La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió para tratar y aprobar un oficio judicial sobre la causa del intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación en septiembre de 2022.
Quedaron sin ser ratificadas las autoridades de la comisión que no se reúne desde hace más de nueve meses.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debía elegir a sus autoridades este martes y organizar la agenda para este 2023, pero, por la falta de quórum, fue suspendida.
La citación era en el Palacio Legislativo, que solo contó con la presencia de siete senadores, de diez para obtener el quórum necesario. La comisión está conformada por 19 miembros.
El actual presidente Guillermo Snopek (Unidad Federal – Jujuy), junto a Oscar Parrilli (UC – Río Negro), José Neder (FNyP – Santiago del Estero), José María Torello (Pro – Buenos Aires), Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego), Luis Juez (Pro – Córdoba) y Mariana Juri (UCR – Mendoza) fueron los únicos presentes en la reunión.
La semana pasada se había suspendido la reunión (también por falta de quórum) para ratificar las autoridades. Todo indicaría que el oficialismo no pondría objeciones para la continuidad de Snopek como presidente del cuerpo, que ahora preside el bloque de Unidad Federal.
El jujeño estará al frente de la comisión que tendrá en sus manos el tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura.
Una de las comisiones clave de la Cámara alta, Asuntos Constitucionales, fue constituida este jueves y al frente estará el jujeño oficialista Guillermo Snopek, en tanto que el secretario de la misma seguirá siendo el rionegrino Alberto Weretilneck.
La vicepresidencia quedará en manos de Juntos por el Cambio, que aún no eligió a quien ocupará ese cargo.
Además de Snopek y Weretilneck integran la comisión los oficialistas Daniel Bensusan, Silvia Sapag, Sergio Leavy; José Neder, Sandra Mendoza, José Uñac, Mariano Recalde, Cristina López Valverde y María Inés Pilatti Vergara.
Por Juntos por el Cambio están Lucila Crexell, Luis Juez, José Torello, Luis Naidenoff, Silvia Giacoppo, Pablo Blanco, Mariana Juri y Eduardo Vischi.
Para el nuevo titular de la comisión, el consenso alcanzado para las designaciones “marca un clima que podría ser el que tenga el Senado: de diálogo, propuestas y discusión, volviendo a reivindicar lo que era esta comisión que en los últimos años trabajó en el marco de la pandemia a través de la distancia. Hoy nos toca una nueva etapa”.
Luego Snopek celebró que “después de 27 años vuelve a presidir esta comisión un jujeño, lo que habla del federalismo, y nos pone también mucha responsabilidad encima”.
Hablando de responsabilidad, el titular del bloque, José Mayans, recordó que esa comisión será cabecera del tratamiento del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que se debatirá también con los integrantes de Justicia y Asuntos Penales. “Esperamos ese debate que va a ser sumamente importante, una vez que fijen el cronograma. Van a tener un lindo trabajo para hacer, así que les deseamos éxito en la gestióin para este tiempo que va a ser bastante difícil”.
El archivo del expediente fue aprobado con 34 votos positivos, 18 negativos y una abstención. Se preveía enjuiciar a los cuatro magistrados que fallaron en contra de una demanda que buscaba garantizarle el acceso a una vacante en nivel inicial a un menor de edad.
Tras un tenso debate, Vamos Juntos (VJ) y sus aliados bloquearon –con 34 votos a favor, 18 en contra y una abstención- un pedido del Frente de Todos (FdT) para realizar un juicio político político contra los jueces del Tribunal Superior de Justicia: Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano, en relación un fallo por vacantes.
La medida, que ya había sido analizada previamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales –presidida por Hernán Reyes (VJ)-, se archivó dado a que recibió el acompañamiento de los diputados de Vamos Juntos, UCR-Evolución, GEN y PS; en tanto el FdT y FIT la votaron en contra y AyL se abstuvo.
Al momento de presentar la iniciativa, el FdT había advertido que el fallo del TSJ “ignoraba” lo establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 24 indica que el distrito “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.
Por lo que aseguraron que el fallo en cuestión “provoca una limitación del ejercicio del derecho de niñas y niños siendo una grave vulneración que responde a una visión subsidiaria del Estado, la cual intenta relativizar derechos a favor de la educación privada y del desmantelamiento del Estado”.
Mientras que desde el oficialismo aseveraron que “el presente proyecto no se corresponde con una modificación de las normas que dichos jueces y juezas aplicaron al momento de dictar sentencia o una declaración de este cuerpo respecto de dicha posición doctrinaria, sino a dar inicio al procedimiento de juicio político previsto en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en los Artículos 92, 93 y 94”.
El debate en el recinto
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), advirtió que “la mayoría de la Comisión debatió este proyecto, evaluamos que hay que archivarlo” e indicó que “no vamos a hacer una evaluación de las causas que podrían ser de mal desempeño, esto debería hacerlo la Cámara Acusatoria; tampoco debemos evaluar aquí acerca de la infraestructura escolar…”.
“La figura del juicio político por mal desempeño tiene que tener una conducta que pueda ser valorada por esta Legislatura, la verdad que acá lo único que hay reprochable es una interpretación doctrinaria… puede haber lecturas disimiles pero no se puede decir que producto de esta posición doctrinaria del Tribunal, pero no por eso tenemos que destituir a cuatro de los cinco miembros”, indicó y remarcó que “hay una línea vertical en el FdT: los jueces se alinean con su ideología partidaria o serán removidos de su cargo”.
Mientras que la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (FdT), señaló que “esto es para iniciar un proceso de investigación para ver si hay o no un mal desempeño, no es nuestra función juzgar. El Tribunal hizo lugar a un recurso inconstitucional ante el pedido de una madre que pedía que se le garantice una vacante en el nivel inicial para su hijo de dos años” y destacó que “la Constitución porteña dice que la obligatoriedad de garantizar las vacantes está desde los 45 días y este fallo va en contra del derecho a la educación”.
A la vez que la diputada del FIT Mercedes De Mendieta le advirtió al oficialismo que “podrán archivar el pedido de juicio político pero no nuestro rechazo a este nefasto fallo contra todos los niños de la Ciudad de Buenos Aires. Son miles las familias que, desesperadas, buscan una vacante en el sistema público y se les niega; quedan en una situación muy compleja: o pagan una escuela privada o los niños quedan desescolarizados”.
Mientras que el radical Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) aseveró que “el artículo 92 establece las causales para llegar a un juicio político, aquí es donde cabe que nos preguntemos si la decisión de los jueces puede ser tomado como un delito o un mal desempeño” y recordó que “los jueces no pueden ser juzgados por los contenidos de sus decisiones, esto es para evitar presiones por partidos políticos o Gobiernos”.
A su turno, el legislador del GEN Sergio Abrevaya opinó que “este proyecto directamente no debía haberse tratado, más allá que yo no estoy de acuerdo con la sentencia y coincido con algunas de las expresiones que aquí se han vertido. Creo que la vacante debería garantizarla el Estado, pero la sentencia está basada en el derecho”.
Se trata de la iniciativa para que las PASO se realicen el 12 de septiembre, y las generales, el 14 de noviembre. Se votará en la sesión de la semana próxima. Juntos por el Cambio y Consenso Federal insistieron con la boleta única en papel.
De manera unánime, recibió dictamen favorable este jueves el proyecto de ley acordado la semana pasada en Casa Rosada que posterga un mes tanto las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como las elecciones generales, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
El despacho se firmó en una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados y el Frente de Todos pretende llevar el debate al recinto en la sesión remota prevista para la semana próxima.
El proyecto oficial posterga las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre, y las elecciones generales, del 24 de octubre al 14 de noviembre, con el fin de ganar tiempo en el proceso de vacunación contra el Covid y evitar las temperaturas invernales.
“El hecho de que este proyecto venga del Poder Ejecutivo Nacional deriva de un acuerdo de las fuerzas políticas que integran esta Cámara. El diálogo ha sido fecundo y productivo, y ha logrado, luego de algunas idas y venidas, concretarse en un proyecto que, entendemos, reviste un cariz de excepcionalidad en el marco de la pandemia”, explicó el presidente de la comisión, Hernán Pérez Araujo.
El oficialista precisó que la iniciativa se basa en la experiencia de las “88 elecciones” celebradas a nivel mundial desde la declaración de la pandemia a la fecha. “Este consenso permite ganar tiempo, de eso se trata. No hay ninguna otra intención”, aclaró el pampeano, y agregó que se busca “que el proceso electoral no se desarrolle en los meses en que se incrementan las enfermedades infecciosas agudas y los virus respiratorios”.
Por su parte, el radical Gustavo Menna recordó que “veníamos con la intentona de suspender las PASO, corporizada en un proyecto de ley presentado en ese sentido; luego las versiones sobre una ley de lemas; y el borrador del Ministerio del Interior” que, después de varios días, se tradujo en un proyecto de ley tras el acuerdo logrado con la oposición.
Ese entendimiento se alcanzó el viernes pasado en Casa Rosada, cuando el Gobierno aceptó la exigencia de Juntos por el Cambio de incorporar una “cláusula cerrojo” para garantizar que las PASO no se suspendan y que no volverá a modificarse este año el calendario electoral.
Sin embargo, la oposición no logró colar el tema de la boleta única de papel. “Es una lástima que, siendo la motivación invocada para este proyecto de ley la cuestión de la pandemia y la prórroga de los plazos para lograr mayor cantidad de gente vacunada, no se haya atendido el pedido que formulamos, que es avanzar hacia la boleta única en papel”, lamentó Menna.
Por eso, el chubutense propuso crear una subcomisión que se aboque a tratar los proyectos de distintos bloques políticos en ese sentido.
Desde el oficialismo, Carolina Gaillard acompañó la sugerencia de Menna pero consideró que en este momento “no sería atinado promover una reforma electoral en medio de un calendario electoral que ya se está desarrollando”.
Por otra parte, la entrerriana citó como antecedentes las postergaciones de elecciones en México, República Dominicana, Chile y Trinidad y Tobago, entre otros casos.
Juan Manuel López (Coalición Cívica) coincidió con Menna en que “desde el año pasado a la fecha ha habido proyectos de todo tipo”. “El consenso es que no vamos a cambiar las reglas del juego; solo vamos a cambiar las fechas porque hay una inmensa mayoría que se puso de acuerdo para hacerlo” porque “permite tener 35 días más de vacunación”, resaltó.
Además, López ponderó que se acorten los tiempos de la campaña, al considerar que en este momento “la sociedad argentina no está para campañas electorales; está para que este Congreso trabaje sobre un montón de problemas que tienen los argentinos”, como la inflación.
A su turno, Graciela Camaño (Consenso Federal) recordó que desde agosto del año pasado venía advirtiendo sobre la necesidad de crear una subcomisión para resolver sobre la realización de las elecciones, y criticó la “falta de previsión” que hubo en ese momento.
Camaño insistió, al igual que Menna, con la boleta única en papel. “Seguimos insistiendo con un sistema que es bastante nocivo para el panorama sanitario que se presenta”, observó, y agregó que “al sujeto activo, que es el elector, al que deberíamos propiciarle un sistema que le permita votar con tranquilidad, le imponemos desde hace mucho tiempo, con la excusa de que hay que sostener la homogeneidad, un sistema sumamente engorroso” como es la boleta partidaria.
En tanto, Pablo Tonelli (Pro) opinó: “El Gobierno no ha justificado adecuadamente la ventaja de votar en septiembre en lugar de agosto, pero de todas maneras y a pesar de mi resistencia a cambiar las reglas electorales cuando el proceso ya está en marcha, celebro que nos hayamos puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.
El legislador se sumó al pedido de boleta única y, al hablar de sus beneficios, dijo que “significaría sacar de las escuelas no menos de 100.000 personas, que son los fiscales partidarios”, ya que “con el actual sistema necesitamos no menos de un fiscal de mesa y por cada agrupación política”.
El oficialista Leopoldo Moreau advirtió que “siempre ha habido especulaciones” en torno a las elecciones, incluso en la gestión anterior, donde se hablaba hasta de dividir la provincia de Buenos Aires y hubo proyectos para eliminar las PASO, presentados por diputados que hoy piden mantenerlas. Sin embargo, celebró que esta vez “las especulaciones no triunfaron porque triunfó el acuerdo político”.
