El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Inocencia Fiscal II (N° 27.826), a partir de la cual busca incentivar el ingreso al circuito formal de los llamados "dólares del colchón" -aproximadamente 170 mil millones-.

La norma, que modifica el Régimen Penal Tributario y la Ley de Procedimiento Tributario, es una reforma de la original ley aprobada a fines de 2025, que en su primer etapa no tuvo los resultados esperados por la gestión.

La ley fue promulgada por medio del decreto 1160/26, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del Presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Mediante la norma, sancionada en septiembre pasado por el Senado, se eliminan los topes de $1.000 millones y $10.000 millones respecto a los ingresos y el patrimonio, respectivamente, para poder ingresar al régimen.

Además, redefine el concepto de "discrepancia significativa" que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a impugnar la declaración jurada simplificada y, como consecuencia de ello, la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos no prescriptos.

Dicha discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente; cuando la diferencia supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal; o cuando la impugnación obedezca a la utilización de facturas u otros documentos apócrifos o al cómputo improcedente de ingresos directos.

Asimismo, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° de dicho régimen penal, por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa aun cuando se supere el porcentaje indicado.

Se determina que "no se considerará la diferencia que se produzca entre la declaración jurada simplificada original y la rectificativa, en la medida que esta última sea presentada por el contribuyente en un plazo no mayor a los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o la resolución de determinación de oficio" y "los saldos de impuesto que surjan de esa declaración jurada rectificativa, con más sus intereses, sean debidamente cancelados y/o regularizados".

Ante el antecedente del caso Manuel Adorni -que en la primera etapa adhirió al régimen simplificado de Ganancias-, durante el debate en el Congreso se establecieron límites para los funcionarios. Si bien podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen. Tampoco aplicará para ellos la discrepancia significativa.

La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública, en los tres poderes del Estado, dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.

Por otra parte, con el fin de atenuar la presión punitiva sobre el sector productivo e incentivar la regularización voluntaria, se establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, entre las que se contempla una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Simplificado de Registración Laboral y Seguridad Social para pequeños empleadores, una suerte de “monotributo laboral” orientado a personas humanas, microempresas y pequeñas empresas que tengan hasta cinco trabajadores en relación de dependencia.

La iniciativa tiene como objetivos simplificar las obligaciones de registración laboral y de pago de aportes y contribuciones, promover la formalización del empleo registrado y ampliar la cobertura de la seguridad social.

El proyecto establece una adhesión voluntaria y prevé el pago de una contribución mensual unificada por cada trabajador, que abarcará los aportes destinados al sistema jubilatorio, obra social, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo y cobertura por riesgos del trabajo. La determinación de los montos quedará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de escalas vinculadas al salario percibido por el trabajador.

Además, propone la creación de una plataforma digital simplificada y gratuita, accesible mediante clave fiscal, que permitiría realizar el alta y baja de trabajadores, liquidar salarios, calcular aportes y emitir certificaciones de servicios y remuneraciones.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es un régimen de regularización para empleadores que tengan hasta cinco trabajadores no registrados o deficientemente registrados. Quienes adhieran dentro de los seis meses de entrada en vigencia de la ley podrán acceder a la condonación de sanciones, multas y gran parte de las deudas por aportes y contribuciones, además de la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), siempre que regularicen la totalidad de su personal.

El proyecto también contempla incentivos para la contratación del primer trabajador. En ese caso, el empleador obtendría una reducción del 75% de la contribución unificada durante los primeros seis meses de la relación laboral y del 50% durante los seis meses siguientes. El beneficio sólo alcanzará a quienes no hayan tenido empleados registrados durante el año previo a la contratación.

Para evitar maniobras de evasión, la iniciativa excluye a quienes fragmenten artificialmente actividades económicas o estructuras empresarias con el objeto de encuadrarse dentro del régimen. Asimismo, prevé la salida automática del sistema cuando el empleador supere los cinco trabajadores registrados.

En los fundamentos, Miguel Ángel Pichetto sostiene que la elevada informalidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo argentino y cita estimaciones según las cuales alrededor del 40% de los trabajadores ocupados se desempeñan en condiciones informales. Según argumenta, las mayores dificultades de registración se concentran en pequeñas unidades productivas que enfrentan cargas administrativas similares a las de empresas de mayor escala.

El legislador afirma que el proyecto no modifica ni reduce derechos laborales, convenios colectivos ni prestaciones de la seguridad social, sino que apunta exclusivamente a simplificar los procedimientos administrativos para incentivar la registración de trabajadores y ampliar la base contributiva del sistema.

El Gobierno nacional oficializó la adhesión de Compañía Mega al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando una inversión de más de US$365 millones destinada a ampliar la producción de líquidos de gas natural (LGN). La iniciativa se suma al conjunto de proyectos estratégicos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta y apunta a fortalecer la infraestructura energética del país.

La incorporación al régimen quedó establecida mediante la Resolución 1381/2026, publicada en el Boletín Oficial. Allí se encuadra el proyecto dentro del sector de petróleo y gas y se detallan las obligaciones, plazos y compromisos asumidos por la compañía para acceder a los beneficios contemplados por la normativa.

El plan contempla una inversión total de US$365,4 millones, de los cuales más de US$359 millones corresponden a activos computables bajo las condiciones establecidas por el RIGI. Como parte de los requisitos del programa, la empresa se comprometió a ejecutar desembolsos acelerados durante los primeros años: más de US$121 millones en el primer año y cerca de US$153 millones en el segundo.

Según el cronograma presentado, la inversión mínima exigida deberá completarse antes del 1 de octubre de 2027. En tanto, el inicio de las operaciones comerciales está previsto para el 28 de febrero de 2029, con una vida útil estimada de 18 años para el proyecto.

La ampliación permitirá incrementar en 1.500 toneladas diarias la producción de líquidos de gas natural en el Complejo Industrial Mega, que actualmente procesa unas 5.500 toneladas por día. El objetivo es capturar parte del creciente volumen de gas proveniente de los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta y transformarlo en productos de mayor valor agregado.

Para alcanzar esta meta, la compañía ejecutará obras en tres instalaciones estratégicas. Los trabajos abarcarán la ampliación de la Planta de Separación Loma La Lata, en Neuquén; el refuerzo del poliducto que conecta Loma La Lata con Bahía Blanca y atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; y la expansión de la Planta de Fraccionamiento ubicada en el polo petroquímico bonaerense.

Debido a que se trata de una ampliación de una operación ya existente que no estaba adherida previamente al RIGI, el esquema aprobado contempla mecanismos específicos de control. La nueva unidad de negocio deberá funcionar de manera independiente y mantener registros contables diferenciados respecto de Compañía Mega S.A., con el propósito de garantizar que los incentivos alcancen exclusivamente a la nueva inversión.

En esa línea, la empresa presentó un plan de separabilidad que incluye sistemas de monitoreo, trazabilidad y conciliación de operaciones. El esquema busca asegurar que los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios otorgados por el régimen se apliquen únicamente a las obras incorporadas al proyecto y no a la infraestructura preexistente.

Otro de los aspectos destacados de la iniciativa es el compromiso con el desarrollo de proveedores nacionales. La compañía informó que el 60% de las contrataciones vinculadas a bienes, servicios y obras de infraestructura será destinado a empresas locales durante las etapas de construcción y operación, una cifra que triplica el mínimo del 20% exigido por la legislación vigente.

Con la aprobación definitiva, Compañía Mega accederá a los incentivos previstos en la Ley 27.742. Entre ellos se encuentran facilidades para la importación de bienes de capital, equipamiento tecnológico y materiales necesarios para la ejecución del proyecto mediante franquicias aduaneras específicas.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitará un CUIT especial para la unidad adherida al régimen, mientras que el Banco Central instrumentará los beneficios cambiarios contemplados por la normativa, luego de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la inversión.

