Tras el “Olivosgate”, el diputado radical presentó un proyecto en este sentido, aunque aclaró que exceptúa a funcionarios públicos, a quienes rompieron aislamientos u organizaron fiestas clandestinas.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) presentó este martes un proyecto de ley de amnistía para las personas a las que, durante el ASPO, se les abrieron causas judiciales por el hecho de circular.
Tras el escándalo por el “Olivosgate”, motivo por el cual Juntos por el Cambio impulsa un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, el radical aseguró que “objetivamente están las causales, habría que ver cómo se desenvuelve un juicio”.
“La Cámara de Diputados es la acusadora, el rol de juzgar le corresponde al Senado”, explicó el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien agregó que “el hecho tiene gravedad” porque “se trata de reglas que remiten a sanciones penales”.
En diálogo con radio Futurock, el chubutense recordó que durante la cuarentena estricta “hubo gente que la pasó muy mal, le secuestraron el auto” y “se fueron abriendo miles de causas penales”, mientras que “el mismo funcionario que escribía las reglas, no las cumplía”.
Menna consideró que un pedido de juicio político “no es temerario”, sino “un mecanismo previsto por la Constitución”, que “será discutible”. Al reconocer que la oposición no cuenta con los votos para que prospere, dijo que se trata de “poner en agenda la discusión”.
A continuación, el legislador anunció “un proyecto de ley de amnistía” porque “hoy la Justicia Federal está sobrecargada con decenas de miles de causas por si una persona circulaba bien o mal, con autos que se están deteriorando secuestrados”.
En ese sentido, apuntó que sería para “los casos vinculados a la circulación, quien iba a trabajar, quien iba a visitar a un pariente enfermo”.
En declaraciones a Radio 3 de Trelew, el diputado ahondó que “la amnistía que proponemos no abarca a los delitos contra el ASPO cometidos por funcionarios públicos, ni las fiestas clandestinas, ni a quienes incumplieron cuarentenas por infección, contacto estrecho o viajes”.
El proyecto del legislador chubutense otorga una amnistía a todas las personas con causas penales abiertas por quebrar el aislamiento y el distanciamiento social decretados durante la pandemia.
Las excepciones a la amnistía son los casos en los cuales los imputados sean funcionarios públicos; las reuniones o fiestas clandestinas, y las personas que quebrantaron la cuarentena por estar contagiadas, haber sido contactos estrechos de un infectado de Covid-19 o por un viaje del exterior o de otra zona del país.
La iniciativa busca la igualdad ante la ley frente a la transgresión del presidente Alberto Fernández, tras conocerse por fotos su participación en un cumpleaños en Olivos cuando estaban vigentes las medidas de prevención que el propio mandatario había decretado.
La propuesta “permitirá restablecer un sentido de justicia e igualdad ante la ley y evitará incurrir en la incongruencia de sancionar penalmente a los particulares por reglas que las autoridades incumplen, a sabiendas de lo que están haciendo”, explicó Menna.
“Tras el dictado de las medidas de prevención hubo en todo el país controles férreos que afectaron las libertades personales previstas en la Constitución. La persecución penal no discriminó entre los hechos que implicaban situaciones confusas de circulación por la vía pública a pie o en auto, de otras más graves como reuniones o fiestas clandestinas o el no cumplimiento de cuarentenas dispuestas para quienes estaban infectados, contactos estrechos o personas que arribaban de un viaje”, consideró Menna.
Señaló que “las normas dieron lugar a situaciones de violencia institucional muy graves, que en algunos casos implicaron la pérdida de vidas en circunstancias no esclarecidas como las de Facundo Astudillo Castro, Nahuel Gómez, Federico Rey, Alan Maidana, Lucas David Barrios, Ezequiel Corbalán, Ulises Rial, Augusto Oscar Iturralde, Lucas Nahuel Verón y Raúl Dávila, en provincia de Buenos Aires; Luis Espinoza y Walter Nadal en Tucumán; Mauro Coronel y Franco Isorni en Santiago del Estero; Florencia Magalí Morales y un adolescente de nombre Franco en San Luis; Facundo Scalzo en CABA y Valentino Blas Correas en Córdoba”.
