La Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales de Diputados reunió a especialistas y representantes de distintos sectores, quienes advirtieron sobre zonas grises en la Ley de “Inocencia Fiscal”, señalaron riesgos de opacidad y alertaron por posibles implicancias en materia de control y prevención del lavado.
La Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados, una comisión presidida por la oposición, realizó una reunión informativa para abordar la aplicación de la Ley 27.799, denominada de Inocencia Fiscal.
El encuentro, encabezado por el presidente de la comisión, Ariel Rauschenberger (UP), contó con la participación de invitados de distintos ámbitos académicos, profesionales, periodísticos y de la sociedad civil, quienes expusieron sus perspectivas sobre los alcances de la norma y posibles aspectos a revisar.
El primero de los invitados fue Juan Pablo Futten, tributarista y profesor de la UBA y de la Universidad de Moreno, quien señaló que la Ley 27.779 establece un esquema de régimen simplificado, que en principio les pareció bastante práctico y accesible, pero cuando los contadores lo estuvieron viendo, observaron que “no es tan simplificado. Estamos a favor de las simplificaciones tributarias, pero hay algunas cuestiones a remarcar”.
Señaló que México tiene un régimen de esas características desde hace más de 10 años, “pero vemos en la norma actual que se debilita un poco la capacidad y control del fisco. Eso hace que generen algunas alertas y puntos de atención sobre eso”.
“Necesitamos muchas aclaraciones”, dijo el invitado, aunque aclaró que lejos de aclarar, ahora “el Gobierno va a mandar un nuevo proyecto que va a generar más dudas que certezas”. Habló de un “blanqueo no explícito”, y agregó que le llama la atención por qué no se especificó si era o no un blanqueo. “Habría que preguntarnos por qué no se puso un blanqueo, nos llama un poco la atención cuál es el objetivo de esto”.
Planteó también que “estas dudas pueden llegar a despertar alguna alarma dentro del GAFI, adonde tanto nos costó entrar. Ellos evalúan si los países tienen esa capacidad para detectar y examinar el tema de los delitos económicos, dentro del cual está el delito fiscal”. Y alertó que “esto hace que podamos llegar a tener algún cuestionamiento del GAFI”.
A continuación, Norma Cristóbal, vicepresidente primera del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo tener “muchas dudas de cómo va a salir esto, y no tengo ninguna duda de que esto colabora y ayuda a la opacidad de todas las operaciones y lo que pueda llegar a hacerse con la ley. Sería bueno que en un proyecto posterior que se está elaborando se lograran solucionar estos vicios que la ley tiene hoy”.
“El incremento de los umbrales por tributo y por ejercicio, hace que si bien estaban atrasados los umbrales, creo que es una exageración, porque aumenta la cantidad de monto a evadir, que queda por debajo del radar”, señaló en otro pasaje, para agregar luego que “otro problema es el criterio subjetivo que se le otorga al ARCA, a efectos que puedan no denunciar penalmente, pero no dice cómo. Así que es totalmente subjetivo para el funcionario y vaya a saber lo que pasa el día de mañana con eso”.
Cristóbal destacó que “no se le puso freno a que los funcionarios públicos puedan acogerse a este régimen simplificado, y perdón, porque para mí es un perdón fiscal, no lo llamaría blanqueo”. La tributarista recordó que desde el Gobierno se insistió, incluso con publicidades, con la posibilidad de sacar algunos activos debajo del colchón, aunque aclaró que los fondos no solamente los puedo tener en casa, también en un paraíso fiscal, y esto me habilita a traerlo y que no se investigue el origen de los fondos. Esto tensiona todo con el GAFI”.
Alertas sobre un “blanqueo encubierto”
Por su parte, la consejera académica y periodista Natalia Volosín celebró que en el Congreso vuelva a discutirse lo que denominó “la mal llamada Ley de Inocencia Fiscal”, dado que para ella “es un blanqueo, un blanqueo encubierto, esto es lo que ha aprobado el Congreso. Y celebro que se discuta a efectos de limitarlos”.
Destacó en ese sentido que hay iniciativas como la de Esteban Paulón para excluir a las personas políticamente expuestas. “Me parece interesante, no el del Gobierno, que lo que haría es extralimitar aún más este blanqueo eliminando los umbrales por ingresos anuales, patrimoniales, etcétera, y dejando solamente como límite la exclusión para grandes fortunas”.
Volosín se preguntó por qué es un blanqueo. “Porque técnicamente no es otra cosa que un programa de cumplimiento de obligaciones tributarias. Si uno no se toma el trabajo de establecer buenas reglas para que el blanqueo no le abra la puerta al lavado, estamos en problemas, y esto es lo que hace la mal llamada Ley de Inocencia Fiscal con este régimen simplificado de ganancias, que lo que hace es invertir la carga de la prueba, eliminar las presuncioneos legales de la 11.683 para incrementos patrimoniales justificados para poder establecer si las diferencias son o no superiores a 15%, o no superior al umbral mínimo para la evasión fiscal simple, que es de 7 millones de pesos. Y además elimina la autodeterminación tributaria, que es la regla esencial de cualquier sistema tributario del planeta, incluyendo la Argentina”.
Volosín apuntó que “el artículo 5 del decreto reglamentario de la mal llamada Ley de Inocencia Fiscal, lejos de ayudar a las entidades financieras que puedan controlar, les dice: Cuando vos tengas un planchazo con un certificado y diga Régimen Simplificado de Ganancias, hacé de cuenta que el monitoreo no tiene sentido. Es una carta blanca”.
Debate sobre prevención del lavado
“Discúlpenme la palabra: es una joda la Argentina -continuó-. No solo no establecieron mecanismos para intensificar los controles y evitar el lavado, los levantaron y generaron mecanismos para ayudar al lavado. Como no hizo, por ejemplo, el blanqueo de Macri de 2016; tenía algunas cuestiones para discutir, pero no esta, porque mantenía incólume el Régimen de Prevención del Lavado”. En cambio, “este régimen no, tiró por la borda el sistema de prevención de lavado. El artículo 5, reitero, le dice a las entidades financieras: Si viene alguien, léase Manuel Adorni, no sé si lo conocen, que dice ‘esta persona adhirió al régimen’; tiene un papelito blanco que dice está limpia”.
Mónica Toundaian, integrante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, se refirió a dificultades de la normativa actual para identificar con precisión determinadas definiciones legales.
Además, participaron como expositores Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco; Ricardo Koss, miembro del Grupo Fénix; María Julia Eliosoff, directora de proyectos de FES Argentina e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad; y Malena Vivanco, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
La reunión permitió reunir aportes técnicos y miradas diversas en torno a la implementación de la ley, en el marco del trabajo de seguimiento que realiza la comisión sobre normas tributarias y previsionales.
Sobre el final de la reunión, el pampeano Ariel Rauschenberger recordó que para el debate en Diputados solo asistió el titular de ARCA; no hubo invitados para hablar del proyecto oficial.
