El próximo jueves 16 de abril, a partir de las 10, se llevará a cabo en el Salón Illia del Senado la audiencia pública donde Carlos “Coco” Mahiques defenderá su pliego para acceder a la prórroga por cinco años más en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.

El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo, Juan Bautista Mahiques, al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero-, y luego que el camarista solicitara la extensión.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Al pliego se le dio ingreso formal en la sesión del 18 de marzo pasado, mientras que el 7 de abril culminó el plazo para recibir respaldos e impugnaciones a su candidatura, las cuales tendrá sobre la mesa la Comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto.

En lo que respecta a la Cámara Federal de Casación Penal y la prórroga en el cargo, figura como antecedente reciente la situación de Ana María Figueroa. En 2023, el pliego de la jueza se trató 50 días después de haber cumplido 75 años, y luego también de que la Corte Suprema de Justicia haya determinado el cese de sus funciones.

El pliego se votó en el recinto de la Cámara alta el 28 de septiembre de 2023 y, tras un empate en la votación, resolvió a favor la expresidenta provisional Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Aunque el expresidente Alberto Fernández firmó por decreto su designación, se mantuvo finalmente la decisión del máximo tribunal y no reasumió como magistrada.

Pasado el feriado de Semana Santa, el oficialismo retomará la agenda legislativa y pisará el acelerador en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del único tema pendiente que le quedó de las sesiones extraordinarias: la reforma de la Ley de Glaciares, que buscará convertir en ley este miércoles en Diputados.

Será luego de la maratónica audiencia pública realizada después del fin de semana XL del mes de marzo, para la cual se anotaron más de 102 mil expositores, de los cuales algo menos de 400 pudieron exponer en las dos jornadas habilitadas en el edificio Anexo de Diputados.

La idea del oficialismo es sesionar el próximo miércoles 8 de abril, para debatir la reforma de la Ley 26.639, sancionada en 2010. La media sanción de esa reforma se consiguió en el Senado el pasado 26 de febrero, durante una sesión en la que obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorgar a las jurisdicciones el poder de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA.

La sesión no ha sido todavía oficializada, aunque ya a los diputados del oficialismo y aliados se les anticipó la posibilidad de sesionar. Lo que sí se oficializó ya fue un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, que convocaron a sus miembros a una reunión conjunta a llevarse a cabo el próximo martes 7 de abril, a las 14, en la sala del segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados.

A esa reunión asistirán invitados especiales en calidad de expositores. Una vez finalizadas las exposiciones, ambas comisiones se abocarán al dictamen del expediente, según pudo saber parlamentario.com a partir de la nota enviada a cada legislador. Los nombres de los invitados serán difundidos oportunamente.

De tal manera se cumplirá con el objetivo de hacer una reunión informativa antes de la firma del dictamen, del mismo modo que el oficialismo buscará evitar dilatar más el tema, que espera convertir en ley al día siguiente.

La Cámara de Diputados dio por finalizado este jueves un proceso de participación ciudadana que, según destacó su presidente, Martín Menem, no tuvo antecedentes por su escala y alcance federal. La instancia se desarrolló en el marco del debate legislativo de la iniciativa que propone cambios a la ley de protección de glaciares y del ambiente periglacial, y se llevó adelante conforme a los lineamientos del Acuerdo de Escazú y su normativa complementaria.

De acuerdo con lo informado, se registraron más de cien mil solicitudes de inscripción, lo que obligó a implementar un esquema de participación diversificado. Para canalizar las presentaciones, se habilitaron cuatro modalidades: exposiciones presenciales, intervenciones virtuales, presentaciones por escrito enviadas por correo electrónico y la carga de videos a través del canal de YouTube de la Cámara, con transmisión en vivo por la señal oficial.

Ante la imposibilidad material de dar lugar de manera presencial a la totalidad de los inscriptos, se aplicaron criterios “objetivos, verificables y por orden cronológico”, señaló Menem, con el objetivo de asegurar una representación equitativa de todas las provincias. En esa modalidad se priorizó la participación de comunidades, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, con la intención de concentrar y visibilizar la mayor cantidad posible de voces.

Menem subrayó que, tal como lo expresaron los diputados que presidieron las audiencias, todas las intervenciones serán consideradas en igualdad de condiciones y formarán parte tanto del dictamen como del trámite legislativo posterior. En ese sentido, remarcó que ninguna solicitud fue rechazada y que se ofrecieron alternativas suficientes para garantizar la pluralidad de opiniones.

El proceso se extendió a lo largo de más de 23 horas de exposiciones, con representación de todas las provincias del país. Según los datos oficiales, se incorporaron además más de 80 videos y alrededor de 2.600 ponencias escritas, que quedarán integradas al análisis parlamentario del proyecto.

Con la finalización de esta etapa, Diputados dio por cumplido el requisito de participación ciudadana previsto por los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, mientras la iniciativa sobre glaciares continúa su camino legislativo en un contexto de fuerte interés y debate público.

Transcurridas más de siete horas del inicio de la jornada virtual de audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, llegó el turno de la exdiputada nacional Graciela Camaño no se guardó nada y apuntó contra el sistema implementado en estos dos días. “Se obvió proporcionar al público de la información necesaria en forma efectiva y los plazos no son en absoluto razonables”, señaló a través de una videollamada.

Lejos de avalar el contenido del proyecto de ley que envío el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación en diciembre pasado, Camaño desplegó sus conocimientos jurídicos y le envío un mensaje al bloque oficialista, los aliados y a los gobernadores: “Retroceder en materia ambiental no es gobernar, es renunciar al futuro”. La intervención se estiró por más de diez minutos y cuando terminó recibió el aplauso de los diputados opositores presentes en la Sala 2 del Anexo C.

En primera instancia, cargó contra las dos jornadas de debate y señaló: “Vengo a impugnar, como paso administrativo previo a los juicios que se iniciaran de prosperar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, esta ‘no audiencia pública’”. En ese punto, invocó al Acuerdo de Escazú, a la Ley General de Ambiente y a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a “la relevancia de la audiencia pública como una instancia de participación ciudadana que favorece la democratización de las decisiones, la formación de consensos, la transparencia y la publicidad de los actos y procedimientos que, en definitiva, fomentan el control social”.

Luego, cargó que “esa instancia ha estado ausente es este trámite”, y agregó que “se trata de evidente déficit que esta pretendida audiencia pública no lo supera”. Dirigida a los legisladores del oficialismo, quienes oían atentamente, Camaño reiteró que “el Acuerdo de Escazú tiene jerarquía superior a las leyes”.

Desde esa postura, mencionó que el tratado ambiental internacional, vigente desde el 2021, “consagra parámetros de participación pública que, lejos de haber sido observados, han sido soslayados o contravenidos plenamente porque no se verificó participación del público en las etapas iniciales”. También aseveró que “se obvió proporcionar al público la información necesaria en forma efectiva. Los plazos no son en absoluto razonables”.

El discurso de Camaño estuvo marcado por los términos técnicos y jurídicos. Y cuando estaba hablando de la presunta violación al artículo 7 del Acuerdo de Escazú, la videollamada quedó en silencio. La exlegisladora llevaba seis minutos ininterrumpidos de exposición y cuando la comunicación virtual se cortó del todo, los opositores presentes gritaron que “la están censurando”. José Peluc negó rotundamente que eso haya sido así.

Pasados más de 60 segundos, Camaño recuperó la comunicación y lejos de creer que pudo haber sido un problema técnico de conexión virtual, alzó la voz en vivo y acusó: “Exijo que se me devuelva el tiempo desde que me mutearon el teléfono”. De todas maneras, volvió al tema y agregó que “se vulneró el artículo 7 que establece que la audiencia pública debe atravesar todos y cada uno de los procesos de la decisión ambiental y verificarse previamente a su adopción”.

“Claramente la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones por configurar una violación en el elemento formal del acto al no haberse cumplido con los procedimientos esenciales previstos para la emisión del mismo”, explicó desde el punto de vista jurídico.

Su postura ante la propuesta del Gobierno

Sobre el avance del proyecto de ley con media sanción del Senado, sumó que “no puede perfeccionarse un procedimiento inválido”, aseveró que “el procedimiento que está viciado” y le endilgó una tarea a los diputados nacionales que tiene previsto avalar el texto en el recinto: “Tienen la obligación de hacer el examen político de constitucionalidad de los proyectos que votan”.

En el final, fue contra el espíritu de la modificación: “Este proyecto cuyo objeto no es la minería, sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional”, y enfatizó que “pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce, en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”.

Para concluir la exposición en la segunda jornada de audiencias públicas por la modificación de la Ley 26.639, Graciela Camaño reiteró que el texto “transgrede los principios de la Ley General de Ambiente”; invocó nuevamente el Acuerdo de Escazú junto a una serie de fallos del máximo tribunal de justicia; y cerró: “La Ley de Glaciares es el piso mínimo, no puede reducirse y tiene progresividad consolidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Este proyecto cuyo objeto no es la minería, sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional”

Recorrido legislativo

Graciela Camaño cumplió diferentes mandatos entre 1989 y 2023. En relación a la Ley 26.639, votó a favor de la creación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial en la Cámara de Diputados el 15 de julio del 2010. Del mismo modo, en 2014, 2016 y 2017 exigió informes por la suspensión de la presentación del estado de avance del Inventario Nacional de Glaciares (ING) que se debía no se realizó el 22 de mayo del 2014.

“Dicha presentación, tenía por objetivo dar a conocer los aspectos más relevantes y el grado de avance obtenido. A tales efectos, se contaba con la participación de diversos profesionales técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET, quienes serían los encargados de brindar detalles sobre los avances obtenidos”, había fundamentado.

En el marco de la audiencia pública en la Cámara de Diputados por la modificación a la Ley e Glaciares, el Círculo de Políticas Ambientales cuestionó el rol del sector minero como “hacedor de la ley de Glaciares”, la falta de debate amplio, transparencia y participación efectiva.

En representación de la organización estuvo su directora ejecutiva, María Eugenia Testa, quien manifestó el rechazo a la modificación de la ley de preservación de glaciares y del ambiente periglacial. Además,  planteó objeciones tanto al contenido de la iniciativa como al procedimiento legislativo adoptado, señalando la ausencia de un debate amplio, informado y transparente, así como la limitada participación de actores técnicos y científicos especializados.

“Nos encontramos ante un hecho inédito: el gobierno nacional, en alianza con algunos gobiernos provinciales —principalmente Mendoza, San Juan y Salta—, y con la anuencia de legisladores oficialistas y aliados, está impulsando una regulación ambiental de alcance federal diseñada por el propio sujeto regulado. Tal como surgió durante el tratamiento exprés de la iniciativa en el Senado, el único sector escuchado e involucrado en el diseño de esta reforma ha sido el sector minero”, cuestionó.

En ese sentido, Testa sostuvo que “la modificación de la Ley de Glaciares resulta objetable no solo por su contenido, sino también por su origen y procedimiento”, y remarcó la importancia de garantizar instancias de deliberación pública genuinas.

A su vez, se advirtió que el proceso presenta aspectos que generan preocupación institucional, como el tratamiento acelerado del proyecto, la escasa discusión en comisiones y la falta de instancias participativas sustantivas en etapas previas.

En relación con la audiencia pública, se señalaron irregularidades que afectan el ejercicio del derecho a la participación ciudadana, entre ellas cambios en los criterios de participación, falta de acceso a la información sobre inscriptos y oradores y la exclusión de un número significativo de personas interesadas en exponer.

En este contexto, Testa agregó: “no puede garantizarse una participación real si se restringen las condiciones de acceso y se limita la pluralidad de voces en una instancia clave del proceso legislativo”.

Finalmente, se destacó que el debate sobre la protección de los glaciares y el ambiente periglacial reviste una importancia estratégica, dado su rol como reservas de agua dulce y soporte de múltiples actividades productivas y sociales.

A las 10.03 de este jueves arrancó la segunda jornada de audiencia pública en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción del Senado. Una audiencia que se extendió doce horas, con testimonios mayoritariamente en contra del proyecto impulsado por el oficialismo. A diferencia de este miércoles, en la nueva reunión se escuchó a los expositores de manera remota, uno tras otro, sin sobresaltos.

La primera jornada estuvo marcada por un clima de tensión, a partir de los constantes cuestionamientos de la oposición hacia el oficialismo por la mínima cantidad de oradores que podrán participar, a pesar de haberse inscripto más de 100 mil personas. De hecho, un grupo de legisladores planteó una impugnación.

Además, al final del día la oposición denunció que La Libertad Avanza hizo ingresar a personas que no figuraban anotadas y vinieron a manifestarse a favor de la ley. Cabe señalar que, del total, una abrumadora mayoría se opuso a la reforma.

Otro hecho que provocó enojo fue que el oficialismo redujo deliberadamente el tiempo de alocución de 4 a 5 minutos, noticia que recibieron ayer antes de comenzar. Igualmente, en ambas jornadas, algunos superaron su tiempo al hablar.

Mientras en la sala del segundo piso del Anexo C se desarrollaba la audiencia presencial, donde diputados oficialistas se cruzaron con algunos expositores, en las afueras militantes ambientalistas desarrollaron una audiencia popular sobre las calles Riobamba y Bartolomé Mitre que el fuerte operativo de seguridad no pudo impedir.

La reunión es conducida por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

Todo marchaba sin interrupciones hasta que, a las 13.44, la exposición de un orador se silenció. "¿Santiago, te muteaste en la última parte?", preguntó Peluc, y pasó la palabra a la siguiente oradora, pero tampoco se la escuchaba. "Estamos con un problema de sonido nosotros", informó el diputado y se pasó a un cuarto intermedio que duró exactamente 15 minutos; durante ese tiempo las diputadas de la izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá chicaneaban a los libertarios entre risas.

A los 40 minutos, el incidente volvió a repetirse. "Lamentablemente vamos a tener que hacer de nuevo un receso de 10, 15 minutos. Van a tener que cambiar las computadoras, porque está fallando una de ellas", dijo Peluc y aclaró: "Para tranquilidad de todos vamos a extender el tiempo lo que haga falta". A los 14 minutos volvió a reanudarse la audiencia.

Al igual que en la primera jornada, los oradores -entre los que hablaron varios representantes de comunidades originarias- rechazaron que se trate efectivamente de una audiencia pública, debido a los miles que quedaron sin chance de hablar; al tiempo que otros anticiparon futuras acciones legales.

Ante la presencia de un grupo de diputados en la sala, uno de los primeros en hablar fue Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, a cargo del Inventario Nacional.

"La ley aprobada en el Senado no representa una mejora respecto a la ley vigente, porque deja áreas con hielo sin proteger, no elimina las ambigüedades planteadas, sino que por el contrario genera nuevas ambigüedades, desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a las autoridades políticas competentes de cada provincia", definió.

Villagra defendió que "el Inventario está funcionando, está en proceso de revisión" y "es una obra magnífica que brinda herramientas para el ordenamiento territorial de nuestra cordillera". Del total de 16.078 glaciares identificados, y casi 17 mil incluyendo las Islas Malvinas, "solamente el 0,8% abarcan la superficie de la cordillera", señaló.

Para el director del IANIGLA, la modificación introduce conceptos que "generan incertidumbre" y no aclara cuáles serán los mecanismos "por los cuales se determinará la importancia hídrica" de un glaciar o periglacial. "Además, sigue sin incluir un presupuesto para completar el inventario, lo cual deja a nuestro instituto en una incertidumbre en cuanto a su realización", añadió.

A su turno, Muriel Douton, especialista en sustentabilidad, expresó que "los glaciares son una fuente fundamental de agua dulce para nuestro planeta, representan el 70% del agua dulce en el mundo". "No solo protegen la biodiversidad, y tienen que ver con cuestiones climáticas para conservar nuestro clima, sino que también tienen que ver con algo tan fundamental como la vida. El agua, elemento fundamental para la supervivencia humana, está en riesgo con la modificación de esta ley. La minería pone en riesgo este recurso", afirmó.

Silvia María Pía, del Colectivo Defensoras del Agua de Famatina, sostuvo que las modificaciones propuestas "son inconstitucionales, violan el artículo 41 de la Constitución y el principio de no regresividad". Tras cuestionar "irregularidades" de la audiencia pública, donde solo hablarán el 0,3% de los inscriptos, denunció que "la adecuación de las normas jurídicas a las exigencias del sector cooperativo transnacional no es un hecho nuevo" y dijo que esta ley "responde a la urgencia y presión de las empresas mineras transnacionales".

Más adelante, María Laura Colazo, legisladora provincial y presidenta del Partido Verde de Tierra del Fuego, manifestó: "Esta isla del fin del mundo está bendecida con cientos de glaciares, son nuestra fuente de vida y bienes comunes que los fueguinos sabemos custodiar. Los glaciares nos brindan el agua que bebemos, la que usamos para vivir, no queremos que se ponga en peligro con la aprobación de esta ley".

Tras resaltar que en la provincia están "dando la batalla porque hay un intento de adhesión al RIGI", Colazo observó que esta reforma "es el escenario que necesitan muchas industrias extractivistas". Por otra parte, aseguró que la ley no apunta al federalismo, porque, por el contrario, "va a poner a las provincias unas contra otras".

Néstor Lastiri, de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, apuntó que "en La Pampa no tenemos glaciares, por ello dependemos del agua que nace en la cordillera" y "cualquier decisión que se tome sobre los glaciares o periglaciares no es una decisión local, sino una que impacta sobre todo el sistema hídrico".

"Nuestro río Atuel es un ejemplo de lo que pasa cuando las decisiones se toman aguas arriba, sin considerar a quienes estamos viviendo aguas abajo", aseveró e insistió que "el agua es un bien público que no reconoce límites políticos, demarcaciones geográficas; lo que se decide en la montaña impacta en toda la cuenca, porque se trata de un bien interjurisdiccional que constituye una unidad ambiental, hecho que lo hace transversal. Si se debilita la protección de las nacientes, las provincias agua abajo quedamos en una situación de mucha vulnerabilidad".

Por su parte, María Aguilar, de Eco House, se quejó de que "el mecanismo de participación, lejos está de ser una audiencia pública". "La Ley de Glaciares no es una ley más, es una ley que protege las principales reservas de agua dulce del país. Más de 7 millones de personas dependen de cuencas hídricas alimentadas por glaciares y periglaciares", defendió.

"En un contexto de crisis climática científicamente comprobada, con retrocesos glaciares apabullantes, en un país donde el 70% del territorio es árido o semiárido, debilitar la protección de los glaciares no es una mejora normativa", enfatizó y aclaró que "la ley actual no prohíbe la minería, sino que establece límites en menos de 1% del territorio".

A favor de la propuesta de modificación a la Ley 26.639, Néstor Rigamonti, presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, consideró que este nuevo marco regulatorio propone una “mayor precisión normativa; mejor integración de la información científica; respeto al federalismo constitucional; y fortalecimiento de la cooperación entre Nación y provincia”. Y agregó que busca “lograr una protección ambiental más efectiva, más operativa y sostenible en el tiempo”.

Antes, había señalado que este proyecto de modificación “parte de la premisa central de que la protección a los glaciares debe mantenerse y fortalecerse”. No obstante, reiteró que es “una oportunidad única para mejorar la eficacia del régimen vigente” porque “la política ambiental eficaz requiere reglas claras”.

Con énfasis en avalar la propuesta del Gobierno nacional, añadió que la iniciativa original tiene por objetivo “la protección de los glaciares en tanto tengan reservas estratégicas hídricas”, pero advirtió que “no todos cumplen esa función y el proyecto busca corregir esa distorsión”. Concluyó, además, que “la iniciativa no implica regresión ambiental porque continúan siendo protegidos”.

Uno de los picos de tensión que se produjeron durante la audiencia pública de este miércoles por la modificación a la Ley de Glaciares tuvo como protagonista a la diputada de La Libertad Avanza Karen Reichardt que se cruzó con una expositora ambientalista a quien le pidió en tono chicanero: “¿Por qué no te tomas una pastillita?”

“¿Por qué no te tomás una pastillita?”, chicaneó en varias ocasiones la libertaria a la chubutense Flavia Broffoni, quien al final de su disertación expuso a la oficialista delante de todos y, tras salir de la sala, se lo confirmó a los medios presentes.

“¿Corresponde que la diputada que está sentada acá adelante nos esté agrediendo a todos? Es una irresponsabilidad de un grado superior. ¡Es asqueroso!”, protestó la activista ambiental. En defensa salió otra expositora, Sol Basurto Muñoz, representante de brigadistas autoconvocados por los incendios en la comarca de Chubut, confirmó la acusación contra Reichardt: “A mí me acaba de violentar recién mientras hablaba la compañera”.

Mientras el repudio a Reichardt se extendía, desde el fondo de la sala en el anexo se escuchó un grito de indignación. “¡¿Ustedes nos pidieron que viajáramos miles de kilómetros desde nuestras provincias y se burlan así de nosotros?!”, reprochó.

Broffoni, durante su disertación, advirtió que en el debate sobre la ley de Glaciares “se juegan las últimas reservas de agua, que son irreemplazables, insustituibles”. “El daño de esta reforma es irreversible. Reventar las fuentes de agua está mal”, subrayó. “Déjense conmover por este movimiento ciudadano que es un récord mundial. Nunca a una audiencia pública se anotó tanta gente y esa gente no está acá ahora”, suplicó la activista.

Para Broffoni, “este proceso es absolutamente inconstitucional”, y se dirigió directamente a las “aseguradoras de las mineras” para avisar que “va a viciar cualquier inversión que se atrevan a hacer en este país”. “Me parece extremo haber viajado 2000 kilómetros desde la Patagonia incendiada hasta acá para decir lo obvio que es que sin agua nos morimos. Sin glaciares no hay agua”, explicó.

Horas más tarde, Reichardt salió a defenderse a través de las redes sociales: “Hoy, en la audiencia de glaciares, tuve que lidiar con agravios infundados. Los mismos que hablan de ‘el amor vence al odio’, de cuidar las formas, insultan y amenazan. Cuando no tienen argumentos, recurren a lo único que saben: la violencia”.

Hoy, en la audiencia de glaciares, tuve que lidiar con agravios infundados.

Los mismos que hablan de “el amor vence al odio”, de cuidar las formas, insultan y amenazan.

Cuando no tienen argumentos, recurren a lo único que saben: la violencia. https://t.co/HNvB2Rj7kw

— Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) March 25, 2026

Impulsora de la original Ley de Glaciares, la exdiputada Marta Maffei encabezó este miércoles un enfático y fuerte rechazo a la modificación de la norma que impulsa el oficialismo, con apoyo de gobernadores de provincias cordilleranas.

"Soy la autora de la Ley 26.639. Es una ley que protege los glaciares y periglaciares, que concitó el consenso científico, estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también las comunidades, que siempre se quedan afuera", arrancó.

La exposición de la exlegisladora comenzó luego de reclamos de diputados opositores a los presidentes de las comisiones a cargo del debate, a propósito de la reducción del tiempo otorgado a los oradores. Sin embargo, a Maffei, que se cruzó con libertarios al ser interrumpida, se la escuchó más de cuatro minutos.