La adhesión representa un nuevo impulso para la expansión de la infraestructura energética asociada a Vaca Muerta y consolida el interés de las principales compañías del sector por aprovechar los incentivos creados para atraer inversiones de gran escala.

El senador nacional Marcelo Lewandowski (Justicialista) presentó un proyecto de ley para suspender durante un año las ejecuciones fiscales y las medidas cautelares impulsadas por ARCA contra MiPyMEs, cooperativas, empresas recuperadas, monotributistas, profesionales autónomos y entidades sin fines de lucro.

La iniciativa busca "brindar un alivio inmediato a los sectores productivos que hoy enfrentan una profunda caída de la actividad económica, evitando cierres de empresas, preservando puestos de trabajo y permitiendo que continúen produciendo", aseguró.

Junto al diputado provincial Miguel Rabbia y el intendente Jorge Berti, el santafesino escuchó las preocupaciones de las cámaras empresariales de Villa Constitución y expuso los alcances de su propuesta.

El proyecto establece la suspensión por un año de los juicios de ejecución fiscal, los embargos sobre cuentas bancarias, las inhibiciones generales de bienes y otras medidas cautelares. Además, dispone el levantamiento automático de los embargos ya existentes sobre cuentas bancarias para los sujetos alcanzados por la ley, con el objetivo de devolver liquidez y capital de trabajo a quienes hoy ven paralizada su actividad por la inmovilización de sus recursos.

"No podemos permitir que una empresa cierre por un embargo cuando lo que necesita es tiempo para recuperarse. Primero hay que mantener viva la empresa para que pueda seguir produciendo y sosteniendo el empleo", afirmó Lewandowski.

La propuesta incorpora además un régimen excepcional de regularización de deudas con fuertes beneficios para las empresas de menor tamaño. Contempla la condonación total de multas e intereses para las microempresas, importantes reducciones para pequeñas y medianas empresas, amplios planes de financiación y elimina la exclusión por categoría de riesgo del SIPER, para que quienes fueron más castigados por la crisis no queden afuera de la posibilidad de recuperarse.

"Este proyecto nace de escuchar el reclamo de quienes producen y generan empleo. Las PyMEs no están pidiendo privilegios, están pidiendo poder seguir trabajando. Con esto se busca darles el tiempo y el alivio que necesitan para recuperarse, sostener el empleo y volver a cumplir con sus obligaciones", sostuvo el senador.

Y agregó que "cuando una empresa cierra, pierde el trabajador, pierde la comunidad y también pierde el Estado. Por eso hay que dejar de asfixiar al que produce y que los argentinos dejen de perder sus empleos".

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, con el objetivo de incentivar que más contribuyentes se adhieran a este régimen e ingresen en el sistema financiero los llamados "dólares del colchón", que según estimaciones del equipo económico ascienden a los 170 mil millones de dólares fuera del circuito formal.

La iniciativa fue girada luego de la conferencia de prensa que brindó esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que el objetivo es que "se puedan formalizar los ahorros" porque "tener los dólares en el colchón" es "una muy mala decisión".

La ley original, que estableció un régimen simplificado de Ganancias, al que se adhirió el exjefe de Gabinete Manuel Adorni (investigado por enriquecimiento ilícito), no obtuvo los resultados esperados por la administración libertaria, que ahora propone la eliminación de los topes respecto a los ingresos y el patrimonio para poder ingresar al régimen.

Precisamente, sobre la eliminación de los topes que se habían fijado en $1.000 millones (ingresos) y $10.000 millones (patrimonio), el Ejecutivo destacó en los argumentos que "se dispone una apertura del universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad simplificada, democratizando así el acceso a herramientas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias".

Según el Gobierno, la iniciativa busca "perfeccionar y dotar de mayor seguridad jurídica al régimen que establece la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las Ganancias, equilibrando las garantías de los contribuyentes con las facultades de fiscalización del Estado".

La iniciativa plantea la redefinición del concepto de "discrepancia significativa" que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a impugnar la declaración jurada simplificada y, como consecuencia de ello, la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos no prescriptos.

Dicha discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente; cuando la diferencia supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal; o cuando la impugnación obedezca a la utilización de facturas u otros documentos apócrifos o al cómputo improcedente de ingresos directos.

Asimismo, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° de dicho régimen penal, por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa aun cuando se supere el porcentaje indicado, evitando así que ajustes de escasa entidad económica activen mecanismos de impugnación desproporcionados respecto de contribuyentes de buena fe, se explicó en los fundamentos.

Además, se determina que "a los efectos de determinar la existencia de la discrepancia significativa, no se considerará la diferencia entre la declaración original y la rectificativa, en la medida en que esta última sea presentada en un plazo no mayor a los 15 días hábiles de la notificación de la liquidación o determinación de oficio, cuando dichos saldos sean debidamente cancelados".

La modificación de la ley sancionada en diciembre pasado -que surgió a pedido y por sugerencias de contadores y especialistas tributarios al equipo económico liderado por Caputo- también contempla que determinadas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.

Por otra parte, el proyecto plantea una actualización del esquema de infracciones en el ámbito del trabajo agrario, "garantizando su eficacia disuasoria sin perder de vista la razonabilidad y la proporcionalidad", se argumentó.

De esta manera, se dispone una "modernización de las escalas sancionatorias correspondientes a las infracciones vinculadas al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), estableciéndose un sistema de multas basado en escalas monetarias, clasificadas según la gravedad de la infracción (Leves, Graves y Muy Graves), con la posibilidad de incrementar los topes en caso de reincidencia".

Dichas multas irán entre los 120 mil pesos a 7,5 millones de pesos, mientras que a partir del 1ro. de enero de 2027 las escalas se ajustarán por el índice UVA.

En el marco de la modernización laboral aprobada por el Congreso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó la implementación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) a través de la Resolución General 5862/2026. La iniciativa apunta a regularizar vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026, inclusive, siempre que se encuentren vigentes al momento de la adhesión.

El régimen está dirigido a empleadores del sector privado, quienes tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para inscribirse. Podrán incluir en el programa obligaciones vencidas hasta el último día del mes en que se realice la adhesión, lo que en la práctica habilita incorporar deudas correspondientes hasta octubre de 2026.

Entre los principales beneficios, el PER contempla importantes condonaciones de deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social y obra social. El alivio alcanza el 90% para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, el 80% para medianas empresas y el 70% para el resto de los empleadores.

Asimismo, se establece la condonación total de las deudas destinadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, al Fondo Solidario de Redistribución, a Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Para el saldo no condonado, ARCA habilitó un plan de facilidades de pago con una tasa preferencial del 1% mensual. El esquema permite financiar la deuda en hasta 72 cuotas para micro y pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, en hasta 48 cuotas para medianas empresas y en hasta 36 cuotas para los restantes empleadores.

El acceso al plan requerirá el pago de un anticipo, que será del 3%, 4% o 5% del total consolidado, según la categoría del empleador. Las cuotas tendrán un monto mínimo de 50.000 pesos.

En cuanto al procedimiento, los empleadores deberán regularizar las relaciones laborales mediante su registración en el servicio “Simplificación Registral”, con clave fiscal, y luego incorporarlas en las declaraciones juradas de seguridad social, ya sean originales o rectificativas.

El plan de pagos se gestionará a través del servicio “Mis Facilidades”, disponible en el sitio web de ARCA, cuyos sistemas estarán habilitados a partir del 16 de junio.

El objetivo del programa es incentivar la registración laboral, reducir los niveles de informalidad y facilitar la regularización de deudas previsionales mediante un esquema de beneficios fiscales y financiamiento accesible.

