El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recibió 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención. Pasa al Senado. Desde UP propusieron una modificación en el artículo 2 del dictamen de mayoría para poder acompañar, pero fue rechazado.
La Cámara de Diputados dio media sanción por 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención -de la diputada de UP Ana Aubone-, a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria.
La iniciativa, que ingresó en mayo pasado y ahora deberá tratarse en el Senado, plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.
Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.
Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.
Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.
A través del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y las intervenciones de sus pares de bancada Matías Molle, Juan Manuel Pedrini, Pablo Yedlin y José Glinski, desde la oposición propusieron incorporar el artículo 2 del dictamen de minoría.
El vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria, procedió leer la propuesta de redacción del mencionado artículo: “La entidad estatal deberá dictar normas para establecer normas del programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, agregando una campaña de difusión de los alcances de la ley”, y agregó que “en caso de armas no registradas serán guardadas en los depósitos del Registro Nacional mientras dure el proceso de regularización”. En caso de no avanzar con el blanqueo de armas, “la agencia deberá dictar la destrucción de ese material”, explicó. Finalmente, Rodríguez Machado no dio lugar a la incorporación. La votación en particular de dicho artículo resultó con 125 votos afirmativos, 94 negativos y 13 abstenciones.
La palabra de los Diputados
En el rol de miembro informante, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), explicó el plan de regularización de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas: “Tener un arma es legítimo hace 50 años en Argentina, pero para ser legitimo usuario hay que cumplir requisitos físicos, psicológicos, informar el arma, que no esté buscada por cuestión delictiva y que el usuario no tenga causas penales”.
Como una de las problemáticas que este proyecto viene a resolver, señaló que “en pandemia no se pudieron renovar muchos registros de armas, el cual es cada cinco años”. En tal sentido, aclaró que “tenerla no registrada es incurrir en un delito”. Allí indicó que la propuesta trae “dos soluciones”.
En primer lugar, se refirió a una “entrega voluntaria de armas que se dejaron de usar por la cuestión que sea” y nombró a aquellas que no fueron renovadas o se usaron con fines de caza deportiva. En este caso, Rodríguez Machado auguró por la reducción de armas en la sociedad.
La segunda solución explicada por la diputada cordobesa fue por la regularización de armas no registradas, sin embargo, aclaró que “no estamos modificando la portación de armas porque es otra normativa”. “Estamos normalizando el legítimo usuario o autorizar que se entregue un arma”, amplió.
A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Legislación Legal, el rionegrino Martín Soria (UP), informó: “En argentina se producen 8 muertes por día a causa de armas de fuego. 1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego. Es en este contexto que resulta una obligación y un deber que el Estado nacional, a través de los poderes, profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios”.
“Cada arma que se logra sacar de las calles constituye una acción directa para construir una sociedad más segura para todos los argentinos”, destacó y recordó que el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego “sin vigencia desde el 31 de diciembre del año pasado”, fue creado a través de la Ley 26.216 en el año 2007 bajo la presidencia de Kirchner y “desde esa fecha fue renovado sucesivamente”.
Soria resaltó que su vigencia a lo largo de los últimos 15 años constituye “una política pública de desarme voluntario de todo el Estado Nacional y una política pionera debemos decirlo en nuestro continente”, tras lo que Argentina recibió una distinción por parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas.
El rionegrino criticó que durante la gestión de Mauricio Macri “no se destruyó ningún arma de fuego”, pero se recuperó durante 2021 y 2023 “destruyéndose más de 45.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones”. Así, celebró que el Gobierno haya “desechado” el texto original que envió en mayo al Congreso y “llegue a este recinto un nuevo texto que va en línea con los aportes y con la postura del bloque de Unión por la Patria, que fue proponiendo en el trabajo de comisiones y que se plasmó en muchos de los artículos que forman parte también del dictamen de mayoría”.
