Para el autor, la medida implementada por el Gobierno nacional que reduce aranceles a la importación de electrónicos impacta de manera decisiva en la provincia más austral. No es una reforma: es una demolición.
La reciente decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir drásticamente los aranceles a la importación de productos electrónicos no es una simple medida económica. Es un golpe frontal contra la industria nacional y un atentado directo a la provincia de Tierra del Fuego. En nombre de una ideología de mercado ciega y desarraigada, se pretende destruir décadas de esfuerzo colectivo, inversión pública y privada, y políticas de Estado que convirtieron a la provincia más austral del país en un polo productivo estratégico para la soberanía argentina.
Las cifras oficiales hablan de 7.000 puestos de trabajo en riesgo. Pero esa estimación resulta ingenuamente optimista cuando se analiza el impacto real sobre la economía regional. El efecto multiplicador sugiere que por cada empleo industrial que desaparece, se pierden al menos otros cuatro en actividades vinculadas: comerciantes, transportistas, proveedores de servicios, trabajadores del mantenimiento, del comercio, de la logística, entre otros. Estamos ante una posible catástrofe socioeconómica para una provincia que proyecta su desarrollo sobre pilares como la producción, el trabajo y el turismo entre otros.
Si tomamos en cuenta que Tierra del Fuego tiene alrededor de 90.000 trabajadores activos sobre una población de 185.732 habitantes, el golpe sería brutal: un tercio de la fuerza laboral se vería afectada de manera directa o indirecta. ¿Qué país puede permitirse el lujo de desmantelar su tejido productivo con esta liviandad?
La Ley 19.640, sancionada en 1972 fue una decisión estratégica para poblar, proteger, desarrollar e integrar el extremo sur del país, una región marcada por condiciones geográficas extremas y amenazas geopolíticas. Esa ley permitió generar empleo, crear arraigo, consolidar una identidad fueguina y reforzar la presencia nacional en una provincia bicontinental, con proyección antártica y una ubicación geopolítica que el mundo observa con atención.
Reducir todo a una planilla de costos es ignorar la lógica del desarrollo. Ningún país (ni siquiera los más desarrollados) produce tecnología sin importar algún insumo. Y si el único criterio fuera el precio, todo el planeta compraría a China y cerraría sus fábricas. Pero la realidad demuestra lo contrario: las grandes potencias, incluida la administración Trump en Estados Unidos, han aplicado políticas proteccionistas para defender e incentivar su industria local. Porque saben que sin industria, no hay nación fuerte.
No es casual que, mientras las Islas Malvinas continúan ocupadas, Tierra del Fuego haya crecido en población, educación, ciencia, turismo e industria. La producción fueguina es una forma concreta de soberanía. Por eso es tan grave que, desde el propio Gobierno Nacional, se pretenda arrasar con ese entramado productivo y social. Esta medida no solo destruye empleos: destruye el sentido mismo de un proyecto de país.
El argumento del déficit fiscal, utilizado como excusa para justificar la apertura indiscriminada, se desmorona ante cualquier análisis serio. Menor producción local significa menos recaudación, más importaciones, pérdida de divisas y mayor déficit comercial. Lejos de ordenar la economía, esta política profundiza el deterioro. La experiencia reciente ya lo demostró: estas recetas no traen progreso ni desarrollo, sino desempleo, pobreza y exclusión. Lo que se genera es un déficit gemelo que contradice los propios objetivos que dice perseguir el gobierno. Incluso en los casos recientes de reducción de impuestos para los vehículos, se comprobó que la baja de costos no se trasladó al consumidor final.
No podemos permitir que, en nombre de un dogma de mercado, se desguace el esfuerzo colectivo de generaciones. Tierra del Fuego no está sola. Su defensa convoca a todo el país. Porque lo que está en juego no es solo el destino de una provincia: es el modelo de Argentina que queremos.
Convocamos a todas las fuerzas políticas, sindicatos, cámaras empresarias, gobernadores, intendentes, legisladores y a toda la ciudadanía a levantar la voz. A resistir. A organizarnos. A defender lo que es nuestro.
Porque no se trata solo de proteger una ley o una industria.
Se trata de proteger el derecho de nuestro pueblo a tener futuro.
Mario Daniele es senador nacional (MC)
El presidente del bloque de la CC en Diputados sostuvo que se trata del “primer paso para eliminar el régimen de Tierra del Fuego”, y remarcó que su partido “es el único en marcar agenda y condicionar al Gobierno a tomar medidas en beneficio de los consumidores”.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este martes que el Gobierno nacional va a “eliminar por completo” los aranceles de importación a los teléfonos celulares, que hasta ahora son del 16%, y a reducir los impuestos internos que pagan celulares, televisores y aires acondicionados importados.