Fernando Iglesias (Pro) intervino hacia el final de la reunión y fue uno de los más duros: recordó que la propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo hace pocos días que “desde el punto de vista sanitario, es imposible saber lo que va a pasar en las fechas posibles de elecciones, tanto de las PASO como las definitivas”.
“Se postergan las PASO sin saber lo que va a pasar. El pico de 2020 fue en septiembre y octubre, y las cifras de contagios y muertes fueron más altas en septiembre, octubre y noviembre que en agosto, con un clima primaveral. Nos toman el pelo. ¿Qué criterio sanitario? ¿Qué clima primaveral? Acá hay una razón política para la postergación”, denunció Iglesias, y sentenció que “si la prioridad fuera la salud, ya estaríamos todos vacunados”.
Por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño mencionó, al igual que Iglesias, que “la propia ministra de Salud sostuvo que no había ninguna garantía de que en el mes de septiembre estemos en una mejor situación con respecto a agosto” en materia sanitaria.
Del Caño aprovechó para hacer dos críticas de fondo al sistema electoral, sobre el piso del 3% del padrón -y no de los votantes que efectivamente concurren a las urnas- para ingresar a una banca; y el financiamiento de las campañas, que a su criterio debería ser “100% público”, sin aportes privados.
El corrimiento de fechas electorales fue acordado el último viernes en Casa Rosada, en una reunión de la que participaron el presidente de Diputados, Sergio Massa, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y los titulares de todos los bloques, conectados de manera remota.
A pedido de Juntos por el Cambio, se incorporó un artículo que reza: “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante al año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir a sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.
A su vez, el proyecto indica que el registro de candidatos y la oficialización de listas se llevará a cabo 45 días antes de la elección, y el inicio de la campaña electoral también será con esa misma antelación.
Será este jueves a las 17 en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lo definió el Frente de Todos en una reunión virtual de bloque. Juntos por el Cambio acompañará, tras el acuerdo alcanzado el último viernes en Casa de Gobierno.
Con apoyo de Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición, el Frente de Todos buscará dictaminar este jueves el proyecto de ley acordado la semana pasada en Casa Rosada que posterga un mes tanto las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como las elecciones generales.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo este lunes, será debatida desde las 17 en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que preside el oficialista Hernán Pérez Araujo.
El bloque presidido por Máximo Kirchner mantuvo este miércoles una reunión virtual y definió firmar dictamen este mismo jueves para dejar el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto la semana próxima.
De la videoconferencia participaron, además de Kirchner, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; la vicejefa del bloque, Cecilia Moreau; y la secretaria parlamentaria, Cristina Álvarez Rodríguez.
El fin de semana, los jefes de bloque renovaron el Protocolo de Funcionamiento Remoto hasta el 23 de junio y con eso habilitaron la continuidad del sistema virtual para poder dictaminar y sesionar bajo la modalidad mixta.
El corrimiento de fechas electorales fue acordado el último viernes en Casa Rosada, en una reunión de la que participaron Massa, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y los titulares de todos los bloques, conectados de manera remota.
El proyecto oficial posterga las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre, y las elecciones generales, del 24 de octubre al 14 de noviembre, con el fin de ganar tiempo en el proceso de vacunación contra el Covid y evitar las temperaturas invernales.
A pedido de Juntos por el Cambio, se incorporó una cláusula para garantizar que las PASO no se suspenderán y que no volverá a modificarse este año el calendario electoral.
“La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante al año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir a sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”, establece el proyecto.
A su vez, se indica que el registro de candidatos y la oficialización de listas se llevará a cabo 45 días antes de la elección, y el inicio de la campaña electoral también será con esa misma antelación.
El proyecto enviado por el Ejecutivo será tratado desde las 10 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, con la participación de Vilma Ibarra y Carla Vizzotti.
El proyecto de ley que busca que el Congreso delegue facultades en el Poder Ejecutivo para administrar la pandemia comenzará a ser tratado este miércoles en el Senado y el oficialismo buscará firmar dictamen para aprobarlo en el recinto lo más pronto posible, con mayoría propia.
El debate arrancará a las 10 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara alta, presididas respectivamente por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) y Mario Fiad (UCR).
El proyecto, que ya fue rechazado por Juntos por el Cambio, será defendido en la reunión virtual por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
La iniciativa comenzará a regir desde el 22 de mayo -el día siguiente al vencimiento del último DNU de restricciones, el 287/21- y tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria -en principio, hasta fin de año-.
Se establecen una serie de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana (AMBA).
Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.
En las zonas de “alto” riesgo o de “alarma”, se faculta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a tomar medidas adicionales a las previstas en la ley en caso de que los indicadores sanitarios no arrojen mejoras.
Pero para poder tomar esas medidas adicionales, se fijan tres condiciones: el Poder Ejecutivo deberá consultarlo previamente con el gobernador que corresponda, o bien con el jefe de Gobierno porteño; el Ministerio de Salud nacional deberá fundamentar las medidas, que deben ser “razonables” y “proporcionadas”; y las mismas tendrán una duración de 21 días corridos.
El Ejecutivo también podrá morigerar o suspender las restricciones, y a su vez el Ministerio de Salud nacional también podrá modificar los parámetros epidemiológicos y sanitarios enumerados en la ley, en consulta con los ministerios provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud.
El interbloque Juntos por el Cambio -que mantendrá este martes una reunión virtual- ya anticipó su rechazo al proyecto por considerar que viola las autonomías provinciales y, por ende, el gobierno federal que establece la Constitución Nacional.
Se trata de la resolución de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo. Tras las críticas de Cristina Kirchner, el bloque del Frente de Todos avanzó con un proyecto de rechazo en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Senadores del Frente de Todos firmaron dictamen este miércoles, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre un proyecto de rechazo al reciente fallo judicial que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo contra los DNU presidenciales que dispusieron medidas sanitarias.
Se trata de la resolución que recibió críticas por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, suscrita por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Magdalena Laiño, de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Los magistrados hicieron lugar a un hábeas corpus colectivo contra los DNU 235/21 y 241/21, que impusieron distintas restricciones ante el crecimiento de casos de coronavirus en el AMBA.
En su fallo, los jueces advirtieron sobre un supuesto abuso de DNU por parte del presidente Alberto Fernández y conminaron al Congreso a dictar una ley específica fijando parámetros sanitarios para aplicar las medidas de cuidado.
“Rechazamos este exhorto al Senado intimando a que en un plazo perentorio de 15 días el Poder Ejecutivo y el Legislativo procedamos a sancionar un proyecto de ley, y que además nos manifiesten cuáles son los parámetros de ese proyecto de ley que debiéramos sancionar”, advirtió la senadora María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión y autora del proyecto.
La iniciativa, además de repudiar el fallo, notifica sobre el tema al Consejo de la Magistratura y reafirma “la plenitud de las atribuciones constitucionales que le competen al Senado de la Nación”.
Sacnun señaló que los jueces, con su resolución, “han modificado el proceso de formación y sanción de las leyes a través de una sentencia”, y lanzó: “Cabe preguntarse si han aprobado las materias de primer año de la Facultad de Derecho”.
La legisladora santafesina volvió a cuestionar la “intromisión sobre dos poderes del Estado” y que “además de eso, lo hagan a través de un hábeas corpus”, un recurso que -recordó- remite a los años de gobiernos de facto.
Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Ernesto Martínez pidió archivar el tema, al sostener que “no merece que el Senado entre en esta polémica” porque de esa forma “se degrada institucionalmente”.
“Si se quiere publicitar el fallo, ponerlo a la luz pública, que se propague por los medios, bueno… pero va a contrapelo de la jerarquía y de la institucionalidad que el Senado debe guardar”, consideró Martínez.
En ese sentido, sostuvo que “lo que corresponde es archivar este exhorto, ignorarlo, porque no merece ni siquiera un comentario, y evitar que sigamos deshilachando las instituciones argentinas prestándole atención a cosas que no merecen ni un renglón”.
La radical Silvia Giacoppo coincidió: “Esta resolución no merece ni siquiera una respuesta, porque es un exceso por parte de los jueces, pero debo decir que tampoco se encuentra en las atribuciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales revisar sentencias de jueces de ninguna instancia”.
Ante este planteo, Sacnun aclaró que su proyecto “de ninguna manera implica revisar una sentencia judicial, es simplemente un rechazo enfático a la ‘orden’ que nos llega mediante oficio al Senado, porque están intimando al Poder Legislativo”.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, explicó que los jueces “se han extralimitado en lo que han hecho con su sentencia, que es violar la división de poderes y el sistema republicano, representativo y federal”.
“No estoy de acuerdo en que esto no lo tengamos que discutir y que el Senado no tenga que emitir su opinión, porque este tipo de aberraciones jurídicas -y me atrevería a decir políticas- no las debemos dejar pasar, porque corremos el peligro de que haya un ‘efecto contagio’ en algunos jueces que entiendan que la Constitución les da la posibilidad de indicarle al Congreso qué leyes debe sancionar, cuándo y cómo”, opinó.
Desde el mismo bloque, Jorge Taiana reconoció que el planteo de Martínez de archivar el tema “es un buen argumento, pero dadas las características y la situación en que nos encontramos, lo procedente es responder y que el Senado se exprese ante esto”.
“No podemos hacer como que esto no significa nada, porque corremos el riesgo de ‘el que calla otorga’”, interpretó el excanciller, a la vez que su par Martín Doñate sentenció que el fallo “daría para risa, pero la verdad que da vergüenza”.
Laura Rodríguez Machado (Pro) insistió con la postura de archivar el caso y enfatizó que los fallos judiciales “no son revisables, y no pueden ser celebrados ni rechazados”. “El archivo también es una respuesta por no corresponder el tratamiento”, abundó.
El rionegrino Alberto Weretilneck acompañó al Frente de Todos. “No me molesta que me intimen -para quienes estamos en la función pública es una cuestión normal- pero sí los argumentos planteados”, dijo, y agregó: “Más que un fallo, suena a un mensaje o a una posición pseudopolítica-ideológica de esta Cámara “.
El proyecto dictaminado, de cuatro artículos, reafirma “la plenitud de las atribuciones constitucionales que le competen al Senado de la Nación, en cuyo ejercicio irrestricto corresponde la regulación sobre el cuidado de la población en torno al derecho humano a la salud y las posibles restricciones que pudieran razonablemente imponerse en su salvaguarda”.
También se ratifica la vigencia de la Ley 26.122, reglamentaria del procedimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, conforme el segundo y tercer párrafo del inciso 3, artículo 99 de la Constitución Nacional.
Es la comisión principal de la Cámara baja y estaba acéfala desde la partida de Pablo González a YPF. El nuevo titular responde al gobernador Sergio Ziliotto.
Tras dos meses de mora, el Frente de Todos nombró al nuevo presidente de la comisión más importante de la Cámara de Diputados, la de Asuntos Constitucionales. Será el pampeano Hernán Pérez Araujo, hombre del gobernador Sergio Ziliotto, quien cubrirá el cargo que dejó vacante Pablo González tras su partida a YPF.
Pérez Araujo, de 45 años, es abogado y escribano egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y también director técnico de fútbol. Ingresó a la Cámara baja en 2019 encabezando la lista del Frente de Todos en La Pampa, y tiene mandato hasta 2023.
Antes de acceder a la banca, el legislador ocupó varios cargos en su provincia, entre ellos como director general de Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social local -entre 2007 y 2008- y procurador general de Rentas -entre 2008 y 2019-.
La Comisión de Asuntos Constitucionales estaba acéfala desde febrero debido a la renuncia de González a su banca, y el Frente de Todos nombró a su reemplazante a través de una resolución, ya que el cuerpo aún no se reunió desde el inicio del período ordinario.
De esta forma, el bloque liderado por Máximo Kirchner le encomendó a Pérez Araujo la conducción de algunos de los debates más ríspidos que le esperan a la Cámara baja, como los de los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público, ambos con aprobación del Senado.