Destacó que “el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por DNU fue el primero en incumplirlas”, y que esta situación “se contrapone con el principio de igualdad ante la ley”.
Las causas abiertas “generan una sobrecarga al atraso que afecta a la Justicia Federal, y la desenfoca de las causas más relevantes que demandan rapidez como las vinculadas al narcotráfico, corrupción, trata de personas, lavado de activos y evasión tributaria, entre otros”, concluyó Menna.
Acompañan esta iniciativa los diputados Mario Negri, Alfredo Cornejo, Ricardo Buryaile, Juan Martín, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Claudia Najul, Atilio Benedetti, Alejandro Cacace, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Mario Arce, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Luis Pastori, Gonzalo del Cerro, Dolores Martínez, Karina Banfi, Ximena García y Brenda Austin.
proyecto-de-ley-amnistia-delitos-ASPO-y-DISPOEn 2014 Alberto Fernández confesaba en las redes sociales su rechazo al cierre de las exportaciones de carne y reivindicaba cuando en 2007 se ocupó de reabrirlas. Acaba de tomar la misma medida que reprochaba, a instancias de los deseos del sector más preponderante del Frente de Todos. Igual que con las restricciones a la circulación.
Por José Angel Di Mauro
Algo había que hacer, coinciden todos en pensar cuando el gobierno acaba de implementar restricciones extremas similares a las que teníamos hace justo un año atrás, con la diferencia de que hoy hay medio millar de muertos por día y casi 40 mil contagios diarios. Pero la contundencia de esos números no es suficiente para convencer no solo a quienes se hartaron en 2020 de vivir encerrados, sino sobre todo a los que casi se fundieron entonces y tras esa experiencia no quieren saber nada de este deja vu.
Casi no había objeciones cuando se dejó trascender que el encierro se circunscribiría a los fines de semana, pero súbitamente reapareció el fantasma tan temido de la vuelta del ASPO, aunque más no sea por un período acotado. Sorprendió, sobre todo, cuando apenas dos días antes el Presidente había descartado de plano un regreso a fase 1: “No, no… Ahí voy a tener un problema sociológico; la gente no lo resiste, esa es la verdad”, dejó claro entonces el Presidente en uno de los reportajes que concedió en la semana a Radio 10.
Es verdad que esta realidad es muy dinámica, pero también lo es que nadie hace más que Alberto Fernández para devaluar la palabra presidencial.
Coincidentemente con lo que pensaba el Presidente el martes pasado, en este mismo espacio dijimos una y otra vez que no había posibilidades de regresar al aislamiento extremo; no porque no fuese necesario, sino porque simplemente las cuentas oficiales no estaban en condiciones de volver a cerrar la economía. El propio gobierno lo documentó el año pasado al elaborar un Presupuesto en el que no figuraba ningún tipo de compensaciones para eventuales restricciones.
Habrá que inferir que eso obedeció a la exagerada confianza oficial en las vacunas. Se entenderá que cuando el Presidente anticipaba una y otra vez la inminente llegada de millones de dosis, lo decía realmente convencido.
Es verdad que esta realidad es muy dinámica, pero también lo es que nadie hace más que Alberto Fernández para devaluar la palabra presidencial.
Pero los números de la pandemia han sido tan contundentes y amenazantes como para corporizar los peores fantasmas. Sobre todo en materia de muertos. Siempre hemos dicho que la cantidad de víctimas fatales diarias nunca dejó de ser elevada, con un promedio de unos 200 muertos diarios que no ha descendido ni cuando se aplanó la curva. Hoy 200 es un número bajo, al paso que vamos. Y si bien también impresiona el número de contagios, eso es muy relativo, pues obedece a un nivel de testeos que nunca ha sido el adecuado. Con un porcentaje de positividad superior al 35%, los especialistas coinciden en que el número de testeos diarios debería ser de 300 mil, y estamos en un tercio de esa cifra.
Los expertos también concuerdan en el temor a que esta disparada de casos vaya a saturar en breve las unidades de terapia intensiva y que en el término de dos meses o antes eleve el número de muertos al millar diario.
