Lotería de la provincia de Buenos Aires acusó a una centenar de dominios virtuales de explotación ilegal del juego. La causa podría avanzar por el presunto lavado de activos y evasión fiscal. Buscan identificar a los responsables y frenar el acceso de menores de edad.
El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, denunció ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, un total de 300 sitios de apuestas ilegales que operaban sin autorización oficial.
En las presentaciones se expone la existencia de estas plataformas clandestinas y también se solicita avanzar en la identificación de sus responsables y administradores, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos, dado que se presume la participación en maniobras de lavado de activos y evasión fiscal por parte de estas organizaciones.
“No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, posee roles determinados, evaden impuestos y operan al margen de la ley”, afirmó el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof.
Atanasof encabezó la denuncia y alertó por el riesgo del acceso de menores de edad.
La investigación se originó a partir de un operativo de ciberpatrullaje realizado por personal de Lotería, que permitió rastrear el funcionamiento de estas plataformas y detectar su modus operandi digital. Una de las complejidades del tema radica en que los administradores de estos sitios mudan constantemente sus dominios para evadir controles, alojan servidores en paraísos fiscales como Malta o Curazao, y operan desde el exterior.
“No vale todo. Cuando hablamos de apuestas en adolescentes, debemos encarar el problema desde dos frentes: salud mental y seguridad. Hay que prevenir la ludopatía, pero también bloquear los sitios ilegales que no tienen controles por parte de nadie y permiten el acceso de menores de edad. Hoy los chicos están a un click de distancia porque estos casinos ilegales les permiten el acceso”, remarcó Atanasof.
Además, sostuvo que “denunciar sitio por sitio es insuficiente porque necesitamos herramientas modernas para un delito moderno. Esta pelea no puede darla una sola jurisdicción: tiene que haber una política nacional coordinada”.
En este sentido, como medida preventiva y de urgencia, en las denuncias se solicitó se ordene al Enacom el bloqueo inmediato de estos sitios, para impedir su acceso y funcionamiento en todo el territorio nacional.
La denuncia se enmarca en el trabajo sostenido que viene realizando la gestión y se suma a otras 120 presentaciones que derivaron en 50 allanamientos, donde se logró desbaratar organizaciones dedicadas a operar este tipo de páginas ilegales. También se complementa con más de 100 reportes contra influencers efectuados a través de Meta, en el marco del convenio con la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA). Este acuerdo permite identificar y dar de baja perfiles de Facebook e Instagram que promocionan apuestas no autorizadas.
El proyecto del diputado del Pro busca reformar el Código Penal para sancionar con hasta seis años de prisión a quienes organicen apuestas sin autorización e incorpora como delito la promoción en redes y plataformas digitales. La iniciativa apunta a frenar un negocio clandestino que crece entre jóvenes y evade controles.
El diputado nacional Martín Maquieyra (Pro) impulsa una reforma del artículo 301 bis del Código Penal para enfrentar el crecimiento del juego ilegal en entornos digitales. El proyecto establece penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten, administren u organicen sistemas de captación de apuestas sin autorización, e incorpora como delito la promoción, publicidad o difusión de estas actividades a través de redes sociales, plataformas digitales o cualquier medio de comunicación.
La propuesta también introduce un agravante: cuando el autor obtenga un beneficio económico directo o indirecto por las pérdidas o apuestas de terceros, la pena mínima se eleva a cuatro años, lo que habilitaría medidas cautelares más efectivas.
En los fundamentos, Maquieyra advierte que la publicidad ilegal se dirige especialmente a jóvenes y adolescentes, exponiéndolos a riesgos de adicción, endeudamiento y abandono escolar. “La publicidad ya no es un acto accesorio: es el corazón del negocio ilegal”, señala el texto, que busca frenar un circuito clandestino que opera sin controles y evade regulaciones tributarias y sanitarias.
El proyecto no afecta la actividad lícita regulada por las provincias, sino que apunta a fortalecer el federalismo y proteger a los sectores más vulnerables frente a un fenómeno que crece en redes y transmisiones en vivo.