Se llevará a cabo este jueves a las 16 para reclamar la convocatoria a una sesión especial para tratar los proyectos del FoNID. Del evento participarán sindicatos docentes, centros de estudiantes, entre otros.
Luego de que se desactivara la sesión que había sido solicitada por Hacemos Coalición Federal con el objetivo de debatir sobre el futuro del Fondo Nacional de Incentivo Docente, desde el Frente de Izquierda convocan a una audiencia pública para insistir con la misma.
El evento se llevará a cabo este jueves 21 de marzo a las 16 en la Sala 2 del Anexo “C de la Cámara de Diputados de la Nación” para reclamar “el urgente tratamiento de los proyectos que dan continuidad al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID) que el gobierno de Javier Milei ha recortado arbitrariamente, junto a otros fondos nacionales destinados a garantizar el derecho a la educación en nuestro país”.
“El recorte del FoNID significa una rebaja salarial de los salarios docentes, en momentos en que en numerosas provincias siguen sin acuerdo paritario y se desarrollan luchas docentes por salario y condiciones de trabajo”, argumentaron y agregaron: “La audiencia tiene el objetivo de visibilizar que es URGENTE la convocatoria y concreción de una sesión especial para tratar dichos proyectos, entre los que se destaca el presentado por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que plantea convertirlo en permanente y de carácter remunerativo”.
Del encuentro participarán sindicatos docentes de los diferentes niveles educativos, junto a la docencia preuniversitaria, centros de estudiantes, docentes, diputados y la comunidad educativa.
El evento será este lunes a las 16 en el Anexo “C” de la Cámara de Diputados y contará con la presencia de personalidades y organizaciones populares de Derechos Humanos.
Diputados del Frente de Izquierda, encabezados por Romina Del Plá, realizarán este lunes una Audiencia pública en el Congreso Nacional en apoyo al pueblo palestino contra “el genocidio que está llevando adelante el sionismo en Gaza”.
El encuentro será a partir de las 16 en la Sala 2 del “Anexo C” de la Cámara de Diputados de la Nación y contará con la presencia de Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, y numerosas personalidades y organizaciones populares y de Derechos Humanos.
Al respecto Del Plá sostuvo: “Hemos tomado esta iniciativa por la angustiante urgencia de la situación en Palestina. A poco más de un mes de iniciados los bombardeos y luego de la ocupación israelí, ya se cuentan más de 12000 muertos en Gaza (y alrededor de 200 en Cisjordania), gran parte de ellos niños, y más de 30 mil heridos, con decenas aún enterrados bajo los escombros, producto del accionar de las fuerzas armadas (y de colonos paramilitares) de Israel”.
“El número de desplazados es estimado por las organizaciones de socorro internacional en torno al millón. Se han registrado bombardeos sobre centros de salud, instituciones educativas y sitios de cultos, con pérdidas materiales incalculables, destruyendo toda la infraestructura de viviendas, civiles y sanitaria. El acceso al agua potable, medicina y alimentos, entre otros, está siendo bloqueado por el asedio”, manifestó.
Asimismo, expresó: Nos hacemos eco de la carta de renuncia de Craig Mokhiber, director de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que sostuvo que se trata de un ‘genocidio de manual’”.
Así, se sumó a “las multitudinarias movilizaciones populares internacionales (Londres, EEUU, Indonesia, etc.) que, enfrentando la complicidad de las grandes potencias, se oponen a la agresión catastrófica que sufre el pueblo palestino. Es imperioso frenar esta situación y expresarse con firmeza por el fin de los bombardeos contra el pueblo palestino de Gaza, el retiro de las tropas y el cese del bloqueo. También promover el cese de la intervención y la ocupación de Gaza y todas las medidas de asistencia humanitaria urgentes y necesarias”.
El evento tuvo por objeto impulsar un proyecto de ley de Romina del Plá. La propuesta incluye la defensa de la carrera municipal.
La audiencia pública convocada por la diputada del Partido Obrero Romina del Plá para impulsar el proyecto de ley por el piso salarial contó con una destacada participación de las y los trabajadores municipales de todo el país.
La diputada Romina Del Plá afirmó que “el éxito de la audiencia estuvo en el enorme interés despertado en cientos de trabajadores y trabajadoras de distintos municipios del país que se organizaron para participar de la audiencia e impulsar el proyecto. Este proyecto establece un piso salarial para el trabajador municipal ingresante equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. También incluye la defensa de la carrera municipal, estableciendo concursos transparentes y la garantía de ascenso en la carrera al menos cada 5 años con un refuerzo adicional en una categoría extra antes de la jubilación”.
Asimismo, la diputada agregó que: “Los municipales son el sector más postergado de los trabajadores públicos formales. Siendo uno de los gremios más numerosos del país, los salarios en muchísimos municipios no alcanzan el salario mínimo, llegando en algunos municipios a 30 mil pesos como denunciaron los trabajadores municipales de Merlo”.
En el mismo sentido, Néstor Pitrola señaló que “el impulso a este proyecto, que han tomado en sus manos varios sindicatos municipales y se extiende por todo el país, constituye una reparación elemental a la condena que sufren miles de municipales que llegan a la jubilación sin que se les haya reconocido el esfuerzo y la idoneidad adquirida en el correr de los años, y una manera de no ser condenados a jubilaciones de indigencia, como ocurre masivamente hoy. En el último período, hubo numerosas luchas, reclamos, paros y movilizaciones en municipios diversos, sean con sus sindicatos a la cabeza o en luchas autoconvocadas. La audiencia tuvo un propósito definido: crear las condiciones de movilización que logren imponer la sanción del proyecto. Hoy se da dado un paso en ese sentido”.
De la audiencia participaron el diputado Alejandro Vilca, el dirigente y diputado electo Néstor Pitrola, Vilma Ripoll, Guillermo Kane, legislador de la Provincia de Buenos Aires, entre otros dirigentes del FIT-U y los secretarios generales y dirigentes de trabajadores municipales de Vicente López, de Berazategui, de Coronel Suárez, de Merlo, de Puerto Madryn, de Jesús María, Córdoba y delegados y activistas combativos de más de veinte municipios.
La diputada de izquierda realizará este viernes una Audiencia Pública para explicar los lineamientos de su iniciativa que establece un piso salarial equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT-U) realizará una Audiencia Pública para presentar un proyecto de ley que establece un piso salarial para los trabajadores municipales de todo el país equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El evento se llevará a cabo este viernes 24 de noviembre a las 17 en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación y contará con la presencia de los diputados del Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad, organizaciones sindicales, delegados, activistas y trabajadores municipales que impulsan este proyecto de ley.
El expediente 3954-D-2023 establece “un piso salarial equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Este piso será la base de cálculo a partir del cual se estructura la escala salarial de los trabajadores municipales de todo el país”.
El mismo será para “todo trabajador/a municipal ingresante de cualquier localidad del país, que desarrolla tareas propias del servicio público encasillado dentro de la planta permanente o transitoria del régimen de empleo público incluyendo aquellos que presten funciones bajo cualquier otro régimen contractual”.
El proyecto también contempla la obligación de promover cada cinco años como máximo a todo trabajador a la categoría inmediata superior y en los últimos años de su carrera laboral se verá beneficiado con una categoría adicional para garantizar una jubilación digna.
“Las y los trabajadores municipales son de los más precarizados y peores pagos, sometidos a la discrecionalidad de las intendencias y con salarios por debajo de la línea de indigencia”, fundamentó la diputada.
Proyecto-de-Ley-Piso-Salarial-del-los-trabajadores-MunicipalesEXPTE-No3954-D-2023Se trata de un conjunto de pliegos que tomaron estado parlamentario en la última sesión y entre los que hay nombres cercanos al gobernador Axel Kicillof y el ministro Eduardo “Wado” de Pedro.
Tras las elecciones generales, la Comisión de Acuerdos del Senado realizará una audiencia pública a 16 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial, entre ellos algunos nombres cercanos al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al ministro del Interior -y candidato a senador-, Eduardo “Wado” de Pedro.
Se trata de un conjunto de pliegos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo en mayo pasado, pero recién tomaron estado parlamentario en la sesión del 28 de septiembre, cuando el oficialismo logró avalar 75 nombramientos de jueces, fiscales y defensores, destacándose el de Ana María Figueroa.
La audiencia se llevará a cabo el próximo 25 de octubre, a partir de las 10 en el Salón Illia, según se oficializó este jueves en el Boletín Oficial.
Los cargos a cubrir son en las jurisdicciones de Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
Desde la oposición, que se muestra en contra de avalar designaciones judiciales a las puertas de un recambio de gobierno, advirtieron por algunos nombres de la nueva tanda de candidatos enviados por el Poder Ejecutivo.
Uno de ellos es Juan Rafael Stinco, quien fue asesor de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía. También fue funcionario de la Procuración General hasta 2015 y exdirector de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Hace dos años atrás, en medio de la pandemia, asistió de manera remota a una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por su postulación como juez civil y comercial en CABA. Ahora está propuesto como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 de la Capital Federal.
Otro de los nombres cuestionados desde la oposición es el de María Laura Manín, actual subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior, postulada como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Su rol sería clave en la resolución de causas que involucren reclamos entre el Estado y las empresas por conductas monopólicas.
Ambos fueron cuestionados desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) porque integraban listas complementarias tras los respectivos concursos.
La lista completa de los pliegos
La jornada será encabezada por la precandidata presidencial Romina Del Plá en la que presentarán un pedido de informes respecto de los acuerdos de Argentina con la empresa israelí Mekorot que está gestionando recursos hídricos en las provincias.
La diputada nacional y precandidata a senadora, Romina Del Plá (PO), realizará una audiencia pública en defensa del agua y en contra de la empresa Mekorot, por lo que presentará un pedido de informes impulsado por el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina donde se reclama información sobre la naturaleza de los acuerdos de Argentina con la empresa Mekorot Israel National Water.
La jornada se llevará a cabo este viernes 14 a las 15 en el Auditorio Anexo “A” de la Cámara de Diputados. También estarán presentes los diputados del Frente de Izquierda y de trabajadores-Unidad y participarán asambleas que luchan por el agua en todo el país, agrupaciones ambientales, asambleas territoriales en defensa del ambiente y organizaciones sociales.
Se trata de una empresa estatal de aguas israelí que está gestionando los recursos hídricos de siete provincias argentinas con las que ya tienen firmados convenios: Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Formosa.
