno está ajustando. Y son culposos. Procuran mantener un relato inconsistente y lo hacen en forma inequitativa, cuando el agua estaba casi al borde de meterse en el barco”.
“Lo que hacen no es ordenado ni forma parte de un plan. Y resulta incompatible con el Presupuesto. Ahora inventan algo que es un impuesto de acá a la China diciendo que es un aporte solidario extraordinario sobre lo que denominan grandes fortunas”, expresó en el programa “Digamos todo”.
Agregó que “no solo es ir sobre los bienes registrados. Las grandes fortunas en papeles están ocultas en paraísos fiscales. Nosotros planteamos la predisposición para discutir una reforma tributaria en serio. No reconocer el impuesto implica una judicialización. Están yendo sobre los bienes personales. Necesitamos inversión y menor presión tributaria. No es un problema de que aquellos que tienen más pongan más”.
“Esto es populismo tributario para enamorar a la gente”, aseveró
Con relación a la negociación con el Fondo Monetario, Negri señaló que “el jefe de Gabinete dice que llegó el FMI y nadie nos va a poner de rodillas, cuando tiene que haber una negociación para que haya un programa sustentable en el tiempo”.
En relación al veranito financiero de los últimos días, Negri advirtió que “bajamos la brecha cambiaria con anabólicos. Se está acumulando deuda”, y luego advirtió que “uno escucha que el problema de la propiedad privada es de los ricos. No dicen que la propiedad privada es propiedad privada”.
Con relación a la oposición, el presidente del principal interbloque opositor en Diputados aclaró que “no está desunida: hay esfuerzo y matices. El secreto de una coalición es administrar las diferencias. Siempre hay una nueva oportunidad”.
La sesión especial había sido pedida este jueves por el bloque oficialista y otros de la oposición, con el aporte solidario y extraordinario como tema central.
Un día después del pedido formulado por un grupo de diputados del oficialismo y la oposición para tratar tres proyectos, entre ellos el conocido como el impuesto a la riqueza, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, oficializó este viernes el llamado a sesionar el próximo martes a las 12.
La sesión especial incluye las tres iniciativas incluidas en el pedido encabezado por Máximo Kirchner, pero también sumaron el Presupuesto 2021, que viene en revisión del Senado luego de que el propio oficialismo comprobara la omisión de una serie de planillas sobre obras previstas para el próximo año.
En primer lugar figura entonces el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia; también tratarán un proyecto que ha despertado cierta polémica, como es la modificación a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que establece un lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas. Y el tercero de los proyectos es conocido como la ley Yolanda y establece la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la Administración Pública. En este caso, cuenta con media sanción del Senado, por lo que será convertido en ley.
Cabe recordar que los últimos días el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, había garantizado que el proyecto llegaría al recinto en las próximas sesiones. No obstante ello, una encumbrada fuente legislativa había condicionado por esos días el tratamiento de ese proyecto a la presentación de la reforma tributaria, con el fin de que no se superpusieran artículos de ambas iniciativas.
Con las firmas de acompañamiento, el oficialismo se garantizó la aprobación del aporte solidario, que necesita una mayoría de 129 votos por tratarse de la creación de un impuesto.
Citacion-a-Sesion-Especial-17-de-noviembreAdemás de los oficialistas Máximo Kirchner, Carlos Heller, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez, también aparecen las firmas del presidente del interbloque Federal, Eduardo Bucca; el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez; el del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; el del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón; el de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, y Felipe Álvarez, quien acaba de alejarse de Juntos por el Cambio y formó un bloque de dos diputados, Acción Federal.
El Frente de Todos tiene 119 diputados, pero a la hora de votar cuenta con 117, ya que Massa no vota -salvo que lo pida expresamente- y hay un legislador de licencia, José Ignacio De Mendiguren.
De todos modos, sumando a los 11 del Interbloque Federal, los 6 de Unidad Federal para el Desarrollo, los dos de Acción Federal y la neuquina Alma Sapag, el oficialismo llega cómodo a la sesión, con una base de 137 adhesiones para el proyecto de Máximo.
Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo, y resta por conocer la postura de la tucumana Beatriz Ávila, quien recientemente se alejó del interbloque de Ramón y formó un bloque unipersonal. El Frente de Izquierda, en tanto, tiene un proyecto propio.
Durante el debate en comisión, donde el oficialismo logró el dictamen de mayoría, se aclaró que el aporte será obligatorio y que regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.
Para evitar un eventual desapoderamiento masivo, se aclaró que “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.
Según relevó la AFIP, son 9.298 personas físicas las que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez, según la base del impuesto sobre los Bienes Personales.
De ese total, 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.
Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.
