El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio para la utilización de los términos “Nacional” y “Argentina” en la denominación y el objeto social de las asociaciones civiles.

La iniciativa tiene por objeto establecer una serie requisitos que deberán cumplir las organizaciones ante la Inspección General de Justicia, con el fin de asegurar que aquellas que utilicen esos términos -o similares- en su nombre "tengan un carácter representativo federal efectivo y no se limiten a una representación local o regional".

De acuerdo al texto, "la denominación social deberá reflejar de manera clara y precisa su carácter representativo nacional", mientras que "el objeto social deberá especificar de manera inequívoca su carácter representativo nacional".

Además, la entidad deberá demostrar que su estructura organizativa, membresía y actividades están distribuidas equitativamente en al menos tres regiones geográficas del país (por ejemplo, Norte, Centro y Sur), con representación activa en cada una de ellas.

El proyecto agrega que, independientemente de la ubicación de la sede social, la entidad deberá contar con filiales o representaciones operativas en al menos tres provincias y/o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La IGJ será responsable de verificar que las asociaciones civiles inscriptas cumplan con los requisitos establecidos, además podrá intimar a las organizaciones que incumplan a modificar su nombre y hasta sancionarlas si no lo hacen.

El texto contempla modificaciones en los artículos 168 y 174 del Código Civil y Comercial de la Nación.

"En Argentina existen casos donde asociaciones civiles que se presentan como representantes nacionales de ciertos sectores, actividades o intereses, en realidad sólo representan a actores locales o de una única región", señaló Agost Carreño en los fundamentos.

Para el diputado cordobés, esta propuesta "es crucial para evitar que entidades locales se beneficien de la connotación de ser representativas a nivel nacional, sin cumplir con la responsabilidad y compromiso que ello implica".

"En muchos países se han adoptado regulaciones similares para controlar las denominaciones y funciones de las organizaciones, buscando asegurar que las representaciones nacionales no se utilicen de manera inapropiada. En la legislación comparada, la regulación de la denominación y el objeto social de las organizaciones es una práctica común para evitar que una entidad limite su influencia geográfica, pero siga operando bajo una denominación que sugiera lo contrario", sostuvo.

El proyecto de ley que denominan de “Asociaciones Civiles con beneficios económicos y legales para Clubes de Barrio, Sociedades de Fomento, Centros Culturales, Jardines Comunitarios y Centros de Jubilados”, fue sancionado, luego de que los senadores le introdujeran modificaciones, por unanimidad.

En el articulado de la norma se otorgan bonificaciones impositivas para asociaciones civiles de primer grado, al tiempo que establece un “sistema de protección” de sus inmuebles y la “gratuidad de los servicios bancarios y jurídicos”.

Entre otras cuestiones exceptúa del pago del Impuesto Inmobiliario a las asociaciones civiles de hasta 100 socios o con ingresos anuales totales mayores a la categoría G del monotributo.

Además, se establece la condonación de deudas de documentación anual obligatoria que las asociaciones civiles poseen con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y

busca que los clubes de barrio, centro de Jubilados, centros culturales y sociedad de fomento reciban las exenciones sobre los impuestos nacionales resueltos por AFIP y provinciales dispuestos por ARBA en el marco de la pandemia de coronavirus.

Otras de las cuestiones que plantea la iniciativa es que “todo inmueble ubicado en la provincia de una Asociación Civil, que se encuentre poseyendo, de manera pacífica e ininterrumpida por el plazo de al menos 20 años, es inembargable e inejecutable”.

También crea dos organismos, la Oficina Municipal de Entidades de Bien Público en los 135 distritos bonaerense y el Registro de Bienes con función social, en el ámbito de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Las modificaciones propuestas por JxC en el Senado surgen de diferentes iniciativas presentadas por el espacio y establecen que una vez concluida la Emergencia, el Poder Ejecutivo pueda prorrogar el beneficio de Tarifa Cero de Servicios Públicos para las Asociaciones Civiles.

Por otra parte, se faculta al Poder Ejecutivo a crear un Fondo Extraordinario de Emergencia para el otorgamiento de subsidios y dispone que los subsidios sean destinados a adecuar instalaciones de acuerdo a los nuevos protocolos, para solventar gastos, que los mismos puedan tramitarse en los municipios y ante las demás autoridades y/o reparticiones públicas que determine la reglamentación de la Ley.

Ahora, desde Juntos por el Cambio en la Cámara alta bonaerense se refirieron a la iniciativa de asociaciones civiles al sostener que “desde el primer día estamos trabajando junto a los centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes de barrio y centros culturales, entre otros espacios, dada la importancia que representan”.

En ese sentido, manifestaron que “debemos contar con una Ley lo más abarcativa posible y que represente alivio para el sector. Ese debe ser el objetivo de nuestra Cámara y no el de tener un título en algún medio periodístico”.

“No es momento de mezquindades. Tenemos que trabajar juntos para fortalecer estas actividades. No se trata de un logro de un gobierno u otro, se trata de dotar de herramientas al sector y de ponerlo por encima de cualquier interés partidario”, manifestaron los legisladores.

“Nos parece importante avanzar en el acompañamiento de una iniciativa que lleve alivio a un sector muy afectado y por el que venimos reclamando desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, remarcaron los legisladores.

Y para concluir advirtieron que “hay que contemplar la ampliación de los plazos para que las asociaciones puedan regularizar su situación; la Creación de un Fondo Especial de Emergencia para que puedan, entre otras cosas, adecuar sus instalaciones; y fomentar el trabajo coordinado con los municipios”.