Sin necesidad de llegar a ese extremo perfectamente alcanzable, un simple cálculo matemático permite inferir que para antes de mediados de julio la Argentina podría llegar a los cien mil muertos por Covid. Una cifra redonda y terrorífica que remite a una de las tantas frases célebres que expresó durante esta pandemia Alberto Fernández: “Prefiero que haya 10% más de pobres y no cien mil muertos”. Lo primero ya sucedió; lo segundo está en camino.
Semejante panorama decepcionante es lo que debe haber movido a Alicia Castro a escribir los lapidarios tuits del miércoles pasado. Exembajadora en Venezuela y el Reino Unido, y fallida postulante para ese mismo cargo ante Moscú, la exazafata no estuvo muy diplomática cuando afirmó que “tenemos el récord más triste de la historia”. Alicia Castro comparó los resultados epidemiológicos argentinos con los de Bolsonaro -“en un año, Brasil multiplicó por 10 las muertes y Argentina, que tenía entonces 1.200 fallecidos, por 70”, dijo- y llamó entonces al gobierno a no ser “negacionista”, reclamándole “medidas eficaces”.
Ese “fuego amigo” llegó al día siguiente del rechazo de AF a la vuelta a fase 1, de ahí que no sorprenda el súbito viraje. Sobre todo si se tiene en cuenta que la suya es una voz muy escuchada en el Instituto Patria. Algunos aventuran incluso que expresa el pensamiento de la vicepresidenta de la Nación.
Como sea, Alberto Fernández terminó anunciando medidas que van mucho más en el sentido reclamado desde La Plata que lo que deseaban en Olivos y el Palacio de Hacienda.
Parecido fue lo que sucedió con las exportaciones de carne, cerradas por un mes por el gobierno nacional, desatando un previsible paro del campo que entre otras cosas hizo incrementar los precios. Terminó prevaleciendo la postura de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que es lo mismo que decir Axel Kicillof, cada vez más influyente en todos los ámbitos oficiales, y preocupado por una inflación que lejos de ceder va dejando mes a mes una presión mayor para el mes siguiente.
El gobierno volvió así al pasado. Quince años atrás, para casi esta misma época, el gobierno de Néstor Kirchner resolvía la suspensión de las exportaciones de carne por seis meses. Alberto Fernández debe recordar muy bien esa medida anunciada el 9 de marzo de 2006, pues él era entonces jefe de Gabinete.
Quienes ponen reparos a esta medida le recuerdan al gobierno actual las consecuencias de esa decisión adoptada por el primer gobierno kirchnerista: se perdieron 12 millones de cabezas de ganado; se fundieron 16 mil productores; cerró un centenar de frigoríficos; y pasamos de tener el 10% del comercio mundial de carne a menos del 2% en 2014. En ese lapso pasamos del tercer lugar en el comercio de carne al 13°. Por efecto de estas medidas la Argentina dejó de ganar 10 mil millones de dólares y se perdieron 15 mil puestos de trabajo.
El gobierno pareciera no aprender de sus errores. Para muchos, el año pasado el caso Vicentin fue el inicio de la pérdida de imagen de Alberto Fernández, que había escalado a números inmensos por la pandemia. Ese episodio dejó para muchos la sensación de que gobernaba Cristina Kirchner y eso se trasladó inmediatamente a las encuestas de imagen. Hoy esa sensación está mucho más enraizada, y conforme los antecedentes, los resultados no prometen ser más efectivos.
Quince años atrás, para casi esta misma época, el gobierno de Néstor Kirchner resolvía la suspensión de las exportaciones de carne por seis meses. Alberto Fernández debe recordar muy bien esa medida anunciada el 9 de marzo de 2006, pues él era entonces jefe de Gabinete.
