Conocido el histórico fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que determinó que los atentados a la embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994, fueron organizados por Irán y llevados a cabo por la organización terrorista Hezbollah, el diputado nacional Julio Cobos presentó un proyecto de juicio en ausencia.

La iniciativa, presentada junto a varios legisladores del bloque UCR, va en línea con el pedido realizado por la Justicia al Congreso de la Nación y en relación con el atentado terrorista a la AMIA.

Julio Cobos señaló que “con esta iniciativa que presentamos nuevamente, proponemos modificar el artículo 290 del Código Procesal Penal para incorporar el denominado Juicio por Ausencia, porque entendemos que se debe incluir en la ley procesal esta figura que permite que los imputados por delitos de lesa humanidad puedan ser juzgados en el país, aunque los mismos se encuentren en el extranjero. La realidad es que nuestro Código Procesal penal no regula la continuación del proceso ante la ausencia del imputado, por el contrario, lo suspende y es precisamente esto lo que queremos modificar”.

“Este proyecto es una representación de uno que presentamos oportunamente -en el año 2017- en el Senado de la Nación y que considera la mayoría de las propuestas previas, incluso la que presentamos en el año 2014 con Luis Petri, en la Cámara baja. Muchos legisladores han trabajado este tema tan importante y existe jurisprudencia suficiente en fallos de la justicia de Argentina. Concretamente si logramos transformarlo en ley, se podrá avanzar con la realización del juicio en ausencia para lograr el juzgamiento de los responsables y la búsqueda de verdad en aquellos casos de crímenes de lesa humanidad”, dijo el legislador mendocino.

“La Cámara Federal de Casación Penal días atrás sentenció que el ataque contra la Embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, y que la voladura de la AMIA fue un crimen de ‘lesa humanidad’. Además, esto es muy importante, en la sentencia solicita tanto al Ejecutivo como al Legislativo a definir a la brevedad políticas públicas en relación a la instauración del proceso en ausencia. Esta presentación es una respuesta concreta a ese pedido”.

Cobos señaló que “con este proyecto se permite la continuación del proceso penal en ausencia del imputado rebelde y hasta su total finalización, cuando un pedido de extradición formulado por nuestro país fuese denegado o no tuviere respuesta en el plazo establecido y el Poder Ejecutivo no admita el juzgamiento en aquel país, esto luego de transcurrido 6 meses desde la recepción del pedido de extradición”.

“Aquellos que voluntariamente se ausentan de la jurisdicción de los jueces naturales de una causa no pueden tener una mayor protección de la ley que quienes se someten a la jurisdicción. Por eso entendemos que con esta iniciativa brindamos una solución jurídica a las víctimas de delitos contra los derechos humanos, como por ejemplo las víctimas del atentado a la AMIA, satisfaciéndose al mismo tiempo, derechos constitucionales como el de conocer la verdad y garantizar el debido proceso legal, aún para los imputados rebeldes; en ningún caso se vulnera el derecho a la legítima defensa ni a todas las garantías procesales, lo que buscamos es justicia, no venganza. Por eso esperamos contar con el apoyo de todos los bloques y transformar esta propuesta en ley”.

Firman el proyecto junto a Cobos sus pares Rodrigo de Loredo, Gerardo Cipolini, Danya Tavela, Natalia Sarapura, Mario Barletta, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, Marcela Antola, Manuel Aguirre, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Melina Giorgi y Gabriela Brouwer de Koning.

El diputado nacional Alberto Asseff, junto a un grupo de integrantes de Juntos por el Cambio pidieron al Gobierno explicaciones sobre las medidas que implementará frente a las usurpaciones de tierras y atentados intimidatorios y terroristas producidos en la zona cordillerana de las provincias del Neuquén y del Chubut, por parte de la denominada “nación mapuche”.

El proyecto está firmado también por los diputados Mónica Frade, Pablo Torello, Gerardo Cipollini, Virginia Cornejo, Francisco Sánchez, Alfredo Schiavoni, Alicia Fregonese, José Enríquez, Lidia Ascárate, Héctor Stefani, Carolina Castest y Leonor Martínez Villada.

Advierten que dichos atentados constituyen “un atropello a la seguridad y a la propiedad privada de los pobladores habitantes del territorio nacional. Siendo además lesivos de la soberanía nacional”.

Assef lamenta que “el Gobierno nacional realiza un reconocimiento permanente de estas entidades terroristas, a través de su no intervención, la creación de organismos de la administración pública afines a su ideología y al cederles tierras y concesiones de derechos que atentan contra la integridad del pueblo de la Nación, sus instituciones y que desconocen el Estado Nacional, la Constitución Nacional y la soberanía y supremacía de la Ley”.

Por último el diputado de JxC advierte que “estos hechos terroristas perpetrados contra la población civil e instituciones nacionales, busca conformar un Estado distinto de la Nación Argentina -desconociendo nuestras leyes y nuestra Constitución Nacional, su legislación, su jurisdicción y su autoridad sobre una importante parte del territorio nacional, tratando de imponer sus propias normas a través del ejercicio de la fuerza-” por lo que “pedimos que responda sobre la conveniencia, en razón de que las fuerzas de seguridad y policiales nacionales y provinciales han sido evidentemente sobrepasadas, del empleo de las Fuerzas Armadas de la Nación, al verse amenazada la soberanía nacional”.