Los magistrados remarcaron su disconformidad con el proyecto porque "no beneficia en nada al trabajador". En tanto, representantes de entidades bancarias pidieron eliminar el artículo 35 sobre el pago de remuneraciones. El dictamen se tratará recién en febrero del 2026.
Con una Plaza de Mayo rodeada de pancartas y pasacalles sindicales que se congregarán este jueves por la tarde para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, en paralelo puertas adentro del Senado de la Nación el oficialismo desafiará a la oposición y a las agrupaciones gremiales pasando a la firma la iniciativa.
Así lo informó la titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, al cierre de lo que fue la segunda reunión informativa junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que retomó desde las 9.30 el debate de la iniciativa y pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta la tarde donde, finalmente, anunció el dictamen que será debatido recién en el mes de febrero del 2026.
Bullrich comentó que a las 16 horas de este jueves retomarán el tratamiento, puntualmente, el capítulo referido a los trabajos por plataformas y, para las 17 horas los senadores se abocarán a debatir entre sí para emitir el dictamen. Al pedir la palabra, el senador Mariano Recalde (UP) solicitó incorporar más expositores de otras temáticas, como periodistas, debido a la derogación del Estatuto del Periodista previsto en la ley, a lo que Bullrich le contestó que pueden exponer en el intervalo de 16 a 17.
Foto: Comunicación Senado
Fue Guillermo Crespo de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) el encargado de abrir la jornada, quien calificó la iniciativa como “absolutamente negativo, no solo para los trabajadores sino para el conjunto de la población” porque significa un “retroceso y pulverización evidente de los derechos de los trabajadores”.
“Se encuadra en un concepto donde quienes garantizan la actividad y producción en el país son exclusivamente los empresarios y lo trabajadores, de alguna manera, aparecen como un estorbo, un impedimento para desarrollar la economía del país y esa no es la realidad”, criticó y agregó que el proyecto presenta artículos que “van hacia la mordaza de los trabajadores en relación a sus reclamos”.
Crespo indicó que también “hay mordazas en lo colectivo porque se limitan las asambleas que quedan supeditadas a la aprobación del empleador. Se hace una regulación del derecho de huelga en la planta y una regulación del derecho de huelga en servicios esenciales que es insólita porque, no solo se expande las restricciones, sino que se hace un listado de actividades entre servicios esenciales y servicios de importancia trascendental que incluye a la casi totalidad de las actividades económicas del país”.
“Esto es una vulneración absoluta y directa de la normativa internacional de la materia”, reclamó y advirtió que hay un avance respecto de la legislación del año pasado sobre la eliminación de controles al empresario que “le facilitan cierta impunidad que perjudica a los trabajadores”. También señaló que se da “un paso atrás con las tareas de cuidado y en la regulación del teletrabajo”.
Foto: Comunicación Senado- Guillermo Crespo
En esa línea, sostuvo que es un “perjuicio a las mujeres que son las que tienen todavía sobre su cabeza la mayor parte las tareas de cuidado”. A su vez, planteó que “se deja de ver al trabajador como persona y se la ve como una ‘cosa’ como por ejemplo en la jornada laboral donde va tener que tener su tiempo a disposición del empleador”.
Crespo también apuntó al denominado salario dinámico que “en realidad ata a los trabajadores a una relación de arbitrariedad y capricho por parte de empleadores. Esto es avanzar en un estado de inseguridad de los trabajadores”.
Al cierre, planteó que la propuesta pretende “potenciar el poder del empleador en el establecimiento. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, que no va a tener la posibilidad de reclamar por sus derechos. Esto va a ser origen de una enorme cantidad de conflictos en el país”.
A continuación, fue el turno de los representantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, su presidente Alejandro Sudera explicó que “los jueces no debemos legislar ni de forma directa o indirectamente, sino limitarnos a aplicar las normas que sanciona el Congreso y en eso reside la división de poderes”.
Solo hizo alusión al artículo 54 del proyecto que propone modificar la 276 del Contrato de Trabajo que pretende regular la actualización y repotenciación de los créditos laborales. “La reforma postula incluir en dicho artículo la actualización mediante el IPC con más de un interés del 3% anual. Este criterio de IPC es el que actualmente y desde hace tiempo se viene aplicando mayoritariamente la justicia de trabajo”.
“Eso es sumamente positivo que se regule eso y que no quede librado al criterio de los jueces porque ese criterio trae diversas opiniones, distintas soluciones e inseguridad jurídica”, resaltó y explicó que para poder aplicar hoy ese IPC “nos vemos en la obligación de declarar la inconstitucionalidad de las normas que desde hace décadas prohíben la actualización de los créditos laborales”.
Al referirse al artículo 79 que propone una modificación al artículo 20 de la Ley 18.345 que regula el procedimiento ante la Justicia Nacional del Trabajo y regula la atribución de competencias. “con la modificación lo que se hace es excluir las competencias de la Cámara Nacional de Apelaciones, algo que es parte de un nutrido contenido federal. Se está privilegiando la competencia en razón de la persona sustrayéndola del fuero laboral para enviarla a lo contencioso administrativo federal sobre otros criterios como el de la especialidad”.
También habló del artículo 91 que refiere a la “transitoriedad de la justicia del trabajo y es como un desarrollo de la Ley Cafiero que habla de trasferencia de competencias teniendo en cuenta la naturaleza de vecindad”.
Foto: Comunicación Senado - Alejandro Sudera
Por la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) expuso Roberto Pompa quien afirmó: “No estamos de acuerdo con el proyecto porque consideramos que el mismo contraría violentamente disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de derechos fundamentales de las personas”.