"El Senado ha votado favorablemente un proyecto que deroga las claves de la ley, so pretexto de modernización, omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente. Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear convocando a esta farsa con pretensiones de audiencia pública", lanzó.

Tras señalar que más del 99% de los inscriptos "se quedaron afuera sin posibilidad de hablar", el diputado oficialista Alejandro Fargosi le respondió: "Mentira, es mentira lo que está diciendo". "Lea, instrúyase porque va a votar cualquier cosa, porque no sabe lo que dice", le devolvió Maffei, que luego anunció: "Mi participación acá no convalida esta aberración disfrazada de audiencia pública y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales en el tiempo que corresponda".

La exdiputada rechazó que en esta reforma "no existen los presupuestos mínimos" que prevé el artículo 41 de la Constitución Nacional y también "se viola el Convenio 169 de la OIT" porque "no se realizó consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas".

"Es un proyecto regresivo absolutamente en los términos de las leyes y tratados ambientales. Tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra es discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestro agua y nuestros glaciares, so pretexto de RIGI, de inversiones, se dispone que nuestro agua la utilicen como se les da la real gana", observó.

Al cuestionar que las autoridades provinciales podrán determinar qué área glaciar o periglacial es considerada estratégica o relevante, la dirigente preguntó: "¿Qué quiere decir que no es relevante? ¿Para quién? ¿Para la preservación del agua, para la vida de los pueblos, para los ecosistemas, para la producción agrícola-ganadera o para el futuro de nuestro país?".

"No hay federalismo cierto si el agua que es interjurisdiccional la administra solamente la provincia que está cerca del glaciar y deja río abajo a todo el mundo en la seca", enfatizó y apuntó que "esta ley favorece el avance de la minería en función del retroceso del derecho ambiental de nuestro pueblo y el derecho al agua".

La docente aseguró que la reforma "es regresiva en materia ambiental, es regresiva en materia jurídica y en materia democrática", al tiempo que "pretende romper la autonomía científico-técnica".

"Argentina tiene en este momento 53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares, lo han venido haciendo reiteradamente" a pesar de la ley, remarcó. "No tienen la menor idea de lo que es la minería a cielo abierto, no lo saben, no lo conocen. La minería a cielo abierta deja contaminado el agua de forma irreversible, el acido sulfúrico que se forma no lo sacan más", subrayó.

En el final, Maffei dijo: "El 75% de la población mundial vive en espacios donde escasea el agua, es insuficiente o está contaminada. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el colapso que van a generar para nuestro pueblo y nuestras vidas? Por favor, reflexionen, les pido que reflexionen. El pueblo tiene memoria, lo que hoy van a hacer no se lo van a olvidar más. El agua de los glaciares no se toca, los glaciares son la vida de nuestro pueblo".

Diputados de la oposición presentaron este miércoles por la mañana una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), al considerar que no cumple con los requisitos básicos de participación ciudadana. La presentación fue encabezada por Maximiliano Ferraro y cuenta con las firmas de Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brügge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.

Según el escrito, la audiencia resulta inválida por las “graves irregularidades” en la metodología adoptada, que restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

Ferraro advirtió que el esquema implementado limita la intervención oral directa, introduce criterios discrecionales para la selección de participantes y excluye a la gran mayoría de las personas inscriptas. También señaló que las condiciones de participación fueron modificadas una vez iniciado el proceso, alterando las reglas originalmente establecidas.

“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hay más de 100.000 personas inscriptas para opinar sobre un tema de enorme relevancia en todo el país y para muchas provincias, comunidades y actividades productivas afectadas directamente por el agua de los glaciares. En lugar de garantizar la escucha, la Libertad Avanza eligió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces. No se puede avanzar con cambios de esta magnitud de manera exprés, sin debate real y sin la licencia social necesaria”, afirmó el diputado.

En el mismo sentido, la diputada Sabrina Selva sostuvo que “se cercenó la participación de manera arbitraria, sin transparentar el proceso de selección de los participantes” y cuestionó que miles de personas que pretendían expresarse oralmente hayan sido obligadas a reformular sus intervenciones. Además, señaló que se utilizó un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para restringir la participación de ciudadanos de todo el país. “De esta manera, lo que se pretende es simular una audiencia pública, no cumplir con una instancia real de participación”, dijo.

Los legisladores también remarcaron que el formato adoptado vulnera estándares básicos de participación pública, como la transparencia, la igualdad en el acceso a la palabra y la necesidad de garantizar instancias sustantivas de debate previo a la toma de decisiones. “El procedimiento implementado desnaturaliza la finalidad de la audiencia pública, transformándola en una instancia meramente formal, sin deliberación real ni posibilidad efectiva de incidencia por parte de la ciudadanía”, sostuvo Ferraro.

Por estos motivos, solicitaron que se declare la invalidez de la audiencia pública, la nulidad de los actos realizados en su marco y la convocatoria a una nueva instancia que garantice condiciones reales, abiertas e inclusivas de participación. Finalmente, dejaron planteada la reserva de acudir a la vía judicial si persiste la afectación del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.

Durante el primer tramo de la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, funcionarios de distintas provincias dejaron plasmadas ambas posturas en torno al proyecto.

Segunda expositora en hablar en la jornada presencial de este miércoles, Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, aseguró que en su provincia existe "una memoria hídrica dolorosa" y, por eso, "el agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia. Nosotros somos una provincia aguas abajo, eso quiere decir que nuestro presente y, sobre todo, futuro, depende de decisiones que se toman lejos de nuestro territorio. Y por eso este debate no es ajeno, es central".

"Todos los ambientes glaciares y periglaciares son reservas estratégicas de agua dulce y ocupan tan solo el 0,3% del territorio nacional, sabemos que están retrocediendo, que la nieve disminuye, que los deshielos se adelantan y eso ya está afectando a los caudales de nuestros ríos. En este contexto, flexibilizar la protección de estos sistemas no es una decisión neutra, es una decisión que aumenta el riesgo", advirtió.

La funcionaria mencionó que en su provincia el 70% de la población depende del río Colorado, "alimentado por ambientes glaciares y periglaciares en la cordillera de Mendoza". En ese sentido, mencionó que "un punto clave es la interjurisdiccionalidad" ya que "los ríos no reconocen límites políticos".

Al recordar el caso del río Atuel, Basso señaló que fue "una historia de decisiones unilaterales aguas arriba, que generaron desertificación, pérdida de biodiversidad, deterioro productivo y desplazamiento de poblaciones. Una herida hídrica que sigue abierta siete décadas después".

"Por eso hoy no podemos mirar esta reforma con ingenuidad, porque sabemos que cuando se debilitan los controles, cuando se fragmentan las reglas y cuando se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables", aseveró.

La secretaria de Ambiente afirmó que "en este contexto no es constitucional, ético ni responsable flexibilizar la protección de nuestros glaciares, representando un avasallamiento del federalismo ambiental". "La Pampa rechaza la modificación de la Ley de Glaciares, porque sin agua no hay presente ni futuro, y defenderla es nuestra responsabilidad", cerró.

Desde la postura a favor de la modificación de la ley habló Gustavo Emilio Fernández, ministro de Producción de San Juan, quien expresó el apoyo a esta reforma por parte del gobernador Marcelo Orrego, lo que despertó abucheos.

El funcionario apuntó "la falsa dicotomía que existe entre actividades nobles y lícitas, como la minería, en relación con el eficiente y sostenible uso del agua o el desarrollo de una matriz productiva diversa". "San Juan es una provincia montañosa y desértica, solo el 3% de su territorio pertenece a oasis donde conviven la población y agricultura. Nadie mejor que nosotros, estamos comprometidos con la defensa del agua y los glaciares, pero la geografía nos define y la minería resulta ineludible para nuestras posibilidades", manifestó.

Tras describir la matriz productiva sanjuanina, Fernández dijo: "En mi provincia mayoritariamente los empleos mineros son locales y tiene capacidad de desarrollar al resto de las actividades", como por ejemplo, con infraestructura.

El ministro detalló que el 81% del agua que se consume es en actividades agrícolas, el 16% en consumo humano "y solo el 3% corresponden a las concesiones para el uso del agua a la minería", actividad que podría "ayudar a los productores agrícolas a utilizar más eficientemente el agua", expresó.

"La ineficiencia de los canales de distribución primaria han sufrido 20 años de abandono por parte del gobierno kirchnerista, que los abandonó y los dejó sin mantenimiento", lanzó y fue aplaudido por el oficialismo. "La minería está ayudando con inversiones y recursos para nuevos sistemas de distribución de riego" y también con inversiones al gobierno local "para la implementación de programas de reconversión agrícola", destacó.

También desde San Juan, Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero aclaró una serie de conceptos técnicos vinculados al objeto de protección de la ley vigente. “Las formas de hielo del ambiente glaciar, que son 100% agua, ese tipo de formas no está en discusión su protección, que tienen una función hídrica totalmente comprobada y son susceptibles a los cambios climáticos estacionales y de temperatura. Esos glaciares no están en la discusión sobre si se tienen que proteger o no: se tienen que proteger”, enfatizó.

Y agregó que “las formas con o sin hielo del ambiente periglacial son las que tienen que demostrarse la significancia hídrica mediante estudios de tercer nivel, que están reglamentados en la Ley 26.639, y que pueden indicarnos claramente la significancia o insignificancia hídrica de una geoforma que esté en el inventario nacional de glaciares”.

A continuación, el geógrafo planteó que “estos estudios son metodologías aceptadas mundialmente”, y recordó: “Provengo de San Juan y ahí se han realizado los dos primeros estudios de tercer nivel en glaciares de escombros”. Gracias a los mismos, “podemos asegurar que no están interviniendo en el funcionamiento de las cuencas hídricas. La calidad del agua del hielo que se ha podido analizar en estos estudios indica que superan ampliamente los niveles guía para uso y consumo de la humanidad: hombre, vegetales y animales”, precisó.

Moreno reiteró que “el ambiente glaciar no está en discusión su protección; el ambiente periglacial se debe comprobar su significancia hídrica”. Y cerró: “No se trata de proteger menos, sino de proteger mejor”.

A partir de la tercera hora de la audiencia pública, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, tuvo una confrontativa intervención contra las autoridades del plenario y los referentes de La Libertad Avanza. Primero, se acercó a la mesa principal portando una pila de inscripciones impresas (atadas) que dejó delante de Mayoraz y Peluc; luego cargó: “Es el colmo que entreguen los glaciares y hablen de las impresiones”.

El arranque caliente de la funcionaria camporista no quedó ahí: rápidamente se refirió al titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y lo acusó de “caradurez”. Irónica, siguió con los señalamientos: “En cada hoja hay 60 nombres y si cada persona enviara una hoja de argumentos van a tener 60 pilones como ese para ver si se leen, pero evidentemente no los van a leer”.

Daniela Vilar mantuvo una postura áspera contra Nicolás Mayoraz.

Lejos de apaciguar la intervención, Vilar relató sentir “escozor y angustia” por la actitud del oficialismo en virtud del avance de la modificación de la Ley de Glaciares; explicó que la Cuenca del Salado atraviesa cinco provincias y la zona sur de la PBA tiene 80.000 hectáreas productivas; y concluyó: “Les pedimos por una razón humana que no avancen con esto porque esto es irreversible”.

Exlegislador nacional y funcionario del área de Ciencia y Tecnología en el gobierno del Frente de Todos, Daniel Filmus, se hizo presente en el Anexo C de la Cámara baja y señaló que “no vamos a permitir que la minería arrase con las reservas estratégicas de agua y afecten el futuro de las generaciones”. También afirmó que “defendemos el agua y el ambiente como un derecho y porque hubo una ley votada y aprobada por unanimidad”.

Con la misma impronta, consideró que “el agua no es de las provincias, son temas federales” y remarcó que “reabrir esta discusión, está perjudicando el agua y la posibilidad de la minería en el país”. Cabe recordar que Filmus era senador oficialista cuando se sancionó la Ley de Glaciares en 2010. “Espero que escuchen, lean los debates porque fueron dos años de debate y la Corte Suprema la avaló”, concluyó.

Con gran puntualidad, la Cámara de Diputados dio inicio este miércoles a las 10 de la mañana a la primera jornada de audiencias públicas por el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado. La actividad se desarrolló en la Sala 2 del Anexo C y fue transmitida por los canales oficiales del cuerpo, con acceso para la prensa acreditada.

La convocatoria fue realizada de manera conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en el marco del expediente 0072–S–2025. El cronograma prevé también una segunda jornada este jueves, bajo una modalidad mixta que combina exposiciones presenciales, intervenciones remotas y presentaciones incorporadas al expediente en formato digital.

Estaba previsto que expusieran 196 de los más de 102 mil inscriptos, lo cual llevó a un reproche permanente de los críticos con que no pudieran hablar todos en la audiencia pública. Por eso, cuando a las 20.51 se anunciara el final de la jornada, no podía esperarse otra cosa que el estallido de los presentes. El titular de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, dio por concluida la jornada y le pasó la posta a su colega Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, que, ante las reacciones adversas, pidió paciencia y luego pidió por seis personas inscriptas para exponer. Aclaró que los nombrados -no estaban presentes todos- podrían hablar… pero ya no ante la audiencia, sino que grabarían un video con lo que quisieran decir y serían subidos los mismos a la plataforma correspondiente.

“La audiencia pública ha terminado -aclaró Mayoraz, entre gritos-. Graben en esta cámara el video que les vamos a subir. Al resto les ofrecemos fijarnos si estaban en el listado”.

La diputada de UP Sabrina Selva aclaró que quienes querían exponer tenían pulseras y habían sido agregados a un listado. “Usted dio su palabra de que iban a participar de la audiencia… Entiendo que no quiera que hablen, pero…”.

La diputada Lucía Cámpora también se puso al frente de las protestas y Mayoraz insistió en que la asamblea había terminado. “No lo decide usted”, le advirtió, aclarando que las personas tenían derecho a participar, pero insistió en que solo lo harían a través del video que se grabaría. Y dijo que las cintas solo los habilitaba a pasar, no a tomar parte de la audiencia pública. Esas personas ya estaban instaladas en sus lugares, y quien iba a hablar preguntó si tenían transmisión. En rigor, la misma había concluido, pero el canal Diputados TV seguía transmitiendo. Aunque eso duró breves instantes y finalmente esa transmisión también se cortó.

Bien temprano, en el inicio de la sesión, el propio Nicolás Mayoraz, había sido el encargado de dar detalles de cómo sería la audiencia, aclarando que la modalidad de participación se circunscribía a lo que establece el Acuerdo de Escazú, que exige que en los procedimientos legislativos que involucran cuestiones ambientales, se les dé participación a la ciudadanía.

En ese marco, advirtió una particularidad de Escazú: a diferencia de otros mecanismos de participación ciudadana, no se exige un interés relevante en la participación. Esto es: “Dice la ciudadanía –explicó-, con lo cual, cualquier ciudadano puede participar. Eso llevó a que nosotros no estableciéramos una restricción en la participación, y de hecho se anotaron ciudadanos comunes, que no representan a organizaciones de la sociedad civil, ni a organizaciones ambientales, ni algunos que pudieran acreditar un interés directo o específico sobre el tema”.

Mayoraz precisó que se había establecido la realización de dos jornadas públicas, una presencial y otra virtual, como así también la participación por escrito de quienes quieren llevar su voz a través de un video, o expresando por escrito la posición a través de un documento de no más de 10 páginas de extensión.

“Todo eso va a formar parte del expediente y van a tener igual tratamiento y consideración de los diputados”, añadió el presidente de Asuntos Constitucionales, que puntualizó que “aquellos que creen que la audiencia pública es la única manera que tienen para que los diputados los escuchen, están en un error. Todos pueden ver después todo el material. Todas las exposiciones van a formar parte del expediente”.

Luego Mayoraz se refirió a la impugnación presentada por diputados, la cual dijo que estaba dándosele curso y “será resuelta por los canales administrativos que correspondan”. En cuanto a las presentaciones judiciales, aclaró que “han sido todas rechazadas”.

Sobre el final anunció que la duración no tendría ya el límite de las 19 horas, como se había previsto, sino que se extendería lo necesario para que las casi 200 personas previstas para exponer este miércoles, y anunció que cada exposición se extendería 4 minutos, no 5 como se había previsto primero, lo cual generó el estallido de protestas. “El tiempo es finito -argumentó Mayoraz-. El reglamento nos permite extender el tiempo… Igualmente pueden, si se quedaron sin tiempo, mandar por escrito la ponencia o subir un video al canal oficial de YouTube.

El primer desbande

No llevaba una hora la audiencia cuando la misma se desmadró. Acababa de hablar César Rolando Flores, artesano orfebre, en representación de la organización Resistencia Diaguita, quien concluyó su enfático discurso advirtiendo que “podrán dictar todas las leyes que quieran, pero por Andalgalá no van a pasar”. Con ese clima encendido, un grupo de diputadas de Unión por la Patria se acercó al estrado donde estaban las autoridades para plantearles que había un grupo de personas que no podían ingresar. Encabezadas por Paula Penacca, llegaron Lucía Cámpora, Gabriela Estévez y Sabrina Selva. “Podemos hablar, pero le dejamos el uso de la palabra a la próxima expositora”, aclaró José Peluc.

“No pueden cortar la audiencia, la llamo al orden”, insistió el presidente de Recursos Naturales ante los planteos de Penacca, quien se dio vuelta y comenzó a explicarle a los presentes lo que sucedía, lo que fue reprendido por Peluc: “Estamos en la audiencia pública, usted no la va a ordenar, el presidente de la comisión soy yo”.

Llegó Mario Manrique, ya se habían agregado a los conciliábulos, por parte del oficialismo, Silvana Giudici y Alvaro Martínez. Finalmente llegaron a un acuerdo y se decidió que Mayoraz fuera con las diputadas a arreglar la situación. “Pero váyanse con Mayoraz, no se queden acá”, reclamó Peluc, que tras largos intentos pudo lograr que se reanudara la audiencia: “después de esta falta de respeto, le pido por favor, Marta Maffei, hacer su intervención”.

Las exposiciones

El primer orador de la audiencia de este miércoles fue Marcelo Arteaga, petrolero de Chubut, quien reclamó: "Esto no es una audiencia pública como corresponde, somos más de 100 mil los que queremos hablar". "Soy de Comodoro Rivadavia, donde buscando agua encontraron petróleo, se llevaron todo el petróleo, nos dejaron el pasivo ambiental. Hoy hay deslizamiento de tierras", resaltó y agregó que "los únicos dos arroyos están contaminados".

"El pueblo los va a recordar y los va a juzgar", apuntó contra los legisladores y advirtió que "hoy el litro de agua cuesta más que el combustible; en mi pueblo, de 7 días, 4 tenemos agua. Y que no se nos rompa el acueducto...". "¡El agua es vida, el agua es vida, el agua es vida!", cerró.

Luego fue el turno de algunos funcionarios provinciales, como la secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, quien manifestó la postura en contra de su provincia a la reforma la ley. En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Emilio Fernández, que alentó la modificación.

En medio de una mayoría en contra del proyecto, se escuchó entre los primeros expositores al ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera, exintegrante del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. "La ley es defectuosa, no coincide con lo asesorado por el IANIGLA", aseguró y dijo que "el ambiente periglacial está mal definido en la ley, directamente no está definido, es abstracto jurídicamente".

"El IANIGLA viene inventariando glaciares en el ambiente glaciar y glaciares de escombro en el ambiente periglacial, no otra cosa que no tiene función hídrica", precisó y recordó que desde la sanción de la ley, en 2010, "solo se llevó a cabo el nivel I del Inventario, que en realidad es el único necesario". Sobre el inventario, señaló que "está muy bien hecho, con una altísima honestidad intelectual, pero es preliminar. Y debe ser revisado por los habitantes, por los que están en las provincias".

Rolando Flores, de Resistencia Diaguita, oriundo de Andalgalá (Catamarca), comenzó: "400 años de saqueo en nuestro territorio para que nos den cuatro minutos. O sea, un minuto por 100 años". "Nosotros conocíamos la minería y realizábamos nuestro trabajo como ofrenda para nuestros dioses. En cambio, ustedes, buscan los minerales para entregarlos al único dios que reconocen ustedes, que es el capitalismo", manifestó.

Y continuó: "Nosotros venimos a decirles que ustedes, que representan el Estado nacional, que elaboran leyes que no respetan ni cumplen. Así fue con la Ley de Glaciares". "Hay elementos técnicos y científicos de sobra para cuestionar la modificación de la ley", aseveró y finalizó alertando que "pueden dictar las leyes que quieran, pero por Andalgalá no van a pasar".

Autora de la ley original, la exdiputada Marta Maffei tuvo una fuerte exposición en contra del proyecto, el cual definió como "absolutamente regresivo". Pocos minutos después habló Adolfo Pérez Esquivel, referente de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, quien dijo que él visitó países "que no tienen agua" y donde "el agua vale más que el oro".

"El agua no es una mercancía, es un derecho y este derecho se le quiere quitar al pueblo", advirtió y recordó que en nuestro país ya "hay zonas donde el agua está restringida". Tras quejarse de la participación limitada ante la gran cantidad de inscriptos, subrayó que "esta convocatoria viola lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú" y la legislación que garantiza la voz de los pueblos indígenas.

Pérez Esquivel insistió que "lo que está en juego es que los pueblos indígenas puedan preservar su cultura", al tiempo que denunció una "presión del gobierno de los Estados Unidos de imponer esta ley". "Hay una violación sistemática del derecho del pueblo, por favor piensen cuando voten qué votan", finalizó.

A su turno, Juan Nápoli, director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que este formato de audiencia pública "no respeta" los principios de "participación abierta, inclusiva, no discriminatoria y transparente" el Acuerdo de Escazú. "Es una audiencia un poco fraudulenta", añadió.

Sobre el proyecto, argumentó que "es claramente inconstitucional, regresivo y hasta diría yo un poco engañoso". "Cuando esto se ponga en marcha ya no va a haber presupuestos mínimos y mucho menos uniformidad, porque las provincias van a poder establecer lo que les parezca", manifestó y señaló que "el federalismo bien entendido comienza por respetar la Constitución Nacional, no por violarla flagrantemente".

Para Nápoli, "este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores, no para la población". "La única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, un litigio abierto por mucho tiempo, y que por cada glaciar que quieran sacar se van a presentar los cientos de miles que quedaron afuera", enfatizó y concluyó: "La Ley de Glaciares no necesita ni modificarse, ni interpretarse, necesita ser cumplida".

En su intervención el director de Greenpeace Argentina, Diego Salas, alertó que “lo que está en juego acá es el agua”, y cuestionó los argumentos que el oficialismo “se agarra” para defender la modificación de la Ley de Glaciares. En ese sentido, indicó que el Gobierno “se agarra del federalismo, pero la Ley es el claro ejemplo y producto del federalismo que nació en este recinto que fue elaborada tras un año de debate. Es un ejemplo de protección en el país”.