La comisión también deberá abordar la eventual suspensión o postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, un tema que se dirime por estos días en diferentes reuniones.
Fue en el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que fueron ratificadas sus autoridades.
Tal cual lo previsto, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ratificó este jueves por unanimidad a sus autoridades, con lo que continúa en la presidencia María de los Ángeles Sacnun (FdT-Santa Fe), en la vicepresidencia Laura Elena Rodríguez Machado (JxC-Córdoba) y en la secretaría Alberto Edgardo Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). En cuanto a la agenda de trabajo, la modalidad seguirá siendo por videoconferencia y con modalidad flexible para establecer días y horarios.
Trascartón, Sacnun puso en tratamiento el proyecto de ley que suspende la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos para su funcionamiento operativo en el marco de la declaración de pandemia emitida por la OMS (DAE 137/2020).
“De ninguna manera será aplicable esta disposición en aquellos casos donde los partidos políticos, pese a la pandemia, hayan iniciado su proceso de internas y establecido su cronograma electoral, porque de ninguna manera la intención es obturar el proceso de debate interno y de democracia interna de los partidos políticos sino, por el contrario, garantizar que tengan continuidad en cuanto a sus autoridades”, señaló la presidenta de la comisión.
El senador Juan Mario Pais también defendió el proyecto al sostener que “es necesario legislar en materia de prórroga de mandatos, de suspensión de caducidades, máxime que tenemos un año electoral. Es impostergable darle dictamen a esta norma y darle pronta sanción. Es una forma de contribuir a la vida democrática de Argentina” y al afirmar que “los partidos políticos que son sujetos fundamentales y necesarios en la sociedad, necesitan de un dispositivo legal que los ampare adecuadamente”.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado adelantó el apoyo de Juntos por el Cambio a la medida y resumió los dos principales obstáculos con los que se encontraron los partidos políticos: la afiliación personalmente y la elección de autoridades, aunque en algunos lugares sí se han permitido los procesos electorales.
Los senadores coincidieron en la necesidad de hacer circular el dictamen para su firma con el objetivo de que la iniciativa pueda ser tratada en el recinto en la próxima sesión.
A través de la norma en tratamiento se prorrogarán los mandatos de las autoridades en los partidos políticos hasta el 31 de diciembre de este año, sin sanciones, aunque se dejó en claro que aquellas fuerzas que ya tengan un proceso interno fijado “continuarán hacia su realización”, sin modificaciones.
Durante el debate, el cordobés de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez planteó la ausencia en el proyecto del aspecto “económico-financiero” de los partidos políticos, referido a “las cuentas” de los mismos.
“En Argentina hay blanqueo y moratorias para todos pero para los partidos políticos jamás y esto me parece una injusticia sustancial que debe repararse. Los partidos políticos son parias frente a un sistema económico que siempre soluciona sus problemas mientras que los partidos políticos son permanentes objetos de impugnaciones”, subrayó Martínez.
La postura del cordobés fue respaldada de inmediato por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá por lo que la presidenta de la comisión le solicitó a Martínez que envíe un borrador con la sugerencia a incorporar al proyecto, a fin de ver la posibilidad de agregarlo para el momento en que se trate el tema en el recinto.
Finalmente se dio lectura a las notas recibidas por la presidencia de la comisión y sus respectivas respuestas a las mismas referidas al pedido del senador Luis Naidenoff para que se convoque al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que informe sobre el supuesto vacunatorio VIP en el ministerio de Salud y la falta de vacunas, y sobre la solicitud de designar cónsules y vicecónsules realizada por las senadoras Rodríguez Machado y Silvia Giacoppo.
Se trata de una iniciativa del Ejecutivo para suspender la caducidad de los partidos por no celebrar elecciones internas o no contar con el mínimo de afiliaciones por la pandemia.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tratará este jueves desde las 14 un proyecto de ley que busca suspender la caducidad de los partidos políticos por no celebrar elecciones internas de renovación de autoridades o por no contar con mínimo de afiliaciones debido a la pandemia del coronavirus.
En primer lugar, la comisión ratificará a sus actuales autoridades: María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe) como presidenta, Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) como vicepresidenta y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) como secretario.
Luego, los senadores se abocarán al proyecto del Poder Ejecutivo, que suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 “la aplicación de las causales de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos previstas en los incisos a) y e) del artículo 50 de la Ley 23.298 y sus modificatorias”.
Esas causales de caducidad son la no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro años; y no mantener la afiliación mínima que establece la ley, que es de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente.
El proyecto también propone que en aquellos partidos donde por razones sanitarias excepcionales no se pudieron renovar autoridades, se les otorgue continuidad de ejercicio hasta diciembre de 2021 a las últimas autoridades informadas ante la Justicia Federal con competencia electoral.
Por último, se suspenden las sanciones por incumplimiento de la obligación de capacitación con el fin de que puedan incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar capacitaciones de manera digital, reservando las sumas no ejecutadas en 2020 para el ejercicio 2021 con el mismo destino.
Por impulso de Juntos por el Cambio, la Comisión de Asuntos Constitucionales empezó a tratar alrededor de 15 iniciativas, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a la función pública.
A pedido de Juntos por el Cambio, comenzaron a debatirse este martes en la Cámara de Diputados alrededor de 15 proyectos de ley de “ficha limpia”, que buscan que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos.
La discusión se dio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo González (Frente de Todos), donde el oficialismo rechazó las iniciativas, luego de que en 2019 fracasara el tratamiento en el recinto por falta de quórum.
Tras ese intento fallido, Juntos por el Cambio recurrió al artículo 109 del reglamento de la Cámara baja, que indica que a pedido de por lo menos tres diputados la comisión debe someter a tratamiento los temas solicitados.
Así, González se vio obligado a incluir los proyectos en el temario, pero decidió retrasar el dictamen y encomendó a los asesores de la comisión trabajar para unificar los distintos textos presentados.
Silvia Lospennato (Pro), autora de uno de los proyectos, destacó que la ficha limpia “ha movilizado a una enorme cantidad de ciudadanos en todo el país a través de una petición en Change.org organizada por el ciudadano Gastón Marra”, que lleva más de 366.000 firmas.
Lospennato explicó que su iniciativa busca “evitar que personas que hayan cometido delitos por corrupción, que aun sin sentencia firme hayan sido revisados en segunda instancia, puedan convertirse en candidatos para cargos públicos nacionales”.
La legisladora aclaró que se trata de una “inhabilidad temporal”, desde que se dicta la condena hasta el final, o bien hasta que sea revocada en una instancia superior.
“Esta es una garantía adicional para la República y para la administración del erario público”, sostuvo Lospennato, y agregó que su proyecto “no es proscriptivo ni discrimina”.
Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal), expresó: “La experiencia brasilera me llevó a indagar sobre el tema y a corroborar que si efectivamente tenemos una Constitución que califica de ‘infames traidores a la Patria’ a quienes cometen algún tipo de delito en la función pública, no podíamos no animarnos a legislar en torno a este tema”.
Camaño cuestionó que la última vez que se trató el tema fuera en la previa de las PASO, y celebró que se haya puesto ahora a consideración, para que la ley comience a regir en la elección parlamentaria del año que viene.
En tanto, el radical Gustavo Menna advirtió que “hay un vacío legal” ya que “la legislación electoral y la de partidos políticos no establece inhibiciones para las candidaturas, sino que lo hace por la vía de la remisión al Código Electoral, que lo trata desde las inhibiciones al elector”.
“Que una persona condenada quede fuera de la competencia electoral es un vacío notorio de nuestra legislación que nos obliga a incursionar en el tema, porque además hay mandatos constitucionales y compromisos internacionales asumidos en la materia”, señaló Menna.
El artículo 36 de la Constitución Nacional establece que “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
Otra radical, Brenda Austin, dijo que “no hay dudas de que el marco constitucional permite avanzar en una restricción para ser elegido a aquel que tiene una condena, aun en primera instancia” y no en segunda, como propone Lospennato.
Austin argumentó que en el caso de los delitos de lesa humanidad, “solo con un auto de procesamiento” es suficiente para inhabilitar la candidatura, y esa reforma, aprobada en 2009, “ha pasado los test de constitucionalidad”.
A su vez, la cordobesa recordó que la Ley de Empleo Público exige la presentación de un certificado de antecedentes penales, y “si la persona tiene un proceso penal abierto -no una condena- contra la Administración Pública, no puede entrar, y sin embargo aquella persona que se postula para ser su jefe sí puede”, lo que significa “una violación al principio de idoneidad y de igualdad”.
Pablo Tonelli (Pro) enfatizó, por su lado, que “existe un mandato constitucional muy claro y muy explícito para el Congreso”. “Más importancia que ésta, no puede tener un tema. No podemos desoír el mandato constitucional ni el pedido de tantos argentinos que reclaman que el Congreso trate el proyecto de ficha limpia”, insistió.
Por la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que “el Congreso ha sido refugio de delincuentes a través de los fueros”.
“Con procesos tan largos, muchos funcionarios van a permanecer con fueros en las dos Cámaras, y eso no está bien para reconciliarnos con la sociedad, en momentos donde hay tanta intolerancia sobre la política”, manifestó, y remató con un mensaje al oficialismo: “No les pido que se hagan cargo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero sí de Carlos Menem”.
Desde el Frente de Todos, Gabriela Cerruti alertó que “en Brasil la ficha limpia permitió que un juez persiguiera y encarcelara a un presidente (Lula Da Silvia) que era candidato a presidente para terminar siendo ministro de Justicia del gobierno que dio el golpe. Si hay un lugar donde no funcionó la ficha limpia, donde fue un instrumento del golpe de Estado, fue en Brasil”.
Asimismo, Martín Soria habló de “acting publicitario” de la oposición y recordó que “este proyecto ya tuvo su oportunidad en 2019, cuando cinco días antes de las PASO lo llevaron al recinto y quedaron solos despotricando y bajándole el estándar a un principio constitucional básico, como es el de la inocencia”.
“¿Será que pretenden resolver su propia interna en esta comisión?”, se preguntó el rionegrino, al apuntar que Mauricio Macri “tiene más de 114 causas penales en su contra y fue el único presidente que asumió procesado”.
Leopoldo Moreau coincidió con Cerruti en que “es muy mal ejemplo traer el caso de Brasil como antecedente: ese fue un accionar repudiable que impidió que un hombre como Lula Da Silva, que cambió la historia de Brasil, pudiera competir en una elección. Y lo hizo un juez que confesó que había condenado a Lula porque tenía la íntima convicción de que era un corrupto, por un departamento cuyo valor es equivalente al de un departamento en Caballito, y que nunca se comprobó que fuera de Lula”.
Antes del debate sobre ficha limpia, la comisión también aprobó por unanimidad dos proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptado por la 45° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, avalaron un proyecto de declaración de Nancy González contra las declaraciones del expresidente acerca de un posible golpe de Estado.
Tras aprobar una cuestión de privilegio contra el procurador general, Eduardo Casal, la Comisión de Asuntos Constitucionales avaló por unanimidad un repudio a las expresiones del expresidente Eduardo Duhalde sobre la posibilidad de un golpe de Estado o una guerra civil en nuestro país.
El pasado 24 de agosto, en el programa Animales Sueltos, Duhalde lanzó que “es ridículo que piensen que va a haber elecciones el año próximo” y que “Argentina corre el riesgo (de un golpe de Estado) porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.
El exmandatario vaticinó que “se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos’” y que “vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001″, y agregó que la crisis “puede terminar en una especie de guerra civil”.
Si bien días después reconoció que “se le escapó la tortuga” y que tuvo “un momento de desconexión con la realidad”, el Senado no dejó pasar sus expresiones.
“Como senadores de la Nación tenemos que fortalecer y dignificar la democracia. No podemos permitir ese tipo de expresiones de ninguna persona, y menos de alguien que haya ocupado el poder máximo de la República Argentina”, sostuvo la autora del proyecto de repudio, Nancy González.