A su turno, el diputado Carlos Castagneto dijo que “nosotros no somos tontos, tenemos un proyecto de ley para cambiar la Penal Tributaria, el Régimen Simplificado de Ganancias, y también tenemos un proyecto para que el próximo año, cuando seamos gobierno, hacer una simplificación tributaria y un sistema tributario progresivo que tenemos que tener en la Argentina. Acá pagan más los que menos tienen, por eso el Gobierno está persiguiendo a la cuarta categoría de Ganancias, que son los trabajadores”.
Representantes de asociaciones y entidades de bomberos de todo el país asistieron a una reunión informativa en la Cámara de Diputados, donde manifestaron sus preocupaciones y las trabas con las que cuentan para el desarrollo de su actividad.
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En vísperas del Día Nacional del Bombero, el próximo 2 de junio, representantes de federaciones de todo el país se presentaron este jueves en la Cámara de Diputados para advertir la "preocupación" que poseen por fondos millonarios que les corresponden por ley y el Gobierno todavía no les transfirió.
Asimismo, relataron ciertas trabas que tienen en materia impositiva para el desarrollo de su actividad, como es la compra de equipamiento en el exterior; y cuestiones relacionadas al reintegro del IVA y el accionar de ARCA, en relación a una ley votada hace pocos años en el Congreso.
La reunión informativa tuvo lugar en el marco de la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales, que preside el diputado de Unión por la Patria Ariel Rauschenberger.
En primer lugar, Carlos Milanesi, de la Federación Representativa de Entidades de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señaló que "el cambio tecnológico nos está avasallando a todos, por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados para eso" y reveló que están "cerca de tener un parque automotor de carácter eléctrico".
En su alocución, destacó la centralidad de los bomberos ante "un cambio climático que está instalado", lo que puede verse con los incendios en la Patagonia; y también que "permanentemente estamos ante catástrofes y siniestros" como lo sucedido con la inundación de Bahía Blanca.
Yendo a la demanda presupuestaria, Ariel Vicario, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, apuntó que el financiamiento previsto en la Ley 25.054 "es altamente significativo, pero de todas maneras no constituye el total o el 100% que demanda el funcionamiento de las entidades de bomberos voluntarios en todo el país".
Al recordar que el fondo creado a través de esa norma "ya va para el cuarto de siglo", destacó que "ha permitido el desarrollo constante del sistema de bomberos".
Sobre los recursos destinados por ley, Vicario explicó que recibieron a través de "la resolución 272/2025 una estimación presupuestaria de alrededor de los 42, 43 mil millones de pesos", sin embargo "no dio luz la segunda resolución que se esperaba". "Pasó el 2025, se dictó la resolución 91/2026, en la que establece un presupuesto de 129 mil millones de pesos para el año en curso", continuó, pero resaltó que hubo un remanente del año pasado, "fondos no distribuidos pero percibidos por el Estado nacional" que todavía "deben ser distribuidos conforme a la ley".
En ese sentido, explicó que "en el Estado nacional han ingresado 43 mil millones de pesos, que se suman a 25.800 millones del cuarto trimestre de 2025 y tendría que haber ingresado ya el trimestre compuesto por enero, febrero y marzo, que se estima en alrededor de 28 mil millones de pesos. Lo que nos preocupa es que existen recaudados 97 mil millones de pesos, de los cuales se han distribuido 43, 44 mil millones y existen 53 o 54 mil millones a distribuir".
Al subrayar que se trata de recursos de asignación específica, reclamó que deben ser transferidos en su totalidad y no en cuotas.
A su turno, Osvaldo Lori, de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires, expresó que "las asociaciones necesitan de los fondos para el sostenimiento a lo largo y ancho del país" y "existe muchísima preocupación respecto al tema del subsidio". "Año tras año siempre el sistema nacional tiene que estar preocupado ante algo que debería ser más ágil", consideró.
Y ponderó que "la función que cumplen las asociaciones de bomberos es central en lo que es la vida y los bienes de las personas. Durante la pandemia pasamos de esenciales a ser estratégicos, porque también somos auxiliares de la salud". "En el avance tecnológico nosotros necesitamos tener equipamiento", agregó.
Osvaldo Lori
Daniel Joaquín Vicente, secretario General del Consejo Nacional de Bomberos, reveló que "en el país todavía no hemos logrado tener equipamiento certificado de última generación, tenemos que ir a tocar timbre en el exterior" y se refirió a los inconvenientes en poder hacer esas compras, las cuales la ley les permite.
"Un vehículo fabricado en el país hoy tiene un costo de aproximadamente 500 millones de pesos", precisó, mientras que vehículos usados traídos del exterior valen la tercera parte. Sin embargo, "estamos dejando de reequiparnos", advirtió y manifestó: "Estamos entrando por caminos que a nosotros no nos gusta", en alusión a intermediarios, por las trabas que tienen desde diciembre de 2023. Por eso, pidió: "Necesitamos el acompañamiento para que ARCA nos permita pagar las unidades que compramos con factura proforma".
Más adelante, Ariel Alejo, presidente de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, hizo alusión a una eventual modificación de la Ley 25.054 y dijo que están "dispuestos a trabajar con cada uno que lo quiera hacer, pero necesitamos que eso lo hagamos en conjunto". Asimismo, alertó por falta de fondos para la capacitación de los bomberos.
Gustavo Zandona, titular de la Federación de Bomberos Voluntarios de Corrientes, resaltó que "los bomberos hemos nacido para los incendios y hoy día estamos atendiendo servicios que nunca hemos pensado, pero nos tenemos que ocupar", al mencionar los corredores viales en su provincia. "El bombero voluntario va a seguir siendo voluntario, lo que no es voluntario es el combustible, el desgaste, el equipamiento", señaló.
Avanzada la reunión, Ariel Vicario se refirió al sistema de reintegro del IVA establecido por la Ley 27.629, sancionada en 2021 por el Congreso, y explicó que "ARCA ha dictado las correspondientes resoluciones estableciendo los requisitos para poder acceder, pero también solicitó que existiera un organismo que determinara la incumbencia del concepto reflejado en cada factura" para corroborar que se trate de "un gasto de equipamiento y elementos propios para la actividad". Sin embargo, remarcó las dilaciones que eso produce y pidió una forma para que "la carga se pueda hacer directamente en la plataforma del ARCA, con una declaración jurada".
Durante la intervención de los diputados, Carlos Castagneto se refirió a los fondos que se le deben transferir al Sistema Nacional de Bomberos por la Ley 25.054 y opinó que lo que se debería hacer es que "en el Presupuesto para el año que viene tengan la afectación específica puesta en forma separada a cualquier organismo".
En cuanto a la cuestión del IVA, el legislador de UP recordó que la ley prevé la supervisión de la Auditoría General de la Nación, con lo cual dijo que podría establecerse "un acuerdo entre la AGN y ARCA para suplir el tiempo que tarda ARCA en devolver el IVA, porque más allá de que es autárquico, si no hay una decisión política pueden llevar uno o dos años de atraso de la devolución".