“Los estudios serios confirman que, a mayor cantidad de armas de fuego en una sociedad, mayor cantidad de muertes con arma de fuego considerando homicidios, suicidios y accidentes con ella”, planteó Soria y volvió a destacar que el oficialismo fomente el desarme de la sociedad civil y se informe de los peligros inherente a la tenencia de armas.
“Actualmente se estima que hay casi 800.000 armas en situaciones regular en la Argentina”, precisó y comentó que en ambos dictámenes se introdujo la obligatoriedad de iniciar el trámite de legítimo usuario de arma de fuego a todas las personas para que “se vayan acogiendo a la regularización de esa tenencia”. También destacó que se haya eliminado la creación de la figura del depositario legal que permitía que cualquier persona, sin siquiera ser legítimo usuario de un arma, pueda declararla. Además, ponderó que se quitó la intención de legalizar un mercado ilegal, la posibilidad r de que Ejecutivo pueda prorrogar el periodo de regularización de armas sin el consentimiento del Congreso Nacional.
El diputado de UP informó que en el año 2023 ANMAC realizó tres mil inspecciones a usuarios comerciales en la Argentina y se inhabilitaron aproximadamente más de 100 armerías en por incumplimientos y distintas infracciones que fueron detectadas por la autoridad de aplicación.
“No vamos a poder estar acompañando el dictamen de mayoría y por eso hemos presentado un dictamen de minoría. Se centra básicamente en un punto muy importante y es la posibilidad de las regulaciones exprés que genera el dictamen de mayoría porque se permite que una persona sin autorización pueda tener armas en la Argentina. Al dictamen le falta el control y la fiscalización de la ANMAC porque el registro se puede hacer, según el proyecto del oficialismo, de forma digital sin control alguno”, argumentó y cerró: “Vamos estar votando en contra en general y vamos, seguramente, a acompañar algunos artículos que fueron producto del trabajo en comisiones y de nuestro bloque”.
A su vez, el tucumano Pablo Yeldin (UP) relacionó el tema con la concientización del suicidio y explicó que es “la segunda causa de muerte en chicos de 11 a 17 años”. También, remarcó: “Tenemos un presidente que dice que la liberación de armas es buena para alivianar los controles de las armas de fuego, pero vengo a poner en alerta este tema”.
Con relación a la problemática traída a debate, amplió que “en el último año en Argentina fueron 394 y la pandemia empeoró los suicidios”. “vengo a dejar escrito que si nosotros aumentamos la portación de armas, los suicidios van a ocurrir y está demostrado que facilitar armas de fuego, facilita el suicidio”, concluyó.
Por el oficialismo, el diputado Santiago Santurio destacó que el proyecto tiene una entrega voluntaria y una regularización excepcional de gente que tiene “armas de manera irregular, no estamos discutiendo la portación, no está en el debate”.
“Esto es algo que ya viene de años que la persona que tiene armas va de forma voluntaria y las entrega. Por otro lado, se busca regularizar las armas que están en tenencia de forma irregular que, según las cifras, son 800 mil”, manifestó.
Será en el marco de una sesión especial en la que tratarán también la ley antimafias y la entrega voluntaria de armas de fuego.
En una sesión que se anticipa extensa, convocada en un día de la semana infrecuente para sesionar, la Cámara de Diputados tratará una serie de temas en las que se destaca el proyecto de ley que establece la Boleta Única de Papel como sistema para utilizar en las elecciones nacionales. Un cambio histórico por el que quienes lo promueven vienen bregando desde hace 17 años.
Esta será la novena sesión del período ordinario y fue convocada por miembros de los bloques La Libertad Avanza, Pro, UCR, MID, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal y CREO, siendo las 11.30 su hora de inicio. Esa amplitud de bancadas convocantes garantiza la aprobación del temario propuesto para esta sesión, cuya duración a priori se calcula en entre 14 y 18 horas.
La sesión arrancará con el debate de una serie de convenios, tratados, acuerdos y cargos de cónsules y vicecónsules, tras lo cual se avanzará con el tratamiento de un proyecto que también vuelve con modificaciones del Senado y que establece el Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Boleta Única de Papel.