La oficialista afirmó: “No sé si serán dichos casuales o no, pero son graves. Se han perdido muchas vidas para estar en un sistema democrático, y que realicen este tipo de expresiones que inquietan a la sociedad es algo que, como senadores, no tenemos que permitir”.
La comisión también aprobó un proyecto de Inés Blas (Frente de Todos) que modifica el artículo 60 del reglamento del Senado creando una nueva comisión permanente, la de “Cooperativas y mutuales”.
También recibieron aval dos iniciativas que solicitan la reglamentación de la Ley 27.532, de Encuesta Nacional del Uso del Tiempo; y de la Ley 27.064, de regulación y supervisión pedagógica de las instituciones que brindan cuidado y atención a la primera infancia, no incluidas en la enseñanza oficial.
Por último, obtuvo dictamen un beneplácito por la firma del Convenio complementario Nro. 3, firmado en el marco del Tratado de El Caldén, de cooperación entre las provincias de San Luis y La Pampa, sobre libre paso interprovincial de los residentes en ambas provincias en el marco de la pandemia.
Los jefes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Senado rechazaron la manifestación de la Policía bonaerense durante una reunión de comisión.
Los líderes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en el Senado, José Mayans y Luis Naidenoff, coincidieron en condenar la protesta de efectivos de la Policía bonaerense frente a la quinta de Olivos.
Los legisladores se pronunciaron sobre el tema hacia el final de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se aprobó una cuestión de privilegio contra el procurador general, Eduardo Casal.
“Es grave la presencia de efectivos de la Policía bonaerense frente a la quinta de Olivos cuando no es el ámbito de protesta, y menos de policías uniformados y armados. Hay gente que está incitando a la violencia, o no sé si están buscando que pase algo más grave”, alertó Mayans.
El formoseño consideró que “tienen el derecho de peticionar, de luchar por su salario, pero esto es un exceso”, y además “el gobernador (Axel Kicillof) anunció que va a darle tratamiento a lo que solicitan”.
El jefe del bloque oficialista sostuvo que “hay un esquema de insubordinación que no se puede aceptar ni tolerar”.
“En nombre del sistema republicano y de la democracia, nuestro bloque emitió un comunicado en repudio a la acción efectivos de la Policía rodeando la quinta presidencial, tratando de amedrentar al presidente”, anunció.
Por su parte, Naidenoff coincidió en que “la preocupación desde el sentido común de la política debe pasar por esta manifestación frente a la quinta presidencial”.
“Hay que dar una señal muy fuerte de que independientemente del derecho a protestar, el derecho de protesta debe encauzarse en los canales institucionales de la República”, enfatizó el radical.
Y agregó: “Espero que en la Argentina del péndulo, que va de extremo a extremo, en estas cosas las pasiones no nos ganen, y que el sentido común y el repudio a todo acto contrario al orden institucional sea el norte para este Senado y para toda la dirigencia política”.
También se refirió al tema la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun: “Espero que todos los bloques tengamos la madurez política de que no vamos a aceptar ni tolerar ningún tipo de acto que signifique alzarse contra la Constitución o generar cualquier tipo de debilitamiento al actual gobierno, un gobierno democrático que ha sido elegido con el pueblo”.
En una reunión con duros cruces, el Frente de Todos cuestionó al jefe de los fiscales por no haberle tomado juramento aun al abogado designado por la Cámara alta para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
En un nuevo capítulo de la ofensiva contra el procurador general interino, Eduardo Casal, el oficialismo aprobó este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado una cuestión de privilegio contra el jefe de los fiscales, a quien acusaron de protagonizar un “alzamiento institucional inédito” contra la Cámara alta.
El planteo fue impulsado por Martín Doñate, titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y se originó en la demora de Casal en tomarle juramento a César Grau, el nuevo representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
Si bien Casal ya le puso fecha a la jura -este viernes 11-, el Frente de Todos impuso su mayoría para avalar la cuestión de privilegio, que fue rechazada por Juntos por el Cambio y el rionegrino Alberto Weretilneck.
Al inicio de la reunión virtual, presidida por María de los Ángeles Sacnun, Doñate afirmó que “la gravedad institucional del asunto que estamos abordando amerita el tratamiento de esta cuestión de privilegio”.
Recordó que el Senado, “en pleno ejercicio de sus facultades y de la Ley 27.148” votó en la anteúltima sesión una resolución para designar a los doctores César Grau y Heliana Magalí Gualteri como titular y suplente en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
Esa designación, explicó el senador, “emerge de la ilegal designación que tuvieron los anteriores integrantes, porque no se cumplimentó lo que la ley establece, sino que fue a sola voluntad de las autoridades de la Cámara”, puntualmente la exvicepresidenta Gabriela Michetti.
Los representantes de la Cámara alta nombrados en la gestión anterior, y ahora desplazados, fueron los de Mario Laporta como vocal titular y Felipe Ricca como suplente.
“Frente a semejante desaguisado, el Senado modificó una decisión anterior y puso las cosas en su lugar” con “designaciones ajustadas a derecho”, aseguró el rionegrino.
Sin embargo, advirtió que Casal se negó a tomarle juramento a Grau en el plazo de dos días hábiles dispuesto por el Senado.
“Este fiscal se arroga facultades supraconstitucionales, viene a cuestionarnos y a observar la validez de nuestras decisiones”, cuestionó, y agregó: “Me pregunto si hizo lo mismo con las decisiones del anterior gobierno, que dispuso por decreto, de forma ilegal, a los integrantes del Senado (en el Tribunal). No, no lo hizo: no revisó la validez de esas designaciones”.
Doñate comentó que ante esta omisión, el oficialismo intimó a Casal mediante una nota, pero el jefe de los fiscales respondió “en franca rebeldía con este cuerpo”, argumentando que “los plazos fijados por el Senado” para la jura “no resultaban vinculantes”.
Finalmente, Doñate denunció un “alzamiento institucional inédito”. “Casal hace política, de la más obscena y berreta, alzándose con una irreverencia inconcebible. Está juzgando a la política, sin que nadie lo haya ungido para estar en ese cargo”, se quejó.
En nombre del principal espacio de la oposición, Laura Rodríguez Machado aclaró que “el Ministerio Público se ha pronunciado para el juramento de rigor que tanto le preocupa al senador Doñate” y “se ha fijado una fecha”.
Por esa razón, la cordobesa solicitó retirar del tratamiento la cuestión de privilegio, al considerar que “devino en abstracta”, y advirtió además que “nunca se trató una cuestión de privilegio en los cuatro años anteriores ni en este período” en el Senado.
Rodríguez Machado señaló en ese sentido que “no existe un reglamento” para tratar estas presentaciones en la comisión, “salvo que pretenda ser una apretada más contra el doctor Casal”.
“Pretenden ensuciar la trayectoria de una persona que no la puso Mauricio Macri; viene de planta, viene desempeñando históricamente su función, pero parece que les molesta, porque por fin hay una persona imparcial al frente del manejo de los fiscales, que son ni más ni menos que los que investigan las causas de corrupción”, lanzó.
En tono duro, Sacnun se defendió: “El término ‘apretada’ no cabe en términos institucionales. Lo que hemos hecho no fue más que cursar una misiva absolutamente consecuente con la decisión que tomó el pleno del Senado”.
Además, la presidenta de la comisión sostuvo que “de ninguna manera es una cuestión abstracta” la cuestión de privilegio, ya que se está evaluando una denuncia penal contra el procurador “por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, por más que hoy mismo tome juramento” a Grau.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó que “el Senado, por una resolución, no tiene potestad para fijar nuevos plazos que sean diferentes a los de la Ley Orgánica del Ministerio Público”. “Por un proyecto de resolución no pueden cambiarse los plazos para un órgano extrapoder a gusto y piacere de nuestro cuerpo”, insistió.
La tucumana explicó que “la asesoría legal le dijo al procurador que todo está en orden y entonces se convocó para el día 11 a que se tome juramento a los representantes elegidos por el Senado. Entonces, ¿dónde está la rebelión? ¿Dónde está la supuesta afrenta constitucional?”.
Asimismo, Elías de Pérez reprochó: “Están rigiendo plazos diferentes en todas partes por la pandemia y ustedes lo califican como una ‘parsimonia exacerbada’. Hay una obsesión enorme para buscar motivos de destitución contra el procurador general”.
En la misma línea, otro radical, Pablo Blanco denunció que “el oficialismo está llevando adelante una campaña de hostigamiento contra el procurador general porque no tienen los números para apartarlo y nombrar a (Daniel) Rafecas como garante de la impunidad K”.
Desde el Pro, Esteban Bullrich dijo que “hay una acción muy clara: están buscando embarrar las causas de corrupción. Este no es un hecho aislado: se enmarca en la reforma judicial, que fue un nombramiento masivo de jueces. Se busca amenazar al Poder Judicial para que se rinda ante el poder político. Se busca impunidad”.
Por el oficialismo, Guillermo Snopek recordó la “persecución sistemática” contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, “presionándola para que renuncie antes de que venciera su mandato”, y además llamó a mirar el caso de su provincia, Jujuy, donde “crearon el Ministerio Público de la Inquisición para perseguir a los diputados provinciales generando causas, y a nivel nacional crearon una ‘mesa judicial’ para crear causas contra quienes pensaban distinto”.
En tanto, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) recordó que en la sesión votó a favor de los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, pero sobre la cuestión de privilegio de Doñate expresó: “No me siento agraviado, porque la demora de dos semanas no amerita una denuncia penal. Es un tema que ya está terminado. No vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto”.
Al cierre del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, denunció un “no respeto del Congreso sobre un órgano extrapoder, que tiene sus plazos”. “Hay una clara invasión a la esfera de otro poder. El Ministerio Público Fiscal es autónomo y no está sujeto a instrucciones emanadas de órganos ajenos a su estructura”, puntualizó.
Naidenoff sugirió al oficialismo que ponga en tratamiento el pliego de Rafecas en lugar de intentar destituir a Casal. “Si ustedes quieren transitar el camino del republicanismo, sin atajos, reúnan los números. Y si no hay acuerdo, no hay acuerdo”, dijo.
Por último, la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, advirtió: “Se ha dicho que queremos apretar, que buscamos la impunidad, que queremos hacer zafar de la cárcel a funcionarios, cuando lo que queremos es hacer cumplir que el procurador tome juramento a los representantes del Senado”.
La mendocina aclaró que a diferencia de Casal, el Ministerio Público de la Defensa le tomó juramento “en 48 horas” a los designados por el Senado. “Esto no es un amedrentamiento: estamos cumpliendo con lo que indica la ley y la Constitución. Espero que el procurador entienda que estamos cumpliendo nuestra función”, manifestó.
Hacia el final, cuestionó a la oposición por haber judicializado la sesión en la que se aprobó la ley de asistencia al turismo, y por haber impugnado el tratamiento del proyecto contra la pesca ilegal este mismo miércoles. “Cualquier tema que el Ejecutivo establezca como prioridad, va a encontrar un ‘pero’”, lamentó.
La Comisión de Asuntos Constitucionales tratará este miércoles una cuestión de privilegio de Martín Doñate contra el procurador, por no haberle tomado juramento al representante de la Cámara alta en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
El oficialismo redoblará este miércoles la presión contra el procurador general interino, Eduardo Casal, en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se tratará una cuestión de privilegio presentada por el senador Martín Doñate contra el jefe de los fiscales.
La reunión virtual, convocada por María de los Ángeles Sacnun, tendrá lugar a partir de las 15, y el planteo de Doñate tiene que ver con la negativa de Casal a tomarle juramento a César Grau, el nuevo representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
En la sesión del pasado 3 de septiembre, Doñate advirtió que Casal “decidió vulnerar, no hacer caso, ignorar lo que dispuso este Senado” al aprobar la designación de Grau, quien debía jurar “en el plazo de dos días hábiles”.
Si bien el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de Stella Maris Martínez, sí le tomó juramento a la representante votada por el Senado, Mariela García Lastra, no ocurrió lo mismo con Casal, quien se negó a hacer lo propio con Grau.