Desde La Libertad Avanza, el diputado Adrián Brizuela expresó: "Compartimos todos que bomberos es un tema transversal y somos conscientes de la importantísima labor que hacen, que va muchas veces más allá de apagar incendios". "Hemos tomado nota del tema del financiamiento, los problemas que están teniendo para incorporar equipamiento básico y obviamente el tema del reintegro del IVA, con algunas sugerencias que hicieron que las vamos a estudiar", resumió y se manifestó a favor de realizar "una nueva reunión para avanzar en posibles soluciones".
Finalmente, Rauschenberger coincidió que "los bomberos son un tema transversal, que no hace a un partido político". "Nos están dejando cuatro tareas para la comisión: la devolución del IVA, para que sea más directo; el tema de los corredores viales, que si bien no es tributario, seguramente podemos trabajar; el tema de las compras al exterior, que están encareciendo el producto; y el tema del remanente de fondos, que nosotros hicimos pedidos de informes e incluso le hicimos preguntas por escrito al jefe de Gabinete. Los fondos ya están recaudados y son recursos que ya deberían estar ingresados".
Ariel Rauschenberger
Del total de las comisiones conformadas este miércoles, la mitad quedó en manos de La Libertad Avanza.
Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales
El segundo día de constitución de comisiones de esta semana arrancó temprano este miércoles, con la constitutiva de la de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, que poco después de las 9 de la mañana inició el encuentro programado, en el que fue ungido al frente de la misma el diputado pampeano Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria.
Vicepresidente primero fue electo, por La Libertad Avanza, Nicolás Emma, en tanto que la vicepresidencia segunda fue reservada también por LLA, lo mismo que la secretaría primera, que fue reservada por Unión por la Patria.
La secretaría segunda fue ocupada por la misionera Yamila Ruiz, por Innovación Federal, aunque como originalmente no figuraba en la planilla de integrantes de la comisión, su oficialización quedó para la próxima reunión. Tercer secretario La tercera secretaría fue reservada por el interbloque Unidos.
Tras agradecer por su designación, Rauschenberger habló de la necesidad de trabajar desde “el diálogo y el respeto, para intentar ser el nexo entre los sectores que se ven impactados por las normas tributarias y previsionales y la Cámara de Diputados”. Habló de hacer un “trabajo en conjunto” y destacó los temas importantes que deberán afrontar, teniendo en cuenta por ejemplo la reciente aprobación de una reforma laboral que creó el Fondo de Asistencia Laboral, que toma fondos de la ANSeS, resaltando entonces la responsabilidad que implica ver que esos fondos sean correctamente administrados. Citó también la Ley de Inocencia Fiscal, que ya tiene -dijo- observaciones de muchos tributaristas por las fuertes multas que incluye, y dejó planteados esos dos temas concretos como algunos sobre los que estarán trabajando.
Ariel Rauschenberger tras ser electo presidente.
La Libertad Avanza se quedó con Energía
A continuación se constituyó la Comisión de Energía y Combustible, para la cual La Libertad Avanza propuso para presidirla al mendocino Facundo Correa Llano, quien tras asumir como tal agradeció la confianza brindada y “el compromiso de todos los diputados en trabajar en esta área estratégica que es la energía y sobre todo mirando el futuro de la Argentina”. “Hoy un mundo donde la energía ocupa un eje central, donde no solo es desde el punto de vista económico, sino como vemos desde la geopolítica y la seguridad de las naciones”, resaltó, valorando los recursos estratégicos con que cuenta nuestro país.
El bloque Unión por la Patria propuso como vicepresidente 1° al diputado Juan Pablo Luque (Chubut), en tanto que para la vicepresidencia 2° fue propuesto por Fuerza del Cambio la radical Pamela Verasay, también de Mendoza.
Las tres secretarías quedaron en reserva: la primera, para LLA; la segunda para UP y la tercera para Unidos.
Las principales autoridades de Energía y combustibles.
Comisión de Transportes
Poco después de las 11 de la mañana se constituyó la Comisión de Transportes de la Cámara baja, cuya presidencia quedó en manos de Provincias Unidas, que designó al radical jujeño Jorge Rizzotti, quien ya fue en su momento presidente de la misma.
La vicepresidencia primera fue para el Pro, que nombró para ese cargo a otro radical, el entrerriano Darío Schneider. A su vez, la vicepresidencia segunda quedó en manos del rionegrino Aníbal Tortoriello.
Secretaria primera fue nominada otro miembro de La Libertad Avanza, Patricia Vásquez; en tanto que la secretaría segunda fue para Unión por la Patria, que hizo reserva del lugar. Lo mismo hizo UP con la secretaría tercera.
Rizzotti ya supo presidir la Comisión de Transportes.
Hechas las designaciones, Rizzotti habló de la necesidad del “trabajo conjunto de todos los bloques políticos, pero fundamentalmente la búsqueda de consensos” y advirtió que “vamos a poder trabajar y avanzar en la medida que podamos encontrar esos acuerdos”.
Comisión de Acción Social y Salud Pública
Al mediodía fue el turno de la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que nombró al libertario Manuel Quintar para presidirla, quien era hasta el año pasado vicepresidente de la misma, presidiendo además la Comisión de Justicia, que ahora quedó en manos de su compañero de bancada Alvaro Martínez. Al asumir consideró a esa comisión como “muy técnica” y lamentó que en los últimos tiempos algunos temas que pasaron por ahí se politizaran. “Debemos trabajar en un montón de factores que sí hacen a mejorar la vida de los argentinos”, señaló.
Manuel Quintar quedó al frente de Salud.
Como vicepresidenta 1° asumió la diputada Claudia María Palladino, de Unión por la Patria, quien fue médica del Garrahan. “Confío que va a ser un lindo equipo de trabajo”, señaló la diputada al asumir.
Vicepresidente 2° fue propuesto desde el interbloque Unidos Pablo Juliano, en tanto que Lorena Petrovic fue propuesta por LLA como primera secretaría de la comisión. La segunda secretaría fue reservada por UP y lo mismo sucedió con la tercer secretaría, que quedó vacante. Para Unidos fue la cuarta secretaría, que fue dejada en reserva, mientras que la última secretaría fue para el Pro, que también dejó el lugar en reserva.
Comisión de Educación
Al frente de la Comisión de Educación estaba previsto que asumiera, en representación del Pro, el diputado Alejandro Finocchiaro, quien por razones de salud está imposibilitado de hacerlo a la brevedad, razón por la cual la diputada radical Pamela Verasay anunció que proponían iterinamente a otra diputada del Pro, la entrerriana Alicia Fregonese. Al asumir, esta legisladora hizo votos porque “pronto se pueda reintegrar a esta comisión Eduardo Finocchiaro”.
La vicepresidencia primera fue para un diputado de La Libertad Avanza, el catamarqueño Adrián Brizuela, en tanto que la vice segunda fue para Blanca Osuna, por Unión por la Patria, quien al asumir cuestionó “el desfinanciamiento brutal, inaudito, extraordinario que la educación argentina padece en estos momentos”.
