La iniciativa es del senador de Juntos, Andrés De Leo, y prevé la creación del Plan Municipios Abiertos.

La idea rectora del proyecto de ley persigue el propósito de transparentar la administración de recursos públicos y la ejecución del gasto público en la órbita municipal.

“El propósito central de la norma impulsada es contribuir a la transparencia en el ámbito municipal, estableciendo una serie de requisitos que hacen a la integridad, participación ciudadana y acceso a la información”, argumentó De Leo.

En el mismo sentido el autor del proyecto agregó que “si bien existe un conjunto de leyes que pretenden establecer mecanismos para hacer pública la información que hace a la administración de las finanzas municipales, tales como la publicidad de los boletines oficiales municipales, el Registro de Adhesión a leyes provinciales, y la instrumentación opcional de presupuestos participativos, no todos los municipios la ponen en práctica”.

“El Plan Municipios Abiertos –continuó De Leo-, enuncia un conjunto de requisitos que deben cumplir los municipios para estar en condiciones de receptar ayuda financiera extraordinaria, por ejemplo, mediante Aportes del Tesoro Provincial”.

“Cabe aclarar, que las exigencias establecidas en el plan, no serán de aplicación cuando se trate de transferencias automáticas resultantes de la aplicación de la Ley de coparticipación, o de leyes especiales que tenga un objeto determinado de afectación”, finalizó el legislador.

El proyecto de Ley presentado por el senador De Leo, prevé la creación del “Plan Municipios Abiertos”, y los municipios que adhieran al programa deberán publicar en sus sitios web oficiales informes mensuales de ejecución de gasto, por clasificador presupuestario e informe abierto al ciudadano; informes de recaudación de recursos, por rubro e informe abierto al ciudadano; Boletines Oficiales Municipales, confeccionados de acuerdo a lo establecido en el inciso 18 del Decreto/Ley 6769/58 Carta Orgánica de las Municipalidades; y las adhesiones a normas legales de la Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 14.491 Modifica la Ley Orgánica de las Municipalidades.

También las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios municipales; en caso de ejecutarse en el Municipio Presupuesto Participativo, el mecanismo para su participación, y las instrucciones para el mismo; el detalle de los mecanismos o procedimientos por medio de los cuales toda persona pueda presentar peticiones o de alguna manera participar en el diseño de programas y/o planes municipales; y asegurar el acceso, de los Concejales al sistema informático de Reforma de la Administración Financiera en el ámbito Municipal –RAFAM- o el que en el futuro lo reemplace, en el que se registren y expongan las transacciones económicas que aseguren la prestación de bienes y servicios públicos por parte de los gobiernos municipales, con nivel de acceso primario, que permita exclusivamente acceder a la información, sin posibilidad de edición de la misma.

Finalmente, el proyecto establece que será condición necesaria la adhesión al plan para la recepción por parte de los gobiernos Municipales, de Aportes No Reintegrables del Tesoro Provincial.

Legisladores mendocinos del Frente de Todos y funcionarios de distintos organismos de la Nación presentaron la iniciativa de ATP provincial para ayudar económicamente a los sectores gastronómico, turístico y hotelero. 

En un encuentro que reunió a más de 40 representantes de distintas asociaciones y cámaras empresarias de los sectores gastronómico, turístico y hotelero, los senadores del Frente de Todos-PJ, Lucas Ilardo, Adolfo Bermejo y Mauricio Sat explicaron el proyecto de un ATP provincial para ayudar a estos sectores afectados económicamente a causa de la pandemia. 

De la reunión, que se realizó de manera virtual, también participaron funcionarios nacionales como Alejandro Mutis, delegado regional Mendoza de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; Gonzalo Navarro, responsable Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación y Janet Maldonado, directora de la Regional Cuyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

“Hemos visto un gran esfuerzo del Gobierno nacional y de los municipios también. Nos parece que falta un esfuerzo del gobierno provincial. Lo que hemos intentado es generar un ATP direccionado a la gastronomía, a la hotelería y turismo”, comentó al respecto el senador Adolfo Bermejo. 

El proyecto propone un aporte de $15.000 para cada empleado lo que implicaría una erogación de alrededor de $550 millones del Estado provincial que representa un 0,2% del presupuesto total de la provincia. “Hemos acercado ideas de dónde se puede sacar ese dinero, como una tasa especial de Ingresos Brutos sobre los bancos o con la eliminación del desdoblamiento de las PASO en la provincia”, agregó. 

