Fue durante un encuentro de defensores del pueblo provinciales y municipales organizado por la Fundación Éforo en El Obrador Centro Creativo. Subrayaron el problema crónico de la falta de acuerdos políticos en el Congreso.
Cinco defensores del pueblo provinciales y municipales en ejercicio resaltaron la importancia de designar al defensor del Pueblo de la Nación, cargo que permanece vacante desde hace 17 años, y destacaron el trabajo que llevan adelante poniendo en valor el rol de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la Argentina (ADPRA).
La coincidencia se dio en el marco del encuentro “Defensores: la democracia completa”, organizado por la Fundación Éforo en el Centro Creativo El Obrador, con el objetivo de destacar el trabajo de las defensorías provinciales y promover el fortalecimiento integral del sistema de protección administrativa de derechos en la Argentina.
De la jornada participaron María Rosa Muiños; Dalmacio Mera; Arístides Lasarte; Walter Martello y Facundo Mancebo; a cargo de las defensorías del pueblo de Ciudad de Buenos Aires; Catamarca; Santa Fe; adjunto de la Provincia de Buenos Aires y la ciudad de Lanús, respectivamente. También hubo entre los asistentes diputados nacionales; trabajadores de organismos de control y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros
“En un momento en el que la ciudadanía reclama mayor transparencia y rendición de cuentas, la figura del defensor del pueblo se vuelve cada vez más relevante, por eso desde Fundación Éforo queremos poner en agenda la necesidad de nombrar al Defensor del Pueblo de la Nación y al mismo tiempo destacar el trabajo articulado y comprometido que hacen los defensores de las provincias y municipalidades”, recalcó Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación.
Los defensores destacaron el problema crónico de la falta de acuerdos políticos, que impide que el Congreso consiga la mayoría necesaria – dos tercios de los legisladores presentes de ambas cámaras- para designar al Defensor del Pueblo.
El defensor del Pueblo es un órgano independiente, instituido por el Congreso de la Nación, cuya misión es la de defender, proteger y promover los derechos humanos, individuales y colectivos de los ciudadanos, frente a los poderes del Estado o las empresas de servicios públicos.