El senador bonaerense de Unión y Libertad, Sergio Vargas, fue sobreseído en la causa que lo investigaba por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias y del IVA correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

La decisión fue adoptada por la jueza María Verónica Straccia, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°11, quien consideró que los hechos analizados no constituyen delito. En la resolución, la magistrada dejó establecido que el proceso “no afecta el buen nombre ni el honor” del legislador.

La investigación se había iniciado en abril de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), por supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas del senador, con un monto estimado en 3,7 millones de pesos.

Según el organismo, las irregularidades surgieron de cruces entre consumos registrados con tarjetas y la información declarada ante el fisco, lo que habría implicado una omisión parcial de operaciones gravadas.

Tras la denuncia, Vargas se presentó en los tribunales de Comodoro Py, rechazó las acusaciones y cuestionó el accionar del organismo.

Además, inició una causa contra funcionarios de ARCA-DGI por presunto abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de secreto fiscal, que tramita en el Juzgado Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo.

Finalmente, con el sobreseimiento, la Justicia dio por cerrada la causa al determinar que no se configuró delito, mientras continúa en paralelo la investigación iniciada por el propio legislador.

El diputado nacional Guillermo Michel (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que propone suspender por el plazo de 180 días el procedimiento de exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

La Ley 24.977 regula el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), mientras que el artículo 26, inciso ‘c’, habilita la recategorización de oficio cuando la administración detecta desvíos respecto de la categoría declarada. A su vez, la Resolución General 4309/2019 (exAFIP) reglamentó los procedimientos de recategorización y exclusión.

“En un contexto de crisis profunda producto de decisiones de este Gobierno nacional que tiene como consecuencias la caída de ventas y volatilidad de precio, los parámetros objetivos del régimen de facturación, pago de alquileres y pago de servicios pueden no reflejar la capacidad contributiva real, ya que la inflación no produce una mejora real con un aumento nominal de facturación”, explicó en los fundamentos.

En ese sentido, el legislador massista apuntó que “las variaciones generan un desfasaje de períodos y la retracción del consumo genera irregularidades en los ingresos”.

Para el exdirector de Aduanas, “suspender la recategorización de oficio se fundamenta en una medida para cuidar la economía de los efectores autónomos y que no les genere un desvarío económico en sus propios proyectos y procesos laborales, de emprendimientos y/o profesión”.

Asimismo, el diputado dijo que se busca “evitar la informalidad por incapacidad de pago de las obligaciones por elevar las categorías”.

“Este proyecto pretende sostener el entramado productivo de nuestro país, sobre todo en los autónomos, que es el régimen formal de los sectores más frágiles de nuestra sociedad”, completó.

Además de Michel, la iniciativa lleva las firmas de Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipí” Alí, Sebastián Galmarini, Marianela Marclay, Juan Luque y Emir Félix, de Unión por la Patria; y Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

Los senadores del bloque Convicción Federal presentaron un proyecto de ley para fortalecer la capacidad operativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de "garantizar la distribución transparente de fondos que las provincias siguen sin recibir, de acuerdo con lo que marca la Ley de Coparticipación Federal".

Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada -peronistas que por el momento están en el interbloque Unión por la Patria- proponen actualizar el régimen de financiamiento y funcionamiento de la exAFIP, con el fin de "modernizar su estructura, mejorar sus capacidades institucionales y asegurar una administración más eficiente y transparente de los recursos públicos".

“Este proyecto busca fortalecer a nuestro organismo recaudador sin empujarlo al mundo de la especulación financiera al que pretende llevarlo la actual conducción económica, de la mano de Luis Caputo en el gobierno de Javier Milei. Apostamos a un Estado eficiente, transparente y con foco en la economía real del país”, subrayaron los legisladores.

La iniciativa establece que ARCA contará con un fondeo equivalente al 1,90% de la recaudación neta total de los gravámenes y recursos aduaneros a su cargo, garantizando así una base estable de financiamiento para optimizar su tarea de recaudación y control.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo que impide la acumulación de fondos ociosos. Busca asegurar así que los recursos excedentes sean distribuidos automáticamente entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los criterios establecidos en la Ley de Coparticipación.

Esta medida establece dos instancias de distribución: mensual, del 50% de los fondos no utilizados; y anual, del excedente total del ejercicio fiscal.

De esta manera, “se garantiza que los recursos vuelvan de manera ágil a las jurisdicciones que les corresponden por derecho, evitando retenciones indebidas y fortaleciendo las finanzas provinciales”, señalaron los senadores.

El texto también introduce mejoras en la “Cuenta de Jerarquización” del organismo, fijando por ley un piso del 0,75% y un máximo del 1% de la recaudación neta para incentivar el rendimiento y la eficiencia del personal, mediante criterios objetivos de evaluación y distribución.

La propuesta implica además la derogación de artículos del Decreto 1399/2001, ejerciendo las facultades que la Ley 26.122 otorga al Congreso para revisar y sustituir normas de carácter legislativo dictadas por el Poder Ejecutivo.

Los integrantes de Convicción Federal consideran que esta actualización normativa "es un paso necesario para mejorar la capacidad operativa del ARCA y garantizar la justa distribución de los recursos públicos en todo el territorio nacional".

En línea con lo prometido durante su campaña, la diputada nacional Natalia de la Sota, líder de “Defendamos Córdoba”, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para devolver el IVA a la clase media trabajadora, jubilados y sectores vulnerables. La iniciativa busca aliviar el impacto de la crisis en el consumo minorista y reactivar las ventas en comercios.

El esquema prevé que, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se reintegre el 21% del IVA a consumidores finales que realicen compras en comercios minoristas mediante tarjeta de débito u otros medios electrónicos, con un tope de devolución de hasta 200.000 pesos mensuales.

“Hay familias que no logran llegar a fin de mes, comercios en crisis por caídas de ventas. En Córdoba y en todo el país, un sector importante de la sociedad sigue soportando la crisis en silencio. Nosotros no los vamos a ignorar”, sostuvo De la Sota al oficializar la propuesta.

El proyecto contempla como beneficiarios a jubilados y pensionados con ingresos que no superen seis haberes mínimos; titulares de asignaciones universales por hijo y por embarazo; empleados en relación de dependencia con ingresos de hasta seis salarios mínimos y personal de casas particulares.

En los fundamentos, la diputada advierte que el modelo económico vigente “impacta severamente en la capacidad de compra de la clase media trabajadora, de los jubilados y de las familias con menores ingresos”, y subraya que los gastos fijos crecen más rápido que los ingresos, lo que explica el estancamiento del consumo y la caída de ventas.

Con esta iniciativa, De la Sota busca cumplir con la batería de propuestas que presentó a su electorado para renovar su banca, tras competir con La Libertad Avanza —avalada por Javier Milei— y Provincias Unidas, respaldada por Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora.

Luego de la visita de Daniel González, llegó el turno de Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien en el debate del proyecto de la ley de Presupuesto 2026 afirmó que “estamos queriendo cambiar el enfoque tributario y dejar de tener una matriz persecutoria”. Fue crítico de la gestión de la ex AFIP y destacó las medidas fiscales del actual Gobierno nacional.

Siendo la cuarta reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el tratamiento de la “ley de leyes”, el encuentro estuvo moderado por el titular Alberto Benegas Lynch, que en su segundo día a cargo del órgano parlamentario evitó confrontar con los miembros de la oposición, pero no pudo esquivar los embates contra el director de la Agencia.

Sin embargo, después de la exposición de más de 20 minutos del funcionario, los diputados nacionales de Unión por la Patria plantearon un reclamo que generó el primer momento de tensión. Luego de que el director del ARCA finalizara su intervención sobre el proyecto de ley de inocencia fiscal, Germán Martínez, en su rol de jefe de bloque, alzó la voz y remarcó: “Tiene que venir a responder sobre el Presupuesto porque el expediente de inocencia fiscal no está en consideración ahora”.

