El diputado del Pro Ignacio Torres afirmó que su proyecto de ley sobre “solidaridad sindical” apunta a que “haya más dinero en el bolsillo de los trabajadores”, para lo cual “es necesaria la colaboración de los gremios”.

Tras presentar una iniciativa que propone que se suspendan por tres meses los aportes sindicales, el legislador explicó que “esto no quiere decir que (las entidades) se desfinancien”, ya que los montos se cobrarán posteriormente en cuotas durante un año.

En diálogo con parlamentario.com, el chubutense también habló sobre la situación en su provincia, y aseguró que “es más compleja que otros distritos” debido a la caída del precio del petróleo y la crisis que acarreaba previamente. “Hay médicos que no están cobrando en tiempo y forma”, advirtió.

Por otro lado, el macrista afirmó que desde la oposición quieren “tratar muchos proyectos que, de manera complementaria, sirvan de aporte al Ejecutivo Nacional” en el contexto de la emergencia sanitaria. Por eso pidió “la apertura del Congreso de manera inmediata”.

En tanto, sobre la iniciativa del oficialismo para establecer por única vez un impuesto extraordinario, Torres admitió que en su bloque “hay distintas posiciones”. “Yo no estoy en contra de gravar al capital, pero siempre y cuando venga de la mano de una baja en los impuestos al trabajo y la producción”, opinó.

– ¿En qué consiste el proyecto de ley que presentó sobre “solidaridad sindical”?

– El proyecto consiste en la suspensión de la cuota sindical, que varía entre el 1% y 3% del salario -dependiendo el rubro-, por tres meses, que es lo que estimamos van a ser los meses donde será más fuerte el aislamiento. Este aislamiento afecta fuertemente a todo el país, a las PyMEs, a las empresas más grandes, a los monotributistas, a todos, y en un contexto donde se está solicitando solidaridad -y nosotros también lo hemos hecho desde nuestro bloque- a todos los sectores y a los tres poderes del Estado, me parece que es necesario también que las entidades sindicales pongan lo suyo.

– Voces críticas a este tipo de iniciativas, como también la presentara su par Alfredo Cornejo (UCR), hablan de una intención de desfinanciar a los gremios…

– No, esto no quiere decir que se desfinancien, para nada; porque después de los tres meses ese débito se haría en 12 cuotas sin interés. Lo que queremos es que haya más dinero en el bolsillo del trabajador por lo que dure esta pandemia. Hay muchos casos en los cuales ha habido acuerdos implícitos entre los trabajadores y la parte empleadora para percibir mucho menos, desde un 30, un 50, y hasta hay casos que han percibido el 70 por ciento menos en sus haberes. Por eso creemos también que es necesaria la colaboración de los gremios para suspender la cuota sindical. Hasta ahora no se han visto afectados bajo ningún punto de vista porque los débitos se han seguido haciendo y el empleador también es quien retiene este dinero. Reitero, apunta a que los trabajadores puedan tener más liquidez en mano durante el transcurso del aislamiento.

Hay un caso que para mí es digno de resaltar, que es el caso de petroleros en mi provincia, donde sin necesidad de avanzar con esta iniciativa tomaron la decisión de suspender la cuota sindical para que ese dinero lo tengan los trabajadores. Me parece que es una medida para replicar en otros sindicatos.

– ¿Qué opina de las medidas que ha tomado el Gobierno nacional en este contexto y qué cree que falta?

– Hay muchas medidas que tomó el Gobierno nacional que obviamente acompañamos. Sin embargo, hay cinco proyectos de emergencia que presentamos con algunos diputados para, a modo complementario, poder ampliar el universo de beneficiarios de algunos programas. Por ejemplo, en el caso de PyMEs, creemos que el criterio para acceder a algún beneficio tiene que ser, por ejemplo, una baja en la facturación del 30 a un 50 por ciento en términos reales, que sea comprobable impositivamente. Otro de los puntos tiene que ver con federalizar los recursos del Ministerio del Interior, de las arcas del Gobierno nacional, producto de la emisión monetaria. Estamos emitiendo más de 500 mil millones de pesos, lo cual hace que todos los argentinos a lo largo y ancho de nuestro país tengamos el mismo riesgo de caer en una espiral inflacionaria en un contexto de recesión; y muchos de esos recursos, la gran mayoría, se ejecutan en las zonas centro del país, cuando hay distritos que realmente lo necesitan y de manera urgente. Por eso presenté también un proyecto que tiene que ver con un criterio federal coparticipable de los aportes del Tesoro Nacional.

– En este sentido, ¿cómo es la situación en Chubut, que ya venía de una marcada crisis el año pasado?

– La realidad de Chubut es más compleja que otros distritos, porque nosotros somos una provincia que tenemos una altísima dependencia de las regalías petroleras y, sumado al aislamiento y el impacto que esto genera en la economía, el hecho de la caída del barril afectó muchísimo a las arcas del gobierno provincial, y esto afecta y resiente la salud, la educación, la seguridad, los sueldos que se están pagando de manera escalonada.

Este problema ya venía de antes de la pandemia, producto de un acuerdo de paritaria en campaña del gobernador (Mariano Arcioni), un acuerdo que no se podía cumplir, que generó un rosario de problemas, donde hubo paro de los tres poderes, un manejo anárquico donde ni el Poder Judicial, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo funcionó durante meses, más de un año y medio los chicos sin clases. La verdad que, sumado a toda esa angustia, hoy en este contexto nos preocupa mucho no solo que se sature el sistema de salud, sino que no arranque. Hay médicos que no están cobrando en tiempo y forma y que, sin embargo, están haciendo una patriada y le están poniendo el cuerpo, pero están trabajando en condiciones mucho peores de falta de insumos e infraestructura que otros distritos.