Doñate, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, intimó a Casal mediante una nota, pero según reveló, el procurador le respondió “que no puede cumplir con el resolutorio porque tiene que revisar la validez de la decisión tomada por el Senado”.
“Es decir, se arroga una especie de revisión tardía e incompetente de las decisiones de este Congreso”, denunció el senador, y agregó: “Estamos frente a una conducta que, además de ilegal, es de desprecio y de rebeldía de un fiscal para con este Senado, que es de una gravedad inusitada y que no encuentra un paralelismo en la historia, en el vínculo entre el Senado de la Nación y ese órgano extrapoder constitucional”.
Doñate sentenció que Casal “se nos ríe en la cara y nos dice que va a hacer lo que se le cante, con medidas dilatorias, obstructivas, distractivas, que merecen ser analizadas penalmente”.
Desde Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión, adelantó el rechazo a la cuestión de privilegio.
“Estaremos presentes en la reunión para fundamentar que no corresponde, en esta oportunidad, el tratamiento de dicha cuestión de privilegio, exponiendo fundamentos legales y de procedimiento. Mañana sabremos el alcance de un nuevo embate del oficialismo contra Casal”, manifestó.
En la reunión de Asuntos Constitucionales también se tratará un proyecto de Inés Blas (Frente de Todos) para crear una nueva comisión en el Senado, la de “Cooperativas y Mutuales”.
También se debatirá una iniciativa de Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) que solicita la reglamentación de la Ley 27.532, de Encuesta Nacional del Uso del Tiempo; y otra de Guadalupe Tagliaferri (UCR-Evolución) para reglamentar la Ley 27.064, de regulación y supervisión pedagógica de las instituciones que brindan cuidado y atención a la primera infancia, no incluidas en la enseñanza oficial.
El titular de la bancada oficialista argumentó que el año próximo hay elecciones, y recordó que “el presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”.
El jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, consideró este miércoles al término del debate en comisiones que “es necesario, conveniente y oportuno” tratar la reforma judicial a pesar de la pandemia, ya que “el año que viene es año electoral”.
“El presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”, recordó Mayans al cierre del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, y agregó que “más de un 80% de la sociedad argentina no ve respuestas dignas por parte del Poder Judicial”.
“Estamos prácticamente a nueve meses del inicio del gobierno. Es necesario, es conveniente y es oportuno tratar este tema, porque el año que viene es año electoral, y si en este año no electoral un sector de la oposición tiene este comportamiento y busca destruir la imagen del presidente… cuando el presidente tiene una actuación que es impecable”, afirmó.
El formoseño destacó que “esta es una buena reforma, es el principio del camino que estamos haciendo para mejorar el servicio de Justicia”, ya que “el sistema inquisitivo es arcaico, injusto y no transparente, por eso marchamos hacia el sistema acusatorio en todo el país, que es más transparente, es oral, público, y ayuda a una mejor administración de Justicia”.
“Si queremos una democracia fuerte, no podemos ahorrar en Justicia”, cerró Mayans, antes de que el dictamen pasara a la firma.
El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual. Juntos por el Cambio expresó un fuerte rechazo. El texto original recibió modificaciones.
Tras dos semanas de debate en comisiones, el oficialismo cumplió su cometido y se alzó con el dictamen favorable de la reforma judicial, que quedó lista para ser tratada en la próxima sesión virtual del Senado a pesar del ferviente rechazo de Juntos por el Cambio.
La iniciativa, que recibió algunas modificaciones pero mantuvo su espíritu original, obtuvo despacho en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales presidido por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).
“Hemos escuchado absolutamente todas las voces”, destacó Sacnun, y recordó que se realizaron seis encuentros que totalizaron más de 21 horas de exposiciones, con la participación de más de medio centenar de invitados de todos los bloques y 29 documentos entregados a los senadores.
“Hemos llevado adelante una enorme tarea. Esta era una materia pendiente que teníamos con la sociedad. Con esta ley no solucionaremos las grandes dificultades de la Justicia Federal, pero es un paso muy importante. Se trata de invertir en Justicia”, consideró la santafesina del Frente de Todos.
En cuanto a las modificaciones, señaló que finalmente no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que era el problema que advertía el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, para “avanzar en la transparencia” de los sorteos de las causas, éstos serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad, y en otro orden, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.
Asimismo, indicó Sacnun, las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.
En cuanto a la implementación del sistema acusatorio, uno de los temas más aludidos por los expositores, la senadora explicó que será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal “la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código”.
Tras enumerar las modificaciones, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales detalló que en base a estimaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en base a los nuevos cargos a crear, la reforma judicial tendrá un costo de 1.939 millones de pesos.
Al revelarse la cifra, el senador del Pro Esteban Bullrich volvió a cuestionar que el proyecto no haya tenido giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero no recibió respuesta.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, destacó la mayor transparencia en los sorteos de las causas, ya que “hay jueces a los que siempre les tocan las causas de las mismas personas”, y sobre la sala que se creará para dirimir conflictos de competencia entre los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, consideró que “es una buena salida para ahorrar en gastos y en tiempos”.
Fernández Sagasti insistió en que la reforma es “una deuda de la democracia”, aunque aclaró que “no vamos a despertar de la noche a la mañana y ver que la Justicia sea lo que todos esperamos que sea”.
En tanto, advirtió que “la partidización de todo lo que pasa por el Congreso y oponerse por oponerse no es una actitud que los argentinos esperan de nosotros”, y lamentó que la oposición “no haya aportado ni una sola coma” para mejorar el proyecto.
Por el mismo bloque, Adolfo Rodríguez Saá coincidió en que el tratamiento de esta ley es “oportuno y urgente”, pero propuso incorporar plazos para dictar sentencias, empezando por la Corte, que “debería dar el ejemplo”.
Desde el Pro, Laura Rodríguez Machado preguntó si los “279 cargos” que se creaban en el proyecto original se mantienen. “Tenemos entendido que hay una negociación en curso con gobernadores donde se modificaría la cantidad de cargos y se distribuirían de otra manera”, dijo.
Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, resaltó que “se ha demostrado que esto no es una escribanía, que no venía a libro cerrado para ser aprobado” y que además “no hay impunidad ni intención de manipular los nombramientos”, sino que “este es el camino hacia la implementación del sistema acusatorio”.
Parrilli denunció que “aquellos que han venido dogmáticamente a oponerse, por la oposición en sí misma al Gobierno, han venido escudándose en el supuesto lugar de independientes, imparciales, constitucionalistas, y lo único que han hecho ha sido una alegación política sin fundamento”.
Una de las más duras contra la iniciativa fue la radical Silvia Elías de Pérez, quien alertó que “lo que la gente necesita no está plasmado en este proyecto”. “No podemos hacer sugerencias o aportes porque el proyecto mismo va a contramano de lo que necesita la Argentina”, insistió.
La tucumana sostuvo que el proyecto forma parte de un “combo” del que también forman parte los intentos por apartar al procurador general Eduardo Casal y la revisión de traslados de jueces desoyendo un fallo judicial.
Elías de Pérez definió a la iniciativa como una “intervención de la Justicia” y advirtió que en algunos puntos es inconstitucional, por ejemplo, en “cómo van a llenar los 23 nuevos juzgados” que se crean. Además, dijo que los 1.939 millones de pesos que costaría la reforma podrían haberse destinado a “la verdadera implementación” del Código Procesal Penal.
Otra senadora de la UCR, Silvia Giacoppo, respondió a las acusaciones que recaen sobre la gestión anterior por haber suspendido por decreto la aplicación del Código en 2016. “Es verdad, lo suspendimos por decreto, pero fue porque la propia comisión bicameral de implementación y el Consejo de la Magistratura”, además del gremio judicial, “reconocieron que no estaban dadas las condiciones”.
Giacoppo además apuntó contra el sistema de subrogancias, que vinculó a una intención de “designar a dedo los jueces de Comodoro Py, que ahora se están triplicando”, y por último advirtió que el proyecto “es violatorio y va en contra de todo lo que la sociedad pide” en cuanto al “delito y la inseguridad cotidiana”.
Desde el bloque oficialista, Martín Doñate aseveró que “lo que estamos haciendo es cumplir con la palabra empeñada. A pesar de la pandemia y a pesar de haber encontrado un país mucho más difícil del que preveíamos, no aflojamos en nuestros objetivos. La pandemia no es un obstáculo para el debate parlamentario”.
Doñate, respondió a las acusaciones de Juntos por el Cambio como titular de la Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público: “Lo único que hizo la comisión fue abrir sus puertas a escuchar a organizaciones, fiscales y a todos quienes tuvieran algo para decir sobre el funcionamiento del Ministerio Público, porque ese es el rol de la comisión. Nadie le ha pedido la renuncia a nadie”.
Además, recordó que “una de las primeras cosas que hizo (Mauricio) Macri fue pedirle públicamente la renuncia a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó”.
Al cierre del debate, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que la reforma judicial “carece de sentido común desde lo político” y pidió al Gobierno que escuche los reclamos de la movilización del último lunes.
“Cuando se discuten recursos y prioridades en situaciones terminales, siempre la prioridad tiene que orientarse a las demandas sociales insatisfechas. Una cosa es reformar la Justicia en beneficio de los ciudadanos, y otra cosa es reformar la Justicia en función de los intereses de la política”, analizó.
Naidenoff sugirió: “No miren tanto a Juntos por el Cambio: miren para adentro y escuchen la demanda de la sociedad de gobernar bien”.
Por último, el formoseño lamentó: “Lo que quedó demostrado en estos 15 días es que ustedes avanzan en soledad. No escucharon a la sociedad y tampoco a los partidos políticos. Esta es la foto de la reforma de la Justicia penal que firma el oficialismo en absoluta soledad”.
Al cierre de la discusión, el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans, consideró que “es necesario, conveniente y oportuno” tratar este tema y recordó que “el presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”.
“Estamos prácticamente a nueve meses del inicio del gobierno. Es necesario, es conveniente y es oportuno tratar este tema, porque el año que viene es año electoral, y si en este año no electoral un sector de la oposición tiene este comportamiento y busca destruir la imagen del presidente… cuando el presidente tiene una actuación que es impecable”, afirmó.
Luego de la marcha en la que se reclamó el retiro del proyecto, el plenario de comisiones avanzó con una nueva reunión informativa. Este martes, a las 16, se debatirán los cambios al texto oficial.
Luego de la movilización en distintos puntos del país donde se reclamó dar marcha atrás con la reforma judicial, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado realizaron una nueva reunión informativa con expositores de cara a la firma del dictamen.
La jornada se extendió durante cinco horas y, en el cierre, la oficialista María de los Ángeles Sacnun -presidenta de Asuntos Constitucionales- informó que se pasaba a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 16, cuando se analizarán las modificaciones al texto oficial.
Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, consideró que “este proyecto no es una reforma” sino que “la verdadera reforma comenzó en 2014 con la sanción del Código Procesal Penal”, y además la iniciativa “no cambia la situación de las causas en trámite”.
“Entiendo que se trata de solucionar la acumulación de poder en pocas manos, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, y ahí está el nudo de la cuestión. Desde ese punto de vista, no es inconstitucional”, observó, y agregó que “no alcanza con sancionar a los magistrados, sino que lo que hay que cambiar es el sistema que genera esto”.
De Luca aclaró que “el sistema acusatorio no consiste en nombrar más fiscales, sino en un cambio de estructura. Lo que sí se puede hacer es quitarle funciones económicas y administrativas a los jueces nacionales y federales”.
En cuanto al traspaso de la Justicia Penal a la CABA, advirtió que “los jueces nacionales no pueden ser cesados en su cargo porque así lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional, y una transferencia a otra jurisdicción implicaría un cese no previsto en el cargo”.
“Una cosa es transferir competencias y otra es transferir a los jueces, que es lo que no se puede hacer”, sentenció.
A continuación, Lucila Larrandart, docente de la UBA y exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, señaló que “la puesta en vigencia del Código Procesal Penal es importante pero no es fundamental”.
“Aunque cambie la investigación del juez a manos del fiscal, nada va a cambiar mientras el sistema judicial produzca jueces como (Claudio) Bonadio o fiscales como (Carlos) Stornelli”, lanzó.