Martínez cruzó a Pazo por el expediente y empezaron las chicanas de los dos lados.

El reclamo del santafesino fue más allá: en medio del planteo por los expedientes a considerar, deslizó que “si no esto es 'tema libre la vaca' porque Juan Pazo debe hablar de la Ley de Presupuesto”, y luego ironizó: “Es como si yo me pusiera hablar de los departamentos no declarados de Juan Pazo en Florida”. De inmediato, el funcionario, sentado en el estrado junto a Benegas Lynch, le contestó: “Trabajé toda mi vida en el sector privado y tengo todas las declaraciones juradas, prueben hacerlo… deberían trabajar y no vivir el Estado”.

El segundo momento de tensión entre los vocales y el funcionario fue cuando se mencionó a la quita y posterior regreso de las retenciones al agro. Punzante, Juan Pazo se dirigió a los legisladores de la oposición y chicaneó: “Es una cuenta aritmética, pero si quieren se los explico con manzanas”. Del otro lado de la sala, el diputado formoseño Fernando Carbajal le endilgó haber cometido una falta de respeto y lo catalogó de ser "muy atrevido".

Otro momento de fricción se dio cuando la diputada nacional Julia Strada planteaba una serie de preguntas al funcionario y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda la interrumpió en más de una ocasión: "Estás monopolizando la palabra, anótate y después seguís". Luego, notoriamente acelerado agregó: "No vas a cerrar tu intervención, me vas a escuchar a mí primero a mí".

"¿Qué te pasa violento?", respondió Strada, quien siguió: "Sos un violento. ¿Qué me venís a decir que te tengo que escuchar y me tengo que callar? sos un irrespetuoso 'Bertie'". "No hagas que te corte el micrófono", advertía Benegas Lynch. Finalmente, el titular de Presupuesto y Hacienda dio lugar a que continuara con las preguntas, pero el escenario ya se había caldeado.

La exposición del titular del ARCA

Las principales críticas de Pazo estuvieron dirigidas a la gestión de Carlos Castagneto, actual diputado nacional de Unión por la Patria y extitular de la AFIP desde agosto del 2022 hasta el 9 de diciembre del 2023. “Cuando hay límites de todo tipo de acceso al ahorro y no hay acompañamiento de parte del Estado, los niveles de evasión nos llevan a los altos niveles del 2001 que fueron parecidos a los de 2023”, deslizó el funcionario del gobierno de Javier Milei.

Respecto al escenario que Pazo encontró en el organismo cuando La Libertad Avanza arribó al Poder Ejecutivo, cuestionó que “se nombraron más de 3000 ingresos en ARCA a fines del 2023”, y luego, agregó que “nos dejaron un Banco Central sin reservas y una deuda muy importante en las devoluciones adeudadas de impuestos”. “Estamos queriendo cambiar el enfoque tributario y dejar de tener una matriz persecutoria”, alertó.

En otro tramo del discurso, el director de la Agencia de Recaudación advirtió que la evasión fiscal en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tuvo “niveles mayores al 37%, lo que marca cifras peores que en el 2001”. Asimismo, mencionó que “la informalidad laboral es de 4 sobre 10 trabajadores argentinos que son más de 4 millones de personas”.

En síntesis, Pazo agregó que “el régimen de evasión del IVA fue similar a la evasión en materia laboral”. Criticó duramente la creación de cargos jerárquicos en diciembre del 2023 -previo al cambio de gobierno-, y profundizó: “Encontramos una obsolescencia tecnológica muy grande en una organización muy importante y clave para este gobierno porque la principal ancla que tenemos es el equilibrio fiscal”.

Al retomar el cambio de paradigma que propone la gestión libertaria, reiteró que la Agencia está puesta “al servicio de los ciudadanos y no para perseguirlos”. “No podemos soslayar que debemos mejorar las barreras del cumplimiento de los contribuyentes, pero buscamos facilitarle la vida al contribuyente y el agro es un aliado de este Gobierno y no utilizaremos mecanismos de persecución con el campo”, definió Juan Pazo.

El cierre de la exposición de Pazo fue para añadir que “el principal incentivo de la regularización de los patrimonios es el acceso al crédito privado que creció del 3% al 9% del PBI”. Luego, definió que los tres puntos principales de la gestión son “la simplificación, la desburocratización y la aplicación de tecnología”. “No estamos desmantelando un organismo, nuestro desafío es fomentar consumo e inversión”, concluyó.

Tal como suele suceder cada vez que un funcionario del Poder Ejecutivo viene al Congreso, Juan Pazo evitó profundizar más allá del la exposición. Cada vez que tomaba la palabra para contestar los bloques de preguntas, los legisladores de las bancadas de la oposición advertían -fuera de micrófono- que el funcionario no respondía sobre los temas consultados.

En última instancia, el diputado libertario Santiago Santurio cruzó a Vilma Ripoll por haber insultado al funcionario fuera de micrófono, y le recordó el abrupto final de la reunión que tuvo como invitado a Carlos Guberman. Tras este contrapunto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, dio por terminada la reunión.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución con el objetivo de interpelar al titular de ARCA, Juan Pazo, a los fines de explicar la medida tomada a través de las resoluciones 184 y 185 del 2025, respecto a las autorizaciones a través de DDJJ con retenciones del 0% y sus consecuencias en los productores agrarios.

“Esta inusitada medida pone en jaque el déficit cero que el gobierno pretende sostener e incluso afecta al Presupuesto 2026 presentado por el mismo hace unos días atrás -y también apalancado en un discurso también de tono electoral realizado a través de cadena nacional- para ser debatido por el Congreso de la Nación”, señaló el legislador santafesino en los fundamentos del proyecto de resolución.

La iniciativa acompañada, también, por Mónica Fein busca que el funcionario explique cuáles fueron las medidas tomadas por el área de su dependencia para garantizar que la producción declarada exista al momento de la presentación de las DDJJ respectivas, ello de acuerdo a la Ley Martínez Raymonda; y Cómo se garantiza que los efectos positivos de la retención del 0% alcancen a los productores de nuestro país en base a ser los generadores de la riqueza a través del aprovechamiento del suelo nacional.

Respecto a la medida del Gobierno nacional, cuestionó que “duró 72 horas y no estaba dirigida a los productores, sino que fue un preacuerdo entre quienes concentran el negocio del sector; unos pocos amigos del gobierno de Javier Milei”. Luego, detalló que la fugaz eliminación fue un anuncio “que permitió que las grandes cerealeras presentaran DDJJ de compromisos de exportación y obteniendo una ganancia extraordinaria de $1.600 millones de dólares”.

Criticó, además, que la medida equivalente al 0.23% del PBI pondera “un valor superior al necesario para financiar la Ley de Emergencia en Discapacidad, salud o el sistema universitario”, y aseguró que los únicos dólares que ingresaron al país fueron los $7.000 millones de las agroexportadoras, usados para “calmar la corrida cambiaria” y darle aire al ministro de Economía, Luis Caputo, para “seguir timbeando”.

Finalmente, Paulón aclaró que está a favor de eliminar las retenciones, pero explicó que "esto debe hacerse en el marco de una reforma tributaria integral que posibilite previsibilidad en el sector, contemplando a pequeños y medianos productores".

Titular de la AFIP durante la gestión anterior, Carlos Castagneto es palabra autorizada para analizar las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei. Hoy transita su segundo mandato como diputado nacional y es una de las voces más ásperas del bloque de Unión por la Patria en los debates económicos.

Defensor de un “Estado eficiente”, advierte que los inversores “se están yendo de Vaca Muerta” y que el RIGI no ha tenido los resultados previstos. De eso y otras cosas dialogó con parlamentario.com.