Ese temario incluye, como dijimos, el proyecto de ley por el cual se modifica el Código Electoral Nacional (Ley 19.945) sobre Boleta Única de Papel para emisión del sufragio. Es un tema que ya fue aprobado por la Cámara baja el 8 de junio de 2022, por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, tras 9 horas de debate. Tras un largo tiempo de espera, esa media sanción fue aprobada con modificaciones el 12 de septiembre pasado en el Senado, cosechando 39 votos a favor y 30 en contra. Este martes se pondrán a consideración precisamente esas modificaciones.
Además, se tratarán proyectos sobre seguridad como la iniciativa de Abordaje Integral del Crimen Organizado y la Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; y diversos tratados, acuerdos y convenios, de carácter internacional desde el año 1998 a la fecha.
Se sumará también en el marco de la sesión el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por los incendios que azotan la provincia desde los primeros días de agosto. Así lo anticipó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, en consonancia con el anuncio de la bancada radical, que en vísperas de la sesión también adelantó que pediría el tratamiento sobre tablas del proyecto que ya tiene media sanción del Senado por el cual se declara la emergencia nacional en la provincia de Córdoba. Ese proyecto fue aprobado el jueves pasado en la Cámara alta, oportunidad en la que se abstuvieron los senadores de LLA. Esa aprobación se consiguió allí, también sobre tablas, con 55 votos afirmativos.
Entre el martes y el miércoles de esta semana habrá 14 reuniones de comisiones -algunas serán plenarias-. Se destaca la reunión informativa de Acción Social y Salud Pública que citó a Sandra Pettovello, aunque se prevé que no asista a Diputados.
Sin pedidos de sesión especial a la vista, la Cámara de Diputados tendrá esta semana una ardua labor en comisiones. Serán 14 reuniones entre el martes 11 y el miércoles 12 de junio. Se destacan el encuentro entre Legislación Penal y Seguridad Interior que tratará la entrega voluntaria de armas de fuego y el mega plenario para debatir sobre ciberapuestas.
En primera instancia, a las 10 de este martes, la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por la diputada nacional Mónica Macha (UP – Buenos Aires), se reunirá para recibir a invitados que expondrán sobre la situación de la institucionalidad de género y diversidad en Argentina.
A la misma hora, Marisa Graham de la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros especialistas, expondrá en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de la diputada radical Roxana Reyes, en el debate sobre la problemática de la ludopatía infantil.
El plato fuerte del martes podría llegar a ser la reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública que citó para las 13.30 a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con la intención de que informe la adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos a cargo de su cartera. Sin embargo, se prevé que la funcionaria no asista al encuentro.
Más tarde -a las 16-, la Comisión de Defensa Nacional, presidida por el diputado nacional Ricardo López Murphy (HCF – CABA), se reunirá para dictaminar una batería de proyectos de resolución y declaración.
También a esa hora, habrá un mega plenario de comisiones entre Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, a cargo de Mónica Frade (CC – Buenos Aires); Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (UP -Tucumán); Comunicaciones e Informática que preside Pablo Carro (UP – Córdoba); y Legislación Penal, al mando de Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba), para ampliar el debate sobre la temática de ciberapuestas y ludopatía en presencia de 16 especialistas.
Para cerrar el martes, la Comisión de las Personas Mayores, presidida por la diputada Gisela Marziotta (UP – CABA), recibirá a las 17 a la subsecretaria de Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, Alexandra Biasutti, para exponer sobre “la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las personas Mayores” y “el rol de la República Argentina y sus alcances en la legislación nacional.
Durante la jornada del miércoles 12 de junio habrá ocho nuevas reuniones. A las 10, la Comisión de Cultura que preside la diputada nacional Silvana Ginocchio (UP – Catamarca) se reúne para declarar de interés al monumento histórico nacional que rememora el izamiento del pabellón nacional en Puerto Argentino, emplazado en la antigua Casa de Gobierno en la ciudad de Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego.