Larrandart consideró que “una de las cuestiones fundamentales es el sistema de selección de los jueces y la doctrina de las consecuencias”, por la cual “aquel que no aplicó la Constitución debe ser removido”.
En tanto, indicó que “va a ser importante la tarea del Consejo Consultivo” que asesorará al Gobierno, y como propuestas sugirió modificar la composición del Consejo de la Magistratura, revisar la figura del arrepentido y la denominada “doctrina Irurzun” sobre prisiones preventivas.
Por su parte, Miguel Caminos, exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 dijo compartir el pronunciamiento de la Cámara del Crimen y advirtió que “este proyecto debilita a una Justicia que ya está mermada por la cantidad de vacantes”.
Sobre el polémico sistema de subrogancias, alertó que se aplicarían “para cargos nuevos” cuando en realidad “subrogar significa suplantar, pero no en un cargo que recién se inicia”.
Caminos sostuvo que “la superabundancia de jueces conspira” contra la aplicación del sistema acusatorio, que requiere “más fiscales”, aunque aclaró que ese sistema “no resuelve la independencia de la Justicia”.
Luego fue el turno de Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien coincidió con De Luca en que “esto no es una reforma”. “Estamos tratando de solucionar un problema tangible, que existe y es evidente, pero esto no es una reforma. La reforma comenzó con el Código Procesal Penal”, insistió.
Gullé opinó que “hay que ir cuanto antes” hacia el sistema acusatorio porque, entre otras cosas, “ayuda muchísimo a frenar excesos”, pero este sistema está demorado por “una gran oposición de jueces que sienten que pierden poder y algunos hasta tienen un coto de caza”.
En ese sentido, reclamó una “reforma integral, de fondo, y no de término medio”, y “poner el acento donde hay que ponerlo”. “No vamos a tener qué hacer con todos esos jueces”, cuestionó, sobre los cargos que se crean en el proyecto.
En respuesta a los planteos de De Luca y Gullé, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) coincidió en que “la verdadera reforma” es la puesta en marcha del Código sancionado durante el kirchnerismo.
“Estaba previsto que en dos años se llevara a cabo, pero la gestión del presidente (Mauricio) Macri, por decreto, suspendió la aplicación por supuestos problemas presupuestarios y durante cuatro años no hizo nada”, lamentó.
“Somos conscientes de que la gran reforma va por el lado de la aplicación del Código Procesal Penal. No pretendemos hacer una gran reforma”, repitió Parrilli, y aclaró que el título del proyecto es “Organización y Competencia de la Justicia Federal”.
A su turno, Ricardo Rojas, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°18 de la Capital Federal, alertó que “poner la justicia en manos de jueces que pueden ser cambiados en cualquier momento, es un peligro”, al responder a una consulta de la senadora macrista Laura Rodríguez Machado.
La cordobesa le consultó al magistrado si consideraba que el proyecto de ley tenía “alguna semejanza” con las reformas judiciales impuestas en Perú y Venezuela. En esa línea, Rojas analizó que “son dos ejemplos de gobiernos que tenían signos políticos e ideológicos muy diferentes pero que en el fondo hicieron lo mismo”.
“Hay siempre un peligro latente de que un gobierno se vuelva autoritario, con esto no quiere decir que este proyecto conduzca hacia el autoritarismo, pero el peligro existe siempre”, resaltó y ahondó: “Más allá de que tal vez no sea necesario nombrar 23 jueces, está el peligro de que esos jueces que tendrán que investigar causas muy delicadas vinculadas con corrupción, narcotráfico, terrorismo, delitos contra la administración pública, puedan ser manipulados en el futuro de una manera muy sencilla, a través de sacarle el carácter de jueces subrogantes”.
Crítico de la iniciativa, Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que “no se puede descontextualizar este proyecto con el decreto que dispone un Consejo Consultivo; las dos cosas al mismo tiempo no contribuyen a generar consensos”.
“¿Por qué no se creó una comisión en todo caso para estudiar esta reforma?”, se preguntó y enfatizó que “no se trata de pequeños retoques que hay que hacerle” al texto. “El proyecto solo consiste en un aumento de órganos judiciales” y “carece de una base empírica”, continuó, para asegurar que “merece ser reconsiderado en su totalidad”.
Al ser consultado por la senadora Rodríguez Machado por su opinión sobre que en “la nueva modalidad para designar a estos nuevos jueces el único requerimiento es un examen público”, el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad advirtió que “eliminar la prueba escrita no contribuye y es muy riesgoso. Debemos hacer un proceso de selección que cumpla con todos los estándares para que los mejores jueces lleguen a la Magistratura”.
Por el Colectivo Nacional de Abogadas y Abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, Mario Bosch manifestó la “preocupación” por “el traslado de la secretaría de derechos humanos de algunos juzgados de algunas provincias a los juzgados nuevos que se van a crear, con lo cual se desarma y se desarticula la instrucción y la investigación de toda la enorme cantidad de causas que están pendientes”, por lo cual pidió una modificación al artículo 59, para que “esas secretarías permanezcan en los juzgados que instruyen las causas por delitos de lesa humanidad”.
También propuso agregados al artículo sobre las reglas de actuación de los jueces y juezas, para que se establezca que “cuando a un tribunal federal oral lleguen causas por delitos de lesa humanidad, éstas tengan tratamiento prioritario” y “que las audiencias de debate de los juicios orales por delitos de lesa humanidad se hagan al menos tres veces por semana”.
Además expusieron este martes Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Carlos Rozanski, exjuez federal; Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina; Emilio Porras Hernández, procurador general adjunto de la provincia de Chubut; Carlos Seijas, defensor oficial en el Ministerio Público de la Defensa; Ernesto Marcer; exsubsecretario en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal; Ariel Gustavo Coll, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa; Héctor Chayer, especialista en gestión y organización judicial; y Jorge Auat, abogado y exfiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Tras la marcha en la que se reclamó el retiro del proyecto, el plenario de comisiones avanzará este martes con una nueva reunión informativa. Expondrán Barcesat y Rozanski, entre otros.
Tras la movilización en distintos puntos del país donde se reclamó dar marcha atrás con la reforma judicial, el plenario de comisiones del Senado que analiza el proyecto del Poder Ejecutivo realizará este martes una nueva reunión informativa con 15 expositores, de cara a la firma del dictamen.
A partir de las 13, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales escucharán a los invitados por videoconferencia en una de las últimas audiencias públicas, mientras el oficialismo analiza si acepta cambios al proyecto original.
Sobre la reforma judicial opinarán este martes el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat; el abogado y excamarista Carlos Rozanski; el presidente del Colegio de Abogados porteño, Máximo Fonrouge; y el abogado Jorge Auat, exfiscal miembro de Justicia Legítima.
También participarán Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal; Lucila Larrandart, docente de la UBA y exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal; Miguel Caminos, exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3; y Alejandro Guillé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
La lista continúa con Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina; Emilio Porras Hernández, procurador general adjunto de Chubut; Carlos Seijas, defensor oficial; Ricardo Rojas, juez de Cámara del Tribunal en lo Criminal Nro. 18; Ricardo Peirano, fiscal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal; Héctor Chayer, especialista en gestión y organización judicial; y representantes del colectivo Mario Bosch, que reúne a letrados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad.
Es la que presentó Mario Pais al inicio de la sesión del jueves contra María Alejandra Biotti, la magistrada que pidió al Senado suspender el tratamiento de los traslados de dos camaristas.
“Bien. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales la cuestión de privilegio formulada por el senador Mario Pais”, señaló la presidenta del Senado el jueves pasado, luego de que el legislador chubutense presentara una cuestión de privilegio contra la jueza María Alejandra Biotti, que había conminado al Senado a suspender el tratamiento de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Sucedió al inicio mismo de la sesión del jueves pasado y esa fue la primera cuestión de privilegio presentada esa tarde. El trámite con las cuestiones de privilegio es sencillo: se plantean en la primera parte de las sesiones y quien preside las mismas procede a dar traslado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde inexorablemente dormirán el sueño de los justos, pues nunca se tratan.
Salvo esta cuestión de privilegio, pues en la agenda del Senado figura la misma en el temario a abordar este martes. Será en una reunión que realizará la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora María de los Angeles Sacnun, que a partir de las 13 mantendrá un nuevo plenario con Justicia y Asuntos Penales. Al cabo de esa cita, está previsto que Asuntos Constitucionales siga reunida para tratar una serie de temas entre los que figura la cuestión de privilegio presentada por Mario Pais, quien dicho sea de paso no es afecto a hacer ese tipo de planteamientos, como él mismo dijo el jueves pasado.
Sin embargo en esta oportunidad consideró que correspondía denunciar la “gravedad institucional” de lo que consideraba un “abuso y arbitrariedad” ejercido por la jueza Biotti. “Como medida cautelar impedir que funcione en ejercicio de sus potestades constitucionales el Senado de la Nación en un procedimiento que le compete exclusivamente como es el de analizar los acuerdos a los magistrados y funcionarios, constituye directamente un alzamiento a la Constitución y una violación de la Constitución, del sistema republicano de gobierno y de la soberanía popular que representan los legisladores, conforme surge del artículo 22 de la Constitución”, señaló el senador oficialista.
Agregó que “esta jueza, seguramente, está incurriendo en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución Nacional y, además, fundamentalmente, de los vastos precedentes que existen a nivel jurisprudencial emanadas de nuestros tribunales nacionales y de la Corte Suprema Justicia de la Nación”.
Durante su intervención, Pais recordó el expediente que oportunamente la titular del Senado elevó a la Corte Suprema, en pos de una acción declarativa de certeza que sirvió -dijo Pais- para “ratificar la trascendencia constitucional de la división de poderes y, fundamentalmente, la incumbencia de la misma Corte para la revisión de los actos de gobierno, que nunca pueden ser previos y menos pretendiendo impedir que se ejerza una potestad propia del Congreso”.
Por el contrario, sostuvo Pais, “esta jueza, con tamaña liviandad y a través de una cautelar, le ordena al Senado de la Nación, un cuerpo que representa la soberanía popular conforme emerge expresamente del artículo 22 de la Constitución, que se abstenga, que no actúe. Es el propio Senado el que debe verificar cuál es el trámite y procedimiento que le da al mensaje de Poder Ejecutivo. Después, esa jueza y cualquier otro juez de la Nación, en función del control difuso de constitucionalidad, podrá verificar si este Senado violó o no la Constitución. Pero, impedirle en forma preventiva que ejerza en plenitud sus potestades es de tamaña gravedad institucional, que no admite otra cosa que, primero, un repudio y, segundo, la urgente remisión de esta cuestión de privilegio a estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales; y, eventualmente, después, la presentación de un proyecto de resolución que voy a elaborar en las próximas horas –después de que termine la sesión– para rechazar tamaño abuso, tamaño exceso jurisdiccional que, como ya dije, violenta la forma republicana de gobierno”.
Se espera entonces que este martes surja de parte del oficialismo un dictamen rechazando la actitud de la magistrada.
Al exponer sobre el proyecto de reforma judicial, la interventora del Servicio Penitenciario Federal dijo que “las cifras fabulosas que se están esgrimiendo mediáticamente no tienen ningún sentido”. También señaló que “los fueros van a contar con todos los recursos que hoy disponen y aún mejor distribuidos”.
Al exponer este miércoles ante un plenario de comisiones del Senado, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, aseguró que la incorporación de 23 jueces de primera instancia implicará el “0,1% del Presupuesto” y rechazó las “cifras fabulosas” difundidas en los medios sobre el costo de la reforma judicial impulsada por el Gobierno.
“Estos jueces sólo significarán una erogación de un 30% más de lo que hoy se gasta en pago esos sueldos. Es decir, es un 0,1% del presupuesto acordado dentro del Presupuesto Nacional al Poder Judicial”, señaló.
Y agregó que “las cifras fabulosas que se están esgrimiendo mediáticamente no tienen ningún sentido” porque “se van a usar las mismas computadoras, los mismos escritorios, los mismos empleados, los mismos secretarios y apenas un 30% más del sueldo de 23 jueces”.