En tanto, Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores del FdT-PJ, señaló que “el Gobierno nacional ha desarrollado estos programas como los Repro y claramente sabemos que nada es suficiente, por eso nosotros insistimos en que tiene que venir una colaboración del gobierno provincial”. 

“Cada uno de los sectores del Estado podría hacer un esfuerzo y colaborar, hace poco se conoció una licitación para café y bebidas energizantes del Ministerio de Hacienda por $60 millones. Bueno, podrían tomar el café que hay para todos los empleados de Casa de Gobierno y mandar ese dinero a este tipo de iniciativas”, sostuvo. 

De la reunión participaron representantes de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mendoza (UTHGRA), de la Cámara de Turismo de Mendoza, de la Unión Comercial Industrial de Mendoza (UCIM), de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), de Cámara de Turismo de San Rafael, de General Alvear y de Maipú y empresarios independientes de estos sectores. 

El diputado nacional Federico Zamarbide (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley para pedir la eximición del impuesto a las Ganancias del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El legislador radical aseguró que perjudica a los emprendedores y que las empresas no toleran mayor presión fiscal.

La iniciativa, que es acompañada por Alfredo Cornejo y otros trece legisladores de Juntos por el Cambio, apunta a generar un alivio económico en aquellos trabajadores alcanzados por el subsidio. El radical recordó que el ATP: “Está destinado a personas, físicas y jurídicas, que se vieron afectadas directamente por la caída de la actividad económica, luego de las medidas de contingencia implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional durante la Emergencia Sanitaria que aún estamos atravesando”.

Actualmente, en la Ley de Impuesto a las Ganancias no existe una exención para los subsidios recibidos por parte de los empleadores y, por ende, los beneficiarios del salario complementario para empresas se encuentran alcanzados por este tributo.

“El ATP fue implementado, como se mencionó, para atenuar los efectos económicos generados por la pandemia. Por lo cual, este beneficio debería estar exento de Ganancias para continuar con su intención inicial que es, justamente, proporcionar esa ayuda económica. Lo cual, incluso, está establecido en los considerandos del decreto por el cual se otorgó dicho subsidio“, sostuvo el diputado de la oposición.

Zamarbide concluyó que “por la rigidez de la cuarentena en Argentina durante el 2020, las empresas recibieron la denominada ATP. Pero, como todo lo que hace este Gobierno, ahora perjudican a los emprendedores porque tienen que pagar impuesto a las Ganancias considerando el ATP como si fuese un ingreso de una venta. Por eso, presentamos este proyecto y le exigimos al Gobierno nacional que exima a este subsidio de Ganancias. Las empresas no toleran la enorme presión fiscal que tiene el país”.

La diputada nacional Dolores Martínez (UCR CABA), acompañada por diputados de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria (ATP) durante la vigencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, y  por noventa días más, una vez dispuesto el cese de las mismas.

“El aislamiento sanitario ha generado duras implicancias económicas. Para paliar dichas consecuencias, se han aprobado medidas de asistencia como es el caso del ATP, una buena medida, que aprobada con cierta rapidez, ha demostrado al principio, como tantas otras en la crisis, serios problemas en su implementación”, señaló Martínez.

Explicó que “el ATP ha constituido un gran aliciente para diversos sectores que se han visto enormemente perjudicados por la crisis económica ocasionada por la pandemia y por ello consideramos que debería extenderse su vigencia, pensando en la crisis que ya se asoma en la pos pandemia, motivo por el cual instamos su continuidad”.

“Ante el sombrío panorama que nos refleja la post-pandemia, resulta de vital importancia el mantenimiento de políticas públicas que, bien dirigidas, permitan preservar los niveles de actividad y de empleo registrado, poniendo énfasis en el control de la asignación de los recursos a fines de garantizar una eficiente distribución de los mismos, asegurando que lleguen en tiempo y forma a los destinatarios”, dijo la diputada.

“Dentro de la emergencia y los tiempos que la pandemia impone, tratar de plantear horizontes de mayores plazos, crear algo de estabilidad y previsibilidad. Hoy los beneficios se renuevan mensualmente y al límite. Con cierta temporalidad pre establecida se pueden planificar”, afirmó Martínez.

Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Brenda Austin; Carla Carrizo; Soledad Carrizo; Alejandro Cacace; Maximiliano Ferraro; Álvaro González; Jimena Latorre; Josefina Mendoza; Diego Mestre; Claudia Najul; Luis Petri; Carmen Polledo; Hugo Romero; Emiliano Yacobitti; Gonzalo Del Cerro, Camila Crescimbeni, Fabio Quetglas, Aída Ayala, Gustavo Menna; Miguel Nanni, Roxana Reyes, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Gabriela Burgos, Jorge Enriquez, Alicia Terada, Natalia Villa; Julio Sahad; Estela Regidor, Lidia Ascárate y Ximena García.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) presentó un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo nacional la prórroga por el mes de junio de 2020 del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Salario Complementario por un monto equivalente al 50% del salario neto del trabajador por hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes.