“Las provincias puede ser dueñas y pueden tener potestad de los cuerpos de hielo, pero el recurso del agua es del país porque atraviesa muchas provincias los ríos de las cuales viven más de 7 millones de personas. Economías regionales y ecosistemas únicos necesitan del agua del ambiente glaciar y del periglaciar. No hay federalismo más grande que respetar la Ley de Glaciares que asegura las reservas de agua dulce estratégicas”, planteó y apuntó: “Quieren pasar un criterio científico a un criterio político”.

Salas también hizo referencia a la relevancia hídrica: “Todo ambiente periglaciar es igual de importante que cualquier otro ambiente periglaciar que está en juego. No darle la importancia a cada uno de los ambientes es no entender que esto funciona como un sistema integrado, no podemos permitir que esta modificación sea de un criterio político porque es retroceso ambiental, eso es inconstitucional”.

La exsenadora nacional Eugenia Catalfamo indicó que el Estado “no puede bajo ningún aspecto tomar decisiones estratégicas si no tiene formación, ni conocimiento, ni responsabilidad intergeneracional”, y señaló que “no hay bandera política cuando se trata de algo que es transversal a cada uno y va más allá como poder preservar el ambiente”.

Como autora de la Ley Yolanda comentó que habla de la capacitación y formación en materia ambiental, en cambio climático y desarrollo sostenible para todos los agentes de la administración pública nacional y preguntó: “¿Cuántos de ustedes han sido formados en el marco de la Ley Yolanda desde el 2023? ¿De qué manera pretenden poder legislar en materia ambiental si no están formados ni capacitados?”. Por último, bregó para que en Diputados no suceda lo mismo que en el Senado: "Espero que le digan no a la modificación de la Ley de Glaciares porque nos va a perjudicar. Por favor piensen hacia adelante, esto no tiene nada que ver con el desarrollo si no hay preservación ambiental".

La Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles 25 de marzo, a partir de las 10, la primera jornada de audiencias públicas para el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, impulsado por el oficialismo y con media sanción del Senado. La actividad se desarrollará en la Sala 2 del Anexo C, será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con la cobertura de la prensa acreditada.

La audiencia es convocada de manera conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en el marco del expediente 0072–S–2025, y se extenderá también al jueves 26, con una modalidad mixta que combina exposiciones presenciales, intervenciones remotas y presentaciones registradas en formato digital.

Según la organización definida por las autoridades parlamentarias, las exposiciones presenciales del miércoles estarán a cargo exclusivamente de aquellas personas que fueron notificadas previamente por correo electrónico. El ingreso a la Cámara de Diputados se habilitará a las 9 y se realizará por la intersección de las calles Mitre y Riobamba. Solo podrán acceder a la sala quienes hayan sido fehacientemente notificados, mientras que el resto de los inscriptos fue informado sobre las modalidades alternativas de participación disponibles.

Tal como establece el reglamento, todos los diputados nacionales podrán ingresar a la sala donde se desarrollará la audiencia, independientemente de si integran o no las comisiones convocantes. Esta aclaración vale, por cuanto una información falsa había indicado que solo estarían autorizados a participar los miembros de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, por “razones de aforo”, cosa que se da de bruces con el reglamento de la Cámara. No obstante, para garantizar la comodidad de los expositores y de los legisladores, y debido a las limitaciones de espacio, se solicitó a los bloques políticos restringir la presencia de asesores al número que les fue comunicado oportunamente por la Secretaría Parlamentaria.

La primera jornada contará con unas 180 exposiciones presenciales, mientras que otras 180 intervenciones se realizarán de manera virtual el jueves 26. Ante la magnitud del interés ciudadano, el horario originalmente previsto, de 10 a 19, fue ampliado para permitir cerca de 200 exposiciones diarias, lo que llevará a que el proceso completo insuma más de 28 horas de audiencia.

Suspensión rechazada

El inicio de las audiencias se produce luego de que la Justicia rechazara un pedido de suspensión presentado por organizaciones ambientalistas. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, consideró que no se acreditó la verosimilitud del derecho invocado para frenar un acto parlamentario y dejó firme el cronograma definido por Diputados.

El registro cerró con un total de 102.116 personas inscriptas, una cifra inédita para una audiencia pública en el Congreso. Además de las exposiciones en vivo, todos los anotados tuvieron la posibilidad de presentar ponencias por escrito o a través de videos de hasta cinco minutos, material que quedó incorporado de manera permanente al expediente legislativo como antecedente del debate.

Las autoridades de la Cámara explicaron que las exposiciones presenciales y virtuales fueron asignadas a los primeros inscriptos de cada jurisdicción, con el objetivo de asegurar la representación de las 24 provincias. Ese criterio fue cuestionado por sectores de la oposición y por organizaciones ambientales, planteos que derivaron en las acciones judiciales finalmente rechazadas.

Concluidas las audiencias públicas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen durante la primera semana de abril y llevar el proyecto al recinto en forma inmediata, en un debate que promete ser uno de los más sensibles del año en materia ambiental y constitucional.

Con el cierre definitivo de las inscripciones y más de cien mil personas anotadas, la Cámara de Diputados avanzará esta semana con las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, luego de que la Justicia rechazara un pedido para suspenderlas. El proceso, impulsado por el oficialismo, se desarrollará los días 25 y 26 de marzo bajo un esquema mixto de exposiciones presenciales, virtuales y presentaciones registradas por escrito o en video.

Consumado el plazo de inscripción, el total definitivo de anotados ascendió a 102.116 personas, una cifra inédita para una audiencia pública en el Congreso. En ese marco, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó la medida cautelar solicitada por organizaciones ambientales que pretendían frenar el proceso por considerar restrictiva la modalidad de participación.

De esta manera, quedó firme la realización de las audiencias convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, presidida por el sanjuanino José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, encabezada por el santafesino Nicolás Mayoraz. El magistrado sostuvo en su fallo que la parte actora no logró demostrar “la verosimilitud del derecho invocado con el grado de evidencia requerido” como para suspender un acto parlamentario, y avaló así la continuidad del cronograma previsto.

Según pudo corroborar parlamentario.com, el esquema definido contempla un total de 360 expositores, distribuidos equitativamente entre ambas jornadas: 180 participarán de manera presencial el miércoles 25 y otros 180 lo harán en forma remota el jueves 26. Ante la magnitud del interés generado, el horario originalmente previsto, de 10 a 19, será extendido para garantizar cerca de 200 intervenciones diarias, lo que demandará más de 28 horas de audiencia en total.

Para ordenar la participación de los más de cien mil inscriptos, las autoridades de la Cámara baja implementaron un sistema que combina exposiciones en vivo con la posibilidad de presentar ponencias a través de una plataforma digital. Todos los anotados pudieron cargar un video de hasta 5 minutos o un escrito que quedará incorporado de manera permanente al expediente legislativo como antecedente del debate. Ese material fue canalizado a través del canal oficial de YouTube de Diputados, donde los participantes debieron consignar sus datos personales, provincia de origen y el enlace a su intervención.

Las exposiciones presenciales y virtuales quedaron reservadas para los primeros inscriptos de cada jurisdicción, con el objetivo de garantizar representación de las 24 provincias. Este criterio fue uno de los principales cuestionamientos de sectores de la oposición y de organizaciones ambientalistas, que denunciaron una supuesta “exclusión” en la audiencia y promovieron acciones judiciales que finalmente no prosperaron. 

“Se cumple el marco legal al pie de la letra”

Tras conocerse el fallo judicial, desde el oficialismo remarcaron que todas las provincias tendrán representación asegurada tanto en las instancias presenciales como virtuales. Mayoraz defendió la modalidad adoptada y sostuvo que “el marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”, al tiempo que consideró que los plazos establecidos fueron razonables y que toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía de manera clara y oportuna, en línea con lo previsto por el Acuerdo de Escazú.

“Los que hablan de exclusión deberían explicar qué entienden ellos por participación, porque esto es lo más federal e inclusivo que se haya visto en el Congreso”, enfatizó el titular de Asuntos Constitucionales, quien también aseguró que las maniobras para boicotear el proceso “fracasaron” frente al nivel de involucramiento ciudadano. Según anticipó, todos los aportes recibidos serán analizados e integrados al debate legislativo.

🧵1/9 🏔️ "¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!". Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana. Pero NO LO LOGRARON: la justicia federal… pic.twitter.com/b98O0q5BH5

— Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) March 20, 2026

Criterios de presencialidad

La organización de las audiencias también incluyó restricciones de acceso para garantizar el funcionamiento del encuentro. Las sesiones se realizarán en la Sala del Anexo C de la Cámara de Diputados y solo podrán ingresar los diputados integrantes de las comisiones convocadas. Cada bloque contará con un máximo de dos asesores designados por su Secretaría Parlamentaria, en función del aforo disponible.

El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares llegó al Congreso durante el primer tramo de sesiones extraordinarias de diciembre pasado, impulsado a partir de los lineamientos del Consejo de Mayo. Aunque quedó relegado inicialmente por el tratamiento del Presupuesto 2026, obtuvo media sanción en el Senado el 18 de diciembre y fue retomado en Diputados tras el avance de la Ley de Modernización Laboral, logrando media sanción en la Cámara baja el pasado 26 de febrero.

Durante el debate en Diputados, la oposición reclamó la aplicación de normas ambientales y constitucionales vinculadas al derecho a un ambiente sano y a la participación ciudadana, planteos que no habían sido invocados en el tratamiento previo en el Senado. Concluidas las audiencias públicas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen durante la primera semana de abril y llevar el proyecto al recinto de manera inmediata.

La diputada nacional kirchnerista Lucía Cámpora aseguró que la audiencia pública convocada para debatir posibles modificaciones a la Ley de Glaciares se convirtió en la más masiva de la historia del país, con más de 100.000 personas inscriptas de todas las provincias. “Ayer a la noche cerró la inscripción y hay más de 100.000 inscriptos de todo el país que se anotaron para discutir esta ley”.

En diálogo con Amado Boudou en Somos Radio AM 530, la legisladora sostuvo que la magnitud de la convocatoria refleja una fuerte preocupación social por el tema. “La verdad es histórico, es la audiencia más masiva de la historia de nuestro país. Esto habla de un interés y una preocupación de la ciudadanía que entendió que lo que se está discutiendo es el agua, ni más ni menos”.

Cámpora remarcó que la normativa vigente no prohíbe de manera general la actividad minera y rechazó los argumentos que la presentan como una ley antiminera. “La ley vigente no es antiminera: la actividad está permitida en casi todo el país, excepto en un porcentaje de tierras de glaciares y zonas periglaciares, y nos gustaría que no lo exploten porque es un poco peligroso para las sociedades”.

En ese sentido, explicó que el riesgo no se limita al consumo directo del agua, sino que alcanza a otras actividades productivas. “Es peligroso no solamente porque consumimos ese agua, sino que también porque la usamos para seguir regando terrenos que después se utilizan para la producción”. Y agregó: “Hay alimentos que consumimos todos que se producen en tierras que muchas veces se riegan con aguas que vienen de los glaciares. Hay que explicar un poco que esto es importante para todo el país”.

La diputada también advirtió sobre posibles restricciones a la participación durante la audiencia. “Creemos que van a querer censurar la audiencia: no van a dejar participar, no van a querer que expongan, les van a pedir que lo hagan a través de un videito. Pero nosotros vamos a pedir a todos los que se anotaron que vayan igual”.

Para Cámpora, el debate excede la discusión técnica o sectorial y se vincula con una definición estratégica. “Estamos hablando de defender la patria”.

De cara a la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados definieron formalmente los criterios de participación que regirán el proceso. La decisión fue comunicada mediante una carta enviada a los miembros de ambas comisiones, en la que se fundamenta la adopción de un esquema mixto —presencial, virtual y mediante presentaciones escritas o en video— frente a la magnitud inédita de inscriptos.

En la nota, los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, señalan que la modalidad se establece en uso de las facultades previstas en el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados y en el marco del plan de trabajo aprobado el pasado 4 de marzo. El esquema será aplicado durante las audiencias públicas convocadas para los días 25 y 26 de marzo, en el tratamiento del proyecto de ley venido en revisión que propone modificar el régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

Las autoridades justifican la decisión en la cantidad de personas inscriptas a solo siete días de haberse habilitado el registro de participación y en la necesidad de asegurar la razonabilidad y operatividad del mecanismo participativo. En ese sentido, se resolvió que quienes se encuentren inscriptos hasta el viernes 20 de marzo a las 20 horas podrán enviar sus ponencias por escrito y/o adjuntar un video de hasta cinco minutos de duración, que deberá ser publicado en la sección “Comunidad” del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Ese material quedará registrado de manera permanente como antecedente del debate legislativo.

Asimismo, se dispuso que las exposiciones presenciales del miércoles 25 de marzo y las intervenciones virtuales del jueves 26 estarán reservadas para quienes se encuentren entre los primeros inscriptos de cada jurisdicción. El criterio apunta a garantizar la participación de representantes de las 24 provincias, asegurando un enfoque federal en el desarrollo de la audiencia.

La carta también aclara que todas las presentaciones recibidas —ya sean presenciales, virtuales, por video o por escrito— serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración durante el tratamiento del proyecto. Según remarcan las autoridades, este tipo de mecanismos constituye una práctica habitual en audiencias públicas y permite que la totalidad de las opiniones quede formalmente registrada.

Finalmente, los presidentes de las comisiones advierten que la magnitud de las inscripciones hace materialmente imposible que todos los interesados expongan de manera presencial o virtual dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal funcionamiento del Congreso. Por ese motivo, sostienen que la adopción de criterios organizativos resulta indispensable para garantizar un debate ordenado, sustantivo y representativo en una discusión que despierta un alto nivel de interés social y político.

De cara a la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados anunció este lunes una nueva modalidad de participación para dar respuesta a la cantidad inédita de personas inscriptas para exponer. La intención de las autoridades de la Cámara baja, es garantizar que todos los interesados puedan expresar su postura sin que el proceso parlamentario se prolongue indefinidamente.

La discusión sobre la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial está prevista para los días 25 y 26 de marzo. Sin embargo, el volumen de participación superó ampliamente las previsiones: ya son casi 70 mil las personas que se anotaron para intervenir en las audiencias públicas, un número sin precedentes para este tipo de instancias. De hecho, las solicitudes de inscripción al 16 de marzo suman 2.236 páginas.

Frente a este escenario, la Cámara de Diputados difundió este lunes una alternativa que complementará las exposiciones presenciales. Bajo el título “Una nueva forma de participar en las audiencias públicas”, se informó que quienes deseen intervenir podrán hacerlo a través de un video grabado, que será incorporado formalmente al debate legislativo.

Para participar de esta modalidad, los interesados deberán suscribirse al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados, con al menos 24 horas de antelación a la publicación del material. Luego, deberán subir el video con su ponencia a su propio canal de YouTube, ya sea en formato listado o no listado.

Finalmente, se indicó que en la pestaña “Comunidad” del canal oficial deberán consignarse los datos del expositor —nombre, provincia y DNI— junto con una breve reseña del contenido de la intervención y el enlace al video correspondiente.

Desde la Cámara baja señalaron que este mecanismo permitirá ordenar la discusión, ampliar la participación ciudadana y asegurar que todas las opiniones queden registradas en el marco del tratamiento parlamentario de una norma clave para la política ambiental del país. La reforma de la Ley de Glaciares es uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa, tanto por su impacto ambiental como por los intereses económicos y productivos involucrados, lo que explica el alto nivel de interés social que despertó la convocatoria.

Diputados de la oposición denunciaron que las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvieron limitar la participación en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, prevista para el 25 y 26 de marzo. Según afirmaron, los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, enviaron una nota en la que anticipan que reemplazarán exposiciones presenciales o virtuales por ponencias escritas o videos, una decisión que para la oposición “vulnera” el procedimiento y transforma la audiencia en una reunión meramente informativa.

La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva sostuvo que esa resolución no se condice con el Reglamento de audiencias públicas ni con el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar participación amplia, efectiva y no restrictiva. “La enorme participación lo requiere”, afirmó, y advirtió que en ningún punto de la convocatoria se establece la posibilidad de modificar la modalidad de intervención de las personas inscriptas de forma discrecional.

La controversia surge en un contexto inédito: a una semana de abierta la inscripción ya se han registrado más de 40 mil anotaciones, tanto presenciales como virtuales. El número supera cualquier antecedente cercano: en 2018, cuando se realizaron audiencias sobre la legalización del aborto, participaron alrededor de mil expositores entre ambas cámaras a lo largo de varios meses.

Las jornadas están previstas para el miércoles 25 de marzo, en modalidad presencial, y el jueves 26, de manera remota. Ante el volumen de inscriptos, la oposición exigió este martes al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a las autoridades de ambas comisiones que amplíen los días destinados a las exposiciones. Desde el oficialismo, en cambio, evitaron confirmar si habrá modificaciones y solo señalaron que intentarán “no ser restrictivos”.

La disputa se agravó luego de que diputados opositores denunciaran que el registro de inscriptos no se encontraba disponible públicamente. Menem terminó publicando el listado el miércoles por la tarde en la página oficial de Diputados.

La reforma a la Ley de Glaciares ya cuenta con media sanción del Senado, que la aprobó a fines de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. A diferencia de otros proyectos impulsados por el oficialismo con trámite acelerado, como la Modernización Laboral o el Régimen Penal Juvenil, La Libertad Avanza decidió demorar el avance hacia el recinto en este caso, en medio de advertencias sobre una posible judicialización si no se cumple con las audiencias obligatorias previstas tanto en la Ley de Ambiente 25.675 como en el Acuerdo de Escazú.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorgar a las jurisdicciones el poder de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA. Para Selva y otros legisladores opositores, la magnitud de la participación ciudadana evidencia la necesidad de ampliar las jornadas y garantizar un proceso sin arbitrariedades.

La crisis en FATE volvió al centro de la escena política y sindical este viernes, durante una audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados en apoyo a los trabajadores de la histórica fábrica de neumáticos. El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, planteó la necesidad de avanzar en una “ocupación temporánea” de la planta para impedir su desmantelamiento y garantizar la continuidad laboral de más de mil familias.

El encuentro, convocado por diputadas y diputados del Frente de Izquierda Unidad y de Unión por la Patria, reunió a dirigentes gremiales, centrales sindicales, organizaciones sociales y representantes de diversas luchas obreras. También participaron trabajadores de FATE y delegaciones del SUTNA de distintas seccionales, junto con legisladores del bloque Unidos, referentes de la CTA-A, CTA-T, SIPREBA, AGD-UBA, Ademys, Unión Ferroviaria de Haedo, ATE Garrahan, el Polo Obrero, el MTR y agrupaciones de jubilados.

Durante su intervención, Crespo advirtió que el cierre de la empresa —anunciado con “un simple cartel”, según describió— dejó en suspenso la continuidad de la única planta del país que fabrica cubiertas para camiones y colectivos.

“Estamos frente a un conflicto muy grave. Esta decisión pone en riesgo a más de mil familias y deja al país sin una producción estratégica. Por eso planteamos una salida concreta: una ocupación temporánea impulsada en la provincia de Buenos Aires, con el acuerdo de todos los bloques, para frenar el intento de desmantelamiento, mantener la producción y garantizar los puestos de trabajo”, sostuvo el dirigente.

Crespo también cuestionó las tensiones públicas entre el Gobierno nacional y el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueños de FATE, al señalar que ese cruce “solo genera preocupación” y no aporta soluciones para los trabajadores.

El diputado nacional del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, remarcó que el reclamo no se centra en discutir indemnizaciones, sino en preservar la continuidad productiva y laboral de una fábrica con casi nueve décadas de trayectoria.

“FATE fue construida con 86 años de trabajo obrero y de allí salió la fortuna de Madanes Quintanilla. Hoy pretenden dejar a los trabajadores en la banquina. La lucha de FATE conmovió al país porque muestra lo que está pasando con toda la industria bajo el avance de la bicicleta financiera y el cierre de miles de empresas”, afirmó.

Pitrola apuntó además contra el rumbo económico del Gobierno, al considerar que sus medidas profundizan la crisis industrial en lugar de revertirla.

La diputada Romina Del Plá, también del Frente de Izquierda, advirtió que el caso FATE es apenas un síntoma visible de una problemática mucho más extendida.

“El cierre de FATE no es solamente el cierre de una empresa: es la punta de un iceberg. Hay fábricas que están cerrando en todo el país y un aumento creciente de los despidos”, planteó.

Un conflicto que escala

Mientras los trabajadores mantienen el estado de movilización y el SUTNA reclama respuestas urgentes, el futuro de la planta continúa incierto. La propuesta de “ocupación temporánea” presentada en la audiencia busca –según sus impulsores- frenar el avance del vaciamiento y abrir una instancia concreta para garantizar la continuidad productiva en un sector considerado estratégico para la economía nacional.

Diputados del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria recibirán este viernes a los trabajadores despedidos de la empresa Fate, durante una audiencia pública que se llevará a cabo desde las 16 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

El encuentro se realizará para manifestar el respaldo a los 920 trabajadores que se quedaron sin sus empleos por el cierre de la fábrica de neumáticos argentina, ocurrido el pasado 18 de febrero.

En la reunión está previsto que participe Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, junto a una delegación de dirigentes seccionales, delegados y obreros de esa y otras fábricas del neumático.

Los referentes del FIT Romina Del Plá y Néstor Pitrola, organizadores de la audiencia, insistieron en su “apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores por la defensa de todos los puestos de trabajo”, y anticiparon su respaldo a la iniciativa votada por los trabajadores en asamblea de plantear la ocupación temporánea de la planta por parte del Estado provincial o nacional.

La oposición sigue muy de cerca la convocatoria a audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo, y, pese a que no se conoce públicamente el listado de los anotados, aseguran que ya hay 18 mil inscriptos y reclaman a al oficialismo que se amplíen las jornadas de participación.

A menos de una semana que se lance formalmente el llamado, la cantidad de interesados en participar se fue incrementando de a miles. Tanto, que el diputado Maximiliano Ferraro comparó: "Llenamos un Movistar Arena... y un poquito más".

Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), enviaron este martes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al secretario Parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

En la misiva, los legisladores solicitaron que "se disponga la ampliación de la audiencia pública" convocada para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción, "a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley N° 27.566)".

AUDIENCIA PÚBLICA – LEY DE GLACIARES

Llenamos un Movistar Arena… y un poquito más.
Ya somos 18.000 en la audiencia pública.

Vamos por más pic.twitter.com/OJizjZtvFk

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 9, 2026

Al fundamentar la legislación que garantiza la participación y escucha ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales remarcaron que "al momento se han registrado más de 15.000 personas para participar. Sin embargo, el formato previsto (dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante) permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos".

"La obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal de una audiencia pública, sino que exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva, especialmente cuando existe un interés público masivo en intervenir en el proceso", enfatizaron.

A su vez, recordaron que en las audiencias públicas por el debate de la legalización del aborto durante 2018, "la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores".

