Abrevaya: “la Ciudad se adelantó en la regularización de las apps de delivery”

El legislador del GEN se refirió al pedido del Gobierno nacional a esas aplicaciones para que informen las comisiones que le cobran a los restaurantes y celebró la normativa que aprobó la Legislatura para prácticas abusivas desde esas empresas.

A poco menos de un mes de que la Legislatura porteña aprobara un marco regulatorio para las apps de delivery -como Glovo, Predidos Ya, Rappi, etc-, el diputado del GEN Sergio Abrevaya se refirió al pedido que el Gobierno nacional le realizó a esas aplicaciones para conocer las comisiones que le cobran a los comercios por ofrecer su servicio y destacó la labor de la Ciudad en ese sentido.

Es así que el legislador señaló que “el delivery llegó para quedarse y en la Ciudad se votó una ley para ponerle límites a los abusos y proteger al comercio, al cliente y al repartidor. En marzo, la comisión era del 18%, en julio del 30%” y recordó que a raíz de la normativa que sancionó el Parlamento porteño “si hay prácticas de monopolio u oligopolio, en la CABA puede haber suspensión de las empresas”.

“Desde el año pasado, planteo la necesidad de suspender la habilitación a quienes tengan prácticas abusivas. Son una máquina de concentración económica, el Estado tiene que tener presencia”, concluyó.

Cabe recordar que el texto aprobado por la Legislatura introdujo modificaciones en el Código de Transito, Código Contravencional y el Régimen de Faltas de la Ciudad, a fin de establecer un marco regulatorio para la actividad; derechos y obligaciones para las empresas y sus trabajadores; regular el monto de las comisiones; garantizar la provisión de elementos de seguridad e higiene a sus repartidores; entre otras cuestiones.

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Con los votos del oficialismo y sus aliados, la Ciudad reguló las apps de delivery

La ley fue aprobada con 39 votos positivos, 4 negativos y 17 abstenciones. La medida creó un marco operativo para apps como Pedidos Ya, Uber Eats, Glovo, entre otras, y fijó las responsabilidades de las empresas y los repartidores.

Tras un intenso debate, la Legislatura porteña sancionó con 39 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones una ley promovida por los legisladores de Vamos Juntos (VJ) y la UCR-Evolución (UCR-Ev) a través de la cual introdujeron una serie de modificaciones en el Código de Transito, Código Contravencional y el Régimen de Faltas de la Ciudad, con la intención de poder regular las actividades desarrolladas por las aplicaciones de delivery, como por ejemplo Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats.

La medida contó con el acompañamiento de VJ, UCR-Ev, GEN, CF y PS; el rechazo de PTS, FIT, PO y AyL; y la abstención de FdT.

Es así que el texto recientemente aprobado incorpora Código de Tránsito la figura de “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; por lo que establece que se trataría de una “persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”.

Además establece que las apps deberán contar con la habilitación correspondiente para poder operar y deberán inscribirse en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)”, aunque aclara que aquellos establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como actividad principal la mensajería urbana o reparto a domicilio quedarán eximidos de la obligación de inscribirse en este registro.

Es así que la vigencia de la habilitación será de un año, pudiendo renovarse en forma indefinida, y será otorgada a título personal y es intransferible. Por lo que estará prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión, comodato o venta de las habilitaciones.

Para lograr la correspondiente habilitación, las aplicaciones deberán acreditar su inscripción en la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constituir un domicilio en la Ciudad y uno electrónico, entre otras cuestiones. Mientras que los mensajeros además deberán acreditar que no poseen infracciones de tránsito.

Por otro lado, la normativa sostiene que los repartidores deberán aprobar cursos de capacitación obligatorios, los cuales incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten, según corresponda. A su vez, para poder prestar el servicio, deberán contar con casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas.