El pedido apunta especialmente a los clubes de su provincia, cuya actividad continúa prohibida aunque Entre Ríos por los sucesivos decretos haya pasado de una etapa de aislamiento a una de distanciamiento.

Señala Casaretto en su iniciativa que en los últimos días, la AFIP y la ANSeS procesaron las solicitudes y notificaron a las empresas beneficiarias del Salario Complementario de junio. En el caso de Entre Ríos se dispuso la aprobación de los beneficios por hasta un salario mínimo vial y móvil, en el caso de clubes que habían recibido el beneficio de hasta dos salarios mínimos en los dos meses anteriores.

“En el caso de los clubes ubicados en el AMBA, razonablemente se mantienen los beneficios vigentes en los meses anteriores, en tanto están cerrados y sin actividad. Pero se produce una situación de inequidad muy grande, porque todos los clubes están cerrados; pero los ubicados en el AMBA cobrarían el ATP por hasta dos salarios mínimos, mientras los clubes entrerrianos cobrarán la mitad de ese valor, solamente un salario mínimo”, advirtió el diputado nacional.

Es decir, mientras se mantiene la prohibición de actividades en los clubes de su provincia, “el mismo Estado nacional reduce la asistencia en el salario complementario del ATP a un monto fijo de un salario mínimo vital y móvil, independientemente del salario del trabajador. Mientras tanto, se mantiene la obligación de pagar la totalidad de los salarios de los trabajadores de esos clubes. O sea, que las normas nacionales obligan a mantener cerrados los clubes, se les obliga a pagar la totalidad de los salarios de los trabajadores, se prohíben los despidos y suspensiones de los mismos, pero al mismo tiempo se reduce a la mitad el apoyo que el Estado aporta mediante el salario complementario”.

“Está claro que si los clubes están cerrados desde el 20 de marzo hasta el presente, muy pocos de sus socios pagarán las cuotas sociales, con lo cual es imposible el pago de los salarios completos a sus trabajadores”, concluyó el legislador oficialista.

La sendora nacional por Mendoza Pamela Verasay presentó un proyecto mediante el cual se solicita al Gobierno nacional el incremento del programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) hasta su valor original, teniendo en cuenta que en la última modificación de dicho programa el Estado Nacional redujo el beneficio en un 50%, en la mayoría de las provincias, incluida Mendoza. En paralelo, también presentó otra iniciativa donde reclama a la Nación abonar el tercer pago del IFE a todas las provincias. Cabe recordar que se salvaron del recorte Buenos Aires, CABA y Chaco, por ser las zonas más afectadas por la pandemia.

“El Covid-19 afecta a un pequeño porcentaje de la población, pero la cuarentena destruye una gran parte de la economía en todo el país sin distinguir fases, contagios o zonas, por ello es necesario que el presidente comprenda este concepto y lo aplique en la distribución de fondos”, destacó la legisladora radical.

Mediante la Decisión Administrativa 1133/20 el Gobierno nacional redujo la cobertura a los trabajadores de la mayor parte del país y de la mayoría de las actividades económicas, al 50% respecto de su valor original. De dicho recorte sólo se salvaron las empresas y sus trabajadores de CABA, Buenos Aires y Chaco. En este contexto, Verasay presentó una propuesta donde solicita al Poder Ejecutivo Nacional asegurar el acceso igualitario al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a los trabajadores de empresas de todo el país.

“Por este motivo estamos reclamando que por lo menos, en los meses de junio, julio y agosto se deje sin efecto dicha medida. Sería un error pensar que porque un decreto establece que una zona flexibiliza la cuarentena, pero aún permanece en ella, se puede reducir un 50% el programa, cuando la gravedad de la situación amerita darle unos meses a las pymes y a sus trabajadores para regularizar sus finanzas”, enfatizó Verasay.

“Debemos restituir la igualdad de beneficios para las pymes y trabajadores de todo el país, sin distinción de área geográfica, para acceder al salario complementario hasta un máximo de 2 salarios mínimo vital y móvil como está previsto para CABA, Buenos Aires y Chaco. No parece ser el momento de discriminar por área geográfica y favorecer más al dichas zonas por sobre el resto de las provincias”, continuó.