"Debe considerarse que la masiva inscripción de participantes refleja la diversidad de sectores sociales, académicos, científicos, productivos, empresarios y territoriales interesados en intervenir en el debate", señalaron Ferraro, Selva y Zigarán.

NO VALE UN “COMO SI” 🤷🏻‍♀️

Ya con 18.000 inscriptos es evidente que los días previstos para la audiencia pública por la reforma a la Ley de Glaciares tendrán que extenderse si el gobierno quiere cumplir con el Acuerdo de Escazú tal cual lo manifestaron en el plenario de comisiones… https://t.co/92w6C5YcDv

— Sabrina Selva (@SabriSelva) March 10, 2026

En ese sentido, consideraron que "limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática".

"Un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, así como los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter sustantivo de las audiencias públicas en decisiones que afectan derechos colectivos", advirtieron.

Conforme lo acordado este miércoles en el plenario de comisiones reunido para comenzar a analizar la media sanción proveniente del Senado, la Cámara de Diputados de la Nación llevará adelante una audiencia pública para debatir el proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, según lo dispusieron las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.

La convocatoria se realiza en los términos del artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara, tras el acuerdo alcanzado en la reunión conjunta de este 4 de marzo. El debate se centrará en el Expediente 0072-S-2026, que contiene la iniciativa en revisión.

La audiencia se celebrará en dos jornadas: el 25 de marzo, con exposiciones presenciales en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C del Congreso (Av. Rivadavia 1841, CABA), y el 26 de marzo, con las intervenciones virtuales. En ambos casos, el horario será de 10 a 19.

La actividad se desarrollará conforme al Plan de Trabajo de Audiencia Pública sobre la Ley de Glaciares y su reglamento anexo, al artículo 114 bis del Reglamento de Diputados y al Acuerdo de Escazú. Supletoriamente regirá el reglamento general de la Cámara.

Según se establece en la convocatoria, la inscripción al Registro de Participantes podrá hacerse de manera personal —acreditando identidad o personería jurídica, según corresponda— en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en el primer piso del Anexo C, oficina 149, de lunes a viernes entre las 10 y las 16. También será posible anotarse a través del formulario que se publicará en la web institucional (www.hcdn.gob.ar).

El plazo para inscribirse vencerá el 20 de marzo a las 16 para quienes lo hagan presencialmente y a las 20 para quienes opten por la modalidad virtual. Las presentaciones por escrito podrán enviarse por correo electrónico a [email protected] o entregarse personalmente hasta ese mismo día y horario. Las ponencias no deberán superar las diez carillas en formato PDF, con letra Times New Roman tamaño 12.

Cada exposición durante la audiencia contará con un máximo de cinco minutos. Posteriormente, todas las intervenciones y ponencias serán publicadas en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados.

La convocatoria lleva las firma del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz; del titular de Recursos Naturales, José Peluc; y del secretario parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán.

La Bicameral encargada de la selección del próximo defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes llevó adelante este lunes la tercera jornada de audiencias públicas a los candidatos a ocupar el cargo.

De acuerdo con el cronograma del concurso público, entre el 2 y 21 de septiembre, los integrantes de la comisión realizarán la evaluación final y elaboración del dictamen, mientras que el próximo 22 será la definición del/la candidato/a y elevación a las cámaras, previo reunión de la bicameral y votación de la misma.

Entre el jueves 28 y viernes 29 de agosto, y este lunes 1ro. de septiembre, se escucharon a los más de 70 postulantes que aprobaron el examen escrito anteriormente.

La primera expositora de la tercera jornada de audiencias públicas fue María Alejandra Reyna, quien propuso "una defensoría provincial, con constante interacción con las defensorías provinciales, las existentes y las a crearse". "La problemática de la niñez solamente puede abordarse desde la interdisciplina", remarcó.

Además, expresó que "es fundamental llegar a todos los puntos del país" y consideró que "lo que nos falta es una red, un trabajo conjunto". En ese sentido, habló de trabajar con "referentes comunitarios que conocen la necesidad que se plantea en una comunidad" y con "todos los operadores públicos y privados que trabajen con la niñez".

A su turno, Florencia Trufó destacó la "rapidez, transparencia, eficacia" de la bicameral en el proceso de selección para reemplazar a Graham. "Hubo una respuesta rápida y eficaz, que nos permitió seguir trabajando y desarrollando nuestras actividades con tranquilidad, en un momento de zozobra que pasamos", dijo la socióloga, quien trabajó estos últimos cinco años en la creación e instalación de la Defensoría; antes había estado en la Sedronar.

Sobre su conocimiento del organismo, apuntó que existe un "sobredimensionamiento del área administrativa respecto del área técnica, sobre todo en el nivel jerárquico" y opinó que hay que encontrar un "equilibrio entre lo administrativo y lo técnico-profesional". También, afirmó que hay que "darle funciones específicas a los defensores adjuntos; no se puede seguir trabajando con una sola cabeza que tome todas las decisiones".

Por su parte, Nicolás Ezequiel Casas aseguró que "uno de los flagelos más graves que sufren a diario los chicos" es "el maltrato infantil, algo que cercena y vulnera derechos de los más básicos, y entiendo que en esto faltan cosas por hacer". "No tomamos consciencia de la naturalización que hay", observó.

Sobre la estructura de la Defensoría, sostuvo que "no tenemos que hacer cambios abruptos; en líneas generales debe mantenerse, con algunos cambios" como el de las funciones de los defensores adjuntos para que "estén divididos en sus funciones". Sobre esto, propuso que uno se ocupe de la cuestión federal y territorial y el otro de la incidencia, el litigio estratégico y promover la participación de niños y adolescentes. En línea con su preocupación, planteó que exista "una dirección específica de fortalecimiento en la prevención de maltrato infantil".

En su presentación, Abigail Mercado manifestó: "La infancia no puede esperar. Estoy acá porque pasan los días y un niño pierde una oportunidad que no volverá. Mi plan no es teoría, se trata de una gestión real, con tiempos medibles, protocolos claros, control ciudadano. No se trata de deshacer lo que se vino haciendo hace años, sino de construir sobre lo construido". "Vengo a presentar la decisión de no callar por nuestros niños. Cada día de demora es un chico en la calle, una nena abusada, un adolescente perdido en la droga. Es importante el trabajo en territorio, caminar y estar en el barro", agregó.

En coincidencia con otros postulantes, Matías Robledo señaló que el plan de trabajo "no puede desconocer lo que ya trabajó la Defensoría; hay ciertas bases que tenemos que reconocer". No obstante, su plan es "tener una Defensoría mucho más amigable, humana y sobre todo más cercana a la población" con "un programa de acción con impronta federal".

Exjueza de Menores, Flavia María Graciela Valgiusti planteó una "visión sistémica" con "eje en federalismo y territorialidad". "Si bien los recursos económicos son importantes y tenemos que pensar cómo llegan y se administran, necesitamos pensar en otros tipos de recursos. Argentina tiene excelente recursos humanos, ocurre que a veces no están suficientemente valorados o cuidados", subrayó.

Sobre esto, mencionó que hay un "problema con los recursos organizacionales e institucionales". A continuación, habló de llevar adelante una "articulación entre Nación, provincias y municipios para compartir políticas que tenga la misma visión" y convocar a "mesas de diálogo intersectoriales".

En una segunda jornada de audiencias públicas a los candidatos a ocupar el cargo de defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, la bicameral encargada del concurso público se reunió este viernes para escuchar los planes de trabajo de los postulantes.

Esta instancia comenzó el jueves 28 y culminará el próximo lunes 1ro. de septiembre, con el fin de que expongan los 73 aspirantes que lograron aprobar el examen escrito. En tanto, la comisión se fijó el 22 de septiembre como fecha para la selección del sucesor de Marisa Graham.

Las legisladoras Eugenia Alianiello y Natalia Sarapura -presidenta de la Comisión Bicameral-, del lado de la Cámara baja, y Stefanía Cora y Vilma Bedia, representantes del Senado, fueron quienes realizaron diferentes preguntas a las postulantes.

Tras una primera tanda de audiencias centradas en el diagnóstico sobre la situación de los menores en el país, la jornada de este viernes estuvo marcada por las ideas sobre la estructura que se le daría a la Defensoría y el federalismo: el trabajo en y con las provincias.

Primera en exponer este viernes, la abogada Melina Mabel Ghione advirtió que "las infancias y adolescencias están en crisis y la crisis es profunda y compleja". "Necesitamos una estructura eficiente, especializada y descentralizada", consideró y habló de tener "defensores adjuntos con enfoques específicos", seis direcciones y un comité asesor plural.

"No propongo una gestión indivudual ni mirar todo desde Buenos Aires. Hay que ampliar la presencia en las provincias porque no todas tienen Defensoría (provincial)", expresó y señaló que actualmente se cuenta con "una partida presupuestaria muy limitada para el desafío de la presencia territorial" que requiere la tarea.

María Ángeles López, quien trabaja hace una década en la Defensoría del Niño de La Pampa, enfatizó que la Defensoría Nacional "es un organismo de control y para poder controlar debemos trabajar de manera coordinada con el resto de las provincias". "Hay que garantizar una presencia territorial simbólica y material", dijo.

"Es fácil trabajar con las provincias que garantizan derechos, lo complejo y el desafío está en aquellas provincias donde todavía hay que reforzar la implementación de la Convención de los Derechos del Niño y la legislación vigente", subrayó y aseguró que si asume el rol, "regionalizaría el organismo" y haría acuerdos con las provincias.

A su turno, Julián Axat opinó que "la Defensoría del Niño tiene que tener mayor volumen político, tiene que estar y ser protagonista de la agenda pública. La voz de la anterior defensora ha sido importante, pero me parece que le ha faltado proyección. Es necesario que el defensor en su autonomía, independencia y rol protector, sea una voz fuerte de la agenda pública y nacional. Una reforma por arriba desde lo político y una reforma por abajo desde la territorialidad".

El pedagogo y psicologo Roberto Fidel Candiano manifestó que hay que "impactar positivamente en mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, sobre todo, de los que más lo necesitan. Yo creo que si después de cinco años de un defensor no se mejora la calidad de vida de los chicos, nos tenemos que ir a nuestras casas y cerrar todo y no gastar más plata. Hay que mejorar la vida de los chicos".

También dentro de los candidatos, la exlegisladora porteña María José Lubertino enfatizó que "los derechos de niñas, niños y adolescentes son una política de Estado, pero eso lo tenemos que hacer realidad con el protagonismo de ellos mismos".

Entre los principios que propone, enumeró: "Federalismo de concertación, territorialización, democracia participativa, diálogo de saberes, acceso a derechos, acceso a justicia, desjudicialización, fortalecimiento del equipo, eficacia, eficiencia, indicadores, visibilidad y transparencia".

La abogada apuntó además que hay que "mirar las legislaciones comparadas provincia por provincia" con el fin de "disminuir los graves desfasajes y desigualdades" entre cada una de ellas. "Hay que trabajar con los gobernadores, con los ministerios, con las Cortes y los Ministerios Públicos federalmente", propuso.

"El primer desafío es construir en red", aseguró y habló de "aprender de las defensorías preexistentes". "No estoy presentando un proyecto ambicioso e irrealizable sino acorde al presupuesto que hay", indicó, al tiempo que vio con buenos ojos "impulsar la creación de defensorías en todas las provincias".

Por su parte, María Fátima Silva señaló que su gestión consistiría en "mucho territorio sin replicar acciones". "Las problemáticas y las cosas a resolver de cada provincia son distintas", aclaró y recomendó el armado de "mesas de trabajo en cada provincia" y la creación de "defensores juveniles voluntarios en todo el país".

"Yo iba a proponer en el plan y no lo quise hacer, porque imaginé que iba a ser un costo enorme, pero pensé en una Defensoría itinerante en algún momento, sin necesidad de replicar estructuras", reveló.

A su turno, María González Lonzieme consideró un honor ser parte de las audiciones para ser defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y definió que la creación de este organismo “fue un fruto histórico de lucha y personas comprometidas con la niñez”. Asimismo, afirmó que “la distancia entre las leyes y la vida real de nuestros chicos sigue siendo enrome”.

Acto seguido, G. Lonzieme consideró que “hay una situación crítica porque más de 7.000.000 de chicos, chicas y adolescentes viven en situación de pobreza, lo que representa el 60% de muestra infancia”. También, advirtió que “la deserción escolar avanza”, y remarcó que “la pobreza infantil no es un dato, es una vulneración sistemática de derechos”.

La última audiencia fue la de Ana Belén Mormero, quien destacó “que este concurso estaba más orientado a abogados, pero se necesitan un montón de profesiones que hagan carne la premisa de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Ginebra de 1957”. Luego, remarcó que “el nodo central de la crisis que estamos atravesando en materia de infancias es, sin dudas, la pobreza infantil”.

“La pobreza infantil hay que ponerla en el centro y varios informes la analizan desde una mirad multidimensional, y tenemos que elevar el concepto como lo clasifica Unicef”, explicó. Además, agregó que “cuando tenemos un niño está afectado en la base de todos sus derechos que es su dignidad”.

Luego de nueve horas de reunión y con medio centenar de exposiciones, la presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, Natalia Sarapura, anunció que las audiencias públicas van a continuar el próximo lunes 2 de septiembre a las 9.30.

Durante tres jornadas, la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes escuchará en audiencia pública a todos los candidatos que superaron el examen escrito y buscan ocupar el cargo que quedó vacante este año con la salida de Marisa Graham.

En la primera jornada de este jueves, que tuvo un cuarto intermedio pasado el mediodía y se reanudó por la tarde, pasaron más de una veintena de postulantes. Las exposiciones continuarán este viernes 29 y el próximo lunes 1ro. de septiembre.

La audiencia, conducida por la presidenta de la comisión, la diputada Natalia Sarapura (UCR), se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Los candidatos defendieron sus planes de trabajo e ideas para llevar a cabo desde la Defensoría, al tiempo que expusieron sobre diagnósticos actuales que atraviesan niñas, niños y adolescentes: pobreza, desigualdades, violencias, salud mental, educación, acceso a la justicia, adopción, menores en conflicto con la ley penal, entre otros temas. También recibieron preguntas de los legisladores.

La primera en hablar fue Sonia Gabriela Almada, quien se definió como una "sobreviviente de múltiples violencias vividas en la infancia", lo que la motivó a "tomar el compromiso de proteger a la infancia desde siempre", con el objetivo de que "la infancia pueda estar protegida y tenga una vida sin violencia". En ese sentido, contó que en 2003 fundó una asociación civil de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, desde donde han propuesto la creación de un Ministerio de la Infancia y la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores, entre otras iniciativas.

Almada aseguró que desde la Defensoría impulsaría que "Argentina tenga por primera vez un marco de salvaguarda infantil", que consiste en "una cantidad de protocolos para que el Estado cada vez que intervenga -ante una vulneración de derecho- lo haga de una manera que proteja y no dañe, y sea de una forma segura, protectora y eficaz; que no haya maltratos institucionales". Y resaltó que este sistema tiene "bajo costo" y "no implica burocracia extra".

A su turno, la abogada Andrea Mariel Cirulli enfatizó que "el defensor no tiene que hacer el trabajo de un asistente social, es el que está arriba y tiene que coordinar". Y consideró que en una Defensoría "ideal", además de los defensores adjuntos, tiene que "haber un abogado, un psicólogo o psiquiatra y un educador; esa es la pirámide perfecta".

Al hablar sobre distintas realidades de los menores en el país, subrayó que "el régimen penal juvenil es algo que me preocupa mucho" ya que "Argentina no cuenta con datos rigurosos y confiables en la materia", y "en muchas jurisdicciones se continúa con la práctica ilegal de privación de la libertad o sanción penal a las personas no punibles". Asimismo, los lugares de reclusión de menores "son terribles, son medievales", definió.

"El objetivo de mi plan es identificar cosas actuales, prácticas concretas que están pasando y se observan en territorio", dijo y afirmó: "En caso de ser defensora voy a ser una defensora activa, me van a tener que echar de los despachos".

Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia en los periodos 2011-2015 y 2019-2023, manifestó que él tenía un "balance en términos generales positivos" de la gestión de Graham, "pero también muchos desafíos por delante". En su intervención, señaló que "hay que tener una mirada absolutamente amplia de la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina", pero "esta etapa requiere un plus de aporte, de prioridad, mirando hacia los sectores más vulnerables, en particular los niños que están en la pobreza".

"El problema social más grave de la Argentina es la pobreza infantil y la Defensoría no puede tratar este tema del mismo modo que otros", ratificó, al tiempo que opinó que el organismo tiene que mejorar sus herramientas para "combatir la cultura del descarte". Además, al igual que otros postulantes, abogó por "más presencia cotidiana de la voz de los chicos en la gestión de la Defensoría".

Por su parte, la abogada María Amelia Moscoso Cardoso apuntó que "el principal desafío es tener federalismo". "No existe ninguna política pública que solucione problemas si se hace desde un estrado", sostuvo. Sobre su plan, expresó que "el Estado tiene que ser responsable al utilizar los recursos, en esa línea pensé en una estructura austera".

"La Defensoría no es un órgano ejecutivo, de modo que en esta naturaleza extra poder tiene la posibilidad de ser un agente de cambio real, sin asumir compromisos definitivos con ninguna fuerza, ningún gobierno, ninguna instancia política-partidaria, y ninguna ideología", destacó.

En su presentación, Gustavo Álvarez Pereira dio una serie de cifras contundentes que, sostuvo, “no son un accidente, sino síntomas de un sistema que falla en la garantía de derechos”. Por lo cual, propuso un modelo institucional basado en un fortalecimiento y la independencia de la Defensoría.

Así, presentó un organigrama según el cual, entre otras cosas, sugiere una defensoría adjunta con enfoque en la protección integral y el abordaje de situaciones y también la atención. “Propongo cuatro direcciones -dijo-. Una que tenga que ver con la atención integral y denuncias; otra que sea de derechos en situaciones de riesgo; otra de asesoría jurídica, y por último la dirección de fortalecimiento del sistema de protección”.

“Este defensor adjunto deberá tener la capacidad de fortalecer el sistema de protección en el acompañamiento a las situaciones de desprotección de niñas, niños y adolescentes”, señaló, agregando que proponía una Defensoría Adjunta con un enfoque en promoción, prevención y participación, también con cuatro direcciones. Una, la Dirección de Promoción y Prevención; la Dirección de Educación y Formación; la Dirección de Participación y Ciudadanía, y la Dirección de Relaciones Institucionales.

Gisela Judith Clivaggio afirmó que "el foco tiene que estar puesto en representar los intereses de NNyA y sus derechos, y generar una alta incidencia en la materia" con "un carácter federal muy fuerte y un marcado anclaje territorial". "Tratar de estar siempre lo más cerca de chicos y chicas para poder escucharlos, garantizarles el acceso a la justicia y difundir sus palabras", subrayó.

Entre otros, María Emilia Lobelos, docente de todos los niveles y abogada en hospitales de la provincia de Buenos Aires, recordó que los menores "son sujetos plenos de derecho" y "protagonistas de su propia historia". "Por eso, la base de mi gestión sería la de una Defensoría autónoma, basada en la participación activa de NNyA", dijo y aseveró que "las grandes transformaciones las podemos hacer si escuchamos de verdad".

Diputados de diferentes bloques llevaron a cabo una audiencia pública en el Congreso de la Nación que fue solicitada por trabajadores despedidos de Georgalos y su Comisión Interna y los trabajadores y delegados de Secco.

“Hace 18 años que trabajo en Georgalos. Crié a mis hijas sola, trabajando domingo y feriados para que nada les falte. Soy mamá, y ahora Georgalos me deja en la calle a los 53 años”, contó Elizabeth, una de las despedidas.

“La reunión insistió en el carácter ilegal de los despidos que suceden en Georgalos y Secco y en la necesidad de unificar las distintas luchas en curso”, contó el diputado del PTS/FITU Alejandro Vilca.

Su compañero de bancada, Christian Castillo, destacó que “fue un importante paso adelante. Es fundamental unificar las luchas que están en curso, como plantearon los trabajadores, y es clave para enfrentar a las grandes patronales, como las que los despidieron, así como al plan de conjunto que lleva adelante el gobierno de Milei, que a la par aplica un ajuste que ya no se soporta”.

“Esta lucha sigue: el lunes se marchará en La Plata, hacia la gobernación para pedir una audiencia a funcionarios provinciales, y el jueves 17 seremos parte de la importante marcha convocada por las y los trabajadores del Garrahan”, anunció Diego Cianni, despedido de Georgalos, al finalizar la reunión.

Los obreros exigen que el Ministerio de la Provincia determine la ilegalidad de los despidos y utilice todas las herramientas que tienen su alcance para poder revertir la situación y que puedan ser reincorporados, ya que se trata de despidos “ilegales” producto de haber sido parte de un paro convocado por el sindicato de la alimentación de Rodolfo Daer.

De la Audiencia participaron los diputados Alejandro Vilca, Christian Castillo, Néstor Pitrola, Vilma Ripoll, Mercedes Mendieta, Myriam Bregman (MC) y Nicolás del Caño (MC), del Frente de Izquierda Unidad; Hugo Yasky, Mónica Macha y Sergio Palazzo, en representación del conjunto del bloque de Unión por la Patria. Además, Natalia Zaracho y Lorena Pokoik enviaron su saludo. También se sumaron a la reunión Esteban Paulón, por el bloque Encuentro Federal; y Luis Zanora, ex legislador porteño por Autodeterminación y Libertad.

En solidaridad se acercaron desde las Comisiones Directivas de Vialidad, la Comisión Ejecutiva del Sindicato del Subte, los sindicatos docentes UTE. También, los Hospitales Garrahan y Posadas en lucha, la gráfica recuperada MadyGraf, Morvillo, los trabajadores del INTI, de la seccional UATRE 877 de Ledesma (Jujuy), del Sindicato de Obreros Ceramistas de Neuquén, delegados de GPS-Aerolíneas Argentinas; trabajadores de VW, EDO, Pilkington y Shell en lucha por su reincorporación, entre otros.

Además, estuvieron presentes la referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Alejandrina Barry; Carlos Lordkipanidse, del Encuentro Cachito Fukman; Margarita Noia, Secretaria de Derechos Humanos de la CTAA Capital.

Tras varias semanas de trabajo, la Comisión de Presupuesto -a cargo de la legisladora de Vamos por Más (VxM) Paola Michielotto- llevó a cabo dos audiencias públicas en la que participaron vecinos y representantes de la comuna 12 y 14 para analizar la renovación de permisos de uso de dos predios, uno en Saavedra y otro en Palermo.

Las reuniones se llevaron a cabo en el salón Presidente Alfonsín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, además de contar con la presencia de Michielotto, se apersonaron en el lugar Claudia Neira (UP) y Lucio Lapeña (UCR-Ev), los vicepresidentes de dicha comisión. También participaron los legisladores Francisco Loupias, María Fernanda Mollard (UCR-Ev), Claudio Ferreño, Juan Pablo Modarelli (UP), Pablo Donati (FLR), Gimena Villafruela (VxM) y María Luisa González Estevarena (LLA).