También plantea que las apps cuenten con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos.  En tanto fija sanciones para las aplicaciones que no se ajusten a la normativa, las cuales pueden ir desde suspensiones hasta 30 días, la suspensión de la habilitación o la imposibilidad de obtenerla por el plazo de un año.

repartidores delivery

El debate

Al inicio de la discusión, la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García (VJ), señaló que “la Ley Nº 5526 sancionada en mayo de 2016 había establecido un marco regulatorio para esta actividad, si bien pasaron cuatro años, es necesario introducir mejoras que contemplen las aplicaciones que por aquel entonces no estaban desarrolladas y que ahora en este marco de pandemia están cumpliendo un rol fundamental”.

“Durante el aislamiento los pedidos a través de estas aplicaciones crecieron en un 25% y un 20% más de comercios los incorporaron para hacer sus ventas, pero además la actividad ha tenido un crecimiento sostenido antes de la pandemia, un tercio de los vecinos de la Ciudad las utilizaban y tenían un 90% de aceptación”, indicó.

Por su parte el peronista Santiago Roberto (FdT) explicó que “esta pandemia si ha servido para algo fue para visibilizar con mucha crudeza lo desigual que es la Ciudad de Buenos Aires y sobre el rol del Estado para aplicar medidas urgentes” e indicó que como bloque no estaban “de acuerdo con este proyecto de ley, todos los diputados del FdT dejamos en claro nuestras posturas, nosotros queríamos mesas de trabajo y escuchar a todas las voces; pero seguimos trabajando para ver cómo se podía modificar esta ley, pudimos obtener algunas modificaciones aunque entendemos que no son suficientes”.

“Reconocemos la predisposición del bloque oficialista para modificar el proyecto original, tomando algunas propuestas que nosotros hicimos, entre ellas obligar a las empresas a que le garanticen a los trabajadores los elementos básicos para su seguridad vial y sanitaria y , también, que hayan sumado la obligación de que las empresas contraten a su exclusivo cargo, o sea sin costo para los trabajadores, seguro de vida, responsabilidad civil y de accidentes personales para la protección de los repartidores”, señaló.

Además alertó sobre que “hoy en día las Apps son el canal de venta más utilizado por los comercios y los comerciantes pagan comisiones de hasta un 35% sobre cada venta, las que son estipuladas unilateralmente por las empresas de delivery” y concluyó señalando que “en v ista de estos abusos es que proponemos un tope máximo del 15 % y que, además, esta medida se extienda después de la pandemia. En conclusión, si bien se han incorporado cambios, no acompañamos este proyecto porque aún no están garantizados en su plenitud los derechos de los trabajadores, los comerciantes y los usuarios que son el eslabón más débil de la cadena”.

A su turno Myriam Bregman (PTS) consideró que “es un proyecto que institucionaliza el fraude laboral, cuando existe fraude se lo combate y se pone al Ministerio de Trabajo para que intervenga, no se lo endulza para ver si se lo puede aggionar” y advirtió que “lo que se está votando refuerza las cadenas de desigualdad, esta ley la entiendo en el marco de la reforma laboral que se está tratando de avanzar en derecho y que se aplica de hecho. Esto ya lo tendría que haber discutido el Congreso”.

En tanto Marta Martinez (AyL) afirmó que “el oficialismo presenta este proyecto en el marco de una pandemia muy grave y no lo hace para cuidar a los trabajadores, sino que lo hace para deslindar las responsabilidades de las empresas” y aseveró que “profundiza este sistema capitalista que se llena de ganancias a costa de la salud de sus trabajadores, este proyecto no es beneficioso para los trabajadores y legitima la precariedad laboral”.

Por otro lado el legislador del GEN Sergio Abrevaya remarcó que “esta es una de las nuevas formas de trabajo en el mundo, revoluciona la economía en todo el mundo” y recordó que “la Argentina tiene una experiencia dramática con la concentración de capital, en los 90 con el hartazgo de los vecinos por pagar más caros los productos en los almacenes, llegaron los hipermercados y la gente creyó que era la solución, pero al tiempo aumentaron los precios”.

Además explicó que “cuando las empresas logran una posición dominante y se cartelizan, sucede esto. Es inevitable el avance de este formato” y aseguró que ante esta situación es “necesario proteger al comercio minorista”.

