A través de declaraciones y proyectos, condenaron la nueva embestida presidencial contra el sector, en este caso personalizada contra Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad
En el marco de una nueva embestida contra el periodismo, el presidente Javier Milei anunció el jueves en el marco de su incursión por el programa de streaming del Gordo Dan que denunciaría a tres periodistas. Y este viernes cumplió.
Al periodista Carlos Pagni lo denunció por presuntas “calumnias” e “injurias” a raíz de dichos que le adjudica, que habrían tenido "clara intención" de comparar de manera "insidiosa" a Adolf Hitler con su persona. También denunció a Viviana Canosa y Ari Lijalad por las mismas figuras penales en relación a otros episodios de los que dice haber sido víctima.
“Estoy HARTA de enterarme todos los días de nuevas muestras de hostilidad del presidente hacia los periodistas. Pero saber que el presidente de mi país, elegido por el voto popular, ha iniciado una demanda por daños y perjuicios contra Ari Lijalad, Carlos Pagni y Viviana Canosa, invocando calumnias e injurias, es directamente inadmisible”, expresó la diputada Karina Banfi, quien recordó que “en nuestro sistema jurídico, los delitos de calumnias e injurias están despenalizados. El uso de la vía civil para litigar estos casos es excepcional y debe evaluarse con criterios muy restrictivos. Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel vs. Argentina, al que nuestro país debió allanarse”.
Banfi cerró diciendo que “cuando se trata del más alto funcionario del Estado, cualquier crítica o referencia tiene carácter de interés público. Por eso, toda acción judicial de su parte puede generar un efecto silenciador, promoviendo la autocensura y poniendo en riesgo el patrimonio de los periodistas, pero sobre todo, afectando gravemente la libertad de expresión”.
Presentan proyectos
El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro, acompañado por otros pares presentó un proyecto para “frenar el avance autoritario de Milei contra la libertad de prensa”, en el que sostiene que el mandatario “usa al Estado como aparato de intimidación para silenciar críticas y blindar un plan de ajuste brutal”.
El proyecto de resolución habla de “campaña de descrédito, intimidación y persecución de la actividad periodística” por parte del presidente de la Nación y su equipo de comunicación, “utilizando la investidura y recursos públicos contra columnistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación”.
La iniciativa que es acompañada por Germán Martínez, Carolina Gaillard, Diego Giuliano, Juan Marino, Graciela Parola, Gisela Marziotta, Juan Manuel Pedrini, Lorena Pokoik, Leandro Santoro, Guillermo Snopek y Eduardo Valdés, rechaza las presentaciones judiciales contra los periodistas Canosa, Lijalad y Pagni, “a través de los cuales se pretende manipular la legislación vigente sobre calumnias e injurias ante la opinión pública, en una nueva escalada de incitaciones al descrédito y al odio”.
También desde el bloque Democracia para Siempre impulsaron un proyecto a cargo de la diputada pampeana Marcela Coli, a quien acompañaron legisladores de distintos bloques, para expresar un enérgico repudio a las declaraciones del presidente Javier Milei contra seis reconocidos periodistas argentinos.
El proyecto condena las expresiones vertidas por el jefe de Estado el pasado 8 de mayo durante una aparición en un programa conducido por el militante libertario Daniel Parisini, en el que calificó a periodistas como “infradotados”, “mandriles”, “ensobrados” y “lacra inmunda”, "prostitutas de los políticos", e incluso instó a la audiencia a redoblar el rechazo hacia el periodismo con frases como: “Si vos odiás al político, al periodista odialo más”.
“Estas declaraciones constituyen una inadmisible estigmatización del ejercicio de la labor periodística y una amenaza directa al principio fundamental de la libertad de expresión”, expresó Coli en los fundamentos del proyecto, en el que además se hace referencia a informes de ADEPA, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras que alertan sobre el deterioro de la situación de la prensa en Argentina.
En simultáneo, la diputada pampeana envió una nota a la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, María Emilia Orozco, solicitando la convocatoria urgente de ese cuerpo parlamentario para tratar el proyecto. En la misiva, Coli advierte que “la comisión se encuentra virtualmente paralizada, sin reuniones ni tratamiento de los múltiples proyectos que abordan los continuos ataques a la libertad de prensa”, y reclama que se convoque también a los periodistas afectados y a representantes de Reporteros Sin Fronteras.