En el mismo horario, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, a cargo de Carolina Yutrovic (UP – Tierra del Fuego), recibirá a distintos defensores del pueblo de diversas provincias argentinas nucleados en la ADPRA a fin de abordar la temática de servicios y tarifas energéticas.
Con el diputado nacional Leandro Santoro (UP – CABA) como titular, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano se reunirá a las 12 para recibir a organizaciones de sociedad civil y sociales quienes expondrán sobre el acceso a la vivienda, vivienda sustentable, gestión nacional del suelo urbano y tierra pública, y barrios populares.
También al mediodía, la Comisión de Mercosur, presidida por el diputado nacional Roberto Mirabella (UP – Santa Fe), se reúne para tratar el proyecto de ley por el cual se aprueba la enmienda al protocolo de Montevideo sobre el Comercio de servicios del Mercosur, firmada en la ciudad de Bento Gonçalves, República Federativa del Brasil, el día 5 de diciembre de 2019.
A las 14, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que está a cargo de la diputada nacional Sabrina Ajmechet (Pro – CABA), recibirá por cuarta vez a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la cuarentena por Covid – 19.
Una hora más tarde, el plenario de las comisiones de Seguridad Interior, a cargo de José Núñez (Pro – Santa Fe), y de Legislación Penal, que preside Rodríguez Machado, se reunirá para debatir sobre la regulación de armas de fuego y tratar la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego. Estarán presentes cuatro invitados. Al término de ese debate, ambas comisiones continuarán reunidas para empezar el tratamiento sobre la iniciativa para modificar le Código Penal de la Nación sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos.
Finalmente, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes vuelve a reunirse el miércoles a las 16 para debatir la modificación a la Ley 27.237 sobre medidas de protección de los niños por Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996. También, se dictaminarán proyectos de resolución.
El director de la ANMaC, Juan Pablo Allan, expuso ante un plenario de comisiones y remarcó que la prórroga del Programa Nacional de Entrega voluntaria de armas de fuego “es realmente importante para la seguridad nacional”.
Un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este miércoles para debatir sobre el proyecto de ley enviado el pasado 15 de mayo por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria –Ley N° 26.216–.
Al inicio del encuentro tomó la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), quien señaló que se trata de un programa donde “las personas que entreguen las armas, registradas o no, como consecuencia recibe una gratificación de parte del Estado”.
Como invitado a exponer estuvo el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, que explicó: “Este proyecto contiene dos partes bien diferenciadas, pero tienen que ver entre sí. Una primera parte establece un plan de regularización de armas, y la segunda establece una prórroga a la Ley 26.216, entrega voluntaria de armas un programa que viene desde el 2007 que consideramos absolutamente necesario”, y agregó: “La misma venía siendo prorrogada por dos caños y necesitamos que sea por cuatro años”.
Entre los objetivos de la iniciativa, precisó que establece por el plazo de 360 días un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean, a la fecha de la sanción, armas de fuego de uso civil o condicional o sus repuestos principales que no se encuentren registrados en conformidad con la normativa vigente.
La segunda parte del proyecto, según detalló Allan, busca disponer de un nuevo plazo de ejecución del programa creado mediante el artículo 3 de la Ley 26.216 y aclaró: “Argentina tiene un plexo normativo que data de hace 50 años que se ha transformado en política de Estado en materia de acceso a las armas en el país”.
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“La primera ley es del año 73’ la Ley 20.429 y su decreto reglamentario en el 75’ y más acá en el tiempo la creación de la ANMaC sucesora de la RENAR como registro”, indicó y sumó: “Este plexo normativo que establece las condiciones para poder acceder a las armas en el país fue vanguardista en su momento y copiado por algunos países. Es un sistema registral robusto, exigente que establece algunas condiciones y parámetros exigentes para tener un arma”.
Allan aclaró que “ese plexo normativo nosotros no lo estamos tocando ni modificando, se mantiene esa política de Estado en cuanto a la regulación y tenencia de armas”, pero señaló: “Si creemos que ese sistema registral argentino tan robusto en su implementación y con el paso del tiempo ha perdido eficacia. Al perder eficacia el Estado argentino hoy tiene muchas dificultades para tener información que es la principal herramienta con la que cuenta para hacer política de seguridad”.