Dicha empresa controla el 80% del agua en Palestina y ha sido objeto de denuncias internacionales, toda vez que extrae de los acuíferos del territorio palestino para abastecer Israel y prohíbe a los palestinos el acceso al agua de las napas, convirtiéndose en una forma más de expulsión de las y los palestinos de sus tierras.
La jornada estuvo encabezada por Romina del Plá y Nicolás del Caño en contra de las medidas “antisindicales” de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, contra la Asociación de Docentes de la provincia.
Los diputados nacionales Romina Del Plá y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad) junto a organizaciones sindicales realizaron este jueves una Audiencia Pública y conferencia de prensa den el Congreso de la Nación con el fin de apoyar y visibilizar “la lucha que las y los docentes de la provincia de Santa Cruz vienen adelante desde el inicio del año y que ya lleva más de 40 días de huelga sin respuesta alguna por parte del gobierno de Alicia Kirchner”.
Además, estuvieron presentes representantes de AGD-UBA, Ademys, los Sutebas Multicolor, La Naranja de Telefónicos, de la Lista Bermellón y su secretario Gremial de la comisión interna de fuero penal UEJN de Judiciales, entre otros.
Mónica Flores, secretaria adjunta del gremio docente de Santa Cruz -ADOSAC- explicó que: “Nuevamente la descalificación de la educación pública y la miseria salarial del sector docente han creado un grave conflicto en la provincia de Santa Cruz, que el gobierno provincial encabezado por Alicia Kirchner intenta resolver por medios coercitivos, de presión, antisindicales y violatorios del derecho de Huelga”.
“Las y los docentes de Santa Cruz llevamos una caída salarial de 6 años consecutivos. Además, Alicia Kirchner, ya el año pasado ejecutó contra nuestro sindicato una multa de 32 millones de pesos a raíz de un conflicto del año 2017, cuando no se cobraron los salarios en fecha y se llegó a pagar hasta en 4 cuotas. Se busca ahogar económicamente al sindicato docente de la provincia que lucha por salario y en defensa de la educación pública”, agregó.
Por otro lado, denunció que “la conciliación obligatoria ha sido utilizada en forma abusiva y discriminatoria contra la A.Do.Sa.C. Lo más preocupante es la utilización de medios coercitivos, contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales, que se expresa en los descuentos por paros, los despidos por paros, la criminalización de personas por luchar, la designación irregular de personas como ‘rompehuelgas’ para reemplazar a los docentes en lucha sin la más mínima preparación para el cargo, la manipulación por parte del Ministerio de Trabajo de los mecanismos de conciliación para bloquear los reclamos y la aplicación de multas salvajes. Alicia Kirchner intentó por todos los medios que tiene impedir el desarrollo de paros docentes y como herramienta para ilegalizar de manera sistemática las medidas de fuerza”.
Por último, dijo: “Estamos acá para que escuchen nuestras prácticas y exijan el cese inmediato de todas estas antilaborales, antisindicales y antieducativas hacia la docencia y su gremio A.Do.Sa.C., por parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz. En el día de mañana, vienes 2 de junio, tenemos la convocatoria a la paritaria, donde esperamos una respuesta por parte del gobierno a un planteo muy sencillo: que ningún docente viva bajo la línea de pobreza y el fin de la persecución sindical”.
Eso expresó la diputada de izquierda al encabezar la audiencia pública por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruíz que llevó a cabo este viernes en la Cámara baja.
La diputada nacional Romina Del Plá (PO-FIT) encabezó este viernes a una audiencia pública “por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz y contra la criminalización de la protesta social”, y exigió que “no podemos permitir que haya presos por luchar”.
La jornada se realizó en el Auditorio del Anexo de la Cámara baja, es en la previa de la audiencia por la apelación de la sentencia contra ambos militantes, condenados por las protestas contra la reforma previsional de 2017.
Participaron los diputados Nicolás del Caño, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Claudia Ormaechea, Juan Marino de otros bloques, el diputado de la Ciudad Gabriel Solano y el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola, el dirigente nacional del Polo Obrero Eduardo Belliboni.
Otros diputados enviaron su adhesión tales como Natalia Zaracho, Carlos Ponce, Vanesa Siley y Carlos Cisneros. También se hicieron presentes destacadas personalidades del ámbito de los Derechos Humanos como Pablo Lachener, del CELS, María del Carmen Verdú de CORREPI y Pablo Bres, de Serpaj.
Además, participaron dirigentes sindicales entre los que se destacaron Hugo Godoy de ATE Nacional, Eduardo Mansilla del SUTNA, Ileana Celotto de AGD-UBA, Francisca Staiti Sec. Gral. Conaduh, Jorge Adaro de Ademys y Agustín Lecchi de SIPREBA, entre otros. Sumó su presencia Eric Toussaint, del comité por la abolición de la deuda.
Del Plá señaló que “es una aberración que César y Daniel, que participaron de la enorme manifestación en diciembre del 2017 contra la reforma jubilatoria de Mauricio Macri estén condenados a prisión efectiva de 3 años y 4 meses, y de 3 años respectivamente”.
“Se trata de una clara persecución y una muestra más de la criminalización de la protesta que crece todos los días en cada rincón del país como lo muestran los compañeros procesados que participaron de esta importante audiencia. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de trabajadores estamos haciendo esta audiencia y haremos hasta lo imposible para que el día 13 de abril la sala de la Cámara de Apelaciones anule las condenas arbitrarias contra los compañeros”, planteó.
Asimismo, la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Izquierda – Partido Obrero sostuvo: “La persecución a quienes se movilizan por reclamos populares busca regimentar a los sectores que salen a luchar por sus demandas, como pasó recientemente con Martín Rodríguez y Lorena Torres, que fueron liberados por la enorme lucha popular en todo el país. Y como sucede con los cientos de compañeros que aún están imputados y acusados por defender causas populares y por los que seguimos peleando sus desprocesamientos”.
“En un país con 18 millones de pobres y en medio de un nuevo saqueo a las y los jubilados anunciados hace días por Massa y Alberto Fernández, muestra que la lucha por los que quieren mandar presos hoy a César Arakaki y Daniel Ruiz sigue vigente. No podemos permitir que haya presos por luchar”, reclamó.
Por su parte, el actor y condenado César Arakaki afirmó: “Está claro que nuestra causa es política, que la sentencia es muy injusta y que lo que intentan con estas condenas es amedrentar a la clase trabajadora, advertirle al pueblo trabajador, a los trabajadores que están en una lucha, en una huelga, no te manifiestes. Estamos criminalizados por participar de la rebelión contra la reforma jubilatoria de Mauricio Macri. Esa es la idea de todos los gobiernos, que los trabajadores no luchemos por lo que nos corresponde, por eso nos condenan. Hay muchos compañeros que están procesados por manifestarse, pero no lo van a lograr: este país es un país donde la gente se moviliza y lucha”.
La diputada de la izquierda encabezará la jornada que se realizará este viernes para reclamar por la liberación de ambos militantes.
La diputada nacional Romina Del Plá (PO-FIT) convocó este viernes, a partir de las 16, a una audiencia pública “por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz y contra la criminalización de la protesta social”.
La jornada, que se llevará a cabo en el Auditorio del Anexo de la Cámara baja, es en la previa de la audiencia por la apelación de la sentencia contra ambos militantes, condenados por las protestas contra la reforma previsional de 2017.
Participarán diputados Frente de Izquierda y otros bloques políticos, personalidades de DD.HH., periodistas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles y políticos.
“César y Daniel fueron condenados a prisión efectiva en noviembre del 2021 por participar en la masiva movilización contra la reforma jubilatoria votada en diciembre de 2017: las condenas fueron de 3 años y 4 meses, y de 3 años, respectivamente. Cabe destacar que no hay pruebas condenatorias para tales sentencias, ya que el policía que se había presentado por haber sido agredido ese día se retiró como querellante al constatar que los acusados no eran responsables de las lesiones que había sufrido. Se trata de una clara persecución y una muestra más de la criminalización de la protesta que crece todos los días”, señaló Del Plá.
La legisladora denunció que “la persecución a quienes se movilizan por reclamos populares busca regimentar a los sectores que salen a luchar por sus demandas, como pasó recientemente con Martín Rodríguez y Lorena Torres, que fueron liberados por la enorme lucha popular en todo el país”.
“En un país con 18 millones de pobres y cuando asistimos a un nuevo robo a los jubilados anunciado por (Sergio) Massa y Alberto Fernández, es necesario redoblar la lucha por la absolución de los luchadores César Arakaki y Daniel Ruiz. Ni un preso por luchar”, completó.
Se llevarán a cabo tres audiencias públicas para introducir modificaciones en los nombres de las estaciones de subte “Echeverría” de la línea B, “Independencia” de la E y “Hospitales” de la H.
Días después que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejara inaugurado un nuevo año parlamentario, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo tres audiencias públicas a partir de las 12 para introducir cambios en los nombres de varias estaciones de la red de subterráneos.
Las estaciones que se verán involucradas son: “Echeverría” de la línea B, “Independencia” de la E y “Hospitales” de la H. Las nomenclaturas se modificarán para recordar y rendir homenaje a hechos y personalidades destacadas de la historia local.
La primera modificación contempla a la estación de la línea B, ubicada en el barrio de Villa Urquiza, para que también se llame Mártires Palotinos, en recuerdo de los religiosos de la Parroquia de San Patricio que fueron asesinados en julio de 1976 por un grupo de tareas del terrorismo de Estado.
Mientras que la estación “Hospitales” será reemplazada por la de “Ringo Bonavena-Hospitales”, de Parque Patricios, en homenaje a un personaje icónico del barrio que inició su carrera como boxeador en el Club Atlético Huracán y combatió con figuras como George Chuvalo, Joe Frazier y Muhammad Ali, alcanzando un registro de 58 peleas ganadas, nueve perdidas y un empate.
Por último, se prevé agregar el nombre de “Beata Mama Antula” a la actual estación “Independencia” de la Línea E, para conmemorar a la religiosa que realizó obras misioneras por Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires y Paraguay.
Las audiencias se desprenden de tres proyectos, dos de los cuales fueron impulsados por los legisladores del Frente de Todos (FdT) Claudio Ferreño y Javier Andrade, mientras que el restante corresponde al diputado de Vamos Juntos (VJ) Facundo Del Gaiso. Los proyectos ya cuentan con una media sanción de la Legislatura; no obstante al tratarse de una normativa “de doble lectura”, demanda la realización de la instancia de la audiencia pública y de una segunda sanción.