“Esta situación no puede desvincularse del preocupante contexto actual, y exige tratamiento urgente en el ámbito parlamentario correspondiente”, subraya la nota, que denuncia el retroceso del país en los rankings internacionales de libertad de prensa y la desprotección institucional frente a hechos de suma gravedad.
Con esta iniciativa, Coli y los legisladores coautores buscan instalar en el Congreso un debate que consideran “imprescindible” sobre los límites del discurso presidencial y la defensa del periodismo como pilar del sistema democrático.
Acompañan el proyecto los diputados Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Danya Tavela, Esteban Paulón, Pablo Juliano, Melina Giorgi y Karina Banfi.
Será este martes en el seno de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que recibirá cinco testigos para comenzar a tratar la causal “abuso de poder”.
Tal cual se anticipó en la última reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, realizada el 21 de septiembre pasado, en la reanudación del proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia comenzará el debate sobre la causal “abuso de poder”.
Así será luego de que con las exposiciones de Graciana Peñafort y Jorge Rizzo de esa jornada se diera por agotado el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”. Así las cosas, comenzarán con el tema que incluye un pedido de juicio antiguo impulsado por la Coalición Cívica contra el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. Sin embargo desde ese espacio no han pedido testigos, así que se avanzará este martes a partir de las 13 con una causa similar que el oficialismo piensa instrumentar contra el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por su participación en causas que involucraron a exclientes suyos.
La citación correspondiente fue emitida el viernes pasado, convocando para este martes 3 de octubre próximo, a las 13, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara baja. Allí figuran cinco testigos, a saber:
En este último caso, Saggese había sido citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Por eso vuelve a ser citado y se verá qué decisión toman los diputados si esta vez vuelve a ausentarse.
El testimonio de los periodistas
En la nota de referencia del periodista Ari Lijalad, se alude a que el actual vicepresidente de la Corte no se apartó de los expedientes de sus exclientes “tal como marca la ley”. Allí sostiene que Rosenkrantz firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos.
“Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país”, advierte el periodista, que alerta sobre “una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la Corte”.
En detalle, y en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:
3 fallos que involucran a Supercanal
2 fallos que involucran a AMX (Claro)
1 fallo que involucra a la Clínica Estrada
10 fallos que involucran a YPF
5 fallos que involucran al supermercado DIA
1 fallo que involucraba al Grupo América
2 fallos que involucran a Pan American Energy
1 fallo que involucra a Piero
En la nota sobre la cual será indagado, se transcribe una declaración del 21 de octubre de 2021 en la que Rosenkrantz justifica su deicisón de intervenir en una causa que involucraba a AMX Argentina, nombre jurídico de Claro. Si bien “está involucrada una parte a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”, alegó Rosenkrantz, que agregó que “ello es así puesto que no intervine en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni presentando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente” y luego escribió: “Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las del presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal -más de cinco años-, estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”.
El otro periodista citado es Juan Alonso, quien será consultado por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados.
Según Alonso, “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.
Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.
Calificaron a Ari Lijalad, Roberto Navarro y Franco Mizrahi como “víctimas de una nueva persecución” que atribuyeron al diputado Waldo Wolff.
Los diputados del Frente de Todos se solidarizaron este jueves con los periodistas Ari Lijalad, Roberto Navarro y Franco Mizrahi, víctimas de lo que calificaron como “una nueva persecución esta vez por parte del diputado Waldo Wolff, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados”.
“Resulta insólito y preocupante que quien debe velar por la libertad de expresión denuncie ante la Justicia a periodistas por hacer su trabajo: informar”, expresaron a través de un comunicado, en referencia a la denuncia que además de Wolff hicieron los diputados Fernando Iglesias, Jorge Enríquez y Álvaro de Lamadrid para investigar la “responsabilidad” de los citados periodistas por la difusión de información de la Agencia Federal de Inteligencia.
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Para los miembros del bloque que lidera Máximo Kirchner, “los datos revelados dejan ver a las claras el modo en que Cambiemos gobernó durante los últimos cuatro años, con persecución y espionaje ilegal. De esa misma manera hoy buscan censurar a quienes no responden a sus intereses”.
“No podemos permitir en la Cámara de Diputados que quien debe procurar se cumplan las reglas para que los y las periodistas de nuestro país puedan expresarse con libertad ataque de este modo a trabajadores de prensa por el hecho de publicar información que no favorece a su espacio político”, concluye el mensaje del bloque Frente de Todos de Diputados.