A continuación, mostró datos de la pérdida de rastros en materia de armas, vencimientos de usuarios: “Tenemos un sistema registral que es muy bueno, pero en su implementación perdió eficacia a lo largo de los años”.
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Según las estadísticas de la ANMaC de legítimos usuarios en 2022 hubo un total de 817.088 vencidos, en 2023 hubo 595.957 y en lo que va del 2024 hay 603.422 y 297.648 que las tienen vigentes. “Los legítimos usuarios tienen que pasar por ciertas condiciones como la idoneidad de tiro, aptitud física, psicológica, medio lícito de vida y no poseer antecedentes penales. Superado esas condiciones se le entrega la credencial de legítimo usuario”, explicó.
El funcionario lamentó que en la actualidad “una relación de 1 a 2 legítimos usuarios. Por cada uno que está en vigencia dentro de la ley, tenemos dos legítimos usuarios que han dejado vencer sus credenciales”, por lo que cuestionó: “En esto no tuvimos la adaptación tecnológica ni la flexibilidad ni la agilidad que este tipo de registro requiere y hemos perdido un insumo absolutamente indispensable que es saber quién tiene las armas, dónde y cómo las tiene”.
“Este registro va a ser depurado. Ya hubo una primera depuración por la gestión que me precedió que es de técnica correcta que todas las personas legítimas usuarios sin registro de armas, automáticamente vencidos se les da de baja a la credencial. Estamos cruzando con el RENAPER y nos dio el primer cruce y de 400 mil personas que cruzaron había 70 mil fallecidos. Esto nos hace suponer que los legítimos usuarios vencidos pueden ser 150 mil personas menos, pero tenemos 150 mil problemas”.
Al hacer referencia al estado de situación de los usuarios indicó: “Un 30,6% estimación mínima de armas no registradas, usuarios vencidos 37,7%, vigentes 830 mil armas”, pero aclaró: “Esto es de estadística no fiable y es probable que sean más armas”.
Entre las herramientas para mejorar la registración enumeró el re empadronamiento de 1993 que está vigente y “se usa escasamente que dispensa de la tenencia ilegítima de armas por dos decretos de la dictadura, hace 31 años que tenemos ese sistema que tiene esa debilidad. Es para armas anteriores a agosto de 1993”, digitalización, eliminación de barreras burocráticas, reducción de plazos, ley de regularización de armas.
Sobre la prórroga a la entrega voluntaria de armas, afirmó que “es un programa eficaz y necesario en muchas regiones del país como política, donde también la justicia nos ha pedido reiteradamente que lo sancionemos lo más rápido posible, porque sirve en cuanto a bajar la circulación de armas ilícitas”.
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En ese sentido, especificó que solicitan cuatro años en lugar de dos porque “este es el cuarto bache que tenemos en la historia de la ley, que lleva seis meses sin funcionamiento del programa, que como vieron en los números es importante. Tiene que ser muy difundido, coordinado con la justicia y territorialmente”. “Necesitamos continuidad en el tiempo”, resaltó.
Allan explicó que las personas que entregan las armas reciben un incentivo económico, es anónimo y se dispensa de la tenencia ilegítima de armas. “Esas armas terminan en destrucción, este año nuestra expectativa es que el país destruya 50 mil armas, 11.700 ya destruimos y en julio 20 mil más”.
“El proyecto no busca más armas, busca sincerar una realidad en materia de cantidad de armas. Las armas existen, el sistema legal argentino permite que el que quiera tener un arma en su casa cumpliendo los cinco requisitos la pueda tener. Hace cincuenta años es igual, nunca se modificó y nosotros no lo estamos modificando”, detalló Allan.
Por último, resumió que “este insumo nos permitiría mejorar el registro y servir más como agencia porque son un auxiliar de la justicia, de la investigación criminal, del diseño de políticas, es un insumo indispensable”, y cerró: “Estamos lejos de controlar más de un millón de armas entre los no declarados y los vencidos”, y solicitó a las comisiones, y al cuerpo luego, su sanción que “es realmente importante para la seguridad nacional”.