Alicia Fregonese ocupará la presidencia de manera provisoria.
La Secretaría 1° fue para Fuerza del Cambio, que propuso al diputado Diógenes González. Como segundo secretario fue propuesto por Provincias Unidas Mariela Coletta. Finalmente la tercera secretaría fue para Unión por la Patria, que hizo reserva del lugar; lo mismo sucedió con la cuarta secretaría, que será de LLA.
Comisión de Discapacidad
Finalmente, se constituyó la Comisión de Discapacidad, cuyo presidente será el diputado libertario Gerardo Huesen, cuya designación despertó la reacción airada del diputado Nicolás del Caño, integrante de la comisión y a quien el flamante titular de la comisión no quiso darle la palabra. “Espere a que se constituyan las autoridades”, le reclamó el tucumano, pero nunca le dio la palabra a quien aclaró no obstante que no era una cuestión personal contra su designación, sino con que el oficialismo se quedara con la presidencia, habiendo golpeado a los discapacitados en lugar de atender sus reclamos.
Fue electo como vicepresidente primero el diputado Juan Marino (UP) y la segunda vicepresidencia quedó en reserva para La Libertad Avanza. Dos secretarías quedaron en reserva, la primera para Unión por la Patria, la segunda para Innovación Federal y la tercera será ocupada por la diputada María Inés Zigarán (Provincias Unidas).
El tucumano libertario Gerardo Huesen presidirá Discapacidad.
Un grupo de legisladores pidió al Poder Ejecutivo que informe detalles del acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro estadounidense, tras versiones sobre la activación de un tramo por USD 3.000 millones.
Diputados de Unión por la Patria, encabezados por Ariel Rauschenberger, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y el Banco Central, brinde información completa sobre el acuerdo de swap de monedas firmado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El pedido apunta a esclarecer la naturaleza jurídica del instrumento anunciado el 20 de octubre, sus condiciones financieras, garantías ofrecidas y el detalle de las operaciones realizadas. Los legisladores reclaman datos sobre montos activados, destino de los fondos, impacto contable en las reservas y movimientos vinculados a Derechos Especiales de Giro (DEG).
En los fundamentos, advierten que la falta de transparencia en estas operaciones afecta la validez democrática de decisiones con fuerte impacto patrimonial. Según trascendió, se habría activado un tramo del swap por unos USD 3.000 millones, utilizado para recomponer dólares en el mercado local y afrontar vencimientos con el FMI. Esto, señalan, podría agravar el déficit de reservas netas, estimadas en torno a USD -9.600 millones, y alejar al país del cumplimiento de metas con el organismo internacional.
El proyecto también solicita precisiones sobre la relación del acuerdo con otros compromisos, como el swap con China, y sobre el desarme de inversiones del Tesoro estadounidense en instrumentos del BCRA en pesos. “No estamos frente a un convenio estándar entre bancos centrales, sino ante una intervención singular de un órgano fiscal extranjero”, remarcan los diputados, quienes invocan la Ley de Acceso a la Información Pública para exigir la entrega de documentación íntegra.
La iniciativa lleva las firmas de Rauschenberger, Varinia Lis Marín, Andrea Freites, Carolina Yutrovic, Eugenia Alianiello, Pablo Yedlin, Ana María Ianni, Martín Soria, Pablo Todero, María Graciela Parola y Jorge Chica.
En el marco de la sesión de este miércoles, la Cámara baja aprobó la iniciativa promovida por los gobernadores, para quitarle discrecionalidad al Poder Ejecutivo.
Foto: HCDN
El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
Miembro informante del dictamen de mayoría, el pampeano Ariel Rauschenberger sostuvo que “son fondos de las provincias los que estamos tratando de reasignar”, a los efectos de que “esos recursos lleguen a las provincias de manera automática y no como ahora”.
El diputado de Unión por la Patria habló de un “derrotero” del Gobierno nacional que “quiso fundir” a las provincias, “paralizando la obra pública, quitándole recursos, las transferencias automáticas”, y advirtió que el actual es “el segundo peor semestre de los últimos 20 años”.
“Las transferencias automáticas mejoraron” este año, con relación a 2024, cuando fueron bajísimas, aclaró, “pero no recuperaron el nivel relativo de 2023. Se ha retirado el Gobierno de la obra pública y esto significa que las provincias tengan que asignar mayor presupuesto” para suplir a la Nación.
Rauschenberger sostuvo que “este es un Gobierno nacional que se borra”, y advirtió que “hay fondos, que son los ATN, que están sin utilizar, y que este proyecto pretende reasignar de manera automática”. Aseguró que “en este Gobierno pasamos de la discrecionalidad a la discrecionalidad más la arbitrariedad”.
Al respecto señaló que 2024 tuvo el menor nivel de distribución de los ATN, con apenas un 7,3%; mientras que este año se está dando el 20%, lo cual promedia un 12,7%, “el más bajo de los últimos 20 años”.
Denunció además un “equilibrio fiscal ficticio” de un gobierno que “está usando los fondos de las provincias para lograrlo”. Y se quejó de “falta de diálogo, falta de recursos”, como así también de no tener presupuesto por decisión del Gobierno nacional. “Parece que le gustó el Gobierno anterior, porque viene gobernando con el Presupuesto de 2023”, cerró.
A continuación la diputada catamarqueña Silvana Ginocchio habló de “una legítima demanda; hay una fluctuación y una caída de los recursos coparticipables”.
Criticó la falta de presupuesto y advirtió que “también enfrentamos una fatal discrecionalidad respecto de los ATN creados por ley con un fin determinado. “Hay drásticos recortes, dramáticos ajustes que tienen que ver con el FONID, una obra pública cero, cero infraestructura para la Nación. La salud, universidades, la cultura, nuestros discapacitados… El Estado nacional se ha retirado en aras de un equilibrio fiscal que no es tal”.
Desde el oficialismo, el salteño Carlos Zapata se remontó en la historia para explicar la manera como se distribuyeron a lo largo del tiempo los fondos entre las provincias, hasta llegar a la Ley 23.548, de Coparticipación. Una ley que definió como “provisoria”, de la que sale la figura de los ATN, que tienen una finalidad que es la de atender las necesidades financieras de las provincias y sus emergencias.
Cargó contra la justicia social, que consideró que se ha constituido en “un factor de atraso” y cuestionó al “Estado presente”, basado en mayores impuestos. “En todo este esquema se transformó en una especie de bandera y quienes decían combatir el capital terminan compartiendo el capital en base a la corrupción”, criticó.
Defendió el dictamen de minoría, que dijo respeta el texto de la ley, agregando que la parte no ejecutada de la porción que le corresponde a los ATN se distribuye al año siguiente el sobrante no utilizado y no aplicado, señaló, considerando que es “una medida superadora”.
También hizo uso de la palabra el diputado Juan Manuel López, quien atribuyó a los ATN la función de “comprar” gobernadores y se preguntó si no fue utilizado esta misma noche con ese fin. “Sería bueno quitarle la discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno”, dijo, señalando que el dictamen de la minoría asigna al Congreso la tarea de destinar esos fondos, como ya se hizo por ejemplo con los fondos que quisieron destinarse a Bahía Blanca.
