El Gobierno no reglamentó el articulado de impuesto al tabaco y la CC denuncia “privilegios” a ciertas tabacaleras

A través de un proyecto, el titular del bloque en Diputados solicita a la a directora ejecutiva de ARCA –ex AFIP- para que informe de manera “precisa y detallada” las razones de la falta de reglamentación del artículo 229 de la Ley Bases que ya lleva siete meses.

A casi siete meses de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley Bases que se dio el pasado julio de 2024, el Gobierno nacional aún no reglamentó el articulado que la oposición había logrado incorporar la cual establece el pago de impuestos por parte de las tabacaleras.

Al respecto, diputados de la Coalición Cívica, encabezados por el titular del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto solicitándole a la Directora Ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, Florencia Lucila Misrahi, y demás funcionarios competentes, informen de manera precisa y detallada, las razones de la falta de reglamentación del artículo 229 de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos cuyo objeto es asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos del Impuesto Interno al Tabaco.

Según explicaron en el proyecto la falta de reglamentación de dicho artículo “deviene en un claro perjuicio para las cuentas públicas, ya que permite que las empresas tabacaleras declaren valores de venta inferiores a los precios efectivos, reduciendo así la base imponible a la que se aplica el Impuesto”.

“Determinadas empresas tabacaleras que, según ha trascendido, declaran al ente recaudador precios hasta un 140% inferiores a los precios efectivos de venta consiguiendo, de esta manera, evitar el pago de una parte significativa del Impuesto Interno al Tabaco”, denunciaron y sumaron: “Como consecuencia de la subdeclaración, la recaudación del Impuesto se ve fuertemente afectada, generando una pérdida que, según estimaciones, ascendería hasta los 300 millones de dólares anuales”.

López apuntó: “LA OMISIÓN DEL GOBIERNO QUE BENEFICIA AL SEÑOR DEL TABACO. Con la oposición inexplicable de algunos bloques logramos incorporar en Ley Bases legislación para poner fin a las maniobras de ciertas tabacaleras para no pagar Impuestos, 6 meses después ARCA no reglamenta nada”.

El lilito hizo alusión a la extensa sesión del pasado 30 de abril donde un sector de la oposición votó a favor de volver a incorporar a la Ley Bases el artículo 229 que había sido incluido por el Ejecutivo y luego retirado.

“La Ley de Bases establece que los cigarrillos tributan un 73% sobre el precio de venta al consumidor. Como ese precio lo declaran las tabacaleras, para evitar la subdeclaración, incorporamos un artículo para que, cuando no sea idóneo, se aplique el precio determinado por la ARCA”, explicó.

Así, cuestionó: “No sabemos por qué el gobierno lleva 6 meses sin reglamentar este precio de referencia. ¿Presiones de sus socios políticos? Como resultado, las tabacaleras pueden reducir significativamente el impuesto a ingresar, subdeclarando los precios de venta”.

“El art. 236 de la Ley Bases estableció un plazo de 90 días para que el Ejecutivo reglamentara la norma. El plazo venció y la reglamentación no aparece. Asociadas a sectores de la política ciertas tabacaleras consiguen mantener sus privilegios. ¿Quiénes traban la reglamentación?”, denunció.

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Castagneto aseguró que durante el macrismo hubo "espionaje" de la AFIP "y ahora quieren hacer lo mismo"

El diputado de UP, extitular del ente recaudador, rechazó la denuncia que lanzó el Gobierno sobre una supuesta protección a empresarios K, que habría comenzado en la gestión de Cambiemos.

En medio de una nueva polémica en torno al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, el Gobierno lanzó una denuncia sobre una supuesta red de "protección" a empresarios ligados al kirchnerismo dentro de la exAFIP que operó durante las gestiones de Cambiemos y el Frente de Todos.

"La denuncia y la información es totalmente mentirosa", aseguró este martes el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto, quien fue administrador del ente recaudador en el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández.