Hay un ejemplo muy presente que podría tener en cuenta el gobierno: la fuerte embestida en el Congreso para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal. Desde el oficialismo le había llegado el dato a la principal oposición de que ya tenían el número para convertir en ley el proyecto que desde noviembre pasado cuenta con media sanción del Senado. Por eso Juntos por el Cambio lanzó una acelerada y fuerte campaña exponiendo los nombres de los 23 diputados “del medio” -los que no son oficialistas, ni de JxC-, para que el Frente de Todos no pudiera encontrar allí los 12 votos que necesita para asegurarse la ley. En esa movida, Juntos por el Cambio salpicó a unos y otros, invirtiendo la carga de la prueba: expuestos, todos tuvieron que aclarar su postura de cara a una eventual sesión, aun aquellos como los lavagnistas que siempre habían dicho que no votarían esa ley.
Como sea, la estrategia tuvo los resultados esperados para Juntos por el Cambio, pues quedó claro que al oficialismo le faltan por lo menos cinco votos para sacar la ley que les permitirá desplazar al procurador Eduardo Casal, principal destinatario de semejante embestida. Muchos se preguntan aún de donde surgió la versión de que se habían alcanzado las voluntades necesarias, y todas las miradas apuntan al ministro Martín Soria, cuya capacidad para buscar consensos no parece ser una de sus características salientes.
Con todo, el proyecto ya tiene dictamen. Lo consiguió en el marco de un prolongado debate que se extendió hasta pasada la medianoche. Así las cosas, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en cualquier momento en el recinto, y ese es un elemento de presión del oficialismo, que no pierde las esperanzas de dar una sorpresa en cualquier momento con eso.
Ante ello la oposición está atenta incluso a no perder legisladores propios. Hace pocos días el oficialismo hizo toda una movida para desplazar a la diputada correntina Estela Regidor, acusada de pedirles el 50% del salario a sus asesores. Quieren que renuncie, como hizo Juan Ameri cuando protagonizó un escándalo al exhibir una escena íntima en el zoom. La diputada radical presentó un pedido de licencia por 90 días, que no alcanzó a ser tratado en la última sesión, pero el oficialismo iría por más. Si así sucede, en JxC tienen preparada una contraofensiva, reclamando un trato similar con los diputados oficialistas involucrados en el “vacunatorio VIP”. Por eso habrían suscripto con Sergio Massa un pacto de no agresión. Por si acaso, Juntos por el Cambio tiene de aquí en más como consigna una vieja premisa de Marcelo Gallardo: mantenerse con la guardia alta.
El DNU se publicó este sábado y por primera vez toma en consideración el tema del reinicio de clases, que se instrumentará de acuerdo con los parámetros del Consejo Federal de Educación. Todo el país está en modo DISPO.
El Gobierno renovó hasta el 28 de febrero las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO). El decreto presidencial 67/2021 se publicó este fin sábado, sus detalles habían trascendido la noche anterior. Respecto del reinicio de clases expresa que se instrumentará de acuerdo con los parámetros del Consejo Federal de Educación.
Según la norma suscripta por el presidente de la Nación, continúan vigentes los dos parámetros de riesgo sanitario (razón e incidencia) que deberán seguir teniendo en cuenta las provincias para la restricción de circulación nocturna.
En cuanto al DISPO, estará vigente en todo el país: todas las jurisdicciones del país se encuentran bajo distanciamiento, social preventivo y obligatorio.
La medida comprende desde este lunes 1 de febrero hasta el 28 de febrero de 2021.
Con relación a la circulación, se mantiene la libre circulación por todo el territorio del país. Los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán reglamentarla estableciendo días, horas y zonas por razones epidemiológicas.
La novedad de este DNU es que contempla el reinicio de clases. Se establece que las clases y actividades educativas no escolares presenciales se podrán reanudar, según los parámetros definidos por el Consejo Federal de Educación. En ese marco, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deciden la efectiva reanudación y, eventualmente, su suspensión de acuerdo con la situación epidemiológica.
En aquellos casos en que resulte necesario disminuir la circulación de personas a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, se deberán implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales.
Los docentes y personal no docente, alumnos y sus acompañantes quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de pasajeros. Deberán tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación.
En cuanto a las medidas de prevención, las medidas continúan siendo distanciamiento social de dos metros, el uso de tapabocas e higiene. Se deberán cumplir los protocolos aprobados para cada actividad.
En otro orden, podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria de las jurisdicciones (según las recomendaciones de la autoridad sanitaria nacional).