López vinculó el uso de los ATN con maniobras como la que dijo que acababa de ocurrir en el recinto con el debate sobre el aumento a las jubilaciones. Y lo mismo dijo quien le siguió en el uso de la palabra, Christian Castillo. “Es cierto que los poderes ejecutivos usan discrecionalmente los ATN para premiar amigos y ‘despremiar’ (SIC) a aquellos gobiernos que los tienen circunstancialmente como adversarios”, dijo. Cosa que le atribuyó al Gobierno de Javier Milei.
Defendió entonces el dictamen que presentó la izquierda que establece que “los fondos tienen que tener la asignación específica de ir a los salarios de los docentes, los trabajadores de la salud, de ir a los trabajadores del sector público provincial y municipal de cada provincia. No que estos gobernadores del FMI, anti jubilados, dejarles la mano libre para que hagan lo que quieran. Y que la parte de la Nación no vaya para que Milei la use para pagarle al FMI, sino que vaya para la universidad pública y los hospitales de la Nación”.
La última oradora fue la libertaria Mercedes Llano quien apuntó: “Asistimos a la introducción de un nuevo parche del federalismo ficticio, que ha disfrazado y materializado el actual unitarismo”.
“La persistente puja de distribución entre Nación y provincias deja al desnudo la tergiversación y la fragilidad de nuestro actual sistema federal. Un federalismo que se vio desnaturalizado por un largo proceso de absorción de las autonomías provinciales por parte del Gobierno nacional”, planteó.
En esa línea, criticó: “La coparticipación ha materializado una relación injusta, de discrecionalidad, subordinación de las provincias a la administración central. El resultado de este nefasto sistema fue la institucionalización de un estado macro encefálico ante provincias que gastan irresponsablemente por arriba de lo que generan. Esto se soluciona con la eliminación de la coparticipación".
Fue en el marco de una reunión de comisión en la que un oficialista invocó el anuncio sobre proyectos que tengan costo fiscal hecho por el presidente el viernes, como si hubiera sido instrumentado ya por decreto.
Se reunió este martes la Comisión de Economía de la Cámara baja, que preside el pampeano Ariel Rauschenberger, para analizar una serie de proyectos que tuvieron dictamen a pesar de los reparos expuestos por el oficialismo y sus aliados. Y en cuyo marco se dio una curiosa discrepancia cuando un legislador de La Libertad Avanza objetó iniciativas argumentando que ya había sido publicado un decreto que las invalidaba, cuando en rigor eso no sucedió, y en todo caso se debería tratar de un proyecto de ley que debiera aprobar antes el Parlamento.
El planteo surgió cuando se trataba un proyecto que en realidad no ameritaba demasiadas objeciones entre oficialismo y oposición. Es de la diputada Vanina Lis Marín, y se trata de la re-presentación de una iniciativa ya presentada en 2022, que busca modificar la Ley 25.603. En ausencia de la diputada pampeana, expuso sobre la misma el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien para poner en contexto contó que el origen de la misma debía buscarse en la Argentina de 2002, cuando gobernaba Eduardo Duhalde en medio de una gran crisis social, cuando no alcanzaba la comida, ni la ropa, ni nada de lo que necesitaban los sectores más humildes.
Fue entonces cuando un grupo de diputados radicales y peronistas presentaron un proyecto para darle destino a los rezagos de aduana. Desde ese momento la Secretaría General de la Presidencia fue la encargada de, a partir de esa normativa y otras resoluciones, llevar adelante la tarea de distribuir ese material, a través de organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. El proyecto presentado por Marín plantea que ese proceso pueda ser mejorado, garantizando lo que ya existe, pero también que “aquellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tengan un espacio de tiempo que no modifica sustancialmente el período de entrega de los bienes, pero que se haga de modo tal que pueda quedar claro quiénes son los que lo solicitan”, y aclaró que se haría una modificación al texto original para indicar hacia quién va esa ayuda, los destinatarios finales de la misma.
Aclaró que la iniciativa “no le quita la potestad a la Secretaría de la Presidencia para realizar la distribución final, sino que busca transparentar el sistema”. En ese sentido Martínez señaló que se le busca darle a las organizaciones un marco de difusión y transparencia, pero después queda en manos de la Secretaría General de la Presidencia la decisión final para decir hacia dónde va todo. Aclaró también el presidente del bloque UP que el proyecto tiene giro a Legislación General y recordó que se trata de un proyecto que vienen planteando desde que el peronismo estaba en el Gobierno, así que “bajo ninguna perspectiva obedece a ninguna coyuntura política. Es un sistema que funcionó y que es mejorable”.
Tras plantear la modificación en el artículo 3° modificando el 8 bis de la Ley 25.063, indicando que los organismos tienen que especificar los destinatarios finales de los bienes a ser distribuidos, Rauschenberger aclaró que el proyecto no tiene costo fiscal y su objetivo es “transparentar el tema y darle más operatividad”. Pero antes de que pasara a la firma, el diputado del Pro Martín Ardohain planteó que si había modificaciones correspondía que se juntaran los equipos económicos para analizarlas. Aclaró que le parecía una propuesta interesante, pero que resultaba “apresurado tratarlo ahora, y más si tiene modificaciones. Entonces propongo que vaya a asesores y después juntarnos para dictaminar”.
Germán Martínez le respondió que se trataba de “un proyecto sumamente sencillo” al que solo estaban transparentando, e indicó que la modificación era un pequeño cambio en una oración, tras lo cual el diputado de La Libertad Avanza Carlos Zapata coincidió con su par del Pro en que “lo mejor, para estar tranquilos, lo analicen los asesores y en la próxima dictaminemos sin problemas”.
En el mismo sentido se pronunció el diputado salteño Julio Moreno Ovalle, pero fue más allá al objetar otros proyectos que figuraban en el temario como uno que ya venía con dictamen de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas al que no había tenido acceso, como así también otro para crear una Comisión de Acuerdos del Sistema Tributario y Aduanero Nacional, que “va a tener algún tipo de gastos que van a modificar el déficit fiscal. Y les quiero recordar a los señores diputados que ayer se publicó en el Boletín Oficial un decreto que de alguna manera le daba algún tipo de sanción a los diputados y senadores que sancionen temas que comprometan el déficit fiscal”.
“¿Qué decreto? -replicó Germán Martínez-. ¿Ayer? A no ser que usted tenga más información… Consultemos al Boletín Oficial, che”, pidió, tras lo cual advirtió: “No hay nada publicado en el Boletín Oficial… Aparte, no podría haber ningún decreto que limite el accionar del Congreso, por el artículo 85 de la Constitución. No hay ningún decreto publicado por nada…”.