La primera se realizó con el objeto de tratar el otorgamiento a la “Agrupación San Jorge Asociación Civil”, la renovación del permiso de uso a título precario y gratuito de un predio por el término de 10 años, ubicado en el barrio de Saavedra, Comuna 12.

Entre los 35 participantes inscriptos había vecinos, docentes, representantes de centros culturales, de asociaciones civiles y miembros de la Junta Comunal 12. La Agrupación San Jorge Asociación Civil funciona dentro del Parque Saavedra, es una organización de la sociedad civil dedicada a la población con fines recreativos, deportivos y de esparcimiento.

En tanto, la segunda audiencia fue para exponer el otorgamiento a la Federación de las Instituciones Italianas de la Circunscripción Consular de Buenos Aires el uso a título precario y gratuito por el término de 30 años a un predio del barrio de Palermo, Comuna 14.

Estuvieron presentes representantes de la colectividad italiana, además de vecinos y varios diputados. La Federación de las Instituciones Italianas de la Circunscripción Consular de Buenos Aires representa a más de un millón de ciudadanos italianos que viven en nuestro país, de los cuales más de cuatrocientos mil residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el año 2023 la Federación obtuvo permiso de uso precario y gratuito por cinco años para proyectar el Museo en la costanera norte del Río de la Plata, frente al Monumento de Cristóbal Colón.  Este proyecto de ley busca posibilitar la concreción de este Museo, otorgando un permiso de uso precario y gratuito por 30 años para que pueda ejecutar esta iniciativa.

Mientras continúa debatiéndose el las modificaciones al Código Urbanístico, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó a cabo una nueva audiencia pública en la que se trató el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº2/2024 que establece suspender el inicio de los trámites para certificados urbanísticos en la Ciudad y suspende la prórroga de certificados urbanísticos y el inicio de permisos etapa de proyecto y Consultas de Interpretación Urbanística y Consulta Obligatoria para las Unidades de Edificabilidad Bajas (USAB 1 y 2) por el plazo 180 días corridos.

La audiencia estuvo a cargo del titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y diputado de Vamos por Más (VxM), Hernán Reyes, acompañado por Paola Michielotto, María Luisa González Estevarena (VxM), Manuela Thourte, María Inés Parry (UCR-Ev), María Sol Méndez (CP), Sandra Rey, Jorge Reta (LLA) y Graciana Peñafort (UP).

En la primera parte de la convocatoria se expusieron los alcances que establece el DNU, a cargo de Álvaro García Resta, de la Secretaría de Desarrollo Urbano. “En el marco de la modificación del Código Urbanístico y en el contexto de resguardar la identidad barrial como uno de los temas más fundamentales de esa reforma, en el Poder Ejecutivo hemos decidido dar curso al DNU que suspende los certificados urbanísticos por 180 días corridos hasta se sancione el proyecto de ley de modificación del Código Urbanístico”, detalló el funcionario.

“También se contempló la suspensión de recepción de nuevos registros de planos de etapas de proyectos, y las disposiciones de la interpretación urbanística para las Unidades de Sustentabilidad U.S.A.B.1 y U.S.A.B.2, teniendo en cuenta que dichas unidades son propuestas susceptibles de modificación en el marco del Código Urbanístico”, remarcó.

Al finalizar la exposición de García Resta, se comenzó a llamar a los 17 inscriptos del listado de participantes, integrado por vecinos, profesionales, organizaciones civiles, ambientales y vecinales que dieron sus perspectivas sobre el tema de convocatoria.

Se lleva a cabo la audiencia pública a la que el juez Ariel Lijo es sometido a preguntas hechas por los integrantes de la Cámara alta para defender su postulación como miembro de la Corte Suprema de Justicia, y la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, tuvo un áspero cruce con la senadora radical Carolina Losada.

Con insistencia en la cuestión de género dentro del máximo tribunal de justicia ya que Lijo fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, la legisladora radical le presentó al magistrado un abanico de inquietudes que no fueron respondidas.

Allí Tagliaferri, primero le llamó la atención al senador oficialista Francisco Paoltroni, quien se opone rotundamente a la postulación de Lijo, y le remarcó que “no se olvide que estamos en el Senado de la Nación”, y luego le advirtió a Losada: “En la Argentina, cualquier persona puede contestar o no contestar. Será una decisión del señor si lo hace”.

En un tono irónico y desafiante, la senadora Losada cargó: “Realmente (usted) parece la abogada defensora del juez”. “En futbol diríamos que está enfriando el partido”, siguió la santafesina. “Le hice una pregunta larga, y me parece fuera de lugar que usted diga que no debe contestar todas las preguntas. Me sorprende de usted”, cerró.

La respuesta de Tagliaferri no tardó en llegar: “Puede contestar las veces que quiera, así como usted puede preguntar”, y le devolvió la chicana: “No soy la defensora de nadie, no voy a permitir que usted me diga eso en este ámbito de la audiencia pública”. “Tenga recaudo con lo que usted me dice a mí”, aseveró la senadora porteña.

Más de 40 expositores pasaron este jueves en una jornada organizada por diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda donde trabajadores despedidos, tanto del sector público como privado, junto a representantes gremiales expusieron en una audiencia pública y apuntaron contra las políticas de Javier Milei.

La reunión se llevó a cabo en el auditorio del Anexo de la Cámara baja desde las 11 de la cual participaron trabajadores del Hospital Posadas, el INTI, la Agencia Nacional de Discapacidad, Sitios de Memoria, INCAA, Aerolíneas Argentinas, FATE y otras empresas y fábricas.

Abrió la reunión el diputado Sergio Palazzo (UP) quien recordó que en la Comisión de Legislación del Trabajo hay diversos proyectos para declarar le emergencia ocupacional con los que se busca “que se frene esta sangría de despidos que se están produciendo producto de las políticas que lleva a cabo este gobierno tanto en materia pública como privada”.

“Hemos intentado en varias ocasiones que el presidente de la comisión invite a los compañeros despedidos a una reunión, pero hasta ahora no lo ha convocado”, manifestó y cuestionó a la Cámara baja por no transmitir públicamente el evento.

Palazzo explicó que armarán un panorama completo para que en la primera reunión de la comisión solicitar a través del reglamento interno que se le de tratamiento obligatorio a los proyectos presentados. “Ojalá podamos tener uno en común y sea tratado y quede con claridad en esta Cámara quiénes estamos con los compañeros que sufren las políticas de este Gobierno y quienes van a seguir sosteniendo los despidos que se animen y voten en contra”, cerró.

A su turno, el diputado Alejandro Vilca (FIT) apuntó: “Los despidos son parte del plan de gobierno que lleva Javier Milei. Está llevando a más del 50% de la clase trabajadora a la pobreza y creciendo la desocupación. Festejan los despidos y hablan de ‘limpieza’ como si los trabajadores fuésemos basura. Al plan de ajuste de Milei hay que enfrentarlo en la calle con la lucha y la organización”.

El primero en exponer fue Jesús Giménez delegado de Jumbo Pilar quien comentó que ejerció desde el 2014 al 2022 “elegido en elecciones democráticamente”, pero contó que “en enero de este año decidieron despedirme sin causa, pero sabemos que la causa es que yo me iba a presentar nuevamente a elecciones. Presentamos una medida cautelar, salió favorable, me presenté y el 15 de febrero ganamos las elecciones con el 54% ante cuatro listas, pero tuvimos que pelearla porque la patronal no quería que ganemos, metió miedo. A pesar de eso, la Cámara de Apelaciones Nacional decidió revocar la cautelar y dejó sin representación gremial a más de 300 trabajadores”.

“Este caso puede ser ejemplo para que los patronales avances contra los derechos democráticos de los trabajadores, la libertad sindical que permite a las empresas despedir a delegados con fueros gremiales dejando a los trabajadores en un estado de mayor vulnerabilidad. La Ley Bases permite mayores atropellos a trabajadores”, finalizó.

Cuando hablamos de despidos en el Estado, nos referimos a experiencias como esta: María es neumonóloga. 30 años de trabajo en el Hospital Posadas.

Escuchen su testimonio. 👇 pic.twitter.com/NQ2JQJ7Trv

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) July 11, 2024

Luego expuso Agustina Panizza secretaria adjunta de ATE capital agradeció a los diputados porque “entienden que el poder del Estado también tiene que dar respuesta y no puede mirar para otro lado ante la gravedad institucional y social en materia de derechos laborales”.

“Queremos denunciar la realidad que les va a tocar atravesar a los 47 millones de argentinos como consecuencia que de esos despidos no van a tener sus derechos garantizados por el Estado”, alertó.

Así apuntó: “No conozco antecedentes de empleadores que declaren que van a destruir aquello que le toca gestionar porque esa es la realidad del presidente que vino a decir que es el ‘topo del Estado que viene a destruirlo’, sino que declara que no va a cumplir con sus obligaciones constitucionales como mandatario y va a incumplir con la responsabilidad en materia de derechos humanos y económicos sociales y culturales”.

“Los despidos que se llevan a cabo en el Estado Nacional no son aleatorios”, denunció Panizza y sumó: “Lejos de ser una cuestión presupuestaria o de tratarse, como dice la Ley Bases, de una cuestión de atacar la sobredimensión del Estado. No es cierto que tenga que ver con una cuestión de desempeño. El verdadero motivo de los despidos tiene que ver con que no es posible llevar a delante la política que vino a implementar este Gobierno si no se elimina a los trabajadores de del Estado. Este gobierno viene a desmantelar las políticas de derechos humanos”.

Carlos Ortega empleado de ANSeS mostró que fueron 1.300 los despedidos y agregó: “Una atrocidad porque es el 10% del organismo. Iniciamos los juicios correspondientes y hubo 20 restituciones. El ANSeS durante años pudimos incluir a millones de personas que fueron despedidos durante el menemismo. Como organismo de inclusión social y de beneficios a los argentinos, esto está dirigido sincronizadamente como el menemismo. Este gobierno quiere llegar a ese lugar de la gran estafa de la argentina. Esto es un deja vu de los 90’”.

“Hay que luchar en las calles de una vez por todas para que este gobierno se vaya por más que nos digan golpistas por un gobierno que no es democrático, porque este gobierno no es democrático es autoritarismo. Esto recién empieza, pero vamos a triunfar”, cerró.

A continuación, hablaron trabajadores despedidos del Hospital Posadas quienes les respondieron al ministro de Salud, Mario Russo, y repudiaron sus dichos sobre ‘cueva de militantes’ y denunciaron: “Esto es un claro ataque a la salud pública también y un intento de desmantelar el hospital público”. También solicitaron un pedido de informes sobre los despidos al ministro que “a nosotros no nos responde y no da respuestas”. Además, plantearon que los despidos tienen un efecto inmediato en la atención de los pacientes, en la accesibilidad y la imposibilidad de formas equipos de complejidad y resaltaron que son 88 los despedidos”.

En suma, desde FATE manifestaron que fueron 97 los trabajadores despedidos y denunciaron que desde la patronal “dicen que tienen una crisis para atacarnos y a la organización porque somos muchos trabajadores despedidos. Esto es un plan sistemático y si salís a protestar te meten preso”.

“Estos no son despidos al boleo ni que tienen crisis, nos despiden por buscar negocios para ellos. No les importa si tenemos familias o no. Nos echan por pertenecer a un gremio y levantar la voz. No podemos permitir más esto”, agregaron.

Adolfo González Dardik, de la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) denunció que fueron despedidos 343 trabajadores que “tenían como misión y función garantizar los derechos de niños y adolescentes entre los distintos programas que fueron desguazados que son 15”.

“Estamos dispuestos y lo venimos haciendo, ya lo hemos hecho contra el macrismo, no nos van a ver nunca de rodillas en nosotros van a encontrar un bastión de resistencia y dignidad que será así hasta que logremos la victoria echando a este gobierno de cipayos”, remató.

Por su parte, despedidos GPS - Aerolíneas Argentinas apoyaron la moción de unificarse y propuso un “gran paro nacional para pelear contra este gobierno por los despidos. Si no hacemos una medida unificada va a ser muy difícil desarrollar la fuerza para derrotar a este gobierno”. Así, apuntaron contra el plan de desregulación del transporte aéreo porque 2bsuca destruir Aerolíneas Argentinas como no lo pudieron hacer por la vía legislativa y lo van a hacer por DNU”.

Desde Sipreba apuntaron: “El Gobierno se cargó a más de 360 compañeros que amenazados con preventivos de crisis inviables tuvieron que retirarse de la Agencia Télam, son 360 puestos menos de trabajo en el gremio de prensa, el gobierno logró también imponer a través de una resolución una agencia de publicidad y haciéndose de esta forma de un instrumento de domesticación de los medios a través de la publicidad oficial, algo que han hecho todos los gobiernos, pero este pretende reforzar y promover”.

“Hay un intento de descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores. El salario en el gremio de prensa está por debajo de la línea de indigencia, ese es el cuadro en el que se desenvuelve el oficio de prensa en este momento, pero estamos convencidos que el camino es la lucha. Vamos a exigir incremento de salarios y el reingreso de los trabajadores a sus fuentes de trabajo. Hay que terminar con este gobierno: son ellos o nosotros”, cerró.

Buscando darle tratamiento a una serie de iniciativas, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó 12 audiencias públicas en dos días, en las que de analizó la designación de autoridades en el Instituto de Gestión Electoral y cubrir un cargo de juez de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, entre otros temas.

En este contexto, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control en conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales avanzó con la designación del director titular y director adjunto del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad (IGE), organismo que lleva a cabo las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el formato de Audiencia Pública expusieron los candidatos Adrián González, un abogado recibido en la UBA que fue propuesto para ser director titular del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad y Tomás Aguerre, a desempeñarse como director adjunto. Ambos dieron cuenta de sus trayectorias, formación académica y antecedentes y también respondieron preguntas de los legisladores presentes.

La reunión fue conducida por la titular de la Junta, María Luisa González Estevarena (VxM) y contó con el apoyo de Hernán Reyes (VxM) como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Participaron legisladores que integran ambas comisiones, el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López (VxM), y el ministro de Justicia del Gobierno de la Ciudad, Gabino Tapia.

También se realizó otra audiencia liderada por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control junto con la Comisión de Justicia, para avanzar con el proceso de designación del  juez de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. Acompañaron a Estevarena en su rol de conductora de la audiencia, la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Claudia Neira (UP).

Se expusieron los antecedentes del candidato propuesto por el Consejo de la Magistratura, Ezequiel Martín Quaine, quien actualmente se desempeña como Defensor del área de flagrancia en el Ministerio Público de la Defensa.

Durante estos dos días también se desarrollaron distintas audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión de Cultura, que preside María Cecilia Ferrero (VxM) y cuanta con Juan Pablo O´Dezaille (UP) como vicepresidente primero y Sandra Rey (LLA), como vicepresidenta segunda.

Los temas tratados fueron varias leyes de la Comisión de Cultura, tales como la enviada por el poder Ejecutivo para denominar “Paseo Ucrania” al paseo aledaño al monumento a Taras Shevchenko, ubicado dentro de la plazoleta general José Antonio Páez; nombras “Vilma de León” a la escuela N° 24 de D.E. N°19; la denominación “La esquina de la infancia” a la Escuela Infantil N° 11 del D. E. N° 19 y poner el nombre de "Miguel B. Sánchez" a la escuela de Educación Media N°3 D.E. N°10. Además, se abordó una ley de las comisiones de Cultura y de Presupuesto, sobre Señalización del "Fortín de Villa Luro".

Por otro lado, se realizaron distintas audiencias públicas donde se abordó la denominación de “Pascuala Meneses” al jardín de infantes nucleado C D. E. N° 12; nombrar “Julio Cortázar” a la actual biblioteca “Casa de la lectura” de Villa Crespo; poner el nombre “Elsa Bornemann” a la escuela infantil jardín de infantes integral N°9 D.E. 20, y nombrar “Padre Carlos Mugica” al Centro de Formación Profesional N° 38.

También se expuso la modificación de la denominación de la plaza “Campaña del Chaco” por “Matilde Malvina Vernet y Sáez”, audiencia que tuvo entre los participantes inscriptos a la Clara Vernet, descendiente de Luis Vernet, primer Comandante Político y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos, quien sostuvo la importancia de conmemorar la primera iniciativa de poblamiento de argentinos en las Islas Malvinas como proyecto de país.

Luego de que se desactivara la sesión que había sido solicitada por Hacemos Coalición Federal con el objetivo de debatir sobre el futuro del Fondo Nacional de Incentivo Docente, desde el Frente de Izquierda convocan a una audiencia pública para insistir con la misma.

El evento se llevará a cabo este jueves 21 de marzo a las 16 en la Sala 2 del Anexo “C de la Cámara de Diputados de la Nación” para reclamar “el urgente tratamiento de los proyectos que dan continuidad al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID) que el gobierno de Javier Milei ha recortado arbitrariamente, junto a otros fondos nacionales destinados a garantizar el derecho a la educación en nuestro país”.

“El recorte del FoNID significa una rebaja salarial de los salarios docentes, en momentos en que en numerosas provincias siguen sin acuerdo paritario y se desarrollan luchas docentes por salario y condiciones de trabajo”, argumentaron y agregaron: “La audiencia tiene el objetivo de visibilizar que es URGENTE la convocatoria y concreción de una sesión especial para tratar dichos proyectos, entre los que se destaca el presentado por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que plantea convertirlo en permanente y de carácter remunerativo”.

Del encuentro participarán sindicatos docentes de los diferentes niveles educativos, junto a la docencia preuniversitaria, centros de estudiantes, docentes, diputados y la comunidad educativa.

Diputados del Frente de Izquierda, encabezados por Romina Del Plá, realizarán este lunes una Audiencia pública en el Congreso Nacional en apoyo al pueblo palestino contra “el genocidio que está llevando adelante el sionismo en Gaza”.

El encuentro será a partir de las 16 en la Sala 2 del “Anexo C” de la Cámara de Diputados de la Nación y contará con la presencia de Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, y numerosas personalidades y organizaciones populares y de Derechos Humanos.

Al respecto Del Plá sostuvo: “Hemos tomado esta iniciativa por la angustiante urgencia de la situación en Palestina. A poco más de un mes de iniciados los bombardeos y luego de la ocupación israelí, ya se cuentan más de 12000 muertos en Gaza (y alrededor de 200 en Cisjordania), gran parte de ellos niños, y más de 30 mil heridos, con decenas aún enterrados bajo los escombros, producto del accionar de las fuerzas armadas (y de colonos paramilitares) de Israel”.

“El número de desplazados es estimado por las organizaciones de socorro internacional en torno al millón. Se han registrado bombardeos sobre centros de salud, instituciones educativas y sitios de cultos, con pérdidas materiales incalculables, destruyendo toda la infraestructura de viviendas, civiles y sanitaria. El acceso al agua potable, medicina y alimentos, entre otros, está siendo bloqueado por el asedio”, manifestó.

Asimismo, expresó: Nos hacemos eco de la carta de renuncia de Craig Mokhiber, director de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que sostuvo que se trata de un ‘genocidio de manual’”.

Así, se sumó a “las multitudinarias movilizaciones populares internacionales (Londres, EEUU, Indonesia, etc.) que, enfrentando la complicidad de las grandes potencias, se oponen a la agresión catastrófica que sufre el pueblo palestino. Es imperioso frenar esta situación y expresarse con firmeza por el fin de los bombardeos contra el pueblo palestino de Gaza, el retiro de las tropas y el cese del bloqueo. También promover el cese de la intervención y la ocupación de Gaza y todas las medidas de asistencia humanitaria urgentes y necesarias”.

La audiencia pública convocada por la diputada del Partido Obrero Romina del Plá para impulsar el proyecto de ley por el piso salarial contó con una destacada participación de las y los trabajadores municipales de todo el país.

La diputada Romina Del Plá afirmó que “el éxito de la audiencia estuvo en el enorme interés despertado en cientos de trabajadores y trabajadoras de distintos municipios del país que se organizaron para participar de la audiencia e impulsar el proyecto. Este proyecto establece un piso salarial para el trabajador municipal ingresante equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. También incluye la defensa de la carrera municipal, estableciendo concursos transparentes y la garantía de ascenso en la carrera al menos cada 5 años con un refuerzo adicional en una categoría extra antes de la jubilación”.

Asimismo, la diputada agregó que: “Los municipales son el sector más postergado de los trabajadores públicos formales. Siendo uno de los gremios más numerosos del país, los salarios en muchísimos municipios no alcanzan el salario mínimo, llegando en algunos municipios a 30 mil pesos como denunciaron los trabajadores municipales de Merlo”.

En el mismo sentido, Néstor Pitrola señaló que “el impulso a este proyecto, que han tomado en sus manos varios sindicatos municipales y se extiende por todo el país, constituye una reparación elemental a la condena que sufren miles de municipales que llegan a la jubilación sin que se les haya reconocido el esfuerzo y la idoneidad adquirida en el correr de los años, y una manera de no ser condenados a jubilaciones de indigencia, como ocurre masivamente hoy. En el último período, hubo numerosas luchas, reclamos, paros y movilizaciones en municipios diversos, sean con sus sindicatos a la cabeza o en luchas autoconvocadas. La audiencia tuvo un propósito definido: crear las condiciones de movilización que logren imponer la sanción del proyecto. Hoy se da dado un paso en ese sentido”.

De la audiencia participaron el diputado Alejandro Vilca, el dirigente y diputado electo Néstor Pitrola, Vilma Ripoll, Guillermo Kane, legislador de la Provincia de Buenos Aires, entre otros dirigentes del FIT-U y los secretarios generales y dirigentes de trabajadores municipales de Vicente López, de Berazategui, de Coronel Suárez, de Merlo, de Puerto Madryn, de Jesús María, Córdoba y delegados y activistas combativos de más de veinte municipios.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT-U) realizará una Audiencia Pública para presentar un proyecto de ley que establece un piso salarial para los trabajadores municipales de todo el país equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El evento se llevará a cabo este viernes 24 de noviembre a las 17 en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación y contará con la presencia de los diputados del Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad, organizaciones sindicales, delegados, activistas y trabajadores municipales que impulsan este proyecto de ley.

El expediente 3954-D-2023 establece “un piso salarial equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Este piso será la base de cálculo a partir del cual se estructura la escala salarial de los trabajadores municipales de todo el país”.

El mismo será para “todo trabajador/a municipal ingresante de cualquier localidad del país, que desarrolla tareas propias del servicio público encasillado dentro de la planta permanente o transitoria del régimen de empleo público incluyendo aquellos que presten funciones bajo cualquier otro régimen contractual”.

El proyecto también contempla la obligación de promover cada cinco años como máximo a todo trabajador a la categoría inmediata superior y en los últimos años de su carrera laboral se verá beneficiado con una categoría adicional para garantizar una jubilación digna.

“Las y los trabajadores municipales son de los más precarizados y peores pagos, sometidos a la discrecionalidad de las intendencias y con salarios por debajo de la línea de indigencia”, fundamentó la diputada.