Al momento de las preguntas, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) resaltó que Garrigós de Rébori había manifestado “un monto presupuestario que nosotros desde el interbloque no hemos logrado obtener”. “¿Ese dato es validado oficialmente por parte del Poder Ejecutivo? ¿O es un número que usted interpreta?”, le preguntó.
“Yo lo interpreto a partir de que estos 23 jueces que elijan hacerse cargo de los 23 juzgados, durante dos años hasta que se completen los concursos, van a cobrar un 30 por ciento más de su sueldo que es lo que se paga por subrogar otro tribunal”, respondió la fundadora de Justicia Legítima.
“Entonces no tenemos el costo presupuestario de la modificación”, cerró Rodríguez Machado, sobre una de las cuestiones criticadas por la oposición. Intervino entonces la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT), que recordó: “Quedamos en la primera reunión de comisión, donde asistió la ministra (de Justicia, Marcela Losardo) que nos van a remitir desde el Ministerio una aproximación. Igual, como esto es gradual, obviamente que habrá que tener una evaluación global y luego por etapas”.
Durante su exposición, Garrigós de Rébori celebró “la oportunidad de traer el sistema acusatorio al sistema federal de justicia” que “rige en todas las provincias y en todos los países de América Latina”, con lo cual “nuestro sistema federal es el más atrasado de toda la región”.
“Cuando hablamos de recursos hay que pensar que se va a contar con los recursos humanos que ya tiene el Poder Judicial, porque esta reforma prevé el desdoblamiento de juzgados que tienen dos secretarías”, indicó la abogada.
Además, la excamarista insistió que “no estamos evaluando esto como un gasto, no estamos evaluando esto como una escasez, ya contamos con todos estos recursos”.
Sobre la unificación de los fueros Contencioso Administrativo y Civil y Comercial, destacó que “originalmennte eran un solo fuero, nacieron juntos, tienen el mismo código de fondo, el mismo código procesal y la misma ley administrativa”. “En los juzgados federales que funcionan en las provincias argentinas funcionan en el mismo juzgado bajo el mismo juez”, añadió.
“Las discusiones sobre estas modificaciones no tienen mucho sentido, sobre todo porque no es que le estamos restándole recursos a un fuero en perjuicio del otro”, opinó y subrayó que “los fueros van a contar con todos los recursos que hoy disponen y aún mejor distribuidos”.
Para la interventora del Servicio Penitenciario Federal, con la incorporación de más magistrados se permitirá que “los jueces estén más visibilizados, que su actividad esté más expuesta y, al estar un juez arriba de cada secretaría, van a tener mayor contacto directo con la actividad que estén llevado adelante. Esto va a acelerar los tiempos judiciales”. “Creemos que podemos recuperar la credibilidad si mejoramos los tiempos judiciales”, agregó.
La interventora del Servicio Penitenciario Federal, el titular del Consejo de la Magistratura, el sindicalista judicial y el constitucionalista serán algunos de los participantes del plenario de comisiones.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado llevarán adelante este miércoles una nueva jornada de debate sobre la reforma judicial, con la participación de 16 expositores, entre funcionarios, sindicalistas y especialistas.
Si bien las reuniones informativas se realizan los martes y jueves, ante la posibilidad de que el Senado sesione este jueves, el plenario de comisiones presidido por María de los Ángeles Sacnun acordó adelantar el próximo encuentro para este miércoles.
Fueron convocados para esta oportunidad María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal y fundadora de Justicia Legítima; Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.
También participarán el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariza; y el presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Rolero Santurián.
La lista de invitados continúa con el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín; la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta; la camarista Magdalena Laiño Dondiz; el juez Aníbal Segura; y el secretario general adjunto del gremio de judiciales en la Ciudad, Juan Manuel Rotta Escalante.
Completan la nómina de disertantes serán María Ureña Ruso, de SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales); el camarista Omar Minatta; la académica María Gattinoni de Mujía; y Sebastián Pilo, de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
La ministra Gómez Alcorta, el fiscal Rívolo y los abogados Fargosi y Gil Domínguez fueron algunos de los expositores de la jornada de este martes en el plenario de comisiones del Senado.
El debate sobre la reforma judicial en el Senado tuvo este martes su tercera reunión informativa en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde funcionarios y especialistas expusieron sobre el proyecto del Poder Ejecutivo, con opiniones a favor y en contra.
La primera en exponer fue la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien sostuvo que “hay que introducir profundas modificaciones a la Justicia Federal”, pero advirtió que la iniciativa oficial “tiene algunos problemas”, y se refirió a las dificultades para implementar el sistema acusatorio con el diseño propuesto.
Martínez consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica ese sistema, que le da prevalencia a los fiscales.
La defensora general cuestionó que “se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y nada más que 14 defensorías”. “El sistema acusatorio, con este déficit, no puede funcionar”, insistió, y pidió “adecuar los números” de cargos que se crean.
En tanto, opinó que “lo único positivo” será que en los concursos “quizá se resuelva el tema de la paridad de género”, dado que el fuero federal “es uno de los que peor está” en ese sentido, siendo en un principio María Romilda Servini la única mujer y habiendo solo dos en la actualidad.
Por su parte, el fiscal federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Carlos Rívolo fue muy duro y consideró que “este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos” con “la instalación definitiva del sistema acusatorio”.
Según Rívolo, “del proyecto no se desprende un análisis cuantitativo y cualitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignada en cada provincia es la correcta”, según parámetros como la cantidad de habitantes y de delitos.
El fiscal puso como ejemplo que en la CABA hay actualmente “46 juzgados y 35 fiscalías”, mientras que en la provincia de Buenos Aires, que tiene mayor número de habitantes, “hay 27 juzgados y 19 fiscalías”.
“No se comprende la instalación de juzgados a la vieja usanza cuando debería irse a un colegio de jueces, como se prevé en los sistemas acusatorios”, opinó, e insistió en que se propone “una superpoblación de jueces”.
Paula Livachky, directora ejecutiva del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), aseguró que “lo que se necesita es trabajar sobre la lógica del funcionamiento del fuero federal penal, y para modificarla, este proyecto sigue centrado en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria al avance y la implementación del sistema acusatorio tal como se aprobó en la reforma del Código Procesal Penal en 2015”.
La especialista coincidió en que “es necesario que este proyecto tenga algunas modificaciones” para poner en marcha el sistema acusatorio. “No entendemos que se esté planteando la impunidad para nadie, sino que nuestras críticas y observaciones van con la necesidad de cambiar el modelo de funcionamiento de la Justicia Federal en la CABA”, aclaró.
Para Livachky, el sistema “no puede estar basado en la creación de juzgados”, ya que “en general los procesos de reforma son motorizados por el Ministerio Público Fiscal” y en ese sentido hay una “desproporción” entre la cantidad de juzgados creados y la de fiscalías y defensorías.
Además, observó que el sistema inquisitivo, anterior al acusatorio, “tal como vino funcionando, mostró que la hoguera no es una metáfora: mostró detenciones arbitrarias, la imposibilidad de que las defensas hagan su trabajo y el uso de arrepentidos como moneda corriente. Esa es la lógica que hay que cambiar”.
A su turno, el abogado Alejandro Fargosi criticó el proyecto, al sostener que “el problema no es la cantidad de jueces, sino la calidad de los jueces”, y en ese sentido pidió ajustar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que integró entre 2010 y 2014.
“Si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la Justicia Federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, sino juzgar y remover a los responsables. No debe multiplicarse el problema de los jueces que cumplen mal con su trabajo, sino aplicarles lo que dispone la Constitución y la ley”, consideró.
Además, precisó que “de un total de 988 cargos de jueces, hay vacantes en 291 -casi la tercera parte-, de los cuales 153 tienen ternas en manos del Poder Ejecutivo desde hace siete meses, que podrían perfectamente ser enviadas al Senado para obtener acuerdo y cubrir esas vacantes”.
“El problema no es la cantidad de jueces; el problema es la calidad de los jueces”, algo que “se puede solucionar a través del funcionamiento pleno del Consejo de la Magistratura en lo que hace a sacar del sistema a los jueces que no merecen serlo”, afirmó Fargosi.
A continuación expuso la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien destacó la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial en lo que hace a la selección de jueces y magistrados, y advirtió sobre la baja cantidad de mujeres en la administración de Justicia.
En ese sentido, Gómez Alcorta advirtió que “los procesos de selección están fuertemente sesgados en función de género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones”, lo que produce como resultado que “las sentencias desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.
La ministra informó que en los juzgados federales de todo el país los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres, y aportó otros datos: dijo que en la Cámara Federal de La Plata “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.
“Esta información nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en los espacios de decisión”, señaló, y definió esta situación como un “techo de cristal”.
Otro de los disertantes en la reunión conjunta fue Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y miembro del consejo consultivo que asesorará al Gobierno, quien sostuvo que la reforma de la Justicia Penal federal con asiento en la CABA tiene “aspectos positivos y negativos”.
Entre los puntos positivos, mencionó la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico, así como la creación de fiscalías y defensorías, pero consideró perjudicial la creación de nuevos tribunales y juzgados. “Los mecanismos de subrogación deben ser excepcionales y la sociedad está agotada sobre este tema”, dijo.
También consideró negativo que “no se establece un mecanismo de procedimiento para dar una respuesta adecuada a aquellos magistrados que no deseen pasar voluntariamente al fuero penal de la CABA o que con motivo de su cargo no puedan ser transferidos”.
Por otra parte, elogió la creación de juzgados en el interior del país y consideró que se trata de “la consolidación de una política de Estado iniciada con el programa Justicia 2020”.
Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del espacio Gente de Derecho, consideró que “por buena que sea la reforma, si sus ejecutores finales” no demuestran “independencia, criterio y valor, la reforma va a fracasar”.
“Hasta la mejor partitura de la historia universal sonaría muy mal si en vez de ser interpretada por la Filarmónica de Viena lo hiciera una orquesta de jueces federales”, ironizó.
Rizzo afirmó que la reforma “tiene que tender a la recuperación de la credibilidad del Poder Judicial” y pidió un “mejoramiento de los procedimientos para lograr brevedad y abaratamiento, para que esto redunde en beneficio de la gente”.
En cuanto a la creación de nuevos juzgados, sostuvo que “no es conveniente que sea la Cámara Nacional de Casación en lugar de la Cámara Federal de Casación la que proponga los subrogantes”, y aseveró que en el caso de los traslados, si falta el acuerdo del Senado, “necesariamente hay que concursar”.
También aseguró que el proyecto contiene “interrogantes no develados”, como “qué ocurriría si no hay 23 postulantes para ocupar los nuevos cargos” y “qué ocurriría con los jueces nacionales en lo Criminal si no optan por pasar a la Ciudad ni tampoco concursar para nuevos cargos”.
En tanto, advirtió que “el traspaso de la Justicia Nacional a la esfera de la CABA no mejorará la situación de los justiciables, generará clientelismo y dependencia de los jueces que actúen en dicha competencia”, a lo que agregó una “más que vidriosa constitucionalidad”.
La defensora general de la Nación advirtió que el proyecto “tiene algunos problemas” y pidió “adecuar los números” de juzgados, fiscalías y defensorías que se crean.
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que “hay que introducir profundas modificaciones a la Justicia Federal”, pero advirtió que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo “tiene algunos problemas”, y se refirió a las dificultades para implementar el sistema acusatorio con el diseño propuesto.
Así se expresó la funcionaria al abrir este martes la ronda de exposiciones en el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado.
“Tengo la profunda convicción de que la reforma al sistema federal debe hacerse, es muy necesaria y muy urgente”, afirmó Martínez, pero señaló que la propuesta oficial “es un modelo antiguo”.
“Entiendo que la aplicación pura y dura del sistema acusatorio hubiera implicado disolver juzgados federales, disolver cámaras y crear colegios de jueces, y por un problema de oportunidad no puede hacerse”, indicó, aunque consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica el sistema acusatorio.