El santafesino aclaró que solo había habido una cadena nacional del presidente, y con ironía deslizó: “Que haya habido una cadena nacional un viernes, mejoró… Porque la última vez nos metió a todos en la estafa #LIBRA”, dijo al recordar la intervención de Javier Milei en las redes sociales un viernes del mes de febrero. Y enfatizó: “No hay ningún acto administrativo ni jurídico que materialice lo que dijo (el presidente). Y si fuera secretario de Legal y Técnica, jamás le recomendaría que emita un decreto que limite las facultades del Poder Legislativo, que son facultades constitucionales”.
Finalmente volvió a intervenir el diputado Zapata, que admitió que la oposición tendría mayoría para dictaminar, y pidió 48 horas para analizar el proyecto y presentar LLA un dictamen en disidencia. Rauschenberger consideró que era demasiado tiempo para un proyecto tan sencillo y contra ofertó 24 horas, a lo que Martínez se mostró de acuerdo, aunque le recordó que “el trámite parlamentario no termina en esta comisión, sino en Legislación General, que presiden ustedes”. “Yo no soy dependiente de Legislación General, quiero expresarme a través de esta comisión”, repuso Zapata, a lo que Rauschenberger aceptó: “Tómense el plazo que necesitan, hasta 48 horas”, mientras pasaba a la firma un dictamen que sería de mayoría.
Los otros temas
Sobre los otros proyectos pendientes, se anunció que la diputada del Pro Nancy Ballejos retiraba el suyo para pedirle al Ejecutivo derogar la resolución general 1023/24 de la Comisión Nacional de Valores que autoriza a menores de edad, entre 13 y 16 años, a operar en el mercado de capitales; en tanto que la diputada Mónica Fein pedía que al no haber podido asistir para defender su proyecto para crear una Comisión de Acuerdos del Sistema Tributario y Aduanero Nacional, ese debate quedara para una próxima reunión.
En cambio sí pasó a la firma otro proyecto suyo, un pedido de informes ya citado, referido a las PyMEs. Lo defendió el diputado de UP Carlos Castagneto, que consideró importante, “porque se habla mucho del equilibrio fiscal, pero a las importaciones le sacaron los aranceles, cerró la Secretaría de PyMEs, cerraron 11 mil PyMEs y se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo registrados”.
Moreno Ovalle reiteró que ellos no habían tenido acceso al dictamen de la Comisión PyMEs, pero Rauschenberger desechó postergar la firma del dictamen ante la “gravedad del tema”. Recordó que el proyecto original remitía dirigirse al secretario del sector que ya renunció y cuya secretaría desapareció. “No es una cuestión profunda que amerite un examen más exhaustivo”, observó anunciando que pasaban a la firma.
Por último se pusieron a consideración dos proyectos presentados por las diputadas de UP Micaela Morán y Blanca Osuna, para rechazar la resolución 1023/24 de la CNV que habilita a mayors de 13 años a realizar inversiones en el mercado de capitales. El mismo proyecto que la diputada del Pro Nancy Ballejos había pedido retirar.
La diputada Morán explicó que el tema había sido trabajado por varios diputados y recordó que hasta el momento los jóvenes podían invertir en fondos comunes de inversión, o billeteras virtuales, pero esta resolución trae “nuevos riesgos”, al tomar como tales “instrumentos más sofisticados”, como inversiones en el extranjero. En ese sentido advirtió que “se requiere tener herramientas de educación financiera para evitar muchas de las cosas como la estafa #LIBRA, por ejemplo, donde muchos menores fueron víctimas”.
Consideró que los menores no están preparados para usar esas herramientas, por lo cual pidió contar antes con la educación pertinente, admitiendo que tampoco los mayores están en gran medida habilitados para aconsejar sobre esos temas a los menores. “Esta nueva ‘libertad’ que les están dando a los menores puede llevarlos a decisiones que no tengan el debido asesoramiento”, alertó, remarcando además que “se da en el medio de una creciente adicción no solamente de los menores, que están ingresando a los sitios de apuestas ilegales, y esta resolución abre una p uerta a una nueva tribuna financiera que puede arrastrar a nuestros jóvenes a meterse en un ambiente que no es propicio para eso, sino también a prácticas que muchas veces son ilegales”.
El diputado Carlos Zapata relativizó esas prevenciones, asegurando que “no nos causa preocupación que una persona pueda estar autorizada a operar en el mercado de capitales. Depende de la actitud; el mercado de capitales no puede tomarse como algo vinculado a la ludopatía, sino con la inversión inteligente y el rédito esperado. De ninguna manera acompaño esta preocupación: repudio el rechazo”.
Aliado también de La Libertad Avanza, el diputado radical mendocino Lisandro Nieri dijo entender los riesgos planteados, pero pidió ponerlo en otros términos. “Si un menor, por una indemnización, o un trabajo, tiene fondos y no puede acceder a un menú de herramientas para preservarlos”, tiene el riesgo de perderlos. Valoró el papel de los mercados de valores, y observó que por ejemplo no podrían preservar el valor de su patrimonio sin poder acceder por ejemplo a la compra de un dólar MEP. “El permitirle al menor que pueda operar en el mercado de capitales es una buena alternativa para el menor”, dijo, cuestionando privarlo de tal posibilidad.
Como sea, los dos proyectos se unificaron y pasaron a la firma.
Fue en el marco de una breve reunión en la que se puso a consideración el proyecto que aprueba el Convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías, adoptado en Bruselas en 1961. La comisión completó sus autoridades.
En una breve reunión, la Comisión de Economía de Diputados, presidida por el pampeano Ariel Rauschenberger (UP), acordó citar para un próximo encuentro a autoridades de Aduana y AFIP a fin de que opinen sobre el proyecto de ley que aprueba el Convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías, adoptado en Bruselas en 1961.
El titular de la comisión expresó: “Es un proyecto que trata de un convenio internacional que se firmó en Bruselas en 1961, que la Argentina lo aprobó en el Senado en 1998. No hay antecedentes de tratamiento en el ámbito de la Cámara de Diputados”.
Así, explicó que es un convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías por un plazo que no puede superar el año. “La condición es que la mercadería que se exporta tiene que retornar en la misma condición que se exportó y durante el período que está fuera del país tiene que ser comercializado”, precisó.
“Teniendo en cuenta que es algo que se firmó en 1961, se aprobó por una sola Cámara en 1998 y atendiendo el tiempo transcurrido consideramos que, para darle un tratamiento racional y responsable, deberíamos tener la opinión de expertos y autoridades competentes del orden nacional para que den su mirada sobre los impactos que puede tener el convenio al país”, propuso el pampeano.
A su turno, el libertario Julio Moreno Ovalle (Salta) adhirió a la propuesta y sugirió comunicarse con autoridades de AFIP y Aduana para que “nos digan qué es lo que está pasando, qué movimientos hubo en estos periodos que hubo y, obviamente, el futuro que pueda llegar a tener este convenio”.
“Nos vamos a comprometer a traer gente de AFIP y de Aduana para enriquecernos y después sacar una conclusión sobre este tema. En forma personal puedo hacer las gestiones con todo el apoyo de todos ustedes. Sería interesante que escuchemos otras opiniones al margen de lo que podamos llegar a tratar”, comentó el salteño.