– ¿Qué piensa sobre la demora de un acuerdo en la Cámara de Diputados sobre la manera de sesionar?

– Nosotros desde Juntos por el Cambio estamos peleando para que la apertura del Congreso se haga de manera inmediata. Entendemos que hay una cuestión de crisis sanitaria, pero eso no quita que estamos viviendo en un Estado de Derecho y en una república, por lo tanto necesitamos imperiosamente que el Congreso, entre otras cosas, ratifique muchos de los DNU que están vencidos. Entiendo que hay buena voluntad para avanzar en un sistema de sesión remota, pero en el caso que esto se dilate mucho más vamos a proponer que la sesión se haga de manera presencial. Una opción sería que el Senado pueda sesionar en el recinto de Diputados y los diputados, por ser más, podamos sesionar en cualquier otro lugar que cumpla con el protocolo de distanciamiento social, como puede ser el CCK. Queremos tratar muchos proyectos que, de manera complementaria, sirvan de aporte al Ejecutivo Nacional.

– ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa de gravar a las “grandes fortunas” que impulsa Máximo Kirchner, jefe del bloque Frente de Todos?

– Hay distintas posiciones en nuestro bloque respecto a ese tema. Yo creo que hay que rediscutir un montón de cosas, entre eso la matriz fiscal. Nosotros tenemos la segunda presión fiscal más alta del mundo, lo cual es un cuello de botella al desarrollo de cualquier país y en Argentina lo padecemos: esto genera empleo en negro, destrucción de empleo. Va a haber que discutir un montón de cosas para darle alivio fiscal a quienes generan trabajo en nuestro país.

Yo no estoy en contra de gravar al capital, pero siempre y cuando venga de la mano de una baja en los impuestos al trabajo y la producción. En ese caso, si es coherente estaríamos dispuestos a aportar nuestro punto de vista y acompañar, mientras se tomen en cuenta las propuestas del bloque. Pero si hay algún dilema constitucional, obviamente bajo ningún punto de vista voy a apoyar un proyecto que sea confiscatorio o anticonstitucional.

El diputado Alberto Asseff presentó un proyecto para suspender por 180 días los aportes de los no afiliados a los sindicatos y exhorta a los gremios para que suspendan el cobro en los casos de afiliados.

“En la crisis todos deben colaborar máxime si representan directamente a los trabajadores”, afirmó el legislador de Juntos por el Cambio.

El proyecto suspende el artículo 38 de la Ley 23.551, a quienes deben actuar como agentes de retención por el plazo de 180 días. Durante el plazo de vigencia de la emergencia sanitaria establecida por el decreto 260/2020, exhorta a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, a no solicitar el pago -ordinario y/o extraordinario- de la cuota de afiliación u otros aportes que deban abonar. En el mismo sentido se invita a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, a diagramar un sistema sostenible de conformación de sus patrimonios en el marco de la emergencia sanitaria.

Recordemos que esta misma semana diputados radicales mendocinos -Jimena Latorre, Alfredo Cornejo y Federico Zamarbide- presentaron un proyecto de ley similar, para eximir a los trabajadores del aporte solidario sindical por un período de 180 días, y la colocación de un tope a dichos aportes. El mismo proyecto fue presentado por la senadora Pamela Verasay en la Cámara alta.

Los diputados nacionales Jimena Latorre, Alfredo Cornejo y Federico Zamarbide (UCR – Mendoza) presentaron un proyecto de ley para eximir a los trabajadores del aporte solidario sindical por un período de 180 días, y la colocación de un tope a dichos aportes. El mismo proyecto fue presentado por la senadora Pamela Verasay en la Cámara alta.

Los legisladores destacaron en sus fundamentos que “resulta imprescindible incrementar aquellos esfuerzos colectivos e intersectoriales en coherencia con las medidas tanto sanitarias como económicas que se toman en el marco de una situación de excepción y ello requiere reducir todas aquellas obligaciones que no sean imprescindibles y hagan aún más gravosa e insostenible la finalidad de preservar los puestos de trabajo y la integridad de las remuneraciones”.

En el proyecto de ley, los legisladores establecen la eliminación del artículo 38 de la Ley N° 23.551 de las Asociaciones Sindicales, que establece que los empleadores están obligados a actuar como agente de retención de los importes que los trabajadores destinan a los gremios.

Por otro lado, solicitan poner un tope al aporte solidario que realizan mensualmente los trabajadores. “El aporte solidario será de una cuota anual y no podrá superar el medio punto porcentual (0,5%) del salario bruto del trabajador del mes en el que se deba cumplir con dicha obligación”, afirma el proyecto.

Cabe destacar que actualmente, el aporte que hacen los empleados de comercio, por ejemplo, es del 2,5% del salario bruto mensual y, en el caso de los camioneros, el aporte que realizan los empleados escala al 3% sobre el total de las remuneraciones que perciben sus afiliados.

Por este motivo, resaltaron que “aplicando los mismos criterios que llevaron al Poder Ejecutivo a reducir y/o suspender aportes y contribuciones en algunas actividades afectadas por la emergencia sanitaria, con el consecuente impacto fiscal, entendemos necesario y oportuno extender aquel esfuerzo a quienes representan los derechos de los trabajadores afiliados, como son los sindicatos con personería gremial. Esto en el razonamiento de que la emergencia impone como elemental prioridad conservar los puestos de trabajos de aquellos mismos trabajadores”.

La presentación de dicho proyecto se da en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19, y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.