El Parlamento local avanzará con la audiencia pública en la que funcionarios y vecinos debatirán respecto de ese nuevo espacio público, para cuya obra se prevé destinar al menos 1.047 millones de pesos.
En el marco de una nueva audiencia pública, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este viernes con funcionarios, vecinos y diputados locales para debatirán respecto del proyecto “Parque Costero BA”, mediante el cual se prevé desarrollar una nueva playa pública dentro del Distrito Joven en la Costanera Norte.
La audiencia fue convocada por la Agencia de Protección Ambiental porteña (APRA) y será virtual, con participación a través de la plataforma Zoom y transmisión por el canal de YouTube del Gobierno local.
De acuerdo al proyecto impulsado por el Gobierno porteño, este nuevo espacio público tendría una extensión de tres hectáreas y se ubicará sobre tierras ganadas al Río de la Plata, en la Costanera Norte, y a cuya obra se destinarán al menos 1.047 millones de pesos. La misma contaría con juegos de agua, un muelle para pescadores y se complementará con una defensa costera de hormigón escalonada de 860 metros de extensión.
La nueva playa sería parte del “Distrito Joven”, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad que fue aprobada en la Legislatura local en 2018 y abarca cinco sectores de la Costanera Norte de la ciudad, los cuales comienzan en el Parque de la Memoria y finalizan en Costa Salguero, con unos siete kilómetros de extensión, pasando frente al Aeroparque metropolitano. La misma estaría ubicada en el Sector 2 del mencionado distrito, donde funcionaron varios restaurantes y discotecas.
Cabe recordar que hace algunas semanas el Gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial local las bases y condiciones para la obra “Parque Costero BA”, que consiste en una “playa pública para seis mil personas”, ubicada en Avenida Costanera Rafael Obligado 6551, al lado del complejo privado “Parque Norte”.
El presupuesto oficial para la obra “asciende a $1.047.189.182,72 a valores del mes de julio de 2022, con un anticipo financiero del 15%”, establece la resolución de la jefatura de Gabinete porteña, a cargo de Felipe Miguel.
A lo largo de tres jornadas, los senadores recibieron a los postulantes enviados por el Poder Ejecutivo. Cómo fue la presentación de un candidato impugnado, al que el oficialismo ratificó que avalará.
En una reunión de un poco más de tres horas, la Comisión de Acuerdos del Senado culminó este jueves con una serie de audiencias públicas que se realizaron para escuchar a más de 60 candidatos a cubrir distintos cargos en el Poder Judicial.
En el arranque de la tercera jornada, la presidenta de la comisión, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, anticipó que había tres postulantes que no concurrirían, por lo cual “como es criterio de esta comisión, al no poder venir a la audiencia pública no se les va a dar el acuerdo correspondiente”.
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la macrista Guadalupe Tagliaferri, repitió como en la primera audiencia su observación sobre la “gran cantidad de conjueces” que se iban a tratar. “No sería el procedimiento lógico que deberíamos tener”, consideró y remarcó que en el Consejo “ya existen concursos públicos realizados, con lo cual se podrían seleccionar para cubrir las vacantes”.
Desde el oficialismo, el jujeño Guillermo Snopek señaló que “los conjueces en cada Cámara o en cada instancia judicial tienen la función de cubrir a los jueces titulares no solo en caso de vacancia, sino también si tienen alguna incompatibilidad o excusación”.
Entre los postulantes que asistieron al Salón Illia, donde expusieron sobre su trayectoria y respondieron preguntas, como si por ejemplo han recibido la formación en la Ley Micaela, defendió su pliego Ramiro Salinas, propuesto como conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Salinas fue consultado por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, sobre “casos que están hoy muy en boga como la extorsión por movilizarse por parte de los movimientos sociales a cambio de un plan”. “Quisiera saber si lo constituye un delito o no y cómo interpreta esos hechos”, preguntó.
Antes que tomara la palabra el candidato, Fernández Sagasti le pidió que “conteste con la salvedad de no prejuzgar por su condición de magistrado”. “La jurisprudencia es muy clara en torno a los temas de extorsión y derechos sociales”, expresó Salinas, quien opinó que el caso necesitaría de un “análisis particular de la situación” sobre “las circunstancias, ver cuáles son los intereses en conflicto y verificar”. “Si las pruebas indican una clara evidencia de extorsión habrá que avanzar”, agregó.
Otro de los que se presentó este jueves fue Juan Pablo Salvay, propuesto para conjuez de los juzgados federales de primera instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, quien se encuentra imputado en una causa que se inició a partir de la denuncia del fiscal federal Enrique Senestrari, a raíz de una presunta sustracción de documentación de la Fiscalía en la que era empleado.
Lo consultó al respecto el senador cordobés Luis Juez, quien mencionó que Salvay recibió “algunas impugnaciones muy serias”, y le pidió que “verbalice puntualmente en qué situación se encuentra”.
“Nunca fue mi intención ni es mi intención hacer un show mediático. Hice lo que creí que era correcto, denuncié lo que yo estimaba constituía un delito de parte de un funcionario, mi denuncia lo fue en el ámbito administrativo de la Procuración General de la Nación”, respondió. Salvay también afirmó haber sido “víctima de maltrato de un funcionario a lo largo de los años” y “víctima de lawfare”.
Juez aclaró que él tiene una “enemistad manifiesta” con Senestrari, pero le insistió al candidato que conteste “en qué etapa procesal se encuentra esa denuncia”. “Me encuentro imputado en una imputación que data de febrero de 2020. No me encuentro procesado y mucho menos condenado”, aclaró el postulante. Tras su exposición, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, ratificó que el oficialismo acompañará su pliego.
La Comisión de Acuerdos mantendrá tres audiencias este martes, miércoles y jueves, a las 10, para escuchar a los candidatos propuestos desde el Poder Ejecutivo.
La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti, iniciará este martes a las 10, en el Salón Illia, la ronda de audiencias públicas en la que se recibirá a postulantes a distintos cargos en el Poder Judicial.
También habrá reunión este miércoles y jueves, a la misma hora, para avanzar con el tratamiento de más de 30 pliegos, que se trata de 65 designaciones en total.
En la primera jornada se analizarán las postulaciones de José Manuel Díaz Vélez, como juez del juzgado de primera instancia N°3 de Tucumán; Jorge Gamal Abdel Chamia, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; Federico Aníbal Zurueta como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy; Carlos Fabián Cuesta y Pablo Ezequiel Wilk como jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata; Jésica Yael Sircovich, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata; y Fabián Gustavo Cardozo, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
También asistirán los candidatos como vocal a distintas Cámaras de Apelaciones: Patricia Marcela Moltini (Tucumán); Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Augusto Borges y Nelson Andrés Sánchez (Santa Cruz); Silvina María Andalaf Casiello (Santa Fe); y Mario Osvaldo Boldú (Misiones).
Asimismo, se tratará el mensaje del Poder Ejecutivo que solicita el acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la provincia de Tucumán a Martín Galliano; y como fiscal ante el juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, a Jorge Horacio Campitelli.
La Legislatura porteña dio por finalizado el plazo para registrar a los vecinos que quisieran exponer su opinión al respecto de esos convenios que buscan avanzar con la construcción de torres en distintos barrios del distrito capitalino.
Tras varias semanas de inscripción, la Legislatura de la Ciudad cerró este martes la convocatoria para la audiencia pública por los convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno porteño y constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios del distrito. La misma se realizará de forma virtual y presencial.
Al igual que ocurrió con las audiencias de los convenios urbanísticos por Costanera Sur y Norte, la audiencia pública se extenderá por varias jornadas y comenzará el viernes próximo.
El paquete de convenios, en rigor, ya cuenta con una primera sanción por parte de los legisladores, no obstante para la aprobación final, el proceso contempla una audiencia pública destinada a que la ciudadanía exprese su opinión sobre el tema y un nuevo debate en el recinto, dado que se encuadran en las normas denominadas “de doble lectura”.
Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas en los barrios de Caballito, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Belgrano, Núñez y San Cristóbal. De esta manera, los predios afectados por los convenios serán los de Campichuelo 664, Díaz Vélez y Virasoro, Amenabar 1501, Lafinur 3126, Corrientes 5761, Corrientes 3410, Av. Del Libertador 5723, San Juan 2502, Arcos 1865/83, Arcos 3631 y 11 de septiembre 1535.
La Legislatura de la Ciudad dio inicio a las últimas seis jornadas de audiencias en las que se debate la construcción de torres en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors.
Tras varias semanas de audiencias por las que fueron pasando numerosos expositores, la Legislatura porteña dio inicio este lunes a las últimas seis jornadas de debate acerca de un convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA S.A para llevar a cabo la construcción de torres en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur.
La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.
El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.
Cabe recordar que las audiencias al respecto iniciaron el pasado 15 de octubre, se inscribieron 2.593 vecinos para participar de las mismas, varios de los cuales ya expusieron. Además funcionarios del Gobierno local, especialistas y diputados expresaron su opinión al respecto del expediente.
Son casi 2.600 los expositores que pasarán por las mismas para expresar sus opiniones al respecto de la construcción de torres en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors.
Luego de que se diera inicio a las históricas audiencias por el convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad e IRSA S.A., la Legislatura porteña dio inicio a una nueva semana de audiencias públicas para continuar evaluando la posibilidad de avanzar con un desarrollo urbanístico en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur.
Las audiencias se extenderán hasta el próximo 8 de noviembre y son 2.593 vecinos que expondrán a lo largo de 14 jornadas, las cuales se están realizando de manera virtual y por las que ya pasaron algunos vecinos y funcionarios.
La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.
El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.
Las jornadas de exposición se extenderán hasta el próximo 8 de noviembre. Funcionarios, especialistas, legisladores y vecinos expondrán acerca de un proyecto del Gobierno porteño para llevar a cabo un desarrollo urbanístico en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors.
Días después de que la Justicia declarara “inconstitucional” la venta del predio de Costa Salguero, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio inicio este viernes a una nueva jornada historia de audiencia pública por el convenio entre el Gobierno porteño y la empresa IRSA para llevar a cabo un desarrollo urbanístico en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur.
En esta ocasión se inscribieron 2.593 vecinos que expondrán a lo largo de 14 jornadas, las cuales se extenderán hasta el próximo 8 de noviembre y se realizarán todas de manera virtual. Además de los ciudadanos, participarán del debate funcionarios del Gobierno local, especialistas en la materia y los propios legisladores porteños.
La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.
El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.