A su turno Marcelo Guouman (UCR-Ev) -quien es co autor del proyecto- explicó que “esta ley regula un sector declarado esencial en la pandemia pero que ya venía en pleno crecimiento. Ahora hay ley, donde antes había un vacío y desprotección” y remarcó que “Buenos Aires se ubica entre las primeras ciudades del mundo en avanzar en una regulación integral del delivery. Esto muestra a un Estado y a un Parlamento atento a las nuevas dinámicas”.

“El Congreso Nacional tiene por delante la cuestión de la legislación laboral de este nuevo paradigma digital. El desafío es cómo seguir incluyendo y, al mismo tiempo, incentivando la inversión”, finalizó.

La Legislatura porteña debate alivios fiscales para comercios no esenciales

La Casa se reúne desde las 11.31 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que buscarán condonar el pago del ABL y el impuesto inmobiliario para ese tipo de locales. Además, analizarán una regulación para las apps de delivery.

Debido a la extensión del aislamiento social obligatorio durante más de 120 días, la Legislatura porteña se reúne desde las 11.31 en el Salón Dorado para llevar  a cabo una sesión ordinaria en la que buscarán aprobar un proyecto de ley que impulsó el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que busca llevar un alivio fiscal a los comercios no esenciales, quienes vieron afectada su actividad debido a la pandemia del Covid 19.

Este alivio fiscal busca que los propietarios de locales comerciales o de servicios queden exceptuados de pagar la alícuota de impuesto a los Ingresos Brutos correspondientes a los meses de junio y julio del año en curso.

Por otro lado prevén avanzar con un marco regulatorio de las actividades de mensajería y reparto de alimentos a domicilio de alimento mediante el uso de motocicletas o bicicletas. “El objetivo de la propuesta es ordenar el desarrollo de la actividad, garantizar que se haga en términos seguros de movilidad” y crear un registro de quienes prestan estos servicios, se explicó en la Comisión de Tránsito y Transporte.

Además, entre otras tantas iniciativas, los legisladores prevén aprobar una iniciativa sobre “la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para fines de investigación y para ser usado como potencial agente terapéutico en el tratamiento de esta enfermedad”.

El proyecto es un texto consensuado entre varios bloques y propone legislar para que las autoridades sanitarias porteñas desarrollen “acciones para promover y apoyar los ensayos clínicos que tengan por objeto evaluar la seguridad y eficacia del uso del plasma de pacientes recuperados”.

Además, se considerará una iniciativa con despacho de la Comisión de Desarrollo Económico mediante la cual se propicia simplificar toda la tramitación administrativa referida a habilitación y verificación de locales comerciales y de servicios, eliminando pasos burocráticos que no se consideran imprescindibles.

La Legislatura debatirá la regulación de las apps de delivery

Lo hará en el marco de la sesión ordinaria convocada para este jueves a las 11.30, la iniciativa establece las responsabilidades de las empresas de reparto y de los propios repartidores. También avanzará con un alivio fiscal para comercios no esenciales.

Tras dos semanas sin sesiones, la Legislatura de la Ciudad se reunirá este jueves a las 11.30 en el Salón Dorado para llevar a cabo una sesión ordinaria en la que debatirán un proyecto de ley que busca regular las actividades desarrolladas por las aplicaciones de delivery, como por ejemplo Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats.

La iniciativa plantea la posibilidad de incorporar en el mencionado Código de Tránsito la figura de “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; por lo que establece que se trataría de una “persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”.

Además establece que las apps deberán contar con la habilitación correspondiente para poder operar y deberán inscribirse en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)”, aunque el texto aclara que aquellos establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como actividad principal la mensajería urbana o reparto a domicilio quedarán eximidos de la obligación de inscribirse en este registro.

Asimismo sostiene que los repartidores deberán aprobar cursos de capacitación obligatorios, los cuales incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten, según corresponda. A su vez, para poder prestar el servicio, deberán contar con casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas; entre otros puntos.