- La medida económica más trascendente de los últimos tiempos de esta gestión es lo que se conoce como “plan C0lchón”, sobre el cual el Gobierno insiste en que no es un blanqueo. ¿Eso es exacto?

- Primero, hay temas que tienen que implementarse por ley. Yo creo que la Penal Tributaria tiene que venir por ley, y reconozco que la Ley Penal Tributaria quedó muy baja, que con un millón y medio vos tenés la penalidad por una evasión simple. Yo tengo un proyecto de ley sobre eso. Con respecto a la simplificación de Ganancias, también, porque cambia el objeto. En todos los países del mundo tenés autodeclarativas en tus DDJJ. En este caso, el Fisco te va a decir cuánto tenés que pagar, y vos tenés que demostrar con las deducciones y los gastos que tenés, si el Fisco tiene razón o no. Y el tercer punto es la información que hacen los escribanos sobre la compra y venta de inmuebles, eso también es  una ley. Esa parte tiene que venir por ley.

Después, para subir los mínimos tiene potestad el titular de ARCA. Yo creo que los montos han sido muy excesivos; estaba viendo en el Boletín Oficial que hasta 10 millones de pesos, no se va a pedir facturación, y después creo que nos puede traer un problema con el GAFI, por un lado -recordemos que nos costó mucho salir de la zona gris-; y por otro lado, con la OCDE, ya que tenemos un convenio de intercambio de información con 171 países. Y también el convenio FATCA con Estados Unidos de intercambio de información financiera entre ambos países. Que estando nosotros en la gestión nos llegó online la información de argentinos que tienen plata en el exterior, que no declararon la fuente de origen, que era la Argentina. Me parece que es más para trabajar sobre ese aspecto. ¿Qué algunos montos habían quedado muy bajos? Sí, 650 mil pesos es bajo, y cuando vos le transferías a un hijo, te pedían hasta la partida de nacimiento… Si vos tenés la trazabilidad, no tenés por qué tener problema con el banco. Ahora bien, el organismo tiene que tener la información. Yo creo que cualquier país del mundo que no tenga información empieza a ser de baja o nula tributación, o bien paraíso fiscal.

- Lo tiene que mandar por ley, pero está difícil, no sé si en Diputados, pero en el Senado se le puede complicar mucho al oficialismo. ¿Se puede poner en marcha todo igualmente? Porque el Gobierno dice que lo de pasar por el Congreso es para blindar a los ahorristas frente a lo que decidan futuros gobiernos…

- Ellos hablan del secreto fiscal. El secreto fiscal siempre existió y va a existir; es una ley también. Simplemente en su momento un juez pidió el levantamiento del secreto fiscal en el blanqueo anterior, ahí te demuestra porqué tiene que venir por ley. (Mauricio) Macri se extendió en los poderes que le había dado el blanqueo. Si ustedes recuerdan, cuando amplió el inciso y puso a cónyuges, madre, hermanos, dentro del blanqueo, cuando no habían sido originalmente autorizados, se había rechazado durante en el debate en el recinto… Cuando hizo eso, se judicializó, entonces ahí sí se levantó el secreto fiscal.

Para mí, muchas de las medidas (este gobierno) no las va a poder hacer si no tiene una ley del Congreso. Y eso de que hagan un nuevo blanqueo, tiene que ser por ley; no puede ser ni por decreto, ni por decisiones administrativas, ni tampoco por resoluciones generales del organismo.

- Usted fue titular de la AFIP, un organismo que ya no existe. ¿Qué sentido tiene haber cambiado la estructura del organismo, o fue solo el nombre lo que cambió?

- No, achicaron mucho. Sacaron muchas regionales, también achicaron lo que es la Seguridad Social. Porque antes de la Ley Bases, cuando se hacía una fiscalización, se iba 4 o 5 años para atrás, y cuando se encontraba un trabajador no registrado y se aplicaban la multa y los intereses correspondientes. Ahora la Ley Bases una vez que encontrás a un trabajador no registrado, solo permite de acá para adelante, eso lo sacaron la Dirección General de Seguridad Social. Nosotros habíamos armado áreas estratégicas, como eran Minería, Pesca y Agricultura, me parece que también desapareció. Y también bajaron los niveles de direcciones a coordinaciones y de direcciones a departamentos… Sí,  se achicó mucho la estructura del organismo y a su vez se jubiló mucha gente y otros tuvieron retiros voluntarios. Estamos hablando, más o menos, de 3.500 personas.

- ¿Puede ser más eficiente así?

- Me parece que ese organismo, primero, tiene que tener una planificación estratégica, y segundo, una matriz de riesgo. Todo eso se hace a través de distintos sistemas que tiene el organismo. Con la matriz de riesgo, esto lo puedo decir porque es público, detectamos que un monotributista pasó de facturar en electricidad 3.500 pesos por mes, por dar un ejemplo, a un millón de pesos. Al otro mes, dos millones de pesos; al otro 3 millones… Hicimos una fiscalización y nos encontramos con que estaban minando criptomonedas. Entonces, es un organismo que tiene que tener información, tiene distintas bases de datos, todo el mundo no puede acceder a toda la base de datos. Por eso es limitado el ingreso de cada uno, según la tarea que cumpla, y a mí me parece que la única forma de no tener impuestos regresivos es teniendo información. Si vos no tenés información, no podés tomar decisiones correctas dentro del organismo.

- Recién mencionaba al GAFI, o los organismos internacionales con los que hay que tener muchísimo cuidado. Uno entiende que se han tomado los recaudos para que no nos pongan en la lista gris, por ejemplo. ¿Le parece que están garantizado con esto?

- La Unidad de Información Financiera es la que envía la investigación de lavado de activos y de narcotráfico. Nosotros como organismo no actuábamos en eso. Pero sí cuando la UIF actuaba nos participaba mucho, por distintos temas, por ejemplo Aduana. El GAFI estaba muy encima de esa información; y lo mismo el Fondo Monetario. A mí me llama la atención, nosotros estábamos desarrollando un proceso, porque el FMI quería ver la trazabilidad del IVA, porque decían que ese impuesto lo termina pagando el consumidor final, y es verdad. Nosotros estábamos desarrollando un sistema que era clasificar cada uno de los insumos que lleva un artículo, para ver la trazabilidad desde el momento que, por ejemplo se siembra, hasta que llega al consumidor final, porque tener esa trazabilidad servía para ver cuántas veces se cobraba el IVA, o quién se quedaba en el trayecto con el IVA.

Por eso digo, a mí me preocupa el tema del GAFI… pero bueno, a nosotros por ahí nos pedían más información y hoy a lo mejor no.

- En materia económica, Milei dice “yo cumplí, me llamaron para bajar la inflación y la bajé”. ¿Les sorprende que lo hayan conseguido en un año y medio?

- Sí, realmente hay que reconocer que la inflación bajó. Ahora bien, ¿a qué costo y cómo? Porque generalmente los resultados de cualquier política económica no se ven en el momento, sino a través de los años. Yo siempre cuento que en 2005 hicimos la primera encuesta de discapacidad, y nos daba un 8%. Y nos dimos cuenta de que era mentira, porque la crisis de 2001 se iba a medir en 2004 y 2005. En 2008 hicimos de nuevo la misma encuesta y nos dio un 14%, y ahí salió la AUH, y también la salita de 5 y la salita de 4, porque nosotros captábamos así si los chicos se escolarizaban. Si no se escolarizaban, te daban otros indicadores. Yo creo que hoy el problema que estamos teniendo es que si tuvimos un blanqueo de 22 mil millones; tuvimos un Fondo Monetario que nos dio 20 mil millones; el Banco Mundial por primera vez te da mil millones, sin un destino específico, porque vos sabés que el pari passu era 80-20 o 70-30, qué ponía el Banco Mundial y qué ponía la Argentina. Y sobre todo obras de infraestructura que fiscalizaban… Hoy la plata es de libre disponibilidad.

