En medio de un complejo escenario en materia educativa a raíz de la toma de varios colegios, el auditor por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y Juveniles (CAJ) que se encuentran bajo la órbita de la Dirección General de “Escuela Abierta”, en el que se “demuestra la falta de control interno en el manejo financiero de los recursos humanos y el vaciamiento de fondos de las actividades destinadas a los niños, niñas y adolescentes”.

Asimismo precisó que Escuela Abierta es un espacio lúdico, expresivo y recreativo destinado a complementar y fortalecer la formación de niños, niñas y adolescentes que concurren a los CAI y CAJ en sus propias escuelas en jornada extendida. Continuando programas creados durante las gestiones educativas de Daniel Filmus, Roxana Perazza, Alberto Sileoni y Ana María Clement busca favorecer el acceso igualitario a la educación y la cultura, al tiempo que debe propiciar actividades culturales, deportivas, recreativas y de expresión que favorezcan la inclusión social y educativa. Una de las actividades más destacadas es el de vacaciones en la escuela, en temporada de verano e invierno.

En relación a esta situación, Teszkiewicz afirmó que “el último informe de auditoría expone que el desmanejo es de tal magnitud que los gastos que involucran 269 personas contratadas para prestar servicios en los CAI, no pudieron ser identificadas en la actividad que corresponde” y recordó que “lo mismo sucede con 104 personas que se desempeñan en los CAJ, de los que el Ministerio no pudo informar qué servicio prestan, siendo que muchos de ellos no cuentan con formación docente alguna”.

“Ya da vergüenza la falta absoluta de interés y compromiso por parte de la gestión de Rodríguez Larreta y Acuña para sostener políticas fundamentales que garanticen igualdad de oportunidades de acceso a la educación y la cultura a niños y jóvenes”, señaló.

El auditor del FdT también precisó que las maestras comunitarias trabajan con menores de edad que cursan el último año de la escuela primaria, brindando las herramientas y el acompañamiento necesarios para facilitar el tránsito por dicho año de la escolaridad. La mayoría de estos niños se encuentran en situación de vulnerabilidad social, por lo que el programa tiene mucha importancia en la promoción, implementación y evaluación de políticas educativas que contribuyan al desarrollo particular y social de la comunidad, así como la optimización de las condiciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje en procura de mejorar la calidad educativa.

“Cuando vamos a revisar el cuadro presupuestario del Programa Escuela Abierta nos encontramos con que al tiempo que todo el programa recibía un incremento promedio superior al 34%, que llega al 94% de incremento en los gastos de conducción, la partida destinada a los CAI y CAJ recibió solo un 16% y la de Música para la Equidad directamente se redujo en un 5%, demostrando que Soledad Acuña destina los recursos a pagar a sus funcionarios mientras deja sin fondos los programas que atienden a los estudiantes”, destacó Lisandro.

Al mismo tiempo que remarcó que “a partir de estos informes es que queda en evidencia además de la falta de control interno en las distintas áreas de la gestión, el desinterés del ejecutivo de la Ciudad que se abandona sus funciones como venimos observando hace años” y concluyó precisando que “el vaciamiento de programas educativos para destinar los fondos a los funcionarios militantes del Pro es una constante de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña” sentencia el auditor del Peronismo por la Ciudad”.

Al igual que lo hizo en otras oportunidades, el auditor porteño por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe oficial aprobado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) sobre veintiún obras integrantes del proyecto “Regeneración Urbana” y aprovechó la ocasión para cuestionar con dureza la “falta de planificación” de las mismas.

En ese sentido, el auditor aseguró que “resulta increíble que el proceso global, es decir proyecto, contratación, y desarrollo, se encuentra libanizado entre una multiplicidad de organismos del ejecutivo, existen al menos cinco organismo de intervención directa y quince de intervención menor, esto genera ineficiencia en la gestión y dificultades para el control”.

Asimismo remarcó que “causa al menos sorpresa encontrar que las adjudicaciones se concentran en un elenco habitual de empresas (Algieri S.A. Avinco Construcciones S.A., Da Fre Obras Civiles SA, Blue Steel SA, Miavasa SA.) cuando los expedientes están plagados de incumplimientos y vicios de esas mismas firmas que bien justificaría buscar otros proveedores o realizar las obras con personal propio de la Ciudad”.

“Rodríguez Larreta se publicita como un gestor de obras, pero cuando analizamos los expedientes encontramos que no solo es ineficaz en la ejecución de los aspectos básicos de la gestión, que terceriza, sino que también es ineficiente en el control del cumplimiento de contratos y la calidad del trabajo de sus empresas amigas, impidiendo así la aplicación de eventuales sanciones y favoreciendo su recontratación indiscriminada”, sentenció.