También aseguró que “a medida que se consolide el superávit fiscal se va a continuar bajando impuestos”, y convocó a las provincias a “seguir este camino”. En este marco el vocero detalló que la eliminación de los aranceles de importación de celulares se va a producir en dos etapas: la primera, a partir de la publicación del Decreto en el Boletín Oficial, a fines de esta semana, en donde se reducirán del 16% al 8%; y en la segunda, que entrará en vigencia el 15 de enero de 2026, se eliminarán por completo.
Adorni informó que, adicionalmente, se bajarán los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19% al 9,5%, y para los producidos en Tierra del Fuego, la reducción será del 9,5% al 0%.
“Hoy, en Argentina, un celular con tecnología de alta gama cuesta el doble que en Brasil y Estados Unidos”, señaló el funcionario, y añadió que “es tan ridícula la situación que había gente que pagaba un avión y un hotel para comprar algo tan básico como el celular en otro país”.
Se estima que, con el total de esta baja impositiva, los precios de los productos electrónicos importados van a registrar una “reducción de un 30% como mínimo, lo que va a equiparar a la Argentina con el resto de los países vecinos”, subrayó.
En ese sentido, el diputado nacional y presidente del bloque de la CC, Juan Manuel López, celebró la noticia y remarcó: “Primer paso hacia el objetivo de eliminar el régimen de Tierra del Fuego. La Coalición Cívica es el único partido que marcar agenda y condiciona al Gobierno a tomar medidas en beneficio de los consumidores. Lo seguiremos haciendo con medicamentos, prepagas, textiles, etc”. Además, apuntó contra el portavoz: “Lástima que Adorni lo use para la campaña”.
López sumó a su posteo en la red “X” los proyectos que presentaron desde su bloque para la eliminación del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.
Proyecto de liberación de la oferta de bienes informáticos y de las telecomunicaciones 👇 pic.twitter.com/AWvLKrryOa
— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) May 13, 2025
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad presentó un proyecto de ley para combatir la inseguridad generada por los delitos contra la propiedad. Estos delitos, también llamados “comunes”, suelen ser llevados a cabo por delincuentes individuales o pequeñas bandas y tienen un alto impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía. […]
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad presentó un proyecto de ley para combatir la inseguridad generada por los delitos contra la propiedad. Estos delitos, también llamados “comunes”, suelen ser llevados a cabo por delincuentes individuales o pequeñas bandas y tienen un alto impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía.
“Queremos atacar a los delincuentes por donde más les duele, el bolsillo”, afirmó Abad.
El proyecto propone suspender, por un año, el pago de aranceles e impuestos para la importación de ciertos productos, incluyendo:
Según explicó el senador, la iniciativa se basa en teorías de criminología económica, que estudian cómo funcionan los mercados del delito. “Estos mercados ilegales permiten la compra y venta de bienes robados, que provienen de robos, hurtos o saqueos”, señaló.
El objetivo de la ley es afectar esta estructura económica, donde operan delincuentes, financistas, transportadores y compradores de bienes robados. “Queremos intervenir en este sistema para reducir las ganancias que obtienen de forma ilegal”, agregó Abad y resaltó: “Si este proyecto logra de manera exitosa reducir los robos tendrá el beneficio de que los policías y recursos que hoy están destinados a perseguir este tipo de delitos puedan estar abocados a solucionar temas más prioritarios de la seguridad de los argentinos”.
Además, el proyecto otorga un amplio margen a la autoridad de aplicación para modificar la lista de bienes sujetos a la eliminación de impuestos, basándose en información actualizada del Ministerio de Seguridad Nacional sobre el mercado del delito.
Abad destacó la importancia de adaptarse a los nuevos métodos de comercialización de bienes robados: “Sabemos bien que el avance de la comunicación y la conectividad les abre un mundo de posibilidades a las organizaciones criminales. Hoy, la oferta de productos robados no sólo está en la calle, sino en la web, en redes sociales y en sitios legales e ilegales. Las fuerzas de seguridad ya no pueden actuar físicamente sobre estos mercados como en el pasado”.
Finalmente, el senador explicó la lógica detrás del proyecto: “Para atacar el mercado del delito, es imprescindible actuar sobre su factor económico. Por eso proponemos la eliminación de costos fiscales e impositivos, para que los productos legales tengan un precio más bajo y pierdan interés delictivo”.