La semana pasada también el Banco Central emitió un bono por mil millones de dólares, porque tiene que juntar para esta semana cinco mil millones. Y ejecutaron un 30% del Presupuesto, de un Presupuesto del 2023, prorrogado… Lo que quiero decir es: ¿dónde está la plata? O se está yendo por intereses de deuda, se está yendo por bonos, ¿adónde se fue toda esa plata? Hay un 75% de los trabajadores registrados que ganan, neto de bolsillo, 650 mil pesos, y solo un 7% gana arriba de 3 millones de pesos. Entonces la gente tiene otras necesidades y no tiene en cuenta una proyección de deuda que en la Argentina es impagable, de 450 mil millones de dólares.

- El Gobierno posterga una reforma previsional para el año que viene. ¿Le parece que es imprescindible ir por ese lado?

- ¿En qué sentido? ¿Volver a una AFJP como antes?

- No, hacer las reformas necesarias. Por ahora al menos no dijeron que vayan a volver a la jubilación privada…

No, lo que están diciendo es que tienen que tener 40 años de servicios y 70 de edad. Me parece que en un mundo como este, que está más informatizado, con los procesos de producción que hay, creo que para no tener más desempleo hay que bajar un poco la jornada laboral. Yo creo en eso. Y por otro lado, entiendo que parte de la población no quiere estar registrada, quiere estar libre, no quiere tener jefes, quiere trabajar en el horario que quiera… Pero eso es a una determinada edad; después, cuando van pasando los años te das cuenta de que no tenés los años de prestación de servicio, porque los años pasan rápido y en algún momento, si Dios quiere y podemos llegar, todos nos vamos a jubilar.

La seguridad social en la Argentina ha sido premiada; a mí me tocó como titular de la AFIP ir a Marrakesh, donde nos dieron el premio por la mejor seguridad social. A la Argentina, mejor que Alemania, mejor que Francia, mejor que todos los países desarrollados. Entonces, perder todos esos derechos y ver un cambio profundo en lo que es lo previsional…

Yo creo que hay que estudiar muy bien, que no es mucho lo que estamos pidiendo nosotros, que es que aumenten la jubilación, a los pobres jubilados que están bajo la línea de pobreza. Y tener una planificación estratégica para que los aportes y contribuciones sigan siendo suficientes, para que hoy o mañana se puedan jubilar. Y por otro lado lo que te decía: bajó la inflación, pero bajó el consumo y aumentó mucho la importación. Yo creo que parte de lo que se está yendo en dólares es porque estamos importando de todo. Y ya lo conocemos eso: va a aumentar la población y el consumo no va a poder incrementarse. Vos fíjate que las divisas que entraron por la exportación de energía son inferiores a la que salió por el turismo de 6 millones de habitantes de la Argentina. ¿Qué te demuestra eso? Que es un gobierno para 7 u 8 millones de habitantes, de los 45 o 47 millones  que tenemos en el país.

- ¿Qué opinión le merece la eliminación de aranceles a importaciones en Tierra del Fuego.

- Hay que ver todos los regímenes; hay muchos que hay que estudiar… Por eso siempre digo que una reforma tributaria es casi una reforma constitucional. Lo que se vio reflejado en los tiempos en que se abrió la exportación es que productos terminados para el consumidor no bajan de precio, y creo que lo que se demostró en este tiempo con todo lo que uno pudo dialogar con gente de Tierra del Fuego es que no se trata de una cáscara vacía, como a lo mejor fueron los beneficios que tuvo San Luis, donde estaban las oficinas vacías. Allá hay gente de carne y hueso que labura, que están en ensamble, en producción, que están en desarrollo… Yo creo que en ese sentido la Argentina está yendo contra el mundo. Cuando todo el mundo está siendo proteccionista, nosotros estamos siendo de libre importación. Entonces todos los países que no pueden poner los productos en otro lugar, los van a meter en la Argentina…

- Lo llevo a la política. ¿Cómo ve al peronismo de cara a las elecciones?

- Yo creo que tenemos que tener la grandeza de conversar, hablar, ver los resultados de algunas elecciones en las provincias y tratar de ir todos juntos en la mayor cantidad de provincias que nos quedan, para hacer una buena elección. Porque más allá de que la elección intermedia no te marca en definitiva el desarrollo para las presidenciales, porque si te ponés a pensar, Néstor (Kirchner) perdió con De Narváez, o Cristina por poquito con Esteban Bullrich, lo que nos sirve es tener una vuela elección para mantener el Congreso, que en los últimos años cambia un poco, porque cuando ven que el barco se está hundiendo, los que te acompañan lo hacen hasta que el agua les llega a la cintura. Entonces yo creo que en los dos años siguientes lo que tenemos que hacer es presentar en conjunto proyectos que te queden como una plataforma electoral para 2027.

- ¿Qué rol juega Cristina ahí?

- Cristina es líder. Cristina es la líder, es como Perón. Mientras estén, los líderes lideran, y Cristina es una persona que ha demostrado con creces que se puede hablar con ella, y creo que el 25 de Mayo pidió que se dejen de lado los egos y trabajemos todos juntos para tener una buena oferta electoral. Una oferta electoral que no significa que tengamos todos la misma ideología; no es solo ganar, sino trabajar muy ordenados y juntos para tener una plataforma. Y Cristina sigue siendo la líder, los demás somos todos acompañantes, algunos con más o menos peso, pero yo creo que si Cristina nos ha demostrado que fue al PJ, nos ha demostrado que ha sido capaz de ponerse a un costado y elegir distintos candidatos, y darles la posibilidad a otros, me parece que demuestra su grandeza. Y el que tiene la posibilidad de hablar con ella se da cuenta de que está un paso delante de todos.

- Ya en 2019 ella pensó que no tenía que ser la cabeza de una fórmula. ¿Cree que puede variar eso en las próximas presidenciales?

- La Argentina es muy variable, de acá al 27 me parece que es proyectar demasiado. Si en el 2023 me decías que Milei iba a ser presidente… yo creo que nadie lo creía. Cuando llegó al balotaje, se pensaba que ya era demasiado que hubiera llegado ahí, y que hoy haya ganado muchas provincias también llama la atención. Así que pensar para 2027 me paree que es muy prematuro. Vuelvo a insistir: me parece que hay que estar muy unidos, hay que pensar qué quiere la sociedad… Creo que la pandemia ha marcado mucho y hay que estudiar sociológicamente qué piensa la sociedad, los distintos grupos etáreos. Hacer una conjunción para que sea un Estado eficiente.

Yo lamento mucho que hoy de Vaca Muerta se estén yendo los inversores, y el RIGI no ha tenido los resultados como esperaba el Gobierno, porque si no tenés un Estado que se ocupe de la infraestructura, nadie va a venir. Como Petronas se fue de acá, nadie va a venir a invertir a la Argentina.

- ¿Puede el Estado no hacer obra pública?

- No, yo creo que la obra pública pasa por el Estado. Después la harán las empresas, pero vos tenés que tener una planificación para que un país tenga conectividad, servicios públicos como corresponde, rutas. Nosotros no pudimos terminar el Corredor Bioceánico, o el Gasoducto Néstor Kircher… Planificación estratégica, como fue el Plan Quinquenal de Perón, o el plan de Néstor y Cristina. Quedaron a medio camino algunas cosas, pero me parece que en lo que son los recursos o riquezas naturales de un país, el que tiene que invertir es el Estado.