Cabe recordar que la única experiencia similar a esta con una audiencia pública que se extendió a lo largo de varios días, ocurrió en noviembre pasado cuando el Parlamento porteño puso en debate un proyecto que buscaba desarrollar un barrio náutico en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.
Las inscripciones culminarán el martes y se perfila a ser cómo la historia audiencia de fines del año pasado por la Costanera Norte, la cual se extendió a lo largo de 27 jornadas.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sigue inscribiendo a ciudadanos que buscan participar de la audiencia pública en la que se analizará un convenio urbanístico entre el Gobierno porteño y la firma IRSA S.A, a través del cual se buscará impulsar la construcción de torres en el predio de la ex ciudad deportiva del club Boca Juniors, en la Costanera Sur del distrito capitalino.
Las inscripciones comenzaron el pasado 15 de septiembre y ya se anotaron para participar más de 1.100 personas, aunque se espera que sigan registrándose más ciudadanos hasta que este martes se cierre la convocatoria.
La convocatoria a la población fue impulsada por los bloques opositores con la intención de que se repita el fenómeno del noviembre del año pasado cuando se dio la audiencia pública más larga en la historia de la Legislatura porteña: fue en el marco del debate por la Costanera Norte y participaron dos mil personas que expusieron a lo largo de 27 jornadas. En aquella ocasión, el 98% de la ciudadanía se expresó en contra de la creación de un barrio náutico.
Cabe recordar que esta vez el tema en debate es el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.
El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.
La misma fue acordada para el próximo 15 de octubre, se espera una amplia participación ciudadana y el Frente de Todos ya anunció que no acompañará la medida.
Luego de que la Legislatura de la Ciudad aprobara en primera lectura del convenio entre el Gobierno porteño y la empresa IRSA para llevar a cabo un desarrollo urbanístico en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur, se fijó la fecha de la audiencia pública para el próximo 15 de octubre a las 14.
Quienes deseen participar de la misma podrán inscribirse desde el 15 de septiembre hasta el 12 de octubre a través de la web de la Legislatura porteña y al igual que ocurrió meses atrás con la Costanera Norte, se prevé una amplia convocatoria y varias jornadas de audiencia.
La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.
El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.
Sin embargo desde el Frente de Todos (FdT) adelantaron que, igual que lo hicieron en la primera lectura, no acompañarán este proyecto. Así lo aseguró el diputado Matías Barroetaveña (FdT), quien planteó que “como pasó con Costa Salguero, la audiencia pública por el barrio cerrado de IRSA será multitudinaria, y marcará un antes y un después para este controversial proyecto que plantea construir decenas de torres en Costanera Sur”.
“Esperamos una gran participación ciudadana que permitirá visibilizar la opinión de la enorme mayoría de los porteños y porteñas que están cansados de estos negocios a espaldas de la necesidades de los vecinos que quieren más espacios verdes y recuperar el río y su costanera”2, sentenció.
Lo hizo al participar de la audiencia pública convocada por el Proyecto Canal Magdalena.
La diputada nacional Blanca Osuna expuso en la audiencia pública sobre el Proyecto Canal Magdalena, convocada por el Ministerio de Transporte de la Nación, con el objetivo de abordar la importancia estratégica para Entre Ríos y el país de la conexión marítima entre los puertos del Río de la Plata y los del litoral marítimo de las provincias argentinas.
“Hoy es un día de soberanía, porque el Canal de Magdalena es indispensable para una etapa venturosa en la vinculación natural entre el Litoral marítimo y el Fluvial argentino y en la conexión necesaria para que las embarcaciones que proceden de los puertos marítimos nacionales de ultramar puedan acceder a los puertos fluviales”, manifestó la legisladora entrerriana en su intervención.
“La navegación del Río de la Plata y del Paraná, el control sobre los puertos, el comercio exterior y el sistema aduanero han marcado a fuego la historia de nuestro país, con resultados a favor del poder concentrado, configurando un desarrollo nacional con desigualdades que aún persisten”, contextualizó Osuna. “Fuimos testigos de estudios confusos e insuficientes de impacto ambiental y social realizados por la empresa concesionaria del canal troncal del Río Paraná”, profundizó. “Por eso nos alegra que el parámetro que hoy establece este estudio configure una buena perspectiva para futuras acciones”, valoró sobre el proyecto.
La importancia para Entre Ríos
“Solicitamos la atención del dragado de los canales de aproximación al canal troncal para integrar los puertos públicos a esta propuesta de valoración del desarrollo fluvial y marítimo argentino, y que el puerto Ibicuy quede integrado al sistema de navegación troncal a través del río Ibicuy y el Paraná Guazú con conexión en el canal Martín García”, explicó sobre los intereses de la provincia en la iniciativa.
Osuna concluyó señalando que “sabemos que los beneficios del ecosistema que conforma son múltiples, ya que es la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo, posee flora y fauna de incalculable riqueza, maravillosos paisajes y sobre todo las posibilidades de navegación”, señaló la Diputada nacional. “Se trata de integrar los puertos públicos argentinos y los puertos privados, considerando las potencialidades que el proceso pueda proporcionar a nuestra provincia y nuestra región”.
La Comisión de Planeamiento Urbano realiza una de las últimas audiencias públicas en la que se analizó la creación de un estadio deportivo con capacidad para 42 mil personas. El viernes habrá un encuentro para que puedan exponer quienes no lo hicieron en el momento en que fueron citados.
Tras varias y largas jornadas de debate al respecto, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se realizará este martes una de las últimas reuniones de la serie de audiencias públicas que llevó a cabo la Comisión de Planeamiento Urbano –a cargo de la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ)- en la que se analizó el proyecto de ley que busca rezonificar el predio de Av. La Plata 1600/1700, a fin de que el club San Lorenzo pueda construir allí su nuevo estadio con capacidad para 42 mil personas.
No obstante, el viernes habrá una nueva reunión con quienes no pudieron exponer cuando fueron citados por la Legislatura.
A lo largo de las audiencias expusieron 1.200 personas, entre funcionarios del Gobierno porteño, autoridades de esa institución deportiva, simpatizantes del club y vecinos de la zona en la que se emplazará el nuevo mega estadio. Las mismas se realizaron de manera mixta, es decir, algunos oradores estuvieron presencialmente y otros de manera virtual.
Con la culminación de las audiencias, ahora la Legislatura se prepara para darle aprobación a la segunda lectura del proyecto, la cual –según pudo saber parlamentario.com– ya cuenta con los votos necesarios y llegaría al recinto a mediados de abril.
Cabe recordar que la iniciativa establece que el predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.
Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.
En este caso se permitirá que las construcciones que contemplen una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.
Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.
En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de las varias actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.
Los diputados del Frente de Todos y Unidad Federal para el Desarrollo expusieron en el encuentro convocado por la Secretaría de Energía. Qué dijeron.
Durante la primera audiencia pública para definir el precio de las tarifas del gas, la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó la importancia de este debate “como instancia de participación popular, en un proceso tan importante para las familias argentinas, para nuestros sectores productivos, para nuestra economía, como lo es el debate en torno al precio del gas”.
“Los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias -continuó-, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia”.
Al momento de tomar la palabra, dentro de una lista de 42 oradores, la economista remarcó “el impacto favorable que tiene la política de subsidios para los hogares y el sector productivo, después de los años de ajuste y recesión macristas y a un año del inicio de la pandemia”.
“Esos subsidios también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas”, resaltó la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados.
La primera audiencia se abocó al tratamiento de la porción del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) que tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, y también a determinar qué porcentaje de las facturas pagarán los usuarios finales.
La audiencia empezó a las 10, convocada por la Secretaría de Energía a través de la resolución 117/20. Se desarrolló de manera virtual y fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.
Otro punto que abordó Vallejos es la relación entre los “tarifazos” durante la gestión de Macri y la inflación durante ese período: “Lo que estamos discutiendo aquí es parte del debate, también, sobre la inflación que es un objetivo crítico de la política económica, determinante para el crecimiento real de los ingresos, que son el combustible de la demanda efectiva, que es el verdadero tractor de la producción, de la inversión -inducida por la demanda- y, por supuesto, de la generación de puestos de trabajo que requiere del crecimiento de la actividad”.
Vallejos reforzó cómo los “tarifazos” durante el macrismo alentaron los altos niveles de inflación. “La política tarifaria de aquel entonces, que se popularizó bajo el rótulo de tarifazos, constituyó, junto con la devaluación, uno de los principales motores de la inflación del periodo que, recordemos, terminó el ciclo, a pesar de la política monetaria de ‘emisión cero’, con el nivel más alto en 3 décadas: 55% de inflación en 2019”, precisó la diputada oficialista.
Asimismo, cuestionó que durante el macrismo, además de reducirse los subsidios, los argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas. “Durante esos cuatro años, el Estado redujo los subsidios a las tarifas, pero, en cambio, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas, con una fenomenal transferencia de recursos hacia las arcas de las empresas del sector. Sólo durante los primeros 2 años de gobierno de Macri esa transferencia alcanzó a USD 16.000 millones”, detalló.
Por otro lado, alertó que, lejos de realizar las inversiones necesarias, las empresas de la producción, el transporte y la distribución fueron protagonistas de la fuga de capitales. “Entre las empresas del sector, la fuga, medida como formación de activos externos, registrados en el balance cambiario del BCRA, entre 2015 y 2019, fue escandalosa”, aseveró, y acto seguido detalló el listado de las mismas.
Por último, en el marco de la pandemia de coronavirus, Vallejos sostuvo que “los argentinos no se han recuperado para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso a esta Secretaría le toca la inmensa tarea y la inmensa responsabilidad de determinar el costo real de producción del gas y la ecuación que asegure que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad”.
Representantes de usuarios y consumidores, asociaciones civiles, legisladores, abogados y economistas, entre otros, coincidieron en que los aumentos de las tarifas de gas no deben afectar los bolsillos de la población. También subrayaron que al informe técnico que presentó la Secretaría de Energía previo a la audiencia le faltaron detalles del costo de gas de boca de pozo.
“No podemos estar hablando de cifras que no son el resultado de un análisis previo que se llevó a cabo por las autoridades. Y esto es lo que está faltando”, planteó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.
En tanto Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), cargó contra los aumentos de la era Macri. “Los consumidores estábamos esperando que se hubiera hecho alguna revisión de lo que significó entre 2000% y 5.000% de aumento de los últimos años, con audiencias públicas en las que ya estaba todo resuelto”, remarcó.
En representación de las empresas habló Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea. “Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social”, afirmó.
