Ingresó al Congreso una iniciativa de fuerte impacto geopolítico y económico. En rigor son dos proyectos de ley impulsados por el diputado nacional Jorge Araujo que proponen redefinir el estatus jurídico de Tierra del Fuego y adecuar el marco legal para la explotación de recursos en el Atlántico Sur. Las propuestas buscan, según su impulsor, sentar las bases de una nueva etapa de desarrollo para la provincia más austral del país.

Los expedientes, ya ingresados en la Cámara baja, plantean por un lado el reconocimiento de Tierra del Fuego como una unidad geográfica y jurídica de carácter insular y archipelágico, y por otro una reformulación del régimen hidrocarburífero para contemplar su particular configuración marítima. El objetivo central pasa por actualizar un marco normativo considerado desfasado frente a los desafíos actuales y potenciar el rol estratégico de la provincia.

En el entorno del legislador sostienen que el esquema productivo fueguino, históricamente sostenido por el régimen de promoción industrial, enfrenta signos de agotamiento en un contexto de cambios económicos, pérdida de competitividad y tensiones sobre el empleo. Frente a ese escenario, las iniciativas buscan diversificar la matriz y orientarla hacia el aprovechamiento de recursos naturales, en especial aquellos vinculados al mar.

Uno de los ejes principales propone reconocer formalmente la condición archipelágica de la provincia, integrando no solo sus territorios emergidos sino también los espacios marítimos que los conectan. De avanzar esta definición, se otorgaría mayor coherencia jurídica a la relación entre islas, mar y plataforma continental, en línea con criterios del derecho internacional.

Ese reconocimiento permitiría además fortalecer el principio constitucional que establece que las provincias son titulares de los recursos naturales en su territorio. Aplicado a este caso, implicaría consolidar la participación de Tierra del Fuego en la administración y explotación de recursos en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, incluso en su extensión hasta las 350 millas marinas.

El segundo proyecto complementa esa visión al introducir cambios en la legislación hidrocarburífera para adaptarla a las particularidades del sur argentino. La propuesta apunta a reconocer explícitamente la jurisdicción provincial sobre los recursos offshore en los espacios marítimos adyacentes, con el objetivo de dar mayor previsibilidad normativa e incentivar inversiones en uno de los sectores de mayor proyección.

El trasfondo económico no es menor. Según datos que maneja el autor de la iniciativa, actividades como los hidrocarburos y la pesca tienen un peso decisivo en la generación de divisas de la provincia, lo que refuerza la centralidad del enfoque marítimo para su futuro productivo. Proyectos energéticos en desarrollo, como los vinculados a la Cuenca Austral, también alimentan las expectativas sobre el potencial del offshore.

Más allá de lo económico, los proyectos incorporan una dimensión estratégica. La redefinición del estatus fueguino se vincula con la intención de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, consolidar derechos sobre áreas en disputa y potenciar el rol de la provincia como plataforma logística y científica, particularmente en relación con la Antártida.

En ese sentido, las propuestas incluyen entre sus objetivos reforzar la soberanía en espacios marítimos y territorios insulares, mejorar la participación provincial en decisiones de alcance nacional e internacional y posicionar a Tierra del Fuego como un nodo clave en la proyección regional del país y del Mercosur hacia el sur.

Además, se busca ordenar el régimen legal vigente para dotar de mayor claridad y estabilidad a la planificación estatal en materia de recursos estratégicos, política marítima y explotación energética. La intención es generar condiciones más previsibles tanto para el sector público como para eventuales inversiones privadas.

Desde el entorno del diputado Araujo remarcan que las iniciativas no alteran las competencias del Estado nacional ni contradicen el derecho internacional, sino que se encuadran en una interpretación moderna del federalismo, compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes a Cancillería y al Ministerio de Defensa a fin de solicitar información completa, actualizada y en formatos abiertos vinculada al acuerdo de cooperación suscripto entre la Armada Argentina y autoridades militares de los Estados Unidos de América relativo al patrullaje, vigilancia, control marítimo o cooperación operativa en el Atlántico Sur, en el marco del denominado “Programa de Protección de Bienes Comunes Globales”.

Paulón explicó que la solicitud se formula por la relevancia institucional, estratégica y geopolítica que revisten los eventuales acuerdos de cooperación militar, vigilancia marítima o participación operativa extranjera en el Atlántico Sur, así como por sus posibles implicancias en materia de defensa nacional, ejercicio de la soberanía, política exterior, control democrático de las decisiones públicas y administración de espacios marítimos de interés estratégico para la República Argentina.

Asimismo, el proyecto solicita saber si el Poder Ejecutivo Nacional promovió o prevé promover intervención, autorización o tratamiento del Honorable Congreso de la Nación en los términos del artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, o cualquier otro procedimiento constitucional o legal aplicable. En caso negativo, indique fundamentos normativos que sustenten tal criterio.

También pide saber los objetivos específicos del programa, actividades previstas, cronograma de implementación y resultados esperados; el impacto presupuestario estimado para el Estado argentino derivado de la ejecución del acuerdo, detallando montos, fuentes de financiamiento, partidas presupuestarias involucradas y ejercicios correspondientes.