Allan aclaró que establecen 4 años para la entrega voluntaria de armas, pero para la regularización proponen un año porque “leyes anteriores establecían 6 meses y la práctica ha demostrado que ha quedado insuficiente dado la cantidad de material circulante que hay en el país”. Así, afirmó que se tomó como base el proyecto original impulsado por Néstor Kirchner con la diferencia del plazo y remarcó que “hace 20 años tenemos el mismo problema y que tenemos como Estado sincerar una situación que nos permita dar un paso hacia adelante”.
El diputado bonaerense Matías Molle (UP) destacó que “es un proyecto bien recibido porque es un programa que se impulsó durante el Gobierno de Néstor Kirchner y en el 2013 la ONU lo premió como mejor política del futuro por el diseño del proceso”, y coincidió en su prórroga.
“Es un gran problema del sistema de control la cantidad de usuarios vencidos, es un problema histórico que no tiene que ver tanto con el sistema de registración, sino de control por parte del Estado de ir a buscarlas y retirarlas. Es más bien un problema integral que implica más a la justicia que a la ANMaC”, planteó.
A su turno, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, observó que “no es positivo que en el proyecto tengamos la cesión de facultades al Ejecutivo. No hay que darle ninguna facultad y menos para prorrogar por el mismo tiempo. Es un mal invento”.
El santafecino cuestionó los plazos que plantea la iniciativa porque “el Ejecutivo debe venir a solicitar la vigencia del programa y eso obliga a una rendición de cuentas”, y propuso tener un plazo de dos años y que en un determinado tiempo antes de que venza el ejecutivo deba enviar el proyecto para que “no queden baches del sistema”.
Su par Ramiro Gutiérrez pidió trabajar en un proyecto para que la portación ilegal de armas no sea un delito excarcelable. “Habría que pulir algunas cuestiones, pero coincido con el espíritu general del proyecto”, afirmó el diputado de UP.
El pampeano Martín Ardohain (Pro) destacó: “La tecnología va a ayudar mucho para poder vivir del lado del derecho para aquellas personas que viven lejos”, y sugirió articular con las intendencias.
El proyecto, enviado por el Gobierno el pasado 15 de mayo, se debatirá en un plenario de tres comisiones este miércoles a las 11.
Un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación General y Presupuesto y Hacienda de Diputados debatirá un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. El encuentro será este miércoles desde las 11 en el Anexo de la Cámara baja.
La iniciativa, enviada el pasado 15 de mayo, plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.
Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.
Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.
Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. “La dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas”, agregó el PEN.
La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022 en la Cámara de Diputados por 189 votos a favor, 13 negativos y una abstención. La extensión fijada era hasta el 31 de diciembre de 2023.
La mesa de entrada de la Cámara de Diputados recibió formalmente el proyecto de ley que extiende por un año la entrega voluntaria de armas sin registro. En el texto señalan que existen más de 800 mil armas de tenencia ilegal.
Ingresó formalmente a la mesa de entradas de la Cámara baja el proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional respecto a la regularización de armas de fuego por el término de un año en todo el territorio nacional dispuesto en un nuevo plazo del “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.
El proyecto de ley lleva la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La idea del Gobierno es establecer una opción a la ciudadanía en relación con las armas de fuego y su tenencia legal. Es por eso que se la iniciativa estabelce un procedimiento de regularización excepcional, o en su defecto la entrega voluntaria (y anónima), para su destrucción a cambio de un incentivo económico.
El texto señala que es “esencial para cualquier política de seguridad pública garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego, ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”.
Desde el Gobierno aseguran, en el proyecto, que existe un número significativo de armas de fuego en circulación en todo el territorio nacional, que carecen de registración o que, teniéndola, sus titulares entienden prudente su entrega voluntaria. Estiman que más de 800.000 están en una situación irregular.