Tras las elecciones generales, la Comisión de Acuerdos del Senado realizará una audiencia pública a 16 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial, entre ellos algunos nombres cercanos al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al ministro del Interior -y candidato a senador-, Eduardo "Wado" de Pedro.

Se trata de un conjunto de pliegos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo en mayo pasado, pero recién tomaron estado parlamentario en la sesión del 28 de septiembre, cuando el oficialismo logró avalar 75 nombramientos de jueces, fiscales y defensores, destacándose el de Ana María Figueroa.

La audiencia se llevará a cabo el próximo 25 de octubre, a partir de las 10 en el Salón Illia, según se oficializó este jueves en el Boletín Oficial.

Los cargos a cubrir son en las jurisdicciones de Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

Desde la oposición, que se muestra en contra de avalar designaciones judiciales a las puertas de un recambio de gobierno, advirtieron por algunos nombres de la nueva tanda de candidatos enviados por el Poder Ejecutivo.

Uno de ellos es Juan Rafael Stinco, quien fue asesor de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía. También fue funcionario de la Procuración General hasta 2015 y exdirector de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Hace dos años atrás, en medio de la pandemia, asistió de manera remota a una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por su postulación como juez civil y comercial en CABA. Ahora está propuesto como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 de la Capital Federal.

Otro de los nombres cuestionados desde la oposición es el de María Laura Manín, actual subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior, postulada como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Su rol sería clave en la resolución de causas que involucren reclamos entre el Estado y las empresas por conductas monopólicas.

Ambos fueron cuestionados desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) porque integraban listas complementarias tras los respectivos concursos.

La lista completa de los pliegos

• Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Lucas Alberto Colla.
• Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, María Laura Manín.
• Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, provincia de Misiones, Arlindo Otto Kurtz.
• Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Julio César Lucas Zárate.
• Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, Mariano Romero.
• Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, Tomás Puppio Zubiría.
• Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, Humberto Carlos Guardia Mendonca.
• Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 14, Gabriel Gonzalo Rey.
• Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, Sebastián Rodrigo Ghersi.
• Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal, Ana Valeria Amaya.
• Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Juan Tomás Rodríguez Ponte.
• Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal, Juan Rafael Stinco.
• Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Fernández.
• Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 85 de la Capital Federal, Marcela Patricia Somer.
• Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6 de la Capital Federal, María Stupenengo.
• Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, Ana María Cristina Juan.

La diputada nacional y precandidata a senadora, Romina Del Plá (PO), realizará una audiencia pública en defensa del agua y en contra de la empresa Mekorot, por lo que presentará un pedido de informes impulsado por el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina donde se reclama información sobre la naturaleza de los acuerdos de Argentina con la empresa Mekorot Israel National Water.

La jornada se llevará a cabo este viernes 14 a las 15 en el Auditorio Anexo “A” de la Cámara de Diputados. También estarán presentes los diputados del Frente de Izquierda y de trabajadores-Unidad y participarán asambleas que luchan por el agua en todo el país, agrupaciones ambientales, asambleas territoriales en defensa del ambiente y organizaciones sociales.

Se trata de una empresa estatal de aguas israelí que está gestionando los recursos hídricos de siete provincias argentinas con las que ya tienen firmados convenios: Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Formosa.

Dicha empresa controla el 80% del agua en Palestina y ha sido objeto de denuncias internacionales, toda vez que extrae de los acuíferos del territorio palestino para abastecer Israel y prohíbe a los palestinos el acceso al agua de las napas, convirtiéndose en una forma más de expulsión de las y los palestinos de sus tierras.

Los diputados nacionales Romina Del Plá y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad) junto a organizaciones sindicales realizaron este jueves una Audiencia Pública y conferencia de prensa den el Congreso de la Nación con el fin de apoyar y visibilizar “la lucha que las y los docentes de la provincia de Santa Cruz vienen adelante desde el inicio del año y que ya lleva más de 40 días de huelga sin respuesta alguna por parte del gobierno de Alicia Kirchner”.

Además, estuvieron presentes representantes de AGD-UBA, Ademys, los Sutebas Multicolor, La Naranja de Telefónicos, de la Lista Bermellón y su secretario Gremial de la comisión interna de fuero penal UEJN de Judiciales, entre otros.

Mónica Flores, secretaria adjunta del gremio docente de Santa Cruz -ADOSAC- explicó que: “Nuevamente la descalificación de la educación pública y la miseria salarial del sector docente han creado un grave conflicto en la provincia de Santa Cruz, que el gobierno provincial encabezado por Alicia Kirchner intenta resolver por medios coercitivos, de presión, antisindicales y violatorios del derecho de Huelga”.

“Las y los docentes de Santa Cruz llevamos una caída salarial de 6 años consecutivos. Además, Alicia Kirchner, ya el año pasado ejecutó contra nuestro sindicato una multa de 32 millones de pesos a raíz de un conflicto del año 2017, cuando no se cobraron los salarios en fecha y se llegó a pagar hasta en 4 cuotas. Se busca ahogar económicamente al sindicato docente de la provincia que lucha por salario y en defensa de la educación pública”, agregó.

Por otro lado, denunció que “la conciliación obligatoria ha sido utilizada en forma abusiva y discriminatoria contra la A.Do.Sa.C. Lo más preocupante es la utilización de medios coercitivos, contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales, que se expresa en los descuentos por paros, los despidos por paros, la criminalización de personas por luchar, la designación irregular de personas como ‘rompehuelgas’ para reemplazar a los docentes en lucha sin la más mínima preparación para el cargo, la manipulación por parte del Ministerio de Trabajo de los mecanismos de conciliación para bloquear los reclamos y la aplicación de multas salvajes. Alicia Kirchner intentó por todos los medios que tiene impedir el desarrollo de paros docentes y como herramienta para ilegalizar de manera sistemática las medidas de fuerza”.

Por último, dijo: “Estamos acá para que escuchen nuestras prácticas y exijan el cese inmediato de todas estas antilaborales, antisindicales y antieducativas hacia la docencia y su gremio A.Do.Sa.C., por parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz. En el día de mañana, vienes 2 de junio, tenemos la convocatoria a la paritaria, donde esperamos una respuesta por parte del gobierno a un planteo muy sencillo: que ningún docente viva bajo la línea de pobreza y el fin de la persecución sindical”.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO-FIT) encabezó este viernes a una audiencia pública “por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz y contra la criminalización de la protesta social”, y exigió que “no podemos permitir que haya presos por luchar”.

La jornada se realizó en el Auditorio del Anexo de la Cámara baja, es en la previa de la audiencia por la apelación de la sentencia contra ambos militantes, condenados por las protestas contra la reforma previsional de 2017.

Participaron los diputados Nicolás del Caño, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Claudia Ormaechea, Juan Marino de otros bloques, el diputado de la Ciudad Gabriel Solano y el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola, el dirigente nacional del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

Otros diputados enviaron su adhesión tales como Natalia Zaracho, Carlos Ponce, Vanesa Siley y Carlos Cisneros. También se hicieron presentes destacadas personalidades del ámbito de los Derechos Humanos como Pablo Lachener, del CELS, María del Carmen Verdú de CORREPI y Pablo Bres, de Serpaj.

Además, participaron dirigentes sindicales entre los que se destacaron Hugo Godoy de ATE Nacional, Eduardo Mansilla del SUTNA, Ileana Celotto de AGD-UBA, Francisca Staiti Sec. Gral. Conaduh, Jorge Adaro de Ademys y Agustín Lecchi de SIPREBA, entre otros. Sumó su presencia Eric Toussaint, del comité por la abolición de la deuda.

Del Plá señaló que “es una aberración que César y Daniel, que participaron de la enorme manifestación en diciembre del 2017 contra la reforma jubilatoria de Mauricio Macri estén condenados a prisión efectiva de 3 años y 4 meses, y de 3 años respectivamente”.

“Se trata de una clara persecución y una muestra más de la criminalización de la protesta que crece todos los días en cada rincón del país como lo muestran los compañeros procesados que participaron de esta importante audiencia. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de trabajadores estamos haciendo esta audiencia y haremos hasta lo imposible para que el día 13 de abril la sala de la Cámara de Apelaciones anule las condenas arbitrarias contra los compañeros”, planteó.

Asimismo, la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Izquierda - Partido Obrero sostuvo: “La persecución a quienes se movilizan por reclamos populares busca regimentar a los sectores que salen a luchar por sus demandas, como pasó recientemente con Martín Rodríguez y Lorena Torres, que fueron liberados por la enorme lucha popular en todo el país. Y como sucede con los cientos de compañeros que aún están imputados y acusados por defender causas populares y por los que seguimos peleando sus desprocesamientos”.

“En un país con 18 millones de pobres y en medio de un nuevo saqueo a las y los jubilados anunciados hace días por Massa y Alberto Fernández, muestra que la lucha por los que quieren mandar presos hoy a César Arakaki y Daniel Ruiz sigue vigente. No podemos permitir que haya presos por luchar”, reclamó.

Por su parte, el actor y condenado César Arakaki afirmó: “Está claro que nuestra causa es política, que la sentencia es muy injusta y que lo que intentan con estas condenas es amedrentar a la clase trabajadora, advertirle al pueblo trabajador, a los trabajadores que están en una lucha, en una huelga, no te manifiestes. Estamos criminalizados por participar de la rebelión contra la reforma jubilatoria de Mauricio Macri. Esa es la idea de todos los gobiernos, que los trabajadores no luchemos por lo que nos corresponde, por eso nos condenan. Hay muchos compañeros que están procesados por manifestarse, pero no lo van a lograr: este país es un país donde la gente se moviliza y lucha”.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO-FIT) convocó este viernes, a partir de las 16, a una audiencia pública "por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz y contra la criminalización de la protesta social".

La jornada, que se llevará a cabo en el Auditorio del Anexo de la Cámara baja, es en la previa de la audiencia por la apelación de la sentencia contra ambos militantes, condenados por las protestas contra la reforma previsional de 2017.

Participarán diputados Frente de Izquierda y otros bloques políticos, personalidades de DD.HH., periodistas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles y políticos.

“César y Daniel fueron condenados a prisión efectiva en noviembre del 2021 por participar en la masiva movilización contra la reforma jubilatoria votada en diciembre de 2017: las condenas fueron de 3 años y 4 meses, y de 3 años, respectivamente. Cabe destacar que no hay pruebas condenatorias para tales sentencias, ya que el policía que se había presentado por haber sido agredido ese día se retiró como querellante al constatar que los acusados no eran responsables de las lesiones que había sufrido. Se trata de una clara persecución y una muestra más de la criminalización de la protesta que crece todos los días”, señaló Del Plá.

La legisladora denunció que "la persecución a quienes se movilizan por reclamos populares busca regimentar a los sectores que salen a luchar por sus demandas, como pasó recientemente con Martín Rodríguez y Lorena Torres, que fueron liberados por la enorme lucha popular en todo el país".

"En un país con 18 millones de pobres y cuando asistimos a un nuevo robo a los jubilados anunciado por (Sergio) Massa y Alberto Fernández, es necesario redoblar la lucha por la absolución de los luchadores César Arakaki y Daniel Ruiz. Ni un preso por luchar", completó.

Días después que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejara inaugurado un nuevo año parlamentario, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo tres audiencias públicas a partir de las 12 para introducir cambios en los nombres de varias estaciones de la red de subterráneos.

Las estaciones que se verán involucradas son: “Echeverría” de la línea B, “Independencia” de la E y “Hospitales” de la H. Las nomenclaturas se modificarán para recordar y rendir homenaje a hechos y personalidades destacadas de la historia local.

La primera modificación contempla a la estación de la línea B, ubicada en el barrio de Villa Urquiza, para que también se llame Mártires Palotinos, en recuerdo de los religiosos de la Parroquia de San Patricio que fueron asesinados en julio de 1976 por un grupo de tareas del terrorismo de Estado.

Mientras que la estación “Hospitales” será reemplazada por la de “Ringo Bonavena-Hospitales”, de Parque Patricios, en homenaje a un personaje icónico del barrio que inició su carrera como boxeador en el Club Atlético Huracán y combatió con figuras como George Chuvalo, Joe Frazier y Muhammad Ali, alcanzando un registro de 58 peleas ganadas, nueve perdidas y un empate.

Por último, se prevé agregar el nombre de “Beata Mama Antula” a la actual estación “Independencia” de la Línea E, para conmemorar a la religiosa que realizó obras misioneras por Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires y Paraguay.

Las audiencias se desprenden de tres proyectos, dos de los cuales fueron impulsados por los legisladores del Frente de Todos (FdT) Claudio Ferreño y Javier Andrade, mientras que el restante corresponde al diputado de Vamos Juntos (VJ) Facundo Del Gaiso. Los proyectos ya cuentan con una media sanción de la Legislatura; no obstante al tratarse de una normativa “de doble lectura”, demanda la realización de la instancia de la audiencia pública y de una segunda sanción.

En el marco de una nueva audiencia pública, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este viernes con funcionarios, vecinos y diputados locales para debatirán respecto del proyecto “Parque Costero BA”, mediante el cual se prevé desarrollar una nueva playa pública dentro del Distrito Joven en la Costanera Norte.

La audiencia fue convocada por la Agencia de Protección Ambiental porteña (APRA) y será virtual, con participación a través de la plataforma Zoom y transmisión por el canal de YouTube del Gobierno local.

De acuerdo al proyecto impulsado por el Gobierno porteño, este nuevo espacio público tendría una extensión de tres hectáreas y se ubicará sobre tierras ganadas al Río de la Plata, en la Costanera Norte, y a cuya obra se destinarán al menos 1.047 millones de pesos. La misma contaría con juegos de agua, un muelle para pescadores y se complementará con una defensa costera de hormigón escalonada de 860 metros de extensión.

La nueva playa sería parte del “Distrito Joven”, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad que fue aprobada en la Legislatura local en 2018 y abarca cinco sectores de la Costanera Norte de la ciudad, los cuales comienzan en el Parque de la Memoria y finalizan en Costa Salguero, con unos siete kilómetros de extensión, pasando frente al Aeroparque metropolitano. La misma estaría ubicada en el Sector 2 del mencionado distrito, donde funcionaron varios restaurantes y discotecas.

Cabe recordar que hace algunas semanas el Gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial local las bases y condiciones para la obra “Parque Costero BA”, que consiste en una “playa pública para seis mil personas”, ubicada en Avenida Costanera Rafael Obligado 6551, al lado del complejo privado “Parque Norte”.

El presupuesto oficial para la obra “asciende a $1.047.189.182,72 a valores del mes de julio de 2022, con un anticipo financiero del 15%”, establece la resolución de la jefatura de Gabinete porteña, a cargo de Felipe Miguel.

En una reunión de un poco más de tres horas, la Comisión de Acuerdos del Senado culminó este jueves con una serie de audiencias públicas que se realizaron para escuchar a más de 60 candidatos a cubrir distintos cargos en el Poder Judicial.

En el arranque de la tercera jornada, la presidenta de la comisión, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, anticipó que había tres postulantes que no concurrirían, por lo cual "como es criterio de esta comisión, al no poder venir a la audiencia pública no se les va a dar el acuerdo correspondiente".

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la macrista Guadalupe Tagliaferri, repitió como en la primera audiencia su observación sobre la "gran cantidad de conjueces" que se iban a tratar. "No sería el procedimiento lógico que deberíamos tener", consideró y remarcó que en el Consejo "ya existen concursos públicos realizados, con lo cual se podrían seleccionar para cubrir las vacantes".

Desde el oficialismo, el jujeño Guillermo Snopek señaló que "los conjueces en cada Cámara o en cada instancia judicial tienen la función de cubrir a los jueces titulares no solo en caso de vacancia, sino también si tienen alguna incompatibilidad o excusación".

Entre los postulantes que asistieron al Salón Illia, donde expusieron sobre su trayectoria y respondieron preguntas, como si por ejemplo han recibido la formación en la Ley Micaela, defendió su pliego Ramiro Salinas, propuesto como conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Salinas fue consultado por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, sobre "casos que están hoy muy en boga como la extorsión por movilizarse por parte de los movimientos sociales a cambio de un plan". "Quisiera saber si lo constituye un delito o no y cómo interpreta esos hechos", preguntó.

Antes que tomara la palabra el candidato, Fernández Sagasti le pidió que "conteste con la salvedad de no prejuzgar por su condición de magistrado". "La jurisprudencia es muy clara en torno a los temas de extorsión y derechos sociales", expresó Salinas, quien opinó que el caso necesitaría de un "análisis particular de la situación" sobre "las circunstancias, ver cuáles son los intereses en conflicto y verificar". "Si las pruebas indican una clara evidencia de extorsión habrá que avanzar", agregó.

Otro de los que se presentó este jueves fue Juan Pablo Salvay, propuesto para conjuez de los juzgados federales de primera instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, quien se encuentra imputado en una causa que se inició a partir de la denuncia del fiscal federal Enrique Senestrari, a raíz de una presunta sustracción de documentación de la Fiscalía en la que era empleado.

Lo consultó al respecto el senador cordobés Luis Juez, quien mencionó que Salvay recibió "algunas impugnaciones muy serias", y le pidió que "verbalice puntualmente en qué situación se encuentra".

"Nunca fue mi intención ni es mi intención hacer un show mediático. Hice lo que creí que era correcto, denuncié lo que yo estimaba constituía un delito de parte de un funcionario, mi denuncia lo fue en el ámbito administrativo de la Procuración General de la Nación", respondió. Salvay también afirmó haber sido "víctima de maltrato de un funcionario a lo largo de los años" y "víctima de lawfare".

Juez aclaró que él tiene una "enemistad manifiesta" con Senestrari, pero le insistió al candidato que conteste "en qué etapa procesal se encuentra esa denuncia". "Me encuentro imputado en una imputación que data de febrero de 2020. No me encuentro procesado y mucho menos condenado", aclaró el postulante. Tras su exposición, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, ratificó que el oficialismo acompañará su pliego.

La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti, iniciará este martes a las 10, en el Salón Illia, la ronda de audiencias públicas en la que se recibirá a postulantes a distintos cargos en el Poder Judicial.

También habrá reunión este miércoles y jueves, a la misma hora, para avanzar con el tratamiento de más de 30 pliegos, que se trata de 65 designaciones en total.

En la primera jornada se analizarán las postulaciones de José Manuel Díaz Vélez, como juez del juzgado de primera instancia N°3 de Tucumán; Jorge Gamal Abdel Chamia, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; Federico Aníbal Zurueta como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy; Carlos Fabián Cuesta y Pablo Ezequiel Wilk como jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata; Jésica Yael Sircovich, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata; y Fabián Gustavo Cardozo, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

También asistirán los candidatos como vocal a distintas Cámaras de Apelaciones: Patricia Marcela Moltini (Tucumán); Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Augusto Borges y Nelson Andrés Sánchez (Santa Cruz); Silvina María Andalaf Casiello (Santa Fe); y Mario Osvaldo Boldú (Misiones).

Asimismo, se tratará el mensaje del Poder Ejecutivo que solicita el acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la provincia de Tucumán a Martín Galliano; y como fiscal ante el juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, a Jorge Horacio Campitelli.

Tras varias semanas de inscripción, la Legislatura de la Ciudad cerró este martes la convocatoria para la audiencia pública por los convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno porteño y constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios del distrito. La misma se realizará de forma virtual y presencial.

Al igual que ocurrió con las audiencias de los convenios urbanísticos por Costanera Sur y Norte, la audiencia pública se extenderá por varias jornadas y comenzará el viernes próximo.

El paquete de convenios, en rigor, ya cuenta con una primera sanción por parte de los legisladores, no obstante para la aprobación final, el proceso contempla una audiencia pública destinada a que la ciudadanía exprese su opinión sobre el tema y un nuevo debate en el recinto, dado que se encuadran en las normas denominadas “de doble lectura”.

Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas en los barrios de Caballito, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Belgrano, Núñez y San Cristóbal. De esta manera, los predios afectados por los convenios serán los de Campichuelo 664, Díaz Vélez y Virasoro, Amenabar 1501, Lafinur 3126, Corrientes 5761, Corrientes 3410, Av. Del Libertador 5723, San Juan 2502, Arcos 1865/83, Arcos 3631 y 11 de septiembre 1535.

Tras varias semanas de audiencias por las que fueron pasando numerosos expositores, la Legislatura porteña dio inicio este lunes a las últimas seis jornadas de debate acerca de un convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA S.A para llevar a cabo la construcción de torres en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur.

La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

Cabe recordar que las audiencias al respecto iniciaron el pasado 15 de octubre, se inscribieron 2.593 vecinos para participar de las mismas, varios de los cuales ya expusieron. Además funcionarios del Gobierno local, especialistas y diputados expresaron su opinión al respecto del expediente.

Luego de que se diera inicio a las históricas audiencias por el convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad e IRSA S.A., la Legislatura porteña dio inicio a una nueva semana de audiencias públicas para continuar evaluando la posibilidad de avanzar con un desarrollo urbanístico en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur.

Las audiencias se extenderán hasta el próximo 8 de noviembre y son 2.593 vecinos que expondrán a lo largo de 14 jornadas, las cuales se están realizando de manera virtual y por las que ya pasaron algunos vecinos y funcionarios.

La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

Días después de que la Justicia declarara “inconstitucional” la venta del predio de Costa Salguero, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio inicio este viernes a una nueva jornada historia de audiencia pública por el convenio entre el Gobierno porteño y la empresa IRSA para llevar a cabo un desarrollo urbanístico en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur.

En esta ocasión se inscribieron 2.593 vecinos que expondrán a lo largo de 14 jornadas, las cuales se extenderán hasta el próximo 8 de noviembre y se realizarán todas de manera virtual. Además de los ciudadanos, participarán del debate funcionarios del Gobierno local, especialistas en la materia y los propios legisladores porteños.

La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

Cabe recordar que la única experiencia similar a esta con una audiencia pública que se extendió a lo largo de varios días, ocurrió en noviembre pasado cuando el Parlamento porteño puso en debate un proyecto que buscaba desarrollar un barrio náutico en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sigue inscribiendo a ciudadanos que buscan participar de la audiencia pública en la que se analizará un convenio urbanístico entre el Gobierno porteño y la firma IRSA S.A, a través del cual se buscará impulsar la construcción de torres en el predio de la ex ciudad deportiva del club Boca Juniors, en la Costanera Sur del distrito capitalino.

Las inscripciones comenzaron el pasado 15 de septiembre y ya se anotaron para participar más de 1.100 personas, aunque se espera que sigan registrándose más ciudadanos hasta que este martes se cierre la convocatoria.

La convocatoria a la población fue impulsada por los bloques opositores con la intención de que se repita el fenómeno del noviembre del año pasado cuando se dio la audiencia pública más larga en la historia de la Legislatura porteña: fue en el marco del debate por la Costanera Norte y participaron dos mil personas que expusieron a lo largo de 27 jornadas. En aquella ocasión, el 98% de la ciudadanía se expresó en contra de la creación de un barrio náutico.