Por otra parte, según anunciaron las autoridades del ANSeS, el Gobierno nacional tiene previsto abonar sólo el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en las zonas donde la cuarentena se encuentre en la fase 1, dejando al resto del país y a la población vulnerable en una situación de desprotección por falta de ingresos. Con esta arbitraria medida cerca de 357.000 mendocinos dejarían de percibir esta ayuda económica.

“En relación a ese anuncio presentamos, en paralelo a los ATP, otra iniciativa al Poder Ejecutivo Nacional para que continúe tratando igualitariamente a todos los beneficiarios del país, incluidos los de Mendoza ya que los efectos de la cuarentena perjudican gravemente a todos los sectores económicos, y en particular a monotributistas, trabajadores informales y sectores más vulnerables. El centralismo que está ejerciendo el Estado Nacional en el manejo discrecional de los recursos está perjudicando enormemente a algunas provincias, por eso presentamos este proyecto para que todos los habitantes en situación de vulnerabilidad de todas las provincias reciban los recursos que necesitan”.

La falta de estos ingresos no sólo afectaría a este sector de la población sino que también sería otro golpe a la economía porque esos ingresos se vuelcan exclusivamente al consumo local, afectando también a las provincias y sus ingresos. Asimismo, esta inversión social, frente a la crisis generada por la cuarentena, tiene muchos más beneficios que el ahorro fiscal que genera acotarla.

“Los hechos demuestran que para la Nación, un ciudadano de Buenos Aires vale más que un ciudadano mendocino o de cualquier otra parte del país. Los trabajadores mendocinos y del resto de las provincias afectadas no son ciudadanos de segunda. La crisis generada por la cuarentena y la cuarentena misma todavía no han finalizado. Ayudar a las Pymes a conservar las fuentes de trabajo y la actividad económica es un tema prioritario en todas las provincias por igual y de este modo superar el complejo y difícil momento que vivimos”, finalizó Verasay.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó en la sesión de este jueves en el Senado que alrededor de 2.000.000 de trabajadores accedieron al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el Estado abona parte de los salarios del sector privado.

Según precisó el funcionario, 250.000 empresas accedieron al primer ATP, y otras 200.000 lo hicieron al segundo mes de su vigencia, lo que hace a un promedio de entre 2.000.000 y 2.500.000 trabajadores que recibieron el beneficio.

Cafiero detalló que la segunda entrega del ATP se terminó de abonar la semana pasada y, ante una pregunta del senador Julio Cobos (UCR), anunció: “Vamos a continuar trabajando con los sectores críticos en las mismas condiciones de hoy”.

En ese sentido, dijo que se están planteando “políticas específicas para empresas de menos de 800 trabajadores” que “no hayan tenido un aumento en la facturación”, las cuales seguirán recibiendo “el 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

Entre los sectores afectados, mencionó “la industria turística, la industria gastronómica, cines teatros… actividades que aun producto de la pandemia, y no de la cuarentena, están sensiblemente deterioradas porque no se pueden reactivar”.

Diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical solicitaron al Gobierno nacional que incluya a la producción vitivinícola y frutícola al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que impulsó al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio para ayudar económicamente a las empresas.

El proyecto fue presentado por la diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre, y sostiene que se fundamenta en la “urgente necesidad de alivianar el impacto negativo de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos, comerciales, financieros en las actividades agrícolas de economías locales como son el cultivo de la vid y las frutas de pepita y carozo”.

Asimismo, los legisladores radicales destacaron que “el impacto de la pandemia y el cierre de mercados nacionales e internacionales han profundizado la situación de emergencia productiva económica financiera y social de los sectores vitícola y frutícola, afectando de manera inmediata y aguda a las empresas en su capacidad productiva y sostenimiento del empleo en las provincias de Mendoza, Río Negro, Neuquén, y San Juan”.

El programa ATP brinda una asignación compensatoria al salario, que es abonada por el gobierno nacional para aquellos trabajadores en relación de dependencia de empresas privadas, que cumplan con determinados requisitos para contar con este beneficio.

El proyecto cuenta con el apoyo de los diputados Alfredo Cornejo, Federico Zamarbide, Claudia Najul y Luis Petri (Mendoza); Brenda Austin, Soledad Carrizo y Hugo Romero (Córdoba); Carla Carrizo y Dolores Martínez (CABA); y Lorena Matzen (Río Negro), entre otros.