A su turno, José Luis Ramón, diputado y presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sostuvo que los subsidios del Estado en las facturas de gas es una “herramienta” para que este servicio “esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado”.
Además, el legislador cuestionó a las empresas por buscar incrementar sus ganancias a pesar de la delicada situación social y de haberse visto favorecidas por el gobierno anterior. “La justicia obligó al gobierno anterior a blanquear el valor del millón de BTU, y se supo que es de USD 3,51. Ahora estos cinco empresarios quieren que el promedio sea de USD 7,60″. Y remató: “Le sugiero al gobierno que no haga lo mismo que el macrismo, donde estas cinco empresas obtuvieron 6.800% del ajuste del valor trasladado a los usuarios”.
Accesibilidad, diversidad y géneros fueron los temas de centrales en la primera jornada de debate encabezada por Miriam Lewin, quien participó desde el Anexo de Diputados.
Accesibilidad, diversidad, violencia de género, salud mental, publicidad oficial, noticias falsas alrededor del Covid-19 y la campaña de vacunación, federalismo en el mapa de medios, financiamiento, el rol de los trabajadores de prensa y las radios comunitarias fueron algunos de los temas centrales planteados por más de medio centenar de expositores que participaron de la primera audiencia pública del año llevada adelante por la Defensoría del Público.
El debate, que tiene como eje “Los medios y la información en la pandemia”, continuará este viernes a las 9 debido a la gran cantidad de personas e instituciones inscriptas, en este caso de la Región Centro, que comprende a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
La defensora del Público, Miriam Lewin, abrió la jornada virtual desde el Anexo de la Cámara de Diputados y sostuvo que “las tecnologías, la información y la comunicación son nuestra ventana al mundo: tanto lo fue durante el aislamiento como ahora en el distanciamiento. Nos educamos a través de los medios, virtualmente”.
“Hay mucho para reflexionar. Las audiencias pueden hacer hoy uso de su casa, que es la Defensoría del Público. Siempre vamos a estar disponibles para las críticas y todas las opiniones de quienes consideran la comunicación como un derecho y no una mercancía”, afirmó Lewin.
La titular del organismo estuvo secundada, en el inicio, por la diputada Gabriela Cerruti, presidenta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, y por el senador Alfredo Luenzo.
“La Defensoría del Público tiene un rol enorme para avanzar en el debate sobre el derecho a la comunicación, para que llegue a todos los territorios, a todas las plataformas”, señaló Cerruti.
Luenzo, por su parte, subrayó: “Estamos hablando de Derechos Humanos. A esto nos referimos cuando hablamos de la calidad de la información de nuestros medios”.
También participó el diputado por Córdoba Pablo Carro, quien indicó que “los medios tienen que ser sostenibles, es una necesidad democrática. Necesitamos fortalecer la diversidad y pluralidad de opiniones”.
La Comisión de Planeamiento Urbano realizará este miércoles la audiencia pública en la que se analizará la edificación de la cancha del club San Lorenzo en el predio de Av. La Plata 1600/1700.
Tras varios meses de debate y reuniones, la Legislatura porteña realizará este miércoles a las 14 la audiencia pública en la que se analizará el proyecto de ley que busca rezonificar el predio de Av. La Plata 1600/1700, a fin de que el club San Lorenzo puede construir ahí un nuevo estadio para 42 mil personas. Y si bien se esperaba que hubiese una gran cantidad de oradores, algo similar a lo que ocurrió con el proyecto por Costa Salguero, solo se inscribieron mil personas entre funcionarios del Gobierno, autoridades e hinchas del club y vecinos de Boedo.
La audiencia será llevada adelante por la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, la diputada Victoria Roldán Méndez (VJ), y tendrá una modalidad mixta, es decir, algunos de los oradores estarán presentes en la Legislatura y el resto harán sus exposiciones a través de la plataforma Zoom.
Cabe recordar que la Legislatura aprobó la medida en primera lectura el pasado 19 de noviembre, la misma contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.
Lo cierto es que una vez que se realice esta audiencia el proyecto contará con luz verde para ser tratado en una de las primeras sesiones ordinarias de este año, las cuales quedarán inauguradas a partir del próximo lunes. Además contaría con los votos suficientes para ser aprobado, tal y como ocurrió el pasado año.
Así lo informó el bloque conducido por Claudio Ferreño (FdT) tras la finalización de la audiencia pública en la que se analizó un proyecto del jefe de Gobierno en la que se plantea la construcción de un barrio náutico en ese predio.
Tras 28 jornadas de exposición por parte de los vecinos y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, llegó a su fin la histórica audiencia pública en la que se analizó un proyecto del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el que se prevé construir en Costa Salguero un barrio náutico. En ese contexto, los legisladores del Frente de Todos (FdT) advirtieron que el 98% de los asistentes rechazaron la medida.
En las audiencias participaron vecinos, activistas ambientalistas, colectivos de profesionales de la arquitectura, autoridades de la universidad pública, referentes académicos, artistas, comunicadores, senadores, diputados, comuneros, agrupamientos vecinales, agrupaciones políticas y demás, todos los cuales propusieron crear un gran espacio verde al cual pidieron llamar “Diego Armando Maradona”.
Por su parte desde el FdT celebraron “la participación masiva en esta audiencia pública e insistimos en rechazar la venta y rezonificación de Costa Salguero para llevar adelante la construcción allí de un gran parque público con flora y fauna nativa y al acceso de todos y todas” y consideraron que “el Gobierno de la Ciudad debe escuchar la voz de los porteños y porteñas que se manifestaron en esta enorme audiencia, al igual que en las distintas manifestaciones que se llevan adelante en defensa de la costanera”.
Al mismo tiempo que consideraron que “avanzar con un proyecto de estas características, desoyendo el pedido de tantos vecinos y vecinas, sería un acto de enorme sordera y un irremediable error en la historia de la Ciudad”.
En ese sentido el legislador Matías Barroetaveña (FdT) consideró que “el récord de participación ciudadana de esta audiencia demuestra que recuperar el acceso público a la costa del Río es un tema de vital importancia para los y las porteñas” e insistió en que “el Gobierno de Larreta tiene que escuchar estos reclamos y modificar este proyecto cuyo único fin es el desarrollo de proyectos inmobiliarios para pocos en una zona que tiene que ser de acceso público.”
Además precisó que “si utilizamos estas hectáreas para espacios verdes, la Ciudad se acercaría a cumplir con los 10 metros por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud, hoy estamos en la mitad”.
Sobre esa misma línea la peronista Claudia Neira (FdT) remarcó que “la Audiencia Pública por Costa Salguero fue una gran experiencia de participación” y expresó su deseo de que “ojalá el Gobierno de Larreta tenga capacidad de escucha y podamos tener un proyecto consensuado para que todos podamos disfrutar del río”.
Será a partir de las 14 a través de la página web de la Legislatura de la Ciudad. Se prevé que funcionarios, autoridades del club, vecinos e hinchas expresen sus argumentos acerca de la rezonificación del predio ubicado en Av. La Plata 1600/1700 en Boedo.
Tal y como lo anunció semanas atrás parlamentario.com, la Legislatura porteña habilitará este lunes a partir de las 14 las inscripciones a la audiencia pública obligatoria en la que funcionarios, vecinos e hinchas del club San Lorenzo expondrán acerca del proyecto de ley que busca rezonificar el predio de Av. La Plata 1600/1700, a fin de que esa institución pueda construir allí su nuevo estadio con capacidad para 42 mil personas.
Debido a las medidas de contingencia por la pandemia, la audiencia se realizará a través de Zoom el próximo 24 de febrero a las 14. La reunión estará a cargo de la Comisión de Planeamiento Urbano, la cual es presidida por la diputada de Vamos Juntos Victoria Roldán Méndez.
Quienes deseen exponer en dicha reunión deberán inscribirse enviando un mail a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, en el cual deberá adjuntar el formulario de persona jurídica (que puede descargarse a través de la página web de la Legislatura porteña) y foto de su DNI. Solo podrán participar de la misma quienes sean residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las inscripciones estarán abiertas entre el 25 de enero y el 19 de febrero.
Cabe recordar que la Legislatura aprobó la medida en primera lectura el pasado 19 de noviembre, la misma contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.
A partir del 25 de enero la Legislatura porteña comenzará a inscribir a los vecinos, hinchas y autoridades del club San Lorenzo que deseen participar de la audiencia en la que se analizará la construcción del nuevo estadio de esa institución deportiva, el cual tendrá capacidad para 42 mil personas.
Tal y como lo anunció parlamentario.com a fines de diciembre pasado, la Legislatura porteña habilitará a partir del lunes 25 de enero las inscripciones a la audiencia pública obligatoria en la que funcionarios, vecinos e hinchas del club San Lorenzo expondrán acerca del proyecto de ley que busca rezonificar el predio de Av. La Plata 1600/1700, a fin de que esa institución deportiva pueda construir allí su nuevo estadio con capacidad para 42 mil personas
La audiencia se realizará el próximo 24 de febrero a las 14 en el marco de una nueva reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano, a cargo de la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ), y se prevé que sea sumamente concurrida. La misma se realizará vía Zoom, debido a las medidas de contingencia que se aplican en el Parlamento porteño a causa de la pandemia del Covid 19.
Quienes deseen exponer en dicha reunión deberán inscribirse enviando un mail a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, en el cual deberá adjuntar el formulario de persona jurídica (que puede descargarse a través de la página web de la Legislatura porteña) y foto de su DNI. Solo podrán participar de la misma quienes sean residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las inscripciones estarán abiertas entre el 25 de enero y el 19 de febrero.
Cabe recordar que la Legislatura aprobó la medida en primera lectura el pasado 19 de noviembre, la misma contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.
Los rechazos se dieron en el marco de las audiencias públicas que viene desarrollando la Legislatura porteña, en las que vecinos y especializas analizan royecto del Gobierno porteño que busca autorizar la construcción de torres y la apertura de espacios verdes en el lugar.
Al igual que lo manifestaron en otras ocasiones, los legisladores del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña y Lucía Cámpora volvieron a manifestarse en contra del proyecto impulsado por el Gobierno porteño a través del cual se prevé rezonificar los predios de Punta Carrasco y Costa Salguero, una vez vencidas las concesiones en 2021, y advirtieron que más de mil vecinos ya expresaron su repudio a la medida durante las audiencias públicas que se vienen realizando.
En ese sentido, la diputada explicó que “pasada la jornada número 11 de la audiencia por el río, estos son los números: 67 voces en contra y dos a favor; lo que significa que un 97,72% de los participantes está en contra y un 2,28% a favor. Van 11 días de audiencia, 11 días de rechazo a la privatización”.
