El encuentro estaba pautado para este miércoles en el Senado con motivo de dialogar sobre el artículo incorporado en el Presupuesto que establecía que los magistrados paguen Ganancias, pero el mismo fue rechazo en el recinto de Diputados.
Luego de que en el recinto de la Cámara de Diputados se rechazara el artículo 100 y 101 del Presupuesto 2023 que establecía que el Poder Judicial pague el impuesto a las Ganancias, se suspendió la reunión que estaba prevista para este miércoles entre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la Asociación de Magistrados.
En la extensa sesión de Diputados, en la votación particular el artículo 100, que incorporaba a todos los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a la tributación de Ganancias, resultó rechazado con 116 votos a favor, 134 en contra y 0 abstenciones. En tanto, el artículo 101, que incluía a los jubilados de este sector, también fracasó con 121 votos afirmativos, 129 negativos y 0 abstenciones.
La Asociación de Magistrados, presidida por Marcelo Galle Tagle, se había reunido este lunes con los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja donde expusieron sus reparos hacia los artículos mencionados anteriormente que fueron impulsados por el oficialismo. Los magistrados hicieron hincapié en que “no” estaban en contra de pagar Ganancias, pero querían que “se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
En la nota que había sido remitida al Senado, los funcionarios judiciales le pedían a la titular de esa Cámara que “tenga a bien recibir a una delegación representativa de los distintos estamentos que componen esta institución, con el objeto de ser escuchados respecto del proyecto de ley de Presupuesto que sustituye el artículo 82 incisos ‘a’ y ‘c’ de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.
La Asociación de Magistrados llevará a la vicepresidencia sus planteos por el intento oficialista de que ellos paguen el impuesto a las Ganancias.
En vísperas del debate en el recinto de la Cámara baja del proyecto de Presupuesto 2023, donde figura un artículo destinado a que los funcionarios y empleados judiciales paguen el impuesto a las Ganancias, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional será recibida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Será este miércoles al mediodía, después del debate del Presupuesto en la Cámara baja y cuando el proyecto ya esté en manos del Senado para su debate. La cuestión es que la asociación que conduce Marcelo Gallo Tagle pidió una reunión con la titular del Senado, Cristina Kirchner, como así también solicitó una reunión con la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau.
Por lo pronto, este lunes sus miembros fueron recibidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde expusieron sus reparos hacia el artículo donde buscan que paguen ganancias. En la nota remitida al Senado, los funcionarios judiciales le piden a la titular de esa Cámara que “tenga a bien recibir a una delegación representativa de los distintos estamentos que componen esta institución, con el objeto de ser escuchados respecto del proyecto de ley de Presupuesto que sustituye el artículo 82 incisos ‘a’ y ‘c’ de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.
Los representantes de la Asociación de Magistrados se reunieron con los miembros de la Comisión de Presupuesto de Diputados en rechazo a la propuesta introducida en el Presupuesto 2023 para que todos los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.
En vísperas del debate de la Ley de Leyes en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión prevista para este martes, las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibieron este lunes por la tarde a los representantes de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional.
La propuesta hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto el pasado jueves e introducida en el dictamen para que todos los integrantes del Poder Judicial -desde jueces a empleados- paguen el impuesto a las Ganancias, fue el motivo de la reunión que se llevó a cabo en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.
Además, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también le pidieron audiencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los recibirá este miércoles al mediodía. Seguramente habiéndose concretado ya la aprobación del Presupuesto 2023 en la Cámara baja. Habrá que ver si el polémico artículo vigente.
A lo largo de las presentaciones, los magistrados hicieron hincapié en que “no” están en contra de pagar Ganancias, pero quieren que “se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
El titular de la Comisión, el oficialista Carlos Heller, explicó: “Nos corresponde a nosotros determinar a través de las mayorías necesarias si este punto incluido en el dictamen se saca o se posterga y, en ese escenario, tener en cuenta la referencia que los jueces nos están haciendo de convocar a una mesa de diálogo para encontrar un consenso”.