El presidente de la Nación en su discurso de apertura de sesiones del año 2026 autoproclamó haber tenido un gran acierto al ser los primeros de la región al plantar bandera del lado de occidente. Dijo que la Argentina ya dejó pasar dos veces el tren de la historia. Primero, en la Segunda Guerra Mundial la neutralidad costó décadas de marginalidad; segundo, que con el no al ALCA quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica en la historia humana. Refirió ser una vergüenza tener el 30% de comercio exterior sobre el PBI cuando debiéramos tener el triple, cerca del 93% y, expresó que ese mejoramiento también debe aplicar en defensa nacional. Afirmó que el Atlántico Sur es el terreno de disputa estratégica de las próximas décadas: rutas comerciales, recursos naturales, soberanía marítima y la presencia creciente de actores que no comparten nuestros valores. Sentenció que quien lo controle, contara una parte clave del trabajo global y que Argentina tiene que ese ese actor.

Frente a ese diagnóstico, pronóstico y propuesta surge el incentivo de exteriorizar las siguientes preocupaciones:

Dicho análisis lo utiliza para justificar la alianza con Estados Unidos e Israel.

Es imperioso que Argentina establezca una estrategia nacional que nos permita administrar integralmente el Atlántico Sur occidental, las Islas Malvinas y la Antártida de manera integrada con un poblamiento demográfico apropiado en nuestro territorio continental, ocupando pronta y racionalmente la Patagonia de un millón de kilómetros cuadrados.

Es esencial para ello tomar acciones concretas e inmediatas como el aumento del presupuesto en defensa a un mínimo del 1,5% del PBI acercándonos a la media regional y empezar a desarrollar la industria nacional naviera, aeronáutica, terrestre y de armamentos para el equipamiento del sistema de defensa nacional y sus fuerzas armadas en forma acorde a los requerimientos del siglo XXI.

Nuestro país no puede ser un mero espectador frente al expansionismo estadounidense, y si como dijo, vamos a abrazar la doctrina Monroe ampliada (“América para los americanos”) son imprescindibles y urgentes las negociaciones que aseguren el apoyo a Argentina para el desalojo del Reino Unido de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como del “territorio azul” invadido de casi dos millones seiscientos mil kilómetros cuadrados.

Dicha importancia y urgencia radica en que Argentina no podrá solucionar sus múltiples problemas políticos, económicos y sociales si la Corona Británica y su Reino Unido permanecen en el Atlántico Sur erosionando las riquezas y recursos estratégicos nacionales, afectando la legítima e imprescriptible soberanía y la manda constitucional que ha fijado como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo la recuperación de las Islas y el mar correspondiente. Argentina debe acordar con Estados Unidos el apoyo a Argentina en la recuperación y asegurar que no erosionará la reconstrucción de sus capacidades y del poder nacional.

Es indispensable una estrategia Nacional que nos haga tomar conciencia de que nuestra Patria son más de 11 millones de kilómetros cuadrados jurisdiccionales y que el usufructo de su 60% de mar nos puede dar el desarrollo necesario para el sostén económico del país con una visión estratégica de unidad y sinergia nacional, siendo ineludible la participación pública y privada en este escenario.

El mar es conciencia marítima, recursos marinos y actividades marítimas. Es presencia, comunicación y poder. Es petróleo y gas, energía oceánica y marina, pesca y acuicultura, minerales marinos (oro, tierras raras, cobalto, níquel, etc.), algas y micro algas, servicios, industria naval, comercio, turismo, producción, población, agua, humedad, puente de integración con nuestro campo y cordillera por medio de sus conexiones fluviales y vías férreas. El mar es vida y desarrollo, y este desarrollo es trasversal a todos los pensamientos políticos y partidarios, debe emanar y ser parte de una estrategia nacional. Lamentablemente, no hubo alusión a la importancia de la invasión británica de 2.600.000 km2 insulares y marítimos, con proyección antártica terrestre y marítima sobre más de 4 millones de km2 en el discurso presidencial y eso no educa conciencia marítima, ni soberanía, ni integridad territorial, ni seguridad nacional.

Hace falta llevar adelante una estrategia marítima que determine con decisión política las tareas de elaboración, gestión y ejecución de una política pública tendiente a la exploración y explotación de los recursos marítimos en forma efectiva, eficiente y sustentable ambientalmente, como así desarrollar los intereses estratégicos vinculados, como ser: la industria naval para recuperación de la marina mercante, la de seguridad y defensa; la industria aeronáutica (aviones, helicópteros y drones para diversas actividades); la logística portuaria, industrial en general y, en particular,investigación científica y tecnológica, inteligencia artificial, metalmecánica, metalúrgica, empresarial, comercial y urbana. En síntesis, tenemos que diseñar una estrategia nacional y otra marítima con objetivos estratégcios. Planificar (palabra ésta que en la actualidad es desechada por los políticos por las urgencias electorales) y ejecutar lo planeado con determinación y perseverancia hasta el cumplimiento de las tareas y el logro de los objetivos.