Diputados nacionales del radicalismo, encabezados por Dolores Martínez, presentaron dos pedidos de informes al Poder Ejecutivo referidos al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Este programa, creado en el marco de la emergencia sanitaria, incluye desde el pago por parte del Estado de parte del salario a los trabajadores en relación de dependencia hasta reducción de contribuciones patronales y créditos a tasa cero para pequeños contribuyentes. Las preguntas se refieren tanto a la campaña publicitaria realizada en vía pública como a la implementación del programa.

“Este Programa, que fue una buena medida, aprobada con cierta rapidez, ha demostrado como tantas otras en la crisis, serios problemas en su implementación, en parte debido a la ineficacia de los recursos y de las estructuras burocráticas asignadas, como la alta complejidad del trámite, duración extensa de la tramitación, caídas de servidores y modificaciones sobre la marcha”, afirmó Martínez.

Por un lado, solicita saber a cargo de qué área se encuentra el diseño de la campaña de difusión por la cual se colocaron afiches en vía pública (por ejemplo “Salarios 50% pagados por el Gobierno nacional”) respecto del Programa; el costo total de la campaña de difusión, detallando personas o empresas a cargo del diseño, impresión y colocación de los afiches, indicando asimismo procedimiento de selección para la contratación de dicho servicio; y si se efectuaron campañas de difusión al respecto por otros medios, dando precisiones sobre los mismos.

En el segundo pedido de informes, Martínez pide información sobre la cantidad de solicitudes de beneficios recibidas, la cantidad de beneficios efectivamente otorgados, la cantidad de solicitudes rechazadas y las pendientes de aprobación, discriminadas en todos los casos por tipo de beneficio; rubro o actividad de los solicitantes, distribución geográfica y erogación total discriminada por beneficio. También pide que el Gobierno detalle el tiempo promedio que insume la tramitación de la asistencia, desde el momento de la solicitud hasta el efectivo otorgamiento; y las causales más frecuentes de demora en la tramitación de las solicitudes.

“Las finalidades que persigue la adopción de una buena medida, como es el caso de esta asistencia, pueden verse desvirtuadas, cuando deficiencias en la implementación dificultan, que los beneficios lleguen a los destinatarios en tiempo y forma o directamente lo impiden”, remarcó la legisladora.

“Asimismo, en tiempos de crisis como la presente -agrega la diputada-, se debe poner énfasis en el control de la asignación de los recursos públicos a efectos de garantizar una eficiente distribución de los mismos. Al mismo tiempo deben evitarse mensajes distorsivos de la realidad, más aún en publicidad oficial, que debe estar destinada a difundir acciones o informaciones de interés público”.

“Ello cobra aún más importancia, si se atienden las recientes declaraciones de diputados y diputadas oficialistas y funcionarios y funcionarias de Gobierno, quienes se manifestaron respecto de cierto interés por parte del Estado de tener participación de capital sobre las empresas a las que se le otorga la asistencia, con recursos provenientes de los impuestos que esas mismas empresas aportan. Todo ello en un marco de angustia e incertidumbre de muchas personas que luchan a diario para mantener en pie su empresa, ante una crisis sin precedentes”, finalizó. Además de Dolores Martínez acompañan los proyectos los diputados Karina Banfi, José Cano, Albor Cantar, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Gerardo Cippolini, Ximena García, Juan Martín, Claudia Najul, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Roxana Reyes, Hugo Romero y Emiliano Yacobitti, Luis Petri, Lidia Ascárate, Alejandro Cacace, Gabriela Lena, Jimena Latorre, Josefina Mendoza, Estela Regidor, José Riccardo, José Rizzotti y Federico Zamarbide.

La senadora nacional por la provincia de Santa Fe María de los Angeles Sacnun presentó un proyecto de ley para que se aplique el Programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción al Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros y garantizar el servicio esencial para el conjunto de la comunidad en aquellos puntos del país donde los subsidios resultan insuficientes.

“El Estado debe cuidar la vida y la salud de su población para hacer efectivos los derechos consagrados”, expresó Sacnun y en ese sentido pidió tener en cuenta que “en varias provincias el servicio esencial de transporte se encuentra con paro de actividades”.

Sacnun explicó que la ciudad de Rosario recaudaba antes sobre 450.000 pasajeros y hoy recauda sobre 62.000, “siendo un servicio esencial las empresas y los trabajadores necesitan que el Estado los contemple de manera urgente en el Programa ATP”, destacó.

La senadora Sacnun informó que la presente iniciativa legislativa se lleva adelante “a partir de un trabajo en equipo con intendentes de distintas localidades, y en diálogo permanente con el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, y de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, para construir un Estado presente y juntos hacerle frente a esta pandemia”.