El senador provincial puntano del PJ Ariel Rosendo, acusado de haber cometido varios delitos, entre ellos un robo doblemente calificado, presentó un escrito en el que negó su responsabilidad en los hechos que se le imputan, y cumplió así con el segundo llamado a indagatoria dispuesto por el juez penal Leandro Estrada. 

Rosendo está acusado de robo doblemente calificado, en poblado y en banda, en perjuicio del gremio Smata y de Ivana Beatriz Massimino, su expareja; y también por desobediencia a una orden judicial de acercamiento y violación de las medidas de aislamiento social dispuestas por la pandemia de coronavirus. 

El legislador se presentó ante el juzgado de la ciudad de Villa Mercedes, a 100 kilómetros de la capital provincial, tras haber desobedecido cumplir con este trámite en una primera oportunidad y haber recusado al juez. 

Fuentes judiciales relataron que Rosendo no permitió que se le hicieran preguntas y solo se limitó a leer un escrito de auto defensa, con el que negó los hechos “de manera genérica”. El legislador dijo además que sufre “persecución del gremio Smata” y alegó que una jueza lo excluyó del hogar “sin pruebas”. 

Para la abogada defensora de su expareja, Leticia Latini, la lectura escrita de su defensa “fue vergonzosa ya que se trató de un monologo de autodefensa”. 

El avance, para la letrada lo constituyó su reconocimiento de haber estado “en el lugar del hecho”, que él denomina “su casa”, luego de haber sido excluido del hogar por denuncias de violencia de género, con lo que “además se prueba que violó el DNU de aislamiento social, preventivo y obligatorio”, otro de los delitos en juicio. 

El juez Estrada había pedido el desafuero de Rosendo a la Cámara de Senadores de San Luis para su indagatoria y su detención, pero el cuerpo legislativo lo negó por entender que “no constituye condición ‘sine qua non’ para proceder al llamado a indagatoria y prosecución de la causa hasta su total conclusión”. 

Con anterioridad, el cuerpo legislativo le había concedido una licencia con “goce de haberes” por el término de un mes, que venció la semana pasada por lo que se espera que en la sesión de mañana, los senadores y senadoras emitan un nuevo dictamen al respecto. 

Además, este martes declarará en sede judicial el secretario general de Smata, Juan Piturra, quien denunció a Rosendo por el robo de bienes de la entidad con filial en Villa Mercedes, junto a otros testigos, quienes “aportaran mucho a la causa”, según confirmaron fuentes judiciales.

El Senado de San Luis rechazó el pedido de desafuero del legislador provincial Ariel Rosendo, quien es investigado por robo doblemente calificado y acusado de desobedecer una orden de restricción de acercamiento, dictada por violencia de género contra su exesposa, y de violar las medidas de aislamiento social dictadas ante la pandemia de coronavirus.

El Frente Unidad Justicialista, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara alta provincial, decidió de forma unánime no dar lugar al pedido del juez que requería el desafuero del senador para poder tomarle declaración indagatoria por la presunta comisión de los delitos de los que se le acusa. 

La senadora Mabel Leyes, presidente del bloque Unidad Justicialista explicó que el escrito del juez solicita el desafuero para poder tomar indagatoria, algo que -según la legisladora, “puede hacer sin necesidad de desaforarlo”. 

“Cualquier legislador puede ser indagado y debe estar a derecho, como lo está el senador Rosendo”, argumentó Leyes. 

También explicó que la constitución provincial en su artículo 125, establece que para poder realizarse el desafuero el legislador tiene que ser “sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito doloso, que merezca pena privativa de la libertad”. 

“Por eso consideramos y en base a los que establece la constitución provincial, no corresponde hacer lugar al pedido del juez, porque se puede llevar a cabo todo el proceso y esto no obstaculiza a la Justicia”, resaltó Leyes. 

El pedido de desfuero solo tuvo el voto afirmativo del senador de San Luis Unido, Sergio Guardia, único representante de la oposición en la Cámara alta, que está integrada por 9 legisladores.