Por otro lado, la Casa también buscará avanzar con un proyecto de ley que impulsó el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, mediante el cual prevé eximir del pago del ABL, por los meses de junio y julio, a los comercios no esenciales que vieron afectada su actividad.

De esta manera, la iniciativa alcanza a las inmobiliarias, locales gastronómicos -tales como restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías, casas de comida, heladerías, fast food, etc-, hotelería, alojamiento, pensiones, geriátricos, albergues transitorios y/ o moteles, entre otros comercios. No obstante excluye a los locales comerciales de las entidades financieras y las de cobro de pago de servicios y tributos.

Asimismo, también durante los mismos meses se condonará el impuesto al uso del espacio público para las actividades comerciales en la vía pública y también se avanzará con la prórroga de la suspensión de embargos, la cual se extiende hasta el 31 de agosto. Al mismo tiempo que el Banco Ciudad lanzará una serie de créditos con tasa fija del 12% y seis meses de gracia.

Piden fijar un tope máximo para las comisiones que cobran las apps de delivery

Se trata de una propuesta de Santiago Roberto (FdT) que busca regular la comisión que deben pagar los comercios que venden sus productos en las mismas, estableciendo un tope del 15% del valor total de lo entregado.

repartidores delivery

Debido al aumento de la demanda en medio de la pandemia por el Covid 19 y con la intención de beneficiar a los usuarios y los comercios, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscará establecer que las aplicaciones de delivery -del estilo de Pedidos Ya, Rappi, Glovo, entre otras- le cobren a los comercios una comisión que no exceda el 15 % del valor total de lo entregado con el IVA incluido.

Por otro lado, el proyecto también crea un marco para la protección de los usuarios de las apps, estableciendo canales de reclamos efectivos e inmediatos en casos de devoluciones o reintegros, sin perjudicar a los repartidores. En tanto los comerciantes pueden reclamarle a las empresas si se ven perjudicados por fallas en las aplicaciones o en el caso de que se demore la entrega de los productos.

Al respecto de la iniciativa, Roberto señaló que “las apps de delivery han incrementado sus ganancias exponencialmente en tiempos de pandemia porque ofrecen un servicio fundamental para no salir de casa en el contexto de aislamiento” e insistió en que “los comercios que utilizan estas plataformas para vender sus productos tienen que pagar comisiones abusivas, que promedian el 30%, y se ven obligados a trasladar ese gasto al precio de venta al público. Este fuerte aumento, sumado al descenso de las ventas hace imposible que los comercios puedan sostenerse en pie”.

Además indicó que “es la Ciudad quien tiene que regular la situación de desbalance que hay entre las aplicaciones de delivery y los comercios” y consideró que “al fijar un tope máximo del 15% en las comisiones que cobran las empresas a los locales este desequilibrio se podría revertir, sobre todo teniendo en cuenta que desde el Gobierno porteño no hubo ninguna política que ayude a los comercios a sobrellevar esta crisis”.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador precisó que “como consecuencia de las medidas de aislamiento social, los pedidos en las plataformas aumentaron alrededor de un 30% siendo impulsados por compras tanto en supermercados y farmacias como en los pequeños y medianos emprendimientos gastronómicos de la Ciudad, y para estos últimos -como dijéramos- única vía de comercialización posible” y destacó que también “aumentó el volumen promedio de cada compra alrededor de un 25%”.

“Esto ha provocado un flujo extraordinario de ingresos para las empresas, derivado de las altísimas comisiones que imponen a sus comercios afiliados, y que -por otra parte- no ha sido trasladado en beneficios para los repartidores. Y cuando las reglas no son claras, los que quedan desprotegidos son los más débiles”, completó.

La medida también lleva la firma de los legisladores María Rosa Muiños, Matías Barroetaveña y Claudia Neira (FdT).

Cabe destacar que se prevé que durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña avance con un proyecto de ley que busca regular la actividad que ofrecen las apps de delivery, así como también las responsabilidades de las empresas y de sus propios repartidores.