En sentido contrario a la denuncia del Gobierno, el legislador afirmó que "en el gobierno de (Mauricio) Macri se armó un grupo de tareas bajo la gestión de (Alberto) Abad y (Leandro) Cuccioli, conducido por Jaime Mecikovsky y el auditor (Néstor) Sosa, en conjunto con la exSIDE, la AFI, la UIF, el Banco Central, donde vulneraron el secreto fiscal y los mecanismos de protección que tenía la AFIP para tener información sensible de jueces, fiscales, periodistas, políticos, figuras públicas, con el fin de hacer denuncias penales o directamente entregar material para hacer una denuncia pública".

"También ocurrió con la expresidenta (Cristina Kirchner) y sus hijos Florencia y Máximo (Kirchner) con respecto a la persecución y el hostigamiento. Hasta se le había notificado a un domicilio inexistente. Esto se ha denunciado, pero lamentablemente todas las denuncias en ese momento cayeron en el juez (Claudio) Bonadio", recordó.

Castagneto señaló que "durante el macrismo tergiversaron la información, y ahora lo quiere hacer de nuevo Macri peleando un espacio con (Javier) Milei sobre ARCA" para "perseguir, cuestionar y amendentrar".

El kirchnerista acusó a La Libertad Avanza de querer "hacer este sistema de espionaje, acopio de información, para conseguir resultados electorales positivos y generar en la sociedad un relato mentiroso".

Sobre esto, puso un manto de sospecha respecto de por qué hay legisladores que "cambian los votos de un día para el otro; porque te hacen un seguimiento y una información para que votes distinto".

En diálogo con radio Futurock, Castagneto consideró que Macri y Milei "están peleando desde el primer día" por poder dentro del ente recaudador y "no para hacer las cosas bien, no para que paguen los que más tienen y paguen menos los que menos tienen".

"Cuando la economía fracasa, como está fracasando ahora y como fracasó en el gobierno de Macri, que es solamente para 7 millones de argentinos, tienen que buscar un relato salvaje", completó.

Tailhade denunció al nuevo titular de la exAFIP, Juan Pazo, por “delitos contra la administración pública”

En la acusación contra el funcionario, el diputado de UP pide que “se investigue una serie de hechos cometidos sobre falsificación de declaraciones juradas y ocultamiento de bienes”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (UP) denunció al nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, por “delitos contra la administración pública, falsificación de declaraciones juradas y ocultamiento de bienes”.

En la acusación, el diputado de UP pide que se investigue una serie de hechos cometidos por el actual funcionario público nacional, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) que podrían configurar delitos de acción pública que reprime con prisión de hasta 6 años al funcionario público “que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

Tailhade describió a Pazo como “empresario argentino, vinculado estrechamente como ejecutivo desde hace muchos años al grupo económico que comanda Francisco De Nárvaez, habiendo sido presidente del holding de empresas textiles del grupo, y presidente de numerosas sociedades subsidiarias constituidas en su gran mayoría en guaridas fiscales, es decir aquellos países o jurisdicciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”.

Así, denunció que en 2010 Pazo junto a su esposa constituyeron la sociedad Harbour House 1533 Corp, con sede en la unidad 1533 del complejo ubicado en el 10275 de Collins Avenue, Miami, Florida. “Esta sociedad continúa siendo propiedad de Pazo y su esposa, y, según veremos, nunca fue incorporada a las declaraciones juradas presentadas por Pazo en su condición de funcionario público durante los períodos mencionados”, señaló.

“En una primera etapa Pazo fue funcionario público entre marzo de 2016 y noviembre de 2019, y en función de las previsiones de la Ley de Ética Pública tuvo que presentar anualmente las declaraciones juradas patrimoniales. En ninguna de las presentaciones que hizo durante aquel período informó que era socio de una sociedad constituida en Miami ni mucho menos que era dueño de un inmueble en aquella ciudad”, ratificó.

Tailhade indicó que “en este período debió haber denunciado que eran propietarios de la unidad ya que lo compraron en 2013 y lo vendieron en 2021, es decir estuvo en su patrimonio durante toda la primera etapa de su trabajo en la gestión pública, y sin embargo lo omitió, lo ocultó, evidentemente de manera deliberada. O sea, una clara falsedad maliciosa de su declaración jurada”.

Denuncia Pazo