Cabe recordar que esta vez el tema en debate es el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

Luego de que la Legislatura de la Ciudad aprobara en primera lectura del convenio entre el Gobierno porteño y la empresa IRSA para llevar a cabo un desarrollo urbanístico en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur, se fijó la fecha de la audiencia pública para el próximo 15 de octubre a las 14.

Quienes deseen participar de la misma podrán inscribirse desde el 15 de septiembre hasta el 12 de octubre a través de la web de la Legislatura porteña y al igual que ocurrió meses atrás con la Costanera Norte, se prevé una amplia convocatoria y varias jornadas de audiencia.

La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

Sin embargo desde el Frente de Todos (FdT) adelantaron que, igual que lo hicieron en la primera lectura, no acompañarán este proyecto. Así lo aseguró el diputado Matías Barroetaveña (FdT), quien planteó que “como pasó con Costa Salguero, la audiencia pública por el barrio cerrado de IRSA será multitudinaria, y marcará un antes y un después para este controversial proyecto que plantea construir decenas de torres en Costanera Sur”.

“Esperamos una gran participación ciudadana que permitirá visibilizar la opinión de la enorme mayoría de los porteños y porteñas que están cansados de estos negocios a espaldas de la necesidades de los vecinos que quieren más espacios verdes y recuperar el río y su costanera”2, sentenció.

La diputada nacional Blanca Osuna expuso en la audiencia pública sobre el Proyecto Canal Magdalena, convocada por el Ministerio de Transporte de la Nación, con el objetivo de abordar la importancia estratégica para Entre Ríos y el país de la conexión marítima entre los puertos del Río de la Plata y los del litoral marítimo de las provincias argentinas.

“Hoy es un día de soberanía, porque el Canal de Magdalena es indispensable para una etapa venturosa en la vinculación natural entre el Litoral marítimo y el Fluvial argentino y en la conexión necesaria para que las embarcaciones que proceden de los puertos marítimos nacionales de ultramar puedan acceder a los puertos fluviales”, manifestó la legisladora entrerriana en su intervención.

“La navegación del Río de la Plata y del Paraná, el control sobre los puertos, el comercio exterior y el sistema aduanero han marcado a fuego la historia de nuestro país, con resultados a favor del poder concentrado, configurando un desarrollo nacional con desigualdades que aún persisten”, contextualizó Osuna. “Fuimos testigos de estudios confusos e insuficientes de impacto ambiental y social realizados por la empresa concesionaria del canal troncal del Río Paraná”, profundizó. “Por eso nos alegra que el parámetro que hoy establece este estudio configure una buena perspectiva para futuras acciones”, valoró sobre el proyecto.

La importancia para Entre Ríos

“Solicitamos la atención del dragado de los canales de aproximación al canal troncal para integrar los puertos públicos a esta propuesta de valoración del desarrollo fluvial y marítimo argentino, y que el puerto Ibicuy quede integrado al sistema de navegación troncal a través del río Ibicuy y el Paraná Guazú con conexión en el canal Martín García”, explicó sobre los intereses de la provincia en la iniciativa.

Osuna concluyó señalando que “sabemos que los beneficios del ecosistema que conforma son múltiples, ya que es la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo, posee flora y fauna de incalculable riqueza, maravillosos paisajes y sobre todo las posibilidades de navegación”, señaló la Diputada nacional. “Se trata de integrar los puertos públicos argentinos y los puertos privados, considerando las potencialidades que el proceso pueda proporcionar a nuestra provincia y nuestra región”.

Tras varias y largas jornadas de debate al respecto, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se realizará este martes una de las últimas reuniones de la serie de audiencias públicas que llevó a cabo la Comisión de Planeamiento Urbano –a cargo de la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ)- en la que se analizó el proyecto de ley que busca rezonificar el predio de Av. La Plata 1600/1700, a fin de que el club San Lorenzo pueda construir allí su nuevo estadio con capacidad para 42 mil personas.

No obstante, el viernes habrá una nueva reunión con quienes no pudieron exponer cuando fueron citados por la Legislatura.

A lo largo de las audiencias expusieron 1.200 personas, entre funcionarios del Gobierno porteño, autoridades de esa institución deportiva, simpatizantes del club y vecinos de la zona en la que se emplazará el nuevo mega estadio. Las mismas se realizaron de manera mixta, es decir, algunos oradores estuvieron presencialmente y otros de manera virtual.

Con la culminación de las audiencias, ahora la Legislatura se prepara para darle aprobación a la segunda lectura del proyecto, la cual –según pudo saber parlamentario.com- ya cuenta con los votos necesarios y llegaría al recinto a mediados de abril.

Cabe recordar que la iniciativa establece que el predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.

Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.

En este caso se permitirá que las construcciones que contemplen una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.

Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.

En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de las varias actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.

Durante la primera audiencia pública para definir el precio de las tarifas del gas, la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó la importancia de este debate “como instancia de participación popular, en un proceso tan importante para las familias argentinas, para nuestros sectores productivos, para nuestra economía, como lo es el debate en torno al precio del gas”.

“Los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias -continuó-, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia”.

Al momento de tomar la palabra, dentro de una lista de 42 oradores, la economista remarcó “el impacto favorable que tiene la política de subsidios para los hogares  y el sector productivo, después de los años de ajuste y recesión macristas y a un año del inicio de la pandemia”.

“Esos subsidios también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas”, resaltó la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados.

La primera audiencia se abocó al tratamiento de la porción del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) que tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, y también a determinar qué porcentaje de las facturas pagarán los usuarios finales.

La audiencia empezó a las 10, convocada por la Secretaría de Energía a través de la resolución 117/20. Se desarrolló de manera virtual y fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.

Otro punto que abordó Vallejos es la relación entre los “tarifazos” durante la gestión de Macri y la inflación durante ese período: “Lo que estamos discutiendo aquí es parte del debate, también, sobre la inflación que es un objetivo crítico de la política económica, determinante para el crecimiento real de los ingresos, que son el combustible de la demanda efectiva, que es el verdadero tractor de la producción, de la inversión -inducida por la demanda- y, por supuesto, de la generación de puestos de trabajo que requiere del crecimiento de la actividad”.

Vallejos reforzó cómo los “tarifazos” durante el macrismo alentaron los altos niveles de inflación. “La política tarifaria de aquel entonces, que se popularizó bajo el rótulo de tarifazos, constituyó, junto con la devaluación, uno de los principales motores de la inflación del periodo que, recordemos, terminó el ciclo, a pesar de la política monetaria de ‘emisión cero’, con el nivel más alto en 3 décadas: 55% de inflación en 2019”, precisó la diputada oficialista.

Asimismo, cuestionó que durante el macrismo, además de reducirse los subsidios, los argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas. “Durante esos cuatro años, el Estado redujo los subsidios a las tarifas, pero, en cambio, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas, con una fenomenal transferencia de recursos hacia las arcas de las empresas del sector. Sólo durante los primeros 2 años de gobierno de Macri esa transferencia alcanzó a USD 16.000 millones”, detalló.

Por otro lado, alertó que, lejos de realizar las inversiones necesarias, las empresas de la producción, el transporte y la distribución fueron protagonistas de la fuga de capitales. “Entre las empresas del sector, la fuga, medida como formación de activos externos, registrados en el balance cambiario del BCRA, entre 2015 y 2019, fue escandalosa”, aseveró, y acto seguido detalló el listado de las mismas.

Por último, en el marco de la pandemia de coronavirus, Vallejos sostuvo que “los argentinos no se han recuperado para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso a esta Secretaría le toca la inmensa tarea y la inmensa responsabilidad de determinar el costo real de producción del gas y la ecuación que asegure que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad”.

Las exposiciones

Representantes de usuarios y consumidores, asociaciones civiles, legisladores, abogados y economistas, entre otros, coincidieron en que los aumentos de las tarifas de gas no deben afectar los bolsillos de la población. También subrayaron que al informe técnico que presentó la Secretaría de Energía previo a la audiencia le faltaron detalles del costo de gas de boca de pozo.

“No podemos estar hablando de cifras que no son el resultado de un análisis previo que se llevó a cabo por las autoridades. Y esto es lo que está faltando”, planteó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.

En tanto Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), cargó contra los aumentos de la era Macri. “Los consumidores estábamos esperando que se hubiera hecho alguna revisión de lo que significó entre 2000% y 5.000% de aumento de los últimos años, con audiencias públicas en las que ya estaba todo resuelto”, remarcó. 

En representación de las empresas habló Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea. “Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social”, afirmó.

A su turno, José Luis Ramón, diputado y presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sostuvo que los subsidios del Estado en las facturas de gas es una “herramienta” para que este servicio “esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado”.

Además, el legislador cuestionó a las empresas por buscar incrementar sus ganancias a pesar de la delicada situación social y de haberse visto favorecidas por el gobierno anterior. “La justicia obligó al gobierno anterior a blanquear el valor del millón de BTU, y se supo que es de USD 3,51. Ahora estos cinco empresarios quieren que el promedio sea de USD 7,60". Y remató: “Le sugiero al gobierno que no haga lo mismo que el macrismo, donde estas cinco empresas obtuvieron 6.800% del ajuste del valor trasladado a los usuarios”.

Accesibilidad, diversidad, violencia de género, salud mental, publicidad oficial, noticias falsas alrededor del Covid-19 y la campaña de vacunación, federalismo en el mapa de medios, financiamiento, el rol de los trabajadores de prensa y las radios comunitarias fueron algunos de los temas centrales planteados por más de medio centenar de expositores que participaron de la primera audiencia pública del año llevada adelante por la Defensoría del Público.

El debate, que tiene como eje “Los medios y la información en la pandemia”, continuará este viernes a las 9 debido a la gran cantidad de personas e instituciones inscriptas, en este caso de la Región Centro, que comprende a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La defensora del Público, Miriam Lewin, abrió la jornada virtual desde el Anexo de la Cámara de Diputados y sostuvo que “las tecnologías, la información y la comunicación son nuestra ventana al mundo: tanto lo fue durante el aislamiento como ahora en el distanciamiento. Nos educamos a través de los medios, virtualmente”.

“Hay mucho para reflexionar. Las audiencias pueden hacer hoy uso de su casa, que es la Defensoría del Público. Siempre vamos a estar disponibles para las críticas y todas las opiniones de quienes consideran la comunicación como un derecho y no una mercancía”, afirmó Lewin.

La titular del organismo estuvo secundada, en el inicio, por la diputada Gabriela Cerruti, presidenta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, y por el senador Alfredo Luenzo.

“La Defensoría del Público tiene un rol enorme para avanzar en el debate sobre el derecho a la comunicación, para que llegue a todos los territorios, a todas las plataformas”, señaló Cerruti.

Luenzo, por su parte, subrayó: “Estamos hablando de Derechos Humanos. A esto nos referimos cuando hablamos de la calidad de la información de nuestros medios”.

También participó el diputado por Córdoba Pablo Carro, quien indicó que “los medios tienen que ser sostenibles, es una necesidad democrática. Necesitamos fortalecer la diversidad y pluralidad de opiniones”.

Tras varios meses de debate y reuniones, la Legislatura porteña realizará este miércoles a las 14 la audiencia pública en la que se analizará el proyecto de ley que busca rezonificar el predio de Av. La Plata 1600/1700, a fin de que el club San Lorenzo puede construir ahí un nuevo estadio para 42 mil personas. Y si bien se esperaba que hubiese una gran cantidad de oradores, algo similar a lo que ocurrió con el proyecto por Costa Salguero, solo se inscribieron mil personas entre funcionarios del Gobierno, autoridades e hinchas del club y vecinos de Boedo.

La audiencia será llevada adelante por la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, la diputada Victoria Roldán Méndez (VJ),  y tendrá una modalidad mixta, es decir, algunos de los oradores estarán presentes en la Legislatura y el resto harán sus exposiciones a través de la plataforma Zoom.

Cabe recordar que la Legislatura aprobó la medida en primera lectura el pasado 19 de noviembre, la misma contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.

Lo cierto es que una vez que se realice esta audiencia el proyecto contará con luz verde para ser tratado en una de las primeras sesiones ordinarias de este año, las cuales quedarán inauguradas a partir del próximo lunes. Además contaría con los votos suficientes para ser aprobado, tal y como ocurrió el pasado año.

Tras 28 jornadas de exposición por parte de los vecinos y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, llegó a su fin la histórica audiencia pública en la que se analizó un proyecto del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el que se prevé construir en Costa Salguero un barrio náutico. En ese contexto, los legisladores del Frente de Todos (FdT) advirtieron que el 98% de los asistentes rechazaron la medida.

En las audiencias participaron vecinos, activistas ambientalistas, colectivos de profesionales de la arquitectura, autoridades de la universidad pública, referentes académicos, artistas, comunicadores, senadores, diputados, comuneros, agrupamientos vecinales, agrupaciones políticas y demás, todos los cuales propusieron crear un gran espacio verde al cual pidieron llamar “Diego Armando Maradona”.

Por su parte desde el FdT celebraron “la participación masiva en esta audiencia pública e insistimos en rechazar la venta y rezonificación de Costa Salguero para llevar adelante la construcción allí de un gran parque público con flora y fauna nativa y al acceso de todos y todas” y consideraron que “el Gobierno de la Ciudad debe escuchar la voz de los porteños y porteñas que se manifestaron en esta enorme audiencia, al igual que en las distintas manifestaciones que se llevan adelante en defensa de la costanera”.

Al mismo tiempo que consideraron que “avanzar con un proyecto de estas características, desoyendo el pedido de tantos vecinos y vecinas, sería un acto de enorme sordera y un irremediable error en la historia de la Ciudad”.

En ese sentido el legislador Matías Barroetaveña (FdT) consideró que “el récord de participación ciudadana de esta audiencia demuestra que recuperar el acceso público a la costa del Río es un tema de vital importancia para los y las porteñas” e insistió en que  “el Gobierno de Larreta tiene que escuchar estos reclamos y modificar este proyecto cuyo único fin es el desarrollo de proyectos inmobiliarios para pocos en una zona que tiene que ser de acceso público."

Además precisó que “si utilizamos estas hectáreas para espacios verdes, la Ciudad se acercaría a cumplir con los 10 metros por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud, hoy estamos en la mitad”.

Sobre esa misma línea la peronista Claudia Neira (FdT) remarcó que “la Audiencia Pública por Costa Salguero fue una gran experiencia de participación” y expresó su deseo de que “ojalá el Gobierno de Larreta tenga capacidad de escucha y podamos tener un proyecto consensuado para que todos podamos disfrutar del río”.

Tal y como lo anunció semanas atrás parlamentario.com, la Legislatura porteña habilitará este lunes a partir de las 14 las inscripciones a la audiencia pública obligatoria en la que funcionarios, vecinos e hinchas del club San Lorenzo expondrán acerca del proyecto de ley que busca rezonificar el predio de Av. La Plata 1600/1700, a fin de que esa institución pueda construir allí su nuevo estadio con capacidad para 42 mil personas.

Debido a las medidas de contingencia por la pandemia, la audiencia se realizará a través de Zoom el próximo 24 de febrero a las 14. La reunión estará a cargo de la Comisión de Planeamiento Urbano, la cual es presidida por la diputada de Vamos Juntos Victoria Roldán Méndez.

Quienes deseen exponer en dicha reunión deberán inscribirse enviando un mail a [email protected], en el cual deberá adjuntar el formulario de persona jurídica (que puede descargarse a través de la página web de la Legislatura porteña) y foto de su DNI. Solo podrán participar de la misma quienes sean residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las inscripciones estarán abiertas entre el 25 de enero y el 19 de febrero.

Cabe recordar que la Legislatura aprobó la medida en primera lectura el pasado 19 de noviembre, la misma contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.

Tal y como lo anunció parlamentario.com a fines de diciembre pasado, la Legislatura porteña habilitará a partir del lunes 25 de enero las inscripciones a la audiencia pública obligatoria en la que funcionarios, vecinos e hinchas del club San Lorenzo expondrán acerca del proyecto de ley que busca rezonificar el predio de Av. La Plata 1600/1700, a fin de que esa institución deportiva pueda construir allí su nuevo estadio con capacidad para 42 mil personas

La audiencia se realizará el próximo 24 de febrero a las 14 en el marco de una nueva reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano, a cargo de la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ), y se prevé que sea sumamente concurrida. La misma se realizará vía Zoom, debido a las medidas de contingencia que se aplican en el Parlamento porteño a causa de la pandemia del Covid 19.

Quienes deseen exponer en dicha reunión deberán inscribirse enviando un mail a [email protected], en el cual deberá adjuntar el formulario de persona jurídica (que puede descargarse a través de la página web de la Legislatura porteña) y foto de su DNI. Solo podrán participar de la misma quienes sean residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las inscripciones estarán abiertas entre el 25 de enero y el 19 de febrero.

Cabe recordar que la Legislatura aprobó la medida en primera lectura el pasado 19 de noviembre, la misma contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.

Al igual que lo manifestaron en otras ocasiones, los legisladores del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña y Lucía Cámpora volvieron a manifestarse en contra del proyecto impulsado por el Gobierno porteño a través del cual se prevé rezonificar los predios de Punta Carrasco y Costa Salguero, una vez vencidas las concesiones en 2021, y advirtieron que más de mil vecinos ya expresaron su repudio a la medida durante las audiencias públicas que se vienen realizando.

En ese sentido, la diputada explicó que “pasada la jornada número 11 de la audiencia por el río, estos son los números: 67 voces en contra y dos a favor; lo que significa que un 97,72% de los participantes está en contra y un 2,28% a favor. Van 11 días de audiencia, 11 días de rechazo a la privatización”.

Al mismo tiempo que compartió en sus redes sociales un fragmento de la exposición del Comunero de Caballito por el FdT, Osvaldo Balossi, en el que este señaló que “hay un mandato de Horacio Rodríguez Larreta a sus legisladores de votar este proyecto y que salga sí o sí. Quizás no seamos oídos hoy, pero quédense tranquilos que hay una masa de vecinos que está peleando, que se está organizando y que tiene claridad de sus derechos”.

A su vez Cámpora instó a los vecinos a expresar su opinión en las sucesivas audiencias. “Ya son mil vecinas y vecinos que expresaron su rechazo a una Costanera para pocos. Si te toca exponer, hacelo tranquila o tranquilo. Es muy simple. Nadie puede decirte mejor que vos para qué querés el río”, aseveró.

Por su lado Barroetaveña recordó un tuit de la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, del pasado 8 de octubre en el que aseguraba que “gracias al proyecto de Costa Salguero - Punta Carrasco va a haber casi 14 hectáreas de espacios verdes, en un predio que hoy está cerrado, en el que los vecinos y vecinas no tienen acceso en la actualidad”.

Aunque él consideró que “esto es una falacia; no es verdad que Costa Salguero sea un espacio privado que se convierte, en parte, en público. Es un espacio público cuya concesión finaliza y recupera su posibilidad de uso: la opción es si se construyen torres como quiere Larreta o un gran parque”.

“La Ciudad posee un índice bajísimo de metros cuadrados verdes por habitante, menos de la mitad de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como saludable. Además el 40% de la población posee problemáticas de acceso a la vivienda”, afirmó y concluyó señalando que “mientras tanto el Gobierno porteño lleva 150 hectáreas de tierra públicas vendidas”.

Cabe recordar que el proyecto propuesto por el jefe de Gobierno busca avanzar con la creación de un barrio náutico, aunque las medidas deberán volver a analizarse en una segunda lectura. Es así que en la zona de Costa Salguero se prevé la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera.

Mientras que en Punta Carrasco se generarán espacios de recreación, en los que las construcciones podrán alcanzar los 12 metros de alto y solo podrán ocupar un 35% del suelo; el resto será parquizado y habrá un helipuerto.

Según informaron fuentes parlamentarias a parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fijó para el próximo 24 de febrero a las 14 la audiencia pública obligatoria –aunque no vinculante- en la que funcionarios, vecinos e hinchas del club San Lorenzo expondrán acerca del proyecto de ley que busca rezonificar el predio de Av. La Plata 1600/1700, a fin de que esa institución deportiva pueda construir allí su nuevo estadio con capacidad para 42 mil personas.

La audiencia estará a cargo de la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ), y se espera que cuente con un númeroso grupo de expositores, debido a que hay varios vecinos que se manifestaron en contra del avance de este proyecto y los simpatizantes de San Lorenzo buscarán expresar su apoyo al mismo.

Cabe recordar que la Legislatura aprobó la medida en primera lectura el pasado 19 de noviembre, la misma contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.

Es por ello que el predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.

Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.

A pesar de que el pasado 10 de diciembre culminó el año parlamentario, la actividad en la Legislatura porteña no se detiene. Es que la Comisión de Planeamiento Urbano, a cargo de la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ), continúa llevando a cabo las audiencias públicas en las que vecinos, organizaciones ambientalistas y funcionarios analizan un proyecto impulsado por el Gobierno porteño a través del cual se prevé rezonificar los predios de Punta Carrasco y Costa Salguero, una vez vencidas las concesiones en 2021.

Estas son jornadas históricas en la Legislatura porteña, dado a que es la audiencia pública más larga que se ha realizado en dicho Parlamento, con un total de 7.053 personas inscriptas. Las jornadas de debate duraran 29 días, extendiéndose así hasta el próximo 27 de enero.

La iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad busca avanzar con la creación de un barrio náutico, aunque las medidas deberán volver a analizarse en una segunda lectura. Es así que en la zona de Costa Salguero se prevé la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera.

Mientras que en Punta Carrasco se generarán espacios de recreación, en los que las construcciones podrán alcanzar los 12 metros de alto y solo podrán ocupar un 35% del suelo; el resto será parquizado y habrá un helipuerto.

En un nuevo revés judicial, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo -integrada por Hugo Zuleta, Gabriela Seijas y Esteban Centanaro- revocó los fallos anteriores que suspendían la realización de las audiencias públicas virtuales en la Legislatura porteña y autorizó la vuelta de las mismas.

La decisión de los magistrados tuvo que ver con que consideraron que esos fallos configuraban “una interferencia indebida del Poder Judicial sobre diversos trámites parlamentarios preparatorios que son de resorte exclusivo del Poder Legislativo, en desmedro del principio republicano de división de poderes”.

Al mismo tiempo que -según informó IJudicial- que “el procedimiento adoptado por el Poder Legislativo para la formación y sanción de las leyes puede ser judicialmente revisado una vez sancionadas y promulgadas las leyes respectivas, si se denuncia alguna violación concreta en el marco de un ‘caso, causa o controversia judicial’ instado por parte legitimada».

En tanto Seijas subrayó que “la inmediata y genérica suspensión de audiencias en la Legislatura ordenada en forma previa al traslado y apertura a prueba, así como la declaración de nulidad de audiencias celebradas ante la sola denuncia de incumplimiento de la cautelar, frente a una razonable disputa en torno a la efectiva configuración de un agravio concreto, conspira contra las bases de la organización democrática de la Ciudad”.