Postergadas en la recta final de la campaña porteña, finalmente este jueves el Gobierno nacional dio a conocer una serie de medidas en torno a impulsar el uso de los dólares "del colchón", a través de un decreto y también un proyecto de ley que será enviado al Congreso.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", que consistirá en "dos etapas".

"La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF adecuará su normativa al nuevo esquema".

Mientras que "la segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones", indicó Adorni y disparó: "Porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada cuatro años a elecciones".

"Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental: tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es el del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario", expresó.

El funcionario remarcó: "No se confundan con estas palabras, no vamos a retroceder ni un centímetro en nuestra batalla contra el crimen".

Y agregó que "solo si confiamos en la gente y permitimos que el dinero circule libremente, el país podrá salir adelante de una vez y para siempre". "El objetivo del Estado ya no será perseguir a los argentinos de bien" sino a "los narcotraficantes y criminales que ven el delito como una forma de vida", dijo.

Al dar inicio a la conferencia, Adorni señaló que "Argentina es uno de los países que más se empobreció en las última década" y también "uno de los países donde más criminalizado está el ahorro".

Al cuestionar las políticas pasadas, el vocero presidencial habló de un "círculo vicioso en que los argentinos se volcaron cada vez más a la informalidad y el Estado subió cada vez más los impuestos sobre los pocos formales que iban quedando en la economía".

"Fue tal la aberración, que tuvimos cepo cambiario durante casi 10 años" y se trató a los ahorristas "al mismo nivel que un delincuente como Al Capone", comparó y sumó que "el Estado cual Gran Hermano controlaba todas las acciones de sus ciudadanos".

El legislador porteño electo resaltó que "hoy, por cada peso que circula formalmente en la economía, hay cinco en la informalidad, ya sea circulando en la economía en negro o ahorrado en forma de dólares".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la medida "apunta a devolverle la libertad a la gente, la libertad de sus ahorros". Mencionó luego que en los últimos 25 años hubo "una duplicación del gasto público" que "se financió con mayores impuestos" y "provocó que mucha gente se fuera al sector informal".

En ese contexto, se empezó "a perseguir a la gente, poniendo más controles y regulaciones", lo que resultó en que "cada vez más gente se va a la informalidad, gastamos más y recaudamos menos, tenemos déficit", el cual se financió con emisión monetaria, lo que provocó mayor inflación.

"Hoy por primera vez en 124 años tenemos una macroeconomía ordenada por decisión política, por decisión presidencial", destacó y explicó que "pasamos de un esquema donde los pesos sobraban a donde los pesos faltan. El nivel de pesos emitido es muy bajo. Fuimos a un esquema monetario muy rígido".

Caputo señaló entonces que "para seguir creciendo la economía a estos niveles necesitamos que se remonetice, es decir, que haya más dinero" y "no necesariamente pesos; nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares".

Pero insistió en que hay que "dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes que hay que perseguir, terroristas, narcotraficantes", sino que se trata de "argentinos que fueron abusados por excesos de impuestos y regulaciones".

De la conferencia también participaron el titular de la ARCA, Juan Alberto Pazo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Sobre la iniciativa que enviarán al Congreso, Pazo manifestó: "Vamos a mandar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de acá al futuro ante posibles cambios de gobierno y en determinados cambios de fondo en los regímenes penal y de procedimiento tributario, reduciendo adicionalmente los plazos de prescripción".

Más tarde, Caputo reiteró que se busca "blindar a los ciudadanos contra eventuales administraciones que quieran nuevamente empezar a perseguir, revisando el pasado de gente que se adhirió a un sistema que es el que se está implementando".

El secretario general de la Unión Superior del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAfip), Julio Estévez (h), advirtió este miércoles que “es anticonsitucional” la decisión del Gobierno de crear una herramienta digital para que los trabajadores de la ARCA puedan desafiliarse, con un solo clic, de los sindicatos.

“Es una medida que afecta la libertad sindical, por lo que este anticonstitucional”, afirmó tajante el secretario general del personal jerárquico de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y adelantó que harán las “denuncias pertinentes en el “Parlamento y la justicia”.

El gremio había recibido días atrás el apoyo de legisladores oficialistas y de otras bancada, quienes avalaron un pedido de la Unión Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos para que las autoridades de la ARCA suspendan la medida de disolver 84 agencias del interior del país

Firman la presentación del titular de UpsAfip, Julio Estévez (h); los senadores nacionales de Unión por la Patria Fernando Rejal, Fernando Salino; y los diputados nacionales Marcela Pagano (LLA), Carlos D’Alessandro (LLA), Cristian Ritondo (Pro) , Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y Oscar Zago (MID).

Estévez (h) explicó que el gremio del personal jerárquico de la ARCA pidió la “suspensión de la disolución de las dependencias del interior” y audiencia con el director ejecutivo, Juan Alberto Pazo

Respecto del problema ahora con la afiliación, el gremialista la calificó de “intempestiva” y la rechazó por “arbitraria e inconsulta”, por lo que reiteró que harán las “denuncias pertinentes en el Parlamento y la justicia”.

“Este gobierno es muy absolutista, no consulta nunca a los trabajadores, y en el mundo laboral hay empresas y hay trabajadores, no se los puede ignorar”, señaló.

Asimismo, el sindicalista planteó que por eso la decisión “es pasible de una denuncia por práctica desleal y por injerencia indebida de la patronal en las relaciones del sindicato con sus afiliados”.

Al respecto, Estévez (h) subrayó que los trabajadores “tienen el derecho de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse libremente” y puso el acento en que ese derecho está “garantizado por la ley y la Constitución nacional “.

Por último, exhortó a las autoridades a “pensar más en un proyecto de crecimiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y no en su destrucción, porque se trata de la repartición única de la recaudación nacional, por lo que este importantísima para el desarrollo del país”.

“Tenemos planes para mejorar y potenciar la ARCA porque somos funcionarios de carrera, los administradores eventuales se van a ir y nosotros vamos a quedar, por eso la defendemos, por nuestro buen y del país “, afirmó Estévez (h).

Legisladores oficialistas y de otras bancadas avalaron un pedido de la Unión Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAfip) para que las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspendan la medida de disolver 84 agencias del interior del país.

Firman la presentación del titular de UpsAfip, Julio Estévez (h), los senadores nacionales Fernando Rejal y Fernando Salino, de Convicción Federal, y los diputados nacionales Marcela Pagano (LLA), Carlos D’Alessandro (LLA), Cristian Ritondo (Pro), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y Oscar Zago (MID).

El secretario general de UpsAfip explicó que el gremio del personal jerárquico de ARCA pidió la “suspensión de la disolución de las dependencias del interior” y audiencia con el director ejecutivo, Juan Alberto Pazo.

Estévez reclamó una “prórroga por 90 días la resolución 36/2025 por la que se eliminaron casi un centenar de áreas del interior” y fundó el pedido en que los ciudadanos y trabajadores de esas dependencias están “muy preocupados” porque “no tienen acceso a una distancia prudente a otra oficina” de ARCA para cumplir tareas.

Por eso, le solicitaron a Pazo una audiencia “urgente” para frenar la medida “inconsulta” y presentar “propuestas alternativas”.

También protestó sobre el tema el diputado misionero Carlos Alberto Fernández, quien advirtió a través de un proyecto de resolución que el proceso de reestructuración de ARCA implicaría “el cierre imprevisto de la dependencia de ARCA en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones”.

Exhortó a la reconsideración de la medida y destacó la preocupación de quienes se verían perjudicados para la realización de trámites ante el organismo, en caso de concretarse esa medida. Además, agregó, “se debe tener en cuenta que ante esta situación se dejaría, sin motivo justificado, la concreción y puesta en funcionamiento del segundo resguardo aduanero del país situado en la ciudad de Oberá”.