La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.
Los diputados Del Caño y Del Plá defenderán su propio proyecto de impuesto a la riqueza y “contra el ajuste del FMI”.
El proyecto de aporte solidario que implica una contribución por única vez sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos será finalmente tratado el próximo martes, según lo pedido por el bloque oficialista a través de una nota en la que fueron acompañados por otros bloques minoritarios de la oposición. Lo cual le garantiza el número suficiente para aprobarlo.
Pero con los diputados que no podrá contar el Frente de Todos para aprobar ese proyecto son los de la izquierda, que se abstendrán, según pudo confirmar parlamentario.com.
El diputado Nicolás del Caño señaló que “un impuesto a las grandes fortunas no puede ser utilizado para cubrir el ajuste del FMI. Las bancadas de la izquierda presentaron en abril un proyecto propio, pero como parte de una orientación diametralmente opuesta a la que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández”. Del Caño sostuvo que “en el mismo momento que anuncian la liquidación del IFE para casi 10 millones de familias necesitadas, un nuevo robo a los jubilados con la movilidad desenganchada de la inflación y tarifazos desde enero, se trata un proyecto que le otorgaría a los sectores populares un pequeño porcentaje de lo que le están sacando con el ajustazo en curso, y paradójicamente se tratará el mismo día en que van a volver a sancionar un presupuesto a la medida del FMI”.
Por su parte la diputada Romina del Plá señaló: “El ‘aporte solidario’ de las grandes fortunas propuesto, después de siete meses, viene a encubrir que en este momento se toman todas las medidas del Fondo Monetario: robo de la movilidad jubilatoria mediante otro decreto en diciembre y una fórmula divorciada de la inflación que recrudece, se anula el IFE, se suben las tasas de interés y se le ofrece al FMI un presupuesto de ajuste. Defenderemos un verdadero impuesto progresivo como el propuesto por el FIT, para recaudar 15.000 millones de dólares con destino social determinado. El aporte solidario oficial, en un 40% irá a subsidios al capital, y el resto cubrirá una ínfima parte del enorme endeudamiento en el que se sigue incurriendo”.
Con todo, Del Plá aclaró que “estamos en las antípodas del cuestionamiento de Juntos por el Cambio, ellos celebran el pacto fondomonetarista del Gobierno”.
“El proyecto del oficialismo pretende recaudar apenas la mitad de lo que este año pagó el Gobierno en concepto de intereses y capital de la deuda externa fraudulenta y la tercera parte de los que se va en intereses de las Leliqs. La bancada del FdT aceptó incluso cambiar la fecha desde cuando rige la imposición del aporte, permitiendo que muchos millonarios se deshagan de patrimonio y hasta cambiaron su domicilio fiscal al Uruguay. Los bancos que siguieron ganando con la pandemia ni siquiera son rozados por este ’aporte’”, explicó la diputada del FIT-U.
Del Plá señaló que “nuestro proyecto es parte del programa integral de salida a la crisis de parte de los trabajadores. Los responsables de la crisis son quienes nos gobernaron durante las últimas décadas siempre de la mano de los capitalistas. En lo inmediato exigimos que la CGT y la CTA rompan con el Gobierno y convoquen un paro nacional y plan de lucha, en defensa de las jubilaciones, los salarios y los puestos de trabajo”.
Por su parte Del Caño se diferenció también de la bancada de Juntos por el Cambio al señalar que “la derecha celebra el pacto con el FMI, pero plantea que cualquier aporte de los multimillonarios es confiscatorio, cuando en realidad a los únicos que han estado confiscando los dueños del país es a las familias trabajadoras y los pequeños comerciantes arruinados que vienen perdiendo por goleada con el crecimiento de la desocupación y la pobreza frente a las ganancias de un puñado de capitalistas”.
Del Caño explicó que “nuestro proyecto no es para encubrir un ajuste, sino que es parte de un programa integral que plantea el desconocimiento de la deuda externa fraudulenta, ningún pacto con el FMI, la nacionalización del sistema bancario para poner en resguardo los ahorros y tener crédito barato para la construcción de viviendas y el monopolio del comercio exterior para cuidar las divisas y evitar las maniobras fraudulentas de los importadores y exportadores”.
“Una salida favorable al pueblo y que la crisis la paguen los que la provocaron, sólo podrá venir de la mano de la movilización y lucha organizada de los trabajadores y el pueblo. La dirigencia sindical de la CGT y la CTA deben romper su seguidismo al gobierno y ponerse a la cabeza de un plan de lucha para enfrentar el ajuste en curso”, señalaron ambos diputados.