Al mismo tiempo que compartió en sus redes sociales un fragmento de la exposición del Comunero de Caballito por el FdT, Osvaldo Balossi, en el que este señaló que “hay un mandato de Horacio Rodríguez Larreta a sus legisladores de votar este proyecto y que salga sí o sí. Quizás no seamos oídos hoy, pero quédense tranquilos que hay una masa de vecinos que está peleando, que se está organizando y que tiene claridad de sus derechos”.
A su vez Cámpora instó a los vecinos a expresar su opinión en las sucesivas audiencias. “Ya son mil vecinas y vecinos que expresaron su rechazo a una Costanera para pocos. Si te toca exponer, hacelo tranquila o tranquilo. Es muy simple. Nadie puede decirte mejor que vos para qué querés el río”, aseveró.
Por su lado Barroetaveña recordó un tuit de la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, del pasado 8 de octubre en el que aseguraba que “gracias al proyecto de Costa Salguero – Punta Carrasco va a haber casi 14 hectáreas de espacios verdes, en un predio que hoy está cerrado, en el que los vecinos y vecinas no tienen acceso en la actualidad”.
Aunque él consideró que “esto es una falacia; no es verdad que Costa Salguero sea un espacio privado que se convierte, en parte, en público. Es un espacio público cuya concesión finaliza y recupera su posibilidad de uso: la opción es si se construyen torres como quiere Larreta o un gran parque”.
“La Ciudad posee un índice bajísimo de metros cuadrados verdes por habitante, menos de la mitad de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como saludable. Además el 40% de la población posee problemáticas de acceso a la vivienda”, afirmó y concluyó señalando que “mientras tanto el Gobierno porteño lleva 150 hectáreas de tierra públicas vendidas”.
Cabe recordar que el proyecto propuesto por el jefe de Gobierno busca avanzar con la creación de un barrio náutico, aunque las medidas deberán volver a analizarse en una segunda lectura. Es así que en la zona de Costa Salguero se prevé la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera.
Mientras que en Punta Carrasco se generarán espacios de recreación, en los que las construcciones podrán alcanzar los 12 metros de alto y solo podrán ocupar un 35% del suelo; el resto será parquizado y habrá un helipuerto.
La Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por Victoria Roldán Méndez (VJ), se reunirá el miércoles 24 de febrero a las 14 para continuar analizando la construcción del nuevo estadio de esa institución deportiva, el cual tendrá capacidad para 42 mil personas.
Según informaron fuentes parlamentarias a parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fijó para el próximo 24 de febrero a las 14 la audiencia pública obligatoria –aunque no vinculante- en la que funcionarios, vecinos e hinchas del club San Lorenzo expondrán acerca del proyecto de ley que busca rezonificar el predio de Av. La Plata 1600/1700, a fin de que esa institución deportiva pueda construir allí su nuevo estadio con capacidad para 42 mil personas.
La audiencia estará a cargo de la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ), y se espera que cuente con un númeroso grupo de expositores, debido a que hay varios vecinos que se manifestaron en contra del avance de este proyecto y los simpatizantes de San Lorenzo buscarán expresar su apoyo al mismo.
Cabe recordar que la Legislatura aprobó la medida en primera lectura el pasado 19 de noviembre, la misma contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.
Es por ello que el predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.
Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.
Las mismas están a cargo de la Comisión de Planeamiento Urbano y se extenderán hasta el 27 de enero. Se analiza un proyecto del Gobierno porteño que busca rezonificar ese predio y el de Punta Carrasco.
A pesar de que el pasado 10 de diciembre culminó el año parlamentario, la actividad en la Legislatura porteña no se detiene. Es que la Comisión de Planeamiento Urbano, a cargo de la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ), continúa llevando a cabo las audiencias públicas en las que vecinos, organizaciones ambientalistas y funcionarios analizan un proyecto impulsado por el Gobierno porteño a través del cual se prevé rezonificar los predios de Punta Carrasco y Costa Salguero, una vez vencidas las concesiones en 2021.
Estas son jornadas históricas en la Legislatura porteña, dado a que es la audiencia pública más larga que se ha realizado en dicho Parlamento, con un total de 7.053 personas inscriptas. Las jornadas de debate duraran 29 días, extendiéndose así hasta el próximo 27 de enero.
La iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad busca avanzar con la creación de un barrio náutico, aunque las medidas deberán volver a analizarse en una segunda lectura. Es así que en la zona de Costa Salguero se prevé la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera.
Mientras que en Punta Carrasco se generarán espacios de recreación, en los que las construcciones podrán alcanzar los 12 metros de alto y solo podrán ocupar un 35% del suelo; el resto será parquizado y habrá un helipuerto.
El Tribunal de alzada revocó las sentencias que suspendieron la realización de las mismas en el marco de la pandemia del Covid 19 y advirtieron que la nulidad de las mismas “conspira contra las bases de la organización democrática de la Ciudad”.
En un nuevo revés judicial, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo -integrada por Hugo Zuleta, Gabriela Seijas y Esteban Centanaro- revocó los fallos anteriores que suspendían la realización de las audiencias públicas virtuales en la Legislatura porteña y autorizó la vuelta de las mismas.
La decisión de los magistrados tuvo que ver con que consideraron que esos fallos configuraban “una interferencia indebida del Poder Judicial sobre diversos trámites parlamentarios preparatorios que son de resorte exclusivo del Poder Legislativo, en desmedro del principio republicano de división de poderes”.
Al mismo tiempo que -según informó IJudicial- que “el procedimiento adoptado por el Poder Legislativo para la formación y sanción de las leyes puede ser judicialmente revisado una vez sancionadas y promulgadas las leyes respectivas, si se denuncia alguna violación concreta en el marco de un ‘caso, causa o controversia judicial’ instado por parte legitimada».
En tanto Seijas subrayó que “la inmediata y genérica suspensión de audiencias en la Legislatura ordenada en forma previa al traslado y apertura a prueba, así como la declaración de nulidad de audiencias celebradas ante la sola denuncia de incumplimiento de la cautelar, frente a una razonable disputa en torno a la efectiva configuración de un agravio concreto, conspira contra las bases de la organización democrática de la Ciudad”.
“El dictado de una sentencia supone una tarea de ponderación y el resultado de esta actividad debe, como todo acto estatal, ser razonable y proporcionado”, añadió y concluyó señalando que “las normas están apuntadas por reglas no escritas de juego. Dichas reglas no escritas sirven como protección de la democracia e impiden que la pugna política cotidiana desemboque en un conflicto donde todo vale”.
Cabe recordar que la nulidad de las audiencias se habían ordenado en el marco de la causa “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros contra Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre Incidente de apelación – Amparo – Otros”, y establecía la interrupción de todas las audiencias a las que ya se había convocado y declaraba nula otra que ya se había llevado a cabo.
La misma fue convocada por la Comisión de Acuerdos del Senado para revisar los traslados de diez jueces federales. Los argumentos de la oposición.
A través de una nota suscripta por los senadores Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, presidentes de los bloques de la UCR y Pro, respectivamente, solicitaron suspender la audiencia pública convocada para el 4 de septiembre para analizar los traslados de una decena de jueces, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La nota fue remitida a la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, Anabel Fernández Sagasti, y en la misma solicitan no avanzar con un proceso de la relevancia institucional que tiene la audiencia pública para dar acuerdo al pliego de jueces federales, por considerar que se trata de “un procedimiento que se encuentra viciado de nulidad desde su origen”.
Los legisladores de Juntos por el Cambio piden dejar sin efecto “de manera inmediata” esa convocatoria por una serie de factores, comenzando por la de que se trata de una modalidad “no prevista” en el Reglamento del Senado y de la que tomaron conocimiento a partir de la convocatoria publicada el 20 de agosto en el Boletín Oficial.
Señalan en ese sentido que el modo “remoto o virtual mediante videoconferencia”, “no se encuentra prevista en el Reglamento de este H. Senado de la Nación”, ante lo cual consideran que “no es legítimo convocar a una audiencia pública sin respetar el Reglamento vigente, cuya modificación o apartamiento requiere de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara”.
Destacan además “la manifiesta diferencia que existe entre una sesión del cuerpo en la que participan sólo senadores y una audiencia pública donde participan senadores y ciudadanos interesados en los asuntos en consideración”.
Tras aclarar que respecto de las audiencias públicas no se ha aprobado ninguna modificación del reglamento, sostienen que la convocatoria no cumple con el requisito de haber sido publicada con no menos de 15 días corridos de antelación respecto de la realización de la misma.
Por otra parte, Naidenoff y Schiavoni advirtieron que vienen recibiendo desde este martes reclamos de ciudadanos que no han podido hacer llegar sus observaciones en el plazo que está corriendo, por cuanto la casilla de correo acuerdos@senado.gob.ar consignada en el edicto de convocatoria como único medio para hacerlas llegar, se encuentra saturada y sin capacidad de recibir nuevos correos.
Tal situación ha impedido a los ciudadanos llegar en plazo con sus observaciones, en lo que consideran “un procedimiento no previsto por nuestro Reglamento, que ha dejado en evidencia la falta de seguridad, transparencia, y confianza que la relevancia institucional del proceso de acuerdo a los jueces federales requiere”.
Por último, los senadores señalan respecto de los pliegos de jueces incorporados a la audiencia pública en cuestión, que “en la situación actual de los jueces sometidos a acuerdo, el Senado no tiene competencia para considerarlos”, por cuanto los pliegos incluidos en la audiencia pública en cuestión corresponden todos a jueces federales que han sido trasladados por un Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme al procedimiento vigente al momento del traslado. “Estos decretos del PEN se encuentran vigentes”, remarcan los legisladores de Juntos por el Cambio, ante lo cual insisten en que “el Senado no puede avanzar en el tratamiento de pliegos, años después de que estos jueces federales se encuentran cumpliendo funciones en sus respectivas jurisdicciones y sin que alguien hubiera objetado los mismos en el plazo y la forma pertinente”.
“Estos traslados constituyen actos jurídicos firmes y consentidos y el único Poder del estado con competencia para declararlos nulos y retrotraer alguna situación, es el Poder Judicial de la Nación”, remarcan los senadores de Juntos por el Cambio.
Además de los mencionados Bruglia y Bertuzzi, los otros jueces objetados son Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. El Poder Ejecutivo cuestiona cómo se realizaron estos traslados, durante el gobierno anterior de Mauricio Macri.