El oficialismo porteño insiste con la regulación de las app de delivery

Vamos Juntos y la UCR-Evolución buscará avanzar esta semana con un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para el funcionamiento de aplicaciones de celular del estilo de Pedidos Ya, Rappi, entre otras. Desde la oposición exigen cambios y mayores obligaciones para las empresas.

repartidores delivery

Luego de que en la última sesión ordinaria el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidiera que se retirara del temario el proyecto en cuestión, el oficialismo porteño prevé avanzar con una normativa que regule la actividad de las aplicaciones de deliverys en la Ciudad y buscará que la iniciativa de autoría de Cristina García (VJ) y Marcelo Guouman (UCR-Ev) sea sometida a votación este jueves.

La decisión de García Vilas de posponer el tratamiento del texto se debió a que no habían alcanzado los acuerdos suficientes como para lograr los 40 votos necesarios para aprobarlo. Esto se debió a que los diferentes sectores de la oposición insistieron en las empresas –tales como Rappi, Glovo, Uber Eats, Pedidos Ya, entre otras- tengan más responsabilidades.

De esta manera, el proyecto plantea la posibilidad de incorporar en el mencionado Código de Tránsito la figura de “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; por lo que establece que se trataría de una “persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”.

Además establece que las apps deberán contar con la habilitación correspondiente para poder operar y deberán inscribirse en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)”, aunque el texto aclara que aquellos establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como actividad principal la mensajería urbana o reparto a domicilio quedarán eximidos de la obligación de inscribirse en este registro.

La vigencia de la habilitación será de un año, pudiendo renovarse en forma indefinida, y será otorgada a título personal y es intransferible. Por lo que estará prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión, comodato o venta de las habilitaciones.

Para lograr la correspondiente habilitación, las aplicaciones deberán acreditar su inscripción en la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constituir un domicilio en la Ciudad y uno electrónico, entre otras cuestiones. Mientras que los mensajeros además deberán acreditar que no poseen infracciones de tránsito.

Por otro lado, la iniciativa impulsada por el oficialismo sostiene que los repartidores deberán aprobar cursos de capacitación obligatorios, los cuales incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten, según corresponda. A su vez, para poder prestar el servicio, deberán contar con casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas.

También plantea que las apps cuenten con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos. En tanto plantea sanciones para las aplicaciones que no se ajusten a la normativa, las cuales pueden ir desde suspensiones hasta 30 días, la suspensión de la habilitación o la imposibilidad de obtenerla por el plazo de un año.

La Legislatura porteña inició el debate por la regulación de las apps de delivery

Las comisiones de Tránsito y Transporte y la de Justicia se reunieron este viernes para comenzar a analizar un proyecto de ley que prevé generar un marco operativo para apps como Pedidos Ya, Uber Eats, Glovo, entre otras.

Tal y como lo adelantó parlamentario.com, la Legislatura porteña inició este viernes el debate acerca de un proyecto de ley que busca introducir una serie de modificaciones en el Código de Transito, Código Contravencional y el Régimen de Faltas de la Ciudad, con la intención de poder regular las actividades desarrolladas por las aplicaciones de delivery, como por ejemplo Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats.

Es por ello que la Casa llevó a cabo una reunión conjunta entre la Comisión de Tránsito y Transporte -presidida por la oficialista Cristina García (VJ)- y la Comisión de Justicia -encabezada por el radical Marín Ocampo (UCR-Ev)-.

Durante la reunión el diputado co autor de la iniciativa, Marcelo Guouman (UCR-Ev), manifestó que “todo el universo de las transformaciones que están operando en la economía de nuestro país y del mundo, que proponen la dinámica de trabajo a través de las apps, implica un desafío enorme para la política, la Justicia y el orden ministerial” e insistió en que “es importante empezar a crear una normativa que las regule, para nosotros esta normativa lo hace”.