A casi siete meses de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley Bases que se dio el pasado julio de 2024, el Gobierno nacional aún no reglamentó el articulado que la oposición había logrado incorporar la cual establece el pago de impuestos por parte de las tabacaleras.

Al respecto, diputados de la Coalición Cívica, encabezados por el titular del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto solicitándole a la Directora Ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, Florencia Lucila Misrahi, y demás funcionarios competentes, informen de manera precisa y detallada, las razones de la falta de reglamentación del artículo 229 de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos cuyo objeto es asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos del Impuesto Interno al Tabaco.

Según explicaron en el proyecto la falta de reglamentación de dicho artículo “deviene en un claro perjuicio para las cuentas públicas, ya que permite que las empresas tabacaleras declaren valores de venta inferiores a los precios efectivos, reduciendo así la base imponible a la que se aplica el Impuesto”.

“Determinadas empresas tabacaleras que, según ha trascendido, declaran al ente recaudador precios hasta un 140% inferiores a los precios efectivos de venta consiguiendo, de esta manera, evitar el pago de una parte significativa del Impuesto Interno al Tabaco”, denunciaron y sumaron: “Como consecuencia de la subdeclaración, la recaudación del Impuesto se ve fuertemente afectada, generando una pérdida que, según estimaciones, ascendería hasta los 300 millones de dólares anuales”.

López apuntó: “LA OMISIÓN DEL GOBIERNO QUE BENEFICIA AL SEÑOR DEL TABACO. Con la oposición inexplicable de algunos bloques logramos incorporar en Ley Bases legislación para poner fin a las maniobras de ciertas tabacaleras para no pagar Impuestos, 6 meses después ARCA no reglamenta nada”.

El lilito hizo alusión a la extensa sesión del pasado 30 de abril donde un sector de la oposición votó a favor de volver a incorporar a la Ley Bases el artículo 229 que había sido incluido por el Ejecutivo y luego retirado.

“La Ley de Bases establece que los cigarrillos tributan un 73% sobre el precio de venta al consumidor. Como ese precio lo declaran las tabacaleras, para evitar la subdeclaración, incorporamos un artículo para que, cuando no sea idóneo, se aplique el precio determinado por la ARCA”, explicó.

Como esto genera una pérdida de recaudación millonaria que podría ayudar a aliviar el ajuste o a reducir impuestos, hicimos un pedido de informes a la ARCA.

Nos dijeron que están “trabajando con otros organismos” y que no hay plazo específico para reglamentar. Falso 🚨 pic.twitter.com/3Rs7ODVFeQ

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 16, 2025

Así, cuestionó: “No sabemos por qué el gobierno lleva 6 meses sin reglamentar este precio de referencia. ¿Presiones de sus socios políticos? Como resultado, las tabacaleras pueden reducir significativamente el impuesto a ingresar, subdeclarando los precios de venta”.

“El art. 236 de la Ley Bases estableció un plazo de 90 días para que el Ejecutivo reglamentara la norma. El plazo venció y la reglamentación no aparece. Asociadas a sectores de la política ciertas tabacaleras consiguen mantener sus privilegios. ¿Quiénes traban la reglamentación?”, denunció.

En medio de una nueva polémica en torno al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, el Gobierno lanzó una denuncia sobre una supuesta red de "protección" a empresarios ligados al kirchnerismo dentro de la exAFIP que operó durante las gestiones de Cambiemos y el Frente de Todos.

"La denuncia y la información es totalmente mentirosa", aseguró este martes el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto, quien fue administrador del ente recaudador en el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández.

En sentido contrario a la denuncia del Gobierno, el legislador afirmó que "en el gobierno de (Mauricio) Macri se armó un grupo de tareas bajo la gestión de (Alberto) Abad y (Leandro) Cuccioli, conducido por Jaime Mecikovsky y el auditor (Néstor) Sosa, en conjunto con la exSIDE, la AFI, la UIF, el Banco Central, donde vulneraron el secreto fiscal y los mecanismos de protección que tenía la AFIP para tener información sensible de jueces, fiscales, periodistas, políticos, figuras públicas, con el fin de hacer denuncias penales o directamente entregar material para hacer una denuncia pública".

"También ocurrió con la expresidenta (Cristina Kirchner) y sus hijos Florencia y Máximo (Kirchner) con respecto a la persecución y el hostigamiento. Hasta se le había notificado a un domicilio inexistente. Esto se ha denunciado, pero lamentablemente todas las denuncias en ese momento cayeron en el juez (Claudio) Bonadio", recordó.

Castagneto señaló que "durante el macrismo tergiversaron la información, y ahora lo quiere hacer de nuevo Macri peleando un espacio con (Javier) Milei sobre ARCA" para "perseguir, cuestionar y amendentrar".

El kirchnerista acusó a La Libertad Avanza de querer "hacer este sistema de espionaje, acopio de información, para conseguir resultados electorales positivos y generar en la sociedad un relato mentiroso".

Sobre esto, puso un manto de sospecha respecto de por qué hay legisladores que "cambian los votos de un día para el otro; porque te hacen un seguimiento y una información para que votes distinto".

En diálogo con radio Futurock, Castagneto consideró que Macri y Milei "están peleando desde el primer día" por poder dentro del ente recaudador y "no para hacer las cosas bien, no para que paguen los que más tienen y paguen menos los que menos tienen".

"Cuando la economía fracasa, como está fracasando ahora y como fracasó en el gobierno de Macri, que es solamente para 7 millones de argentinos, tienen que buscar un relato salvaje", completó.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (UP) denunció al nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, por “delitos contra la administración pública, falsificación de declaraciones juradas y ocultamiento de bienes”.

En la acusación, el diputado de UP pide que se investigue una serie de hechos cometidos por el actual funcionario público nacional, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) que podrían configurar delitos de acción pública que reprime con prisión de hasta 6 años al funcionario público “que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

Tailhade describió a Pazo como “empresario argentino, vinculado estrechamente como ejecutivo desde hace muchos años al grupo económico que comanda Francisco De Nárvaez, habiendo sido presidente del holding de empresas textiles del grupo, y presidente de numerosas sociedades subsidiarias constituidas en su gran mayoría en guaridas fiscales, es decir aquellos países o jurisdicciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”.

En abril conté que el nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, integraba 12 sociedades en el exterior y tenía un departamento en Miami, todo sin declarar. Como ni renunció, ni ningún fiscal actuó de oficio, lo denuncié penalmente. Y le encontré otra propiedad sin declarar. Va hilo 👇 pic.twitter.com/eIHkIToEeC

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) December 13, 2024

Así, denunció que en 2010 Pazo junto a su esposa constituyeron la sociedad Harbour House 1533 Corp, con sede en la unidad 1533 del complejo ubicado en el 10275 de Collins Avenue, Miami, Florida. “Esta sociedad continúa siendo propiedad de Pazo y su esposa, y, según veremos, nunca fue incorporada a las declaraciones juradas presentadas por Pazo en su condición de funcionario público durante los períodos mencionados”, señaló.

“En una primera etapa Pazo fue funcionario público entre marzo de 2016 y noviembre de 2019, y en función de las previsiones de la Ley de Ética Pública tuvo que presentar anualmente las declaraciones juradas patrimoniales. En ninguna de las presentaciones que hizo durante aquel período informó que era socio de una sociedad constituida en Miami ni mucho menos que era dueño de un inmueble en aquella ciudad”, ratificó.

Tailhade indicó que “en este período debió haber denunciado que eran propietarios de la unidad ya que lo compraron en 2013 y lo vendieron en 2021, es decir estuvo en su patrimonio durante toda la primera etapa de su trabajo en la gestión pública, y sin embargo lo omitió, lo ocultó, evidentemente de manera deliberada. O sea, una clara falsedad maliciosa de su declaración jurada”.