Por tanto, expresan en la iniciativa “deben ser contemplados ambos supuestos, que son concurrentes al propósito de una mejora significativa en el control del circulante de armas de fuego en nuestro país”.
“Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas”, cuestionaron en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
0007-PE-2024El proyecto, con media sanción del Senado, recibió despacho en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Compromiso para que concurra la titular de la ANMaC.
La Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, presidida por Ramiro Gutiérrez (FdT), dictaminó favorablemente este miércoles el proyecto de ley -que ya tiene media sanción del Senado- sobre la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Al abrirse el debate, la diputada Mónica Frade (CC-ARI) dejó sentada sus disidencias “no porque esté en contra” sino “porque creo que antes que esto nos debemos una tarea que para mí es central, que es la citación de la titular de ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados)”, Natasa Loizou.
“Debemos en un tema tan sensible poner un poco más de atención respecto de lo que está pasando con las armas en nuestro país”, consideró, al señalar que la entrega de armas “debería ser permanente”. Pero la bonaerense reclamó que “luego no sabemos a dónde van esas armas; no sabemos si van al mercado negro y no hay casi destrucción de armas”.
En ese sentido, reveló que pidió un informe a la ANMaC que la alertó y agregó: “Discutamos qué vamos a hacer con las armas y si vamos a seguir prorrogando esta norma sin siquiera hacer ningún control posterior cuando la gente se desarma y le entrega al Estado las armas”. “Lisa y llanamente me dicen que no hay ningún tipo de control en esto”, dijo sobre la información oficial que recibió.
A su turno, el diputado Ricardo López Murphy (RU) coincidió en que “la norma de entrega de armas debería ser permanente”, y resaltó que en ese informe “se reconoce que no hay inventario, que no hay control”. Además, se mostró a favor de la prórroga, pero no de la modificación del artículo 4 de la ley, que también contempla el proyecto.
Desde el oficialismo, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) se mostró a favor de convocar a la titular de la ANMaC y aclaró que “el programa consiste en la destrucción del arma en el momento en que el ciudadano se acerca a entregarla” cuando se produce la “inutilización a través de una máquina especial”.
“Más allá de que es legítima la preocupación”, reconoció, el bonaerense ratificó que tras la entrega “de inmediato se inutiliza y ahí no hay riesgo de que el arma vuelva a la sociedad en condiciones de disparar”.
Sin embargo, Frade retrucó que de acuerdo al informe “entre abril de 2017 y junio de 2020 no se había destruido ningún arma de fuego” y “la gestión iniciada en agosto de 2020 comenzó a revertir la situación”. “Lo que quiere decir que la cuestión no es como la planteó el diputado”, sostuvo.
En tanto, el presidente de la comisión, Ramiro Gutiérrez (FdT), afirmó que Loizou “ofreció una visita al establecimiento para ver el proceso de destrucción de las armas”. Él también contó que conoce el procedimiento y cómo funciona: “Llegan con un precintado muy especial, que no se puede profanar, y después de ser inventariadas pasan al proceso que ha detallado el diputado Tailhade”.
Finalmente, el vicepresidente de la comisión, Juan Martín (UCR), aseguró que el tema hay que “plantearlo como una política de Estado, que tenga permanencia”. “En esta coyuntura vale la pena tener algo”, opinó, pero enfatizó que “la tarea adelante es considerar una reforma integral” del programa.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece la prórroga del plazo para la ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.
Además modifica el artículo 4 de la Ley 26.216, sobre las finalidades del programa, que son: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.
También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.
El Programa se creó por ley en 2007 y desde esa fecha fue prorrogado en ocho oportunidades.
Violencia en Santa Fe
Durante la reunión, en la que también se pasaron a la firma proyectos de declaración y hubo polémica por uno presentado por el diputado Francisco Sánchez, Martín planteó la preocupación por la violencia en Santa Fe y pidió que asista a la comisión el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a lo que Gutiérrez asintió.