Luego, la diputada cordobesa Alejandra Torres expresó: “Me parece súper interesante este tema porque personalmente lo he abordado en otras etapas de mi vida y me parece muy interesante que solicitemos la comparecencia de gente que está actualmente en el marco de la gestión porque podríamos aprovechar para preguntar cuestiones vinculadas con la disminución de las trabas burocráticas, la aceleración de los procesos y una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con este tipo de normativas que provocan una movilización de mercancía y que muchas veces, a raíz de diferentes cuestiones legales así como también trabas digitales, provocan una demora”.
“No solamente encarece la cuestión, sino también debilita el beneficio para la sociedad argentina”, consideró y solicitó saber con anticipación quiénes asistirán a la próxima reunión a fin de elaborar una serie de preguntas para agilizar el trámite. Sin embargo, Rauschenberger afirmó: “La idea es no dejar una fecha fija para la próxima reunión, sino coordinar con las autoridades”.
Por otro lado, la comisión completó sus autoridades siendo designados como vicepresidente 1ro Carlos Castagneto (UP); vicepresidencia 2da el rionegrino Agustín Domingo; secretarías el chaqueño Juan Carlos Polini (UCR) y la catamarqueña María Fernanda Ávila (UP).
Por último, Castagneto expresó: “Ojalá que podamos trabajar en esta comisión que es muy importante y que podemos, no solo proyectos, sino realizar informes que sirvan para un diagnóstico de la economía y de un trabajo en conjunto con todas las propuestas que puedan surgir”.
A través de un pedido de informes, Bensusán, Rauschenberger y Marín recordaron que “el antecedente más cercano de una medida similar se produjo en 1982, donde la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas se trataban de meras registraciones contables con maniobras fraudulentas”.
El senador nacional Daniel Bensusán, y los diputados nacionales, Ariel Rauschenberger y Varinia Marín, -los tres de UP La Pampa- presentaron en conjunto un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que explique los detalles respecto a una posible estatización de deuda privada.
El pedido es en base a la comunicación “A” 7918, a través de la cual el Banco Central de la República Argentina (BCRA) determina que “la deuda del sector importador sea absorbida por el Estado”.
Para los legisladores pampeanos, “el antecedente más cercano de una medida similar se produjo en 1982, durante la última dictadura militar, donde la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, auto-préstamos y maniobras fraudulentas”.
El BCRA informó la emisión de las notas del Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses con opción de rescate para importadores de bienes y servicios pendientes de pago -Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).
El pedido de los tres legisladores pampeanos amplió: Que el Ejecutivo informe si existen mecanismos o procedimientos mediante los cuales se prevé determinar el acceso de los importadores de bienes y servicios pendientes de pago a los instrumentos; y mayores especificaciones sobre la metodología de amortización de los Bonos
Además, exige información sobre si está prevista la creación de un registro de importaciones impagas que se tendrán en cuenta a los fines de determinar el universo de potenciales beneficiarios; y si se realizará una evaluación de las deudas impagas con importadores para determinar el acceso a la suscripción del BOPREAL.
Finalmente, el proyecto propone que “en un contexto en el que se anuncian a diario medidas restrictivas de las funciones sociales del Estado presentadas como ineludibles, es preciso exigir información y fundamentación exhaustiva de una emisión de bonos que implicaría la estatización de la deuda comercial de empresas importadoras con el exterior”.
El oficialismo pampeano se repuso de las PASO y subió más de 22 respecto a las PASO. De todos modos, al haber dos bancas en juego, y sin haber competencia libertaria, se repartieron una para cada uno.
Las últimas PASO arrojaron una leve diferencia de JxC sobre UP, pero Unión por la Patria se recuperó y sumó el 50% de los votos con el 96% de las mesas escrutadas. Juntos por el Cambio sumó ocho puntos (pasó de 30 a 38%) y conservó su banca.
Unión por la Patria, presenta a Ariel Rauschenberger, quien es el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos pampeano que ya fue diputado nacional durante el período 2017 – 2021.
El candidato de JxC que llega al Congreso es Martín Ardohain. Cabe destacar que la propuesta presidencial de Javier Milei no presentó candidatos por La Libertad Avanza, ni se alió a otra coalición, por lo que no tendrá representación en La Pampa.
De este modo, las elecciones generales resultaron ser como la elección provincial del 14 de mayo cuando el actual gobernador peronista, Sergio Ziliotto, se impuso por 47 puntos contra Berhongaray que obtuvo 42 por ciento, en la últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) la oposición revirtió ese resultado.
Las últimas PASO arrojaron una leve diferencia de JxC sobre UP, aunque al poner en juego una banca cada uno, no habría disparidad. La oposición revirtió el resultado de la elección provincial.
La provincia de La Pampa debe renovar dos bancas en la Cámara de Diputados (la de Martín Berhongaray, de Evolución Radical, y la de Hernán Pérez Araujo, por el Frente de Todos) y todo indicaría que se repartirán una por lado.
El candidato de JxC que se impuso en la interna fue el bullrichista Martín Ardohain. Además, la oposición fue la fuerza mas votada con el 30,49% de los votos. Cabe destacar que la propuesta presidencial de Javier Milei no presentó candidatos por La Libertad Avanza, ni se alió a otra coalición, por lo que no tendrá representación en La Pampa.
Por su parte, Unión por la Patria, presenta a Ariel Rauschenberger, quien obtuvo el segundo lugar con el 28,16% de los sufragios. El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos pampeano ya fue diputado nacional durante el período 2017 – 2021.
A diferencia de la elección provincial del 14 de mayo cuando el actual gobernador peronista, Sergio Ziliotto, se impuso por 47 puntos contra Berhongaray que obtuvo 42 por ciento, en la últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) la oposición revirtió ese resultado.
Martín Ardohain, legislador provincial del Pro, estará acompañado por la concejal de General Pico, Adriana García, mientras que Ramiro Vignes será el candidato para el Parlasur.
La lista definitiva de JxC se dirimirá en las PASO, ya que Torroba irá por la boleta de Rodríguez Larreta, y Ardohain por la de Bullrich. El ministro provincial Rauschenberger irá por UP.
El diputado nacional Martín Berhongaray (Evolución Radical) debía renovar su banca en la Cámara de Diputados, que finaliza su mandato el 10 de diciembre del 2023, pero decidió bajarse ante la “falta de unidad” de Juntos por el Cambio en su provincia.
Al no lograr la unidad de Juntos por el Cambio en La Pampa, habrá dos listas: una encabezada por Francisco Torroba, exdiputado nacional y actual legislador provincial, por la boleta presidencial de Horacio Rodríguez Larreta; mientras que Martín Ardohain (presidente del bloque Propuesta Federal en la Legislatura pampeana) encabezará la lista de precandidatos de Patricia Bullrich.
Ambas listas de JxC tienen mezclados a integrantes tanto del Pro, como de la UCR pampeana. Torroba estará acompañado por Adriana García (excandidata a intendenta de General Pico por el Pro), y como postulante al Parlasur irá Ramino Vigne, también del Pro.