El máximo de uso de los espacios cerrados es del 50% de su capacidad. Para los establecimientos gastronómicos del AMBA, la ocupación de superficies cerradas será de un máximo del 30% del aforo, en relación con la capacidad máxima habilitada.
Solo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas con cumplimiento de las pautas de higiene y cuidado y respetando los protocolos de cada una de ellas. En lugares cerrados, la concurrencia no podrá ser superior a 10 personas.
1. Los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de 20 personas en espacios cerrados y en espacios privados al aire libre.
2. Eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia mayor a 100 personas;
3. Práctica de deportes en lugares cerrados donde participen más de 10 personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros.
4. Cines, teatros, clubes y centros culturales.
5. Servicio público de transporte urbano de pasajeros en AMBA solo habilitado para las personas afectadas a los servicios públicos esenciales y para quienes se encuentren expresamente habilitados para su uso, debiendo tramitarse el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia Covid-19” cuando corresponda.
El jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a las prohibiciones según la situación epidemiológica y sanitaria del lugar debiendo darse cumplimiento a las recomendaciones del Ministerio de salud de la Nación. La actividad deberá contar con un protocolo sanitario para su desarrollo.
Personas en situación de riesgo: se mantiene la suspensión del deber de asistencia a sus trabajos conforme lo dispuesto en la reglamentación.
Reuniones sociales: se autorizan las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre con una distancia mínima de 2 metros, utilización de tapabocas y cumplimiento de los protocolos y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias locales y nacionales. En los lugares bajo ASPO las mismas sólo están autorizadas hasta un máximo de 10 personas.
Cada jurisdicción dictará las correspondientes normas reglamentarias en atención a las condiciones epidemiológicas.
El Gobierno Nacional mantiene los dos parámetros de riesgo sanitario que deberán seguir teniendo en cuenta las autoridades provinciales para restringir la circulación:
1) RAZÓN: cuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20.
2) INCIDENCIA: cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150.
En función de estos indicadores, el Gobierno Nacional instruye a las autoridades locales a aplicar medidas para disminuir los contactos, priorizando la limitación de la circulación nocturna y manteniendo el cumplimiento de los protocolos vigentes.
El ministerio de Salud articulará con las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones con el fin de colaborar con el monitoreo de los indicadores señaladas.
El ministerio de Seguridad brindará cooperación para realizar controles de rutas, vías de acceso, espacios públicos y demás lugares estratégicos con el fin de ayudar a garantizar el cumplimiento de las medidas, a petición de los gobernadores y las gobernadoras.
En la actualidad, ningún aglomerado urbano, ni departamento ni partido de las provincias argentinas se encuentra bajo ASPO.
A través de un proyecto de la diputada Adriana Cáceres quieren que con la presencialidad se recupere el funcionamiento pleno del Estado nacional.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que los empleados públicos del Gobierno nacional, entes descentralizados y empresas públicas, vuelvan a trabajar de manera presencial. El objetivo es volver a poner en funcionamiento pleno al Estado nacional, siempre teniendo en cuenta los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación.
“A siete meses del decreto que dio comienzo al ASPO, los empleados públicos deben volver a sus puestos de trabajo. Es importante restablecer todos los servicios y agilizar la resolución de las distintas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los argentinos”, explicó Adriana Cáceres, autora del proyecto.
“La vuelta que estamos proponiendo es escalonada y exceptúa a los trabajadores en riesgo. Hay que tener en cuenta que si el Estado sigue funcionando de forma parcial, una parte de la sociedad no puede acceder a sus derechos, eso no puede seguir pasando”, agregó la diputada.
El proyecto cuenta con las firmas de Lidia Ascarate, Hernán Berisso, Sofia Brambilla, Omar de Marchi, Soher El Sukaria, Jorge Enriquez, Alejandro García, Mercedes Joury, Silvia Lospennato, Victoria Morales Gorleri, Carla Piccolomini, Carmen Polledo, Estela Regidor, Adriana Ruarte, Héctor Stefani, Pablo Torello.
A través de un decreto, el Poder Ejecutivo rubricó los anuncios realizados el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández.