Sin embargo, dejó en claro: “Nosotros no podemos en ningún caso resignar nuestro rol y las decisiones se toman por mayoría. Vamos a recoger todo lo que se dijo y formará parte, de acá a mañana, de nuestro debate para determinar qué es lo que tenemos voluntad de avanzar en la dirección y que hoy no podríamos avanzar mucho más”.
El debate
Al inicio de la reunión Heller contó que “el pasado viernes a las 19.52” recibió un pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pidiendo que “reciba a una delegación con carácter de urgente”, y aclaró: “Más urgente que esto no pude”.
“Todas las reuniones de la Comisión de Presupuesto han sido transmitidas. Hemos estado 32 horas recibiendo funcionarios del Poder Ejecutivo, donde los diputados han hecho preguntas. Hemos tenido tres días de debates intensos y todo esto ha sido público, no ha habido ninguna deliberación que haya sido privada”, explayó Heller.
El primero en hacer uso de la palabra fue Marcelo Galle Tagle, presidente de la Asociación e Magistrados, quien agradeció “enormemente” por la “prontitud” de la reunión. “Lo que queremos transmitir hoy acá es una postura, en la cual estamos abroquelados todos los integrantes del Poder Judicial. Hubo manifestaciones de todas las instituciones y asociaciones que conforman la representación de los distintos estamentos. Lo que nosotros hemos advertido acá es la uniformidad en cuanto a la opinión que se ha gestado. Incluso en aquellas representaciones que hacen al ámbito del Poder Judicial”, explicó.
Y siguió: “Hubo una manifestación unánime y uniforme en el mismo sentido. También fuimos recibidos por la Corte Suprema que daban un fuerte apoyo a la independencia del Poder Judicial aspirando a que las gestiones que estábamos realizando obtuvieran el tratamiento más razonable posible para llegar a una solución adecuada”.
“Nos preocupa la inclusión del artículo que alcanza y afecta a los integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos como así también a los empleados tanto en el ámbito nacional, federal como provincia, en cuanto a la inclusión dentro de la Ley de Presupuesto el impuesto a las Ganancias”, manifestó puntualmente Tagle.
En esa línea, expresó que la primera preocupación que les genera es que “desde lo legal no es tolerable o correcto incorporar una ley donde se afecta con un tributo dentro de la Ley de Presupuesto que así lo establece la Ley de Administración que desde 1992 su artículo 20 señala esta prohibición”.
“Somos conscientes de que en algún Presupuesto una de estas cuestiones ha sido tratada o incluida. Lo que nosotros señalamos es que una inadecuada incorporación en una situación anterior no justifica seguir insistiendo en el mismo error”, sostuvo.
“Hay un avasallar constitucional que se refiere a la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y de los integrantes del Poder Judicial en tanto en el artículo 110, cuya Norma fue ratificada con la Convención Constituyente de 1994 desde que, existiendo esta Norma ya en la Constitución Nacional, al momento de hacerse las modificaciones correspondientes a nuestra Constitución fue ratificada y convalidada esa misma situación”, remarcó el funcionario judicial.
En suma, resaltó que esa “intangibilidad” alcanza a “todos” los integrantes del Poder Judicial porque “ya hay miembros que están tributando impuestos a las Ganancias”. “Entendemos que esta inclusión en el Presupuesto de esta norma afecta, tanto la intangibilidad de aquellos que hoy por hoy no están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, como la intangibilidad de aquellos que hoy, bajo la norma vigente, están si alcanzados por el impuesto a partir de la Regulación establecida desde 2017 hasta el presente”, cuestionó Tagle.
En ese sentido, aclaró que “no hay ningún juez que no esté de acuerdo en tributar el impuesto a las Ganancias”, pero consideró que “hay que trabajarlo y regularlo” de tal manera que no afecte el artículo 110 de la Constitución Nacional. “Esto no es un privilegio. Nosotros no estamos buscando la preservación de algo que no es privilegio, sino que es la intangibilidad establecida en el artículo 110 de la Constitución”, insistió el magistrado.