Además ordenó la suspensión hasta el 7 de septiembre de todas las audiencias virtuales convocadas por esa misma Casa.
La Legislatura de la Ciudad sufrió un nuevo revés judicial, es que luego de que el miércoles pasado celebrara una audiencia pública virtual en la que se debatió acerca de la venta de varios inmuebles pertenecientes al Gobierno porteño y que debía haberse suspendido por orden del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº2, la Justicia resolvió declarar nula dicha audiencia y suspender todas las que hayan sido convocadas hasta el 7 de septiembre.
De esta manera el titular de ese juzgado, Andrés Gallardo, resolvió rechazar los planteos de nulidad impulsados por la Legislatura por tener por incumplida la medida cautelar. Asimismo fijó un plazo de dos días para que informe a todos los que participaron de la audiencia acerca de su nulidad y para que comunique en su página web la suspensión de todos las audiencias virtuales.
Asimismo el magistrado dispuso que se ponga en conocimiento la medida cautelar dispuesta al presidente de la Legislatura, Diego Santilli; al vicepresidente primero de la Casa, Agustín Forchieri (VJ); la vicepresidenta segunda, María Rosa Muiños (FdT); el vicepresidente tercero, Roy Cortina (PS); y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ).
Asimismo solicitó al Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma que “se investigue la posible comisión del delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal de la Nación”.
Gallardo solicitó –según informó IJudicial- que “se declare incumplida la medida cautelar por conducto de la cual se ordenó la suspensión de las audiencias públicas fijadas por la Legislatura de la Ciudad” y recordó que la audiencia “se celebró mediante la aplicación Zoom, a pesar de haber sido notificada la demandada de la medida dispuesta y de que durante su transcurso numerosos legisladores, comuneros y participantes de dicha reunión, le comunicaron a viva voz Romero que había sido ordenada judicialmente la suspensión de su celebración”.
“Fueron rechazadas sendas mociones de pasar a un cuarto intermedio a efectos de verificar la existencia de la medida cautelar referida y su efectiva notificación. Del mismo modo, fueron desatendidos los avisos de legisladores y legisladoras acerca de que la Secretaria del Juzgado, Dra. Beatriz Campos, solicitaba permiso de ingreso a la reunión, quien finalmente pudo acceder 45 minutos antes de la finalización de la audiencia, mas no intervenir pues el citado presidente no le habilitó el micrófono para hacer uso de la palabra”, concluyó el magistrado.
El juez Andrés Gallardo dio lugar a una medida cautelar que pedía la suspensión de las audiencias públicas virtuales, hasta que se puedan garantizar la plena participación de los vecinos.
En medio de la virtualidad que impuso la pandemia del Covid 19, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, hizo lugar a una medida cautelar en la que resolvió suspender la realización de audiencias públicas virtuales convocadas por la Legislatura de la Ciudad, hasta que se pueda garantizar la efectiva participación de la ciudadanía en la misma.
El amparo al que dio lugar la Justicia planteaba la necesidad de que se “interrumpa las audiencias públicas cuya realización se encuentran pendientes y se realice una nueva convocatoria” en la que se contemplen una serie de requisitos, entre ellos, que “se consigne un lugar al que puedan asistir presencialmente aquellos participantes que no cuenten con acceso a medios virtuales” o se “garantice el otorgamiento de dispositivos informáticos y el acceso gratuito a internet a aquellos participantes que no cuenten con acceso a los mismos”.
También se pide que se “establezca un mecanismo de inscripción a las audiencias públicas virtuales alternativo a la inscripción por internet como, por ejemplo, por vía telefónica; y se permita acreditar la identidad en el lugar consignado para aquellas personas que no cuentan con acceso a medios virtuales”.
A la hora de dimensionar los derechos en juego, el juez subrayó que “es indudable que el planteo efectuado en autos se relaciona estrechamente con el espíritu que ha guiado al constituyente local en torno a la participación ciudadana y política de los habitantes de la Ciudad en el desarrollo de la actividad de los organismos gubernamentales cuyas decisiones influirán en su vida de manera directa, ya sea de modo directo o a través de los legisladores que los representan”.
Al mismo tiempo que sostuvo que “las audiencias públicas constituyen ‘un elemento de democratización del poder, conforme al ya clásico principio de que ya la democracia es no sólo un modo de designación del poder, sino también un modo de ejercicio del poder y también un modo de participación ciudadana en el poder público, exigido por principios políticos, constitucionales y supranacionales’”.
Por último, Gallardo señaló que “el resto de las objeciones introducidas por los amparistas requieren, para su comprobación, un análisis que excede el acotado marco cognoscitivo de las medidas cautelares, no obstante lo cual, las irregularidades antes reseñadas resultan más que suficientes para tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por los accionantes” y concluyó señalando que “en cuanto al peligro en la demora, cabe considerar que el mismo se configura con la inminente realización de las audiencias en cuestión, cuya ejecución en los términos en que han sido convocados implicaría un agravio irreparable a los derechos invocados por los amparistas”.
La Comisión de Presupuesto realizó una audiencia pública en la que se analizó un proyecto de ley –que ya fue aprobado en primera lectura- que ratifica el permiso de uso a título gratuito por otros 20 años.
Luego de que la medida fuera aprobada en primera lectura, la Comisión de Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)- realizó una nueva audiencia pública virtual para ratificar en segunda lectura un proyecto de ley que busca otorgarle al Club Nueva Chicago, del barrio Mataderos, el permiso de uso gratuito de unos predios por un lapso de 20 años, dándole la posibilidad a la institución de extenderlo por otros diez años.
Cabe destacar que ya rige una ley del 2009 de uso precario a favor de esa entidad deportiva en los terrenos donde funciona su sede social, un natatorio y canchas de fútbol y otras del denominado Polideportivo Juan B. Alberdi. No obstante, el proyecto urbanístico en marcha, vinculado a la futura erradicación del Mercado de Hacienda, obliga a modificar plazos y determinar nuevas delimitaciones parcelarias.
De esta manera, los cambios parcelarios y catastrales son para permitir la apertura de calles (como la unión de Tandil, desde Lisandro de la Torre hasta Murguiondo), obras hidráulicas de desagüe en prevención de inundaciones por desbordes del arroyo Cildáñez, más la creación de áreas parquizadas e infraestructura de espacios públicos.
El club mantendrá su sede social, el natatorio y otras dependencias anexas, pero deberá devolver a la Ciudad terrenos que hoy usa como cachas de fútbol y otros deportes. En compensación, recibirá prestado por 30 años nuevos y amplios terrenos en parte de lo que hoy es el Mercado de Hacienda, sobre la avenida Eva Perón.
Durante la audiencia pública expusieron los funcionarios de la Ciudad Fernando Galetto, Matías Vitalli y Gabriel Rosales y manifestaron sus puntos de vista una docena de vecinos, a ante la presencia por remoto de una decena de legisladores.
Otro asunto sometido a audiencia pública y donde también expusieron tres funcionarios del Poder Ejecutivo y otros tantos vecinos, refiere a una ley que busca aprobar un acuerdo entre la Nación y la Ciudad por el uso de un amplio y tradicional inmueble en la recova de Avenida Leandro Alem 852.
Históricamente en ese lugar funcionaba un parque de carruajes y luego fue dependencia para estacionamiento, guarda y reparación del parque automotor de la Presidencia de la Nación. Últimamente en desuso, fue transferido a la Ciudad que, a cambio, construirá en subsuelos estacionamientos para la Casa Rosada. Hacia arriba, se prevé levantar un complejo cultural, gastronómico y turístico para funcionar en fines de semanas y horarios nocturnos, manteniendo el patrimonio arquitectónico existente. La ley que debe ratificarse en segunda lectura es para aprobar el acuerdo Nación – Ciudad y el plan que incluye la concesión de espacios.
La Legislatura porteña evaluó los pliegos impulsados por el Consejo de la Magistratura para ocupar cuatro cargos de juez en dicha Cámara.
En el marco de la primera audiencia pública de manera online, la Junta de Ética –presidida por la oficialista María Luisa González Estevarena (VJ)- analizó los pliegos enviados por el Consejo de la Magistratura con sus candidatos (surgidos de concurso) a ocupar cuatro cargos de juez de la Cámara Contencioso Administrativo, del Trabajo y las Relaciones del Consumo.
En el encuentro virtual estuvieron presentes los cuatro aspirantes al cargo, los legisladores que conforman la Junta de Ética y los de la Comisión de Justicia -que es presidida por Martín Ocampo (UCR-Ev)-. También estuvo presente el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor.
Durante la audiencia expusieron los cuatro doctores propuestos como camaristas y luego los legisladores porteños de la Junta y la Comisión mencionadas se disponían a emitir un dictamen conjunto sobre el tema. Los jueces camaristas nominados para ocupar esos cargos son Laura Alejandra Perugini, Pablo César Mántaras, Marcelo López Alfonsín y María de las Nieves Verónica Macchiavelli Agrelo.
Cabe destacar que esta es la primera vez que la Legislatura porteña realiza una audiencia pública de manera online, lo cual fue posible debido a la reciente reforma a la ley de Audiencia Pública que permite las deliberaciones de esa institución ciudadana por sistemas telemáticos o mixtos (presencial más virtual), mientras rijan la medidas de aislamiento preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia del Covid 19.
Tras un error involuntario en su habilitación, la medida fue sometida nuevamente a votación y logró ser aprobada con 38 votos positivos y 19 negativos. De esta manera, se garantizó la continuidad de la actividad parlamentaria y la realización de dichas audiencias.
A pesar de que la iniciativa había sido rechazada en una primera instancia debido a un error involuntario por parte de la secretaria parlamentaria, la Legislatura volvió sobre sus pasos y logró sancionar con 38 votos positivos y 19 negativos una ley que le permitirá a dicha Casa realizar audiencias públicas de manera virtual.
Es que tras la votación para habilitar las tablas, el secretario parlamentario se olvidó de contemplar un voto y anunció que la misma no había sido habilitada. No obstante, minutos más tarde el diputado Martín Ocampo (UCR-Ev), quien había presentado el proyecto en cuestión, le hizo darse cuenta de ese error y el texto fue sometido nuevamente a consideración. En esta nueva oportunidad, fue aprobado gracias al apoyo del GEN, VJ, PS, CF y UCR-Ev; mientras que el FdT, PTS, AyL, PO y FIT lo rechazaron.