“Me parece que habría que adecuar los números. Por ejemplo, en Chubut hay un 53% de fiscales, un 31% de defensores y solo un 16% de jueces; toda vez que los jueces son jueces de garantías, no de instrucción, y por ende tienen menos trabajo”, explicó.
La defensora general cuestionó que “se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y nada más que 14 defensorías”. “El sistema acusatorio, con este déficit, no puede funcionar”, insistió.
En tanto, opinó que “lo único positivo” será que en los concursos “quizá se resuelva el tema de la paridad de género”, dado que el fuero federal “es uno de los que peor está” en ese sentido, siendo en un principio María Romilda Servini la única mujer y habiendo solo dos en la actualidad.
En cuanto a la creación de “94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías” en el interior del país, sostuvo que “esta proporción el sistema no la va a tolerar”. “Hay que volver a mirar el mapa; no dividir en los lugares donde no es necesario; reforzar más lo penal en juzgados como el de Orán; y reforzar más las fiscalías”, enumeró.
Ante una consulta de Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Martínez consideró que “no es un incremento presupuestario mayúsculo” el que habrá que ejecutar para implementar la ley, y agregó que “es una inversión que merece ser hecha”.
En el caso de la Defensoría General, describió que “ediliciamente se necesitan recursos”, aunque “de empleados no tanto”, y de cara a la implementación del sistema acusatorio, dijo que requieren “un incremento y una mejora en la infraestructura informática”.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos expone ante un plenario de comisiones del Senado, que arranca así con el debate del ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, destacó este martes que la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo “tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de Justicia eficiente, eficaz, cercano, y que la respuesta a su conflicto llegue en un plazo razonable; es decir, un servicio de Justicia que funcione”.
Así se expresó Losardo al exponer en la primera reunión virtual conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).
La funcionaria explicó que la iniciativa, que recibió fuertes críticas por parte de Juntos por el Cambio, “busca una transformación integral de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias”.
El proyecto se basa en tres dimensiones de la Justicia Federal: “el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de la CABA; el fortalecimiento de la Justicia Civil con el fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la CABA; y el fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en las provincias”.
En la primera esfera, se propone la unificación del fuero Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico, fusionando la competencia y acopiando las estructuras de todas sus instancias, para crear un nuevo fuero que pasará a denominarse Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, señaló Losardo, el proyecto interviene en las estructuras del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, “porque es indispensable para enfrentar las necesidades que representa el nuevo fuero”.
“Se prevé un mecanismo especial para llevar adelante con mayor celeridad todos los procesos y garantizar la transparencia de los concursos de los cargos que se van a crear”, resaltó la ministra.
En cuanto al segundo aspecto de la reforma, indicó que se propone otra unificación de fueros, para dar lugar al nuevo fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, se incluye una serie de “reglas de actuación” para jueces y magistrados, que apuntan a resolver “deficiencias del sistema de administración de Justicia”, invitando además a la Corte Suprema a que dicte códigos de ética.
Al justificar la creación de este nuevo fuero, donde se unifica el Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico, Losardo explicó que “el número de delitos en los que interviene la Justicia Federal aumentó considerablemente, lo mismo que la complejidad de los hechos”.
La ministra recodó que “la última reforma fue en los comienzos de los ‘90” y actualmente se verifica “una morosidad en el trámite de las causas, sobrecarga de trabajo y movimientos espasmódicos que se producen en ciertos casos, los mediáticamente relevantes según la coyuntura política”.
“Es necesario que exista un mayor número de jueces, si se tiene en cuenta que para la implementación del sistema acusatorio cada decisión jurisdiccional va a requerir la presencia de un juez”, sostuvo.
Al referirse a la nueva estructura, especificó que se crearán “23 cargos de jueces penales federales de la CABA, uniendo los 12 jueces federales de hoy con los 11 jueces penales económicos”, y al dividirse las secretarías, se crearán 46 juzgados en total.
En tanto, habrá 12 Tribunales Orales Federales -sumando los ocho del fuero Criminal y Correccional y los cuatro del Penal Económico- más otros cinco nuevos tribunales, lo que significa un total de 17 TOF, mientras que quedará una sola Cámara de Apelaciones con cuatro salas, dos por cada fuero.
Losardo aclaró que “las causas en trámite continúan ante el mismo juzgado y el mismo juez”, con lo cual la reforma “está lejos de ser caratulada como una garantía de impunidad”.
“Mientras se sustancian los concursos, se prevé un régimen de subrogancias que se aparta de algunos puntos de la nueva ley y busca una mayor transparencia en la designación transitoria de magistrados”, agregó.
En ese sentido, puntualizó que la subrogancia será exclusiva para los actuales jueces federales en lo Criminal y Correccional y se deberá votar en el Consejo de la Magistratura con una mayoría de dos tercios, para luego ser remitida al Poder Ejecutivo, que debe enviar los pliegos al Senado.
Por último, dijo que los subrogantes no podrán subrogar más de un año, con posibilidad de extender ese lapso por seis meses.
Según la ministra, la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo “es necesaria por los conflictos de competencia que se suscitan y el flujo de casos existentes en ambos fueros”, lo que genera “gran litigiosidad y grandes volúmenes de expedientes” vinculados, por ejemplo, a los servicios públicos.
“Esto repercute en una imagen de la Justicia que no da respuestas”, advirtió, y por eso pidió “terminar con estas trabas y contiendas”.
Señaló que en este caso habrá una sola Cámara de Apelaciones compuesta por nueve salas, de las cuales cinco hoy corresponden al fuero Contencioso Administrativo y cuatro al Civil y Comercial. En cuando a los juzgados de primera instancia, se crearán 23, con dos secretarías cada uno.
En este tercer vector de la reforma, Losardo afirmó que se retomó un proyecto de ley que había sido presentado en el marco del programa Justicia 2020 de la gestión anterior con las firmas de Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Rodolfo Urtubey y Luis Naidenoff, entre otros.
Así, se propone la creación de 94 juzgados penales federales de primera instancia en las provincias, para abocarse a delitos como la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando.
La ministra aseguró que hay dos objetivos: “la especialización de los jueces y un número de jueces suficiente para implementar el sistema acusatorio” y lograr “la adecuación progresiva de las nuevas estructuras judiciales al nuevo Código Procesal Penal”.
Por último, Losardo enumeró las “reglas de actuación” propuestas para jueces y magistrados, entre las que se encuentran “mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados; no realizar comportamientos que constituyan favoritismos; garantizar que las personas tengan un trato digno e igualitario; el desapego a los poderes políticos, mediáticos y fácticos; y comunicar al Consejo de la Magistratura sobre posibles intentos de influencia en sus decisiones”.
Con la presencia de la ministra Marcela Losardo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales comienzan este martes la discusión del proyecto que prevé la reorganización de la Justicia Federal.
A menos de una semana de su presentación formal en la Casa Rosada, se inicia en la Cámara alta la discusión en comisiones del proyecto de reforma judicial enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo. Será este martes a partir de las 16, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, en forma virtual, a través de la plataforma Zoom, a los efectos de dar tratamiento el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias.
En esta ocasión se hará presente en la reunión la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo.
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Obviamente será el puntapié inicial para una discusión que no será exprés, pero tampoco se presume extensa. De hecho, fuentes legislativas adelantaron a parlamentario.com que es intención que el proyecto resuma media sanción en el transcurso de este mes, previéndose su aprobación definitiva en Diputados en el transcurso de septiembre.
De ser así, el proyecto debería recibir dictamen el 18 o 19 de agosto, de modo tal de poder ser debatido en el recinto la semana siguiente. Conforme la resistencia de la oposición, el oficialismo deberá atenerse a la necesidad de esperar una semana a partir de la firma del dictamen para llevar el proyecto al recinto, para no tener que contar con los dos tercios que no tiene.
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En la Cámara baja se espera una mayor resistencia para un proyecto que recibirá entonces la consigna de no modificar nada de lo que se defina en el Senado, una cámara que domina la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Allí el debate será conducido por dos probados kirchneristas de paladar negro, María de los Angeles Sacnun como titular de Asuntos Constitucionales, y Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
En Diputados también manejarán el debate dos kirchneristas duros: Pablo González, exvicegobernador santacruceño, compañero de fórmula de Alicia Kirchner, y el camporista Rodolfo Tailhade, titulares de Asuntos Constitucionales y Justicia, respectivamente.
De acuerdo con la agenda oficial, es de esperar que el proyecto se transforme en ley en el transcurso del mes de septiembre.
PRY-LEY-JUST-PENAL-FED-Final-SLYTEl proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal presentado el miércoles por el presidente Alberto Fernández crea 121 nuevos cargos y 94 juzgados en el interior del país, según se desprende de sus anexos.
En el Poder Judicial de la Nación habrá 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.
En tanto, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.
Por último, en el Ministerio Público de la Defensa figuran tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.
Será este viernes, a las 14, en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se debatirá un proyecto para la creación de una bicameral que investigue la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa intervenida por el Gobierno.
En un clima caldeado entre el oficialismo y la oposición en el Senado, este viernes, a partir de las 14, arrancará el debate sobre la intervención de Vicentin, en una antesala de lo que será la discusión por la expropiación que pretende el Gobierno nacional.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la santafesina María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), tratará un proyecto de ley presentado por Oscar Parrilli para crear una bicameral que investigue las presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa intervenida.
De acuerdo a la iniciativa, la comisión -integrada por seis senadores y seis diputados- también indagaría en conocer si hubo una posible “defraudación y estafa comercial a los acreedores”, si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales, advirtiendo además sobre la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “incumplimiento en sus obligaciones de control”.
El temario de la reunión, que se realizará de manera virtual, también incluye proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015.
Además se debatirán iniciativas para crear dos nuevas comisiones en el Senado: la de Discapacidad, a propuesta de los senadores María Inés Pilatti Vergara y Dalmacio Mera (FdT); y la de Juventud, impulsada por Eugenia Catalfamo (FdT).
La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá –con una modalidad mixta- en la Legislatura porteña para debatir acerca de la iniciativa del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de extender por un plazo de 200 días los vencimientos de los registros de transportes de taxis, remises, de escolares y vehículos destinados al servicio de mensajería y delivery.
Buscando darle respuestas a las distintas inquietudes de los vecinos, la Comisión de Asuntos Constitucionales convocó a los diputados a una reunión parlamentaria de modalidad mixta, en la que analizarán y buscarán darle dictamen favorable a un proyecto de ley del jefe de Gobierno , Horacio Rodríguez Larreta, mediante el cual buscará que se ratifique un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para extender el plazo del vencimiento de los registros de conducir.
Dicho texto buscará prorrogar de manera excepcional por el término de 200 días corridos, la vigencia de las licencias de conducir y de la Verificación Técnica Vehiculas (VTV) cuyo vencimiento opere entre los días 15 de febrero y 31 de julio de este año. El plazo de prórroga se computará a partir del día subsiguiente a la fecha de vencimiento consignada en cada licencia.
Al mismo tiempo que aclara que la prórroga de la vigencia de las mismas será válida para los registros de transportes de taxis, remises, de escolares y vehículos destinados al servicio de mensajería y delivery.
En los fundamentos de la iniciativa, Larreta concluyó señalando que “las medidas señaladas deben adoptarse rápida, eficaz y urgentemente, por lo que no resulta posible seguir los trámites corrientes para la sanción de las leyes”.
La reunión se realizará este jueves a las 16 en el salón San Martín de ese Palacio Legislativo, aunque algunos diputados participarán de la misma a través de la plataforma de telecomunicaciones Zoom.
La kirchnerista santafesina quedó al frente de la estratégica comisión, cuyo primer tema a analizar será la ley de capitales alternas propuesta por Alberto Fernández.
La senadora del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe María de los Ángeles Sacnun fue electa este martes presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, durante una breve reunión constitutiva.
La kirchnerista será secundada por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), mientras que como secretario quedó Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro).
“Espero estar a la altura de las circunstancias por la responsabilidad que significa presidir esta comisión”, expresó Sacnun.
Además, informó que uno de los primeros temas que se tratarán en ese ámbito es el proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández para declarar “capitales alternas” a 24 ciudades de todo el país.
