Tras el anuncio del presidente Javier Milei, la diputada radical volvió a presentar dos iniciativas que limitan las reelecciones a dos períodos consecutivos de 4 años cada uno.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) ratificó este lunes los proyectos de ley que viene presentando desde el 2018 -perdieron estado parlamentario- respecto a la democratización en sindicatos y obras sociales con el fin de “promover la alternancia en los órganos de dirección y administración, y un régimen de transparencia y prevención de la corrupción”.
En línea con uno de los textos que el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció en la Asamblea Legislativa dentro del paquete de leyes que enviará en el corto plazo al Congreso, la legisladora radical propone “limitar la reelección indefinida, estableciendo un límite de 2 periodos consecutivos de 4 años cada uno”.
En el caso de la iniciativa del Poder Ejecutivo, el jefe de Estado anticipó que propondría “una sola reelección”. “Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral”, había anunciado Milei.
El texto de Carrizo obligará a las asociaciones sindicales “a modificar sus estatutos en cumplimiento de esta ley en el plazo de un año de promulgada la presente”, y agregó que “se considerará que inician su segundo periodo consecutivo aquellas autoridades sindicales que pretendan renovar su cargo en las primeras elecciones luego de entrada en vigencia esta ley”
Respecto a las obras sociales sindicales, Carrizo propuso “establecer la incompatibilidad para el ejercicio simultaneo de cargos electivos en obras sociales y sindicatos, lo que hoy constituye uno de los principales incentivos para la corrupción y la generación de ilícitos dentro de estas entidades”.
0137-D-2024El objetivo de Ingrid Jetter es revalorizar una legislación positiva en el sector como es la ley del cupo femenino sindical mediante su modificación.
La diputada nacional Ingrid Jetter presentó un proyecto de ley sobre paridad de género en las asociaciones sindicales. La participación real de las mujeres en posiciones de decisión y de negociación sea política o económica y por lo tanto también sindical constituye una meta pendiente en nuestro país. No obstante la sanción en el 2002 de la Ley 25.674 de Cupo Femenino Sindical y de su decreto reglamentario del 2003, aún no se ha verificado un avance en este sentido observándose aún hoy la falta de su implementación plena. Hoy son pocas las organizaciones sindicales lideradas por trabajadoras.
El proyecto tiene la particularidad de proponer modificaciones a la Ley de Cupo Femenino (Ley 25.674) y a aquella referida a las asociaciones sindicales (Ley 23.551).
“Este es un proyecto muy ambicioso, se trata de democratizar los sindicatos. Queremos que en cada sindicato, en las comisiones directivas haya por lo menos el 50 por ciento de mujeres, es decir que exista la ley de paridad. Así como tenemos paridad en la legislatura nacional y en la mayoría de las provincias, también los sindicatos tienen que dar lugar a la participación femenina. En las actividades donde predominan hombres, la representación debería ser por lo menos proporcional y otra cláusula muy importante que prevé nuestro proyecto es la no reelección más de una vez. Es decir queremos terminar con los sindicalistas que son elegidos en forma indefinida. Dos cosas muy importantes entonces, paridad de género y no reelección indefinida”, sostuvo la diputada Ingrid Jetter.
Entre los instrumentos propuestos en el proyecto se encuentran la participación paritaria de las trabajadoras en los puestos decisión de las organizaciones mediante la alternancia democrática en las elecciones, por la no reelección indefinida de los cargos de dirección, la formación de las afiliadas en liderazgo y negociación y la constitución de las listas para los puestos electivos con criterios que garanticen el acceso a las candidatas.
La participación paritaria en las direcciones de las organizaciones sindicales, a través de la obligatoriedad de este nivel de representación y la invalidez de los acuerdos que pudieran alcanzarse sin su cumplimiento. La incorporación activa y plena de las afiliadas en las estructuras sindicales mediante una promoción y comunicación amplia de la afiliación dirigida a las trabajadoras. Contar con una organización de gestión transparente, basada en la evaluación por resultados (en base a datos) más participativa e inclusiva. Y ello gracias a la recolección de datos, informaciones y propuestas que se propone llevar a cabo mediante el establecimiento de una oficina de género a constituirse al interno de las organizaciones.
La participación paritaria de las trabajadoras mediante la elevación en los casos que fuera posible de la base mínima del cupo femenino al 50 por ciento y sino en proporción a la totalidad de las trabajadoras. Por último, se destaca que los datos que la oficina de la trabajadora pudiera recoger sin lugar a dudas serian de suma importancia para la planificación de políticas, para evaluar sobre su implementación, de utilidad para la administración pública (Ministerio de Trabajo en particular a las dependencias dedicadas a la definición de políticas de inclusión, protección de la igualdad e integración de la mujer) como a la sociedad en su totalidad.
Acompañaron el proyecto los diputados María Luján Rey, Omar De Marchi, Ana Carla Carrizo, Gabriela Lena, Alberto E. Asseff, Hernán Berisso, Alicia Terada, Josefina Mendoza, Camila Crescimbeni, Ximena García, Pablo Torello, Jorge Enríquez, Virginia Cornejo, Gonzalo P. Del Cerro, Soledad Carrizo, Víctor Hugo Romero, Lidia Ascarate y Jorge Vara.