El Gobierno nacional prorrogó el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ADPO) hasta el 25 de octubre, en el marco de la emergencia sanitaria establecida ante la pandemia de coronavirus Covid-19.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) se aplicará con la misma modalidad que hasta ahora en los siguientes lugares:
En tanto, estarán bajo las medidas de distanciamiento, social, preventivo y obligatorio (DISPO), con las mismas características y protocolos que hasta el momento, los restantes distritos del país, lo que incluye a la totalidad de las provincias de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Misiones.
Además, el Gobierno determinó que podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros establecidos por el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación de la Nación será la autoridad competente que deberá aprobar los planes de cada jurisdicción para la vuelta a la presencialidad.
El Gobierno nacional también autorizó en todo el país las reuniones sociales de hasta diez personas en espacios públicos al aire libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, aunque seguirán sin poder utilizarse los servicios públicos de pasajeros de colectivos, trenes o subtes.
Los gobernadores y las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán eventualmente suspenderlas con el fin de proteger la salud pública.
En tanto, el jefe de Gabinete de Ministros es la autoridad facultada para ampliar, reducir o suspender esta autorización en atención a la evolución de la situación epidemiológica.
El DISPO se sigue aplicando a aquellas jurisdicciones en las que el sistema de salud cuenta “con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria”, y que no están definidas “por la autoridad sanitaria nacional como aquellas que poseen ‘transmisión comunitaria’ sostenida del virus SARS-CoV-2.2” y en las que la evolución de la cantidad de casos en las últimas dos semanas haya manifestado un descenso.
Los gobiernos provinciales continúan manteniendo la facultad para, en caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus, disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a las provincias provenientes de otras jurisdicciones por un plazo máximo de 14 días.
Del mismo modo, en el caso de los departamentos y partidos de hasta 500 mil habitantes las autoridades provinciales “podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas”.
Para eso, “deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional”.
Tanto en las zonas bajo el ASPO como en aquellas bajó el régimen DISPO deberán mantener el distanciamiento entre las personas, el uso de tapabocas, higiene personal y de superficies y la ventilación, de acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes.
Finalmente, en ambos regímenes siguen prohibidos los eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas; los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente; deportes donde participen más de diez personas o que no permitan mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los y las participantes; los cines, teatros, clubes y centros culturales; el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados; y el turismo. Será también el Jefe de Gabinete quién autorice las excepciones de acuerdo a la situación epidemiológica respectiva.
Se publicó el DNU que prolongó las medidas de distanciamiento y aislamiento hasta el 11 de octubre.
A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional prorrogó este domingo el distanciamiento y el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 21 de septiembre y hasta el 11 de octubre, en el marco de la emergencia sanitaria establecida ante la pandemia de coronavirus Covid-19.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) continuará aplicándose en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los partidos bonaerenses de General Pueyrredón, Bahía Blanca y Tandil; en los departamentos jujeños de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Susques, Yavi, Rinconada y San Pedro, y en el departamento Capital de la provincia de La Rioja.
También se aplicará en los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca, en la provincia de Río Negro; en los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital de la provincia de Salta; en el aglomerado de la ciudad de Río Gallegos, de Santa Cruz; en los departamentos de Capital y Banda, en Santiago del Estero, y en el departamento de Río Grande, en Tierra del Fuego.
En tanto, seguirán bajo las medidas de distanciamiento, social, preventivo y obligatorio (DISPO), con las mismas condiciones que hasta la actualidad, los restantes distritos del país.
El DISPO se sigue aplicando en aquellas jurisdicciones en las que el sistema de salud cuenta “con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria”, el tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no es inferior a 15 días y que no están definidas “por la autoridad sanitaria nacional como aquellas que poseen ‘transmisión comunitaria’ sostenida del virus SARS-CoV-2″.
Los gobiernos provinciales continúan manteniendo la facultad para, en caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus, disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a las provincias provenientes de otras jurisdicciones por un plazo máximo de 14 días.
Del mismo modo, en el caso de los departamentos y partidos de hasta 500 mil habitantes las autoridades provinciales “podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas”.
Para eso, “deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional”.