Así las cosas, Del Caño y Del Plá anunciaron que el Frente de Izquierda no va a acompañar el proyecto oficialista, sino que defenderán en el recinto su propio proyecto.
El proyecto se tratará el martes que viene, a pedido del oficialismo, y para la principal oposición ese no es el camino en medio de esta crisis.
Ante la noticia de que el oficialismo impulsa para el próximo martes el debate del proyecto de aporte solidario, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, ratificó el rechazo de su bancada y recordó que la misma “ya tiene dictamen de minoría en contra”.
“No es un problema de solidaridad”, aclaró el diputado cordobés, que consideró que en lugar de avanzar con esas medidas, en medio de semejante crisis, lo que hay que hacer en los sectores productivos “es incentivar y que haya trabajo”.
En declaraciones a radio La Red, Negri sostuvo que, por el contrario, lo que ha hecho el Gobierno es “meter tres impuestos nuevos en la crisis más compleja”.
En ese marco, Negri cuestionó duramente el proyecto de Presupuesto 2021 que volverá a Diputados y que probablemente se trate también el próximo martes. Para el jefe del interbloque JxC, “este presupuesto es un pastiche que se hizo”, el cual recordó que “ni siquiera contempla cuánto van a recaudar de este impuesto a los ricos, y tampoco (tiene en cuenta) lo de la nueva fórmula de jubilaciones”.
Reiteró además que el Presupuesto da por concluida la pandemia, crítica que ya hicieron durante el debate en Diputados. Para el Gobierno, dijo, “a fin de año se terminaron los efectos del coronavirus y presupone que las PyMEs van a volver al empleo puro”.
El bloque oficialista que conduce Máximo Kirchner solicitó este jueves al presidente de la Cámara baja una sesión especial para tratar el impuesto a la riqueza, la ley del fuego y la ley Yolanda.
Finalmente llegó el momento para el tratamiento del proyecto de ley de aporte solidario de las grandes fortunas. La iniciativa, que representa una contribución por única vez sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, se tratará el martes próximo a partir de las 12, según lo solicitado por un grupo de diputados no solo del Frente de Todos, sino también de los bloques minoritarios de la oposición.
El pedido de sesión especial fue formulado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el temario incluye tres proyectos de ley: el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia; y la modificación a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que establece un lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas.
El tercero de los proyectos es conocido como la ley Yolanda y establece la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la Administración Pública. En este caso, cuenta con media sanción del Senado, por lo que será convertido en ley.
No debería sorprender que el oficialismo aproveche esa sesión para sumar el tratamiento del Presupuesto 2021, que vuelve del Senado para subsanar en la Cámara baja la omisión de la remisión de las planillas que incluían obras en todo el país.
Cabe recordar que los últimos días el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, había garantizado que el proyecto llegaría al recinto en las próximas sesiones. No obstante ello, una encumbrada fuente legislativa había condicionado por esos días el tratamiento de ese proyecto a la presentación de la reforma tributaria, con el fin de que no se superpusieran artículos de ambas iniciativas.
Si bien todavía falta la convocatoria formal del presidente de la Cámara, se descuenta que el pedido será atendido, y con las firmas de acompañamiento el oficialismo se garantizó la aprobación del aporte solidario, que necesita una mayoría de 129 votos por tratarse de la creación de un impuesto.
Además de los oficialistas Máximo Kirchner, Carlos Heller, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez, también aparecen las firmas del presidente del interbloque Federal, Eduardo Bucca; el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez; el del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; el del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón; el de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, y Felipe Álvarez, quien acaba de alejarse de Juntos por el Cambio y formó un bloque de dos diputados, Acción Federal.
El Frente de Todos tiene 119 diputados, pero a la hora de votar cuenta con 117, ya que Massa no vota -salvo que lo pida expresamente- y hay un legislador de licencia, José Ignacio De Mendiguren.
De todos modos, sumando a los 11 del Interbloque Federal, los seis de Unidad Federal para el Desarrollo, los dos de Acción Federal y la neuquina Alma Sapag, el oficialismo llega cómodo a la sesión, con una base de 137 adhesiones para el proyecto de Máximo.
Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo, y resta por conocer la postura de la tucumana Beatriz Ávila, quien recientemente se alejó del interbloque de Ramón y formó un bloque unipersonal. El Frente de Izquierda, en tanto, tiene un proyecto propio.
Durante el debate en comisión, donde el oficialismo logró el dictamen de mayoría, se aclaró que el aporte será obligatorio y que regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.
Para evitar un eventual desapoderamiento masivo, se aclaró que “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.
Según relevó la AFIP, son 9.298 personas físicas las que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez, según la base del impuesto sobre los Bienes Personales.
De ese total, 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.
Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.
La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.
