Debido a que desde 2013 no sufrían ningún tipo de actualizaciones, la Legislatura porteña sancionó  con 53 votos positivos y cuatro abstenciones –todas de los bloques de izquierda-  un proyecto que sube las asignaciones familiares de los empleados públicos, debido a que un fallo judicial ordenó a la Casa incrementar esos beneficios.

El texto recientemente aprobado por la Legislatura fue puesto en debate a raíz de una orden del juez Marcelo López Alfonsín, quien en 2020 consideró -tras una presentación de los gremios UTE y ATE- que el monto de las asignaciones era “irrisorio frente a los efectos inflacionarios y los aumentos del costo de vida”. Esto se debe a que los trabajadores cobran, por ejemplo, solo 270 pesos de asignación por hijo.

Para evitar que esta situación vuelva a ocurrir, la norma establece una actualización semestral y automática de las asignaciones familiares en función de los incrementos salariales acordados en las negociaciones colectivas. Asimismo se establecieron tres tramos de actualización, a fin de que “aquellos con menores ingresos percibirán un monto mayor de asignación”.

Los tramos establecidos de acuerdo a los ingresos van de seis mil a 60 mil pesos el primero; luego de 60 mil a 87.500 pesos; y el restante de 87.500 a 114.500, cifra que marca el tope máximo del salario en bruto de los trabajadores para recibir el beneficio, a excepción de la que contempla la asignación por hijo con discapacidad, en la que no regirá el techo.