“Avanzar con esta idea se estaría yendo en contra de lo que el propio Poder Ejecutivo en el año 2017 al establecer el protocolo de cómo fue la modificación para la Tributación de Ganancias de los Magistrados que hoy así lo hacen. Se establecieron las normas y las pautas para seguir avanzando con el impuesto a las Ganancias por lo cual lo que se está proponiendo a través de esta norma también iría en contra de un acuerdo realizado a partir de una acción que inició la Asoc. de Magistrados, que concluyó con esta transacción en la cual el Estado Nacional fue parte y suscribió el acuerdo que hoy se estaría dejando sin efecto”, explayó.
“No estamos diciendo que ‘ningún juez no quiere pagar ganancias’, lo que queremos es que se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
Y sintetizó: “Lo que queremos preservar acá es que estamos frente a una cláusula constitucional que impide que se ve afectada la intangibilidad de los sueldos. Se está afectando una sentencia judicial que estableció cómo van pagando impuestos a las Ganancias los jueces designados a partir de esa fecha”, y agregó: “Estamos conscientes de lo que se aspira con esta propuesta, lo que nosotros entendemos es que no sería la vía adecuada. No estamos diciendo que ‘ningún juez no quiere pagar ganancias’, lo que queremos es que se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
En ese sentido, consideró que fue “excesivamente apresurado” para “sentarnos a conversar”. “Lo ideal sería tener un espacio de trabajo en conjunto en donde podamos consensuar las formas de evaluar esta situación que, avanzando de esta manera tan precipitada sin opciones de diálogo y saltando un obstáculo como es una cláusula constitucional, nos pone en una situación frágil y de mucha inseguridad porque estamos representados todos los espacios del Poder Judicial”. Por último, Tagle se mostró predispuesto a buscar canales de diálogo para “tratar de evitar que se avance con una disposición que contraría la Ley y la Constitución”.
A su turno, Mariano Llorens, vicepresidente Estamento Jueces, manifestó que, con respecto a la tributación del impuesto a las Ganancias del Poder Judicial, “hay mucha confusión” porque “hay gente que cree que estamos en contra del pago de este tributo, y eso no es cierto”. Asimismo, recordó que “esto se viene debatiendo desde la década del 90 y es este mismo Parlamento que nos dio las soluciones esa vez a partir de un acuerdo de los grandes sectores de ese momento”.
“El salario lo componen dos grandes ítems que son el salario y las compensaciones salariales. Nosotros tranquilamente podríamos pedir que en esas compensaciones nos devuelvan la matrícula para trabajar en estudios de abogados. Eso sería un escándalo”, planteó Llorens y sumó: “Nosotros no pedimos otra cosa que ser iguales ante la ley”.
Llorens recordó que esa discusión se dio en el 90’ y en el 2017, por lo que “no queremos volver a esa discusión porque ya está dada. Nosotros lo que decimos es que la intangibilidad del sueldo no pasa solo por pagar impuestos a las Ganancias, sino que es una garantía que tienen los jueces de tranquilidad. Es un impuesto que los jueces estamos dispuesto a pagar porque estamos designados para hacer cumplir la ley y cumplir la ley”, pero explicó que “cuando hay intentos de modificación legislativa solo pedimos que nos escuchen”.
Antes de ceder la palabra, Heller le aclaró a Llorens que los médicos también tienen retención de matrícula y ganan mucho menos y pagan ganancias. El vicepresidente de Estamentos le retrucó: “La diferencia es que nosotros tenemos una garantía constitucional”.