“En un Estado de Derecho la aplicación de una ley tiene que hacerse en la medida en que esa ley se corresponda con la CN, si se aparta, debería ser considerada inconstitucional”, remarcó e hizo hincapié en el artículo 14 de la Constitución Nacional y comparó que “las leyes están para proteger a los trabajadores, pero en el texto que estamos analizando no hay ninguna norma en todo en su articulado que beneficie a los trabajadores”.
Basándose en un informe de la OIT, indicó que “en ningún país donde se hicieron reformas con ajustes se promovió el empleo”, y cuestionó que “lejos estamos de eso porque con la Ley Bases destruyeron más de 270 mil puestos de trabajo, se cerraron 15 mil empresas y se registraron solo 16 mil trabajadores”.
“La informalidad laboral no se resuelve con la modificación de normas laborales, hay que atacar las causas de la evasión y en estas normas se las favorece al eliminar multas contra los empleadores. No crea condiciones de trabajo digno y precariza condiciones laborales, abandona convenios laborales, reduce la actividad del hombre, se elimina la justicia social, entre otros puntos”, planteó.
En representación del Foro de Abogados Sindicales se presentó Melina Peñarol Méndez quien advirtió que “esta reforma laboral en realidad es una reforma constitucional encubierta que deroga el artículo 14 bis que establece el derecho a la protección del trabajo, el trabajo en condiciones dignas, ejercer el derecho de huelga, etc. Todo queda en la nada si se aprueba esta reforma”.
Peñarol Méndez sostuvo que hay “una seria afectación al derecho colectivo de negociación y a la libertad sindical y vemos este ataque planteado en varios aspectos porque la modificación del artículo 33 al artículo 34 BIS de la Ley de Contrato de Trabajo modifica las condiciones de negociación salarial que hacen los sindicatos”. También apuntó contra la restricción del derecho de huelga en los artículos 98 y 99 de la reforma que modifican el 6 de la ley; denunció que hay un desfinanciamiento de las organizaciones sindicales, “el aniquilamiento” de los convenios colectivos de trabajo.
Fotos: Comunicación Senado - Melina Peñarol Méndez
En su exposición, representantes de la Asociación Argentina de Contribuyentes plantearon que la cámara de origen del proyecto tenía que ser, por una cuestión impositiva, Diputados. Así, el titular de la asociación, Pablo Dono, explicó que tiene un Régimen especial y alícuotas específicas para empresas porque “estamos en necesidad de atraer capital, pero las reformas deben ser más horizontales como incluir monotributo, cuarta categoría, trabajadores autónomos”. Dono destacó la baja de impuestos con equilibrio fiscal; las amortizaciones aceleradas.
Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y privados de la República Argentina (ABAPPRA), coincidió en hacer una reforma laboral, pero se refirió al artículo 35 sobre el pago de remuneraciones: “No creemos un nuevo cisne negro porque hace décadas existen cuentas sueldo que son gratuitas, seguras y le dan al usuario bancario la plena disponibilidad de sus ahorros”.
Respecto de los riesgos que se pueden provocar si las remuneraciones salariales se canalicen a través de billeteras digitales “son múltiples. Es pésima la redacción de este artículo porque va a afectar la seguridad del funcionamiento. Se va a destruir la materia prima que es la captación del ahorro”, y propuso que la alternativa es crear un sistema de ahorro bancario en un sistema de cuotas partitas”. También, alertó que la reforma “puede acelerar la banca paralela o marginal que en la crisis de 2006 trajo muchos problemas”. Así, pidió que se vote por la negativa al artículo 35.
En el mismo sentido se manifestó Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y pidió eliminar el artículo 35 del proyecto porque “implica modificar un mecanismo central del sistema laboral para que el trabajador cobre el sueldo de forma segura, trazable y protegida. Cambiar el orden no aporta ningún beneficio real al asalariado, pero si riesgos como la exposición al fraude digital, se encarece el crédito”.
Fotos: Comunicación Senado
Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual y Frente Federal, sostuvo que la propuesta de reforma laboral “nos atañe en todos los aspectos porque entendemos que es gravoso para el mundo del trabajo y quieren derogar el estatuto del periodista que tiene propiedades intelectuales”.
“Vivimos una situación terminal porque este proyecto en su título 25 plantea la reducción de la carga tributaria pone en sus artículos la pérdida total de gravámenes que alimentan el fomento cultural y comunicacional de la democracia”, alertó y agregó: “La libertad de expresión se logra teniendo derechos adquiridos en las normas que venimos a defender”. En tanto, enumeró que los artículos 193,194 y 195 “borran por completo las leyes de cultura y comunicación”.
El actor y dirigente de Sagai, Pablo Echarri, cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y pidió que se eliminen los artículos 193 al 196 de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que afectan de manera directa a la actividad cultural y audiovisual.: “Eliminar la cultura nacional es patearnos en contra. Es una reforma regresiva y ruinosa para todos los trabajadores en un marco de pobreza extrema. Esto no es una salida, es un sometimiento de los empleadores".
“Estamos de acuerdo en generar mejores condiciones de trabajo, pero no en matar la economía del talento”, sostuvo Echarri, y advirtió que la cultura “no solo construye identidad” sino que también “es una herramienta clave de desarrollo económico, como lo demuestran otros países que impulsan su industria audiovisual”.
También expusieron la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Elena López; el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico; Armando Farina de CADAM; Diego Boris Macciocco, expresidente del Instituto Nacional de la Música.