“El dictado de una sentencia supone una tarea de ponderación y el resultado de esta actividad debe, como todo acto estatal, ser razonable y proporcionado”, añadió y concluyó señalando que “las normas están apuntadas por reglas no escritas de juego. Dichas reglas no escritas sirven como protección de la democracia e impiden que la pugna política cotidiana desemboque en un conflicto donde todo vale”.

Cabe recordar que la nulidad de las audiencias se habían ordenado en el marco de la causa “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros contra Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre Incidente de apelación – Amparo – Otros”,  y establecía la interrupción de todas las audiencias a las que ya se había convocado y declaraba nula otra que ya se había llevado a cabo.

A través de una nota suscripta por los senadores Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, presidentes de los bloques de la UCR y Pro, respectivamente, solicitaron suspender la audiencia pública convocada para el 4 de septiembre para analizar los traslados de una decena de jueces, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La nota fue remitida a la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, Anabel Fernández Sagasti, y en la misma solicitan no avanzar con un proceso de la relevancia institucional que tiene la audiencia pública para dar acuerdo al pliego de jueces federales, por considerar que se trata de “un procedimiento que se encuentra viciado de nulidad desde su origen”.

Los legisladores de Juntos por el Cambio piden dejar sin efecto “de manera inmediata” esa convocatoria por una serie de factores, comenzando por la de que se trata de una modalidad “no prevista” en el Reglamento del Senado y de la que tomaron conocimiento a partir de la convocatoria publicada el 20 de agosto en el Boletín Oficial.

Señalan en ese sentido que el modo “remoto o virtual mediante videoconferencia”, “no se encuentra prevista en el Reglamento de este H. Senado de la Nación”, ante lo cual consideran que “no es legítimo convocar a una audiencia pública sin respetar el Reglamento vigente, cuya modificación o apartamiento requiere de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara”.

Destacan además “la manifiesta diferencia que existe entre una sesión del cuerpo en la que participan sólo senadores y una audiencia pública donde participan senadores y ciudadanos interesados en los asuntos en consideración”.

Tras aclarar que respecto de las audiencias públicas no se ha aprobado ninguna modificación del reglamento, sostienen que la convocatoria no cumple con el requisito de haber sido publicada con no menos de 15 días corridos de antelación respecto de la realización de la misma.

Por otra parte, Naidenoff y Schiavoni advirtieron que vienen recibiendo desde este martes reclamos de ciudadanos que no han podido hacer llegar sus observaciones en el plazo que está corriendo, por cuanto la casilla de correo [email protected] consignada en el edicto de convocatoria como único medio para hacerlas llegar, se encuentra saturada y sin capacidad de recibir nuevos correos.

Tal situación ha impedido a los ciudadanos llegar en plazo con sus observaciones, en lo que consideran “un procedimiento no previsto por nuestro Reglamento, que ha dejado en evidencia la falta de seguridad, transparencia, y confianza que la relevancia institucional del proceso de acuerdo a los jueces federales requiere”.

Por último, los senadores señalan respecto de los pliegos de jueces incorporados a la audiencia pública en cuestión, que “en la situación actual de los jueces sometidos a acuerdo, el Senado no tiene competencia para considerarlos”, por cuanto los pliegos incluidos en la audiencia pública en cuestión corresponden todos a jueces federales que han sido trasladados por un Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme al procedimiento vigente al momento del traslado. “Estos decretos del PEN se encuentran vigentes”, remarcan los legisladores de Juntos por el Cambio, ante lo cual insisten en que “el Senado no puede avanzar en el tratamiento de pliegos, años después de que estos jueces federales se encuentran cumpliendo funciones en sus respectivas jurisdicciones y sin que alguien hubiera objetado los mismos en el plazo y la forma pertinente”.

“Estos traslados constituyen actos jurídicos firmes y consentidos y el único Poder del estado con competencia para declararlos nulos y retrotraer alguna situación, es el Poder Judicial de la Nación”, remarcan los senadores de Juntos por el Cambio.

Además de los mencionados Bruglia y Bertuzzi, los otros jueces objetados son Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. El Poder Ejecutivo cuestiona cómo se realizaron estos traslados, durante el gobierno anterior de Mauricio Macri.

La Legislatura de la Ciudad sufrió un nuevo revés judicial, es que luego de que el miércoles pasado celebrara una audiencia pública virtual en la que se debatió acerca de la venta de varios inmuebles pertenecientes al Gobierno porteño y que debía haberse suspendido por orden del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº2, la Justicia resolvió declarar nula dicha audiencia y suspender todas las que hayan sido convocadas hasta el 7 de septiembre.

De esta manera el titular de ese juzgado, Andrés Gallardo, resolvió rechazar los planteos de nulidad impulsados por la Legislatura por tener por incumplida la medida cautelar. Asimismo fijó un plazo de dos días para que informe a todos los que participaron de la audiencia acerca de su nulidad y para que comunique en su página web la suspensión de todos las audiencias virtuales.

Asimismo el magistrado dispuso que se ponga en conocimiento la medida cautelar dispuesta al presidente de la Legislatura, Diego Santilli; al vicepresidente primero de la Casa, Agustín Forchieri (VJ); la vicepresidenta segunda, María Rosa Muiños (FdT); el vicepresidente tercero, Roy Cortina (PS); y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ).

Asimismo solicitó al Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma que “se investigue la posible comisión del delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal de la Nación”.

Gallardo solicitó –según informó IJudicial- que “se declare incumplida la medida cautelar por conducto de la cual se ordenó la suspensión de las audiencias públicas fijadas por la Legislatura de la Ciudad” y recordó que la audiencia “se celebró mediante la aplicación Zoom, a pesar de haber sido notificada la demandada de la medida dispuesta y de que durante su transcurso numerosos legisladores, comuneros y participantes de dicha reunión, le comunicaron a viva voz Romero que había sido ordenada judicialmente la suspensión de su celebración”.

“Fueron rechazadas sendas mociones de pasar a un cuarto intermedio a efectos de verificar la existencia de la medida cautelar referida y su efectiva notificación. Del mismo modo, fueron desatendidos los avisos de legisladores y legisladoras acerca de que la Secretaria del Juzgado, Dra. Beatriz Campos, solicitaba permiso de ingreso a la reunión, quien finalmente pudo acceder 45 minutos antes de la finalización de la audiencia, mas no intervenir pues el citado presidente no le habilitó el micrófono para hacer uso de la palabra”, concluyó el magistrado.

En medio de la virtualidad que impuso la pandemia del Covid 19, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, hizo lugar a una medida cautelar en la que resolvió suspender la realización de audiencias públicas virtuales convocadas por la Legislatura de la Ciudad, hasta que se pueda garantizar la efectiva participación de la ciudadanía en la misma.

El amparo al que dio lugar la Justicia planteaba la necesidad de que se “interrumpa las audiencias públicas cuya realización se encuentran pendientes y se realice una nueva convocatoria” en la que se contemplen una serie de requisitos, entre ellos, que “se consigne un lugar al que puedan asistir presencialmente aquellos participantes que no cuenten con acceso a medios virtuales” o se “garantice el otorgamiento de dispositivos informáticos y el acceso gratuito a internet a aquellos participantes que no cuenten con acceso a los mismos”.

También se pide que se “establezca un mecanismo de inscripción a las audiencias públicas virtuales alternativo a la inscripción por internet como, por ejemplo, por vía telefónica; y se permita acreditar la identidad en el lugar consignado para aquellas personas que no cuentan con acceso a medios virtuales”.

A la hora de dimensionar los derechos en juego, el juez subrayó que “es indudable que el planteo efectuado en autos se relaciona estrechamente con el espíritu que ha guiado al constituyente local en torno a la participación ciudadana y política de los habitantes de la Ciudad en el desarrollo de la actividad de los organismos gubernamentales cuyas decisiones influirán en su vida de manera directa, ya sea de modo directo o a través de los legisladores que los representan”.

Al mismo tiempo que sostuvo que “las audiencias públicas constituyen ‘un elemento de democratización del poder, conforme al ya clásico principio de que ya la democracia es no sólo un modo de designación del poder, sino también un modo de ejercicio del poder  y también un modo de participación ciudadana en el poder público, exigido por principios políticos, constitucionales y supranacionales'”.

Por último, Gallardo señaló que “el resto de las objeciones introducidas por los amparistas requieren, para su comprobación, un análisis que excede el acotado marco cognoscitivo de las medidas cautelares, no obstante lo cual, las irregularidades antes reseñadas resultan más que suficientes para tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por los accionantes” y concluyó señalando que “en cuanto al peligro en la demora, cabe considerar que el mismo se configura con la inminente realización de las audiencias en cuestión, cuya ejecución en los términos en que han sido convocados implicaría un agravio irreparable a los derechos invocados por los amparistas”.

Luego de que la medida fuera aprobada en primera lectura, la Comisión de Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)- realizó una nueva audiencia pública virtual para ratificar en segunda lectura un proyecto de ley que busca otorgarle al Club Nueva Chicago, del barrio Mataderos, el permiso de uso gratuito de unos predios por un lapso de 20 años, dándole la posibilidad a la institución de extenderlo por otros diez años.

Cabe destacar que ya rige una ley del 2009 de uso precario a favor de esa entidad deportiva en los terrenos donde funciona su sede social, un natatorio y canchas de fútbol y otras del denominado Polideportivo Juan B. Alberdi. No obstante, el proyecto urbanístico en marcha, vinculado a la futura erradicación del Mercado de Hacienda, obliga a modificar plazos y determinar nuevas delimitaciones parcelarias.

De esta manera, los cambios parcelarios y catastrales son para permitir la apertura de calles (como la unión de Tandil, desde Lisandro de la Torre hasta Murguiondo), obras hidráulicas de desagüe en prevención de inundaciones por desbordes del arroyo Cildáñez, más la creación de áreas parquizadas e infraestructura de espacios públicos.

El club mantendrá su sede social, el natatorio y otras dependencias anexas, pero deberá devolver a la Ciudad terrenos que hoy usa como cachas de fútbol y otros deportes. En compensación, recibirá prestado por 30 años nuevos y amplios terrenos en parte de lo que hoy es el Mercado de Hacienda, sobre la avenida Eva Perón.

Durante la audiencia pública expusieron los funcionarios de la Ciudad Fernando Galetto, Matías Vitalli y Gabriel Rosales y manifestaron sus puntos de vista una docena de vecinos, a ante la presencia por remoto de una decena de legisladores.

Otro asunto sometido a audiencia pública y donde también expusieron tres funcionarios del Poder Ejecutivo y otros tantos vecinos, refiere a una ley que busca aprobar un acuerdo entre la Nación y la Ciudad por el uso de un amplio y tradicional inmueble en la recova de Avenida Leandro Alem 852.

Históricamente en ese lugar funcionaba un parque de carruajes y luego fue dependencia para estacionamiento, guarda y reparación del parque automotor de la Presidencia de la Nación. Últimamente en desuso, fue transferido a la Ciudad que, a cambio, construirá en subsuelos estacionamientos para la Casa Rosada. Hacia arriba, se prevé levantar un complejo cultural, gastronómico y turístico para funcionar en fines de semanas y horarios nocturnos, manteniendo el patrimonio arquitectónico existente. La ley que debe ratificarse en segunda lectura es para aprobar el acuerdo Nación – Ciudad y el plan que incluye la concesión de espacios.

En el marco de la primera audiencia pública de manera online, la Junta de Ética –presidida por la oficialista María Luisa González Estevarena (VJ)-  analizó los pliegos enviados por el Consejo de la Magistratura con sus candidatos (surgidos de concurso) a ocupar cuatro cargos de juez de la Cámara Contencioso Administrativo, del Trabajo y las Relaciones del Consumo.

En el encuentro virtual estuvieron presentes los cuatro aspirantes al cargo, los legisladores que conforman la Junta de Ética y los de la Comisión de Justicia -que es presidida por Martín Ocampo (UCR-Ev)-. También estuvo presente el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor.

Durante la audiencia expusieron los cuatro doctores propuestos como camaristas y luego los legisladores porteños de la Junta y la Comisión mencionadas se disponían a emitir un dictamen conjunto sobre el tema. Los jueces camaristas nominados para ocupar esos cargos son Laura Alejandra Perugini, Pablo César Mántaras, Marcelo López Alfonsín y María de las Nieves Verónica Macchiavelli Agrelo.

Cabe destacar que esta es la primera vez que la Legislatura porteña realiza una audiencia pública de manera online, lo cual fue posible debido a la reciente reforma a la ley de Audiencia Pública que permite las deliberaciones de esa institución ciudadana por sistemas telemáticos o mixtos (presencial más virtual), mientras rijan la medidas de aislamiento preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia del Covid 19.

A pesar de que la iniciativa había sido rechazada en una primera instancia debido a un error involuntario por parte de la secretaria parlamentaria, la Legislatura volvió sobre sus pasos y logró sancionar con 38 votos positivos y 19 negativos una ley que le permitirá a dicha Casa realizar audiencias públicas de manera virtual.

Es que tras la votación para habilitar las tablas, el secretario parlamentario se olvidó de contemplar un voto y anunció que la misma no había sido habilitada. No obstante, minutos más tarde el diputado Martín Ocampo (UCR-Ev), quien había presentado el proyecto en cuestión, le hizo darse cuenta de ese error y el texto fue sometido nuevamente a consideración. En esta nueva oportunidad, fue aprobado gracias al apoyo del GEN, VJ, PS, CF y UCR-Ev; mientras que el FdT, PTS, AyL, PO y FIT lo rechazaron.

De esta manera, la normativa modificó el Instituto de Audiencia Pública y estableció que las mismas “pueden ser presenciales o virtuales”. Por lo que establece que las presenciales seran aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la comparecencia personal de los participantes, expositores y público; mientras que son virtuales las audiencias que se desarrollen y transmitan en forma telemática garantizando que los participantes, expositores y público tomen intervención a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante.

Asimismo el texto establece que “para el caso de que la audiencia se convoque bajo la modalidad virtual, la convocatoria podrá disponer que la vista del expediente, la inscripción de los participantes y la presentación de documentación se realicen únicamente a través de medios telemáticos”.

En cuanto a la anticipación que se debe convocar a las audiencias públicas, indica que “en el sistema WAP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un período de cinco días” y establece que “en este caso el texto sólo mencionará la autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar para los casos en que la audiencia se celebre de manera presencial o el sitio web o plataforma para los supuestos en que se celebre de manera virtual y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información”.

“En los casos de las Audiencias Públicas de requisitoria ciudadana se enviará una carta al padrón de la zona afectada, a través del sistema aleatorio (RANDOM), indicando la autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar para los casos en que la audiencia se celebre de manera presencial o el sitio web o plataforma para los supuestos en que se celebre de manera virtual y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información”, concluye el texto.

Luego de que la secretaria parlamentaria incurriera en un error de interpretación del reglamento, un proyecto de ley que buscaba autorizar a la Legislatura porteña pudiese realizar audiencias públicas de manera virtual, había sido inhabilitado para su tratamiento. Sin embargo, tras advertir el error, volverá a someter a consideración de los diputados la iniciativa.

La medida -que había sido impulsada por Martín Ocampo (UCR-Ev)- preveé modificar el Instituto de Audiencia Pública y estableció que las mismas “pueden ser presenciales o virtuales”. Por lo que establece que las presenciales serían aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la comparecencia personal de los participantes, expositores y público; mientras que son virtuales las audiencias que se desarrollen y transmitan en forma telemática garantizando que los participantes, expositores y público tomen intervención a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante.

Asimismo el texto establece que “para el caso de que la audiencia se convoque bajo la modalidad virtual, la convocatoria podrá disponer que la vista del expediente, la inscripción de los participantes y la presentación de documentación se realicen únicamente a través de medios telemáticos”.

En cuanto a la anticipación que se debe convocar a las audiencias públicas, indica que “en el sistema WAP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un período de cinco días” y establece que “en este caso el texto sólo mencionará la autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar para los casos en que la audiencia se celebre de manera presencial o el sitio web o plataforma para los supuestos en que se celebre de manera virtual y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información”.

“En los casos de las Audiencias Públicas de requisitoria ciudadana se enviará una carta al padrón de la zona afectada, a través del sistema aleatorio (RANDOM), indicando la autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar para los casos en que la audiencia se celebre de manera presencial o el sitio web o plataforma para los supuestos en que se celebre de manera virtual y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información”, afirma el texto.

En los fundamentos de la medida, el radical explicó que la necesidad de esta iniciativa radicaba en que se debía “adecuar la regulación vigente a fin de habilitar la realización de audiencias públicas virtuales, esto es, mediante el empleo de medios técnicos propios de la tecnología de la información y la comunicación” y resaltó que de esta manera “los poderes públicos de la Ciudad puedan continuar ejerciendo sus competencias y atribuciones -cuando ello depende de la celebración de audiencias públicas- durante el tiempo que dure la ampliación de la emergencia sanitaria”.

“Esta nueva forma de celebrar audiencias públicas, a la vez que asegura la publicidad, acceso, participación y posibilidad de oír a los interesados, no requiere que nadie se traslade al lugar de celebración de la audiencia ya que esta puede desarrollarse completamente de manera virtual”, concluyó.

Debido a que la pandemia del coronavirus modificó la forma de trabajo parlamentario, los legisladores de Vamos Juntos Guillermo Suarez y Victoria Roldán Méndez presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual buscarán que la Casa pueda realizar audiencias públicas de manera virtual.

De esta manera, la propuesta establece que “las audiencias públicas convocadas por la Legislatura de la Ciudad podrán celebrarse de manera virtual, a través de sistemas telemáticos que permitan verificar la identidad de los participantes, cuando circunstancias de fuerza mayor impidan la realización de manera presencial, y así lo disponga la autoridad convocante”.

“En el caso de efectuarse de manera virtual se deberá consignar la plataforma o medio electrónico a utilizar para llevar a cabo la misma, como así también todos los datos que permitan el correspondiente acceso y participación”, añade el texto.

En cuanto a las exposiciones de los participantes de dichas audiencias, los legisladores propusieron que las intervenciones orales tengan una duración máxima de cinco minutos y les da la posibilidad de “optar por presentar ante el organismo de implementación las manifestaciones que consideren oportunas, en un plazo no menor al último día habilitado para la inscripción a la Audiencia Pública. Dicha presentación no excederá las 900 palabras, y deberá  adjuntarse en formato papel debidamente suscripta por el participante o por medios digitales habilitados al efecto, de acuerdo a lo que establezca la autoridad convocante”.

En ese sentido, Roldán Méndez y Suarez explicaron -en los fundamentos de la iniciativa- que “muchas veces resulta que ante la gran cantidad de exposiciones y argumentos vertidos por los participantes, los plazos para analizar las mismas por las autoridades y los tiempos previstos para la toma de decisiones no resultan acordes, situación que puede encontrar solución en la propuesta aquí volcada, facilitando la posibilidad a los interesados de volcar sus expresiones de forma escrita, sea por medios convencionales o digitales”.

Asimismo concluyeron señalando que “los legisladores tendrían la posibilidad de acceder al contenido de las exposiciones de forma anticipada a celebrarse la exposición oral, o permitir de este modo a quienes no pueden participar del evento presencial acercar sus fundamentos”.

Si bien en febrero se realizó la primera audiencia pública del año, la Legislatura porteña retomará por completo sus actividades a partir del 1 de marzo, luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de inicio a un nuevo ciclo parlamentario.

Sin embargo, durante el verano el vicejefe de Gobierno y presidente de esa Casa, Diego Santilli, convocó a numerosas audiencias públicas en las que se someterán una serie de propuestas que buscarán modificar las zonificaciones de predios, entregar otros a títulos gratuitos y reurbanizaciones de algunos barrios del distrito.

La primer jornada de audiencias públicas tendrá lugar el martes 10 de marzo y comenzará a las 13. En esa oportunidad se someterá a consideración de los presentes una propuesta de Rodríguez Larreta, para cambiar la zonificación del sector denominado “Estación Villa Crespo”, el cual se encuentra situado en la Línea del Ferrocarril San Martín, intersección con la Av. Corrientes, Av. Dorrego y calle Humboldt.

Ese mismo día a las 15 se continuará con otra audiencia en la que se debatirá el cambio de zonificación para el predio denominado “Triángulo Salguero”, situado en la Av. Salguero entre la Autopista Presidente Arturo Illia y Dr. Arturo Illia. La atención del Ejecutivo local es promover la ocupación del predio a fin de fomentar la mixtura de usos en la zona, a fin de garantizar la integración urbana en el lugar.

Mientras que a las 16 vecinos, legisladores y funcionarios porteños evaluarán un proyecto de ley por el cual se propicia la incorporación del Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa. Este centro es un dispositivo institucional destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria, impuesta a adolescentes punibles e imputables, por la justicia penal juvenil y/o justicia criminal y correccional federal con asiento en la Ciudad.

En lo que respecta a las reuniones del miércoles 11 de marzo, la primera audiencia será a las 11 y se analizará una propuesta para entregarle a la “Asociación Civil de Vecinos Florentino Ameghino” un permiso de uso a título precario y gratuito por el término de 20 años. El predio -que se encuentra ubicado sobre Avenida Independencia 4246- deberá destinado a la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, comunitarias y de bien público.

Mientras que a las 12 la Casa debatirá el otorgamiento a la “Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina de Industria, Comercio y Servicios“ del uso a título precario y gratuito por el término de 20 años de unos predios ubicados en el polígono de las calles 24 de Noviembre, Sánchez de Loria, Cochabamba y Constitución.

A la vez que el 17 de marzo a las 15 se evaluará una normativa que busca adecuar la infraestructura, integración socio urbana, reordenamiento parcelario y zonificación de los barrios Ramón Carrillo y Lacarra.

El Parlamento porteño convocó una audiencia pública –la primera que se realizará este año- para este martes, en la que buscará analizar un pliego que se impulsó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el que se postula a las nuevas autoridades del Banco Ciudad, cuya máxima autoridad -en caso de que el cuerpo parlamentario apruebe la normativa- será Guillermo Laje, quien es primo y asesor del senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau.

En tanto la vicepresidencia de la entidad seguirá en manos de Fernando Elías, un hombre cercano al vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli. Otro de los que se mantendrá en el cargo es Gastón Rossi, quien desde hace varios años viene desempeñándose como vocal en dicho Banco.

Mientras que llegarán como vocales el exministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Franco Moccia; el exdiputado Nicolás Massot; así como también la hija del ministro de Defensa y exdirectora del Banco Nación, Delfina Rossi.

Por otro lado, la exlegisladora de Vamos Juntos Paula Villalba ocupará el puesto de “síndico” en el Banco Ciudad, teniendo a su cargo las tareas la fiscalización de la administración de la entidad y la verificación de la realización de los arqueos del tesoro y de los documentos que integran la cartera.

La audiencia se realizará este martes a las 14 en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, ubicada en la planta principal del edificio de Perú 160. En la misma estarán presentes los diputados de la Junta de Ética –presidida por la legisladora María Luisa González Estevarena (VJ)- y por los miembros de la Comisión de Presupuestos – cuya presidencia estará a cargo del oficialista Claudio Romero (VJ)-.