Juan Manuel Culotta, consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, brindó algunos datos: “188 magistrados de la justicia federal y nacional ya están pagando, que es un 25% del padrón”, pero advirtió que hay una “enorme cantidad de vacantes en el padrón” y detalló: “Hay 27 vacantes en trámite en el Poder Legislativo, 51 en el Ejecutivo y 155 en el Consejo de la Magistratura y -según este cálculo- si se suman todas esas vacantes va a haber un 43% de magistrados que paguen el impuesto”.
“Sería contraproducente una decisión del Poder Legislativo que abarque a todos los jueces por esta gran litigiosidad que se genera al día y que complicaría la aplicación de la Ley”, cerró.
En su alocución, Paula Castro, secretaria de actas de la Asociación, remarcó que es un tema que “se viene tratando hace mucho tiempo y ha quedado zanjado en 2016 con la Ley a partir de la cual todos los magistrados, jueces, han empezado a pagar en todo el país”.
“Muchas están pagando del Ministerio Público y de la fiscalía también pagan y, también, los empleados. Quienes ingresaron a partir del 2017 están pagando Ganancias de acuerdo a lo que corresponde a la tributación. Creemos que, en todos los espacios hemos coincidido, en la intangibilidad que es una garantía constitucional hacia los magistrados”, sostuvo y aseguró que “esto se está cumpliendo en poco tiempo va a haber incremento en esos porcentajes y en poco tiempo va a haber toda una justicia que pague”.
Por su parte, Nora Monella consideró que “como representantes de los jubilados – tanto jueces, fiscales, como defensores y funcionarios -, quisiera agregar que somos respetuosos de la división de poderes; respetuosos y defensores de la independencia judicial, y por eso nos atenemos a la Ley. Es decir, los jubilados tenemos, además de la garantía constitucional, los tratados internacionales que nos respaldan y, por eso, entendemos que el consenso logrado a partir del año 2017 forma parte de esa mentada independencia judicial”.
En tanto, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT)-impulsor de la iniciativa- realizó un repaso sobre el tema. “Hubo una Ley en 2016 que tampoco fue aceptada por el Poder Judicial. En definitiva, hubo cautelares que frenaron la aplicación de esa Ley que se había tratado en el Congreso. Y solamente se trató la resolución de las cautelares, cuando acá, en oportunidad de tratar el presupuesto 2018, se dijo ‘vamos a tratar de vuelta la derogación total’, ante lo cual se paró la discusión en el Congreso y apareció la acordada de la Corte que dejó sin efecto las cautelares. Habían pasado ya dos años, y la ley se aplicaba, producto de que nadie admitía lo que en el Congreso se había votado”.
“Ahora aparece la discusión sobre la base de que se emitió un dictamen, y ustedes pidieron esta audiencia. Pero nunca se interesaron antes en encontrar un diálogo, o en encontrar una solución. Entonces recién se habló acerca de que esto es una cosa saldada. Pero para la sociedad no lo está”, completó.
El vicepresidente de la Comisión, Luciano Laspina (Pro), manifestó: “Nuestra posición como interbloque la vamos a definir entre hoy y mañana”. Asimismo, propuso evaluar un tratamiento diferencial entre jueces y funcionarios judiciales y agregó que el costo fiscal de la exención actual que se estima en $238.000 millones es “un punto importante”.
Participaron los legisladores -del oficialismo y de la oposición- el titular del bloque oficialista Germán Martínez, Sergio Palazzo (FdT), Itaí Hagman (FdT), Víctor Romero (UCR), Danya Tavela (Evolución Radical) y Paula Oliveto (CC).
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado a raíz de los dichos del diputado K, quien llamó “Napoleón de pacotilla” al presidente de la Corte.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado para rechazar las declaraciones que el diputado Leopoldo Moreau (FdT) tuvo para con los jueces de la Corte Suprema, además de llamar “Napoleón de pacotilla” a Horacio Rosatti, a raíz del fallo sobre la Ley del Consejo de la Magistratura.
Para la entidad, presidida por Marcelo Gallo Tagle, las declaraciones del legislador “desconocen los ámbitos de actuación de cada poder del Estado y agravian a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que constituye una afrenta al funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas”.
“Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de crítica favorable o disenso, pero ello no autoriza al agravio y descrédito personal hacia los magistrados que han tomado decisiones en la cuestión sometida a su juicio”, agrega el texto.
El pasado 10 de abril, a través de su Twitter, Moreau cuestionó: “Que cuatro individuos que integran la Corte Suprema le impongan al Parlamento con día y hora, que fue votado por 25 millones de ciudadanos, la obligación de sancionar una ley, es una aberración institucional que sólo debe ocurrir en la Argentina”.
“Pero más grave aún es que lo hagan bajo la coacción de resucitar una ley derogada hace 16 años, adjudicándose facultades legislativas que la Constitución prohíbe. Para completar este dantesco juego hay que decir que el objetivo es que Rossati se autocorone como si fuera un Napoleón de pacotilla, titular del Consejo de la Magistratura”, apuntó.
Y completó: “Este golpe palaciego sólo es posible porque la Corte representa y se apoya en los grupos dominantes. Por esa razón hasta se dan el lujo de reformar la Constitución con sentencias”.
En su comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios señaló que “la discrepancia puede darse en lo político, en lo social o en lo jurídico, pero no en la aceptación uniforme del valor que la Constitución Nacional otorga a las sentencias del más Alto Tribunal de la República, que deben ser respetadas y cumplidas, especialmente cuando se trata de funcionarios de otros poderes”.
La Constitución Nacional, se recordó, establece “a los jueces en sus custodios para aseguramiento de los derechos de todos los habitantes. Con este tipo de conductas reprochables también se afecta la división de poderes prevista en nuestra Constitución”.
“La independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente. Cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales, nuestra Asociación lo defenderá el sistema republicano”, expresaron desde la entidad.
Y continuaron: “Si existen magistrados que con su desempeño afectan su investidura, reclamamos que, si así se prueba por los procedimientos constitucionales, sean removidos de sus cargos”.
“Sostenemos que en un Estado democrático y republicano de derecho es indispensable un respeto irrestricto a las decisiones de cada poder en su propio ámbito, y reclamamos el mismo respeto que nosotros exigimos a nuestros colegas al dirigirse a los representantes de otros poderes del Estado”, finalizó la Asociación.
Desde la entidad expresaron su “preocupación” y enfatizaron que las modificaciones a la norma “requieren consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto, que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional volvió a expresar su “profunda preocupación ante proyectos legislativos que intentan modificar las Leyes Orgánicas de los Ministerios Públicos de la Nación”.
“En esta oportunidad se propone establecer mayorías simples para la designación y remoción de sus titulares, limitar la duración de su mandato y alterar el funcionamiento de ambos Tribunales de Enjuiciamiento para sus integrantes, entre otras cuestiones”, señalaron mediante un comunicado.
Desde la entidad que conduce Marcelo Gallo Tagle, se resaltó que “las leyes orgánicas que regulan institutos de la Constitución derivan directamente de la norma suprema que hemos jurado defender, en este caso el artículo 120 C.N., y no pueden ir contra su letra ni contra su espíritu”.
“Tanto el dictado de aquellas, como su modificación, requieren consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto, que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”, agrega el texto, en alusión a la mayoría que el Frente de Todos posee en el Senado.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios consideró: “Esto nos obliga a reafirmar la independencia, la autonomía funcional, y la autarquía financiera de los Ministerios Públicos como garantías institucionales instauradas a favor de toda la sociedad y de toda persona”.
“Por esa misma finalidad social, superior a los derechos mismos los propios magistrados que ejercen sus ministerios, son irrenunciables, requieren estabilidad y rigen en la materia los principios de progresividad y no regresividad institucional consagrados a nivel convencional”, continúa el comunicado.