De esta manera, la normativa modificó el Instituto de Audiencia Pública y estableció que las mismas “pueden ser presenciales o virtuales”. Por lo que establece que las presenciales seran aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la comparecencia personal de los participantes, expositores y público; mientras que son virtuales las audiencias que se desarrollen y transmitan en forma telemática garantizando que los participantes, expositores y público tomen intervención a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante.
Asimismo el texto establece que “para el caso de que la audiencia se convoque bajo la modalidad virtual, la convocatoria podrá disponer que la vista del expediente, la inscripción de los participantes y la presentación de documentación se realicen únicamente a través de medios telemáticos”.
En cuanto a la anticipación que se debe convocar a las audiencias públicas, indica que “en el sistema WAP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un período de cinco días” y establece que “en este caso el texto sólo mencionará la autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar para los casos en que la audiencia se celebre de manera presencial o el sitio web o plataforma para los supuestos en que se celebre de manera virtual y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información”.
“En los casos de las Audiencias Públicas de requisitoria ciudadana se enviará una carta al padrón de la zona afectada, a través del sistema aleatorio (RANDOM), indicando la autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar para los casos en que la audiencia se celebre de manera presencial o el sitio web o plataforma para los supuestos en que se celebre de manera virtual y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información”, concluye el texto.
Debido a un error de interpretación del reglamento, la Casa había considerado como inhabilitada una iniciativa que buscaba garantizar la continuidad de la actividad parlamentaria y que pudiesen realizarse las audiencias públicas de forma online. No obstante, ahora volverá a someter a consideración el texto.
Luego de que la secretaria parlamentaria incurriera en un error de interpretación del reglamento, un proyecto de ley que buscaba autorizar a la Legislatura porteña pudiese realizar audiencias públicas de manera virtual, había sido inhabilitado para su tratamiento. Sin embargo, tras advertir el error, volverá a someter a consideración de los diputados la iniciativa.
La medida -que había sido impulsada por Martín Ocampo (UCR-Ev)- preveé modificar el Instituto de Audiencia Pública y estableció que las mismas “pueden ser presenciales o virtuales”. Por lo que establece que las presenciales serían aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la comparecencia personal de los participantes, expositores y público; mientras que son virtuales las audiencias que se desarrollen y transmitan en forma telemática garantizando que los participantes, expositores y público tomen intervención a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante.
Asimismo el texto establece que “para el caso de que la audiencia se convoque bajo la modalidad virtual, la convocatoria podrá disponer que la vista del expediente, la inscripción de los participantes y la presentación de documentación se realicen únicamente a través de medios telemáticos”.
En cuanto a la anticipación que se debe convocar a las audiencias públicas, indica que “en el sistema WAP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un período de cinco días” y establece que “en este caso el texto sólo mencionará la autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar para los casos en que la audiencia se celebre de manera presencial o el sitio web o plataforma para los supuestos en que se celebre de manera virtual y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información”.
“En los casos de las Audiencias Públicas de requisitoria ciudadana se enviará una carta al padrón de la zona afectada, a través del sistema aleatorio (RANDOM), indicando la autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar para los casos en que la audiencia se celebre de manera presencial o el sitio web o plataforma para los supuestos en que se celebre de manera virtual y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información”, afirma el texto.
En los fundamentos de la medida, el radical explicó que la necesidad de esta iniciativa radicaba en que se debía “adecuar la regulación vigente a fin de habilitar la realización de audiencias públicas virtuales, esto es, mediante el empleo de medios técnicos propios de la tecnología de la información y la comunicación” y resaltó que de esta manera “los poderes públicos de la Ciudad puedan continuar ejerciendo sus competencias y atribuciones -cuando ello depende de la celebración de audiencias públicas- durante el tiempo que dure la ampliación de la emergencia sanitaria”.
“Esta nueva forma de celebrar audiencias públicas, a la vez que asegura la publicidad, acceso, participación y posibilidad de oír a los interesados, no requiere que nadie se traslade al lugar de celebración de la audiencia ya que esta puede desarrollarse completamente de manera virtual”, concluyó.
Los legisladores Guillermo Suarez y Victoria Roldán Méndez (VJ) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para garantizar la continuidad de la actividad parlamentaria y para que puedan realizarse las audiencias públicas de forma online.
Debido a que la pandemia del coronavirus modificó la forma de trabajo parlamentario, los legisladores de Vamos Juntos Guillermo Suarez y Victoria Roldán Méndez presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual buscarán que la Casa pueda realizar audiencias públicas de manera virtual.
De esta manera, la propuesta establece que “las audiencias públicas convocadas por la Legislatura de la Ciudad podrán celebrarse de manera virtual, a través de sistemas telemáticos que permitan verificar la identidad de los participantes, cuando circunstancias de fuerza mayor impidan la realización de manera presencial, y así lo disponga la autoridad convocante”.
“En el caso de efectuarse de manera virtual se deberá consignar la plataforma o medio electrónico a utilizar para llevar a cabo la misma, como así también todos los datos que permitan el correspondiente acceso y participación”, añade el texto.
En cuanto a las exposiciones de los participantes de dichas audiencias, los legisladores propusieron que las intervenciones orales tengan una duración máxima de cinco minutos y les da la posibilidad de “optar por presentar ante el organismo de implementación las manifestaciones que consideren oportunas, en un plazo no menor al último día habilitado para la inscripción a la Audiencia Pública. Dicha presentación no excederá las 900 palabras, y deberá adjuntarse en formato papel debidamente suscripta por el participante o por medios digitales habilitados al efecto, de acuerdo a lo que establezca la autoridad convocante”.
En ese sentido, Roldán Méndez y Suarez explicaron -en los fundamentos de la iniciativa- que “muchas veces resulta que ante la gran cantidad de exposiciones y argumentos vertidos por los participantes, los plazos para analizar las mismas por las autoridades y los tiempos previstos para la toma de decisiones no resultan acordes, situación que puede encontrar solución en la propuesta aquí volcada, facilitando la posibilidad a los interesados de volcar sus expresiones de forma escrita, sea por medios convencionales o digitales”.
Asimismo concluyeron señalando que “los legisladores tendrían la posibilidad de acceder al contenido de las exposiciones de forma anticipada a celebrarse la exposición oral, o permitir de este modo a quienes no pueden participar del evento presencial acercar sus fundamentos”.
El presidente de esa Casa, Diego Santilli, convocó a una serie de audiencias en las que buscarán modificar las zonificaciones de predios, entregar otros a títulos gratuitos y reurbanizaciones de algunos barrios de la Ciudad, entre otras medidas.
Si bien en febrero se realizó la primera audiencia pública del año, la Legislatura porteña retomará por completo sus actividades a partir del 1 de marzo, luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de inicio a un nuevo ciclo parlamentario.
Sin embargo, durante el verano el vicejefe de Gobierno y presidente de esa Casa, Diego Santilli, convocó a numerosas audiencias públicas en las que se someterán una serie de propuestas que buscarán modificar las zonificaciones de predios, entregar otros a títulos gratuitos y reurbanizaciones de algunos barrios del distrito.
La primer jornada de audiencias públicas tendrá lugar el martes 10 de marzo y comenzará a las 13. En esa oportunidad se someterá a consideración de los presentes una propuesta de Rodríguez Larreta, para cambiar la zonificación del sector denominado “Estación Villa Crespo”, el cual se encuentra situado en la Línea del Ferrocarril San Martín, intersección con la Av. Corrientes, Av. Dorrego y calle Humboldt.
Ese mismo día a las 15 se continuará con otra audiencia en la que se debatirá el cambio de zonificación para el predio denominado “Triángulo Salguero”, situado en la Av. Salguero entre la Autopista Presidente Arturo Illia y Dr. Arturo Illia. La atención del Ejecutivo local es promover la ocupación del predio a fin de fomentar la mixtura de usos en la zona, a fin de garantizar la integración urbana en el lugar.
Mientras que a las 16 vecinos, legisladores y funcionarios porteños evaluarán un proyecto de ley por el cual se propicia la incorporación del Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa. Este centro es un dispositivo institucional destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria, impuesta a adolescentes punibles e imputables, por la justicia penal juvenil y/o justicia criminal y correccional federal con asiento en la Ciudad.
En lo que respecta a las reuniones del miércoles 11 de marzo, la primera audiencia será a las 11 y se analizará una propuesta para entregarle a la “Asociación Civil de Vecinos Florentino Ameghino” un permiso de uso a título precario y gratuito por el término de 20 años. El predio -que se encuentra ubicado sobre Avenida Independencia 4246- deberá destinado a la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, comunitarias y de bien público.
Mientras que a las 12 la Casa debatirá el otorgamiento a la “Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina de Industria, Comercio y Servicios“ del uso a título precario y gratuito por el término de 20 años de unos predios ubicados en el polígono de las calles 24 de Noviembre, Sánchez de Loria, Cochabamba y Constitución.
A la vez que el 17 de marzo a las 15 se evaluará una normativa que busca adecuar la infraestructura, integración socio urbana, reordenamiento parcelario y zonificación de los barrios Ramón Carrillo y Lacarra.
La Legislatura porteña realizará este martes una audiencia pública para analizar el pliego que promovido por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con los candidatos para esa entidad.
El Parlamento porteño convocó una audiencia pública –la primera que se realizará este año- para este martes, en la que buscará analizar un pliego que se impulsó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el que se postula a las nuevas autoridades del Banco Ciudad, cuya máxima autoridad -en caso de que el cuerpo parlamentario apruebe la normativa- será Guillermo Laje, quien es primo y asesor del senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau.
En tanto la vicepresidencia de la entidad seguirá en manos de Fernando Elías, un hombre cercano al vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli. Otro de los que se mantendrá en el cargo es Gastón Rossi, quien desde hace varios años viene desempeñándose como vocal en dicho Banco.
Mientras que llegarán como vocales el exministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Franco Moccia; el exdiputado Nicolás Massot; así como también la hija del ministro de Defensa y exdirectora del Banco Nación, Delfina Rossi.
Por otro lado, la exlegisladora de Vamos Juntos Paula Villalba ocupará el puesto de “síndico” en el Banco Ciudad, teniendo a su cargo las tareas la fiscalización de la administración de la entidad y la verificación de la realización de los arqueos del tesoro y de los documentos que integran la cartera.
La audiencia se realizará este martes a las 14 en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, ubicada en la planta principal del edificio de Perú 160. En la misma estarán presentes los diputados de la Junta de Ética –presidida por la legisladora María Luisa González Estevarena (VJ)- y por los miembros de la Comisión de Presupuestos – cuya presidencia estará a cargo del oficialista Claudio Romero (VJ)-.