Por el lado del precandidato de Bullrich, Ardohain estará secundado por Adriana Leher (legisladora provincial de General Acha), Federico "Colo" Roitman (fue precandidato a intendente de Santa Rosa) y Lorena Ruíz (integrante de la lista a concejal de Intendente Alvear en la candidatura provincial de Berhongaray).
La provincia pampeana debe renovar las bancas en la Cámara baja de Hernán Pérez Araujo (FdT) y Martín Berhongaray (Evolución Radical), quien fue candidato a gobernador de La Pampa, tras derrotar en las PASO a Martín Maquieyra (Pro) el 12 de febrero, pero cayó ante el gobernador Sergio Ziliotto en las generales del 14 de mayo.
Por el lado, del peronismo pampeano, el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de La Pampa, Ariel Rauschenberger (integró la Cámara baja en el período 2017-2021), encabezará la lista única de precandidatos a diputados nacionales de Unión por la Patria, y será acompañado por Alejandra Charruff (escribana e integrante del Consejo de Administración de la localidad de Eduardo Castex).
Además, los diputados nacionales suplentes serán: Pascual Fernández (intendente de Uriburu) y Andrea Bautista (colaboradora en Desarrollo Social provincial). Como precandidato para el Parlamentario Titular del Mercosur irá Jorge Gaitán, y los suplentes serán Andrea Maurino y Ariel Castaldo.
Por el Frente de Izquierda- Unidad, los precandidatos a diputados nacionales son: Jonatan Gómez y Julia Baleani. Además, habrá un precandidato al Parlausr: Luciano González.
NOTICIA EN DESARROLLO
Diputado pameano valoró la creación de una mesa de trabajo para "encontrar un precio de la carne acorde a la capacidad de compra de la gente". La apertura de las exportaciones de carne a China son "una muy buena noticia".
El diputado nacional por La Pampa, Ariel Rauschenberger (Frente de Todos), remarcó este miércoles que la apertura de las exportaciones de carne a China son una “muy buena noticia” sobre todo porque "se alcanzó en base al diálogo con el sector".
“Es importante que como gobierno trabajemos con los representantes de los distintos sectores productivos para alcanzar la reactivación económica de Argentina”, señaló Rauschenberger.
Respecto al valor de la carne en el mercado doméstico, el diputado valoró la creación de una mesa de trabajo hacia adelante para “encontrar un precio acorde de la carne a la capacidad de compra de la gente y que eso no afecte la posibilidad de expansión de la industria frigorífica”.
A su vez, el diputado destacó que el anuncio “es una buena noticia para La Pampa que tiene una producción ganadera que es muy importante en su economía”.
En un plenario de comisiones se trataron proyectos sobre acreditación inmediata del monto de la operación para los comerciantes, y rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados inició este lunes el tratamiento de dos proyectos de ley sobre acreditación inmediata, para los comerciantes, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito, y sobre la rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.
La discusión comenzó en las comisiones de Finanzas y de Comercio, presididas por Fernanda Vallejos (Frente de Todos) y Gabriela Lena (UCR), con la participación de representantes de cámaras comerciales, mientras que la semana próxima asistirán autoridades de cámaras de tarjetas de débito y crédito.
Uno de los proyectos fue presentado por el puntano Carlos Ponce (Frente de Todos) y promueve la obligatoriedad de la acreditación inmediata, en la cuenta del comerciante, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier otro rubro.
Ponce destacó que “más de 250 cámaras” enviaron su adhesión a la iniciativa y comentó las complicaciones de comerciantes por la demora de varios días en acceder al dinero de la compra. “Entre que se produce el débito y le llega al comerciante, hay un jugador externo que se queda con ese dinero durante todo ese tiempo”, dijo.
El diputado precisó que según la última encuesta del INDEC, el uso de tarjetas de crédito creció en forma interanual un 32%, y en los comercios de cercanía el incremento fue del 54% interanual. A su vez, informó que “en el último año los bancos han ganado un 182%”.
Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes (San Luis), dijo que ven “con muy buenos ojos” la iniciativa de Ponce, “porque al propietario de la tarjeta que realiza su compra, ese débito se le realiza en forma inmediata, y el comerciante debería estar en las mismas condiciones”.
Según Sánchez, esta ley “aliviaría mucho la situación de pymes y comercios chicos que no tienen tanta espalda financiera para soportar el tiempo que tardan en recibir el dinero de la compra”, por lo cual la reforma “ayudaría mucho en tener la liquidez de ese dinero”.
Por su parte, Guillermo Siro, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires -que nuclea a 67.000 pymes y 270 cámaras- también respaldó el proyecto de Ponce ya que “al margen de los argumentos especulativos que aplican los bancos”, la inmediatez en la acreditación del dinero “es lo que corresponde”.
En el mismo sentido, Fernando Savore, presidente de la Confederación General Almacenera, -que reúne 60.000 comercios- coincidió en que “la acreditación inmediata sería una ayuda muy buena” y resaltó la continuidad de comercios a pesar de las dificultades que planteó la pandemia.
Gabriel Bornoroni, de la Confederación de Entidades de Comercio, Hidrocarburos y Afines, denunció un “comportamiento abusivo y dramático” ya que “no está expresado en ningún contrato o documento cuál es la justificación de tal demora”.
“No es plata de los bancos; es plata de los consumidores, por eso automáticamente se le tiene que acreditar al comercio”, sostuvo Bornoroni, y agregó que la ley es necesaria porque “el costo financiero de las pymes es realmente inaguantable”.
Por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Fabián Tarrio señaló que el proyecto de Ponce “se ajusta a la realidad” y debería ser ley “lo más rápido posible” por una razón de “absoluta justicia”.
Según datos del Banco Central citados por Tarrio, las operaciones con tarjeta de débito en julio de este año fueron por 76 millones de pesos.
El otro proyecto tratado en el plenario de comisiones pertenece a Ariel Rauschenberger (Frente de Todos) y propone modificaciones a la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, entre otras cosas para rebajar las comisiones de las tarjetas de crédito del 3% al 1,5%; y del 1,5% al 0,5% en el caso de las de débito.
El autor de la propuesta recordó que en años anteriores “hubo muchos intentos de reformular este marco regulatorio, pero no fueron convertidos en ley”.
Los representantes de cámaras comerciales que participaron de la reunión virtual respaldaron la rebaja de comisiones, pero consideraron que hoy es más urgente la acreditación inmediata del monto, tema que también está contemplado en el proyecto de Rauschenberger.
“Es necesaria una reformulación (de las comisiones), pero no en este momento. Hay urgencias que obligan a no dilatar más la retención de fondos, que son miles de millones de pesos por mes”, resumió Edgardo Phielipp, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Rauschenberger sostuvo, sobre este aspecto, que “el desfasaje que se genera entre el momento de la venta y el de la liquidación genera un costo financiero que era muy fuerte y lo sigue siendo hoy a pesar de que el Gobierno bajó las tasas de intereses”.