Además, expresa que “en este sentido, las leyes Nº 24.946 en su momento, y hoy las Nº 27.148 y Nº 27149, dictadas en junio de 2015, adquieren respecto de los elementos estructurales de ambos Ministerios Públicos el carácter de piso consolidado que no puede ser vulnerado por una normativa regresiva posterior”.
“Por lo expuesto, desde esta Asociación, representativa de todos los estamentos del sistema de justicia, solicitamos a nuestros legisladores, tal como hicimos coherentemente en 2017, el pleno respeto a la institucionalidad e independencia de los Ministerios Públicos, en el marco de un Estado de Derecho”, concluyeron.
Desde la entidad que conduce Marcelo Gallo Tagle pidieron al Poder Ejecutivo que “obre con la prudencia y mesura que la cuestión reclama”, luego de la votación por parte del oficialismo en el Senado.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios, conducida por Marcelo Gallo Tagle, expresó su “preocupación” por “la inédita situación generada como consecuencia del rechazo de pliegos de jueces federales por parte del Honorable Senado de la Nación”.
Desde la entidad solicitaron que “en el caso que el Poder Ejecutivo de la Nación evalúe considerar la posibilidad de implementación o instrumentación de alguna decisión relacionada con el traslado de dichos magistrados, sería razonable aspirar que obre con la prudencia y mesura que la cuestión reclama”.
“Ello así, ya que no sólo se trata de una situación que no reconoce antecedentes en el funcionamiento regular de los tres Poderes establecidos por la Constitución Nacional -lo que pone de mayor resalto su trascendencia institucional-, sino que se encuentra actualmente a estudio por parte de distintos organismos jurisdiccionales, y pendiente de resolución”, se agregó.
Este miércoles, el oficialismo más dos aliados aprobaron con 41 votos positivos el rechazo a los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, por considerar “irregular” el trámite realizado durante la gestión anterior.
Marcelo Gallo Tagle sostuvo que “es posible que el 25% de las vacantes que hoy existen” en el Poder Judicial “se dupliquen” si avanza la ley.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, advirtió este miércoles en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que el proyecto sobre jubilaciones de jueces “genera una inseguridad jurídica enorme”, y advirtió sobre la cantidad de vacantes que podrían producirse si avanza la ley.
“Nuestra posición no es obstaculizar este proyecto, sino todo lo contrario; queremos que este proyecto avance y prospere, pero dentro de ciertos parámetros de razonabilidad”, arrancó Gallo Tagle ante los diputados de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social.
El magistrado manifestó: “Queremos cambiar esta imagen negativa que existe en los medios y en la sociedad, inmerecidamente ganada, porque hay más de 900 jueces en todo el país, más la integración de los Ministerios Públicos, y se desconoce la actividad que muchos de ellos realizan y el esfuerzo que ponen para que el servicio de Justicia funcione”.
Gallo Tagle advirtió que “es muy probable que las renuncias en el Poder Judicial sean numerosas” con esta ley y lamentó que “hay mucha gente valiosa, honesta e idónea que se está retirando del Poder Judicial”.
Detalló que “muchos jueces ejercen en dos juzgados porque hoy por hoy hay un 25% de vacantes” que no son cubiertas, lo cual genera que haya menos aportes al sistema. Más aún, aseguró que “es posible que ese 25% de vacantes que hoy existen se dupliquen” si se sanciona la ley.
Por otra parte, subrayó que “esto no es una ley de privilegio”, ya que “el privilegio es cuando uno recibe a cambio de no entregar nada, y nosotros en nuestro sistema previsional estamos con un sinnúmero de aportes más agravados que en la ley común”. En ese sentido, dijo que actualmente el aporte es del 12% “sin techo”, mientras que en el régimen general es del 11%.
“Con la cantidad de vacantes que se van a producir y la cantidad de imposibilidades de cobertura, estamos atentando contra una adecuada prestación del servicio de Justicia”, sentenció, para luego advertir que el proyecto de ley “genera una inseguridad jurídica enorme”.