El legislador santafesino habló de un “panorama preocupante” en cuanto a la tasa de homicidios, “un tema que tenemos que atender en todo el país, pero que particularmente tiene una dificultad agregada en la provincia de Santa Fe, porque las tasas cuanto menos se duplican, y en el caso de Rosario se triplican”.
De acuerdo a datos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, hay 18 cada 100 mil habitantes como tasa de homicidios en Rosario, 13 cada 100 mil habitantes en Capital y un promedio de 10 cada 100 mil, apuntó. También, el radical detalló que “en lo que va de 2022 llevamos 190 homicidios en Rosario y 45 en la Capital. Es un número escalofriante”.
Asimismo, muchos de esos casos se dan “con ensañamiento, con uso de armas de guerra, con violencia que realmente nos conmueve y duele a todos”.
“En la provincia de Santa Fe vivimos una verdadera epidemia en materia de inseguridad”, añadió y solicitó la presencia de Fernández para que explique sobre el despliegue de las fuerzas federales. “Queremos saber si hay problema logístico, si no pueden ponerse de acuerdo la Nación y la provincia”, completó.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por unanimidad en el Senado. Se fijó como nuevo plazo el 31 de diciembre de 2023.
En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores aprobó por 59 votos positivos y ninguno en contra un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que prorroga el plazo para la ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por la Ley 26.216, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Además, la iniciativa modifica el artículo 4 de dicha ley, sobre las finalidades del programa, que son: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.
También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado, pasó a la firma en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que se constituyó este jueves.
Durante una muy breve reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, constituida este mismo jueves, y en la que fue designado presidente el fueguino Matías Rodríguez (FdT), se pasó a la firma un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo -en diciembre pasado- para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Rodríguez explicó que la iniciativa se puso en tratamiento ante un pedido de sus pares oficialistas Anabel Fernández Sagasti, Ana María Ianni y Nora del Valle Giménez, y ante “la urgencia que amerita” se conversó con los miembros de la oposición para “trabajar rápidamente” en el despacho. “Estamos de acuerdo con la prórroga por dos años”, asintió otro fueguino, el radical Pablo Blanco.
En tanto, Fernández Sagasti remarcó que “estamos en un contexto nacional y mundial muy complicado respecto a la violencia con armas de fuego” y “Argentina siempre tuvo una política de no violencia, de no tenencia y de no uso, si no están registradas, de armas de fuego”.
“Existen 1.600.000 armas registradas en Argentina, más de un millón de personas autorizadas con su tenencia, pero existirían entre 3 y 5 millones de armas de fuego no registradas y en tenencia de personas no autorizadas”, precisó.
La mendocina añadió que “es un tema que queremos tratar con celeridad” y agradeció el acompañamiento de la oposición.
En el encuentro, el interbloque Juntos por el Cambio dejó en reserva el nombre de quien ocupará la vicepresidencia, mientras que el correntino Carlos “Camau” Espínola (FdT) fue nombrado secretario de la comisión.
Se trata del neuquino Francisco Sánchez, del Pro, quien adelantó que imitará al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Luego de proponer la pena de muerte para violadores y homicidas de niños, el diputado nacional Francisco Sánchez (Pro-Neuquén) adelantó que presentará un proyecto de ley para facilitar el acceso a armas de fuego a “ciudadanos decentes”.
Sánchez anticipó que imitará al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que hace pocos días anunció que implementará medidas para que los “ciudadanos de bien” cuenten con facilidades para estar armados.
“Bolsonaro quiere facilitar el acceso a las armas de los ciudadanos decentes. Lo mismo vamos a presentar este año en el Congreso, porque más de 30 años de garantismo solo han servido para desproteger a los trabajadores honestos que levantan este país”, afirmó Sánchez en su cuenta de Twitter.
Recientemente, Bolsonaro señaló: “Hemos batido el récord en relación a 2019. Más del 90% en venta de armas, pero todavía es poco, tiene que aumentar más”.
Sánchez informó que propondrá la misma medida en el Congreso y se sube así a una nueva polémica, luego de proponer aplicar la pena de muerte contra violadores y asesinos de menores de edad.