El presidente de la Nación explicó que el objetivo nacional estratégico está en la orientación de los capitales privados por medio del RIGI y RENI a la minería y petróleo en nuestra cordillera; a la Pampa Húmeda en la expansión agrícola ganadera y a la Patagonia en la industria del conocimiento con los data center. Todas estas actividades son de bajo empleo y no tienen capacidad de recuperar la cantidad de puestos de trabajo que en estos años se perdieron. La recuperación debe basarse especialmente en la cantidad, calidad y actividad del capital humano, y el mar, sumado a todo lo anterior puede generar millones de puestos de trabajo y acumular en el plazo de 20 años ingresos por más de 4 billones y medio de dólares.

La educación, el conocimiento, las competencias, el mar, el campo, la industria y el ambiente deben ser los ejes estratégicos de esta nueva visión de la Argentina. Ello nos permitirá la prosperidad económica y alimentaria, el trabajo suficiente para terminar con la desocupación, salarios dignos, jubilaciones que garanticen el sostenimiento y desarrollo en la vida adulta, la industria que fortalezca la necesaria autosuficiencia del país sin colisionar con los beneficios de la globalización, un saludable mercado financiero nacional y una palabra que no está en el diccionario de los políticos que es la “longevidad”, ya que los recursos del mar en la matriz alimentaria de las personas garantizan la mayor expectativa de vida y salud de las personas.

Tenemos la oportunidad de elaborar y fijar una estrategia nacional sin ignorar el mar con todas sus oportunidades, recuperando la cuantiosa afectación y previniendo las amenazas, en unidad con todos los argentinos, dejando de lado las confrontaciones y divisiones egoistas para mantener el poder sectorial, pensando en el real y multifacético interés de todo nuestro pueblo y las generaciones venideras.

Sr. Presidente, necesitamos de SU conciencia marítima. Ud. tiene la decisión.

* Carlos Lionel Traboulsi es abogado, diplomado en Relaciones Internacionales, fundador y presidente de la Fundación Argentina Azul; integrante del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional; autor y referente nacional del proyecto Argentina Azul.

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco pidió este martes que las autoridades de  los ministerios de Relaciones Exteriores, de Seguridad, de Defensa y de Agricultura, Ganadería y Pesca, informen sobre las medidas de vigilancia temprana que van a adoptar frente a la amenaza de los derechos soberanos y la sustentabilidad de los recursos vivos del Mar Argentino provocada por el desplazamiento de la flota pesquera China de más de 350 barcos que han iniciado su desplazamiento al Atlántico Sur.

También requirió que informen sobre las medidas de carácter diplomático adoptadas, de manera bilateral con el Gobierno de la República Popular de China en relación al arribo de la flota mencionada a nuestras aguas y con el Gobierno de la República Oriental del Uruguay en relación al apoyo logístico y operativo creciente que dicha flota tiene en puertos uruguayos; y multilateral en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y otros organismos dedicados al uso responsable y la protección de los mares.

“Esta práctica pesquera implica una amenaza directa a intereses vitales de nuestro país y una práctica invasiva apoyada en países vecinos que resultan ser aliados de esta depredación de lo nuestro”, afirmó el senador de Juntos por el Cambio.

“Si bien la pesca en la milla 201 es libre, por efecto de las especies altamente migratorias y transzonales, los efectos predatorios de esta práctica no regulada y no declarada, se extienden sobre nuestro mar territorial -agregó el senador-. La flota en cuestión, que pertenece a la denominada Milicia Marítima de China, hoy se encuentra estacionada frente a la costa peruana pero en estos días iniciará la travesía hacia esta parte del mundo, previo paso por el Estrecho de Magallanes. Esta flota, es un brazo militarizado del gobierno de la República Popular China con la cual satisface necesidades imperiosas de alimentos pero, a su vez, es parte de una estrategia marítima de dominio e influencia internacional”.

Blanco puntualizó que “el puerto de Montevideo se ha convertido en el punto principal de apoyo de estas flotas estatales chinas, lo cual implica una toma de posición del gobierno uruguayo en relación a las prácticas predatorias que afectan nuestro patrimonio alimentario poniendo en riesgo su sustentabilidad en el tiempo”.

“El Gobierno nacional se encuentra atrapado en una crisis económica que lo hace prisionero de cuanto país tiene influencia y poder en asuntos del bien común. Es de prever que la debilidad del Poder Ejecutivo será aprovechada por el Gobierno Chino para avanzar con su estrategia de logro de fines en el corto, mediano y largo plazo”, finalizó el senador fueguino.

El proyecto fue acompañado por los senadores nacionales Eduardo Costa, Silvia Elías de Pérez, Stella Maris Olalla, Roberto Basualdo, Pedro Braillard Poccard, Juan Carlos Marino, Víctor Zimmermann, Alejandra Vucasovich, Claudio Poggi y María Belén Tapia.