Cabe recordar que según el informe el programa auditado ejecutó obras de regeneración urbana implementando planes de puesta en valor integral de distintas áreas distribuidas a lo largo de todo el territorio de la CABA, registrándose de manera sistemática situaciones de ineficiencia tales como falta de planificación, cambios reiterados en los presupuestos oficiales, omisión de denunciar incumplimientos de las contratistas, falta de constancias, ausencia de determinados certificados, ampliaciones de plazos, falta de aplicación de sanciones a las contratistas por deficiencias, vicios ocultos y/o fallas detectadas durante el Plazo de Garantía, que entre otras falencias se verificaron en las 21 obras auditadas.

Tras las quejas de las familias por la calidad y cantidad de los alimentos recibidos, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto presentó en la Legislatura porteña  un proyecto mediante el cual solicita que la Auditoría General de la Ciudad realice un informe especial sobre los términos y condiciones de los contratos con las concesionarias proveedoras de los alimentos que componen la Canasta Escolar Nutritiva.

Asimismo se le pide al organismo que efectúe un control exhaustivo de los precios que la Ciudad paga por los productos entregados a los alumnos en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

En los fundamentos de la medida, Roberto explicó que se deberá “auditar la economía del valor pagado por cada unidad de los Bolsones de la Canasta Escolar Nutritiva correspondiente al almuerzo, desayuno y refrigerio, respectivamente” e insistió en que “para ello tener en cuenta los precios máximos establecidos por el gobierno local y nacional, como así también precios testigos elaborados por la sindicatura de la ciudad o nacional”.

Cabe destacar que el legislador había presentado en abril pasado un pedido de informes en el que solicitaba saber cómo se componía la estructura de precios de la canasta, debido a que había realizado un relevamiento en un supermercado barrial donde habría encontrado un sobreprecio de un 115% en el valor que paga el Gobierno porteño por dicha canasta.

Al respecto, Roberto expresó que “hace dos meses que venimos investigando los precios de los bolsones de comida que entregan en las escuelas públicas y Larreta hace oídos sordos a nuestros reclamos” y advirtió: “no entiendo por qué no son transparentes con la información, más aún en la situación de incertidumbre que estamos atravesando”.

“Además, seguimos recogiendo denuncias de familias que reciben los bolsones con productos de baja calidad nutricional, muchas veces con la mercadería vencida y a veces con faltantes. Esperemos que el oficialismo en la Legislatura habilite el tratamiento del pedido para que la Auditoria realice este Informe especial”, concluyó.

Son coautores del proyecto los legisladores Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucia Campora, Claudio Ferreño, Ofelia Fernández, Victoria  Montenegro, Lorena Pokoi, Cecilia Segura, Manuel Socias, Juan Manuel Valdes y Laura Velasco (FdT).

Debido a la emergencia sanitaria, las auditoras de UCR-Evolución Mariela Coletta y Raquel Herrero presentaron un proyecto para conformar una unidad especial de control para los gastos y contrataciones de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de poder evaluar los mismos.

La iniciativa propone la conformación de una “Coordinación Especial de Control” con el objetivo de “evaluar el correcto cumplimiento de la gestión en la implementación de los procedimientos, y el control de los aspectos legales, técnicos y financieros”.

En los fundamentos de la medida, destacaron la necesidad de aportar herramientas y recursos humanos para hacer un seguimiento desde la Auditoría de la Ciudad, el organismo de control externo del que forman parte y tiene como objetivo garantizar transparencia en el uso de los fondos públicos.

Asimismo, Herrero y Coletta advirtieron que el distrito capitalino es uno de los más “afectados por la cantidad de casos de coronarivus y, en este contexto, el Ejecutivo tuvo que reorganizar los gastos para responder a la situación social y sanitaria” e indicaron que “desde que comenzó la cuarentena, se destinaron fondos, sobre todo, al área de salud, pero también al resto del esquema de aislamiento para evitar mayores contagios”.

Al respecto de la medida, Coletta explicó que “la idea es poder aportar desde la herramienta que tenemos, que es nuestro organismo de control. En un contexto como el que estamos viviendo, contar con equipos interdisciplinarios que puedan evaluar la eficacia en el uso de los recursos públicos es clave” y consideró que “el acceso a la información en las compras da mayor transparencia para ver qué se hace con los recursos de todos”.

En tanto Herrero indicó que “los siete auditores sabemos el rol que cumplimos y estamos de acuerdo en poner a disposición los recursos humanos y herramientas para cumplir con una manda legal en el caso de que la legislatura de la Ciudad lo solicite”.

“Esta coordinación especial de control analizará las temáticas y los proyectos a auditar, teniendo en cuenta que la Auditoría realiza el control expost de las políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad”, explicó Herrero. Al mismo tiempo que indicó que la idea es que empiece a funcionar desde ahora para poder tener un registro de las compras y contratos y luego identificar en qué áreas profundizar y, como indica la ley 70, estar a disposición de lo que se solicite desde la Legislatura.