“No hay muchos datos formales, pero está claro que hubo un enorme crecimiento de estas apps en el último tiempo, no sólo por la pandemia sino por el crecimiento propio del servicio de delivery. Esto le acerca un producto terminado al consumidor final”, precisó y recordó que “en los últimos meses crecieron un 25% los pedidos y un 20% de comercios se inscribieron para usar esos servicios; esto nos marca la necesidad de legislar en este sentido”.

Al mismo tiempo que Manuel Socias (FdT) señaló que “todos somos conscientes de lo esencial que se volvió la actividad para los trabajadores, la población y los comercios” y consideró que “esta ley, que debería servir para proteger a los trabajadores, hace todo lo contrario porque los carga de obligaciones y prácticamente ningún derecho. Son trabajadores que están precarizados y se encuentran en una situación casi extrema”.

Además advirtió que la iniciativa “tiene dos grandes problemas: el encuadre de la actividad, porque la dejan suscripta a la actividad de mensajería y reparto, las plataformas desarrollan una actividad mucho más grande que entregar una pizza o hamburguesa; y por el otro, el excesivo reglamentarismo que solo recae en las espaldas de los trabajadores”.

“Así como está esta ley, vamos a perseguir a trabajadores precarizados. Tenemos que repensarlo desde cero, me parece que con esta medida vamos a generar más problemas”, aseveró.

En tanto el oficialista Hernán Reyes (VJ) remarcó que “el mundo está cambiando, el avance tecnológico y la economía colaborativa, pone en jaque las relaciones laborales en todo el mundo” y advirtió que “lo que sucede es que la tecnología nos está poniendo expectativas muy grandes, ¿por qué el mundo tiene este debate? Ya no pasa más la vinculación capital-trabajo”.

“Estamos frente a un gran desafío, hay que abordarlo desde un lugar interdisciplinario. Como jurisdicción tenemos que tener algún tipo de regulación, hay que revisar esta ley, tampoco me convence el sistema sancionatorio y el tema de los seguros”, agregó y concluyó señalando que es necesario “trabajar con velocidad, compromiso y profundidad pero démosle un orden”.

Cabe destacar que en la reunión también estuvieron presentes los diputados Daniel Del Sol, Gastón Blanchetiere, Matías López, Claudio Romero, Paola Michielotto, Claudio Cingolani, Gimena Villafruela, Esteban Garrido, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Victoria Roldán Méndez (VJ), Martín Ocampo, Leandro Halperín, Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev), Juan Manuel Valdés, Lucía Campora, Claudia Neira, Santiago Roberto (FdT) y Sergio Abrevaya (GEN).

repartidores delivery

El proyecto en debate

La medida plantea la posibilidad de incorporar en el mencionado Código de Tránsito la figura de “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; por lo que establece que se trataría de una “persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”.

Además establece que las apps deberán contar con la habilitación correspondiente para poder operar y deberán inscribirse en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)”, aunque el texto aclara que aquellos establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como actividad principal la mensajería urbana o reparto a domicilio quedarán eximidos de la obligación de inscribirse en este registro.

La vigencia de la habilitación será de un año, pudiendo renovarse en forma indefinida, y será otorgada a título personal y es intransferible. Por lo que estará prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión, comodato o venta de las habilitaciones.

Para lograr la correspondiente habilitación, las aplicaciones deberán acreditar su inscripción en la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constituir un domicilio en la Ciudad y uno electrónico, entre otras cuestiones. Mientras que los mensajeros además deberán acreditar que no poseen infracciones de tránsito.

Por otro lado, la iniciativa impulsada por el oficialismo sostiene que los repartidores deberán aprobar cursos de capacitación obligatorios, los cuales incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten, según corresponda. A su vez, para poder prestar el servicio, deberán contar con casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas.

El proyecto también plantea que las apps cuenten con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos.

En tanto plantea sanciones para las aplicaciones que no se ajusten a la normativa, las cuales pueden ir desde suspensiones hasta 30 días, la suspensión de la habilitación o la imposibilidad de obtenerla por el plazo de un año.